Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03899-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03899-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-03899-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
21 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-03899-00
Demandante MAGDALENA MUNÉVAR CHAPARRO
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Temas Proceso ejecutivo producto de una condena favorable en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho. Reliquidación
pensional de jubilación. Liquidación del crédito. Liquidación de los
intereses de mora. Asunto económico. Requisitos generales de
procedibilidad. Relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por la señora Magdalena Munévar Chaparro, de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 20 de junio de 20251, la señora Magdalena Munévar Chaparro, actuando a través
de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por estimar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social y al
mínimo vital, al proferir el auto del 15 de octubre de 2024 (por el que se aprobó la
liquidación del crédito por la suma de $56.783.714,45, con fecha de corte al 31 de marzo
de 2023), y el auto del 14 de enero de 2025 (que rechazó por improcedente la solicitud
de corrección y negó la adición del auto del 15 de octubre de 2024), en el proceso
ejecutivo 11001-33-35-008-2013-00550-05.
En consecuencia, en los escritos de tutela y de subsanación formuló las siguientes
pretensiones2:
«Primero. Respetuosamente solicito se amparen los derechos fundamentales violentados de
debido proceso, igualdad, seguridad social, mínimo vital, vida digna, así como seguridad
jurídica de la Señora Magdalena Munévar Chaparro.
Segundo. Ordenando a la UGPP el pago de intereses moratorios adeudados a la señora
Magdalena Munévar Chaparro por la suma de ($114.966.047,68) por concepto de intereses
adeudados o el mayor valor que determine el despacho, aplicados sobre las diferencias
pensionales causadas desde la fecha de ejecutoria del fallo y hasta cuando se genere el pago
de la obligación, descontando lo pagado en vía administrativa o judicial.
Tercero. En subsidio de lo anterior requerir al Juzgado Octavo (8) Administrativo Del Circuito
De Bogotá, D. C. - Sección Segunda para que liquide la obligación con los intereses moratorios
adeudados desde la ejecutoria del fallo hasta que la entidad realice el pago de la obligación,
aplicando la norma en su sentido literal (art. 177 del CCA y 192 del CPACA, Art. 431 inciso
dos, art. 446 del CGP, por remisión del art. 306 del CPACA: los intereses se deben sobre las
diferencias que se siguen causando hasta la fecha del pago total de la obligación).
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Samai, índice 2.
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Samai, índice 8.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03899-00
Demandante: Magdalena Munévar Chaparro
Cuarto. En caso de que su honorable corporación decida estudiar solo una de las acciones
solicitamos se decida sobre el presente asunto por ser la más antigua.
Quinto. Las demás previsiones que a bien tenga el Juez constitucional.» (Sic a toda la cita)
2. Hechos
Del escrito de subsanación se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Trámite expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-31-
008-2011-00429-00.
2.1. La señora Magdalena Munévar Chaparro presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja
Nacional de Previsión Social Cajanal E.I.C.E. en liquidación, hoy Unidad de
Gestión Pensional y Parafiscales (en adelante UGPP), con la finalidad de que
se le reliquidara su pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores
salariales. Por reparto le correspondió conocer de este expediente al Juzgado
Octavo Administrativo de Bogotá, Sección Segunda, bajo el radicado 11001-
33-31-008-2011-00429-00.
2.2. El 29 de febrero de 2012, el Juzgado Octavo Administrativo de Bogotá dictó
sentencia de primera instancia en la que accedió parcialmente a las
pretensiones. En los siguientes términos:
«SEGUNDO: DECLÁRESE la nulidad de la Resolución No. PAP 44607 del 17 de marzo de
2011, que negó la reliquidación de la pensión mensual vitalicia de jubilación, de la señora
MAGDALENA MUNEVAR CHAPARRO, identificada con la C.C. No. […] de Bogotá, conforme
a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de
restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. -
CAJANAL - en Liquidación, a efectuar una nueva liquidación de la pensión de jubilación de la
señora MAGDALENA MUNEVAR CHAPARRO, identificada con la C.C. No. […] de Bogotá,
equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados en el último año de servicios, es
decir, del 14 de abril de 1994 al 15 de abril de 1995, según la certificación expedida por el
Instituto Nacional de Vías, que obra a folios 16 y 17 del expediente, incluyendo la Asignación
básica, ajuste sueldo, horas extras, prima de alimentación, ajuste prima de
alimentación, bonificación especial, prima semestral, prima de navidad y prima de
vacaciones, a partir del 5 de marzo de 2007, aplicando los reajustes anuales conforme a la
ley, sin perjuicio del descuento por aportes de la empleada sobre los factores que no se le
descontaron de acuerdo con lo señalado en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: ORDÉNESE a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E. – CAJANAL
EN LIQUIDACIÓN actualizar la base de la primera mesada pensional de la señora
MAGDALENA MUNEVAR CHAPARRO, identificada con la C.C. No. […] de Bogotá, desde la
fecha del retiro 16 de abril de 1995 a la fecha en que adquirió el status de pensionada, esto
es, hasta el 5 de marzo de 2007, con base en el IPC de cada año inmediatamente anterior, en
las vigencias correspondientes entre 1995 y 2007, debiendo reconocer y pagar la diferencia
que resulte entre lo que se ha pagado y lo que resulte a pagar de la orden que se emita en
esta providencia.
