Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 63001-23-33-000-2025-00116-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 63001-23-33-000-2025-00116-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 63001-23-33-000-2025-00116-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
11 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Parte actora: María Andrea Valencia Palomino
Parte accionada: Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Armenia y otros
Radicación: 63001-23-33-000-2025-00116-01
Asunto: Tutela contra autoridades. Se revoca el fallo impugnado en lo
que respecta al amparo concedido. Improcedencia por no cumplir con el
presupuesto procesal de legitimación en la causa por activa y
subsidiariedad
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Armenia, la Personería Municipal de Armenia y
la Defensoría del Pueblo - Regional Quindío contra la sentencia de 13 de
noviembre de 2025 proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Quindío.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Armenia, mediante
sentencia de 30 de septiembre de 2009, en el marco de la acción popular con
radicación 63001-33-31-002-2008-00137-00, protegió los derechos colectivos
a la defensa del patrimonio cultural y a la seguridad y salubridad pública y, en
consecuencia, ordenó al Municipio de Armenia adelantar las actuaciones
tendientes para la recuperación integral del conjunto histórico de la Estación
del Ferrocarril de Armenia, garantizando el mantenimiento de zonas verdes y
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su entorno, el desalojo y reubicación de las personas asentadas de manera
irregular y la presencia policial permanente para preservar el orden del sector.
Igualmente, dispuso la conformación de un comité de verificación integrado
por la Subdirección de Infraestructura del Municipio de Armenia, por el
Personero Municipal y la Defensoría del Pueblo - Regional Quindío, quienes
debieron rendir informes bimensuales, con el propósito de asegurar la
ejecución y cumplimiento efectivo de la decisión judicial.
2. El 7 de octubre de 2025, la accionante presentó petición dirigida a la
Defensoría del Pueblo - Regional Quindío, en la que solicitó información
relacionada con el diagnóstico integral, acompañamiento y rendición de
informe oficial sobre la problemática del sector estación del ferrocarril de
Armenia y la cueva del humo.
3. El 20 de octubre de 2025, la Defensoría del Pueblo - Regional Quindío emitió
respuesta respecto de la anterior solicitud.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que después de 16 años desde que el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Armenia profirió la sentencia dentro de
la acción popular con numero radicación 63-001-33-31-002-2008-0137-00 no
se ha dado cumplimiento a lo ordenado respecto de la recuperación integral
del conjunto histórico de la estación del ferrocarril de Armenia, declarado bien
de interés cultural de la Nación mediante Decreto 0746 de 1996.
Sostuvo que no existe evidencia pública ni documental que acredite la
ejecución de las órdenes impartidas por el Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito de Armenia.
Indicó que el Municipio de Armenia no ha realizado las inversiones necesarias
y que actualmente el lugar se encuentra convertido en un depósito de chatarra,
escombros y basuras, con un deterioro estructural extremo.
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Señaló además la existencia de una excavación de grandes proporciones
originada en un contrato demandado por el presunto desvío de recursos
públicos, sin que se haya hecho intervención alguna para la restauración o
conservación del conjunto histórico.
Indicó que la estación del ferrocarril de Armenia se encuentra invadida por la
delincuencia, el consumo de drogas y prostitución, lo que constituye un foco
de insalubridad, inseguridad y abandono estatal.
Sostuvo que el 7 de octubre de 2025 presentó petición ante la Defensoría del
Pueblo - Regional Quindío para obtener información verificable y certificada
respecto del cumplimiento de la sentencia de acción popular proferida por el
Juzgado segundo Administrativo del Circuito de Armenia y, en tal sentido,
solicitó copias de las actas e informes del comité de verificación, la
identificación del delegado de la entidad que participó en dicho comité, copias
de las comunicaciones o requerimientos remitidos por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Armenia exigiendo el cumplimento del fallo, y
una explicación de fondo sobre la razones por las que la Defensoría del Pueblo
no ha ejercido su función de vigilancia y exigencia del cumplimiento del fallo.
