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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-03929-01

Fecha
15 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-03929-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Confirmar el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 24 de julio de 2025, que negó las solicitudes de desvinculación formuladas por la Nación, Ministerio de Educación Nacional y FIDUPREVISORA, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Modificar el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 24 de julio de 2025 que declaró improcedente la acción de tutela, para, en su lugar, negar el amparo con fundamento en los motivos consignados en la parte considerativa de esta decisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-03929-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

15 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03929-01
Accionantes: Nancy Hinestroza Viola y María de Jesús Blanco Hinestroza
Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar y Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Cartagena

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho. Sustitución pensional. Subtema 2: inmediatez.
Acreditada. Subtema 3: defectos sustantivo y fáctico.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por Nancy Hinestroza Viola y María de Jesús Blanco
Hinestroza, contra la sentencia proferida el 24 de julio de 2025 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Las señoras Nancy Hinestroza Viola y María de Jesús Blanco Hinestroza, en
nombre propio, el 20 de junio de 2025, presentaron escrito de tutela con la
pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
seguridad social, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, y a la
pensión de sobrevivientes, los cuales consideraron vulnerados por el Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena y el Tribunal Administrativo de
Bolívar, con ocasión de las sentencias proferidas, respectivamente, el 10 de junio
de 2021 y el 31 de agosto de 2023, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho radicado al núm. 13-001-33-33-008-2019-00119-00/01.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03929-01
Accionantes: Nancy Hinestroza Viola y María de Jesús Blanco Hinestroza
Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar y Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1.A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
en el trámite constitucional, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2. Las señoras Nancy Hinestroza Viola y María de Jesús Blanco Hinestroza
radicaron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) con el objeto de reclamar el reconocimiento y pago de la
sustitución pensional, derivada del fallecimiento del señor Edilberto Blanco Cortés.

3. En primera instancia, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Cartagena dictó sentencia el 10 de junio de 2021 en la que negó las pretensiones
de la demanda, toda vez que pese a que está demostrada la condición de cónyuge
no se probó la convivencia de dos años anteriores a la muerte del causante, de ahí
que no se cumplía con lo previsto en el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de
1993. En consecuencia, se presentó un incumplimiento de la carga probatoria en
los términos del artículo 167 del Código General del Proceso (CGP).

4. En particular, la pretensión de reconocimiento a favor de María de Jesús Blanco
Hinestroza, en su condición de hija del fallecido, no tenía vocación de prosperar, en
la medida en que para cuando interpuso solicitud de reconocimiento pensional ya
había adquirido la mayoría de edad y aunque adujo estar en invalidez, no allegó
pruebas que lo demostraran.

5. Inconforme con esta decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación en el que manifestó que la condición de haber procreado un hijo 10
meses antes del fallecimiento del causante sustituía el requisito de convivencia
exigido por el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, de conformidad con
las sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia. Además, destacó que sí
se agotó la reclamación respecto de María de Jesús Blanco Hinestroza.

6.En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Bolívar dictó sentencia del 31 de
agosto de 2023, en la que confirmó la providencia de primera instancia. Sustentó
que era desacertado considerar que el requisito previsto por el artículo 47 de la Ley
100 de 1993, relativo a la convivencia, no se debía acreditar por el supuesto de
haberse procreado hijos.

7.Así, en estos términos, el artículo ibidem sin la modificación introducida por la
Ley 797 de 2003, vigente para cuando falleció el señor Edilberto Blanco Cortés el
20 de marzo de 1998, le exigía al cónyuge que hubiere procreado hijos con el

2

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causante que demostrara: i) que convivió con el pensionado hasta su fallecimiento;
y ii) que hizo unión marital desde cuando el fallecido tuvo derecho a percibir la
pensión. Por ende, el hecho de haber procreado hijos solo exoneraba al reclamante
de acreditar la convivencia por no menos de dos años continuos anteriores a la
muerte.

8. Tampoco era acertado considerar que se erró al tomar la decisión respecto de
María de Jesús Blanco Hinestroza, ya que para cuando radicó la petición el 28 de
diciembre de 2015 ya había cumplido la mayoría de edad, y si bien se planteó una
invalidez, esta no se demostró. Además, no se probó en el expediente que por su
cuenta, o por conducto de su representante, radicó solicitudes tendientes a obtener
la sustitución pensional, y que estas no fueron contestadas.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

9. La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y, en
consecuencia, dejar sin efectos las sentencias proferidas en el proceso judicial y
dictar una decisión de reemplazo.

