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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03937-01

Fecha
19 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03937-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de 1° de agosto de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró la improcedencia de la presente acción de tutela por no cumplirse los requisitos de relevancia constitucional, inmediatez y cosa juzgada, esta vez, únicamente por las dos últimas razones; y, en lo relativo al recurso extraordinario de revisión, NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al trabajo, dignidad humana, vida, honra, buen nombre, debido proceso y acceso a la administración de justicia, invocados por el señor Jorge Eliécer Benítez Rodríguez, por las razones consignadas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la 17 Radicado: 11001-03-15-000-2025-03937-01 Accionante: Jorge Eliécer Benítez Rodríguez Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otros forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Tercera, Subsección B, de esta Corporación y remitir copia. CUARTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-03937-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

19 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-03937-011
Accionante : Jorge Eliécer Benítez Rodríguez
Accionados : Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otros.
Acción : Tutela (impugnación)
Tutela contra providencia judicial, proceso disciplinario,
Tema : nulidad y restablecimiento del derecho y recurso
extraordinario de revisión
Decisión : Sentencia de segunda instancia

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el actor, quien actúa por
intermedio de apoderado judicial, contra el fallo de 1° de agosto de 2025, emitido
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C2, que declaró
improcedente el trámite constitucional de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el accionante frente a las providencias judiciales objeto de censura. Luego, se
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se
determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo
constitucional.

1.2 La demanda de tutela

El accionante interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la
protección de los derechos fundamentales al trabajo, debido proceso, acceso a la
administración de justicia, buen nombre y reputación, vida y honra, presuntamente
vulnerados por (i) la Unidad de Control Interno Disciplinario de la Gobernación de
Córdoba, por la sentencia proferida dentro del proceso disciplinario con radicado

1
Expediente electrónico disponible en Samai.
2
C. P. Nicolás Yepes Corrales.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03937-01
Accionante: Jorge Eliécer Benítez Rodríguez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otros

2013-0007, en la que se ordenó la destitución e inhabilidad del señor Jorge Eliécer
Benítez Rodríguez, de su cargo de rector de la Institución Educativa «El Carmen» del
municipio de Cotorra (Córdoba); (ii) el Tribunal Administrativo de Córdoba y el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por las decisiones de
instancia adoptadas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, con radicado 23001-23-33-000-2014-00420-00/01; y (iii) la Sala Once
Especial de Decisión, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, por la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2024, dentro del recurso
extraordinario de revisión con radicado 11001-03-15-000-2023-01114-00.

Por consiguiente, solicitó que (i) se le reconozca y garantice el uso y goce de los
derechos fundamentales violentados por parte de la Unidad de Control Interno
Disciplinario de la Gobernación de Córdoba, como consecuencia de la destitución
de su cargo de rector, a través de vías de hecho; (ii) se decrete la nulidad de todo
lo actuado dentro del proceso con radicado 2013-0007, y los demás procesos que
conocieron de ese asunto; (iii) que como consecuencia de la declaratoria de nulidad,
se reintegre a su cargo de rector de la Institución Educativa «El Carmen», del
municipio de Cotorra (Córdoba), sin solución de continuidad, o a otra de igual o
mejor categoría; (iv) se ordene el pago de todos los sueldos dejados de pagar y
percibir, junto a los emolumentos a que tiene derecho por ley, desde su retiro hasta
el día que materialmente se produzca dicho pago, debidamente indexado; (v) se
reconozcan y paguen los perjuicios materiales y morales, causados como
consecuencia de la destitución arbitraria, ilegal e inconstitucional por vías de hecho;
y (vi) que las condenas se hagan en abstracto y se condene en costas, gastos y
agencias en derecho a la Gobernación de Córdoba y su Unidad de Control Interno
Disciplinario.