QUINTO: El Agente liquidador de Cajanal deberá pagar la diferencia que resulte entre cantidad
liquidada y las sumas canceladas por el mismo concepto.
SEXTO: A las anteriores declaraciones se les dará cumplimiento dentro del término de los
artículos 176 y 177 del C.C.A. y los valores que resultaren liquidados deberán actualizarse en
la forma dispuesta en el artículo 178, ibidem.
SÉPTIMO: Se niegan las demás pretensiones de la demanda. […]» (sic a toda la cita)
Esta decisión fue apelada por la parte demandada.
2.3. El 28 de agosto de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, dictó sentencia de segunda instancia en la que
confirmó parcialmente la decisión del Juzgado Octavo Administrativo de
Bogotá. Así:
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Demandante: Magdalena Munévar Chaparro
«PRIMERO. - CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 29 de febrero de 2012,
proferida por el Juzgado Octavo (8°) Administrativo del Circuito de Bogotá D.C., que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por MAGDALENA
MUNEVAR CHAPARRO contra la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E. -
CAJANAL - "EN LIQUIDACIÓN" por las razones anotadas en la presente decisión.
SEGUNDO: MODIFICAR el numeral 3º de la sentencia del 29 de febrero de 2012, el cual
quedará así:
"TERCERO Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho se CONDENA a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E.– CAJANAL -
"EN LIQUIDACIÓN", a reliquidar y pagar a la demandante MAGDALENA MUNEVAR
CHAPARRO, identificada con cédula de ciudadanía No. […] de Bogotá, su pensión de
jubilación en cuantía equivalente al 75% del promedio de todos los factores que devengó
durante el último año de servicios, comprendido entre el 14 de abril de 1994 y el 15 de abril
de 1995, con efectividad a partir del 5 de marzo de 2007, la cual debe comprender los factores
de: la asignación básica mensual, ajuste sueldo, horas extras, prima de alimentación, ajuste
prima de alimentación, prima semestral, bonificación especial, prima navidad y la prima
vacaciones, éstas últimas tres en forma proporcional a una doceava parte, que está
demostrado se pagaban por la administración en su momento relevante. Igualmente, sobre la
diferencia de los nuevos valores aquí reconocidos, efectúese los descuentos de Ley de
manera proporcional.». (sic a toda la cita)
2.4. El 23 de mayo de 2013, la UGPP dictó la resolución 023638 mediante la cual
dio cumplimiento al fallo del 28 de agosto de 2012 en la que se reliquidó la
pensión de la señora Munévar Chaparro, en la suma de $1.744.020, efectiva
a partir del 5 de marzo de 2007.
Mediante resolución RDP 29877 del 2 de julio de 2013, se negó la solicitud de
aclaración de la resolución del 23 de mayo de 2013.
Trámite expediente ejecutivo 11001-33-35-008-2013-00550-00.
2.5. El 16 de agosto de 2013, la señora Magdalena Munévar Chaparro radicó
demanda ejecutiva con la finalidad de solicitar la ejecución de la sentencia
proferida a su favor en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho 11001-33-31-008-2011-00429-00/01. Proceso al que se le asignó el
radicado 11001-33-35-008-2013-00550-00, conociéndolo el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda.
2.6. El 11 de marzo de 2015, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Bogotá, Sección Segunda, libró mandamiento de pago a favor de la accionante
y en contra de la UGPP, por la suma de $126.681.524.
Contra esta decisión el apoderado de la ejecutante solicitó adición y corrección
del auto en el sentido de precisar que se trata de una prestación periódica que
comprendía además las sumas vencidas y que en la liquidación presentada se
fue un valor superior.
Por auto del 27 de mayo de 2015, el juzgado previo a pronunciarse sobre la
adición y corrección requirió al apoderado de la ejecutante para que allegara
una nueva liquidación. En cumplimiento de esta orden, se aportó la liquidación
del crédito a 31 de julio de 2013, por valor de $39.142.834.
Mediante auto del 8 de septiembre de 2015, el juzgado accedió a la solicitud
de adición y corrección del auto del 11 de marzo de 2015. En el sentido de: (i)
que se constató que en efecto se omitió librar el mandamiento de pago
ordenando el pago de las sumas que en lo sucesivo se causaran hasta la fecha
del pago total de la obligación, por lo que procedió la adición; y (ii) accedió a
la corrección del auto pues según la liquidación presentada el 31 de julio de
2013 «la entidad ejecutada le adeuda la suma de $39.142.834» suma que no incluía la
indexación de los intereses moratorios del artículo 192 del CPACA.
