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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2014-00420-01

Fecha
10 de febrero de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2014-00420-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F AL L A Primero. Confirmar la sentencia proferida el 18 de octubre de 2016 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por el señor Jorge Eliécer Benítez Rodríguez en contra del departamento de Córdoba, según lo expuesto en las consideraciones que anteceden. Segundo. Tener como presentados oportunamente los alegatos de conclusión en primera instancia, según las anteriores consideraciones. Tercero. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia. Cuarto. Reconocer al abogado Ronny Mario Roys Candanoza como apoderada judicial del departamento de Córdoba en la forma y términos del poder que obra en folio 312 del expediente. Quinto. En firme esta providencia, por Secretaría dispóngase la devolución del expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 23001-23-33-000-2014-00420-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

10 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 23001 23 33 000 2014 00420 01 (0699-17)
Demandante: Jorge Eliécer Benítez Rodríguez
Demandado: Departamento de Córdoba

Temas: Sanción disciplinaria - destitución

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del
demandante, contra la sentencia proferida el 18 de octubre de 2016 por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, mediante la cual se declaró probada la excepción
«aplicación del procedimiento previsto en la Ley 734 de 2002» propuesta por la
entidad demandada y se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Jorge Eliécer Benítez Rodríguez, por conducto
de apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 23001 23 33 000 2014 00420 01 (0699-17)
Demandante: Jorge Eliécer Benítez Rodríguez

administrativo, en orden a que se declare la nulidad de las decisiones disciplinarias
proferidas el 13 de febrero de 2014 por la Unidad de Control interno Disciplinario de
la Gobernación del departamento de Córdoba y el 21 de marzo de 2014 por el
gobernador (E) de esa entidad territorial, respectivamente, dentro de la investigación
identificada con el número 0007-2013, mediante las cuales se le declaró
disciplinariamente responsable por las conductas investigadas y se impusieron las
sanciones de destitución e inhabilidad general para el ejercicio de funciones
públicas por el término de diez años.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó condenar al departamento
de Córdoba a (i) ordenar el reintegro al cargo que venía desempeñando o a uno de
igual o superior jerarquía; (ii) pagar los salarios, primas, reajustes o aumentos de
sueldo y demás emolumentos que dejó de percibir desde la fecha de su
desvinculación ilegal y hasta cuando se produzca el reintegro; (iii) declarar que no
hubo solución de continuidad en la prestación del servicio, para efectos legales y
prestacionales; (iv) actualizar la condena, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
190 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo;
(v) condenar en costas a la entidad demandada; y (vi) disponer el cumplimiento de
la sentencia en los términos de los artículos 192 y 199 de la Ley 1437 de 2011.

1.1.2. Hechos

Los hechos que fundamentaron las pretensiones son, en síntesis, los siguientes:

(i) El 14 de febrero de 2010, la señora SLRB, en su condición de coordinadora
académica de la Institución Educativa El Carmen de Cotorra, digirió un oficio en el
que informó acerca de presuntas irregularidades atribuibles al rector de la
institución, lo que sirvió de sustento para que la Unidad de Control Interno
Disciplinario de la Gobernación de Córdoba expidiera el auto del 25 de febrero de
2013, mediante el cual dio apertura a la investigación disciplinaria, de conformidad
con lo previsto en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002.

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Demandante: Jorge Eliécer Benítez Rodríguez

(ii) El investigado, señor Jorge Eliécer Benítez Rodríguez, quien funge como
demandante en esta litis, rindió versión libre dentro de la actuación antes citada; sin
embargo, el operador disciplinario permitió que tal actuación se desarrollara sin
asistencia de un abogado y sin designar uno de oficio y tramitó toda la actuación
procesal con ausencia absoluta de defensa técnica, pese a que la Corte
Constitucional ha considerado que se configura el defecto procedimental cuando se
vulnera el derecho a la defensa técnica —se cita una parte de la Sentencia C-488
de 1996—.

(iii) Cualquier investigación disciplinaria se debe fundar en pruebas legalmente
allegadas y, en ese sentido, el artículo 29 constitucional se constituye en la piedra
angular sobre la cual descansa la actuación; además, el principio de contradicción
se ha desarrollado en el Código Disciplinario Único en el sentido de que se deben
practicar las pruebas conducentes y necesarias, además de permitir la intervención
del investigado en su práctica; por lo tanto, el operador disciplinario está en la
obligación de dar a conocer el decreto de pruebas al disciplinado, así como el día,
la hora y la dependencia en que se practicarán las diligencias; sin embargo, el actuar
del funcionario investigador, en el sub lite, no se rigió por tal procedimiento pues no
le comunicó o hizo saber sobre las pruebas lo que conllevó la privación de su
participación en las diligencias y, por contera, el desconocimiento de su derecho de
defensa y contradicción, tales irregularidades solo se pueden subsanar con la
declaratoria de nulidad de la actuación disciplinaria pues el principio de
contradicción se debe garantizar tanto en la indagación preliminar como en la
investigación, según lo consideró la Corte Constitucional en la Sentencia C-430 de
1997.

(iv) El 25 de agosto de 2013, fecha en la que se vencía el término de seis meses,
previsto en el artículo 156 de la Ley 734 de 2002, el despacho investigador debió
abstenerse de formular cargos al implicado y ordenar el archivo definitivo de las
diligencias; pero, en su lugar, decidió cambiar las reglas y el procedimiento
disciplinario y, sin explicación alguna, aplicó el artículo 48 de la ley citada, que rige
las faltas gravísimas, con lo cual amplió los términos de la investigación sin definir
si el título de imputación doloso o gravemente culposo se podría enmarcar en la

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Demandante: Jorge Eliécer Benítez Rodríguez

falta disciplinaria endilgada. Sobre el anterior aspecto surge el interrogante de
establecer cuál fue la prueba que tuvo en consideración el operador disciplinario
para cambiar la denominación de la falta de grave o leve a gravísima y por qué no
se le dio la oportunidad de controvertirla. Las anteriores circunstancias hacen
anulable la actuación.

(v) La apreciación de las pruebas debe ser integral, razonada y el objeto de su
práctica no es otro que obtener la verdad, la certeza y la convicción sobre los hechos
materia de investigación; no obstante, el material probatorio recaudado adolece de
tales elementos.

(vi) El director de la Unidad de Control Interno Disciplinario desconoció los
argumentos de defensa invocados por el disciplinado y «cumpliendo su rol político»
lo sancionó; una vez recurrida la decisión, el ad quem confirmó la decisión, pero si
se revisa el acto expedido por el superior «se observa que fue proyectada por el
mismo fallador de primera instancia con la firma del gobernador encargado».

(vii) El operador disciplinario se abstuvo de comunicar el proveído que decretó las
pruebas y el día y la hora en que estas se practicarían, lo que conlleva violación de
sus derechos de contradicción y defensa.1

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 3, 6, 29, 40 y 123 de la Constitución Política,
156 y 164 de la Ley 734 de 2002.

Al desarrollar el concepto de violación en contra de las decisiones censuradas, la
parte demandante se basó en los siguientes argumentos:

(i) Colombia es un Estado Social de Derecho y se caracteriza porque sus
competencias son regladas, en él se imponen límites al poder estatal, se garantizan
los derechos del individuo, entre ellos, el de defensa frente al Estado; además, en

1 Según subsanación de la demanda [folios 81 a 86].

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Demandante: Jorge Eliécer Benítez Rodríguez

materia de imposición de sanciones, es indispensable el respeto del debido proceso
y la protección del individuo, en su dignidad, su personalidad y su desarrollo, por tal
motivo, existe una relación estrecha entre el derecho procesal y el constitucional y
en el artículo 29 del ordenamiento superior se garantiza la aplicación del debido
proceso a toda clase de actuaciones administrativas.

(ii) En el asunto de la referencia, el trámite disciplinario tuvo origen en la queja
formulada por la coordinadora académica, el 14 de febrero de 2013, ante la Unidad
de Control Interno Disciplinario de la Gobernación de Córdoba; el 25 de febrero de
ese año, la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Gobernación de Córdoba
decidió iniciar la investigación con el fin de verificar la ocurrencia de los hechos,
determinar si la conducta era constitutiva de falta disciplinaria, individualizar al
servidor público involucrado y establecer si actuó al amparo de alguna causal de
exclusión de responsabilidad, todo ello, en virtud del artículo 150 de la Ley 734 de
2002; en el auto anterior, se indicó que dentro de la investigación se recibieron
algunos documentos y testimonios que permitieron conocer ciertas irregularidades.

