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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-01536-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-01536-01

Fecha
21 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-01536-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por los doctores Carlos Fernando Mantilla Navarro, Sergio González Rey y Jaime Humberto Tobar Ordoñez y, en consecuencia, se dispone separarlos del conocimiento de la presente acción de tutela. SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 19 de mayo de 2025 proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01536-01 TERCERO: ABSTENERSE de resolver de fondo la medida provisional solicitada por el actor, por las razones expuestas en esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-01536-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

21 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Parte actora: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Parte accionada: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Cuarta – Subsección B
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01536-01
Asunto: Acción de tutela contra providencia judicial. Se confirma el fallo
impugnado. Improcedencia por falta de legitimación en la causa por activa

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
19 de mayo de 2025 proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. Mediante sentencia de 25 de agosto de 2004, la Subsección B de la
Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca amparó los
derechos colectivos por la contaminación del río Bogotá e impartió diversas
órdenes orientadas a su recuperación y descontaminación. Esta decisión
fue confirmada, en segunda instancia, por la Sección Primera del
Consejo de Estado el 28 de marzo de 2014.

1.2. En el marco del comité de verificación del cumplimiento de las
anteriores órdenes, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
– EAAB solicitó como medida cautelar de urgencia la suspensión
inmediata del trámite de expedición de la resolución mediante la cual el

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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció los
lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá.

1.3. La Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante auto de 14 de marzo de 2025, resolvió i)
decretar la medida cautelar provisional solicitada y ordenó reiniciar el
trámite para la expedición de la resolución del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible; y, ii) requirió a la Procuraduría General de la
Nación y a la Contraloría General de la República para que dieran
cumplimiento a las órdenes 4.2. y 4.76 de la sentencia de 28 de marzo
de 2014.

1.4. Contra la anterior decisión el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible presentó recurso de reposición y en subsidio apelación.

1.5. La Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante auto de 28 de marzo de 2025, resolvió negar el
recurso de reposición y conceder en el efecto devolutivo el recurso de
apelación ante el Consejo de Estado.

1.6. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante providencia de
26 de junio de 2025, resolvió modificar el ordinal segundo de la
providencia de 14 de marzo de 2025 proferida por la Subsección B de la
Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la accionada vulneró su derecho fundamental al
debido proceso por dilatar de manera injustificada la implementación de
medidas de protección ambiental, lo que genera un riesgo inminente de daño
ecológico irreversible.

Finalmente, aseguró que es un ciudadano comprometido con la protección del
medio ambiente, motivo por el cual ha promovido algunas acciones populares

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y demandas de nulidad tendientes a salvaguardar los suelos aluviales del río
Bogotá y el ecosistema.

Destacó que el retraso en la expedición de la iniciativa del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible le impide utilizar dicha normativa como
prueba dentro de sus acciones judiciales y obstaculiza la resolución oportuna
de estas.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] Con el propósito de salvar mis derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la justicia y un medio ambiente sano, como derechos
fundamentales conexos con los derechos a la vida y la salud, y ante la
necesidad imperiosa de prevenir un daño ambiental irreversible en los
suelos aluviales del río Bogotá, solicito respetuosamente al juez de tutela
lo siguiente:

Conceder la acción de tutela

Declarar que el auto del 14 de marzo de 2025, emitido por la Magistrada
Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda en el proceso 250002315000-
2001-00479-02, vulnera mis derechos fundamentales al debido proceso
(Artículo 29), acceso a la justicia (Artículo 229) y medio ambiente sano
(Artículo 79), en conexión con los derechos a la vida (Artículo 11) y la
salud (Artículo 49) de la Constitución Política de Colombia. Esta
vulneración se deriva de la dilatación injustificada en la implementación
de medidas de protección ambiental, lo que impide el ejercicio efectivo de
mis derechos y genera un riesgo inminente de daño ecológico irreversible
en los suelos aluviales del río Bogotá.

Ordenar la suspensión total del auto impugnado

Suspender de manera inmediata y completa los efectos del auto,
específicamente la orden de reiniciar el proceso de consulta para la
resolución sobre el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá.
Esta medida es esencial para evitar mayores dilataciones en la
implementación de acciones de protección ambiental urgentes y
necesarias para preservar los suelos aluviales, ante amenazas como la
urbanización descontrolada y la explotación inadecuada del ecosistema.

Subsidio: Ordenar un proceso de consulta expedito

En caso de que no se estime viable la suspensión total del auto, solicito
subsidiariamente que se ordene al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADS) realizar el proceso de consulta de forma expedita.

