RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-04617-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04617-00

Fecha
1 de septiembre de 2025
Consejero ponente
María Adriana Marín
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04617-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Néstor Hugo Torres Niz, por las consideraciones expuestas en esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-04617-00

Consejero ponente: María Adriana Marín

1 de septiembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04617-00
Demandante: Néstor Hugo Torres Niz

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., primero (1º) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04617-00
Demandante: NÉSTOR HUGO TORRES NIZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A, Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Procedencia
excepcional / No procede estudio de fondo porque no se cumplen los requisitos generales
/ INMEDIATEZ – La demanda se presentó después de 6 meses desde que se notificó la
decisión a la que se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – No se cumple porque el debate propuesto es de contenido
económico y busca reabrir el debate surtido en el proceso ejecutivo / SUBSIDIARIEDAD -
El accionante no agotó los recursos ordinarios contra la providencia censurada y además,
frente a la pretensión impetrada contra Colpensiones, cuenta con otro mecanismo ordinario
que es idóneo y eficaz, como el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
/ PERJUICIO IRREMEDIABLE – El accionante actualmente percibe su mesada pensional,
con lo que se descarta la ocurrencia de un perjuicio irremediable que amerite la intervención
del juez de tutela.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Néstor Hugo Torres Niz
contra la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el Juzgado 28 Administrativo de Bogotá y la Administradora
Colombiana de Pensiones (en adelante, Colpensiones).

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 25 de julio de 20251, el señor Néstor Hugo Torres Niz interpuso acción de
tutela contra las autoridades mencionadas por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la vida y a la seguridad social, en razón a las
providencias del 11 de agosto de 2022, 30 de enero de 2024 y 28 de noviembre de
2024, proferidas en el proceso ejecutivo con radicado 110013335028-2016-00269-
03. Formuló las siguientes pretensiones (se transcriben):

Primero. Ordene a Colpensiones el pago de intereses moratorios adeudados a
corte 31 de diciembre de 2023 al Señor Néstor Hugo Torres Niz por la suma de

1
Se advierte que el 11 de agosto de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04617-00
Demandante: Néstor Hugo Torres Niz

($91.580.317,29), aplicados sobre las diferencias pensionales causadas desde
la fecha de ejecutoria del fallo y hasta cuando se produjo el pago de la
obligación - 31/12/2023 - descontando lo pagado en vía administrativa o
judicial.

Segundo. En subsidio de lo anterior requerir al Juzgado Veintiocho
Administrativo Del Circuito Judicial De Bogotá, D. C. para que liquide la
obligación con los intereses moratorios adeudados desde la ejecutoria del fallo
hasta que la entidad realizó el pago de la obligación, esto es, 31 de diciembre
de 2023, aplicando la norma en su sentido literal (art. 177 del CCA y 192 del
CPACA, Art. 431 inciso dos, art. 446 del CGP, por remisión del art. 306 del
CPACA: los intereses se deben sobre las diferencias que se siguen causando
hasta la fecha del pago total de la obligación).

Tercero. UNIFICAR JURISPRUDENCIA EN EL TEMA PUESTO EN ESTUDIO,
solicitando a los jueces aplicar dicho precedente judicial.

2. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los
siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

3. El señor Néstor Hugo Torres Niz en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho2 solicitó que se declarara la nulidad de los actos
administrativos mediante los cuales Colpensiones le negó la reliquidación de la
pensión de jubilación bajo el amparo de la Ley 33 de 1985, con la inclusión de todos
los factores devengados en el último año de servicio.

4. Mediante sentencia del 30 de junio de 2015, el Juzgado 28 Administrativo de
Bogotá accedió a las pretensiones, y ordenó «la reliquidación de pensión del
demandante en aplicación de la Ley 33 de 1985, incluyendo en el promedio todos
los factores devengados el último año del retiro comprendido entre el 1º de julio de
2000 y el 30 de junio de 2001, con la aplicación de una tasa de reemplazo del 75%».

5. Mediante la Resolución GNR 46355 de 11 de febrero de 2016, Colpensiones
acató el fallo condenatorio, sin embargo, el accionante consideró que hubo
cumplimiento parcial, y por consiguiente ejerció la acción ejecutiva, a la que
correspondió el radicado 11001333502820160026900.