(iii) Dentro de la investigación se recaudaron las siguientes pruebas: a. Oficio de
notificación personal de la apertura de investigación disciplinaria al investigado, de
fecha 8 de marzo de 2013; b. hoja de vida del demandante en la que consta su
nombramiento en propiedad en la planta de cargos docentes y directivos docentes
a la Gobernación de Córdoba; c. declaración jurada rendida por el señor EEEM en la
que hizo referencia a su ocupación como celador, pero no precisó el lugar en que
prestaba ese servicio, ni acreditó su condición y el operador disciplinario tampoco
se encargó de verificar lo dicho, en ella también se afirmó que laboraba en horario
de 2:00 a 10:00 pm, pero cobraba como si desarrollara su labor de 6:00 pm a 6:00
am y que le pagaba $2.000.000 al señor RFO por solicitud efectuada por el rector,
pese a ello, el investigador disciplinario se abstuvo de dar trascendencia a tal
versión y no ordenó la apertura de investigación ni remitió copias a las autoridades
penales, para que investigaran las irregularidades reconocidas por el declarante y
tampoco llamó al señor RFO para que se pronunciara acerca de tales hechos; sin
embargo, el actor sí formuló queja disciplinaria y denuncia penal por la situación

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Demandante: Jorge Eliécer Benítez Rodríguez

narrada; d. declaración bajo juramento rendida por JSJG, AOD y EDT quienes se
pronunciaron en idéntico sentido que el anterior, aludiendo a su condición de
celadores, sin precisar el lugar y sin que el operador disciplinario realizara las
gestiones orientadas a verificar tal condición, ni las irregularidades que se
informaron en sus testimonios; e. la versión libre rendida por el actor, sin asistencia
de un abogado y sin designar uno de oficio, es decir, omitiendo el derecho a la
defensa técnica.

(iv) La Corte Constitucional ha sostenido que, en materia disciplinaria, la defensa
técnica se concreta en el derecho que tiene el disciplinado de escoger su propio
defensor y, de no ser posible, a ser representado por uno de oficio, designado por
el Estado, sin perjuicio de que el implicado pueda adelantar actuaciones en su
defensa y en los términos de la ley. Tal defensa debe ser ininterrumpida, es decir,
debe durar desde la etapa de investigación hasta la de juzgamiento; sin embargo,
en el sub lite, ello no ocurrió lo que conlleva la anulación de los actos acusados. Se
precisa que el debido proceso es el conjunto de facultades y garantías que otorga
el ordenamiento jurídico para hacer valer los derechos sustanciales dentro de un
proceso judicial o administrativo y tiene tres características esenciales, debe ser
intangible, real o material y permanente y al no estar satisfecha alguna de ellas,
procede la nulidad de la actuación.

(v) El día en que se vencían los seis meses previstos en el artículo 156 de la Ley
734 de 2002 —25 de agosto de 2013— el ente disciplinante debió abstenerse de
formular cargos y, en su lugar, ordenar el archivo de la investigación, pues no existía
material probatorio que demostrara plenamente los cargos endilgados; por ende,
para esa fecha, no era viable decretar y practicar nuevas pruebas, pues el término
para adelantar la investigación disciplinaria estaba vencido y, pese a que el
operador disciplinario podía ampliar el término de esta, durante tres meses, no lo
hizo; por el contrario, y desconociendo el ordenamiento, cambió las reglas del
procedimiento disciplinario y constitucional y, sin análisis probatorio, decidió que se
debía aplicar una norma que consagra las faltas gravísimas y que permite ampliar
los términos, sin determinar a qué título se encuadraba la falta disciplinaria y sin que

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Demandante: Jorge Eliécer Benítez Rodríguez

se puedan identificar las pruebas que consideró pertinentes o conducentes para
cambiar la falta.

(vi) Hubo violación del principio de inmediación de la prueba, toda vez que la
autoridad disciplinaria debió recibir directamente las versiones, testimonios,
inspecciones administrativas, reconocimiento de documentos, entre otras, para no
adoptar una decisión con un material probatorio confeccionado como «una colcha
de retazos» con los documentos y actas que reposaban en el cuaderno original,
pero que no son el resultado de la labor probatoria por parte del órgano competente,
por lo que cabe preguntarse cuántas y cuáles pruebas fueron ordenadas y se
practicaron y cuáles de ellas sirvieron de fundamento a la decisión sancionatoria,
todo lo anterior constituye una violación de los derechos de defensa y debido
proceso ante la imposibilidad de controvertir las pruebas, en tanto que el operador
disciplinario omitió comunicarle al investigado el lugar, la fecha y la hora para su
práctica.

(vii) El señor Benítez Rodríguez no hizo una cosa diferente a sujetarse a la ley,
actuar de buena fe y cumplir su labor, bajo las directrices dadas por el gobernador
del departamento, de ahí que no se configuró el dolo —intención más o menos
perfecta de ejecutar un acto que se conoce contrario a la ley— por lo cual el
operador disciplinario no podía imponer sanción alguna en su contra, pues si no
había actuar doloso o imprudente, no podía endilgarse responsabilidad disciplinaria,
máxime cuando no hubo detrimento patrimonial, aspecto que también fue
desconocido por la autoridad de control y que violó el derecho que le asistía a que
se tuvieran en cuenta las pruebas que favorecen al disciplinado. Todo lo anterior
confluye en que no hubo lesión o puesta en peligro de ningún bien jurídico tutelado,
por ende, no procedía imponer sanción en su contra, máxime cuando no había
pruebas que así lo determinaran, de ahí que se predique una irrazonable valoración
probatoria que atenta contra los principios de necesidad de la prueba, culpabilidad,
presunción de inocencia e imparcialidad.

1.2. Contestación de la demanda

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Demandante: Jorge Eliécer Benítez Rodríguez

El departamento de Córdoba contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de
las pretensiones,2 para lo cual expuso las razones que se relacionan a continuación:

(i) La investigación se llevó a cabo respetando el procedimiento y los derechos al
debido proceso y defensa del investigado, como consta en los documentos que
reposan en el expediente; se le informó de la posibilidad de asistir al trámite con la
comparecencia de un abogado y se le comunicaron todos los actos de decreto y
práctica de pruebas, a las cuales asistió, razón por la cual se infiere que la decisión
sancionatoria es el resultado de un procedimiento transparente.

(ii) En el sub lite debe prosperar la excepción de aplicación del procedimiento
previsto en la Ley 734 de 2002, que fue la norma que empleó el ente disciplinario
para tramitar la queja que dio origen a la actuación, la cual, se insiste, salvaguardó
el debido proceso del investigado y permitió su participación y el ejercicio de sus
derechos.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia proferida el 18 de
octubre de 2016,3 negó las pretensiones de la demanda, con sustento en lo
siguiente:

(i) Lo relativo a la presunta vulneración del derecho al debido proceso y la defensa
técnica fue abordado en el auto mediante el cual se resolvió la solicitud de
suspensión provisional y se mantienen las consideraciones expuestas para negar
esa medida precautoria, las cuales consisten en que el proceso disciplinario es
distinto al penal y en el primero de ellos no necesariamente se actúa a través de un
abogado, toda vez que el artículo 165 del Código Disciplinario Único dispone que la
notificación del pliego de cargos se realiza al disciplinado o a su apoderado lo que,

2 Folios 98 y 99.
3 Folios 246 a 257.

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de suyo, implica que el funcionario investigador no está en la obligación de designar
un apoderado de oficio; así las cosas, era potestativo del demandante designar a
su representante, pero no lo hizo pese a que se le informó la facultad que tenía para
ese efecto, por lo que no puede alegar que tal omisión constituya violación de sus
derechos ni permita configurar una causal de anulación de los actos acusados.

(ii) La presunta violación del derecho de defensa, de contradicción probatoria y de
inmediación dentro del procedimiento, en cuanto se omitió poner en conocimiento
la providencia que decretó pruebas, no obedece a la realidad por cuanto sí se
procedió de conformidad el 16 de octubre de 2013, momento en el cual se le notificó
el auto del 3 de ese mes y año, en el cual, incluso, se decretaron las pruebas que
solicitó el demandante, como está demostrado en el expediente; además, este se
hizo presente dentro de las diligencias en las que se recaudaron las pruebas
testimoniales, motivo por el cual no se configura la presunta violación de los
derechos invocados.