1.3 Hechos3

De lo relatado por el accionante, se destaca que el 13 de febrero de 2013, la docente
Sixta Luz Romero Bolaño, coordinadora de la Institución Educativa «El Carmen» del
municipio de Cotorra (Córdoba), formuló queja disciplinaria en su contra, ante la
Unidad de Control Interno Disciplinario de la Gobernación de Córdoba, por la
entrega de unos computadores donados por «Computadores para Educar».

3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice 00002.
2

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Accionante: Jorge Eliécer Benítez Rodríguez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otros

En lo relativo al proceso disciplinario, adujo que se le vulneró el debido proceso,
pues, se tomó la decisión de destituirlo e inhabilitarlo por 10 años, para ejercer
cargos públicos, incurriendo con ello, en vías de hecho, dado que, la segunda
instancia fue adoptada el 21 de marzo de 2014, por un «supuesto gobernador encargado,
que nunca tomó posesión del cargo de gobernador de Córdoba». Además, acusó la decisión

de ser incongruente, ya que, los hechos en que se fundamentó el auto de apertura
de la investigación disciplinaria son totalmente distintos a los que sirvieron de
sustento para el auto de cierre de investigación, imputando la falta disciplinaria por
otras razones y hechos diferentes a los de la queja.

Respecto del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, advirtió que, la
primera instancia fue decidida por el magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves, quien
pretermitió la instancia procesal de alegatos de conclusión, al determinar
«equivocadamente» que habían sido presentados de manera extemporánea,
obstruyendo así el acceso a la administración de justicia y el derecho a la defensa
en detrimento del actor. Aseguró que este yerro fue advertido por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, sin embargo, se abstuvo de decretar la
nulidad que recaía sobre esa actuación irregular.

Con relación al recurso extraordinario de revisión, precisó que en la sentencia de
única instancia prevalece las formas, sobre lo sustancial o material, desconociendo
que los derechos materiales del disciplinado están por encima de ritualidades
procesales excesivas. Enfatizó que «la Sala Once Especial se dedicó a rebuscar toda clase
de “requisitos” de procedibilidad, para declarar infundado el Recurso de Revisión, cayendo en un
claro Exceso Ritual Manifiesto» [sic]. Además, puso de presente que, el magistrado Luis

Eduardo Mesa Nieves, quien decidió la primera instancia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, participó, ahora como consejero de Estado, en la Sala
Once de Decisión, a pesar de estar impedido para ello, por haber conocido el
proceso objeto de revisión.

Destacó que, con la declaratoria de infundado al recurso de revisión propuesto, se
le cerró paso al debate probatorio sobre una serie de irregularidades producidas en
el trámite y las decisiones adoptadas en los procesos que conocieron del asunto,
como es el caso, por ejemplo, de ocultar el hecho donde un secretario de despacho
de la Gobernación de Córdoba, «se hace pasar por Gobernador Encargado y destituye a otro
servidor público. O el caso donde se cometen graves acciones, al pretender hacer Fraude Procesal,
con la aparición “milagrosa” de unas Actas de Posesión que no existían, pero que aparecieron
3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03937-01
Accionante: Jorge Eliécer Benítez Rodríguez
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“milagrosamente”, cuando se notificó y se conoció, la admisión del recurso de revisión».

Finalmente, acusó el trámite adelantado en las actuaciones administrativas y
judiciales, de desconocer el precedente jurisprudencial de las altas cortes,
principalmente las que se refieren a «la tutela judicial efectiva, el control judicial integral, el
principio de legalidad, el debido proceso y el recurso extraordinario de revisión, ahora como acción
y no como un mero recurso».

1.4 Contestaciones de la acción

1.4.1 El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A4, con ponencia del
Consejero Juan Camilo Morales Trujillo, adujo que, Jorge Eliécer Benítez
Rodríguez, pretendió la protección de sus derechos fundamentales que consideró
vulnerados, entre otros, con la sentencia de 10 de febrero de 2022, proferida en el
marco del proceso con radicado 23001-23-33-000-2014-00420-01 (0699-17), con la
que confirmó la decisión de primer grado que había negado las pretensiones de una
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. No obstante, advirtió que la
parte actora pretende reabrir un debate ya zanjado por la autoridad competente en
el marco de sus competencias.