6. Mediante auto del 7 de julio de 2017, el Juzgado 28 Administrativo de Bogotá
libró mandamiento ejecutivo, y una vez surtidas las etapas procesales
correspondientes dictó sentencia el 12 de abril de 2018, en la que ordenó seguir
adelante la ejecución.

7. La decisión se apeló y en segunda instancia, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A la confirmó, con sentencia del 30
de abril de 2020.

8. Posteriormente, con auto del 11 de agosto de 2022 se aprobó la liquidación
del crédito por la suma de $277’097.742.77, al 11 de agosto de 2022. La entidad
ejecutada recurrió el proveído y el superior lo confirmó con auto del 30 de enero de
2024.

2
Radicado 2013-00663.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04617-00
Demandante: Néstor Hugo Torres Niz

9. En cumplimiento de la orden judicial, Colpensiones profirió la Resolución SUB-
119 de 2 de enero de 2024, mediante la cual ordenó el pago a favor del ejecutante
de $451’700.418, no obstante, el 23 de febrero de 2024 el actor radicó un memorial
ante el juzgado ejecutor, en el que solicitó el informe de pago y la actualización del
crédito, dado que, en su sentir, la entidad le adeuda $ 91.580.317,29 al 31 de
diciembre de 2023, puesto que los intereses de la condena no solo debían liquidarse
sobre el capital adeudado a la fecha de ejecutoria de la sentencia, sino también sobre
las mesadas causadas a futuro, y hasta tanto se realice el pago total de la obligación.

10. Mediante providencia del 28 de noviembre de 2024, el juzgado ejecutor
terminó el proceso por pago total de la obligación y precisó que el capital sobre el
cual se liquidan los intereses es el causado entre el 4 de julio de 2006 y el 17 de julio
de 2015 (ejecutoria de la sentencia).

11. Para el accionante el valor de la condena disminuyó exageradamente porque
las autoridades judiciales accionadas en providencias del 11 de agosto de 2022 y 30
de enero de 2024, mediante las cuales se aprobó la liquidación del crédito, no
siguieron los lineamientos para liquidar la condena, fijados en los artículos 431 y 446
del C.G.P. y desarrollados por la jurisprudencia del Consejo de Estado, según los
cuales las diferencias entre las mesadas que se generan a partir de la ejecutoria de
la sentencia, también causan intereses hasta la fecha de pago total.

12. Reprocha que en los más de 9 años que lleva el trámite del proceso ejecutivo,
las autoridades judiciales nunca han liquidado y ajustado la condena de conformidad
al título de recaudo, dado que siempre han favorecido a la entidad ejecutada; y que,
aceptar esa tesis sobre la liquidación de los intereses, es permitir que las
administradoras de pensiones continúen actuando con impericia respecto del
cumplimiento de sus obligaciones.

13. Luego de referirse al cumplimiento de la totalidad de los requisitos generales
de la tutela contra providencia judicial, señaló como defecto específico la «decisión
sin motivación», toda vez que, a su juicio «En el presente caso el Juzgado 28
Administrativo de Bogotá en decisión del 28 de noviembre de 2024 dispuso que los
únicos intereses sobre los que se causan es sobre lo adeudado a la ejecutoria de la
sentencia en virtud de la aprobación de liquidación de crédito del 11 de agosto de
2022 emanada por el mismo despacho».

14. Afirmó que no existe fundamento jurisprudencial para la postura acogida por
la autoridad judicial, que finalmente premia la desidia de Colpensiones, porque
termina condonando los intereses establecidos en el artículo 192 del CPACA.

15. A contrario sensu, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en
sentencia del 9 de septiembre de 2021, en un proceso de contornos similares al
ejecutivo de origen, liquidó los intereses de la condena sobre el capital acumulado a
la ejecutoria de la sentencia, y sobre las diferencias causadas a partir de allí y hasta
el pago total de la obligación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04617-00
Demandante: Néstor Hugo Torres Niz

B. Trámite impartido e intervenciones

16. Mediante auto de 31 de julio 2025 se admitió la solicitud de amparo, se ordenó
notificar la decisión a los magistrados que integran la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al titular del Juzgado 28
Administrativo de Bogotá, al presidente de Colpensiones, y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado. También se tuvieron como prueba los documentos
aportados con la demanda.