(iii) Adicionalmente, en el expediente se verifica que las pruebas fueron decretadas
en su integridad, incluso las solicitadas oportunamente por el demandante,
mediante escrito del 16 de septiembre de 2013 y la única que no se practicó fue el
testimonio del señor José Miguel Arteaga Julio, en todo caso, esa no fue una prueba
solicitada por el investigado, sino decretada, en forma oficiosa, por el ente de
control, por lo que esa situación no conlleva vulneración de los derechos
reclamados, y, menos aún, cuando no se demostró que los medios de convicción
fueron practicados sin el previo decreto y, en todo caso, su recaudo se realizó
debidamente.

(iv) En lo que se refiere a la presunta violación del término previsto en el artículo
156 de la Ley 734 de 2002, bajo el supuesto de que el 25 de agosto de 2013 no era
viable la práctica de nuevas pruebas, pues se había vencido el término para el
efecto, se enfatizó que la norma aludida fue modificada por el artículo 52 de la Ley
1474 de 2011 que fija el término de 12 meses para llevar a cabo la investigación
disciplinaria, contados a partir de su apertura y, en el sub lite, no se superó ese

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Demandante: Jorge Eliécer Benítez Rodríguez

límite temporal porque entre el auto de apertura y el de formulación de cargos
transcurrieron 6 meses y 4 días —del 25 de febrero al 29 de agosto, ambos de
2013—.

(v) El cargo relativo a la presunta violación de los derechos de defensa y
contradicción probatoria no es preciso porque no se identifican los testimonios que,
en sentir del demandante, se habría recibido sin la comunicación previa para su
recaudo; sin embargo, según se expuso, todos se recibieron con presencia del
investigado, lo que desvirtúa el presunto desconocimiento que tenía sobre su
recaudo.

(vi) La aseveración del demandante, según la cual su conducta careció del elemento
doloso que exige la norma para imponer la sanción no tiene sustento, toda vez que
en el pliego de cargos se estudió la conducta y se concluyó que estaba enmarcada
en la falta gravísima prevista en el artículo 48, numeral 1, de la Ley 734 de 2002 y
que se realizó con ocasión del cargo o función desempeñado o abusando de él, por
ende, se concordó con las demás normas pertinentes del Código Disciplinario Único
en materia de incumplimiento de los deberes que le asistían como servidor público,
todo lo cual llevó al operador disciplinario a concluir que se trataba de una falta
gravísima, en el entendido de que el investigado actuó a sabiendas de que su
comportamiento implicaba el incumplimiento de sus deberes, afectaba la modalidad
y el patrimonio del ente demandado, de ahí que haya quedado desvirtuada la buena
fe alegada por el actor.

(vii) Frente al argumento consistente en que la conducta no comportó un detrimento
para el erario, es importante recordar que la falta imputada no conllevaba la
existencia de un detrimento patrimonial y, por esa razón, no era un elemento
susceptible de verificación y comprobación por parte de la autoridad disciplinaria.

(viii) Tampoco hubo un cambio intempestivo en la graduación de la falta, como lo
sugiere el demandante, pues desde el momento en que se formuló el pliego de
cargos, se calificó la gravedad de la falta, se determinó la conducta en que incurrió

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y se indicó que esta era susceptible de ser sancionada a título de dolo, efecto para
el cual se invocó el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por lo que no
es cierto que en la etapa de investigación de hubiera graduado la sanción y ello
desvirtúa la tesis de modificación intempestiva alegada por el actor.

(ix) El cargo por falsa motivación carece de precisión pues aun cuando se hace la
formulación, no se desarrolla en qué manera se configuró el vicio y, en todo caso,
la revisión de la actuación disciplinaria permite concluir que las decisiones
adoptadas se acompasan con el material probatorio recaudado.

(x) Finalmente, se advierte que en las declaraciones rendidas por los testigos que
acudieron al despacho judicial del tribunal, y que fueron solicitadas por el
demandante, existe contrariedad y no demuestran si el jefe de la oficina de control
disciplinario de la Gobernación de Córdoba estuvo o no presente en el recaudo de
la prueba testimonial surtida ante esa instancia, de manera que no se probó
fehacientemente ese hecho y, en todo caso, de haberse demostrado, tal
circunstancia no haría anulables los actos enjuiciados, porque las declaraciones no
fueron determinantes para endilgar responsabilidad disciplinaria.

1.4. El recurso de apelación

El señor Jorge Benítez Rodríguez, por conducto de su apoderado, interpuso recurso
de apelación,4 con base en los argumentos que se enuncian a continuación:

(i) En primer lugar, la entidad demandada se limitó a contestar la demanda pidiendo
negar las pretensiones, formulando la excepción, pero sin aportar o pedir pruebas y
tampoco asistió a las audiencias y pruebas testimoniales y documentales
«presentadas» por el demandante.

4 Folios 262 a 267.

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Demandante: Jorge Eliécer Benítez Rodríguez

(ii) Uno de los cargos formulados consistió en la violación del principio de
inmediación de la prueba, que se debe materializar en la investigación disciplinaria,
pues permite la constatación directa, por parte del operador disciplinario, de los
elementos de juicio que lo pueden conducir a la verdad y, en el sub lite, este fue
quebrantado, porque el investigador tenía el deber legal de practicar directamente
las pruebas, recibir las versiones, los testimonios, las inspecciones, realizar el
reconocimiento de documentos y demás; sin embargo, el juzgador de primera
instancia «se convi[rtió] en abogado de oficio de la gobernación de Córdoba» y
justificó tal inconsistencia argumentando que los testigos presentados por la parte
demandante son sospechosos, por lo que vale preguntarse: si tenía tal percepción,
por qué no desató sus sospechas haciendo las preguntas respectivas en la
audiencia, además, por qué la entidad no asistió a su práctica y no rebatió, en el
memorial de alegatos, lo dicho en las declaraciones. En últimas, no se entiende por
qué si la justicia de lo contencioso administrativo es rogada, por qué el juez de
instancia defendió a la entidad, cuando esta, que era la interesada, no hizo lo propio.

(iii) La sentencia apelada no está ajustada a derecho porque las pruebas que
reposan en el expediente disciplinario demuestran que fueron practicadas con
violación del principio de inmediación, por el funcionario que no era competente y
con violación del derecho de defensa y ello da lugar a su anulación y, se repite, no
se entiende por qué el juez de instancia tan solo alude a una «contradicción» cuando
se refiere a un testimonio en el que se informa sobre el recaudo de la prueba por
parte de una persona ajena al despacho de la oficina de control disciplinario de la
entidad, en lugar de tenerlo como razón suficiente para desvirtuar la legalidad de
las decisiones sancionatorias, cuando ello, de por sí, constituye una violación
constitucional que habilita para invalidar los actos acusados.

(iv) En la sentencia se aseguró que no se violó el derecho fundamental a la defensa
técnica ante la ausencia de un abogado, pues el disciplinado no lo necesitaba; sin
embargo, la Corte Constitucional ha considerado que dentro del marco de la
protección de ese derecho se debe garantizar la escogencia del propio defensor o
designar uno de oficio y que la gestión, al respecto, se debe desarrollar de manera

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ininterrumpida, es decir, debe comprender tanto la etapa de investigación como la
de juzgamiento. Además, la satisfacción del derecho de defensa comprende el de
presentar pruebas y de controvertir las allegadas y que son nulas de pleno derecho
aquellas obtenidas con violación del debido proceso y, en el sub lite, el no comunicar
o no hacer saber sobre la práctica de las pruebas conllevó la privación de su
participación en las diligencias y la violación de los derechos anotados,
circunstancias que tan solo pueden resultar saneadas con la anulación de la
actuación disciplinaria.

(v) Finalmente, el a quo se abstuvo de valorar los alegatos de conclusión, aduciendo
que se presentaron por fuera del término legal; sin embargo, hubo un error en el
conteo, por parte del tribunal, pues no consideró que en la última audiencia
celebrada se solicitó una prueba, que fue allegada solo el 20 de junio de 2016, de
la cual se corrió traslado, de modo que los términos para presentar los alegatos se
suspendieron y tan solo se reanudaron el 24 de junio —después del traslado de la
prueba— y vencieron el 5 de julio del año en cita, lo cual desvirtúa la
extemporaneidad de su participación en esa etapa procesal.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Durante el término de traslado para alegar de conclusión, el señor Jorge Eliécer
Benítez Rodríguez allegó dos escritos, mediante los cuales hizo mención de algunos
aspectos relacionados con el proceso de la referencia; sin embargo, lo hizo a
nombre propio, es decir, no por intermedio de su apoderado y tampoco acreditó la
condición de abogado, para ese efecto, pese a que para actuar ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo y conforme a lo dispuesto en el artículo 160 de la
Ley 1437 de 2011 se exige acudir por conducto de un profesional del derecho, como,
en efecto, lo hizo a lo largo del proceso, incluso hasta la interposición del recurso
de apelación contra la sentencia de primera instancia, motivo por el cual no se
tendrán en cuenta las consideraciones allí realizadas.