10. En sustento, indicó que las sentencias judiciales incurrieron en defecto
procedimental absoluto y fáctico porque inobservaron el literal a) del artículo 47 de
la Ley 100 de 1993 y valoraron de forma irrazonable las pruebas incorporadas al
proceso, en particular, los registros civiles que desacreditaron la convivencia entre
los cónyuges. En este orden, las decisiones, aunque aplicaron la normativa ibidem,
omitieron que esta previó una excepción para casos en que se hubiere procreado
hijos con el fallecido. Por tanto, la convivencia se suple con la procreación como lo
ha precisado la jurisprudencia.

11. En particular, de una verificación del registro civil de nacimiento de María de
Jesús Blanco Hinestroza, era posible concluir que esta nació dentro de los dos años
anteriores al fallecimiento de su padre, motivo por el cual existía legitimación para
reclamar la sustitución pensional. Adicionalmente, según la sentencia SU-453 de
2019 de la Corte Constitucional, el reconocimiento de este derecho a favor de la
cónyuge únicamente exigía la demostración de la convivencia por 5 años o más en
cualquier tiempo, sin que en el presente asunto se haya demostrado que existió
separación entre los cónyuges.

2.3. Trámite procesal

12. El despacho ponente de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante auto
del 26 de junio de 20251, admitió la acción de tutela de la referencia, vinculó a la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG, tuvo como pruebas las aportadas

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03929-00, índice 4.

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Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena

con el escrito de demanda y decretó como tal el envío de la copia del expediente
ordinario.

13. El Tribunal Administrativo de Bolívar remitió copia del enlace del expediente
ordinario2 y posteriormente rindió informe en el cual manifestó que la solicitud de
amparo no superó el requisito de inmediatez porque se interpuso pasados 6 meses
de notificada la decisión tutelada. Igualmente, adujo que la parte accionante planteó
un debate meramente legal en el que cuestionó la interpretación de los jueces
ordinarios sin especificar las razones de la vulneración de sus derechos. Así, pidió
declarar improcedente el amparo y, en su defecto, negarlo3.

14. En igual sentido, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena
realizó lo pertinente e indicó que en el presente asunto la actora podía agotar el
recurso de revisión. Adicionalmente, el amparo no satisfacía el requisito de
inmediatez en la medida en que la posibilidad de reclamar la pensión expiró el 20
de marzo de 1998, al momento del fallecimiento del causante. Bajo este entendido,
la ausencia de un perjuicio irremediable permitía declarar improcedente esta acción
constitucional4.

15. Por su parte, la Nación, Ministerio de Educación Nacional rindió informe de
contestación en el que afirmó que no se cumplía con el requisito de relevancia
constitucional ya que la controversia era meramente económica. Adicionalmente,
indicó que no es la entidad llamada a responder por la vulneración alegada. En ente
orden, pidió declarar improcedente el amparo y disponer su desvinculación de este
trámite constitucional5.

16. Finalmente, la FIDUPREVISORA alegó su falta de legitimación en la causa por
pasiva, al considerar que la acción de tutela se dirigió contra las providencias
judiciales, de ahí que no se podía establecer una relación con la entidad. Por
consiguiente, pidió que se declarara improcedente el amparo y se procediera a su
desvinculación6.

2.4. Sentencia de primera instancia

17. La Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia el 24 de julio de 2025
en la que declaró improcedente la acción de tutela por no superar el requisito
general de inmediatez, en la medida en que la sentencia proferida por el Tribunal
2 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03929-00, índice 9.
3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03929-00, índice 18, 39264AFE05A7C887 09C5919FCCA0A079
3F10DBBCC142A62F 68881AE0DBAE4875.
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03929-00, índice 12, D085D1D5DF463AE5 7B227E7A09F967E1

7A18E5F7336D3106 1DF533B07BAD4533.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03929-00, índice 10, D72A370917ACB9C7 4515812F281227B9
DF172E7213D4FF1E 6CB31CB569A5C37C.
6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03929-00, índice 14, ACEFF99B331C27C0 16119EB7E0DB7CEA

A805C56A339530A4 26CA805D67D429B1.