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2.7. En audiencia inicial realizada el 29 de febrero de 2016, el Juzgado Octavo
Administrativo de Bogotá dictó sentencia de primera instancia en la que
declaró no probadas las excepciones y ordenó seguir adelante la ejecución.
En los siguientes términos:
«PRIMERO: DECLÁRESE la no prosperidad de las excepciones formuladas por la entidad
ejecutada, por lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.
SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENA SEGUIR adelante la ejecución con fundamento
en la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Bogotá, de 29
de febrero de 2012, confirmada parcialmente por sentencia e segunda instancia de 28 de
agosto de 2012, respecto de la liquidación de la pensión de jubilación de la señora
MAGDALENA MUNEVAR CHAPARRO, identificada con C.C. […] expidiendo un nuevo acto
administrativo en donde reajuste la pensión de jubilación en los términos señalados en las
providencias referenciadas, realizando a su vez la liquidación y el pago de los valores que
arroje la misma, se reitera, desde el 05 de marzo de 2007, hasta el momento en que se efectúe
el pago, por las razones anteriormente expuestas.
TERCERO: ORDÉNASE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –
UGPP, cancelar los intereses moratorios conforme al artículo 192, inciso 3 de la Ley 1437 de
2011.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, se insta a las partes para que presenten la
respectiva liquidación del crédito.
QUINTO: Se condena en COSTAS con fundamento en lo ordenado en el artículo 365 del
C.G.P., toda vez que a la fecha la entidad accionada ha omitido dar cumplimiento a la
sentencia proferida por este Despacho el día veintinueve (29) de febrero de dos mil doce
(2012), confirmada parcialmente en segunda instancia, mediante sentencia de 28 de agosto
de 2012. […]»
Decisión que fue apelada por la UGPP.
2.8. Mediante sentencia del 3 de noviembre de 2016, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A confirmó parcialmente la
sentencia de primera instancia, al modificar el ordinal segundo y revocar el
ordinal tercero, así:
«[…] PRIMERO. CONFÍRMASE parcialmente la sentencia de 29 de febrero de 2015, por
medio del cual el Juzgado Octavo (08) Administrativo Oral del Circuito de Bogotá D.C., declaró
no probadas las excepciones y ordenó seguir adelante con la ejecución.
SEGUNDO. MODIFICASE el ORDINAL SEGUNDO la sentencia de 29 de febrero de 2015,
por medio del cual el Juzgado Octavo (08) Administrativo Oral del Circuito de Bogotá D.C., el
cual quedará de la siguiente forma:
SEGUNDO: Se ordena seguir adelante con la ejecución en los términos de la obligación
insoluta contenida en el título ejecutivo, esto es:
a) Por el capital de $39.142.834 correspondiente a las diferencias en las mesadas
pensionales causadas entre la fecha de reconocimiento 5 de marzo de 2007 y el 31 de
julio de 2013 fecha de presentación de la demanda, y las demás que se generen hasta la
fecha de pago efectivo de la reliquidación pensional.
b) Por la indexación del capital adeudado entre el 5 de marzo de 2007 y hasta el 11 de
septiembre de 2012 fecha de ejecutoria de la sentencia.
c) Por los intereses moratorios generados por el capital indexado, a partir del 12 de
septiembre de 2012, mes a mes y hasta la fecha de pago efectivo de la obligación.
TERCERO. REVÓCASE el ORDINAL TERCERO la sentencia de 29 de febrero de 2015, por
medio del cual el Juzgado Octavo (08) Administrativo Oral del Circuito de Bogotá D.C., por las
razones expuestas en la parte motiva de este proveído.»
2.9. Con auto del 15 de agosto de 2018 el Juzgado Octavo Administrativo de
Bogotá resolvió no aprobar la liquidación del crédito presentada por la
ejecutante, y en su lugar aprobó la liquidación que efectuó la Oficina de Apoyo,
estableciendo la suma de $48.898.689,07 por reliquidación pensional a 31 de
julio de 2013 e indexación.
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Contra esta providencia el apoderado de la ejecutante interpuso recurso de
apelación al considerar que la liquidación contenía errores aritméticos pues
solamente se determinó como capital las diferencias en las mesadas
pensionales hasta la presentación de la demanda ejecutiva cuando esta se
trata de una prestación de tracto sucesivo.
2.10. El 30 de octubre de 2018, la UGPP expidió la resolución 043025, en la que
modificó la resolución RDP 023638 del 23 de mayo de 2013 al considerar que
«dicha resolución incurrió en error en la liquidación por lo tanto se reliquida nuevamente
estableciendo el valor de $1.793.118 como cuantía.», a su vez ordenó descontar de las
mesadas atrasadas la suma de $362.466,74 por concepto de aportes para
pensión de factores de salario no efectuados.