17. El magistrado Andrés José Quintero Gnecco, integrante de la
Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, posesionado en el cargo el 18 de marzo de 2025, aclaró que los
reparos se dirigen contra una providencia cuyo ponente fue el magistrado José María
Armenta Fuentes.

18. No obstante, señaló que los reproches tienen origen en la decisión adoptada
en la sentencia del 12 de abril de 2018, dictada por el Juzgado 28 Administrativo de
Bogotá, habida consideración de que en esa oportunidad se ordenó seguir adelante
la ejecución, con la salvedad de «(…) que en este proceso sólo se admiten las
diferencias causadas entre la fecha de efectividad de la pensión el 24 de julio de
2006 y la de ejecutoria de la sentencia base de acción, que lo es el 17 de julio de
2015, diferencias que deberán reconocerse con indexación e intereses moratorios
en los términos de los artículos 187 y 192 del CPACA, atendiendo la literalidad del
título ejecutivo, por lo que se esta forma se entiende modificado oficiosamente el
mandamiento de pago adiado 7 de julio de 2017».

19. En todo caso, aclaró que los términos de esa condena no exoneraron a
Colpensiones del pago de las diferencias de las mesadas causadas con
posterioridad al 17 de julio de 2015, sino que ponen la fecha de ejecutoria de la
sentencia como punto final para el cálculo de la condena por concepto de intereses.

20. Ahora bien, la parte ejecutante interpuso los recursos de reposición y en
subsidio apelación, en los que discutió la modificación del mandamiento de pago, sin
embargo, mediante sentencia del 30 de abril de 2020, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, determinó que la decisión acogida
por el a quo, en realidad obedeció a la precisión de las diferencias causadas a favor
de la parte ejecutante.

21. Señaló que, posteriormente, el Juzgado 28 Administrativo de Bogotá profirió
el auto del 11 de agosto de 2022, mediante el cual aprobó la liquidación del crédito.
En esa ocasión, nuevamente la autoridad judicial señaló que no era viable acoger la
pretensión de la parte ejecutante para liquidar los intereses moratorios sobre el
capital causado luego de la ejecutoria de la condena, por cuanto la delimitación de
la obligación se había hecho en la sentencia que ordenó seguir adelante la ejecución.
La decisión se confirmó por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante
auto del 30 de enero de 2024.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04617-00
Demandante: Néstor Hugo Torres Niz

22. Refirió que el proceso ejecutivo terminó por pago de la obligación, conforme
a lo decidido en el proveído del 28 de noviembre de 2024.

23. A su juicio, más que la protección de una prerrogativa iusfundamental, la parte
actora pretende reabrir el debate, con el fin de controvertir aspectos que debió
discutir al finalizar la audiencia del 12 de abril de 2018, en la que se profirió el fallo
de fondo, que ordenó seguir adelante la ejecución.

24. En todo caso, aclaró que, «(…) si bien en su momento el Juzgado Veintiocho
Administrativo de Bogotá realizó una delimitación en la condena, no es menos cierto
que ese mismo Despacho aclaró que tal restricción no exoneraba a Colpensiones
del pago de los intereses causados a partir de la ejecutoria de la sentencia, solo que
aquellos no podían reclamarse por la vía ejecutiva; siendo esta una posición que
refrendó esta Subsección en sede de alzada».

25. Aunado a lo anterior, consideró que la tutela no cumple con el requisito de
inmediatez, toda vez que transcurrieron más de 6 meses desde la terminación del
proceso ejecutivo hasta la interposición de la acción constitucional.

26. Colpensiones señaló que la tutela es improcedente porque no cumple los
requisitos generales de procedencia para censurar providencias judiciales. En
síntesis, la acción de amparo no es procedente para solicitar una prestación que
puede reclamarse por vías ordinarias, dada su naturaleza residual.

27. Informó que, mediante PQRS del 28 de enero de 2025, el señor Néstor Hugo
Torres Niz solicitó a la entidad el reconocimiento y pago de los intereses moratorios
por valor de $91.580.317,29.