Enfatizó que la Defensoría del Pueblo - Regional Quindío ha sido evasiva en
sus respuestas y ha vulnerado el derecho fundamental de petición. Señaló que
en la respuesta de 20 de octubre de 2025 no adjuntó documento alguno del
Comité de Vigilancia, siendo una contestación carente de contenido sustancial
y sin que resolviera de fondo, los requerimientos formulados.
Consideró que la falta de cumplimiento en las funciones de vigilancia y control
ha generado una situación de impunidad administrativa y de desprotección de
la ciudadanía agravando el deterioro del patrimonio y vulnerando los principios
de buena fe, transparencia y responsabilidad institucional.
Indicó que el silencio institucional por parte del Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Armenia, siendo el custodio del cumplimiento de
su propia sentencia ha impedido la publicación y remisión a la ciudadanía de
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las actas, informes bimensuales o medidas correctivas adoptadas en
cumplimiento de la sentencia de 30 de septiembre de 2009.
Adujo que se le está vulnerando su derecho fundamental de petición por no
haber respondido de fondo la solicitud presentada el 7 de octubre de 2025; a
la información veraz y oportuna por negársele el acceso a los informes del
Comité de Vigilancia y a los documentos públicos del proceso; a la
participación ciudadana y control social por impedir a la comunidad ejercer
seguimiento sobre el cumplimiento de la sentencia que busca proteger bienes
culturales; al debido proceso administrativo por omitir los deberes de las
entidades en la ejecución de una orden judicial en firme y el derecho a la
verdad y a la transparencia públicas relativos a la función estatal.
3. Pretensiones
La parte actora planteó las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Que se tutele mi derecho fundamental de petición, por la respuesta
evasiva e incongruente emitida por la Defensoría del Pueblo – Regional
Quindío.
2. Que se ordene a la Defensoría del Pueblo – Regional Quindío
responder de fondo y con información verificable cada uno de los
requerimientos contenidos en mis peticiones del 7 de octubre de 2025,
aportando: ○ Las actas, informes y comunicaciones del Comité de
Vigilancia. ○ La identificación y funciones del delegado defensorial que ha
participado en el Comité. ○ Los requerimientos remitidos al Juzgado o al
Municipio de Armenia sobre el cumplimiento del fallo.
3. Que se requiera al Municipio de Armenia rendir informe detallado sobre
las acciones, inversiones o proyectos ejecutados en cumplimiento de la
Sentencia No. 187 de 2009.
4. Que se requiera al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Armenia rendir informe claro y completo sobre el estado actual de
ejecución del fallo, las actas del Comité de Vigilancia y las medidas
adoptadas ante el incumplimiento.
5. Que se disponga el seguimiento judicial al cumplimiento de esta tutela,
dada la trascendencia social y patrimonial del caso. […]”. [sic en toda la
cita]
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II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
1. Mediante auto de 31 de octubre de 2025, se admitió la presente acción de
tutela contra el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Armenia, la
Defensoría del Pueblo - Regional Quindío y el Municipio de Armenia, y se
vinculó a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y la
Personería Municipal de Armenia, como terceros con interés directo en los
resultados del proceso.
2. El 13 de noviembre de 2025, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Quindío profirió sentencia de primera instancia negando la
protección del derecho de petición y amparó respecto de los derechos al
debido proceso y acceso a la administración de justicia.
3. Mediante auto de 25 de noviembre de 2025, se concedió las impugnaciones
presentadas por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Armenia,
la Personería Municipal de Armenia y la Defensoría del Pueblo - Regional
Quindío contra el fallo de primera instancia.
III. INTERVENCIONES
1. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional solicitó su
desvinculación al considerar que carece de legitimación en la causa por
pasiva, por cuanto la vulneración de los derechos fundamentales está
relacionada con la falta de respuesta a las peticiones que radicó ante la
Defensoría del Pueblo - Regional Quindío.
2. El Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó que la acción de tutela
sea declarada improcedente porque la parte actora dispone de otro
mecanismo judicial para obtener el cumplimiento de una sentencia emitida al
interior de una acción popular.
3. La Defensoría del Pueblo indicó que ha dado respuesta a todas y cada una
de las solicitudes de información elevadas por la accionante.
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Advirtió que cosa distinta es que la actora no se encuentre satisfecha con las
respuestas dadas, lo cual no constituye una vulneración al derecho
fundamental de petición.
Solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela al considerar que no hay
vulneración de los derechos fundamentales y que se declare la falta de
legitimación en la causa por pasiva.
4. La Personería Municipal de Armenia indicó que no es la entidad generadora
de la presunta vulneración de los derechos fundamentales motivo por el cual
carece de legitimación en la causa por pasiva.
5. El Municipio de Armenia se opuso a las pretensiones al considerar que la
única pretensión dirigida al municipio fue cumplida entre los años 2009 y 2013,
lo cual puede demostrar con los documentos que reposan en el expediente
SAMAI 63001-33-31-002-2008-00137-00.
6. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Armenia advirtió que la
accionante no ha radicado ninguna solicitud ante ese despacho judicial por lo
que no es cierto que se la haya negado el acceso al expediente de la acción
popular.
Manifestó que el proceso se encuentra archivado desde el 2013. Resaltó que
ha sido diáfano con cada uno de los procesos a su cargo. Insistió en que no
ha recibido por parte de la accionante solicitud alguna de acceso al expediente,
por tanto, considera que no le ha vulnerado algún derecho fundamental.
IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La Sala Tercera de Decisión del Tribunal del Quindío, mediante sentencia de
13 de noviembre de 2025, resolvió lo siguiente:
“[…] Primero: Declarar que no existe vulneración del derecho de petición
por parte de las entidades accionadas y vinculadas, tal como fue el objeto
del amparo constitucional.
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Segundo: Proteger la amenaza de los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia y ordenar:
2.1. Al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de esta localidad que,
proceda nuevamente con el desarchivo del expediente radicado bajo el
número único 66001-3333-002-2008-00137-00 para que:
• Se reintegre el comité de verificación para determinar de manera objetiva
el estado y problemáticas sociales que se presentan en el sector de la
Estación del Ferrocarril;
• De verificar que con ocasión al abandono estatal y la omisión de las
medidas que habían sido ordenadas en el fallo de la acción popular se
incurrió nuevamente en las razones que motivaron su presentación,
deberá adelantar los trámites necesarios para que se garantice la
efectividad de la sentencia y con ello, de los derechos colectivos que en
su momento fueron protegidos.
• Como la acción popular antes referenciada solamente tiene como sujeto
pasivo al municipio de Armenia, la observancia que se adelante del comité
de verificación, podrá tener en cuenta las gestiones que dicho ente
territorial adelante con otras entidades competentes -tales como: Policía
Nacional o Ministerio de Cultura- para la recuperación del sector de la
Estación del Ferrocarril, como de sus condiciones de salubridad y
seguridad
2.2. Se insta a la Defensoría del Pueblo como a la Personería Municipal y
a la Policía Nacional que, en sus funciones de defensa de los derechos y
acompañamiento a la comunidad, realicen de manera mancomunada las
acciones cívicas y jurídicas que consideren pertinentes con miras a
apoyar el cumplimiento del fallo de la acción popular radicada bajo el
número 66001-3333-002-2008-00137-00 y en consecuencia, se logre la
efectividad y goce pleno de los derechos en ella amparados.
Teniendo en cuenta que para proteger los derechos constitucionales
antes mencionados es necesaria la coordinación y el actuar institucional
de las entidades accionadas y vinculadas a la presente acción de tutela,
no se ordenará desvinculación alguna. […]”.
Respecto de la protección del derecho de petición el a quo sostuvo que: “[…]
aunque la respuesta de la Defensoría del Pueblo a los requerimientos
realizados por la parte actora no llena sus expectativas y no se le entrega la
totalidad de los documentos que solicita, la misma señala las competencias de
la entidad; explicar las actuaciones adelantadas con miras, más allá del
cumplimiento del fallo de la acción popular decidida por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Armenia, a buscar una solución de fondo a las
problemáticas del sector de la Estación del Ferrocarril; además, tal como se
dijo con anterioridad, explica la forma de acceder a la información requerida,
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tal cual es consultar directamente el expediente de la acción popular, sea por
vía digital o en el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito. Con lo anterior,
considera la Sala de Decisión que existe respuesta de fondo a los derechos
de petición presentados por la actora ante la Defensoría del Pueblo […]”.