1.4.2 La Oficina de Control Interno Disciplinario de la Gobernación de
Córdoba5 precisó que, la acción de tutela no se detiene a precisar, demostrar o
argumentar en qué consistió la vulneración de los derechos fundamentales
presuntamente transgredidos, así pues, al no acreditarse los requisitos procesales
ordinarios, ni específicos para la procedencia excepcional de la tutela contra
providencia judicial, el amparo está llamado a ser declarado improcedente.

De otra parte, el Departamento de Córdoba, el Tribunal Administrativo de Córdoba
y la Sala Once Especial de Decisión de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, no allegaron escrito de contestación a la
acción.

1.5 Providencia impugnada6

Mediante sentencia de 1° de agosto de 2025, el Consejo de Estado, Sección

4
Índice 00011 del expediente de Samai de primera instancia.
5
Índice 00015 del expediente de Samai de primera instancia.
6
Índice 00025 del expediente de Samai de primera instancia.
4

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Tercera, Subsección C, declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, al
considerar que: (i) se configuró la cosa juzgada respecto de las decisiones de
primera y segunda instancia, del 13 de febrero y 21 de marzo de 2014, proferidas
por la Unidad de Control Interno Disciplinario de la Gobernación del Departamento
de Córdoba y por la referida Gobernación, respectivamente, en el marco del proceso
disciplinario 2013-0007; al observar que el accionante, interpuso una acción de
tutela previa, de radicado 11001-03-15-000-2022-01301-00/01; (ii) no se cumplió
con el requisito de inmediatez, con relación al proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho; y (iii) el recurso extraordinario de revisión no satisfizo el requisito de
relevancia constitucional.

1.6 La impugnación7

Inconforme con esa determinación, el tutelante la impugnó, asegurando que, tanto
en el recurso extraordinario de revisión, como en la presente acción, se evidencia
que «todo ha girado en torno de los requisitos y formalidades de las diferentes acciones judiciales
referenciadas aquí, pero en ningún momento se ha valorado ni se ha examinado, la violación de
[sus] derechos fundamentales […]». Enfatizó que no se ha sometido a estudio, análisis,

confrontación y valoración jurídica, la vulneración al debido proceso y al principio de
legalidad, tema respecto del cual ha insistido mucho, sin obtener un
pronunciamiento puntual y de fondo. Precisó que discrepa de la declaratoria de cosa
juzgada constitucional, porque las pretensiones y partes de la acción anterior no son
las mismas que en la presente y, en cuanto a la inmediatez, aseguró que se debe
tener en cuenta, para el cómputo, la fecha de notificación y ejecutoria de la acción
de revisión, con la cual, finalizó completamente la actuación administrativa y judicial
adelantada por el actor con ocasión a su injusta destitución e inhabilidad. En lo
demás, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

En virtud de los artículos 328 del Decreto ley 2591 de 19919 y 2510 del Acuerdo 80

7
Índice 00033 del expediente de Samai de primera instancia.
8
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
9
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
10
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
5

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del 12 de marzo de 201911 expedido por la sala plena del Consejo de Estado, esta
Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

2.2 La acción

Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3 Problema jurídico

Se contrae a determinar (i) si en el asunto de la referencia, operó el fenómeno de
cosa juzgada constitucional, respecto de la acción de tutela con radicado 11001-03-
15-000-2022-01301-00/01; y (ii) de no encontrarse demostrado lo anterior, la Sala
deberá establecer si, es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual
quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el proceso disciplinario
adelantado contra el señor Jorge Eliécer Benítez Rodríguez, con el radicado 0007-
2013 «y los demás procesos que conocieron este asunto»; esto es, nulidad y
restablecimiento del derecho [expediente 23001-23-33-000-2014-00420-00/01], así
como, el recurso extraordinario de revisión [expediente 11001-03-15-000-2023-
01114-00]; por último, en caso afirmativo, si se han vulnerado los derechos
fundamentales al trabajo, dignidad humana, vida, honra, buen nombre, debido
proceso y acceso a la administración de justicia, invocados en la solicitud de
amparo.