28. Dicha petición se negó a través del Oficio SUB-175641 del 4 de junio de 2025,
bajo el entendido de que la obligación principal ya se satisfizo en su totalidad, de
conformidad con lo decidido por el Juzgado 28 Administrativo de Bogotá en el auto
del 28 de noviembre de 2024, por el cual se terminó el proceso ejecutivo con radicado
2016-00269.

29. El titular del Juzgado 28 Administrativo de Bogotá guardó silencio sobre la
tutela y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica no intervino en esta oportunidad.

II. CONSIDERACIONES

C. Competencia

30. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es
competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37
del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080
de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04617-00
Demandante: Néstor Hugo Torres Niz

D. Problema Jurídico

31. En primer lugar, la Sala deberá verificar si se superan los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela, especialmente los de relevancia
constitucional, inmediatez y subsidiariedad. Sólo en el evento de que se reúnan estas
exigencias, se analizará si las autoridades judiciales accionadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados por el señor Néstor Hugo Torres Niz.

E. Análisis de la Sala

Requisitos generales de procedibilidad

32. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar
que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar
los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia
o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

33. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 3 reiterado de la
Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la
acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional no es el idóneo si lo pretendido es que el juez de tutela
se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.

34. Inmediatez. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, uno de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales es la inmediatez con que se interponga la acción de tutela. Con base en
este requisito, se debe acreditar que la tutela contra una providencia judicial se
interpuso en un plazo razonable.

35. Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia en la
protección de las garantías constitucionales, el respeto a la seguridad jurídica y los
derechos de terceros afectados. Por esta razón, debe existir un término razonable
entre la ejecutoria de la decisión judicial que se aduce como violatoria de los
derechos fundamentales del accionante y la presentación de la acción de tutela para
buscar su amparo.

36. Para la Corte Constitucional, esta condición de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales es razonable, pues «de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas
las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos»4.

3 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103

de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
4
Corte Constitucional. Sentencia T-322 de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04617-00
Demandante: Néstor Hugo Torres Niz

37. Además, como lo señaló la misma Corporación, el requisito de la inmediatez
protege los derechos de terceros «que pueden ser vulnerados por una tutela
ejercida en un plazo irrazonable»5; da vigencia al principio de seguridad jurídica, al
impedir que el amparo se convierta en un factor que atente contra ella; y previene
el abuso del derecho, al «evitar el uso de este mecanismo constitucional como
herramienta supletiva de la propia negligencia en la agencia de los derechos»6.

38. En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia del
5 de agosto de 2014, acogió como regla general «un plazo de seis meses, contados
a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar
si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente».

39. Para esta Subsección7, se debe contabilizar el plazo de 6 meses desde la
notificación de la providencia que se cuestiona, por cuanto es a partir de que se
conoce la decisión que se puede advertir la posible vulneración de derechos
fundamentales por la configuración de uno o varios de los defectos que hacen
procedente la acción de tutela contra providencia judicial.

40. De igual forma, esta Sala ha expresado que, excepcionalmente, procede
contabilizar el término de seis meses desde la ejecutoria de la decisión 8, en los
casos que se hubiese realizado un trámite adicional con ocasión del fallo, como lo
sería una solicitud de aclaración, de corrección o de adición de sentencia o, incluso,
una solicitud de nulidad, siempre y cuando no sean abiertamente improcedentes,
pues los pronunciamientos que se dicten con ocasión de esas solicitudes podrían
tener incidencia en la decisión que se cuestiona por vía de tutela y, por tanto, en
principio, también tendrían que ser objeto de cuestionamiento.

41. De otra parte, la Corte Constitucional ha identificado dos clases de criterios
al momento de valorar el cumplimiento del requisito de inmediatez, unos
denominados como valorativos del plazo9 y, los otros, justificantes10 de conducta
del accionante11.