Seguidamente consideró lo siguiente:
“[…] Ahora, la Sala de Decisión observa que el presente asunto denota
una situación de mayor calado que la protección del derecho de petición,
tal cual es la que se deriva del cumplimiento efectivo de una orden judicial.
De los informes presentados, especialmente por la Defensoría del Pueblo
y la Personería Municipal se colige que el sector conocido como la
Estación del Ferrocarril en Armenia viene presentando deterioro en su
infraestructura, como fenómenos de drogadicción, prostitución y
delincuencia, más allá que el 31 de mayo de 2013 se hubiera ordenado el
archivo de la acción popular radicada al número 66001-3333-002-2008-
00137-00 por el cumplimiento total de las órdenes.
[…]
Como se sostiene desde líneas arriba, hoy la comunidad busca otra vez
la protección de tales derechos colectivos dada la desatención estatal que
ha permitido nuevamente el deterioro físico de la Estación del Ferrocarril,
como la existencia de otros fenómenos asociados a la delincuencia,
consumo de drogas y prostitución que perjudican no solo el patrimonio de
la nación, sino la salubridad y seguridad pública.
Hecho el análisis anterior, considera la Sala de Decisión que en materia
de la acción popular radicada al número 66001-3333-002-2008-00137-00
podría existir el fenómeno de cosa juzgada constitucional, al menos en lo
que al Municipio de Armenia respecta y con relación a los hechos que se
han evidenciado en este plenario, que son de conocimiento de diferentes
autoridades y que han llevado nuevamente al deterioro físico, como en la
seguridad y salubridad del complejo de inmuebles que componen la
Estación del Ferrocarril en la ciudad de Armenia – Quindío-, dados
fenómenos de drogadicción, prostitución y delincuencia.
Así, la posible existencia de una cosa juzgada relativa en materia de la
defensa de los derechos colectivos con miras a superar la situación de
abandono, inseguridad e insalubridad del sector pluricitado, sumado a la
posición de la juzgadora en sede constitucional, en tanto considera que
todo lo planteado se configura como hechos nuevos y deben dar lugar a
la proposición de una nueva acción constitucional, permite entrever que,
así existan herramientas jurídicas – peticiones de desarchivo y de
constitución nuevamente del comité de verificación del fallo o el incidente
de desacato- para que se estudie nuevamente la garantía de los derechos
colectivos ya protegidos, estos resultarían inanes en el caso concreto y
permite superar, el requisito de subsidiariedad para la procedencia de la
acción de tutela.
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En cuanto a la inmediatez o existencia de un plazo razonable, se observa
que la situación que se analiza es de manera continuada, pues, según se
narra en la acción de tutela, como en los informes presentados por la
Defensoría del Pueblo y de la Personería Municipal, día a día se deteriora
la planta física del complejo de inmuebles que integran la Estación del
Ferrocarril, además de ser actual la problemática de seguridad y
salubridad públicas.
De tal suerte, para garantizar la naturaleza de la cosa juzgada en materia
de acción popular, la celeridad y congruencia, esta Sala de Decisión
considera necesario que, en aras de proteger la amenaza en que puedan
encontrarse derechos fundamentales como el debido proceso y acceso a
la justicia, se le ordenará al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
de esta localidad que proceda nuevamente con el desarchivo del
expediente radicado bajo el número único 66001-3333-002-2008-00137-
00 […]”.
V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
1. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Armenia indicó que para
declarar la vulneración de los derechos al debido proceso y el acceso a la
administración de justicia, necesariamente la persona o personas deben ser
sujetos activos o pasivos dentro de una acción judicial o administrativa y la
accionante nunca actuó dentro del proceso de la acción popular que dio origen
a la actual acción de tutela ni elevó solicitud alguna para que pueda concluirse
que hubo inactividad o vulneración alguna de las garantías del debido proceso.