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Esto implica establecer plazos perentorios y estrictos, no superiores a 20
días, que reducirán el retraso y asegurarán la pronta ejecución de la
iniciativa normativa. La consulta debe garantizar la participación efectiva
de los actores faltantes sin comprometer la protección ambiental ni
prolongar innecesariamente el proceso […]”. [Negrillas del texto original]

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

1. Mediante auto de 25 de marzo de 2025, se admitió la presente acción de
tutela en contra de la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y se vinculó al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
• EAAB, a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de
la República, en calidad de terceros con interés en el resultado del proceso.
En dicha providencia se negó la medida provisional solicitada por el actor.

2. El 19 de mayo de 2025, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado profirió sentencia de primera instancia declarando improcedente la
acción de tutela de la referencia.

3. Por auto de 12 de junio de 2025, se concedió la impugnación presentada
por el actor contra el fallo de primera instancia.

4. A través de auto de 23 de octubre de 2025, la Sección Primera del Consejo
de Estado resolvió aceptar la manifestación de impedimento presentada por
los doctores Germán Eduardo Osorio Cifuentes y Nubia Margoth Peña Garzón.
En la misma providencia se negó el impedimento manifestado por el conjuez
Sergio González Rey por haber sido fundamentado “[…] en causales distintas
a las previstas en el Código de Procedimiento Penal la Sala lo declarará
infundado […]”.

5. Posteriormente, los conjueces Sergio González Rey y Jaime Humberto
Tobar Ordoñez manifestaron impedimento para conocer del asunto.

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III. INTERVENCIONES

1. La Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó declarar la improcedencia de la presente acción de
tutela al considerar que no se acreditó el requisito de relevancia constitucional
porque lo pretendido por la parte accionante es reabrir un debate jurídico
procesal el cual ya fue revisado por el juez natural.

Asimismo, afirmó que la presente acción de tutela es improcedente por falta
de legitimación en la causa por activa, por cuanto el accionante no es sujeto
procesal dentro del proceso de acción popular núm. 25000-23-15-000-2001-
00479-00/02.

2. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB- solicitó que
se declare la improcedencia de la presente acción de tutela porque no cumple
con el requisito de relevancia constitucional.

3. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó acceder a las
pretensiones de amparo con la finalidad de proteger los derechos
fundamentales vulnerados y, en consecuencia, se suspenda la decisión
proferida por el tribunal accionado.

4. La Procuraduría General de la Nación señaló que no vulneró ningún derecho
fundamental, razón por la cual solicita su desvinculación de la presente acción
constitucional.

5. La Contraloría General de la República solicitó su desvinculación de la
presente acción constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva,
toda vez que no existe un nexo de causalidad entre la presunta violación de
los derechos fundamentales invocados por el accionante y esa entidad.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante

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sentencia de 19 de mayo de 2025, declaró la falta de legitimación en la causa
por activa.

Al respecto, el a quo señaló que del análisis del escrito de tutela y de las piezas
procesales aportadas, se advirtió que el accionante no era sujeto procesal ni
promovió el incidente en la acción popular en mención, sino un veedor
ciudadano.

V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia reiterando en términos
generales los argumentos del escrito de tutela y por las siguientes razones:

Manifestó que al declararse la falta de legitimación en la causa por pasiva en
la sentencia de tutela de primera instancia se omitió evaluar todos los riesgos
en que se encuentra el medio ambiente por la decisión del tribunal.

Finalmente, solicitó como medida provisional la suspensión inmediata y
temporal del auto del 14 de marzo de 2025 para prevenir un perjuicio
irremediable a sus derechos fundamentales por el riesgo inminente de daño
ambiental irreversible que se está ocasionando a los suelos aluviales del río
Bogotá.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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2. Cuestiones previas

2.1. De la medida provisional solicitada en segunda instancia

La Sala advierte que el actor en el trámite de segunda instancia solicitó que se
decrete como medida provisional la “[…] suspensión inmediata y temporal del
Auto del 14 de marzo de 2025, emitido por la Magistrada Nelly Yolanda
Villamizar de Peñaranda en la acción popular No. 25000-23-15-000-2001-
00479-02, mientras se resuelve el fondo de la presente impugnación […]”.

El artículo 7° del Decreto Ley 2591 de 1991 prevé que las medidas
provisionales constituyen una herramienta excepcional del juez constitucional
para la protección de derechos fundamentales presuntamente afectados,
siempre que se advierta la necesidad y urgencia de su adopción; o la
posibilidad de evitar un daño más gravoso, de tal manera que la decisión
adoptada en el fallo de tutela resulte eficaz.

