Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03929-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03929-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03929-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
24 de julio de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03929-00
Demandante: Nancy Hinestroza Viola y otra
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C, veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03929-00
Demandantes: NANCY HINESTROZA VIOLA Y MARÍA DE JESÚS BLANCO
HINESTROZA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR Y JUZGADO
OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
CARTAGENA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Reconocimiento de pensión de
sobrevivientes. Requisito general de inmediatez
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por las señoras Nancy Hinestroza Viola y María de Jesús Blanco
Hinestroza, quienes actúan en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de
Bolívar y el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 20 de junio de 2025, la parte actora solicitó al juez constitucional la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad
y de acceso a la administración de justicia presuntamente vulnerados por las
autoridades judiciales accionadas.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERO: Que se tutelen nuestros derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, ACCESO
A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, JUEZ NATURAL e IGUALDAD.
SEGUNDO: Solicitó que, como consecuencia del amparo decretado, se dejen sin efecto todas las
sentencias surtidas en el proceso judicial y se disponga ordenar a los despachos judiciales realizar
nueva sentencia teniendo en cuenta la dirección jurídica que este despacho disponga”.
2. Hechos
Las accionantes relataron que el 7 de octubre de 1989, la señora Nancy Hinestroza
Viola y el señor Edilberto Blanco Cortes contrajeron matrimonio y que de este
nacieron sus hijos Edil, Alexander, Irekcy y María de Jesús Blanco Hinestroza.
1
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Demandante: Nancy Hinestroza Viola y otra
Afirmaron que el señor Edilberto Blanco Cortes laboró como docente oficial y que
falleció el 20 de octubre de 1998. Por consiguiente, solicitaron el reconocimiento y
pago de la pensión de sobrevivientes, con fundamento en el régimen general de
pensiones (Ley 100 de 1993), por resultar más favorable, ante la Secretaría de
Educación Distrital de Cartagena, quien la negó mediante Resoluciones No. 8900
de 14 de diciembre de 2018 y 0767 de 6 de febrero de 2019.
Indicaron que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento de
derecho, presentaron demanda contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de que se
anularan las Resoluciones No. 8900 de 14 de diciembre de 2018 y 0767 de 6 de
febrero de 2019 y, en consecuencia, se le reconociera y pagara la pensión de
sobrevivientes por el fallecimiento del señor Edilberto Blanco Cortes.
Sostuvieron que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena en
sentencia de 10 de junio de 2021, negó las pretensiones de la demanda, pues si
bien el asunto se abordó a partir de lo regulado en la Ley 100 de 1993, lo cierto es
que no se demostró la convivencia no menor a 2 años entre la señora Nancy
Hinestroza Viola y el señor Edilberto Blanco Cortes. Igualmente, respecto a la
señora María de Jesús Blanco Hinestroza se evidenció que al momento en que se
radicó la solicitud del reconocimiento de la prestación era mayor de edad y no
demostró la condición de invalidez que alegó en la demanda.
Finalmente, manifestaron que contra la anterior decisión interpusieron recurso de
apelación. El Tribunal Administrativo de Bolívar en fallo de 31 de agosto de 2023,
la confirmó íntegramente, bajo el argumento de que si bien el hecho de haber
procreado hijos entre el cónyuge sobreviviente o compañero permanente con el
causante lo relevaba de acreditar la convivencia de 2 años seguidos, también lo es
que debía, en todo caso, “acreditar que convivía con el pensionado al momento de
su muerte” y que hizo vida marital con él desde el momento en que tuvo derecho a
la pensión, aspectos que no fueron acreditados y que fueron analizados a partir del
régimen general de pensiones en virtud del principio de favorabilidad. Además, que
en lo relacionado con la señora Blanco Hinestroza no acreditó la condición de
invalidez.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora aseguró que la acción de tutela cumple con los requisitos generales
de procedencia, para lo cual frente a la inmediatez, señaló que “la providencia
judicial emanada del H. Tribunal Administrativo de Bolívar, sala de decisión No.
003, con la sentencia No. 54/2023 del 31 de agosto, nos fue notificada por
intermedio del correo electrónico de nuestro apoderado en forma incompleta el día
12 de diciembre de 2024, posteriormente, el día 13 de enero de 2025, le fue
notificado el Salvamento de Voto del magistrado MOISÉS RODRÍGUEZ PÉREZ,
conjuntamente con la sentencia referenciada, entendiéndose así surtida la
notificación en legal forma en esta última fecha”.