Señaló que el juez constitucional no puede reconocer la vulneración de un
derecho que no ha sido activado ni mucho menos vulnerado por ese despacho
judicial, sin que la accionante hubiera hecho solicitud anterior para que rindiera
informe sobre el estado actual de la ejecución del fallo, las actas del comité de
vigilancia y las medidas adoptadas ante el incumplimiento, que permita colegir
que no se le dio respuesta.
Destacó que contrario a lo manifestado en el fallo impugnado, la vulneración
de los derechos cambió de rumbo por cuanto la presunta vulneración al debido
proceso por parte de ese despacho se dio por no responder una solicitud de
información que nunca fue presentada ante el mismo.
En cuanto al derecho fundamental al acceso a la administración de justicia
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indicó que no se elevó ante ese despacho solicitud alguna respecto de la
acción popular 63001-33-31-002-2008-00137-00, en donde la accionante
ejerciera su derecho a acceder a la justicia y de la que se desprenda la
amenaza endilgada por el juez constitucional de no haberle dado trámite a la
misma.
Refirió que la presente acción de tutela tiene génesis en la acción popular
interpuesta por el señor Julio César Hernández Mejía el 8 de abril de 2008
contra el municipio de Armenia en la que pretendió la recuperación por
deterioro y amenaza de ruina de la antigua estación del ferrocarril y por la
invasión de la que era objeto el inmueble, además de las basuras que estaban
siendo depositadas en el predio.
Advirtió que la sentencia proferida en el marco de ese proceso no ordenó
efectuar ningún tipo de construcción de obra nueva ni se ordenó nada de tipo
estructural, ni construir plazoletas, parqueaderos, restaurantes, ni locales
comerciales, nada adicional, solo el mantenimiento del predio de propiedad del
municipio de Armenia.
Indicó que el comité de verificación en cumplimiento de la sentencia de 30 de
septiembre de 2009 allegó el informe final que fue avalado por el representante
de la Defensoría del Pueblo y la Personera Auxiliar del Municipio de Armenia,
como garantes de los derechos de los ciudadanos.
Por lo anterior, mediante auto de 31 de mayo de 2013, el despacho dispuso el
archivo del expediente por cumplimiento, lo que fue debidamente notificado al
accionante sin que fuera recurrida la decisión.
Manifestó que el fallo impugnado no debió tutelar los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, al considerar que
no existió la vulneración que le fue atribuida al tener que la accionante no
activó las actuaciones jurídicas o administrativas para que el despacho
respondiera y que la accionante dispone del mecanismo dispuesto por el
legislador en el artículo 88 de la Constitución Política y que está regulado en
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la Ley 472 de 1998 conocido como acción popular.
2. La Personería Municipal de Armenia señaló que dentro de las
consideraciones del fallo de tutela para ordenar el desarchivo de la acción
popular y la integración del comité de verificación solo tuvo en cuenta las
manifestaciones de la accionante las cuales están asociadas con los
fenómenos de delincuencia, consumo de drogas y prostitución, circunstancias
que ocurrieron con posterioridad al archivo del expediente popular presentada
en 2008, que no fueron discutidas en el trámite ni en la sentencia de ese
proceso judicial.
Señaló que el Tribunal Administrativo del Quindío desconoció el derecho de
defensa, cosa juzgada y seguridad jurídica al pretender revivir una sentencia
ya archivada e impartir nuevas órdenes para su cumplimiento como la de instar
a la Personería Municipal de Armenia, la Defensoría del Pueblo y la Policía
Nacional a realizar, de manera mancomunada, las acciones cívicas y jurídicas
que consideraron pertinentes para apoyar el cumplimiento del fallo de acción
popular con el número de radicación 66001-3333-002-2008 00137-00, sin que
fueran entidades que hubieran hecho parte del trámite de la misma y sin que
hubieran tenido oportunidad de contradecir o manifestarse frente a lo ocurrido.
Sostuvo que no tiene claro a qué acciones cívicas o jurídicas se refiere la
instrucción ordenada en la sentencia de tutela para apoyar el cumplimiento del
fallo proferido dentro de la acción popular.
Asimismo, indicó que la acción de tutela no es el mecanismo para la protección
de derechos colectivos, ya que ese trámite se encuentra regulado por la ley,
del que pueden hacer uso los ciudadanos que han presentado, de manera
permanente, requerimientos y acciones de tutela relacionados con lo que
ocurre en la estación del ferrocarril.