2.4 De la cosa juzgada constitucional

Al respecto, vale la pena recordar que, la Corte Constitucional, ha definido la cosa
juzgada como «una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones
plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes

11
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03937-01
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y definitivas. Esta figura impide reabrir un asunto concluido con precedencia, a través de un análisis
jurídico agotado en sede judicial, para de esta forma permear de seguridad las relaciones jurídico
procesales consolidadas en el marco de nuestro ordenamiento jurídico»12.

Ahora bien, el mismo órgano de cierre Constitucional, ha identificado una serie de
elementos para evaluar la posible configuración de la cosa juzgada en procesos de
tutela, a saber: «(i) que se adelante un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de la
sentencia; (ii) que en el nuevo proceso exista identidad jurídica de partes; (iii) que el nuevo proceso
verse sobre el mismo objeto, o sea, sobre las mismas pretensiones; (iv) que el nuevo proceso se
adelante por la misma causa que originó el anterior, es decir, por los mismos hechos. La identidad
entre una acción de tutela en trámite y otra que ha cobrado ejecutoria, respecto a estos últimos tres
elementos (partes, objeto y causa), conlleva la consecuencia jurídica de declarar improcedente la
tutela que se encuentra en trámite»13.

Así las cosas, al analizar la acción de tutela, identificada con el radicado 11001-03-
15-000-2022-01301-00/01, decidida en primera instancia por la Sección Primera del
Consejo de Estado, mediante sentencia del 17 de marzo de 2022 y, en segunda, el
16 de junio del mismo año14, por la Sección Cuarta de la misma Corporación, se
evidencia, que en esa oportunidad el señor Jorge Eliécer Benítez Rodríguez,
presentó el amparo constitucional contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A y el Departamento de Córdoba, invocando las siguientes
pretensiones:

4.1. Tutelar el derecho al debido proceso, a ser juzgado por juez competente (penal),
cuando lo que se investiga y juzga es de materia penal y cumplir con el rito de decretar
las pruebas y permitir que el disciplinado o su abogado esté presente en la recopilación
de dichas pruebas y concordantemente decretar la nulidad del proceso disciplinario
bajo el radicado 007 del 2013 de la oficina de control interno disciplinario o en su
defecto en forma transitoria dejar sin efectos jurídicos el fallo que profirió la oficina de
control interno disciplinario el 13 de febrero del 2014, mientras se surte el proceso
administrativo de nulidad que está en curso.
[…]
Posteriormente, en el segundo escrito solicitó:

“5.1. Tutelar el derecho al debido proceso, a ser juzgado por juez competente
(PROCURADURIA GENARAL DE LA NACION y Juez penal), cuando lo que se investiga
o se determina es de materia penal, a un funcionario que está inmerso en ACOSO
LABORAL protagonizado precisamente por el ente que lleva a cabo el proceso
disciplinario y concordantemente decretar la nulidad del proceso disciplinario bajo el
radicado 007 del 2013 de la oficina de control interno disciplinario o en su defecto
DECRETAR LA REVOCATORIA DEL FALLO DEL PROCESO DISCIPLINARIO para
que sea la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION reponga dicho fallo.
[…] (Sic para toda la cita) [Negrillas fuera del texto original].