Afirmó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto
procedimental absoluto, toda vez que omitieron que la convivencia se suple con
la procreación de uno o más hijos, dentro del término de los 2 años anteriores a la
muerte del causante según lo señalado en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, lo
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cual se ha desarrollado en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia
(sentencias del 22 de noviembre de 2006, radicación 26566, 19 de septiembre de
2007, radicación 31586, 16 de diciembre de 2008, radicación 33003 y 12 de agosto
de 2009, radicación 36579).
Resaltó que del registro civil de nacimiento aportado de María de Jesús Blanco
Hinestroza, hija del causante, se demostró que nació 9 meses y 27 días antes del
fallecimiento del causante, lo que permite concluir que la señora Nancy Hinestroza
Viola es beneficiaria de la disposición mencionada en el párrafo anterior.
Agregó que “la sentencia SU453-2019 la Corte Constitucional y la jurisprudencia de
la Corte Suprema de Justicia, estableció que para el reconocimiento de la pensión
de sobreviviente en el caso de la cónyuge solo es necesario que demuestre haber
convivido 5 años o más, en cualquier época del requisito de la convivencia en el
caso de existir separación, en el presente caso, no hay arrojo de pruebas existente
que indique en forma alguna que los cónyuges se separaron en ninguna época, por
lo que correspondía el reconocimiento del derecho a la pensión de sobreviviente”.
Luego, sostuvo que en las sentencias objetadas se incurrió en el defecto fáctico,
en tanto las autoridades judiciales accionadas carecieron de apoyo probatorio para
afirmar que no se demostró la convivencia.
Finalmente, mencionó que se incurrió en violación directa de la Constitución,
toda vez que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia.
4. Trámite procesal
Por auto de 26 de junio de 2025, el magistrado sustanciador admitió la demanda
de tutela y ordenó notificar a las accionantes y a las autoridades judiciales
accionadas. Asimismo, a la Nación, Ministerio de Educación Nacional y Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como terceros interesados en el
resultado del proceso. De igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 90946 a 90950 de
3 de julio de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.
5. Oposición
5.1. Respuesta del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena
El titular del despacho solicitó que se declare la improcedencia de la acción de
tutela, toda vez que no cumple con el requisito de la inmediatez.
Agregó que la acción de tutela es un mecanismo residual y subsidiario que no
puede invocarse previamente, de forma paralela o complementaria a los
mecanismos ordinarios o extraordinarios, ni como una tercera instancia, ni para
revivir términos cuando la parte interesada ha dejado fenecer los términos para
presentar las reclamaciones administrativas o interponer los recursos de ley, ni con
desconocimiento del principio de inmediatez.
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5.2. Respuesta del Ministerio de Educación Nacional
La jefe encargada de la Oficina Asesora Jurídica pidió que se declare la
improcedencia de la acción de tutela y se desvincule a la cartera ministerial por falta
de legitimación en la causa por pasiva.
Sostuvo que en el caso en concreto no se evidencia violación alguna de los
derechos de las accionantes, toda vez que la solicitud de amparo resulta
improcedente.
Finalmente, mencionó que no es la entidad llamada a responder por las
pretensiones de la acción de tutela, para lo cual realizó un desarrollo extenso del
marco normativo que regula las competencias de la cartera ministerial.
5.3. Respuesta de la Fiduprevisora
La jefe de la dependencia Gerencia Jurídica de Negocios Especiales solicitó que
se declare la improcedencia de la acción de tutela y se desvincule por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
5.4. El Tribunal Administrativo de Bolívar, a pesar de que se le notificó en debida
forma el auto admisorio, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Cuestión preliminar
El Ministerio de Educación Nacional y la Fiduprevisora solicitaron que se
desvincularan de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto
2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que
al estudiar la falta de legitimación en la casa por pasiva ha explicado que este
requisito “hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la
acción, de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte
demostrada” 1.
1
Sentencia T-005 de 2022.
4
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En ese orden de ideas, la Sala negará las solicitudes de desvinculación, porque las
dos entidades ostentan interés directo en el asunto, pues fueron parte demandada
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó la accionante.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Cartagena vulneraron los derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración
de justicia de las demandantes.
4. Requisito de la inmediatez como presupuesto general de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política establece que “toda persona tendrá acción
de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”. Ahora bien, aun
cuando la Carta Política hace uso de la expresión “en todo momento y lugar”, lo que
podría dar a entender que la acción de amparo puede solicitarse en cualquier
tiempo, sin importar la urgencia, ni la relevancia de los derechos vulnerados, lo
único cierto es que se trata de un requisito que se debe valorar en cada caso
concreto.
