Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00009-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00009-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2026-00009-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
27 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación número: 68001-23-33-000-2026-00009-01
Accionante: WALTHER MAYGER DUARTE GÓMEZ
Autoridad: JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BARRANCABERMEJA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia.
SUBSIDIARIEDAD-No se agotaron los medios de defensa procedentes. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
ACTIVA.
La Sala decide la impugnación interpuesta por Walther Mayger Duarte Gómez contra
el fallo proferido el 29 de enero de 2026, por el Tribunal Administrativo de Santander,
que declaró improcedente la acción de tutela.
ANTECEDENTES
1. Acción de tutela
El 26 de noviembre de 2025, el señor Walther Mayger Duarte Gómez, actuando en
nombre propio, formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, al trabajo y al mínimo vital,
en conexidad con el acceso a la administración de justicia; que consideró vulnerados
2
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-00009-01
Accionante: Walther Mayger Duarte Gómez
Acción de tutela–Segunda Instancia
por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Barrancabermeja, al haber
proferido el auto del 19 de diciembre de 2025, dentro del proceso de nulidad simple1,
mediante la cual se decretó la medida cautelar de suspensión provisional de los
efectos jurídicos del Decreto 663 del 13 de noviembre de 2025, pese a que el proceso
de convocatoria para la conformación del banco de hojas de vida ya había culminado
con la expedición del Decreto 729 del 16 de diciembre de 2025 mediante el cual se
realizó la designación de los jefes de control interno del Distrito de Barrancabermeja.
En virtud del amparo, la parte accionante solicita textualmente:
«Se amparen mis derechos al Debido proceso, al acceso en condiciones de igualdad
a la justicia, el Derecho al Trabajo y el Derecho al Mínimo vital por lo ya expuesto y
se deje sin efectos auto que resuelve medida cautelar del 19 de diciembre de 2025
expedido por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BARRANCABERMEJA dentro del proceso con radicado de expediente
680813333003-2025-00195-00 que resolvió:
“(...)
Segundo. Decretar la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos
jurídicos del Decreto 663 del 13 de noviembre de 2025, suscrito por Ingrid Julieth
Armesto Salgado, en condición de alcaldesa encargada del Distrito Especial de
Barrancabermeja, «por medio del cual se apertura la convocatoria para conformar el
banco de hojas de vida de quienes aspiren a ocupar los cargos de jefes de control
interno de la administración central del Distrito de Barrancabermeja y de sus
entidades descentralizadas», en virtud de los argumentos esbozados en la parte
considerativa de esta providencia,
Solicito vigilancia en el proceso de nulidad, dados loe hechos y situaciones que he
mencionado con antelación y que conllevaron a la decisión tomada por el Juez
Tercero Administrativo de Barrancabermeja.»
2. Hechos relevantes
En el Distrito Especial de Barrancabermeja, mientras el alcalde Jonathan Stivel
Vásquez Gómez se encontraba en vacaciones asumió como alcaldesa encargada
Ingrid Julieth Armesto Salgado. En ejercicio de dicha calidad, expidió el Decreto No.
663 del 13 de noviembre de 2025, mediante el cual dio apertura a la convocatoria
1
Procedo identificado con el Radicado: 68081-33-33-003-2025-00195-00.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-00009-01
Accionante: Walther Mayger Duarte Gómez
Acción de tutela–Segunda Instancia
para la conformación del banco de hojas de vida de aspirantes a ocupar los cargos
de jefes de control interno.
Sin embargo, el ciudadano Jonnathan Galvis Álvarez, demandó la nulidad de ese
acto administrativo, al considerar que el alcalde no se encontraba en vacaciones sino
suspendido del cargo, y que, en consecuencia, la alcaldesa encargada carecía de
competencia para expedir dicho acto. En el marco de dicha demanda, solicitó la
adopción de una medida cautelar.
El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Barrancabermeja notificó al Distrito
de Barrancabermeja de la solicitud de la medida cautelar, con el fin de que se
pronunciara sobre la misma.