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Demandante: Jorge Eliécer Benítez Rodríguez

La parte demandada guardó silencio durante esta etapa procesal.5

1.6. El Ministerio Público

No rindió concepto6.

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

De conformidad con el planteamiento del recurso de apelación, se circunscribe a
establecer si con la expedición de los actos censurados, la entidad demandada
incurrió en: (i) desconocimiento del principio de inmediación para la práctica de las
pruebas testimoniales; (ii) irrespeto del principio del derecho de defensa técnica
porque el disciplinado no actuó por intermedio de un abogado, en el curso de la
investigación y no se le designó un defensor de oficio; (iii) violación del derecho al
debido proceso por no dar a conocer al disciplinado las fechas en que se
recaudarían las pruebas, lo que impidió su participación en ellas. Por otro lado, se
identificará si los alegatos de conclusión en primera instancia fueron o no
presentados oportunamente por la parte demandante.

2.2. Marco normativo

El régimen de responsabilidad de los servidores públicos está delimitado por lo
previsto en el artículo 6 de la Constitución Política, según el cual «los particulares
solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes.
Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación
en el ejercicio de sus funciones»7.

5 Folio 305.
6 Folio 305.
7 Negrilla de la Sala.

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El artículo 125, inciso 4, constitucional establece que el retiro del servicio en los
órganos y entidades del Estado se produce por «calificación no satisfactoria en el
desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás
causales previstas en la Constitución o la ley»8.

Entre tanto, según el libro I del título I de la Ley 734 de 2002, señala que el ejercicio
del poder disciplinario se debe regir por los principios de legalidad, debido proceso,
presunción de inocencia, favorabilidad, proporcionalidad, motivación, entre otros;
además, la actuación procesal debe estar sujeta a los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y contradicción,
al tenor de lo dispuesto en el artículo 94 ibidem.

De otra parte, en materia probatoria, con el propósito de lograr la búsqueda de la
verdad material, la ley consagra que la autoridad disciplinaria debe «investigar con
igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta
disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar su
inexistencia o lo eximan de responsabilidad»,9 para tal efecto, puede hacer uso de
cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos; sin embargo, la prueba
recaudada sin el lleno de las formalidades sustanciales o con desconocimiento de
los derechos fundamentales del investigado, se tendrá como inexistente.10 En todo
caso, para su valoración, el funcionario debe hacer una apreciación integral de todos
los medios probatorios recaudados, atendiendo para ese efecto, las reglas de la
sana crítica. Valga aclarar que las pruebas inconducentes, impertinentes y
superfluas serán rechazadas11 y que la oportunidad para controvertir la prueba
surge a partir del momento en que el investigado tenga acceso a la actuación
disciplinaria.12

En lo que tiene que ver con el ejercicio de su defensa, el investigado, durante la
actuación disciplinaria, tiene derecho a la defensa material y a la designación de un

8 Negrilla fuera de texto.
9 Artículo 129 de la Ley 734 de 2002.
10 Artículo 140 de la Ley 734 de 2002.
11 Tal como lo prescribe el artículo 132 de la Ley 734 de 2002.
12 Artículo 138 de la Ley 734 de 2002.

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abogado;13 si «solicita la designación de un defensor así deberá procederse» y
«cuando se juzgue como persona ausente deberá estar representado a través
de apoderado judicial, si no lo hiciere se designará defensor de oficio».14 En torno a
la designación del apoderado, el artículo 165 de la ley 734 de 2002 prescribe:

Artículo 165. Notificación del pliego de cargos y oportunidad de variación. El pliego
de cargos se notificará personalmente al procesado o a su apoderado si lo tuviere.

Para el efecto inmediatamente se librará comunicación y se surtirá con el primero
que se presente.

Si dentro de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación no se ha
presentado el procesado o su defensor, si lo tuviere, se procederá a designar
defensor de oficio con quien se surtirá la notificación personal. […]

La norma anterior fue susceptible de análisis de constitucionalidad, y, en particular,
acerca de la defensa técnica, la Corte se refirió en los siguientes términos:15

4. Análisis del inciso 1º del artículo 165 de la Ley 734 de 2002. El derecho
fundamental a la defensa técnica en el campo del derecho disciplinario no exige
que el procesado siempre deba estar representado por un apoderado.

Pasa la Corte a estudiar la constitucionalidad de la expresión si lo tuviere contenida
en el inciso 1º del artículo 165 del Código Disciplinario Único, a la luz del siguiente
problema jurídico: ¿Es contrario al debido proceso, específicamente al derecho a la
defensa técnica, que la ley prevea situaciones en las cuales un servidor público
procesado disciplinariamente no sea representado por un abogado?

Para resolver esta cuestión es necesario determinar si cuando el artículo 29 de la
Constitución dijo que quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia
de un abogado escogido por él, o de oficio estableció una garantía que se ha de
extender obligatoriamente a ámbitos diferentes al penal. La jurisprudencia
constitucional ya se ha pronunciado acerca del problema planteado. La exigencia
constitucional de la defensa técnica ha sido circunscrita al proceso penal y no
se tiene siempre que extender a otro tipo de procesos, aunque el legislador
puede en ejercicio de su potestad de configuración extenderla. Es así como en
la sentencia C-131 de 200216 la Corte resolvió declarar exequible una expresión del
artículo 42 de la Ley 610 de 2000 que establecía que la defensa técnica del implicado
en un proceso de responsabilidad fiscal era facultativa.17 En esta sentencia, la

13 Según lo previsto en el artículo 92, numeral 2, de la Ley 734 de 2002.
14 Según lo previsto en el artículo 17 de la ley 734 de 2002.
15 Sentencia C-328 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
16 Cita propia del texto transcrito «MP Jaime Córdoba Triviño».
17 Cita propia del texto transcrito «Los enunciados acusados en dicha ocasión son los subrayados a

continuación. Artículo 42 de la Ley 610 de 2000. Garantía De Defensa Del Implicado. Quien tenga
conocimiento de la existencia de indagación preliminar o de proceso de responsabilidad fiscal en su

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Corporación consideró que el artículo 29 de la Constitución no ordena la defensa
técnica en procesos que no son de naturaleza penal.

[…]
En otra sentencia, la Corte Constitucional abordó indirectamente esta misma cuestión
cuando declaró exequible una norma que decía que el procesado disciplinariamente
podría designar un apoderado si lo estima necesario. De dicho fallo se deduce que el
derecho a la defensa técnica no está constitucionalmente ordenado en el campo del
derecho sancionatorio disciplinario.18

[…]
Por lo tanto, no es contrario al artículo 29 de la Constitución que la ley deje a la libre
determinación del sujeto disciplinado si desea o no ser representado por un abogado.
Así, el enunciado acusado será declarado exequible.

En lo que se refiere a las faltas endilgadas al demandante, la Ley 734 de 2002,
«[p]or la cual se expide el Código Disciplinario Único», artículo 48, numeral 1, prevé:

Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:

1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito
sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como
consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo.

La anterior disposición fue concordada, por la autoridad disciplinaria, con la
conducta delictiva denominada concusión, que aparece reseñada en el artículo 404
del Código Penal, en los siguientes términos:

El servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca
a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra
utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión de […]

contra y antes de que se le formule auto de imputación de responsabilidad fiscal, podrá solicitar al
correspondiente funcionario que le reciba exposición libre y espontánea, para cuya diligencia podrá
designar un apoderado que lo asista y lo represente durante el proceso, y así le hará saber al
implicado, sin que la falta de apoderado constituya causal que invalide lo actuado.» (Subraya propia
del texto).
18 Cita traída del original «En el mismo sentido, la sentencia C-280 de 1996 (MP Alejandro Martínez

Caballero) declaró exequible la expresión "designar apoderado, si lo considera necesario" contenida
en el literal e) del artículo 73 del anterior Código Disciplinario Único. En palabras de la Corte, la
asistencia de un apoderado escogido por el disciplinado es una expresión del derecho a la defensa
técnica, que no podía ser ignorado por el régimen disciplinario, por cuanto hace parte del debido
proceso en este campo, sin perjuicio de que el disciplinado también pueda ser asesorado, en forma
extra procesal, por diversas organizaciones sociales. (Cursiva y comillas propias del texto).

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De igual manera, se le endilgó el desconocimiento de los derechos previstos en el
artículo 34, numerales 1, 5 y 21 de la ley 734 de 2002, que son del siguiente tenor:

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los
tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones,
las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de
trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente.

