Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01301-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01301-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-01301-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
17 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01301-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: JORGE ELIECER BENÍTEZ RODRÍGUEZ
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO.
NO SE CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA
SUBSIDIARIEDAD. LAS INCONFORMIDADES AQUÍ PLANTEADAS
YA FUERON OBJETO DE ANÁLISIS POR EL JUEZ NATURAL DEL
ASUNTO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y AL TRABAJO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL
CONSEJO DE ESTADO1 y el DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
1 En adelante la Sección Segunda.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01301-00
Actor: JORGE ELIECER BENÍTEZ RODRÍGUEZ
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor JORGE ELIECER BENÍTEZ RODRÍGUEZ, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y al trabajo, los cuales, a su juicio, le
fueron vulnerados por el Departamento de Córdoba al expedir las
decisiones disciplinarias proferidas el 13 de febrero y 21 de marzo
de 2014, por medio de las cuales se le declaró disciplinariamente
responsable; y por la Sección Segunda, por presunta mora judicial
injustificada dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 23001-23-33-000-2014-00420-01.
I.2. Hechos
Refirió que promovió demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el Departamento de
Córdoba, con el fin de que se declarara la nulidad de las decisiones
disciplinarias proferidas por la Unidad de Control Interno
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01301-00
Actor: JORGE ELIECER BENÍTEZ RODRÍGUEZ
Disciplinario del mencionado ente territorial, mediante las cuales se
le declaró responsable por las conductas investigadas y se
impusieron las sanciones de destitución e inhabilidad general para
el ejercicio de funciones públicas por el término de diez años.
Adujo que al proceso le fue asignado el número único de radicación
2014-00420-00 y le correspondió por reparto al Tribunal
Administrativo de Córdoba que, en sentencia de 18 de octubre de
2016, declaró probada la excepción de “aplicación del
procedimiento previsto en la Ley 734 de 2002”, y denegó las
pretensiones de la demanda.
Resaltó que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de
apelación, el cual correspondió a la Sección Segunda, autoridad
judicial que, a su juicio, luego de transcurridos más de ocho años
no ha resuelto su situación jurídica, pese a que ya cumplió con el
80% de la sanción.
I.3 Fundamentos de la solicitud
A juicio del actor, la falta de eficacia de la autoridad judicial
accionada en la resolución del recurso de apelación le ha
ocasionado perjuicios, en la medida que ya cumplió con el 80% de
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una sanción impuesta injustamente, lo que le ha impedido volver a
ejercer su cargo, afectando su profesión y proyecto de vida.
Añadió que la sanción disciplinaria fue impuesta por un funcionario
que carecía de competencia, comoquiera que se le imputaron
delitos que debieron ser juzgados por la jurisdicción penal.
I.4. Pretensiones
El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] 4.1. Tutelar el derecho al debido proceso, a ser juzgado por
juez competente (penal), cuando lo que se investiga y juzga es
de materia penal y cumplir con el rito de decretar las pruebas y
permitir que el disciplinado o su abogado esté presente en la
recopilación de dichas pruebas y concordantemente decretar la
nulidad del proceso disciplinario bajo el radicado 007 del 2013 de
la oficina de control interno disciplinario o en su defecto en forma
transitoria dejar sin efectos jurídicos el fallo que profirió la oficina
de control interno disciplinario el 13 de febrero del 2014, mientras
se surte el proceso administrativo de nulidad que está en curso.
4.2. Tutelar el derecho a tener acceso a la justicia en forma
oportuna y eficiente, en tal sentido ordenar que se produzca un
fallo en derecho, a más tardar en diez (10) días en el proceso de
Nulidad y Restablecimiento del derecho con radicación: N.I. 0699-
2017 y Proceso 23001233300020140042001 que surte trámite en
el Consejo de Estado y transitoriamente suspender los efectos
jurídicos de las resoluciones sancionatorias.