12
En este sentido, revisar sentencias de la Corte Constitucional, C-774 de 2001, T-661 de 2013 y SU 397 de 2022.
13
En este sentido, revisar sentencias de la Corte Constitucional T 019 de 2016, T 427 de 2017 y SU 397 de 2022.
14
Vale la pena advertir que, mediante auto de Sala de Selección, de 27 de septiembre de 2022, la Corte Constitucional no
seleccionó el asunto para revisión. Según se evidencia en el índice 00016 de las actuaciones del expediente digital de Samai.
Expediente 11001031500020220130101.
7

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Accionante: Jorge Eliécer Benítez Rodríguez
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Ahora bien, en la tutela de la referencia, el señor Jorge Benítez, demandó a la
Unidad de Control Interno Disciplinario, Gobernación de Córdoba, Tribunal
Administrativo de Córdoba, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y
la Sala Once Especial de Decisión del Consejo de Estado, pretendiendo «[…] 2º- Que
[…] con fundamento en las normas citada y los hechos descritos, se decrete la Nulidad de todo lo
actuado dentro del Proceso Rad:2013-0007 y los demás procesos que conocieron de este
asunto. […]» [Sic en toda la cita] [Negrillas fuera del texto original].

Es evidente entonces que, si bien las partes no coinciden en su totalidad, por cuanto,
en la presente acción, el señor Jorge Eliécer Benítez, incluyó a algunas autoridades
adicionales, lo cierto es que, sí confluye, en ambas acciones la Gobernación de
Córdoba, respecto de la cual, se pretende idénticamente, la declaratoria de nulidad
del proceso disciplinario con radicado 0007-2013; además, en los dos amparos, los
hechos que originan el reclamo, corresponden a la presunta vulneración de los
derechos fundamentales del actor, presuntamente transgredidos por la autoridad
gubernamental con las decisiones sancionatorias del 13 de febrero y 21 de marzo
de 2014.

En conclusión, la Sala encuentra acreditada la identidad de partes, de objeto y de
causa, respecto de las pretensiones referentes a la declaratoria de nulidad del
proceso disciplinario 0007-2013, tal como lo encontró demostrado el A-quo,
mediante sentencia de 1º de agosto de 2025, por lo tanto, se deberá confirmar la
decisión recurrida en este sentido.

Sin perjuicio de lo anterior, no se declarará configurada la temeridad respecto del
asunto, por cuanto, no se encuentra demostrado que el accionante haya obrado de
mala fe.

2.5 Del requisito de inmediatez de la acción de tutela, respecto del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho

Cabe destacar que la jurisprudencia constitucional15 ha establecido varios requisitos
generales, para determinar la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, entre los que se encuentra la inmediatez.

15
Corte Constitucional, SU-128 de 2021, M. P. Cristina Pardo Schlesinger.
8

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Adicionalmente, es necesario precisar que, el Consejo de Estado, mediante
sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-0116,
en cuanto al presupuesto de la inmediatez, precisó como término razonable para
ejercer la acción de tutela contra providencias judiciales dictadas por la jurisdicción
contencioso-administrativa, seis (6) meses contados a partir de su notificación o
ejecutoria. Tal interpretación tiene sustento, en que ese interregno de tiempo
resultado justifica la garantía de los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica,
sin contar que, con ello se pueden vulnerar derechos de terceros.

Sin perjuicio de lo expuesto, en dicha providencia se advirtió que resulta
indispensable analizar la situación concreta sometida al juez de tutela, en particular,
«(i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada
vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un
nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del
interesado;17 (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación
violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha
de interposición1819».

De igual modo, se aceptó que, conforme a la jurisprudencia constitucional20, existen
dos excepciones a la aplicación de dicho requisito, estas son: «(i) cuando se demuestre
que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por primera
vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación es continua y actual. Y
(ii) cuando la especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos
fundamentales, hace desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por
ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre
otros». Situaciones que deberán ser analizadas en cada caso, en el evento en que

se acuda a la tutela en un término superior al mencionado (6 meses).