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Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena

Administrativo de Bolívar del 31 de agosto de 2023 se notificó a las partes a través
de correo electrónico del 12 de diciembre de 2024. No obstante, la solicitud de
amparo se promovió el 20 de junio de 2025, esto es, luego de seis mes y tres días
(sic) desde que se notificó la sentencia de segunda instancia, lo que excede el
término razonable que ha dispuesto la jurisprudencia del Consejo de Estado y de
la Corte Constitucional.

18. Precisó que aunque pueden existir situaciones que justifiquen la tardanza en la
interposición de la acción de tutela, la verificación de este presupuesto es más
estricto cuando se trata de solicitudes presentadas contra providencias judiciales,
de ahí que se deba estudiar cada caso para preservar los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica. En este contexto, manifestó que en el asunto particular
no se presentaron circunstancias especiales, porque pese a que la parte actora
indicó que la sentencia se le notificó el 12 de diciembre de 2024, resaltó que esta
fue incompleta ya que solo hasta el 13 de enero de 2025 conoció el salvamento de
voto presentado por uno de los magistrados integrantes de la Sala del Tribunal
Administrativo de Bolívar.

19. Al respecto, la corporación aclaró que un salvamento de voto no es un parámetro
válido para la verificación del requisito de inmediatez, porque este se computa a
partir de la fecha de notificación de la providencia judicial cuestionada, en este caso
el 12 de diciembre de 2024. En consecuencia, no había lugar a flexibilizar este
presupuesto general de procedibilidad.

20. Finalmente, negó las solicitudes de desvinculación planteadas por la Nación,
Ministerio de Educación Nacional y FIDUPREVISORA, en tanto no fueron demandadas
en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho7.

2.5. Impugnación

21. La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia y refirió que el fallo
del 31 de agosto de 2023 se notificó de forma incompleta, toda vez que solo se le
remitió la providencia el 12 de diciembre de 2024, pero el salvamento de voto hasta
el 13 de enero de 2025. Así las cosas, en los términos del artículo 129 del CPACA
las providencias debían ser firmadas por quienes hubieran intervenido con inclusión
de los disientes. Adicionalmente, el salvamento de voto tenía que suscribirse por el
autor y agregarse al expediente.

22. De este modo, el operador judicial lo colocó en una incertidumbre que justificaba
el término en el que acudió a la administración de justicia, el cual debía contarse
desde el 13 de enero de 2025. En consecuencia, pidió la revocatoria de la sentencia

7 Samai, exp. 1001031500020250392900, índice 21.

5

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impugnada para, en su lugar, tutelar sus derechos fundamentales y dejar sin
efectos todas las sentencias proferidas en el proceso judicial8.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

23. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer la
impugnación interpuesta por las señoras Nancy Hinestroza Viola y María de Jesús
Blanco Hinestroza contra la sentencia proferida el 24 de julio de 2025 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado.

3.2. Cuestión previa

24. Aunque la parte actora alegó que se incurrió en los defectos procedimental
absoluto, fáctico y por violación directa de la Constitución, sus cargos de subsumen
en un defecto sustantivo y en uno fáctico, por lo que así se estudiarán. En igual
sentido, pese a que se cuestionaron ambas decisiones judiciales, la solicitud de
amparo se debe contraer al estudio de la sentencia de segunda instancia que
definió el litigo.

3.3. Legitimación en la causa

25. La legitimación en la causa por activa está acreditada, por cuanto las señoras
Nancy Hinestroza Viola y María de Jesús Blanco Hinestroza fueron demandantes
en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho. En igual sentido,
está acreditada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Cartagena y del Tribunal Administrativo de Bolívar,
en tanto fueron las autoridades que profirieron las providencias tuteladas.

26. LaNación, Ministerio de Educación Nacional y FIDUPREVISORA solicitaron su
desvinculación de este trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, lo
cual no es procedente en tanto fueron vinculadas como terceras con interés. Por
ende, comoquiera que este aspecto fue resuelto en el fallo impugnado, se
confirmará el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia que así lo
dispuso.

3.4. Problema jurídico

27. Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la
sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 24 de julio de
2025 que declaró improcedente la acción de tutela por no superar el requisito

8 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03929-00, índice 26.

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general de inmediatez. En particular, deberá establecer si la solicitud de amparo
satisfizo este presupuesto y los restantes requisitos de procedibilidad. En caso de
que se encuentren demostrados deberá determinar si el Tribunal incurrió en los
defectos sustantivo y fáctico y, en este orden, vulneró los derechos fundamentales
de la parte actora.