4.3. Tutelar el derecho al trabajo digno y mínimo vital, a causa de
un falso proceso penal, disfrazado de proceso disciplinario y largo
tiempo de demora del proceso de Nulidad y Restablecimiento del
derecho en segunda instancia en el Consejo de Estado y
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transitoriamente dejar sin efecto jurídico las resoluciones
sancionatorias de la oficina de control interno disciplinario
(primera instancia) y despacho del Gobernador de Córdoba
(segunda instancia), así como también dejar sin efectos jurídicos
el fallo de primera instancia surtido en el Tribunal Administrativo
de Córdoba, mientras se toman las decisiones de fondo en las
jurisdicciones que correspondan […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- La Sección Segunda informó que en sesión celebrada el 10
de febrero de 2022 se decidió el recurso de apelación que pretende
el actor con esta acción constitucional, sentencia que fue notificada
el 1o. de marzo del año en curso, tal como consta en el registro de
la plataforma SAMAI, de manera que solicitó que se declare la
carencia actual de objeto por hecho superado.
Sumado a lo anterior, resaltó que la razón de la presunta mora
aducida en el escrito de tutela fue consecuencia del volumen de
procesos a su cargo, lo que hace inviable la adopción de decisiones
con mayor prontitud.
I.5.2.- La Secretaría de la Sección Segunda rindió informe del
trámite surtido dentro del proceso objeto de debate, para lo cual
relató que el 10 de febrero de 2022, se profirió sentencia de
segunda instancia, la cual fue notificada a las partes el 1o. de
marzo de 2022.
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I.5.3.- El Departamento de Córdoba pese a ser notificado del
presente trámite constitucional en debida forma, guardó silencio.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de
30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo
número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del
Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de
tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el
conocimiento de las acciones de tutela.
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los
derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo
42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991 2. Dicha
acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que
2 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política».
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solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio,
con miras a evitar un perjuicio irremediable.
Caso concreto
En el presente caso, el actor instauró acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y al trabajo, los
cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el Departamento de
Córdoba al declararlo responsable dentro de la investigación
disciplinaria núm. 0007-2013 y, por la Sección Segunda al incurrir
en una presunta mora judicial injustificada, por no haber resuelto el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 18 de
octubre de 2016, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2014-00420-01.
En este punto, la Sala advierte que mediante escrito allegado el 3
de marzo de la presente anualidad, el actor presentó corrección y
adición del escrito de tutela, comoquiera que, mediante correo
electrónico de 28 de febrero del año en curso, le fue notificado el
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fallo dictado en segunda instancia dentro del proceso objeto de
debate.
En ese orden de ideas y, teniendo en cuenta que el recurso de
apelación que pretendía ya fue resuelto, el señor BENÍTEZ
RODRÍGUEZ modificó las pretensiones, en el sentido que se
continúe el trámite de la acción de tutela de la referencia
únicamente respecto del proceso disciplinario enjuiciado, de la
siguiente manera:
“[…] Que se declare la Nulidad del fallo de primera instancia
proferido por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la
Gobernación de Córdoba, con radicado 007 del 2013 y fecha del
13 de febrero del año 2014, por faltas protuberantes al DEBIDO
PROCESO, (imparcialidad del operador Disciplinario y duplicidad
de investigación y juzgamiento por los mismos hechos) o
subsidiariamente suspender transitoriamente los efectos jurídicos
del fallo de primera instancia proferido por la oficina de control
interno disciplinario de la Gobernación de Córdoba, el día 13 del
mes de febrero del año 2014, dentro del expediente radicado 007
del 2013, hasta tanto la jurisdicción competente haga el estudio
de fondo sobre la nulidad por faltas al DEBIDO PROCESO […]”.
Para lo anterior, el actor arguyó que la sanción impuesta por la
Unidad de Control Interno Disciplinario de la Gobernación de
Córdoba dentro del proceso disciplinario resulta injusta, alejada al
derecho y a la verdad material, toda vez que fue investigado con
fundamento en un supuesto delito penal, de tal forma que el asunto
debió ser resuelto por la jurisdicción penal; además, el proceso
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disciplinario fue seguido por personas que carecían de parcialidad e
idoneidad y que ejercían persecución política y acoso laboral en su
contra.