En el asunto sub examine, se advierte que en las actuaciones acusadas por el
accionante, por un lado, está el trámite adelantado en el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, con radicado 23001-23-33-000-2014-00420-00/01,
respecto del cual, puso de presente que, la primera instancia fue decidida por el
magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves, quien pretermitió la instancia procesal de
alegatos de conclusión, al determinar «equivocadamente» que habían sido

16
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S. A., Accionada: Sección Primera, Consejo de Estado, C. P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
17
Sentencia SU-961/99.
18
Sentencia T-814/05. Ver también, Sentencia T-728/02.
19
Corte Constitucional. Sentencia T-189 de 2009.
20
Sentencia T-584 de 2011.
9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03937-01
Accionante: Jorge Eliécer Benítez Rodríguez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otros

presentados de manera extemporánea, obstruyendo así el acceso a la
administración de justicia y el derecho a la defensa en detrimento del actor. Aseguró
que este yerro fue advertido por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, sin embargo, se abstuvo de decretar la nulidad que recaía sobre esa
actuación irregular.

Por otro lado, el accionante cuestionó la decisión adoptada, mediante el recurso
extraordinario de revisión, al considerar que, en dicho trámite, la Sala Once Especial
de Decisión del Consejo de Estado privilegió las formas procesales sobre el examen
material de las irregularidades denunciadas, desconociendo que los derechos
sustanciales del disciplinado debían prevalecer sobre ritualidades excesivas. En
particular, sostuvo que el recurso fue declarado infundado con fundamento en una
interpretación estricta y desproporcionada de los requisitos de procedibilidad, lo que,
a su juicio, configuró un exceso ritual manifiesto.

De esta forma, se advierte que los argumentos expuestos en uno y otro proceso son
disímiles, en la medida en que el cuestionamiento formulado frente al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho se circunscribió a una irregularidad
procesal concreta —la pretermisión de la etapa de alegatos de conclusión—,
mientras que los reproches elevados en sede del recurso extraordinario de revisión
estuvieron dirigidos a cuestionar la forma como dicha Sala resolvió ese mecanismo
excepcional, particularmente por el presunto exceso ritual manifiesto y la afectación
del principio de imparcialidad.

En ese contexto, y dado que el proceso disciplinario, el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho y el recurso extraordinario de revisión constituyen
trámites autónomos e independientes, el análisis del requisito de inmediatez debe
realizarse de manera diferenciada respecto de cada uno de ellos, atendiendo al
momento en que se consolidó la presunta vulneración de derechos fundamentales
en cada actuación.

Así las cosas, se constata que la sentencia de primera instancia fue proferida el 18
de octubre de 2016, por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de
Decisión, que negó las pretensiones invocadas por el señor Jorge Eliécer Benítez
Rodríguez y, la segunda, el 10 de febrero de 2022, con ponencia del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual se confirmó la decisión

10

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inicial.

La sentencia de segunda instancia fue notificada el 1° de marzo de 2022, es decir,
que quedó ejecutoriada el 8 de los mismos mes y año. De otra parte, la presente
acción constitucional se radicó el 24 de junio de 2025, lo que implica que se superó
el tiempo prudencial dispuesto por la jurisprudencia para interponer la acción de
tutela contra providencia judicial.

Respecto de lo anterior, vale la pena precisar que, contrario a lo argumentado por
el accionante en su escrito de impugnación, no es jurídicamente viable que se tenga
en cuenta toda la actuación adelantada, con ocasión a su destitución del cargo de
rector, desde el proceso disciplinario tramitado por la Gobernación de Córdoba,
como una unidad, que finalizó con la decisión adoptada por la Sala Once Especial
de Decisión del Consejo de Estado, en el recurso extraordinario de revisión, la cual
quedó ejecutoriada el 29 de enero de 2025; ya que, el proceso disciplinario, el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho y el recurso extraordinario de
revisión, son trámites autónomos e independientes, lo que implica que el estudio
constitucional de cada uno se haga en forma individual, particularmente en lo que
atañe al cumplimiento del requisito de inmediatez.

En ese sentido, el hecho que la decisión del recurso extraordinario de revisión sea
posterior no tiene la virtualidad de extender, suspender o renovar el término para
cuestionar, mediante acción de tutela, las providencias proferidas en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, máxime, cuando los reproches formulados
frente a uno y otro trámite son diferentes.