5
Corte Constitucional. Sentencia T-594 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
6
Ibidem.
7
En este mismo sentido, ver la sentencia del 11 de abril de 2019, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico,
expediente 110010315000201803905-01, demandante: Ruby Yasmín Lasso Chaguendo.
8
El artículo 331 del C.P.C. (norma aplicable) establecía: «Las providencias quedan ejecutoriadas y
son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos
sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la
providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o
complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la
resuelva. Las sentencias sujetas a consulta no quedarán firmes sino luego de surtida esta».
9
En cuanto a los criterios valorativos del plazo, se encuentran: (i) la pertenencia del actor a un grupo
vulnerable, (ii) las circunstancias que hayan impedido acudir de forma inmediata al juez de tutela, (iii)
el aislamiento geográfico, (iv) vulnerabilidad económica, (v) la eventual afectación de derechos de
terceros, (vi) la diligencia (o falta de ella) por parte del accionante, y (vii) la posibilidad de que el
amparo represente una seria afectación a la seguridad jurídica. Al respecto, ver: Corte Constitucional,
sentencia T-069 de 2015.
10
Los criterios justificantes de la conducta del accionante son: (i) que se demuestre que la
vulneración es permanente, pese a que el hecho que la originó es «muy antiguo» respecto de la
presentación de la tutela, y (ii) que la especial situación del accionante haga desproporcionado
adjudicarle la carga de acudir al juez. Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia SU-499 de
2016.
11
Corte Constitucional, sentencias SU-499 de 2016 y T-038 de 2017.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04617-00
Demandante: Néstor Hugo Torres Niz

42. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la
pretensión de amparo constitucional procede ante la ausencia de otro mecanismo de
defensa judicial para la protección de los derechos fundamentales, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Esta
condición se encuentra reiterada en el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de
1991 y en la jurisprudencia constitucional12, los cuales, en general, insisten en la
improcedencia de la tutela para propiciar debates respecto de los cuales existen
otros recursos o instrumentos judiciales, salvo que se acredite la falta de eficacia de
esos mecanismos.

43. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y
eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo
contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de
concurrir, concederá el amparo impetrado.

44. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un
campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de
protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer
que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales
igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

45. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe,
por lo menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente, salvo que, valga reiterar, se esté en
presencia de un perjuicio irremediable13, es decir, que se trate de un riesgo cierto y
real de daños provenientes de la amenaza o violación de derechos fundamentales,
riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna forma de reparación auténtica,
esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio.

46. En esos casos, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de
tutela, pero siempre que ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que
provenga de acciones manifiestamente contrarias a la ley, al punto de ser atentados
a los derechos fundamentales.

Análisis del caso concreto

47. De entrada, la Sala advierte que la presente tutela deviene improcedente, por
incumplimiento del requisito de inmediatez, en lo que concierne a los reparos
planteados contra la providencia proferida el 28 de noviembre de 2024 por el
Juzgado 28 Administrativo de Bogotá, en el proceso ejecutivo con radicado
20160026900. Como se sabe, dicha consecuencia emerge cuando el interesado no

12
Al respecto, existen numerosos pronunciamientos de la Corte Constitucional, entre los que se
destacan las sentencias T-222 de 2017, T-317 de 2017, T-372 de 2017, T-048 de 2018, T-464 de
2019 y T-451 de 2022.
13
Corte Constitucional, sentencia T-695 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Citando
a: Corte Constitucional, sentencias T-225 de 1993, SU-086 de 1999, entre otras.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04617-00
Demandante: Néstor Hugo Torres Niz

ejerce el mecanismo constitucional dentro de los seis meses siguientes a la
notificación o ejecutoria de la providencia atacada, según el caso.

48. En este caso, la Sala observa que el auto del 28 de noviembre de 2024,
mediante el cual el Juzgado 28 Administrativo de Bogotá terminó el proceso
ejecutivo 2016-00269-00, por encontrar que la obligación había sido satisfecha en
su totalidad, se notificó en estado del 29 de noviembre del mismo año14.

49. Significa lo anterior, que el interesado dejó transcurrir más de 6 meses para
instaurar la acción de tutela contra la providencia referida15, lo cual hizo apenas el
pasado 25 de julio de 2025. Este término no resulta razonable y, por ende, no se
cumple el requisito de inmediatez.