Añadió que las pruebas que sirvieron de fundamento dentro del
proceso disciplinario no resultan de tal validez, comoquiera que no
fueron decretadas en el auto de apertura de la investigación y,
sumado a ello, las declaraciones de los testigos se rindieron sin su
presencia, lo que vulnera sus derechos fundamentales.
Respecto de la admisión de los escritos de ampliación y/o
corrección dentro de la acción de tutela, esta Sala en reciente
pronunciamiento3 discurrió sobre el particular así:
“[…] Cabe poner de relieve que, aunque el Decreto Ley 2591 de
19914 no reglamentó expresamente la posibilidad de ampliar el
objeto del escrito de amparo, la Corte Constitucional, en
sentencia T-535 de 1998, se pronunció frente al alcance y efectos
de esta figura jurídica en materia de acciones de tutela, en los
siguientes términos:
[…] Debe la Corte analizar qué efectos produce una
ampliación de la demanda de tutela, no es de recibo el
argumento según el cual en la decisión de fondo, objeto de la
sentencia, deba el juez considerar apenas los motivos
consignados en el libelo original. La ampliación, en efecto,
se incorpora de manera inescindible al escrito inicial; lo
adiciona o lo recorta; lo puede modificar, y es posible
3
Consejo de Estado, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, auto de 7 de marzo de
2022, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés
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“por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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que ensanche o reduzca el ámbito de la definición a
cargo del aparato judicial.
En primer lugar, es necesario tener en cuenta que en
desarrollo del postulado constitucional de la efectividad de los
derechos fundamentales (artículo 2 C.P.), el juez ha de guiar
el proceso a la luz del principio de oficiosidad. En tal virtud, el
juez está obligado a asumir un papel activo, de impulso del
proceso, con el fin de dilucidar si realmente existe la violación
o la amenaza de los derechos que el peticionario invocó, o de
otros, y además debe considerar si las pruebas pedidas son
suficientes para resolver, y si los hechos expuestos
constituyen un conjunto completo, o si, por el contrario, son
tan inconexos y aislados que exijan complemento informativo
suficiente para que el fallador pueda formarse cabal concepto
acerca del asunto objeto de su examen […]5 (negrillas fuera
del texto)
1. Siguiendo esa misma línea argumentativa, la Corte
Constitucional, en sentencia T-583 de 1998, efectuó las siguientes
precisiones:
[…] Las declaraciones adicionales de quien ha
solicitado el amparo tienen por objeto ampliar los
datos que el juez requiere para tener un mayor
conocimiento de los hechos sobre los cuales habrá de
resolver.
Pero ha de existir una identidad mínima entre la
materia que se expone en la demanda y la que
posteriormente constituye objeto de la ampliación, lo
cual significa que, aunque haya modificaciones respecto de
lo dicho inicialmente, no puede admitirse un divorcio total
entre tales asuntos.
Por el contrario, una total desconexión entre los
motivos que movieron a formular la solicitud inicial y
los que más tarde alega, debilita ostensiblemente su
credibilidad y pone en tela de juicio la urgencia de la
decisión judicial, a menos que el juez, mediante la práctica
de pruebas orientadas a la constatación de la verdad,
encuentre que los hechos narrados en la diligencia de
ampliación de la demanda son sobrevinientes, pero entonces
deben hallarse adecuadamente probados […]6. (Negrillas
fuera del texto)
5
Corte Constitucional, sentencia T-535 de 30 de septiembre de 1998, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.
6
Corte Constitucional, sentencia T-583 de 19 de octubre de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
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2. Como se puede colegir de las citas transcritas, es claro que, en
tratándose de acciones de tutela, resulta procedente la ampliación
del objeto de la solicitud de amparo, ello siempre y cuando exista
una conexidad material entre los fundamentos expuestos
inicialmente y los que posteriormente se exponen en el escrito de
ampliación […]”.