La solicitud de medida provisional resulta procedente en cualquier instancia,
inclusive en sede de revisión ante la Corte Constitucional; sin embargo, no hay
lugar a emitir un pronunciamiento al respecto cuando se va a proferir la
sentencia respectiva2.

En ese orden de ideas, la Sala estima que no hay lugar a emitir un
pronunciamiento frente a la solicitud de medida provisional presentada en
segunda instancia por el actor dado que, a través de la presente decisión se va
a resolver de manera definitiva la controversia planteada en la impugnación.

2
En sentencia T-103 de 2018 la Corte Constitucional precisó que: “[…] Ante la necesidad de una decisión que resuelva
la causa objeto de revisión con efectos de cosa juzgada, la Sala considera pertinente emitir una determinación
definitiva en el asunto de la referencia y no resolverlo provisionalmente. Se trata de imprimir celeridad en este
caso y fallarlo de manera expedida. En la causa analizada se encuentran en disputa de manera inmediata el
derecho a la consulta previa de una comunidad étnica; y de forma mediata el derecho a la salud de 210.000 personas,
por lo que se requiere una pronta respuesta por parte de la administración de justicia […]”. [Negrillas por fuera
del texto original]

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2.2. De la manifestación de impedimento

Los doctores Carlos Fernando Mantilla Navarro, Sergio González Rey y Jaime
Humberto Tobar Ordoñez por escritos separados manifestaron encontrarse
incursos en causal de impedimento.

El doctor González Rey manifestó que se encuentra incurso en la causal de
impedimento prevista en el numeral 4 del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal porque participó “[…] en calidad de contratista y asesor
de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR, en asuntos
relacionados con la acción popular del Río Bogotá, proceso matriz del caso de
la referencia […]”.

Respecto de lo anterior, la Sala encuentra que efectivamente se configura la
causal de impedimento manifestada por el doctor Sergio González Rey dado
que el objeto de la presente acción se encuentra relacionado con el
cumplimiento de las órdenes impartidas en el marco de la acción popular sobre
el río Bogotá, asunto en el que asesoró a la autoridad ambiental, por lo que su
imparcialidad se encuentra afectada.

En este mismo sentido se pronunció esta Sección en reciente decisión de 25
de julio de 20253 así:

“[…] la situación a la que se refiere el doctor González Rey se ajusta
específicamente a lo establecido en el numeral cuarto del artículo 56 del
Código de Procedimiento Penal: “Que el funcionario judicial haya sido
apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea o haya sido
contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su
opinión sobre el asunto materia del proceso.” En cuanto a lo segundo, es
razonable que el doctor González Rey considere afectada su
imparcialidad por haber asesorado en esta materia a la entidad estatal a
la que se acusa de no haber sido suficientemente diligente en la
realización de las tareas encomendadas a ella por la Sección Primera del
Consejo de Estado en la orden 4.18. Por estas razones esta Sala de
Conjueces ACEPTA el impedimento presentado por el Conjuez Sergio
González Rey para decidir sobre la presente tutela. […]”.

3 Expediente 11001-03-15-000-2025-03907-00.

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De otra parte, el doctor Jaime Humberto Tobar Ordoñez manifestó encontrarse
incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 6 del artículo 56
del Código de Procedimiento Penal, por cuanto participó dentro del proceso
objeto de tutela, al proferir la providencia de 26 de junio de 2025 que resolvió
el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 14 de marzo de 2025.

La Sala considera que en el presente caso se encuentra configurada la causal
de impedimento prevista en el numeral 6 del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal, habida cuenta que el objeto de esta acción está
encaminado a que se deje sin efectos el auto de 14 de marzo de 2025 proferido
por la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dentro del proceso con radicación núm. 25000-23-15-000-
2001-00479-02, el cual fue modificado por la providencia de 26 de junio de
2025 que fue suscrita por el doctor Jaime Humberto Tobar Ordoñez, en calidad
de conjuez designado en ese asunto.

De ahí que resulte acertado concluir que el doctor Jaime Humberto Tobar
Ordoñez al suscribir la providencia de 26 de junio de 2025 participó dentro del
proceso que dio origen a que la parte actora promoviera la solicitud de amparo
de la referencia.

