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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-03907-00

Fecha
4 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-03907-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por los doctores Carlos Fernando Mantilla Navarro y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, por las razones expuestas. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-03907-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

4 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Parte actora: Santiago de Germán Ribón
Parte accionada: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Cuarta -
Subsección B
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03907-00
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de
legitimación en la causa por activa

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. Mediante sentencia de 25 de agosto de 2004, la Subsección B de la
Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca amparó
los derechos colectivos por la contaminación del río Bogotá e impartió
diversas órdenes orientadas a su recuperación y descontaminación.
Esta decisión fue confirmada, en segunda instancia, por la Sección
Primera del Consejo de Estado el 28 de marzo de 2014.

1.2. En el marco del comité de verificación del cumplimiento de las
anteriores órdenes, la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca a través de auto de 2 de diciembre de
2020 decretó una medida cautelar de urgencia en consideración a lo

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dispuesto en la orden 4.18 de la sentencia objeto de cumplimiento
relacionada con la actualización de los planes de ordenamiento
territorial, planes básicos de ordenamiento territorial y los esquemas de
ordenamiento territorial de los municipios de la cuenca hidrográfica del
río Bogotá.

1.3. Mediante auto de 24 de noviembre de 2023, la Subsección B de la
Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca reiteró la
medida cautelar adoptada en auto de 2 de diciembre de 2020 y, en
consecuencia, ordenó a la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca - CAR abstenerse de aprobar la concertación de planes
de ordenamiento territorial que presenten los municipios ubicados en la
cuenca del río Bogotá y “[…] a los ALCALDES DE LOS 45 MUNICIPIOS
y A LOS CONCEJOS MUNICIPALES de la Cuenca Hidrográfica del Rio
Bogotá y de sus subcuencas relacionadas en la parte motiva de esta
providencia que den cumplimiento a la orden 4.18 impartida por el
Consejo de Estado […]”.

1.4. La Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante providencias de 3 de septiembre, de 16 y 19
de diciembre de 2024, levantó la medida cautelar respecto de los
municipios de Cajicá, Sopó y Soacha, respectivamente.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la autoridad accionada incurrió en defecto
sustantivo “[…] al desconocer la vigencia de la determinante ambiental número
5 del artículo 1 del Acuerdo 16 de 1998 de la misma CAR. Lo anterior se
traduce en una omisión de vigencia normativa, al considerar que el Acuerdo
16 de 1998 de la CAR fue superado por normas posteriores, sin verificar que
ninguna norma lo deroga explícitamente […]”. Igualmente, por “[…] acoger el
criterio de la simple armonización, el Tribunal adoptó una lectura restringida y
desconoció el principio de prevalencia. Lo anterior, por cuanto no observó que
cuando confluyen varias determinantes ambientales, se debe dar prioridad a

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la más restrictiva […]”.

Aseguró que se configuró el defecto fáctico por cuanto el tribunal accionado
omitió valorar debidamente los documentos, informes y pruebas técnicas
presentadas por miembros del comité de verificación y organizaciones
ciudadanas.

Afirmó que las decisiones acusadas vulneran directamente la Constitución
toda vez que “[…] fueron adoptadas sin que se garantizara un espacio
procedimental de contradicción en el que los actores involucrados como
verificadores y veedurías ciudadanas ambientales, pudieran controvertir los
documentos presentados por los municipios y la CAR, o aportar pruebas que
demostraran el incumplimiento sustancial de la orden 4.18 de la Sentencia del
Río Bogotá […]”.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, el
derecho de acceso a la administración de justicia y el derecho un
ambiente sano, vulnerados por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Sección Cuarta - Subsección “B”, conforme a las razones
expuestas.