3.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
9 y de la Corte Constitucional
28. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional10.

29. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis
y que afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

30. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 11 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras
palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan
la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

31. Deesta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error

9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
10
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
11
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.

7

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inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución12.

3.5.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

32. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional13 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse
de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales el asunto que
entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha
impartido el órgano de cierre sobre la materia.
14 ha fijado unos criterios que deben ser acatados
33. Así pues, la Corte Constitucional
con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso
en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico»15 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de
un derecho fundamental»16;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente
un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de
interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre
un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no
para el interés general; y,
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una
afectación grave de derechos fundamentales.

34. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente razones que
se encuadran en los defectos sustantivo y fáctico, lo cual impidió que se expidiera
una providencia ajustada a derecho.

35. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte
actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.

12
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

8

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36. Asimismo, en punto al requisito de inmediatez, la sentencia del 31 de agosto de
2023 se notificó el 12 de diciembre de 2024, no obstante, esta actuación se entiende
surtida el 16 de diciembre siguiente en los términos del artículo 205 del CPACA, y, por
tanto, la decisión quedó ejecutoriada pasados tres (3) días desde esta comunicación,
al no admitir recursos. En este orden, como la acción de tutela se interpuso el 20 de
junio de 2025, se cumplió con el plazo que prevé la jurisprudencia.

37. Por consiguiente, a diferencia de lo considerado en la sentencia impugnada, en el
caso particular sí se satisfizo el requisito de inmediatez sin que sea necesario entrar
a analizar el ejercicio tardío de la acción. Con todo, se precisa que este cómputo se
inicia a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia del 31 de agosto de 2023,
porque es claro que el salvamento de voto emitido con posterioridad, y comunicado
a las partes el 13 de enero del año en curso, no tiene incidencia en el conteo de este
presupuesto.

38. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera planteado la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en
contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

39. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en
los términos que planteó la parte actora. Para ello, en primer lugar, realizará una
exposición de las generalidades de los defectos específicos invocados; y, en
segundo lugar, analizará el caso concreto.

3.6. Generalidades de los defectos

3.6.1. Defecto sustantivo

40. Conforme lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o, porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado17.

41. De este modo, para que se predique tal defecto es preciso tener en cuenta que la
acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación
17 Corte Constitucional, sentencia T-474 de 2008.

9

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de una norma legal o reglamentaria, ya que los jueces son autónomos para escoger
entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más
acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en el artículo 230 de
la Constitución Política.

42. En este sentido, la Corte ha precisado que la interpretación que hace el juez de
las normas que aplica a un caso concreto, encuentra límite en el carácter normativo
de la Constitución (artículo 4º de la CP), en la obligación de dar eficacia a los
derechos fundamentales (artículo 2º superior), en la primacía de los derechos
humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad contenido en el
derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP), y en la garantía al
acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior)18.

3.6.2. El defecto fáctico

43. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»19. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión20» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa. La dimensión positiva ocurre en aquellos
eventos en los que el juez «[…] aprecia y da valor a elementos materiales probatorios
indebidamente recaudados o, efectúa una valoración por “completo
equivocada”»21. Por su parte, la dimensión negativa se presenta cuando los
funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los medios de convicción
existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del caso objeto de
análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que sustentan la
decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos casos que las
normas procesales y constitucionales así lo determinan»22.

. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
44

valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su
arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no
se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii)
en la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se
adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico
claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente

18 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
19
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
20
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

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inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso
ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino
porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados
hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso 23.

45.Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial24, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda
vez que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»25.

46. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la
decisión judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las
pruebas en cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las
pruebas que obran en el expediente es por completo equivocada […]
diametralmente opuesta –siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende
del contenido de los materiales probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]26.

3.7. Caso concreto

47. En el caso objeto de estudio, las accionantes afirmaron que la providencia judicial
inaplicó como correspondía el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 y valoró
de forma irrazonable las pruebas aportadas al proceso, en particular, los registros
civiles de nacimiento. De este modo el Tribunal, aunque aplicó la normativa, omitió
considerar que esta previó una excepción para casos en que se hubiere procreado
uno o más hijos con el fallecido. Así, a juicio de las accionantes, el requisito de la

23
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
24
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
25 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
26 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

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convivencia se suplía con la procreación entre los cónyuges en los términos en que
lo ha sustentado la jurisprudencia.