En cuanto a la manifestación de impedimento presentada por el doctor Carlos
Fernando Mantilla Navarro, la Sala considera que también se configura porque
en su condición de agente del Ministerio Público fue miembro del comité
conformado para la verificación del cumplimiento de la sentencia del río de
Bogotá4 y, en ese sentido, emitió concepto u opinión respecto del cumplimiento

4 En la sentencia de 28 de marzo de 2014, se ordenó conformar el comité de verificación del

cumplimiento de la sentencia del río de Bogotá estableciéndose lo siguiente:

“[…] En estos términos habiéndose dispuesto por el Tribunal de instancia en el numeral
Décimo de la parte resolutiva de la sentencia constituir el Comité para la verificación de la
sentencia, bajo la coordinación de la Gerencia de Cuenca, se dispondrá su integración así:
ASOMUÑA, la FUNDACIÓN AL VERDE VIVO, la FUNDACIÓN AMIGOS DEL PLANETA, la
O. N. G. - GIRARDOTEMOS y LA FUNDACIÓN AMBIENTAL ALTO MAGDALENA, la
FUNDACIÓN HUMEDAL LA CONEJERA, la CORPORACIÓN SIE, la CORPORACIÓN
MOVIMIENTO POR LA VIDA y la CORPORACIÓN MADRE TIERRA., los PROCURADORES
JUDICIALES AMBIENTALES Y AGRARIOS CON JURISDICCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE
LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ, el Procurador Delegado para asuntos ambientales y
agrarios o su delegado y el Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa como

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de las órdenes por parte de las entidades condenadas, por lo que su
imparcialidad se encuentra afectada.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala declarará fundado el impedimento
manifestado por los doctores Carlos Fernando Mantilla Navarro, Sergio
González Rey y Jaime Humberto Tobar Ordoñez, como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de la presente providencia.

3. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado5, la Sección debe
establecer si en el presente asunto se cumple con el presupuesto procesal de
la legitimación en la causa por activa en las acciones de tutela.

4. Caso concreto

4.1. Del análisis de la legitimación en la causa por activa

El artículo 86 de la Constitución Política dispone que “[…] toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad […]”. [Negrilla fuera de texto].

Por su parte, el artículo 10º del Decreto Ley 2591 de 19916 establece que “[…]
La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se

Agente del Ministerio Público o su delegado y el delegado de la Defensoría del Pueblo. […]”.
[Subrayado resaltado]
5 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
6 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.

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presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos
cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su
propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la
solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales […]”. [Negrillas fuera del texto].

A partir de lo anterior, es claro que el o la titular de los derechos fundamentales
que se estiman amenazados o vulnerados puede ejercer la acción de tutela: i)
por sí mismo o actuando mediante apoderado judicial, o ii) a través de agente
oficioso, quien deberá manifestar que actúa como tal y acreditar las razones
por las cuales el titular de los derechos fundamentales que se estiman
amenazados o conculcados no puede ejercer por sí mismo su propia defensa.

La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa por
activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en
que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial
que se discute en el proceso de tutela, de modo que el derecho cuya
protección se persigue debe ser propio del demandante y no de otra persona7.

En el presente caso, el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón promovió acción
de tutela en contra de la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al
ambiente sano, a la vida y a la salud, con ocasión del auto de 14 de marzo de
2025 proferido dentro de la acción popular bajo radicado No. 25000-23-15-
000-2001-00479-02.

Ahora bien, de acuerdo con las piezas procesales del expediente digital que
se encuentra en el aplicativo Samai, la Sala advierte que dentro del medio de
control origen de la presente controversia el accionante no es sujeto procesal.
De ahí que el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón carece de legitimación en
la causa por activa para promover, en nombre propio, el mecanismo de amparo

7
Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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de la referencia con el propósito de cuestionar la providencia del 14 de marzo
de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

Sobre el particular, cabe indicar que los únicos legitimados para promover el
mecanismo de amparo con el objeto de cuestionar una actuación u omisión
dentro de un proceso judicial, son los sujetos procesales del proceso que se
cuestiona por vía de tutela, ya que ellos serían los eventualmente afectados y
quienes tendrían el interés de que el juez constitucional proteja sus derechos
fundamentales.

Así las cosas, la Sala considera que no se encuentran satisfechos los
requisitos exigidos en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo
10º del Decreto Ley 2591 de 1991, motivo por el cual confirmará el fallo de
primera instancia proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia por falta de legitimación en la causa por activa del señor Ericsson
Ernesto Mena Garzón.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por los
doctores Carlos Fernando Mantilla Navarro, Sergio González Rey y Jaime
Humberto Tobar Ordoñez y, en consecuencia, se dispone separarlos del
conocimiento de la presente acción de tutela.

SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 19 de mayo de 2025 proferido
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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TERCERO: ABSTENERSE de resolver de fondo la medida provisional
solicitada por el actor, por las razones expuestas en esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CAMILO CALDERÓN RIVERA
Consejero de Estado Conjuez

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Conjuez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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