[…]
5. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo,
cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar
la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos.

[…]
21. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar
que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han
sido destinados.

Y se cuestionó el haber incurrido en las prohibiciones de que tratan los numerales
1, 6 y 17 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, que señalan:

1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones
contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones,
las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos
de trabajo.

[…]
6. Ejecutar actos de violencia contra superiores, subalternos o compañeros de trabajo,
demás servidores públicos o injuriarlos o calumniarlos.

[…]
17. Ejercer cualquier clase de coacción sobre servidores públicos o sobre particulares
que ejerzan funciones públicas, a fin de conseguir provecho personal o para terceros,
o para que proceda en determinado sentido.

2.3. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, y con miras a analizar
los cargos del recurso, se puede establecer lo siguiente:

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2.3.1. Sobre la investigación disciplinaria y la participación del demandante en
ella

(i) El 25 de febrero de 2013,19 se remitió oficio con destino al demandante, por parte
del jefe de la Unidad de Control Interno Disciplinario de la Gobernación de Córdoba,
en el cual se le comunicó que se ordenó la apertura de la investigación disciplinaria,
y que se notificaría lo pertinente, para lo cual se le requirió comparecer a esa
dependencia dentro de los 8 días siguientes al recibo de tal comunicación; además,
en su texto se lee lo siguiente:

También le informo que tiene el deber procesal de señalar la dirección en la cual
recibirá las comunicaciones y de informar cualquier cambio de ella. La omisión de tal
deber implicará que las comunicaciones se dirijan a la última dirección conocida.

Adicionalmente, puede recibir en su dirección de correo electrónico o fax las
decisiones que le deban ser notificadas personalmente o comunicadas, para lo cual
es necesario que previamente y por escrito, acepte ser notificado de esta manera, de
conformidad con lo establecido en el artículo 102 del Código Disciplinario Único.

Si es disciplinado también tiene derecho a designar defensor. [Resalta la Sala]

(ii) El 8 de marzo de 2013,20 el actor compareció a la actuación disciplinaria y se le
notificó personalmente de su apertura.

(iii) El 22 de abril de 2013,21 se recibió la versión libre del demandante, quien no
estuvo acompañado de abogado, y expuso:

[…] yo a veces contrato a personas por jornales para recolección de escombros de
basuras para poda de árboles, para limpieza con tiner [sic] a los tableros, en algunas
ocasiones solicitan permisos para diligencias personales y solicitan que se les deje
enviar un remplazo temporal por dos o tres días, personas que según ellos son
idóneas y ellos le orientan el trabajo inclusive a veces ocurre cuando tienen
incapacidad medica igual sucede con los celadores ellos a veces me piden permiso y
envían a otro por un día y cuando no envían me toca a mi [sic] colocar el remplazo
cuando tienen incapacidad o cita medica [sic] me a [sic] tocado a mi [sic] buscar quien
le colabore con esas actividades […] les he recomendado a los celadores tener mas

19 Folio 47 del cuaderno 1 del expediente disciplinario.
20 Según se desprende de la documental de folio 888 del cuaderno 2 de anexos del expediente

disciplinario.
21 Folios 193 a 197 del cuaderno 1 del expediente disciplinario.

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[sic] presente el cumplimiento de horarios, les he pedido mayor colaboración y en
épocas difíciles como en semana santa corralejas festivales le he Solicitado [sic] a
unos señores voluntarios que ayuden a vigilar los colegios pero a horas diferentes a
los turnos de los celadores o acompañando al celador de planta, […]

(iv) El 29 de agosto de 2013,22 el jefe de la Unidad de Control Interno Disciplinario
de la Gobernación de Córdoba emitió el auto por medio del cual formuló el siguiente
cargo al demandante:

[…] en su condición de Directivo Docente Rector de tiempo completo de la Institución
Educativa El Carmen en el municipio de Ciénaga de Oro23 (sic), al parecer incurrió en
conducta irregular de la cual se evidencian presuntas irregularidades administrativas
que pueden constituir faltas de carácter disciplinario, entre las cuales está la de
constreñir a los celadores de planta de la Institución Educativa El Carmen
amenazándolos con trasladarlos a otras sedes, para que le firmaran las planillas del
reporte de horas extras, dominicales y festivos las cuales contenían una información
FALSA consistente en un mayor número de horas extras trabajadas a fin de lograr un
mejor pago por parte de la Gobernación de Córdoba y con el dinero excedente
cancelarle ($400.000) mensuales a unos particulares que prestaban el servicio de
celaduría en el horario de 10 de la noche a 6 de la mañana, estos eran contratados
verbalmente por el señor rector JORGE ELIÉCER BENÍTEZ RODRÍGUEZ, así como también
los celadores de planta debían cancelarle al Rector JORGE BENÍTEZ las facturas de
unos MODEM de internet que son usados por su familia y por él. Por lo anterior al
investigado se le investiga por una posible FALTA GRAVÍSIMA.

[…]
Esta oficina de Control Interno Disciplinario considera que la conducta desplegada
por el investigado infringió la ley disciplinaria, especialmente el artículo 48, numeral 1
de la Ley 734 de 2002, que contempla la falta gravísima consistente en realizar
objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a
título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la
función o cargo, o abusando el mismo. Delito que en este caso podría ser el de
CONCUSIÓN […]

La falta, materia de la presente Investigación Disciplinaria se considera GRAVÍSIMA A
TÍTULO DE DOLO en virtud de las modalidades y circunstancias en las que se pudo
cometer la misma, ya que el disciplinado constriñó a los celadores de planta de la
Institución Educativa de la que es rector amenazándolos con trasladarlos a otras
sedes, para que le firmaran las planillas del reporte de horas extras, dominicales y
festivos las cuales contenían una información FALSA consistente en un mayor número
de horas a fin de lograr un mayor pago por parte de la Gobernación de Córdoba […]
teniendo en cuenta además el grado de instrucción del disciplinado (Ingeniero) y la
experiencia en las funciones relacionadas con su cargo. De igual manera es motivo
de gravedad de la falta el aprovechamiento de la confianza del investigado, al ser la
persona que fue nombrada en ese cargo teniendo en cuenta la idoneidad para ejercer
el mismo, siendo esta una función de vital importancia […]

22 Folios 935 a 961 del cuaderno 2 anexo del expediente disciplinario.
23 En el resto de la investigación se alude al municipio de Cotorra.

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(v) El 18 de julio de 2013,24 el jefe de la Unidad de Control Interno Disciplinario
expidió auto mediante el cual cerró la investigación disciplinaria, de conformidad con
lo previsto en el artículo 53 de la ley 1474 de 2011 y 160A de la Ley 734 de 2002.

(vi) El 25 de julio de 2013,25 el demandante, actuando en nombre propio, interpuso
recurso de reposición en contra de la anterior decisión, en el cual cuestionó, entre
otras, las siguientes situaciones durante la etapa de investigación disciplinaria: a.
que la versión libre fue recibida en fecha anterior a la citación, sin asistencia de
apoderado y sin conocer la declaración de los celadores; b. el no haber vinculado a
los celadores como sujetos procesales, dada la confesión que se derivaba de sus
versiones; otras circunstancias relativas al desconocimiento de horas extras y
recargos nocturnos reportadas por los celadores, verificadas y su posible exceso
frente a los límites fijados por la secretaría de educación, ni la corroboración del
cumplimiento de ellas por parte de los celadores.

(vii) El 5 de agosto de 2013,26 el jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario
resolvió el recurso de reposición interpuesto y mantuvo la decisión recurrida, con
base en las siguientes consideraciones:

Este despacho considera que la aseveración por parte del petente resulta ser
desatinada en todo sentido, en primer lugar porque el oficio de notificación de la
apertura de Investigación DisciplinariaNo. 00043de (sic) fecha 25 de febrero de 2013,
del cual recibió copia y firmado su original por el disciplinado el día ocho (8) de marzo
de 2013, en su parte final dice “Si es disciplinado también tiene derecho a designar
defensor”, de esta manera confirmándose el garantismo por parte de este despacho
respecto a los sujetos procesales en esta causa.

[…]
Por último considera este despacho que en ningún momento se ha desconocido el
derecho a la defensa, puesto que se le brindó la oportunidad legal para solicitar y
aportar pruebas e intervenir en su práctica, y no se hizo uso de ese derecho, derecho
que debe ser ejercido en los momentos que la ley contempla para tal propósito.