2.11. Con providencia del 21 de febrero de 2019 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, revocó el auto del 15 de
agosto de 2018 y, en su lugar, dispuso que se realizara una nueva liquidación
que se ajustara a lo estudiado en esa providencia.
2.12. El 28 de abril de 2023 el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Bogotá,
Sección Segunda modificó la liquidación del crédito presentada por la parte
ejecutante, y tuvo como liquidación de la obligación la que realizó de oficio, la
cual ascendió a la suma de $155.166.579,50. Así:
«- Veintinueve millones doscientos sesenta y siete mil sesenta y cinco pesos con cincuenta
y tres centavos ($29’267.065,53), por concepto de las diferencias pensionales indexadas
del 05 de marzo de 2007 al 11 de septiembre de 2012.
• Sesenta y nueve millones seiscientos cinco mil ciento ochenta y cuatro pesos
($69’605.184), por concepto de los intereses moratorios generados del 2012 de
septiembre de 2012 al 31 de marzo de 2023, los cuales deben ser calculados hasta la
fecha efectiva de pago, conforme a lo ordenado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
• Cincuenta y seis millones doscientos noventa y cuatro mil trescientos veintinueve pesos
con noventa y siete centavos ($56’294.329,97), por concepto de las diferencias
adeudadas por la entidad del 12 de septiembre de 2012 al 31 de marzo de 2023, los
cuales deben ser calculados hasta la fecha efectiva de pago.»
Contra esta decisión la parte ejecutante interpuso recurso de reposición y en
subsidio de apelación y la entidad ejecutada presentó recurso de apelación.
2.13. Con auto del 15 de octubre de 2024 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, resolvió los recursos de
apelación contra el auto del 28 de abril de 2023, en el que resolvió aprobar la
liquidación del crédito por la suma de $56.783.714,45 con fecha de corte al 31
de marzo de 2023.
Contra esta providencia la parte actora presentó solicitud de adición y
corrección de errores aritméticos a efectos de que se liquidara la obligación
«sobre los intereses adeudados sobre el capital acumulado a partir de la ejecutoria del fallo
que se pretende ejecutar.»
2.14. Con providencia del 14 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A negó la solicitud de
corrección, y frente a la adición señaló que esa figura está instituida para
superar el error en el que incurre el fallador al omitir pronunciarse respecto de
un asunto sustancial, lo cual mencionó no sucedía en ese caso:
«Así pues, correspondía a esta Corporación efectuar una liquidación clara que Determinase
el valor adeudado y así se hizo de forma motivada; como también se hizo al señalar que como
quiera la sentencia de segunda instancia ejecutiva, en su ordinal segundo, literal c) dispuso:
“c) Por los intereses moratorios generados por el capital indexado, a partir del 12 de
septiembre de 2012, mes a mes y hasta la fecha del pago efectivo de la obligación.”
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Demandante: Magdalena Munévar Chaparro
“El único capital indexado al que se hace referencia en el aparte transcrito es el que existe a
la ejecutoria de la sentencia judicial, pues de la lectura del artículo 177 del CCA así se
desprende […]»
2. Fundamentos de la acción
En escrito de subsanación la señora Magdalena Munévar Chaparro alegó la
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la
seguridad social y al mínimo vital, por parte del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca al proferir el «auto del 15 de octubre de 2024 y 14 de enero de 2025»
mediante los cuales se aprobó la liquidación del crédito por la suma de
$56.783.714,45 (con fecha de corte al 31 de marzo de 2023), y se rechazó por
improcedente la solicitud de corrección y se negó la adición del auto del 15 de
octubre de 2024, dentro del proceso ejecutivo 11001-33-35-008-2013-00550-05.
Señaló que en este caso se cumplen a cabalidad los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, pues: (i) el
apoderado actúa en representación de la señora Magdalena Munévar, quien es una
adulta mayor, que pretende la ejecución de una sentencia que le fue favorable, pero
que se ha visto obstaculizada con la interpretación que la autoridad judicial le dio a
la aplicación de los intereses; (ii) esta acción tiene relevancia constitucional dado
que se están afectando derechos fundamentales y principios de rango
constitucional, pues cuestiona las providencias judiciales en las cuales se interpreta
de manera errada el artículo 192 del CPACA y el 177 del CCA, «al aplicar intereses
sobre el capital causado a la ejecutoria del fallo, cuando hay otras interpretaciones de jueces,
tribunales y magistrados que han fijado que los intereses adeudados luego de la ejecutoria del fallo
son totalmente procedentes al tratarse de una suma que no se pagó en tiempo.»; (iii) se agotaron
todos los medios de defensa judicial ya que se presentó solicitud de adición ante el
despacho judicial, el cual negó el pago de los intereses; (iv) se cumple con el
requisito de inmediatez toda vez que, la providencia que puso fin al proceso fue la
decisión del 14 de enero de 2025 y respecto de esta se interpuso tutela a los 6
meses, es decir en un tiempo razonable; (v) precisó que las providencias
cuestionadas no fueron dictadas dentro del trámite de una acción de tutela, sino que
esta acción va dirigida contra «la sentencia proferida, en casación, por Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia.»