48. Indicaron que, conforme al registro civil de nacimiento de María Jesús Blanco
Hinestroza, esta nació dentro de los dos años anteriores al fallecimiento de su
padre, motivo por el cual existía legitimación para reclamar la sustitución pensional.
Además, alegaron que según la sentencia SU-453 de 2019 de la Corte
Constitucional el reconocimiento de este derecho únicamente exigía demostrar
convivencia por 5 años en cualquier tiempo, sin que en el presente asunto se
hubiere acreditado que los cónyuges se separaron de hecho. Por ende, acogieron
lo dispuesto en el salvamento de voto suscrito por uno de los magistrados
integrantes del Tribunal, para concluir que tenían el derecho, y alegaron que se
violó la Constitución Política por no aplicarse las disposiciones procedimentales y
legales.

49. Ahora bien, revisado el proceso ordinario, la Sala advierte que la indebida
interpretación del literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 fue un aspecto
cuestionado por la parte demandante en su recurso de apelación, lo que dio lugar
a que el Tribunal, en sentencia del 31 de agosto de 2023, resolviera que el hecho
de haber procreado hijos no exoneraba absolutamente de acreditar el requisito de
convivencia, como lo plantean las tutelantes. Así las cosas, lo que pretenden las
tutelantes es volver sobre un asunto que plantearon y fue resuelto en sede del
recurso de apelación, como sí la acción de tutela fuera una tercera instancia judicial
para insistir en una interpretación que favorezca sus intereses.

50. En efecto, la autoridad judicial accionada dio aplicación al texto original del
artículo 47 de la Ley 100 de 1993 e hizo énfasis en la expresión «salvo que haya
procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido», que fue declarada
exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-389 de 1996.

51. Así, con fundamento en la interpretación que se efectuó en esa oportunidad, el
Tribunal concluyó que en los escenarios en los que existan hijos con el causante,
para tener derecho a la sustitución pensional, era necesario demostrar dos
requisitos: i) la convivencia con el pensionado al momento de su muerte; y ii) haber
hecho vida marital con el fallecido desde cuando este tuvo derecho a la pensión.
Esto implicaba que «el hecho de haber procreado hijos con el causante solo
relevaba del tercer presupuesto de haber convivido no menos de 2 años continuos
anteriores a la muerte».

52. De lo anterior se advierte que, a diferencia de lo planteado por el extremo activo,
el Tribunal interpretó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en los términos de la
postura vigente al momento del fallecimiento del causante de la prestación, que
tuvo lugar el 20 de marzo de 1998. En razón a ello, sustentó ampliamente que,

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aunque la procreación eximía de probar la convivencia dentro de los dos años
anteriores, esta circunstancia no era extensiva a los otros dos requisitos.

53. Puntualmente, cabe precisar que el Tribunal Administrativo de Bolívar consideró
que la parte actora pretendió relevarse de su carga al sustentar que procreó un hijo
que tenía 10 meses de nacido al momento del fallecimiento del causante. Sin
embargo, este supuesto, de la manera en que lo planteó la autoridad judicial, no
sustituyó el requisito de convivencia cuya acreditación era necesaria para acceder
a la sustitución pensional, máxime en un escenario en el cual no existía
interpretación distinta por parte de las altas cortes.

54. En razón a lo anterior, se deja en evidencia que el Tribunal admitió la procreación
de hijos en común, de suerte que no puede predicarse que no valoró los registros
civiles aportados al proceso. No obstante, esta acreditación, a partir de una
interpretación de la normativa, no eximía el deber de acreditar la convivencia sino
únicamente respecto de los dos años anteriores al fallecimiento del causante. Por
consiguiente, la accionada negó las pretensiones ante la falta de pruebas que
demostraran, no la convivencia por al menos dos años antes a la muerte, sino la
convivencia al momento de la muerte, y la unión marital para cuando se tuvo el
derecho pensional, de conformidad con lo avalado por la sentencia C-389 de 1996
de la Corte Constitucional.