Así, al haberse interpuesto la acción de tutela varios años después de la ejecutoria
de las providencias dictadas en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, y no encontrarse acreditada ninguna de las excepciones
jurisprudenciales que permitan flexibilizar el requisito de inmediatez, se concluye
que las pretensiones dirigidas contra dichas decisiones judiciales no superan ese
presupuesto de procedibilidad.

En conclusión, tal como lo determinó el A -quo de la presente acción, las
pretensiones relativas al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
no superaron el requisito de inmediatez, por lo que, no se hará estudio de fondo y,
se confirmará la declaratoria de improcedencia respecto de ellas.
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2.6 La acción de tutela contra providencias judiciales

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional
que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de
derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con
la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de
forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista
de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela
contra decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio
de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de
una providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994
se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se
presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto
sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma
indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta
indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a
aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se
presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del
proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela,
vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos
fundamentales.

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Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos
excepcionales de aplicación, los cuales, deben satisfacerse plenamente para
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan
derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se
profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar su excepcionalidad, la cual,
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión
que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen
del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la
decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da
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cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo
condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de
dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii)
desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii)
violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera
el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que, si bien no se está
ante una burda transgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba
improcedente para controvertir decisiones judiciales, rectificó su posición mediante
sentencia de 31 de julio de 201221, en el sentido de disponer que, la acción
constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos
fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así
como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que, esta
subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes
expuestos22.

2.7 Caso concreto

Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, respecto de la sentencia de 9 de diciembre de 2024,
proferida dentro del trámite de la acción especial de revisión, en el sub lite se
observa que (i) el asunto planteado, contrario a lo indicado en primera instancia,
comporta relevancia constitucional, por cuanto recae sobre la presunta vulneración
de los derechos fundamentales, entre otros, al debido proceso y acceso a la

21
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
22
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-
01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-
00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
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administración de justicia, con la decisión adoptada por la Sala Once Especial de
decisión del Consejo de Estado, incurrió en exceso ritual manifiesto y nulidad
procesal por la participación del doctor Luis Eduardo Mesa Nieves, en la Sala de
decisión, a pesar de estar impedido para ello; (ii) contra la decisión objeto de
censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron
el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de
inmediatez se satisface, en la medida en que, la providencia atacada quedó
ejecutoriada el 29 de enero de 202523 y la solicitud de amparo se presentó el 24 de
junio siguiente, es decir, dentro de los 6 meses; y (v) la sentencia acusada no desató
una acción de tutela.

En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo la causal específica denominada violación directa de la
Constitución, ello, según se extrae de los cargos invocados por la accionante,
respecto del recurso extraordinario de revisión.

Así las cosas, vale la pena recordar que, la violación directa de la Constitución
procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir,
en eventos en los que, si bien no se está ante una burda transgresión de la Carta,
sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

En el asunto de la referencia, el actor, precisó que en la sentencia de única instancia
prevalece las formas, sobre lo sustancial o material, desconociendo que los
derechos materiales del disciplinado están por encima de ritualidades procesales
excesivas. Enfatizó que «la Sala Once Especial se dedicó a rebuscar toda clase de “requisitos”
de procedibilidad, para declarar infundado el Recurso de Revisión, cayendo en un claro Exceso
Ritual Manifiesto» [sic]. Además, puso de presente que, el magistrado Luis Eduardo

Mesa Nieves, quien decidió la primera instancia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, participó, ahora como consejero de Estado, en la Sala
Once de Decisión, a pesar de estar impedido para ello, por haber conocido el
proceso objeto de revisión.