Respecto a los defectos especiales afirmó que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A incurrió en un defecto por
decisión sin motivación, por las siguientes razones:
Argumentó que en su caso la autoridad accionada incumplió su obligación de dar
cuenta de los fundamentos jurídicos de la decisión que se adoptó.
Aseguró que como fundamento jurídico el tribunal señaló que: «las únicas cantidades
que pueden generar intereses de mora son las que existen indexadas a la ejecutoria de la sentencia,
sin desconocer que, en obligaciones periódicas, como lo son la reliquidación de una pensión, se
afecta la base de la prestación, generando diferencias hasta el cumplimiento efectivo de la orden
judicial; diferencias estas que se pagan, pero sin interés alguno, por carencia de título que así lo
ordene», planteamiento que carece de fundamento normativo y jurisprudencial. Por
lo que la decisión según la cual: «no existen puntos sin resolver sobre los cuales adicionar,
sino que, pretende la accionante discutir las decisiones judiciales adoptadas; lo cual no resulta
procedente por la vía de la corrección y la adición, como si fuesen una tercera instancia», vulnera
sus derechos fundamentales pues lo que se pretendía era ajustar la mesada en
debida forma, y al generar diferencia y no pago, los intereses se debían pagar hasta
la fecha de pago total del capital.
Señaló que, el argumento que se utilizó como fundamento no garantiza la seguridad
jurídica, pues en su concepto, en las aprobaciones de liquidación de crédito se
liquidan los intereses sobre el total acumulado hasta la fecha en la que se paga la
obligación de manera total.
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Demandante: Magdalena Munévar Chaparro
Para sustentar su postura se citó la sentencia del 9 de septiembre de 2021 dictada
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del
proceso ejecutivo 17001-23-33-000-2018-00112-01, en la que asegura se liquidaron
los intereses de un afiliado a la UGPP sobre el capital acumulado a la ejecutoria y
sobre las diferencias causadas desde la ejecutoria de la sentencia hasta el pago
total de la obligación.
3. Trámite impartido e intervenciones
3.1. Con providencia del 2 de julio de 20253, el despacho sustanciador requirió a
la parte accionante para que: (i) presentara en escrito separados las
inconformidades que tenía respecto de los procesos 11001-33-35-008-2013-
00550-00 y 11001-33-35-028-2016-00269-00; (ii) precisara cuáles eran las
providencias judiciales que se discutían en cada uno de los dos procesos
ejecutivos (allegando copia) y respecto de estas identificara los requisitos o
defectos especiales de los que adolece la decisión judicial para que proceda
la acción de tutela, de acuerdo con lo establecido en la sentencia C - 590 de
2005; (iii) precisara las pretensiones respecto de cada una de las acciones de
tutela; e (iv) individualizara a cada uno de los demandantes, demandados y
terceros que participaron en ambos procesos ejecutivos, aportando las
direcciones de notificación.
3.2. Mediante auto del 16 de julio de 20254, el despacho ponente admitió la
demanda presentada por la señora Magdalena Munévar Chaparro contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.
En calidad de terceros con interés se vinculó a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social UGPP y al Juzgado Octavo Administrativo de Bogotá.
Se ofició al Juzgado Octavo Administrativo de Bogotá para que remitiera copia
del proceso ejecutivo 11001-33-35-008-2013-00550-00; se ordenó desglosar
por secretaría la acción de tutela del señor Néstor Hugo Torres Niz para que
fuera repartida en la corporación5; se reconoció personería al abogado
Sebastián Andrés Beltrán Cely para actuar en representación de la señora
Munévar Chaparro; y ordenó las notificaciones correspondientes.
3.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A6, rindió informe en el que manifestó que se remite a las
consideraciones expuestas en la providencia del 15 de octubre de 2024 «que
la actora pretende discutir a través de la acción constitucional.».
Para ello indicó que en la mencionada providencia se modificó la liquidación
de crédito efectuada por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Bogotá y, de manera motivada se determinó, que el único capital que
generaría intereses de mora sería el existente a la ejecutoria de la sentencia,
por considerar que era la interpretación que debía dársele al artículo 177 del
CCA y además por cuanto en sentencia de 3 de noviembre de 2016, corregida
el 1 de junio de 2017, así se dispuso al ordenar seguir adelante con la
ejecución. Manifestó que, frente a esta decisión la parte ejecutante presentó
solicitud de adición y corrección del auto del 15 de octubre de 2024 «bajo los
argumentos que ahora expone en la acción de tutela […]», es decir que los intereses de
mora se deben calcular no solo frente al capital existente a la ejecutoria de la
sentencia sino respecto de las diferencias pensionales causadas a partir de
dicha ejecutoria.