55. Así las cosas, los cargos de la parte actora fueron resueltos por el Tribunal, y
más allá de insistir en la interpretación efectuada, no cuestionan las razones de
índole probatoria que le hubieran permitido tener por demostrado el requisito de
convivencia. De esta forma, se advierte que la intención del extremo activo es
exonerarse de la carga probatoria que le asistía de demostrar un presupuesto
legalmente establecido en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, finalidad para la
cual no está prevista la acción de tutela.

56. Al respecto, cabe reforzar lo anterior con la sentencia SU-453 de 2019, ya que
en esta la Corte Constitucional destacó la posibilidad de reconocer la sustitución
pensional a quienes mantuvieran su sociedad conyugal vigente durante al menos
5 años en cualquier tiempo, no obstante, esto se dio en el marco de la modificación
que introdujo la Ley 797 de 2003, frente al artículo 47 de la Ley 100 de 1993 que
exigió cumplir con los siguientes requisitos:

(i) acreditar vida marital con el causante hasta su muerte y (ii) una convivencia con
el fallecido no menor a cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte. Es
decir, se omitió el requisito […] declarado inconstitucional por la sentencia C-1176
de 2011 y se aumentó el tiempo de convivencia de dos a cinco años. De igual
manera, se suprimió la posibilidad de reemplazar el requisito de convivencia en los
últimos años por el hecho de haber tenido hijos con el causante 27.

27 Corte Constitucional, SU-453 de 2019.

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58. Lo anterior, toda vez que la redacción original del artículo 47 de la Ley 100 de
1993 exigía demostrar convivencia al momento de la muerte, acreditación de la vida
marital para cuando se adquirió el derecho pensional y haber convivido con el
fallecido por no menos de dos años anteriores a su muerte, salvo que hubiera
procreado hijos. Esto supuso que, en los términos de la alta corte «la condición de
haber procreado hijos con el fallecido […] solo reemplazaba o suplía el último de
los requisitos, esto es, la exigencia de haber convivido al menos dos años con el
pensionado antes de su muerte»28 en los términos de la sentencia C-389 de 1996.

59. De lo visto, es posible concluir que el Tribunal dio aplicación al artículo 47 de la
Ley 100 de 1993, sin la modificación de la Ley 797 de 2003, de conformidad con la
interpretación que en ese momento avaló la Corte Constitucional y que se replicó
en sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Por consiguiente, existe claridad en
que la procreación de hijos únicamente suple el tercero de los requisitos exigidos,
sin exonerar totalmente la prueba de la convivencia.

60. Así pues, como la parte actora aceptó la aplicación del artículo 47 de la Ley 100
de 1993, en su texto original, pero reparó en la interpretación que se hizo frente a
la prueba de la convivencia por la existencia de hijos en común, no hay lugar a
considerar que el Tribunal, al dictar la providencia del 31 de agosto de 2023, incurrió
en los defectos alegados y vulneró los derechos fundamentales.

61. Es más, en palabras de la Corte Constitucional, «la convivencia […] constituye
el hecho que legitima la sustitución pensional»29. En razón a lo anterior, como en el
asunto analizado el Tribunal no encontró demostrada la convivencia, ni al momento
de la muerte, ni para cuando se tuvo derecho a la pensión, se trató de una carencia
absoluta de prueba que la parte pretendió justificar a partir de una indebida
interpretación de la tesis de la procreación de los hijos, que se abordó en líneas
anteriores.

62. Finalmente, el hecho de acoger como propio lo consignado en un salvamento de
voto no es una razón legítima que justifique que la decisión judicial está incursa en
un defecto, máxime porque aquí se advierte la intención de la parte tutelante de
que se acceda al reconocimiento de la sustitución pensional, con una lectura
distinta a la realizada por el Tribunal. En consecuencia, la Sala modificará el ordinal
segundo de la parte resolutiva de la sentencia proferida por la Sección Cuarta de
esta corporación el 24 de julio de 2025, que declaró improcedente la acción de
tutela para, en su lugar, negar el amparo.

28 Ibidem.
29 Ibidem.

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V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Confirmar el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 24 de julio de 2025, que
negó las solicitudes de desvinculación formuladas por la Nación, Ministerio de
Educación Nacional y FIDUPREVISORA, de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Modificar el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 24 de julio de 2025 que
declaró improcedente la acción de tutela, para, en su lugar, negar el amparo con
fundamento en los motivos consignados en la parte considerativa de esta decisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

VMP/SEJV

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