50. Ahora, frente a los criterios valorativos de la inmediatez, debe advertirse que
no está acreditado en el expediente: (i) que el accionante pertenezca a un grupo
vulnerable que en razón de esa situación le hubiese sido imposible acudir con
antelación al juez de tutela, (ii) la existencia de especiales circunstancias que
impidieran acudir al juez de tutela, (iii) el aislamiento geográfico, (iv) la
vulnerabilidad económica, (v) la afectación de derechos de terceros y, por último,
(vi) no se advierte diligencia en la presentación de la solicitud de amparo por parte
del accionante, ni que (vii) la presente acción de tutela represente una seria
afectación a la seguridad jurídica.

51. En este caso, la carga de acudir oportunamente al juez constitucional no
resulta desproporcionada, ya que en el proceso no está acreditado que el señor
Torres Niz se encontrara en una situación especial que le impidiera ejercer la acción
de tutela en un término razonable tras la notificación de la providencia censurada,
con mayor razón si se tiene en cuenta que esta no requiere de formalidades para
su presentación y que estuvo representado por un apoderado judicial en el proceso
ejecutivo

52. Bajo ese entendimiento, en lo que atañe a los reproches formulados contra
la providencia proferida el 28 de noviembre de 2024, por el Juzgado 28
Administrativo de Bogotá, la tutela no satisface el requisito de inmediatez, razón por
la cual se declarará su improcedencia.

53. De otra parte, en el asunto examinado, el señor Néstor Hugo Torres Niz
argumentó que las autoridades judiciales demandadas le vulneraron sus derechos
fundamentales, dado que en el proceso ejecutivo que promovió contra Colpensiones,
no ordenaron el pago de los intereses moratorios a su favor, sobre las mesadas
causadas con posterioridad a la fecha de ejecutoria de la sentencia y hasta el pago
total de la deuda. Obligación que, a su juicio, está contenida en la sentencia del 30
de junio de 201516, presentada como título base de recaudo.

14
Información consultada en la plataforma SAMAI.
15
Lo cual hizo apenas el pasado 25 de julio de 2025.
16
Proferida por el Juzgado 28 Administrativo de Bogotá.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04617-00
Demandante: Néstor Hugo Torres Niz

54. En efecto, se conoce en el expediente que, el señor Néstor Hugo Torrez Niz
radicó demanda ejecutiva contra Colpensiones (Radicado
1001333502820160026900), a fin de obtener el cumplimento de la sentencia
proferida el 30 de junio de 2015, por el Juzgado Veintiocho Administrativo de Bogotá
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2013-00663.

55. Surtidas las actuaciones correspondientes, en audiencia del 12 de abril de
2018, la autoridad judicial resolvió sobre las excepciones formuladas por
Colpensiones y ordenó seguir adelante la ejecución, con la siguiente precisión:

56. En la parte resolutiva del proveído modificó de oficio el mandamiento de pago
adiado el 7 de julio de 2017, para precisar que la ejecución, lo era solo por las
diferencias causadas entre el 24 de julio de 2006 y el 17 de julio de 2015.

57. El ejecutante apeló dicha decisión, entre otras cosas, porque no estuvo de
acuerdo con la liquidación de los intereses moratorios, y mediante auto del 30 de
abril de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A la confirmó, luego de analizar:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04617-00
Demandante: Néstor Hugo Torres Niz

58. En esos términos, mediante auto del 11 de agosto de 2022, el Juzgado
ejecutor, luego de improbar las liquidaciones de crédito presentadas por las partes,
estableció la propia, y ordenó el pago de $ 227.097.742.77, por concepto de capital
indexado a la fecha de ejecutoria de la sentencia (17 de julio de 2015). En esa
oportunidad, estableció el capital que serviría de base para calcular los intereses
moratorios, que se continuarían causando hasta que se efectuara el pago total de la
obligación.

59. Tal proveído se apeló por parte del ejecutante y fue confirmado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, mediante auto
del 30 de enero de 2024.

60. En cumplimiento de lo anterior, Colpensiones profirió la Resolución SUB 119
de 2 de enero de 2024, mediante la cual ordenó pagar $ 451.700.418 a favor del
señor Néstor Hugo Torres Niz.

61. No obstante, el accionante inconforme con el pago radicó memorial ante el
juzgado ejecutor, en el que presentó una actualización del crédito y solicitó que se
ordenara a Colpensiones un pago adicional por $ 91.580.317,29, por concepto de
los intereses que considera, aún se le deben.