No obstante, en el Distrito de Barrancabermeja continuó con el desarrollo de la
convocatoria, y el alcalde que se encontraba suspendido fue reintegrado por orden
del Tribunal Administrativo de Santander. Una vez reincorporado al cargo, expidió el
Decreto 729 del 16 de diciembre de 2025, mediante el cual procedió a nombrar a los
jefes de control interno, entre ellos, a Walther Mayger Duarte Gómez.
Posteriormente, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Barrancabermeja,
mediante auto del 19 de diciembre de 2025, decretó la medida cautelar de
suspensión provisional de los efectos jurídicos del Decreto 663 del 13 de noviembre
de 2025, suscrito por Ingrid Julieth Armesto salgado, en condición de alcaldesa
encargada del Distrito Especial de Barrancabermeja, al considerar que dicho acto
fue expedido por una funcionaria que carecía de competencia para ello, toda vez que
la convocatoria fue proferida con posterioridad a la finalización del periodo de
vacaciones del alcalde titular y en un contexto en el que este se encontraba
suspendido, situación en la cual no era jurídicamente procedente el encargo de
funciones en un secretario de despacho.
El auto del 19 de diciembre de 2025, que decretó la medida cautelar, dio lugar a la
interposición de la acción de tutela por parte del señor Duarte Gómez.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-00009-01
Accionante: Walther Mayger Duarte Gómez
Acción de tutela–Segunda Instancia
3. Fundamentos de la tutela
La parte accionante sostuvo que la providencia cuestionada incurrió en errores de
hecho y de derecho, al decretar la suspensión provisional de los efectos jurídicos del
Decreto 663 del 13 de noviembre de 2025, pese a que, como lo advirtió el propio
despacho, «la suspensión provisional de un acto administrativo exige un grado de
certeza suficiente sobre la vulneración de las normas superiores invocadas», lo cual
“no puede sustentarse en conjeturas o hipótesis».
En su criterio, la autoridad judicial desconoció que existía «ausencia de elementos
probatorios que acrediten de manera clara la falta de competencia» y omitió valorar
que el Distrito informó previamente que la convocatoria había culminado con la
expedición del Decreto 729 de 2025, configurándose un hecho superado.
Afirma además que la decisión se adoptó sin vincular a los terceros directamente
afectados y en contradicción con lo resuelto frente al Decreto 592 de 2025, respecto
del cual el despacho concluyó que no se encuentran reunidos los presupuestos
necesarios para decretar la medida cautelar».
Finalmente, sostiene que se configuró un desconocimiento del precedente del
Consejo de Estado, al equiparar el proceso de designación de jefes de control interno
a un concurso de méritos, pese a que se trata de un proceso de selección con
criterios objetivos en el que subsiste la facultad discrecional del nominador.
4. Trámite de primera instancia
El 15 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo de Santander, admitió la acción
de tutela 2 y ordenó su notificación por el medio más expedito y eficaz a dichas
autoridades judiciales. Asimismo, dispuso la vinculación al trámite del Distrito
Especial de Barrancabermeja y al señor Jonnathan Galvis Álvarez, como terceros
2
SAMAI, índice 2. Archivo: 2ED_Admite(.pdf) NroActua 2
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-00009-01
Accionante: Walther Mayger Duarte Gómez
Acción de tutela–Segunda Instancia
con interés en las resultas del proceso, solicitó a la autoridad accionada informar
acerca de los hechos de la demanda y aportar las pruebas que reposen en su poder
y negó la medida provisional solicitada.
En su escrito de contestación 3, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Barrancabermeja manifestó que, contrario a lo afirmado por el accionante, el artículo
223 del CPACA admite la coadyuvancia de cualquier persona en los procesos de
simple nulidad, y que pretender atacar una providencia sin agotar la «presentación
de coadyuvancia y recurso de apelación contra el auto que decreta la medida
cautelar» desvirtúa el requisito de subsidiaridad. En tal sentido, indicó que no existe
ninguna justificación para dejar de hacer uso de los mecanismos ordinarios para
atacar la decisión reprochada. Agregó que tampoco es cierto que la medida cautelar
pierda su naturaleza, pues de la simple contrastación de las normas invocadas y el
acto administrativo surge la vulneración, y que resulta desacertado alegar
vulneración al debido proceso por falta de vinculación en un medio de control de
nulidad de acto general. Finalmente, precisó que la medida fue resuelta dentro de la
oportunidad del artículo 233 del CPACA, que no se evidencia perjuicio irremediable
y que la decisión no se fundó en conjeturas, sino que resultó tan palmaria la falta de
competencia.