3
Samai, índice 4.
4
Samai, índice 8.
5
Esta acción de tutela fue repartida correspondiéndole el radicado 11001-03-15-000-2025-04617-00.
6
Samai, índice 14.
7
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Demandante: Magdalena Munévar Chaparro
Indicó que las solicitudes de adición y corrección fueron negadas mediante
auto del 14 de enero de 2025, decisión que fue debidamente motivada. Y
concluyó que esta acción se estaba utilizando como una tercera instancia para
discutir las providencias que le resultaron adversas a sus intereses, lo que la
hace improcedente.
3.4. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá7 señaló
que la parte actora presentó esta acción contra «el fallo de segunda instancia
proferido en el proceso ejecutivo radicado bajo el No. 11001-33-35-008-2013-00550-00» al
considerar que presenta errores jurídicos en lo referente a la liquidación de
obligaciones en los términos de los artículos 176 y 177 del CCA y 192, inciso
3, de la Ley 1437 de 2011, por lo que no se habrían planteado pretensiones
respecto de ese juzgado.
Luego realizó un recuento cronológico del trámite que ese despacho le
impartió al proceso 11001-33-35-008-2013-00550-00, mencionando como
últimas actuaciones: (i) el auto del 14 de octubre de 2024 que aprobó la
liquidación del crédito por la suma de $56.783.714,45 con fecha de corte 31
de marzo de 2023 y (ii) el auto del 13 de mayo de 2025 que obedeció y cumplió
lo dispuesto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, esta precisión se realiza pues son también las últimas
actuaciones obrantes en el expediente digital que se aportó 8. Por último,
manifestó, que no vulneró los derechos fundamentales de la actora.
3.5. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP9, solicitó que
se declarara la improcedencia de esta acción frente a esa entidad pues no
vulneró los derechos alegados al no tener legitimación en la causa por pasiva.
Precisó que, pese a que las pretensiones se dirigen contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, lo cierto es que la accionante está
implementando este mecanismo para plantear los mismos argumentos que
expuso en el proceso ejecutivo utilizando la tutela como una instancia adicional
en pro de un beneficio netamente económico. Resaltó que esta acción
constitucional no es la vía adecuada para reclamar prestaciones económicas
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 199110, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
7
Samai, índice 15.
8
Samai, índice 20. No obstante en los anexos allegados con el escrito de tutela se adviertes las demás providencias que
fueron dictadas con posterioridad a las mencionadas.
9
Samai, índice 16.
10
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
8
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excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos
generales11 y especiales12 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se
deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o
requisitos especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional13 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor
rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes y pretensiones de la acción de tutela, le
corresponde a la Sala surtir un primer análisis para establecer si la solicitud de
amparo supera los requisitos generales de procedibilidad, especialmente el de
relevancia constitucional.
De superar dicho examen, se estudiará si el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A incurrió en un defecto por decisión
sin motivación al proferir al proferir el auto del 15 de octubre de 2024 (por el que se
aprobó la liquidación del crédito por la suma de $56.783.714,45, con fecha de corte al 31
de marzo de 2023), y el auto del 14 de enero de 2025 (que rechazó por improcedente
la solicitud de corrección y negó la adición del auto del 15 de octubre de 2024), en el
proceso ejecutivo 11001-33-35-008-2013-00550-05.
4. Alcance del requisito de relevancia constitucional
La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar
al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está
orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento.
Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales
está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional. Y,
aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que son
de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo
señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5
de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T–248 de 2018, ha
fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de
tutela cumple o no con este requisito:
11
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
(iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal
en la providencia atacada.
12
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto
orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error inducido,
(vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa
de la Constitución.
13
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
9
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(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales»14. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por
las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos
fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en
los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos
por los jueces competentes.
La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional evidencie de manera
diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada importancia
constitucional que afecta derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, el
presupuesto de relevancia constitucional lo que persigue es que el juez de tutela
evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de importancia iusfundamental y que
corresponde decidir de manera exclusiva al juez natural15.
De esta forma, conforme se indicó debe existir una coherencia lógica de los
planteamientos de las partes en relación con los asuntos puestos a consideración
del juez natural, decididos por estos, y la supuesta vulneración de derechos
fundamentales como consecuencia de lo decidido o acontecido en el respectivo
proceso, pues la acción de tutela no puede ser utilizada para adicionar, completar,
modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante el juez de la causa.
En palabras de la Corte Constitucional, el deber de identificar de manera razonable
los hechos que generan la vulneración que se alega a través de la presente acción,
tiene su justificación en la medida en que «sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos»16.
14
Ibidem.
15
Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-422 de 2018,
T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
16
Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. Ponencia del doctor Jaime Córdoba Triviño.