24 Folios 829 y 830 del cuaderno 2 de anexos del expediente disciplinario.
25 Folios 835 a 837 cuaderno 2 de anexos del expediente disciplinario.
26 Folios 866 a 291 del cuaderno 2 de anexos del expediente disciplinario. No obstante, se aclara

que aparece un error de foliación entre el 867 y el 888, pues no figuran los consecutivos 868 a 887,
pero no hay discontinuidad en la información allí depositada, pues comprende todo el auto de
resolución del recurso.

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Demandante: Jorge Eliécer Benítez Rodríguez

(viii) El 6 de agosto de 2013,27 se le entregó al demandante el auto mediante el cual
se decidió el recurso de reposición.

(ix) El 16 de septiembre de 2013,28 el señor Benítez Rodríguez presentó sus
descargos y manifestó actuar «en nombre propio» y el escrito fue suscrito,
directamente, por él. Allí se advierte que el investigado cuestionó el hecho de
haberse recibido su versión libre sin asistencia de apoderado y en una fecha anterior
a la citación de los celadores que declararon y que las pruebas anteriores no habían
podido controvertirse o corroborarse, razón por la cual, previamente, había
interpuesto recurso de reposición, el cual fue negado.

(x) El 3 de octubre de 2013,29 el jefe de la Unidad de Control Interno Disciplinario
de la Gobernación de Córdoba expidió el auto mediante el cual se decretaron las
pruebas solicitadas por el demandante en el memorial de descargos, así: a.
declaraciones: Luis Madera Hernández, Nirma González González, Arelis del
Socorro Mira Domínguez, María Victoria Guzmán Cantero y Ana Milena Llorente; y
b. visita especial a la dependencia de nómina de la Secretaría de Educación del
departamento de Córdoba, para verificar lo reportado y pagado por concepto de
horas extras en el año 2012, a los señores Emildaldo Enor Espitia Martínez, José
de los Santos Julio Guerra, Alberto Ochoa Durango y Eliécer Díaz Torres, en su
condición de celadores de la institución educativo. Por otro lado, en forma oficiosa
se dispuso recibir la declaración bajo juramento de los señores Miguel Rodrigo
Flórez Ochoa, José Miguel Arteaga Julio, Lademiro José Ochoa Julio, Raúl
Hernández González y José María Guevra (sic).

(xi) El 13 de febrero de 2014,30 la Unidad de Control Interno Disciplinario de la
Gobernación de Córdoba expidió la decisión disciplinaria de primera instancia, en la
cual se sancionó al señor Jorge Eliécer Benítez Rodríguez, en su condición de rector

27 Folio 893 del cuaderno 2 de anexos del expediente disciplinario.
28 Folios 975 a 992 del cuaderno 2 de anexos del expediente disciplinario.
29 Folios 1062 a 1063 del cuaderno 2 de anexos del expediente disciplinario.
30 Folios 38 a 64.

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de la Institución Educativa El Carmen del municipio de Cotorra, con destitución e
inhabilidad general para ejercer funciones públicas por el término de diez años. Para
verificar las normas que consagran la conducta investigada y las consideraciones
que se tuvieron en cuenta para adoptar tal decisión, a continuación se transcribe lo
pertinente:

[…] Esta Oficina de Control Interno Disciplinario considera que la conducta
desplegada por el investigado infringió la Ley disciplinaria, especialmente el artículo
48, numeral 1 de la Ley 734 de 2002, que contempla la falta gravísima consistente en
realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito
sancionable A título de dolo, cuando se comenta en razón, con ocasión o como
consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo. Delito que en este caso
es el de CONCUSIÓN para lo cual es de utilidad recordar, inicialmente que:

El delito de concusión establece clara y diferencialmente tres conductas alternativas
“constreñir”, “inducir” y “solicitar”, bastando para su configuración, -obviamente,
dejando a salvo la calidad del sujeto activo que debe ser el servidor público- que una
cualquiera de las mencionadas hipótesis se exteriorice para predicar estructurado
este tipo penal, atendiendo que el interés jurídico que se protege con esta modalidad
represiva es la administración pública, la cual se afecta con el sólo hecho de que el
servidor estatal, prevalido de su condición, esto es, abusando de su cargo o de sus
funciones constriña a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero,31
dinero o cualquier otra utilidad indebida o los solicite, siendo de fácil comprensión que
ella se afecta por el desconcierto o desconfianza que genera en los asociados los
actos de corrupción administrativa por parte de los agentes del Estado de quienes se
espera el cumplimiento cabal y eficiente de la gestión pública, preservando los
principios de imparcialidad, honestidad, pulcritud y lealtad, por consiguiente, se
impone la represión contra todos aquellos actos de los servidores públicos que
desborden los fines sobre los cuales la sociedad afianza la coexistencia pacífica en
el entendido de que los conflictos que se presenten entre los coasociados, son
resueltos bajo el acatamiento y respeto de los principios que orientan la
administración pública.

[…]
Se abusa del cargo o de la función pública cuando el servidor, al margen de las
normas constitucionales y legales a las cuales debe obediencia, es decir aquellas que
organizan y diseñan estructural y funcionalmente la administración pública, constriñe,
induce o solicita a alguien dar o prometer alguna cosa. El delito se consuma
simplemente al ejecutarse cualquiera de estas acciones en provecho del servidor o
de un tercero, independientemente de que la dádiva o utilidad hayan ingresado o no
al ámbito de disponibilidad del actor. […]

Revisada la actuación es evidente que nos encontramos en presencia de presuntos
comportamientos que se encuentran enmarcados en una falta gravísima por lo que
se le da aplicación a lo preceptuado en los artículos 23, 24, artículo 34 numerales 1,
5 y 21, artículo 35 numerales 1, 6, 17 del C.D.U., al haberse “realizado el

31 Negrilla propia del texto transcrito.

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incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de
funciones, o la violación al régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades,
incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la constitución o la ley,
con el hecho de constreñir con su cargo y funciones a los celadores de planta de la
Institución Educativa El Carmen amenazándolos con trasladarlos a otras sedes, si no
le firmaban las planillas del reporte de horas extras, dominicales y festivos las cuales
contenían una información FALSA consistente en un alto número de horas a fin de
lograr un mayor pago por parte de la Gobernación de Córdoba y con el dinero
excedente cancelarle ($400.000) mensuales a unos particulares que prestaban el
servicio de celaduría en el horario de 10 de la noche a 6 de la mañana, y quienes eran
contratados verbalmente por el señor rector JORGE ELIÉCER BENÍTEZ RODRIGUEZ.

Así como también debía cancelarle al Rector JORGE BENÍTEZ las facturas de unos
MODEM de internet que son usados por su familia y por él, presentando un
incumplimiento a los deberes estipulados en la Ley 715 de 2001 la cual contiene el
Manual de Funciones de los directivos docentes en el capítulo tercero- artículo 10, ya
que no se le dio el debido cumplimiento a los numerales 10.6 y 10.15.

(xii) El 21 de marzo de 2014,32 el gobernador (E) del departamento de Córdoba
expidió la decisión disciplinaria de segunda instancia, a través de la cual confirmó
la sanción impuesta por la Oficina de Control Interno Disciplinario, y, de ella, se
desprende lo siguiente:

Además, no es cierto que no esté probada la condición de celadores, máxime cuando
a folios 1209, 1210, 1211, 1212 y 1213, aparece oficio dirigido al […] Jefe de la Unidad
de Control Interno Disciplinario y unas relaciones de las sumas recibidas por los
celadores ELIECER DÍAZ TORRES, EMIDALDO ENOR ESPITIA MARTÍNEZ, JOSE DE LOS
SANTOS JULIO GUERRA y ALBERTO OCHOZ (sic) DURANGO, suscritas por el Coordinador
Nómina Educación […]

También obra en el expediente, a folio 205, una relación del horario de clases de
agosto del 2012, aportada por el disciplinado y suscrita por el mismo, en donde se
indican los nombres de los señores JOSE DE LOS SANTOS JULIO GUERRA, RAÚL ALBERTO
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ALBERTO OCHO (sic) URANGO (sic) y EMIDALDO ENOR ESPITIA
MARTÍNEZ.

Estos documentos demuestran clara y plenamente la calidad de los celadores
mencionados y los argumentos erráticos del apoderado del disciplinado.