Por su parte, el Distrito Especial de Barrancabermeja contestó 4 la demanda y
solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva y se le excluya
del trámite, al considerar que el Distrito no es la autoridad responsable de la decisión
cuestionada ni tiene competencia para modificarla, revocarla o dejarla sin efectos.
El 29 de enero 20265, el Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia de
primera instancia, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela
promovida por Walther Mayger Duarte Gómez contra el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Barrancabermeja, al concluir que no se cumplían los
requisitos de subsidiariedad y legitimación en la causa por activa. Frente a la
3
SAMAI, índice de 11 primera instancia.
4
SAMAI, índice de 12 primera instancia.
5
SAMAI, índice 2. Archivo: 8ED_Sentencia(.pdf) NroActua 2
6
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-00009-01
Accionante: Walther Mayger Duarte Gómez
Acción de tutela–Segunda Instancia
legitimación, señaló que el señor Walther Mayger Duarte Gómez no ostenta la
calidad de sujeto procesal dentro del medio de control de nulidad, en el cual se
profirió la decisión judicial que se cuestiona por vía de tutela. En consecuencia,
carece de interés directo y particular para promover el mecanismo de amparo con el
propósito de controvertir el auto del 19 de diciembre de 2025, mediante el cual se
decretó la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos jurídicos del
Decreto 663 del 13 de noviembre de 2025. Adicionalmente, frente a la
subsidiariedad, la Sala precisó que el medio de control de nulidad constituye el
escenario idóneo para debatir la legalidad de los actos administrativos de carácter
general, conforme a lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, y que,
en el marco de dicho trámite, el ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de
intervención de terceros a través de la figura de la coadyuvancia, en los términos del
artículo 223 ibidem.
La parte accionante impugnó la decisión 6, argumentando que el fallo de primera
instancia erró al declarar la improcedencia de la tutela y carece de las condiciones
necesarias a la sentencia congruente, por cuanto, en su criterio, no se ajusta a los
hechos, antecedentes que motivaron la tutela y el derecho impetrado,
configurándose un error de hecho y derecho. Asimismo, sostuvo que el Tribunal se
negó a cumplir el mandato legal de garantizar el pleno goce de sus derechos y que
existe una errónea interpretación de los principios que rigen la acción de tutela. De
igual forma, indicó que el juez incurrió en una conducta omisiva frente al análisis de
subsidiariedad, al considerar que debía acudir a los medios de control de lo
contencioso administrativo, desconociendo que estos no resultan ser los más
expeditos y que la existencia de una medida cautelar no evita el perjuicio
irremediable. Agregó que no se observó la ausencia de respuesta de fondo frente a
las actas de evaluación, lo cual le impide ejercer adecuadamente su defensa, y
cuestionó que se negara su afectación por no ser sujeto procesal, señalando que la
decisión recae directamente sobre su cargo y nombramiento.
6
SAMAI, índice 2. Archivo: 7ED_Impugnación(.pdf) NroActua 2
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-00009-01
Accionante: Walther Mayger Duarte Gómez
Acción de tutela–Segunda Instancia
Finalmente, el 12 de febrero de 20267 se concedió la impugnación.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
del 29 de enero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que
declaró improcedente la acción de tutela por falta de subsidiariedad y legitimación en
la causa por activa.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Nacional y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de
primera instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2020 de la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental 8. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la acción de tutela
señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción
7
SAMAI, índice 2. Archivo: 5ED_Concedeimpugnación(.pdf) NroActua 2
8 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
8
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-00009-01
Accionante: Walther Mayger Duarte Gómez
Acción de tutela–Segunda Instancia
de tutela9.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.
Subsidiariedad y legitimación en la causa por activa
El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución y el artículo 6.1 del Decreto 2591
de 1991 prevén que la acción de tutela no procede cuando existan otros recursos o
medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. La jurisprudencia constitucional ha precisado que
esta regla tiene dos excepciones: i) el empleo de la acción de tutela como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o ii) cuando los medios de defensa
no sean idóneos ni eficaces para superar la amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales invocados 10.