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De otra parte, la relevancia constitucional también supone que la tutela no se
emplee para adicionar, completar, modificar los argumentos que dejaron de
plantearse ante el juez de la causa, ni para insistir en las inconformidades ya
resueltas en el proceso ordinario.
5. Análisis del caso concreto
La señora Magdalena Munévar Chaparro alegó la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo
vital, por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, al proferir los autos del «15 de octubre de 2024 y 14 de enero de 2025»
dictados dentro del proceso ejecutivo 11001-33-35-008-2013-00550-05, esto al
considerar que la autoridad accionada dictó esas providencias sin fundamento
jurídico ni jurisprudencial, en lo relativo al pago de intereses.
Con fundamento en lo expuesto previamente, la Sala considera que en el caso no
se satisface el requisito de relevancia constitucional por 2 razones fundamentales:
la primera, porque el asunto versa sobre una discusión de carácter legal y
económico, dado que los cuestionamientos formulados en el escrito de tutela se
limitan a reclamar los intereses de la condena «sobre el total acumulado hasta la fecha en
que pague la obligación de manera total»; y la segunda, porque los fundamentos de la
solicitud de amparo no se acompasan con las razones de las decisiones objeto de
tutela.
Nótese que la discusión que se propone, resulta ser una cuestión meramente legal
que no impacta la garantía de los derechos fundamentales que señala la
accionante, pues si bien en el escrito de tutela precisa que las providencias
cuestionadas son los autos del «15 de octubre de 2024 y 14 de enero de 2025», mediante
los cuales el tribunal aprobó la liquidación del crédito por la suma de
$56.783.714,45 (con fecha de corte al 31 de marzo de 2023) y se rechazó por
improcedente la solicitud de corrección y se negó la adición del auto del 15 de
octubre de 2024, respectivamente, lo cierto es que el cuestionamiento de la actora
se centra en discutir la forma en la que se estableció realizar el pago luego de que
se ordenó seguir adelante con la ejecución.
Es decir, la providencia que en realidad debate la señora Magdalena Munévar
Chaparro es la sentencia de segunda instancia del 3 de noviembre de 2016 (proceso
ejecutivo), mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, resolvió el recurso de apelación presentado por la UGPP.
En otras palabras, si bien el actor controvierte los dos autos que se mencionaron,
las razones de inconformidad que se plantearon en el escrito de tutela se limitaron
a cuestionar la sentencia de segunda instancia que ordenó seguir adelante con la
ejecución, como lo indicó en el acápite que denominó «I. ALCANCE DE LA PRESENTE
ACCIÓN» en el que indicó:
«Lo pretendido es que se ampare el derecho fundamental al debido proceso, y al correcto impartir
de justicia, a la seguridad social, en conexidad con el mínimo vital; en esa medida el Juez
Constitucional verifique que el fallo de segunda instancia proferido en el proceso ejecutivo, el cual
es derivado de procesos de Nulidad y Restablecimiento del derecho presenta una serie de errores
jurídicos, la incorrecta interpretación, aplicación de la norma y postura del Consejo de Estado,
cuando se trata de liquidar obligaciones en los términos de los artículos 176 y 177 del CCA y 192,
inciso 3 de La Ley 1437 de 2011.» (Resaltos intencionales).
Providencia en la cual el tribunal explicó que no era correcto que el Juzgado Octavo
Administrativo de Bogotá hubiera ordenado pagar tanto en el mandamiento de pago
como en la sentencia de primera instancia, de forma concomitante «indexación e
intereses moratorios», pues la sentencia que constituye el título ejecutivo (sentencia del
29 de febrero de 2012) estableció que la indexación de los valores adeudados a la
actora solamente procedía desde el momento en que debió pagarse hasta la fecha
11
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de la ejecutoria de la sentencia, por lo que, de ahí en adelante no era correcto que
el juez de primera instancia ordenara la indexación y el reconocimiento y pago de
intereses moratorios de forma simultánea.
A renglón seguido en esa misma sentencia el tribunal precisó que la orden que
debió dar el juzgado era la de: «seguir adelante con la ejecución por los $39.142.834 que
como capital peticionó la ejecutante, por la indexación causada entre la fecha de efectividad de la
pensión y hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia presentada al cobro, y por los intereses
moratorios generados sobre las sumas impagas entre la fecha de ejecutoria de la sentencia y hasta
la fecha en que efectivamente aquellas se paguen.», lo cual no ocurrió, por esa razón el
tribunal en esa providencia del 3 de noviembre de 2016 modificó el ordinal segundo
de la sentencia de primera instancia y revocó el ordinal tercero. Estos
planteamientos en los siguientes términos:
«Obsérvese como prima facie lo reclamado por el apoderado de la ejecutada en el recurso
de alzada resulta lógico, pues efectivamente el a quo ha ordenado que se paguen de forma
concomitante, indexación e intereses moratorios, cuando aquello no resulta posible. […]
Lo anterior no resulta acorde a derecho y además desborda la obligación contenida en el título
ejecutivo presentado al cobro que es del siguiente tenor literal: […]
Adviértase cómo la orden judicial si bien no es determinada si es determinable, pues ordena
reliquidar la pensión de la actora con inclusión de los factores salariales expresamente
señalados, pero además actualizar la primera mesada pensional de la fecha del retiro del
servicio a la fecha de causación del derecho pensional.