Manifestó que para el caso concreto se desconoce si la accionante es la
afectada directa frente a los derechos al debido proceso y a la administración
de justicia colectivos amparados con lo cual no solo restableció un derecho
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subjetivo de la actora, sino que dictó órdenes propias para la protección de un
derecho colectivo, como lo es, ordenar a la Defensoría del Pueblo y a la Policía
Nacional, que no fueron parte en el proceso de acción popular, para que
coadyuven en el cumplimiento de la orden dictada en ese proceso.
Manifestó que no ha vulnerado derecho alguno a la accionante, por lo que
solicitó que la acción de tutela sea declarada improcedente por no cumplir el
requisito de subsidiariedad.
3. La Defensoría del Pueblo – Regional Quindío indicó que conforme a los
informes emitidos por el comité de verificación en el año 2013 cumplió a
cabalidad las órdenes impartidas en el fallo y por ello se solicitó archivar el
expediente.
Manifestó que los actuales requerimientos de la comunidad desbordan el
alcance de las órdenes del fallo de la acción popular, siendo la inseguridad, la
drogadicción y la prostitución, además de los temas ambientales temas que no
son de su competencia.
Sostuvo que con la impugnación se busca garantizar derechos fundamentales
como el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, decisión
que también podría afectar los derechos de esa entidad como parte del
Ministerio Público al desconocer todas las gestiones realizadas ante las
diferentes autoridades administrativas y policivas, no solo del orden local sino
nacional, en aras a que sean garantizados y protegidos los derechos
fundamentales de la población en general, que pese a haberse atendido como
resultado de su gestión no ha conseguido los resultados esperados. Son
situaciones de gran envergadura, una problemática que va más allá de la
simple inobservancia de un deber de conservación y recuperación de una
infraestructura físicos, que involucra graves problemas sociales, económicos
y jurídicos que deben ser abordados a través de la implementación y aplicación
de políticas públicas y la voluntad irrestricta de las autoridades del orden
municipal y nacional para que apropien recursos para la ejecución de
proyectos sociales y de bienestar para mejorar el tejido social.
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Por lo anterior solicitó que se revoque la decisión constitucional dictada por el
a quo, en lo que respecta al numeral segundo del fallo.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con
lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 13
del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena
del Consejo de Estado.
2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado1, la Sección debe
establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de la
acción de tutela para la protección de la presunta vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia derivado del incumplimiento de la orden
judicial impartida en el marco de la acción popular con radicación
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3. Caso concreto
La Sala advierte que el estudio en esta instancia se centrará única y
exclusivamente en analizar los argumentos expuestos en los escritos de
impugnación que buscan controvertir el literal segundo del fallo impugnado que
accedió al amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia.
1
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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3.1. Del análisis de la legitimación en la causa por activa
El artículo 86 de la Constitución Política dispone que “[…] toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad […]”. [Negrilla fuera de texto].
Por su parte, el artículo 10º del Decreto Ley 2591 de 19912 establece que “[…]
La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos
cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su
propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la
solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales […]”. [Negrillas fuera del texto].
A partir de lo anterior, es claro que el o la titular de los derechos fundamentales
que se estiman amenazados o vulnerados puede ejercer la acción de tutela: i)
por sí mismo o actuando mediante apoderado judicial, o ii) a través de agente
oficioso, quien deberá manifestar que actúa como tal y acreditar las razones
por las cuales el titular de los derechos fundamentales que se estiman
amenazados o conculcados no puede ejercer por sí mismo su propia defensa.
La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa por
activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en
que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial
que se discute en el proceso de tutela, de modo que el derecho cuya
protección se persigue debe ser propio del demandante y no de otra persona3.
2 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
3
Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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Número único de radicación: 63001-23-33-000-2025-00116-01
En el presente caso, el juez de primera instancia advirtió que la presente
controversia “[…] denota una situación de mayor calado que la protección del
derecho de petición, tal cual es la que se deriva del cumplimiento efectivo de
una orden judicial […]”, a partir del cual concluyó que era necesario “[…] en
aras de proteger la amenaza en que puedan encontrarse derechos
fundamentales como el debido proceso y acceso a la justicia, [ordenar] al
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de esta localidad que proceda
nuevamente con el desarchivo del expediente radicado bajo el número único
66001-3333-002-2008-00137-00 […]”.