En el caso concreto se observa que existe conexión material entre
lo expuesto inicialmente por el señor BENÍTEZ RODRÍGUEZ y el
escrito de ampliación y corrección de la acción de tutela, toda vez
que si bien el actor pretendía que se declarara una presunta mora
judicial injustificada dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2014-00420-01, también lo es que perseguía el amparo
de los derechos fundamentales presuntamente invocados dentro del
proceso disciplinario que lo sancionó con destitución e inhabilidad
por el término de 10 años para ejercer cargos públicos.
Así las cosas, la Sala continuará con el estudio únicamente en lo
que respecta a las decisiones disciplinarias proferidas el 13 de
febrero y 21 de marzo de 2014 por el Departamento de Córdoba,
por medio de las cuales se le declaró disciplinariamente responsable
dentro de la investigación identificada con el número 0007-2013,
comoquiera que el actor desistió de las pretensiones referentes a
que se declarara a la Sección Segunda en mora judicial
injustificada.
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Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad y, de ser así, ii)
determinar si la Gobernación de Córdoba vulneró los derechos
fundamentales al expedir los fallos disciplinarios por medio de los
cuales se le declaró responsable por las conductas investigadas y se
impuso las sanciones de destitución e inhabilidad general para el
ejercicio de funciones públicas por el término de diez años.
En efecto, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación,
especialmente el de subsidiaridad.
El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el
cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que «existan
otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del texto).
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Actor: JORGE ELIECER BENÍTEZ RODRÍGUEZ
Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo
tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en
aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus
derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de
los derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural
idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las
competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se
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Actor: JORGE ELIECER BENÍTEZ RODRÍGUEZ
dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer del
fondo del asunto.»7 (Subrayas y negrillas fuera del texto).
Ahora bien, precisado lo anterior, la Sala advierte que la presente
acción de tutela es improcedente ante la existencia de otro
medio de defensa judicial, comoquiera que las inconformidades
planteadas en este trámite constitucional ya fueron objeto de
debate dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el número único de radicación 2014-
00420-01.
En efecto, se destaca que los fundamentos aquí plateados para
controvertir el proceso disciplinario seguido por el Departamento de
Córdoba ya fueron resueltos por el Tribunal Administrativo de
Córdoba y la Sección Segunda, respectivamente, a través de las
sentencias de 18 de octubre de 2016 y 10 de febrero de 2022,
razón por la que no puede pretender traer a esta instancia
constitucional asuntos que ya fueron objeto de pronunciamiento por
el juez natural del asunto.
7 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO.
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Actor: JORGE ELIECER BENÍTEZ RODRÍGUEZ
En ese orden de ideas, se destaca que mal podría el juez de tutela
ordenar un amparo constitucional con el propósito de que se emitan
unas órdenes que evidentemente son competencia del juez de
conocimiento y que fueron ventiladas dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 2014-00420-01.
Aunado a lo anterior, no puede desatender en manera alguna el
carácter excepcional y subsidiario de la acción de tutela, habida
cuenta que su desconocimiento afectaría el ordenamiento jurídico
en el sentido de que la garantía de los derechos fundamentales no
sería examinada por el juez natural para resolver las controversias
jurídicas de acuerdo con las competencias establecidas por el
legislador.
Asimismo, en el caso bajo estudio, la Sala no advierte la existencia
de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de
tutela de la referencia como mecanismo transitorio, dado que, de
los elementos de juicio obrantes en el expediente no es posible
establecer dicha circunstancia.
Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente la
solicitud de amparo por incumplimiento del requisito de
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Actor: JORGE ELIECER BENÍTEZ RODRÍGUEZ
subsidiariedad, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Actor: JORGE ELIECER BENÍTEZ RODRÍGUEZ
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de marzo de
2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la
gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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