De lo anterior resulta claro que la sentencia judicial que constituye el título ejecutivo,
determinó con claridad que la indexación de los valores adeudados a la actora solamente
procede desde el momento en que debió pagarse hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia,
es decir 11 de septiembre de 2012 (Fl. 42 vto.), por lo tanto de ahí en adelante no es posible
ordenar indexación como erradamente lo hiciese el juez de primera instancia, y menos aun
cuando al tiempo se ordena el reconocimiento y pago de intereses moratorios. […]
Le asiste razón a la UGPP al manifestar en su recurso de apelación que erró el a quo al
ordenar que se paguen concomitantemente, intereses de mora e indexación de las sumas
adeudadas pues como atrás se estudió ello no fue lo ordenado en la sentencia que configura
el título ejecutivo, pero además constituía una capitalización indebida de intereses.
Igualmente se equivoca el a quo al ordenar en el ordinal CUARTO el pago de intereses
moratorios conforme al inciso 3° del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, cuando la sentencia
judicial que constituye el título ejecutivo ordenó que se pagaran dichos intereses de la forma
señalada en el artículo 177 del C.C.A., e igualmente así lo dispuso el acto administrativo por
el cual se (sic) aparentemente se dio cumplimiento a la sentencia, Resolución RDP 023638
de 23 de mayo de 2013.
No comparte esta Sala la postura asumida por el a quo al entender, que aun cuando la
sentencia presentada al cobro señaló en su ordinal sexto atrás transcrito que la misma se
cumpliría en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.C (sic), puede aplicar para la
liquidación de los intereses moratorios las previsiones de los artículos 192 y 195 de la Ley
1437 de 2011, por estar vigente en la actualidad.» (Énfasis propio)
Lo que quiere decir que las inconformidades de la parte actora no son en realidad
respecto del último auto que aprobó la liquidación del crédito, ni respecto del auto
que no accedió a la corrección o a la adición, pues estas providencias únicamente
materializaron la orden que fue dada en la sentencia de segunda instancia en el
proceso ejecutivo que modificó el numeral segundo de la sentencia del 29 de
febrero de 2016, en lo relacionado con la orden de seguir adelante con la ejecución
en los términos de la obligación contenida en el título ejecutivo. Sino que su
cuestionamiento radicó en que, en su concepto, se tenía que reconocer de manera
simultánea la indexación y el pago de intereses moratorios, tal como lo afirmó en el
escrito de tutela al señalar que se desconoció «la aplicación de los intereses de mora sobre
el capital después de la ejecutoria del fallo ordinario.», lo que demuestra que no cuestiona
las razones que fueron el fundamento de las providencias alegadas.
Adicionalmente, en el escrito de tutela lo pretendido era que se ordenara a la UGPP
realizar el pago de los intereses moratorios adeudados por la suma de
$114.966.047,68 «aplicados sobre las diferencias pensionales causadas desde la fecha de
12
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ejecutoria del fallo y hasta cuando se genere el pago de la obligación, descontando lo pagado en
vía administrativa o judicial.», y subsidiariamente se ordenara al Juzgado Octavo
Administrativo de Bogotá a liquidar la obligación con los intereses moratorios
adeudados «desde la ejecutoria del fallo hasta que la entidad realice el pago de la obligación […]
los intereses se deben sobre las diferencias que se siguen causando hasta la fecha del pago total
de la obligación», lo que demuestra que lo cuestionado, nuevamente recae en un
asunto eminentemente económico, que no trasciende a un plano de afectación de
derechos fundamentales.
En consecuencia, la Sección considera que la tutela no satisface el requisito de
relevancia constitucional, debido a que el asunto no trasciende el plano meramente
legal; y a que, de fondo, lo pretendido se limita a un móvil económico que no está
directamente relacionado con la vulneración de derechos fundamentales.
Justamente, así lo reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia SU-573 de
2019 al considerar que una de las razones por las que no se satisface el requisito
de relevancia constitucional es porque lo debatido no es más que una cuestión
meramente legal, que no impacta la garantía de derechos fundamentales, sino
patrimoniales.
6. Conclusión
Por las razones expuestas, al no encontrarse satisfecho el requisito de relevancia
constitucional en el caso examinado, se declarará improcedente la acción de tutela
presentada por la señora Magdalena Munévar Chaparro.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora
Magdalena Munévar Chaparro, al no superar el requisito general de relevancia
constitucional dados los motivos expuestos en la parte motiva de esta
sentencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
13
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