Mediante sentencia de 9 de diciembre de 2024, la Sala Once Especial de Decisión
del Consejo de Estado, declaró infundado el recurso extraordinario de revisión,
impetrado por el señor Jorge Benítez contra la sentencia de 10 de febrero de 2022,

23
Notificada el 22 de enero de 2025. Índice de Samai 00046, actuaciones del expediente digital 11001031500020230111400.
15

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proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En el
recurso extraordinario, el actor argumentó que después de culminar el trámite del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que se discutió la
legalidad de los actos administrativos de carácter sancionatorio en su contra, «obtuvo
una prueba documental que da cuenta de la falta de competencia del funcionario que resolvió el
recurso de apelación contra la sanción disciplinaria impuesta».

No obstante, la autoridad accionada decidió que el recurso debía declararse
infundado por cuanto «la prueba documental que a juicio de la parte actora se encontró o recobró
• respuesta a derecho de petición que da cuenta de que no existía acta de posesión del funcionario
que profirió el acto administrativo que desató el recurso de apelación, con lo cual, se probaría la falta
de competencia como causal de nulidad del acto- data del 06 de octubre de 2022, es decir, que no
es preexistente a la sentencia objeto de censura, siendo evidente que lo que se persigue en sede de
revisión es plantear una discusión propia del juicio ordinario, por ser ese el escenario propicio para
atacar la legalidad del acto, entre otras razones, por la falta de competencia del funcionario que lo
expidió, siendo esa la oportunidad para solicitar y aportar las pruebas que demostraban tal
circunstancia, lo que no puede ser subsanado vía recurso extraordinario de revisión ».

Así las cosas, para la Sala la decisión adoptada por esta Corporación en el curso
del recurso extraordinario de revisión, no comporta un exceso ritual manifiesto,
pues, por el contrario, obedece a un estudio detallado de los requisitos impuestos
para la procedencia del recurso, sin que ello implique que se esté exigiendo una
carga excesiva al accionante, dado que, pasar por alto estos requisitos a su caso
particular, iría en contravía del derecho a la igualdad, respecto de los demás
ciudadanos que estén en situaciones similares a la suya.

Ahora bien, queda en evidencia que la autoridad accionada ya había resuelto con
suficiente motivación la inconformidad planteada por el tutelante en el recurso
extraordinario de revisión, la cual reiteró en esta acción de tutela (invocando los
fundamentos de la causal de violación directa de la constitución), lo que denota que
su intención, más allá de manifestar la supuesta vulneración de sus derechos
fundamentales, es utilizar este mecanismo constitucional como una instancia
adicional con el fin de obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses.

Ahora bien, en lo relativo al presunto impedimento del doctor Luis Eduardo Mesa
Nieves, la Sala no advierte tal configuración, en la medida que aquel participó en la
decisión de la sentencia de primera instancia, no en la de segunda que fue, respecto
de la cual se surtió la revisión.
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Dicho esto, se concluye que la sentencia censurada no deviene de una indebida
aplicación normativa, ni vulneración directa de la constitución, toda vez que sus
afirmaciones estuvieron debidamente motivadas, situación de la que se colige que
no incurre en el defecto advertido.

Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que efectúa
el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía e
independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.

III. DECISIÓN

En atención a que, conforme al análisis efectuado se supera el requisito de
relevancia constitucional, es procedente modificar parcialmente la decisión de
primera instancia que declaró improcedente la solicitud que estimó no se había
cumplido con el mismo, para, en su lugar, precisar que se explica por la inmediatez
y la cosa juzgada. Adicionalmente, habiendo estudiado el defecto de fondo, se niega
el amparo por no encontrarse acreditado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de 1° de agosto de 2025,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró la
improcedencia de la presente acción de tutela por no cumplirse los requisitos de
relevancia constitucional, inmediatez y cosa juzgada, esta vez, únicamente por las
dos últimas razones; y, en lo relativo al recurso extraordinario de revisión, NEGAR
el amparo de los derechos fundamentales al trabajo, dignidad humana, vida, honra,
buen nombre, debido proceso y acceso a la administración de justicia, invocados
por el señor Jorge Eliécer Benítez Rodríguez, por las razones consignadas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
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forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Tercera, Subsección B,
de esta Corporación y remitir copia.

CUARTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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