SEGUNDO: Dejar sin efectos los Autos del 03 de septiembre, 16 y 19 de
diciembre de 2024 proferidos por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Sección Cuarta - Subsección “B” dentro de los incidente
Nro. 118, 112 Y 105 respectivamente, adelantados en el marco del
cumplimiento de la Sentencia del Río Bogotá y como consecuencia, se
mantengan vigentes las medidas cautelares que suspendían la adopción
de los instrumentos de ordenamiento territorial de los municipios de
Cajicá, Sopó y Soacha hasta tanto se demuestre fehacientemente el
cumplimiento material de la orden 4.18 de la Sentencia del Río Bogotá.

TERCERO: Decretar como medida cautelar, la suspensión provisional de
los efectos de los Autos del 03 de septiembre, 16 y 19 de diciembre de
2024 proferidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección
Cuarta - Subsección “B” dentro de los incidente Nro. 118, 112 Y 105,
respectivamente, en los cuales se levantaron las medidas cautelares
impuestas a los municipios de Cajicá, Sopó y Soacha, hasta tanto se
profiera decisión de fondo sobre esta acción de tutela. […]”.

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II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

La Sala de Conjueces de la Sección Primera del Consejo de Estado, en
providencia de 25 de julio de 2025, declaró fundado el impedimento
manifestado por los doctores Germán Eduardo Osorio Cifuentes, Nubia
Margoth Peña Garzón, Oswaldo Giraldo López y Sergio González Rey.

Por auto de 2 de septiembre de 2025, la conjuez Isabel Cristina Jaramillo
Sierra remitió el expediente de la referencia al despacho a cargo del consejero
ponente para que asumiera su conocimiento.

A través de auto de 15 de septiembre de 2025, se remitió el presente proceso
al Despacho a cargo del doctor Pedro Pablo Vanegas Gil, magistrado de la
Sección Quinta del Consejo de Estado, para que asumiera su conocimiento
por conocimiento previo de la acción de tutela con radicación 11001-03-15-
000-2025-03817-00.

En auto de 29 de septiembre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de
Estado devolvió el presente asunto al consejero ponente.

Mediante auto de 14 de octubre 2025, se admitió la presente acción de tutela
y se vinculó a “[…] los funcionarios contra quienes se dio apertura del trámite
incidental de desacato con radicado 25000-23-15-000-2001-00479-02 […]”, a
las “[…] partes vinculadas e intervinientes en el trámite de incidente de
desacato con radicado 25000-23-15-000-2001-00479-02 […]” y […] los
demandantes, demandados, intervinientes, coadyuvantes, terceros vinculados
y los miembros de los comités de verificación constituidos en el proceso de
acción popular con radicado 25000-23-27-000-2001-90479-00/01, con
inclusión de los procesos acumulados […]”, en calidad de terceros con interés
directo en el resultado del proceso.

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III. INTERVENCIONES

1. La Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca manifestó que el actor carece de legitimación en la causa por
activa por cuanto no funge como sujeto procesal dentro del expediente objeto
de tutela. Igualmente, Indicó que la presente acción no cumple con los
requisitos de procedencia atinentes a la relevancia constitucional y
subsidiariedad.

2. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aseguró que carece de
legitimación en la causa por pasiva para comparecer al presente proceso toda
vez que no tiene injerencia en la vulneración alegada por el actor.

3. El Distrito de Bogotá señaló que carece de legitimación en la causa por
pasiva y que la acción de tutela no cumple con el requisito de la relevancia
constitucional ya que “[…] las pretensiones del actor ya fueron objeto de
debate dentro de la demanda de acción popular identificada con el radicado
2001-00479-02 y lo que se pretende es a toda costa reabrir las discusiones
que ya fueron zanjadas a través de las providencias del 3 de septiembre, 16 y
19 de diciembre de 2024 dictados por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca […]”.

4. El municipio de Sopó solicitó declarar improcedente la presente acción de
tutela por no cumplir con los requisitos de legitimación en la causa por activa
e inmediatez o, en su defecto, se nieguen las pretensiones por la inexistencia
de vulneración de derechos fundamentales.

5. El Servicio Geológico Colombiano advirtió que el actor carece de
legitimación en la causa por activa. Asimismo, señaló que la presente acción
no cumple con el requisito de inmediatez.

6. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP solicitó
declarar improcedente la acción de tutela por incumplir los requisitos de
subsidiariedad y relevancia constitucional. Sostuvo que carece de legitimación

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en la causa por pasiva porque no existe nexo causal entre su actuación y las
decisiones judiciales objeto de reproche.

7. El municipio de La Calera solicitó su desvinculación por falta de legitimación
en la causa por pasiva.

8. El municipio de Cota adujo que no es destinatario de los autos cuestionados
ni ha incurrido en conducta violatoria de derechos fundamentales, por lo que
carece de legitimación en la causa por pasiva. También indicó que la
vulneración alegada es inexistente en tanto que “[…] el Tribunal Administrativo
actuó dentro del marco legal previsto en la Ley 472 de 1998, respetando el
debido proceso y la autonomía judicial. En esa medida, el levantamiento de la
medida cautelar para los municipios de Cajicá, Sopó y Soacha fue
consecuencia de la verificación formal y material del cumplimiento de la orden
judicial 4.18, sustentado en los informes técnicos de la CAR y en la información
allegada por los municipios […]”.

9. El municipio de Funza manifestó que debido a que las decisiones objeto de
tutela “[…] no afectan o ponen en riesgo los derechos e intereses del municipio
de Funza - Cundinamarca, es inoperante el pronunciamiento o participación
de la administración municipal en el proceso de la referencia […]”.

10. El Instituto de Desarrollo Urbano solicitó su desvinculación y declarar
improcedente la acción de tutela ante la ausencia de la vulneración de los
derechos fundamentales alegados por el actor.

11. La Personería de Bogotá afirmó que no ha vulnerado los derechos
fundamentales invocados ni ha intervenido en los hechos que dieron lugar a la
presente acción de tutela, por lo que no hay actuación u omisión atribuible a
esa entidad.

12. La Agencia Nacional de Minería solicitó declarar improcedente la acción
constitucional por no cumplir con los requisitos generales de procedencia y no
existir legitimación en la causa por pasiva respecto de esa entidad.

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Subsidiariamente, pidió negar las pretensiones de amparo ante la ausencia de
violación de derechos fundamentales.

13. La Defensoría del Pueblo advirtió que el actor carece de legitimación en
la causa por activa y, en todo caso, no se configuró la vulneración de derechos
fundamentales con ocasión de las decisiones objeto de tutela.

14. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi solicitó su desvinculación por falta
de legitimación en la causa por pasiva.

15. El municipio de Cajicá manifestó que no ha vulnerado los derechos
fundamentales del actor en razón a que la presunta transgresión deviene de
una autoridad frente a la cual no tiene injerencia, por lo que carece de
legitimación en la causa por pasiva.

16. El municipio de Tocancipá solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva.

17. Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP sostuvo que “[…] no tiene
ningún ámbito de aplicabilidad en los conceptos de PBOT y EOT […]” y no
tiene relación con la orden judicial que se declaró cumplida mediante los autos
acusados por esta vía.

18. La Unidad Administrativa Especial Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico – CRA solicitó su desvinculación por cuanto no
tiene competencia para atender las pretensiones de amparo.

19. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes solicitó abstenerse de
atribuirle vulneración de derechos fundamentales en el presente caso en razón
a que no “[…] tiene ninguna relación jurídico sustancial que pueda derivar en
algún grado de responsabilidad frente a los hechos de la tutela y mucho menos
con la violación de los derechos fundaméntales acceso a al debido proceso, el
derecho de acceso a la administración de justicia y el derecho un ambiente
sano, señalados por el actor […]”.

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20. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA solicitó su
desvinculación porque las pretensiones de amparo no están dirigidas contra
esa entidad, por tanto, no es la responsable de la vulneración de los derechos
enunciados por el accionante.