Este requisito general de las acciones de tutela se hace más exigente cuando el
objeto de la acción es una providencia judicial. Así, se ha establecido que los
recursos judiciales ordinarios y extraordinarios son, por regla general, las vías
legítimas de defensa y reconocimiento de derechos fundamentales 11.
La Corte Constitucional ha precisado que la acción de tutela es improcedente para
cuestionar actuaciones judiciales bajo trámite, ya que se cuenta con la posibilidad de
9 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
10Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, C.P. Cristina Pardo Schlesinger.
11Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; se citan, entre otras, las
sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de
2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo
Schlesinger.
9
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-00009-01
Accionante: Walther Mayger Duarte Gómez
Acción de tutela–Segunda Instancia
agotar los medios de defensa previstos en el ordenamiento, salvo que esos
mecanismos no existan o se pretenda evitar un perjuicio irremediable 12. La Corte
Constitucional, en sentencia SU-062 de 2018, estableció las razones principales que
refuerzan el requisito de subsidiariedad en tutelas contra providencias judiciales:
«En primer lugar, las sentencias son decisiones emanadas de un juez que recibió el
encargo constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción
determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e independencia (…). [L]a
acción de tutela que no es presentada con apego estricto al principio de
subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de acuerdo con la cual, una
persona sólo puede ser procesada por su juez natural.
En segundo lugar, las etapas, el procedimiento y los recursos que conforman un
proceso son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales de los
asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido
proceso de manera que no es admisible que el afectado alegue la vulneración o
amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus
derechos dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha
dotado de todas las herramientas necesarias para corregir durante su trámite las
irregularidades procesales que puedan afectarle.
Y la última razón es que la acción de tutela contra providencias judiciales no pretende
sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido definidos, o están
pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el principio de
subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra instancia u otro recurso
de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir violaciones a derechos
fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y contra la seguridad jurídica».
Por su parte, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que cualquier persona
vulnerada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción de tutela,
en todo momento y lugar y que el afectado actuará en nombre propio o
representante. De igual forma, establece la agencia en defensa de esos derechos,
cuando el titular no esté en condiciones de formular el amparo, circunstancia que
deberá manifestar el agente en la solicitud.
Caso concreto
12
Corte Constitucional, sentencia SU-695 de 2015, C.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
10
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-00009-01
Accionante: Walther Mayger Duarte Gómez
Acción de tutela–Segunda Instancia
El señor Walther Mayger Duarte Gómez promovió acción de tutela contra el auto del
19 de diciembre de 2025, proferido por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
de Barrancabermeja, al considerar que dicha providencia vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, la igualdad, al trabajo y al mínimo vital, en
conexidad con el acceso a la administración de justicia.
Sin embargo, la Sala advierte que la acción de tutela interpuesta no satisface los
requisitos de procedencia previstos para esta acción judicial de lo contencioso
constitucional frente a providencias judiciales. En efecto, se constató que la
providencia cuestionada se adoptó dentro del medio de control de nulidad simple con
Radicado No. 68081-33-33-003-2025-00195-00, trámite que actualmente se
encuentra en curso y bajo la dirección del juez natural, por lo tanto, ese es el
escenario en el cual deben ventilarse y mencionarse las inconformidades
relacionadas con la legalidad el acto administrativo y las decisiones que se adopten
en relación con el mismo.
Adicionalmente, se observa que, el ordenamiento jurídico prevé herramientas
procesales que permiten la intervención de terceros interesados dentro del medio de
control de nulidad. El artículo 223 de la Ley 1437 de 2011 dispone que:
«En los procesos que se tramiten con ocasión de pretensiones de simple nulidad,
desde la admisión de la demanda y hasta en la audiencia inicial, cualquier persona
podrá pedir que se la tenga como coadyuvante del demandante o del demandado.
El coadyuvante podrá independientemente efectuar todos los actos procesales
permitidos a la parte a la que ayuda, en cuanto no esté en oposición con los de esta.