62. Mediante auto del 28 de noviembre de 2024, el Juzgado 28 Administrativo de
Bogotá desestimó la reclamación del ejecutante, por considerar que realizó una
actualización del crédito que no corresponde a la liquidación aprobada por ese
Despacho, dado que incluía intereses sobre un capital distinto al señalado en el
proveído que aprobó la liquidación del crédito.

63. En la misma oportunidad, el juzgado accionado revisó el pago realizado por
Colpensiones y actualizó el crédito, ante la necesidad de sumar a la deuda los
intereses causados desde el 12 de agosto de 2022 (día siguiente a la fecha de la
aprobación del crédito) y el 31 de diciembre de 2023 (fecha del pago de la
obligación).

64. De esa forma, concluyó que en virtud de lo ordenado mediante la Resolución
SUB-119 de enero de 2024, la entidad sufragó el total de la obligación ordenada por
el Despacho ejecutor, y un monto adicional, correspondiente a las mesadas e
intereses moratorios causados con posterioridad al 17 de julio de 2015 (fecha de la
ejecutoria), el cual no entró a revisar, por no hacer parte de la ejecución.

65. Con fundamento en lo anterior, el Juzgado 28 Administrativo de Bogotá,
improbó la actualización del crédito presentada por el ejecutante, estableció como
suma adeudada por la entidad ejecutada «CERO ($0) PESOS» y declaró terminado
el proceso por «PAGO TOTAL de la obligación».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04617-00
Demandante: Néstor Hugo Torres Niz

66. Ahora bien, el artículo 61 de la Ley 2280 de 2021, por el cual se modificó el
artículo 242 del CPACA, dispone:

ARTÍCULO 61. Modifíquese el artículo 242 de la Ley 1437 de 2011, el cual
quedará así:

Artículo 242. Reposición. El recurso de reposición procede contra todos
los autos, salvo norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y
trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso.

67. A su turno, el artículo 62 del mismo estatuto, modificatorio del artículo 243 del
CPACA, estipula:

ARTÍCULO 62. Modifíquese el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, el
cual quedará así:

Artículo 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia
y los siguientes autos proferidos en la misma instancia: (…)

2. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso. (…).

68. Significa lo anterior que, contra el auto del 28 de noviembre de 2024, emitido
por el Juzgado 28 Administrativo de Bogotá, procedían los recursos de reposición y
de apelación, este último, podía interponerse directamente o en subsidio de la
reposición, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación o a la del auto que
negara total o parcialmente la reposición.

69. Consultado el expediente en la plataforma SAMAI17, se advierte que el señor
Néstor Hugo Torres Niz no agotó dichos mecanismos, sino que acudió directamente
a la solicitud de amparo, proceder que desconoce abiertamente el carácter residual
de la acción constitucional y por consiguiente, el requisito de subsidiariedad no se
satisface en el caso concreto.

70. Lo anterior, evidencia el interés de la parte actora de utilizar esta acción
constitucional como medio de defensa principal, dejando de lado los mecanismos
ordinarios que tenía a su alcance para garantizar los derechos fundamentales que
estima vulnerados. De ahí el incumplimiento del requisito de subsidiariedad en lo que
atañe al cuestionamiento de las actuaciones adelantadas por el Juzgado accionado.
71. Finalmente, en cuanto a la pretensión que involucra a Colpensiones,
encaminada a que la entidad de previsión pague a favor del señor Torres Niz $
91.580.317,29, por concepto de intereses moratorios, esta Subsección considera
que carece de relevancia constitucional, dado que es evidente que la parte actora,
con el ejercicio de la acción constitucional de la referencia, persigue un beneficio
económico y, por ello, insiste en el debate planteado en el proceso de origen, que
finalmente, se circunscribe a que se reconozcan y paguen a su favor los intereses
moratorios generados sobre el capital (diferencias de las mesadas) causado después
de la ejecutoria de la sentencia aportada como título de recaudo.