21. La sociedad Devisab SAS se opuso a la prosperidad de las pretensiones
de amparo dado que no tiene ninguna obligación relacionada con los hechos
que la sustentan, ni ha incurrido en actuación u omisión alguna que vulnere
derechos constitucionales. Por tanto, advirtió que carece de legitimación en la
causa por pasiva.

22. La Contraloría de Bogotá adujo que no funge como parte en el proceso
judicial que dio origen a la sentencia del 28 de marzo de 2014 proferida por el
Consejo de Estado en la acción popular radicada bajo el No. 25000-23-27-000-
2001-90479-01, ni en los incidentes de cumplimiento actualmente en curso.
Tampoco ha sido reconocida como tercero interesado ni se encuentra sujeta
a las órdenes impartidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Cuarta – Subsección B.

Refirió que no tiene participación alguna en la expedición de las providencias
que se cuestionan mediante la presente acción constitucional, ni puede
realizar una actuación material o jurídica encaminada a cumplir o impedir lo
solicitado por el accionante.

23. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio solicitó su desvinculación por
carecer de competencia para atender las pretensiones de amparo.

24. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR solicitó
declarar improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de
inmediatez o negar las pretensiones por ausencia de vulneración.

25. La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de amparo porque el actor carece de

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legitimación en la causa por activa, por falta de legitimación por pasiva y por
no cumplir con el requisito de inmediatez.

26. La Secretaría de Salud del Distrito de Bogotá solicitó su desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva dado que no tiene competencia
para atender las pretensiones de amparo.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Cuestión previa

Los doctores Carlos Fernando Mantilla Navarro y Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo por escritos separados manifestaron impedimento.

El doctor Carlos Fernando Mantilla Navarro manifestó encontrarse incurso en
las causales de impedimento previstas en los numerales 4 y 6 del artículo 56
del Código de Procedimiento Penal porque “[…] en mi condición de procurador
delegado para la Conciliación Administrativa, participé en las actividades de
seguimiento ordenadas en el fallo proferido, en segunda instancia, por la
Sección Primera del Consejo de Estado el 28 de marzo de 2014, dentro del
trámite de la acción popular radicada bajo el número 25000-23-27-000-2001-
90479-01, haciendo parte del comité de verificación de la sentencia […]”.

Respecto de lo anterior, la Sala encuentra que la situación de hecho expuesta
por el doctor Carlos Fernando Mantilla Navarro configura la causal de

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”.

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impedimento prevista en el numeral 4 del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal porque en su condición de agente del Ministerio Público
fue miembro del comité conformado para la verificación del cumplimiento de la
sentencia del río de Bogotá2 y, en ese sentido, emitió concepto u opinión
respecto del cumplimiento de las órdenes por parte de las entidades
condenadas, por lo que su imparcialidad se encuentra afectada.

De otra parte, en cuanto al impedimento manifestado por el doctor Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo la Sala considera que hay lugar a declararlo
fundado, en razón a que actuó como magistrado ponente dentro del
expediente judicial que se profirió la sentencia cuyo cumplimiento fue objeto
de estudio en las providencias que se cuestionan por esta vía constitucional,
por lo que su imparcialidad se encuentra afectada.

En ese sentido, tal como se explicó en el auto de 25 de abril de 2025 proferido
por la Sala de Conjueces en este asunto, si bien la presente acción de tutela
no se orienta exactamente a solicitar la revisión de una providencia proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado si se refiere a una decisión
relacionada directamente con un proceso judicial en el que intervino el doctor
Mendoza Martelo en su calidad de magistrado de esa Corporación para la
época.

Así las cosas, la Sala declarará fundado el impedimento manifestado por los
doctores Carlos Fernando Mantilla Navarro y Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.