Antes del vencimiento del término para aclarar, reformar o modificar la demanda,
cualquier persona podrá intervenir para formular nuevos cargos o para solicitar que
la anulación se extienda a otras disposiciones del mismo acto, caso en el cual se
surtirán los mismos traslados ordenados para la reforma de la demanda principal».
En consecuencia, el accionante contaba con un mecanismo específico para
intervenir en el trámite ordinario y exponer sus argumentos ante el juez competente,
sin que resulte procedente acudir a la acción de tutela como vía alternativa.
11
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-00009-01
Accionante: Walther Mayger Duarte Gómez
Acción de tutela–Segunda Instancia
De otra parte, no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que justificara
el amparo como mecanismo transitorio. El actor tuvo a su disposición las figuras y
medios previstos por la ley, sin que se demostrara una afectación grave y actual de
sus derechos fundamentales que hiciera procedente la intervención del juez
constitucional.
Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad
judicial accionada, resulta improcedente que el juez constitucional reevalúe las
decisiones adoptadas en el trámite ordinario, frente a las cuales se prevén, en el
ordenamiento jurídico, figuras procesales para contradecir. La acción de tutela no
constituye una instancia adicional para controvertir decisiones judiciales adoptadas
dentro de un proceso ordinario ni está prevista para desconocer la autonomía
funcional de los jueces en la aplicación del ordenamiento jurídico.
En segundo lugar, en relación con el requisito de legitimación en la causa por activa,
la Sala comparte y acoge las consideraciones expuestas por el Tribunal de primera
instancia, en tanto resultan plenamente aplicables al caso concreto:
«La H. Corte Constitucional, ha afirmado que el requisito de legitimación por activa
consiste en la «titularidad para promover la acción, con el cual se busca garantizar
que la persona que acude a la acción de tutela tenga un interés directo y particular
respecto de la solicitud de amparo que eleva ante el juez constitucional, de manera
que pueda establecerse sin dificultad, que lo reclamado es la protección de un
derecho fundamental del propio demandante y no de otro”. Por tanto, el referido
requisito “exige que la tutela sea presentada por quien tenga un interés cierto, directo
y particular en la solución de la controversia»2
Al respecto, el H. Consejo de Estado, ha señalado:
«(…) Sobre el particular, cabe indicar que los únicos legitimados para promover el
mecanismo de amparo con el objeto de cuestionar una actuación u omisión dentro
de un proceso judicial, son los sujetos procesales del proceso que se cuestiona por
vía de tutela, ya que ellos serían los eventualmente afectados y quienes tendrían el
interés de que el juez constitucional proteja sus derechos fundamentales.13 negrilla
fuera de texto.
13
Cita de la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander: «Consejo de Estado, Sala de lo contencioso
Administrativo Sección Primera, Radicación: 11001-03-15-000-2025-01536-01, sentencia segunda instancia
acción de tutela fecha 21.11.2025, C.P. Dr. Pablo Andrés Acosta».
12
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-00009-01
Accionante: Walther Mayger Duarte Gómez
Acción de tutela–Segunda Instancia
En el presente caso, advierte la Sala que mediante la acción de tutela de la referencia
se pretende dejar sin efectos el auto proferido el 19 de diciembre de 2025, mediante
el cual se decretó la medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los
efectos jurídicos del Decreto 663 del 13 de noviembre de 2025, dentro del medio de
control de nulidad radicado bajo el No. 80813333003-2025-00195-00.
No obstante, revisadas las piezas procesales que integran el expediente digital, la
Sala observa que dentro del medio de control que origina la presente controversia el
accionante no ostenta la calidad de sujeto procesal. De ahí que el señor Walther
Mayger Duarte Gómez carezca de legitimación en la causa por activa para promover,
en nombre propio, el mecanismo de amparo, con el propósito de cuestionar la
providencia referida».
Así las cosas, la Sala habrá de confirmar la sentencia del 29 de enero de 2026,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que declaró improcedente la
acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de enero de 2026 por el
Tribunal Administrativo de Santander, que declaró improcedente la acción de tutela,
por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
13
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-00009-01
Accionante: Walther Mayger Duarte Gómez
Acción de tutela–Segunda Instancia
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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NICOLÁS YEPES CORRALES
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
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