Sin embargo, la Corte Constitucional2 ha señalado que si bien no es posible
establecer un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela,
ésta no puede presentarse en cualquier tiempo y por lo tanto debe existir un término
razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos
fundamentales del actor y la presentación de la demanda, en la medida en que la
naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino
también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros
afectados.
En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no
un término de caducidad. Justamente, porque la acción de tutela es un medio
excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en
un tiempo prudencial. Por ello, el presupuesto de la inmediatez constituye un
requisito para habilitar el estudio de fondo de la acción de tutela, pues se evita “el
uso de este mecanismo constitucional como herramienta que consienta la negligencia o
indiferencia de los actores, o que propicie la inseguridad jurídica.” 3
2
Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
3
Ibídem.
5
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La jurisprudencia constitucional ha identificado cinco criterios orientadores para que
el juez de tutela pueda determinar4, en cada caso, si se ha cumplido con el requisito
de la inmediatez. Tales criterios se precisaron en la sentencia SU-391 de 20165,
así: “(i) La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación personal del
peticionario, pues en determinados casos esta hace desproporcionada la exigencia de
presentar la acción de tutela en un término breve; (ii) El momento en el que se produce la
vulneración: pueden existir casos de vulneraciones permanentes a los derechos
fundamentales. En estos casos, para analizar la inmediatez el juez de tutela no debe contar
el término desde el momento en el que la vulneración o amenaza inició hasta la fecha de
presentación de la tutela, sino que debe tomar en cuenta el tiempo por el que esta se
prolongó; (iii) La naturaleza de la vulneración: existen casos donde se presenta un nexo
causal entre el ejercicio inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de los derechos
de los interesados. De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si la demora en la
presentación de la tutela guarda relación con la situación de vulneración de derechos
fundamentales que alega el peticionario; (iv) La actuación contra la que se dirige la tutela: la
jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la inmediatez puede variar
dependiendo de la actuación que se identifica como vulneratoria de los derechos invocados
en la tutela. Específicamente, ha señalado que este análisis debe ser más estricto
tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales y (v) Los efectos de la
tutela: la Corte ha considerado que, aún si se encuentra un motivo que justifique la demora
en la interposición de la tutela, el juez debe tener en cuenta los efectos que esta tendría en
los derechos de terceros si se declarara procedente”6.
En igual sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-372 de 2024, reiteró los
anteriores criterios para analizar las particulares de cada caso en torno a la
presentación de la acción de tutela dentro de un término oportuno y recordó que no
toda manifestación de una circunstancia especial habilita la procedencia del
mecanismo constitucional, puesto que no basta con la simple afirmación de que el
interesado no pudo ejercer la solicitud de amparo en un plazo razonable. Al
respecto, sostuvo que “pretender establecer la inmediatez a partir de un hito diferente al
de la fecha de la sentencia de condena y su notificación, como es la respuesta negativa a
una solicitud de libertad, como lo hace el actor, carece de justificación, pues lo que pretende
cuestionarse es la condena y no la negativa de la libertad”.
Específicamente, en torno a la verificación de este presupuesto cuando la tutela
que se analiza está dirigida contra una providencia judicial, la Sala Plena de esta
Corporación mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 7 estableció,
como regla general, que el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo
máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de la sentencia o
providencia objeto de reproche constitucional, límite temporal que también ha sido
acogido por la Corte Constitucional8.
5. Estudio y solución del caso concreto
Las señoras Nancy Hinestroza Viola y María de Jesús Blanco Hinestroza, quienes
actúan en nombre propio, presentaron acción de tutela con el objeto de que el juez
4
Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU 391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia T-246 de 2015
M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño, sentencia T-158 de 2006 M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
5
Corte Constitucional. M. P. Alejandro Linares Cantillo.
6
Ibídem.
7
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
8
T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-619 de 2019, M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
6
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constitucional proteja sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia,
supuestamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena, porque en el curso del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó contra la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio se negaron las pretensiones tendientes al reconocimiento y pago de una
pensión de sobreviviente.
En atención a que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena en
el escrito de contestación indicó que la solicitud de amparo no cumple con el
requisito de la inmediatez, la Sala procederá a su verificación.
Conforme da cuenta el Sistema para la Gestión Judicial SAMAI9, la sentencia de 31
de agosto de 2023 emanada del Tribunal Administrativo de Bolívar se notificó a las
partes mediante correo electrónico el 12 de diciembre de 202410, fecha a partir
de la cual se verificará el cumplimiento del requisito de inmediatez.