2 En la sentencia de 28 de marzo de 2014, se ordenó conformar el comité de verificación del

cumplimiento de la sentencia del río de Bogotá estableciéndose lo siguiente:

“[…] En estos términos habiéndose dispuesto por el Tribunal de instancia en el numeral
Décimo de la parte resolutiva de la sentencia constituir el Comité para la verificación de la
sentencia, bajo la coordinación de la Gerencia de Cuenca, se dispondrá su integración así:
ASOMUÑA, la FUNDACIÓN AL VERDE VIVO, la FUNDACIÓN AMIGOS DEL PLANETA, la
O. N. G. - GIRARDOTEMOS y LA FUNDACIÓN AMBIENTAL ALTO MAGDALENA, la
FUNDACIÓN HUMEDAL LA CONEJERA, la CORPORACIÓN SIE, la CORPORACIÓN
MOVIMIENTO POR LA VIDA y la CORPORACIÓN MADRE TIERRA., los PROCURADORES
JUDICIALES AMBIENTALES Y AGRARIOS CON JURISDICCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE
LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ, el Procurador Delegado para asuntos ambientales y
agrarios o su delegado y el Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa como
Agente del Ministerio Público o su delegado y el delegado de la Defensoría del Pueblo. […]”.
[Subrayado resaltado]

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3. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establece si en
el presente asunto se cumple con el presupuesto procesal de la legitimación
en la causa por activa en las acciones de tutela. En caso negativo:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:

B) Determinar si las providencias aquí enjuiciadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados por la parte accionante.

4. Caso concreto

4.1. Del análisis de la legitimación en la causa por activa

El artículo 86 de la Constitución Política dispone que “[…] toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad […]”. [Negrilla fuera de texto].

Por su parte, el artículo 10º del Decreto Ley 2591 de 19913 establece que “[…]
La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos
cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su
propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la
solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales […]”. [Negrillas fuera del texto].

3 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.

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A partir de lo anterior, es claro que el o la titular de los derechos fundamentales
que se estiman amenazados o vulnerados puede ejercer la acción de tutela: i)
por sí mismo o actuando mediante apoderado judicial, o ii) a través de agente
oficioso, quien deberá manifestar que actúa como tal y acreditar las razones
por las cuales el titular de los derechos fundamentales que se estiman
amenazados o conculcados no puede ejercer por sí mismo su propia defensa.

La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa por
activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en
que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial
que se discute en el proceso de tutela, de modo que el derecho cuya
protección se persigue debe ser propio del demandante y no de otra persona4.

En el presente caso, el señor Santiago de Germán Ribón promovió acción de
tutela en contra de la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales, con ocasión de las providencias 3 de septiembre, 16 y 19 de
diciembre de 2024 proferidas dentro del proceso de acción popular con
radicación núm. 25000- 23-15-000-2001-00479-02.

Ahora bien, de acuerdo con las piezas procesales del expediente digital que
se encuentra en el aplicativo Samai, la Sala advierte que dentro del medio de
control origen de la presente controversia el accionante no es sujeto procesal.

De ahí que el señor Santiago de Germán Ribón carece de legitimación en la
causa por activa para promover, en nombre propio, el mecanismo de amparo
de la referencia con el propósito de cuestionar las providencias de 3 de
septiembre, 16 y 19 de diciembre de 2024 proferidas por la Subsección B de
la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Sobre el particular, cabe indicar que los únicos legitimados para promover el
mecanismo de amparo con el objeto de cuestionar una actuación u omisión

4
Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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dentro de un proceso judicial, son los sujetos procesales del proceso que se
cuestiona por vía de tutela, ya que ellos serían los eventualmente afectados y
quienes tendrían el interés de que el juez constitucional proteja sus derechos
fundamentales.

Así las cosas, la Sala considera que no se encuentran satisfechos los
requisitos exigidos en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo
10º del Decreto Ley 2591 de 1991, motivo por el cual declarará improcedente
la acción de tutela de la referencia por falta de legitimación en la causa por
activa del señor Santiago de Germán Ribón.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por los
doctores Carlos Fernando Mantilla Navarro y Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, por las razones expuestas.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta
sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

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PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejero de Estado

ISABEL CRISTINA JARAMILLO ALFREDO BELTRÁN SIERRA
SIERRA Conjuez
Conjuez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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