[…]
Además, es totalmente falso lo afirmado en el sentido de que “No pudo el investigador
practicar directamente las pruebas En el expediente se demuestra claramente lo
equivocado que está el mencionado profesional del derecho ya que las siguientes
declaraciones fueron recibidas directamente el Jefe de la Unidad de Control Interno
Disciplinario: […]

32 Folios 65 a 75.

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Demandante: Jorge Eliécer Benítez Rodríguez

Tampoco se comparte la apreciación del apoderado del Disciplinado de que éste no
pudo controvertir las pruebas ya que fue citado previamente a todas las declaraciones
y de hecho en la relación procedente se señalaron todas aquellas en las que
voluntariamente asistió. Por tanto las pruebas fueron recepcionadas cumpliendo
todos los parámetros legales establecidos en las normas procedimentales. […]

2.3.2. En relación con la práctica de las pruebas y la intervención del operador
disciplinario

Se recibió la declaración de Álvaro Antonio Ortega Galván,33 quien en su versión
manifestó ser docente en la Institución Educativa El Carmen, del municipio de
Cotorra. En la parte introductoria de la declaración se lee: «el Jefe de la Unidad de
Control Interno Disciplinario en asocio con el doctor Diógenes de la Cruz Hernández,
abogado adscrito a la oficina C.I.D. proceden a imponer al declarante los artículos
33 de CN […].

Adicional a lo anterior, se observan las firmas, entre otros, del señor Iván Emiro
Pérez Morales, en su condición de jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario.

También se advierte en la parte inicial de las declaraciones recibidas a Niver Lucía
Julio Espitia,34 Sixta Luz Romero Bolaños,35 Medardo Enrique Argel Díaz,36 Luisa
Isabel Molina Jalal,37 Ayda Luz Olea López,38 María Eugenia Ruiz Madera,39 Manuel
Salvador Guzmán Espitia,40 Emidaldo Enor Espitia Martínez,41 José de los Santos
Julio Guerra42 y Alberto Ochoa Durango,43 igual referencia que da cuenta de la
participación del jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario y la firma de las
actas en las que consta que estuvo presente en tales diligencias, pues están
suscritas por él.

33 Folios 91 a 93 del cuaderno 1 del expediente disciplinario.
34 Folios 113 a 115 del cuaderno 1 del expediente disciplinario.
35 Folios 170 a 172 del cuaderno 1 del expediente disciplinario.
36
Folios 173 a 175 del cuaderno 1 del expediente disciplinario.
37
Folios 176 a 178 del cuaderno 1 del expediente disciplinario.
38
Folios 179 a 180 del cuaderno 1 del expediente disciplinario.
39
Folios 181 a 182 del cuaderno 1 del expediente disciplinario.
40
Folios 186 a 188 del cuaderno 1 del expediente disciplinario.
41 Folios 198 y 199 del cuaderno 1 del expediente disciplinario.
42
Folios 200 y 201 del cuaderno 1 del expediente disciplinario.
43
Folios 202 y 203 del cuaderno 1 del expediente disciplinario.

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Radicado: 23001 23 33 000 2014 00420 01 (0699-17)
Demandante: Jorge Eliécer Benítez Rodríguez

En concurrencia con la referencia anterior, aparece no solo la constancia de
participación del jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Gobernación
de Córdoba, con la correspondiente firma, que demuestra su intervención, sino
también la participación del actor, señor Jorge Benítez Rodríguez, quien intervino e
interrogó a los testigos en las siguientes declaraciones: Areli del Socorro Mira
Domínguez,44 María Victoria Guzmán Cantero,45 Luis Enrique Madera Hernández,46
José María Guevara Espitia,47 Lademiro José Ochoa Julio,48 Miguel Rodrigo Flórez
Ochoa,49 Ana Milena Llorente Páez,50 Nirma del Rosario González González51 y
Raúl Alberto Hernández González.52

2.3.3. Pruebas testimoniales recaudadas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho por el tribunal de instancia53

(i) Declaración de José María Guevara Espitia

Se le preguntó si es familiar del demandante o tiene algún vínculo con el
departamento de Córdoba y contestó que lo conoce porque iba un nieto al colegio y
que no tiene ningún vínculo de parentesco con él, y que no tiene ninguna relación
laboral con el ente territorial.

El abogado del demandante preguntó desde cuándo conoce al demandante y si ha
tenido vínculo laboral con él y contestó que desde hace unos años y que no ha tenido
relación laboral, se le preguntó si sabía que era el rector de la Institución Educativa
El Carmen y respondió que sí tenía conocimiento al respecto, se le preguntó por qué
fue llamado a rendir declaración ante la Unidad de Control Interno Disciplinario del
departamento de Córdoba, y respondió «porque a mí me llamó a mi casa, yo estaba
enfermo en mi casa y me llevó Alberto Ochoa, Santos Julio que viniera a una
declaración cosa que me dijeran que yo que el señor Benítez me pagaba a mí porque
yo le hacía unos turnos a varios de los celadores». Le preguntó quién le hizo las
preguntas materia del proceso disciplinario, quiénes participaron de la diligencia
respondió «el señor Diógenes Hernández, me hizo esa pregunta […] estaba mi

44
Folios 1185 a 1187 del cuaderno 2 anexo del expediente disciplinario.
45
Folios 1188 a 1190 del cuaderno 2 anexo del expediente disciplinario.
46
Folios 1191 a 1194 del cuaderno 2 anexo del expediente disciplinario.
47
Folios 1195 a 1197 del cuaderno 2 anexo del expediente disciplinario.
48
Folios 1198 a 1201 del cuaderno 2 anexo del expediente disciplinario.
49
Folios 1202 a 1204 del cuaderno 2 anexo del expediente disciplinario.
50
Folios 1219 a 1221 del cuaderno 2 anexo del expediente disciplinario.
51
Folios 1222 a 1223 del cuaderno 2 anexo del expediente disciplinario.
52
Folios 1224 a 1227 del cuaderno 2 anexo del expediente disciplinario.
53 Obran en el CD que da cuenta de la audiencia de pruebas, obrante en folio 123, minutos 13:57 a

43:44.

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Demandante: Jorge Eliécer Benítez Rodríguez

persona el señor Benítez y el señor Diógenes» El abogado insistió en preguntar quién
le hizo las preguntas en nombre de la Oficina de Control Interno Disciplinario y el
testigo informó que fue el señor Diógenes Hernández, el declarante insistió en que
solo eran 3 personas en la diligencia. [Se resalta]

Agregó que el señor Diógenes le insistió que debía decir la verdad, pero que el que
estaba diciendo mentiras es él porque no habían más que 3 personas en la diligencia.

(ii) Declaración de Miguel Rodrigo Flórez Ochoa

Se le preguntó si es familiar del demandante o tiene algún vínculo con el
departamento de Córdoba y contestó que no.

Se puso en contexto de que la declaración que va a rendir tiene que ver con un
proceso disciplinario tramitado en contra del demandante, por la Gobernación de
Córdoba.

El abogado del demandante le preguntó si conoce al actor, desde cuándo y por qué;
el declarante respondió que lo conoce desde que llegó a la Institución El Carmen; se
le preguntó si tuvo algún vínculo laboral con el actor, para que desempeñara alguna
actividad en el plantel y respondió que nunca ocurrió tal circunstancia. Se le preguntó
por qué en la declaración —en la investigación disciplinaria— afirmó que trabajó como
celador de esa institución y respondió que los propios celadores lo contrataban para
que los fuera a acompañar en la noche y ellos le pagaban un salario y precisó que el
demandante nunca le canceló un sueldo. Le preguntó si demandó a los celadores a
causa de esa contratación e informó que demandó al señor Emidaldo Espitia y que el
actor no tenía nada que ver con esa demanda.

En lo que se refiere a la declaración rendida en el proceso disciplinario seguido en
contra del actor, informó que a la diligencia asistieron el señor Diógenes Hernández,
el señor Jorge Benítez y el declarante, e informó que el señor Hernández fue el que
formuló las preguntas y que solo habían 3 personas, se le preguntó por qué aparecen
4 firmas en el acta e indicó que había algo mal porque solo habían 3 personas en esa
diligencia.

Agregó que el señor Diógenes le insistió que debía decir la verdad, pero el que estaba
diciendo mentiras eta él porque no habían más que 3 personas en la diligencia.

(iii) Declaración de Luis Enrique Madera Hernández

Se le preguntó si es familiar del demandante o tiene algún vínculo laboral con el
departamento de Córdoba y contestó que no.

Se puso en contexto de que la declaración que va a rendir tiene que ver con un
proceso disciplinario tramitado en contra del demandante, por la Gobernación de
Córdoba.

El abogado del demandante le preguntó desde cuándo conoce al demandante y
contestó que aproximadamente 8 años atrás; se le preguntó si sabía que se había
desempeñado como rector de la Institución Educativa el Carmen del municipio de

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Radicado: 23001 23 33 000 2014 00420 01 (0699-17)
Demandante: Jorge Eliécer Benítez Rodríguez

Cotorra y respondió que sí. Se le preguntó si prestó los servicios profesionales a
celadores que prestaban el servicio en esa institución e indicó que sí y agregó que los
celadores de la institución buscaban a sus representados para prestar el servicio de
turnos de celaduría en nombre de ellos y después no les pagaron e, incluso, llegaron
a conciliación al respecto.