Respecto de lo anterior, la Sala encuentra que el juez de primera instancia no
se detuvo a analizar si la accionante se encontraba legitimada para pretender
el cumplimiento de la sentencia de 30 de septiembre de 2009 proferida en el
marco de la acción popular con radicación 66001-3333-002-2008-00137-00.
Lo anterior resultaba indispensable en aras de verificar si se cumplía con dicho
presupuesto y a partir de allí se encontraba habilitada la intervención del juez
de tutela para adentrarse al fondo del asunto dado que esta Sección ha sido
enfática en señalar que “[…] los únicos legitimados para promover el
mecanismo de amparo con el objeto de cuestionar una actuación u omisión
dentro de un proceso judicial, son los sujetos procesales del proceso que se
cuestiona por vía de tutela, ya que ellos serían los eventualmente afectados y
quienes tendrían el interés de que el juez constitucional proteja sus derechos
fundamentales […]”4.
En ese orden de ideas, de acuerdo con las piezas procesales obrantes en este
expediente, la Sala advierte que dentro del proceso origen de la presente
controversia la accionante no es sujeto procesal, por lo que carece de
legitimación en la causa por activa para promover, en nombre propio, el
mecanismo de amparo de la referencia con el propósito de obtener el
cumplimiento de la sentencia de 30 de septiembre de 2009 proferida por el
juzgado accionado en el marco de la acción popular con radicación 66001-
3333-002-2008-00137-00.
4
Sentencia de 21 de noviembre de 2025, expediente 11001-03-15-000-2025-01536-01.
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Adicionalmente, si lo pretendido por la parte actora es que el juez de tutela
ordene la recuperación de la estación del ferrocarril del Municipio de Armenia
afectada por la delincuencia, el consumo de drogas y prostitución, la Sala
advierte que para tal fin ella cuenta con la posibilidad de promover el medio de
control de protección de los derechos e intereses colectivos previsto en el
artículo 144 del CPACA5, el cual resulta ser el mecanismo de defensa idóneo
y eficaz para la salvaguarda de los derechos colectivos con ocasión de las
anteriores circunstancias de salubridad y seguridad pública.
El anterior medio de control resulta ser el mecanismo judicial idóneo y eficaz
para la protección de los derechos colectivos en razón a que, por tratarse de
una acción de raigambre constitucional tiene prelación en su trámite y,
adicionalmente, en el marco de ese proceso se pueden solicitar las medidas
cautelares que se consideren necesarias.
Por tanto, la Sala también considera que la presente acción constitucional
deviene improcedente para la protección de derechos colectivos, máxime
cuando no se evidencia ni se acreditó la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.
Bajo los anteriores argumentos, la Sala revocará el literal segundo del fallo
impugnado que concedió el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia y, en su lugar, declarará
improcedente la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
5
“Cualquier persona puede demandar la protección de los derechos e intereses colectivos
para lo cual podrá pedir que se adopten las medidas necesarias con el fin de evitar el daño
contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los mismos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.
Cuando la vulneración de los derechos e intereses colectivos provenga de la actividad de una
entidad pública, podrá demandarse su protección, inclusive cuando la conducta vulnerante
sea un acto administrativo o un contrato, sin que en uno u otro evento, pueda el juez anular el
acto o el contrato, sin perjuicio de que pueda adoptar las medidas que sean necesarias para
hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos. […]”.
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República y por autoridad de la Ley.
FALLA
PRIMERO: REVOCAR el literal segundo del fallo de 13 de noviembre de 2025
proferido por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del
Quindío y, en su lugar, DECLARAR improcedente la presente acción de tutela
para pretender la protección de los derechos fundamentales al debido proceso
y acceso a la administración de justicia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
CARLOS FERNANDO MANTILLA GERMÁN EDUARDO OSORIO
NAVARRO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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