17
Radicado 25899333300320210000201.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04617-00
Demandante: Néstor Hugo Torres Niz

72. En este punto, se recalca que la tutela solo se justifica en aquellos eventos
en los que exista una discusión de marcada importancia constitucional,
circunstancia que no se satisface con el simple señalamiento de que se están
afectando garantías iusfundamentales, sino porque, en efecto, afloran dudas
razonables y razonadas de que se ha desbordado el alcance de un derecho
fundamental.

73. Aunado a lo anterior, de la información aportada por Colpensiones en el curso
de esta acción, se destaca que el señor Torres Niz presentó petición ante la entidad,
en la que solicitó el pago de los intereses moratorios aquí reclamados, la cual se
resolvió desfavorablemente mediante Oficio SUB-175641 del 04 de junio de 2025.

74. Así las cosas, la Sala encuentra que la parte actora tiene a su alcance un
mecanismo ordinario para la protección de sus derechos, cual es el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 de la ley 1437
de 201118, que bien podría ejercer para cuestionar el acto en mención. Esto, desde
luego, sin perjuicio del análisis que eventualmente realice el juez natural frente a la
naturaleza del acto cuya legalidad se cuestiona.

75. Cabe recordar, además, que el proceso contencioso administrativo prevé
mecanismos como las medidas cautelares, que permiten que el juez adopte las
decisiones pertinentes para que, por ejemplo, no se vulneren derechos
fundamentales. De modo que la parte actora, en el respectivo medio de control,
puede pedir la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto o actos
administrativos, medida cautelar que sí es un medio de defensa ágil y efectivo, en
cuanto permite proteger y garantizar, de manera provisional, el objeto del proceso y
la efectividad de la sentencia19.

76. Ahora bien, es cierto que puede flexibilizarse la regla de la subsidiariedad
cuando se advierte la existencia de un perjuicio irremediable o la situación amerite la

18
«Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento
del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado
a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o
cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel».
19 Sobre la eficacia de las medidas cautelares en los procesos ordinarios para la protección de los

derechos fundamentales, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación
consideró:
En estos términos, se concluye que: i) lo que ahora se discute a través de la acción de tutela se
podrá discutir promoviendo el proceso de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo
en cuenta que: ii) que la suspensión provisional del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia
protectora que la acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al iniciar el proceso, b)
procede para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción que se exige para
suspender el acto administrativo ya no tiene el rigor y la exigencia del pasado: que sea ostensible;
de hecho se puede hacer un estudio complejo para concluirlo. (Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo. Providencia del 5 de marzo de 2014. Expediente con radicado 25000-
23-42- 000-2013-06871-01).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04617-00
Demandante: Néstor Hugo Torres Niz

intervención urgente del juez de tutela, caso en el cual procede la acción como
mecanismo transitorio, sin embargo, en el caso particular no se advierte tal
afectación.

77. El perjuicio irremediable es un riesgo cierto y real de daños provenientes de
la amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de producirse no
tendría ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la mera
indemnización del perjuicio.

78. Por ende, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela,
pero siempre que ese perjuicio se note sin justificación, es decir, que provenga de
acciones manifiestamente contrarias a la Constitución o a la ley, al punto de ser
atentados a los derechos fundamentales, situación que, a simple vista, no se
presenta en este caso, porque el accionante viene percibiendo con normalidad su
mesada pensional, lo que garantiza su congrua subsistencia y cobertura del sistema
de salud, motivo por el cual, en este caso, la tutela tampoco procede como
mecanismo transitorio.

79. Así pues, en el caso concreto, la acción de tutela se torna improcedente
porque (i) no satisface el requisito de inmediatez, dado que no se radicó en un
término razonable; (ii) no cumple el requisito de relevancia constitucional, por
cuanto reviste un contenido meramente económico que busca reabrir el debate
surtido en el proceso ejecutivo; y (iii) el accionante no agotó los mecanismos
ordinarios previstos en la legislación para la defensa de sus garantías
constitucionales, de una parte, los recursos de reposición y apelación procedentes
contra el auto del 28 de noviembre de 2024, y de otra, el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra el Oficio SUB-175641 del 04 de junio de 2025.

80. Por las razones anotadas, se declarará improcedente el amparo solicitado.

81. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor
Néstor Hugo Torres Niz, por las consideraciones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese esta decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04617-00
Demandante: Néstor Hugo Torres Niz

integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.