Como se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión, el artículo 86 de
la Constitución precisa que la acción de tutela debe procurar la protección inmediata
de los derechos fundamentales, cuando quiera que resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública. Si bien, la misma
disposición establece que se podrá hacer uso de este mecanismo constitucional en
todo momento, ello no implica que no se deba interponer dentro de un plazo
razonable, pues ello está en consonancia con los principios de seguridad jurídica y
cosa juzgadas, los cuales, prima facie, se deben resguardar.
Como la solicitud de amparo fue promovida el 20 de junio de 202511, transcurrieron
seis (6) meses y tres (3) días entre el momento de la notificación de la sentencia
de segunda instancia dictada en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho y el de la interposición de la acción constitucional, término que excede
el límite razonable establecido jurisprudencialmente por la Sala Plena de esta
Corporación, como regla general, acogido igualmente por la Corte Constitucional.
Sobre el particular, cabe resaltar que la Corte Constitucional en diferentes
decisiones ha ratificado la posición jurisprudencial de esta Corporación, al indicar
que el plazo razonable para interponer la acción de tutela, si bien no es un término
fijo e inflexible, puede entenderse como un periodo prudencial de seis (6) meses,
el cual debe analizarse en general, “en relación con el hecho generador de la tutela, las
12
condiciones del accionante y los derechos que subyacen en la pretensión” , respecto del
cual ha precisado “que (…) ha entendido que seis meses es un plazo razonable para
satisfacer el requisito de inmediatez sin que ello signifique que dicho término es
13
perentorio” .
9
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=130013333008201900119011300123. Índice
00011.
10 Se entiende notificada el 16 de diciembre de 2024, en virtud de lo dispuesto en el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011,
modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021.
11
Acta individual de reparto.
12
Sentencia T-422 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
13
Sentencia T-338 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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En ese mismo sentido, en la sentencia T-619 de 2019, la Corte estimó que “el juez
debe ser muy cuidadoso en la constatación de este requisito por estar en riesgo la
seguridad jurídica y, aunque se ha destacado un periodo determinado (6 meses), lo cierto
es que también se ha extendido dicho lapso, pues para su fijación se debe acudir a criterios
como el de razonabilidad y proporcionalidad en cuya valoración le corresponde al juez tener
14
en cuenta las circunstancias que caractericen al caso concreto” .
Es cierto que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al juez a
concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden existir
circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no se haya
presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la
omisión que vulnera el derecho fundamental sean permanentes, persisten en el
tiempo, y hacen que la violación sea siempre actual. Sin embargo, cuando se trata
de cuestionar providencias judiciales la verificación de este presupuesto se torna
aún más exigente, por lo que no cualquier circunstancia lo excepcionaría cuando
se ha superado el plazo razonable de los seis meses, sino que en cada caso
concreto se deberá efectuar su estudio, siempre con el norte de preservar prima
facie los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
En el presente caso, no se presentaron circunstancias especiales, aunado al hecho
de que la parte actora aseguró que el 12 de diciembre de 2024 se le notificó por
medios electrónicos la sentencia objetada, sin embargo, resaltó que esta fue
incompleta porque solo hasta el 13 de enero de 2025 fue que conoció el salvamento
de voto de un magistrado que conformó la Sala del Tribunal Administrativo de
Bolívar.
Al respecto, la Sala aclara que el conocimiento del salvamento de voto no puede
se entendido como un parámetro para hacer la verificación del presupuesto de la
oportunidad en la presentación de la solicitud de tutela, en tanto lo importante tal
como se indicó en las consideraciones de esta providencia, es que a la parte
interesada se le notifique la decisión objetada, situación que ocurrió el 12 de
diciembre de 2024, cuando se le remitió por medios electrónicos la sentencia de 31
de agosto de 2023, razón suficiente para concluir que no es procedente, en este
caso concreto, flexibilizar este requisito porque se comprometería la efectividad de
los principios a la seguridad jurídica y cosa juzgada, los que prima facie gozan de
una dimensión de peso mayor.
Así las cosas, la acción de tutela fue presentada con desconocimiento del requisito
de inmediatez y, en esa medida, se debe declarar su improcedencia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
14
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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FALLA
Primero.- Negar las solicitudes de desvinculación formuladas por el Ministerio de
Educación Nacional y la Fiduprevisora.
Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por las señoras
Nancy Hinestroza Viola y María de Jesús Blanco Hinestroza, quienes actúan en
nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Cartagena, por las razones aquí expuestas.
Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MMYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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