El abogado preguntó quiénes participaron en la declaración que rindió ante la
gobernación de Córdoba durante la declaración que rindió en esa dependencia y
señaló que asistieron el rector, un subordinado y el declarante, pero que el jefe de la
Oficina de Control interno no estaba presente. Indicó que desconoce por qué aparece
la cuarta firma en la declaración porque no había nadie más presente y que quien le
formuló las preguntas no fue el jefe de la Oficina.

Al finalizar la audiencia de pruebas, en lo que respecta al recaudo de los testimonios,
el despacho del magistrado ponente del tribunal consideró que estaban practicadas
las pruebas que permiten tener claridad sobre los hechos que se pretenden
demostrar con la prueba testimonial y, por ello, limita su recaudo y, en aplicación
del artículo 212 del Código General del Proceso y decide no recibir los demás
testimonios.

2.3.4. Pruebas en torno a la presentación de los alegatos de conclusión en
primera instancia

(i) El 15 de junio de 2016,54 durante la continuación de la audiencia de pruebas, el
magistrado conductor del proceso, en el Tribunal Administrativo de Córdoba,
dispuso correr traslado a las partes y al agente del Ministerio Público para que
presentaran sus alegatos de conclusión, en forma escrita.

No obstante, una vez adoptada tal decisión, y comoquiera que se advirtió que aún
faltaba por recaudar algunas pruebas que habían sido solicitadas reiteradamente a
la entidad demandada, se dispuso que, una vez estas fueran allegadas, se deberían
poner en conocimiento de las partes, y que el término para ese efecto suspendería
aquel del traslado para alegar. Adicional a ello, el magistrado conductor del proceso
precisó que el término para presentar las alegaciones empezaría a correr al día
siguiente de la audiencia.

54 Folios 224 a 227 y CD que obra en folio 228.

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Demandante: Jorge Eliécer Benítez Rodríguez

(ii) El 5 de julio de 2016,55 el apoderado del demandante presentó el escrito de
alegatos de conclusión en primera instancia.

(iii) El 8 de agosto de 2016,56 en el informe secretarial, el secretario del tribunal dejó
la siguiente constancia:

A folios 1-462 del cuaderno de anexos No 4 la Secretaría de Educación del
Departamento de Córdoba aportó la prueba requerida en audiencia de pruebas, a la
que se corrió traslado por secretaría, visto a folio 229 del cuaderno principal. […] A
folios 1-446 del cuaderno de anexos No 5 la oficina Asesora Jurídica de la
Gobernación de Córdoba aportó prueba en respuesta al requerimiento de 25 de mayo
de 2016, a la que se corrió traslado por secretaría visto a folio 243 del cuaderno
principal.

Valga aclarar que los documentos que reposan en el cuaderno 4 de anexos, tienen
fecha de recibido, por parte del tribunal, del 16 de junio de 2016,57 mientras que los
que obran en el cuaderno 5 de anexos tienen fecha de recibido del 11 de julio de
2016.58

(iv) El 18 de octubre de 2016,59 en el fallo de primera instancia, al referirse a los
alegatos de conclusión presentados ante el tribunal, el a quo sostuvo lo siguiente:

La parte demandante presentó escrito de alegatos el día 05 de julio de 2016, sin
embargo, el término para presentar los alegatos de concusión transcurrió entre el 16
y el 29 de junio de 2016, por lo que los argumentos de dicho escrito no se valorarán
por presentarse extemporáneamente.

3. El caso concreto. Análisis de la Sala

3.1. Desconocimiento del principio de inmediación para la práctica de las
pruebas testimoniales

55 Folios 230 a 242.
56 Folio 244.
57 Folio 1 del cuaderno 4 de anexos.
58 Folio 1 del cuaderno 4 de anexos.
59 Folios 246 a 257.

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Demandante: Jorge Eliécer Benítez Rodríguez

A efecto de resolver el cargo planteado por el demandante, la Sala debe señalar
que, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 734 de 2002, las
pruebas deben ser practicadas por el funcionario competente, no obstante, se
puede comisionar, para tal efecto, a un servidor de igual o inferior jerarquía. Lo
anterior quiere decir que debe primar el principio de inmediación, a fin de que el
funcionario competente obtenga un conocimiento directo de la prueba, pues durante
su recaudo identifica su pertinencia; además, su presencia reviste de validez al
medio probatorio. En torno al aludido principio, la Corte Constitucional ha sostenido
lo siguiente:

[…] el principio de inmediación de la prueba, es definido por Pfeiffer como aquella
posibilidad “que tiene el juez de conocimiento de percibir directamente la práctica de
pruebas para tomar la decisión acertada en el campo de la responsabilidad penal”60.
De tal suerte que, la aplicación del mismo en un sistema procesal penal acusatorio
resulta de cardinal importancia, por cuanto es precisamente durante el juicio oral
cuando deben practicarse las pruebas ante el juez que va a dictar sentencia. De allí
que, a luz de dicho principio, según Roxin61, el juez debe proferir una sentencia de
acuerdo con sus propias impresiones personales, que obtiene del acusado y de los
medios de prueba en el curso del juicio oral, lo cual no es óbice para que, en casos
excepcionales, se puedan practicar pruebas anticipadas, a condición de que se
respeten todas las garantías procesales62. […]

En el sub lite, el actor alegó que las pruebas testimoniales fueron recaudadas sin
presencia del jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario y ello da lugar a la
anulación de la actuación disciplinaria; sin embargo, en torno a tal afirmación la Sala
debe precisar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 140 de la Ley 734
de 2002, las pruebas recaudadas sin el lleno de los requisitos genera la nulidad de
estas, es decir, del medio probatorio en particular pero no tiene la magnitud de hacer
anulable toda la actuación disciplinaria, toda vez que la falta cometida puede estar

60 Cita propia del texto transcrito «Gerd Pfeiffer, Libro homenaje a Bemmann, Munich, 1997, citado

por O.J. Guerrero, Fundamentos teórico constitucionales del nuevo proceso penal, Bogotá, 2005.»
61 Cita traída del original «Claus Roxin, Derecho procesal penal, Buenos Aires, 2000, p. 395.»
62 Texto de la cita propio del original «En palabras de Lorenzo Bojosa Vadell “Las exigencias del

principio de contradicción y el de inmediación exigen distinguir entre actos sumariales y actos de
prueba y conlleva la necesidad de dar valor probatorio únicamente a la prueba practicada en la fase
de juicio oral, con la estricta excepción de las pruebas anticipadas y preconstituidas, siempre que se
hayan llevado a cabo las debidas garantías, principalmente el cumplimiento del deber de información
e ilustración de sus derechos al imputado con el fin de que pueda ejercitar con plenitud su derecho
de defensa y esta sea obtenida sin vulneración de los derechos fundamentales”, en “Principio
acusatorio y juicio oral en el proceso penal español”, en Derecho Penal Contemporáneo, dic. 2004,
p. 58.»

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Demandante: Jorge Eliécer Benítez Rodríguez

demostrada con otras evidencias, diferentes a aquella que se considera o declara
nula.

Precisado lo anterior, se advierte que el demandante hace consistir el cargo de
violación del principio de inmediación, en el hecho de que el jefe de la Oficina de
Control Interno Disciplinario de la Gobernación de Córdoba no estuvo presente
durante el recaudo de las pruebas testimoniales; sin embargo, y tal como se indicó
en el acápite 2.3.2. de esta providencia, las actas en que consta el recaudo de tales
pruebas no solo señalan que estuvo presente el funcionario investigador, sino que
consta su firma en ellas, lo que permite concluir que estuvo presente en ellas.

Ahora bien, en el curso del trámite de primera instancia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, el actor solicitó la prueba testimonial de Raúl
Hernández González, José María Guevara Espitia, Miguel Rodrigo Flórez Ochoa,
Areli del Socorro Mira Domínguez, Luis Enrique Madera Hernández, Lademiro José
Ochoa Páez y José de los Santos Julio Guerra,63 la cual fue decretada durante la
audiencia inicial64 y se fijó fecha y hora para su recaudo.

En la audiencia de pruebas, celebrada el 24 de mayo de 2016, 65 se hicieron
presentes José María Guevara Espitia, Miguel Rodrigo Flórez Ochoa y Luis Enrique
Madera Hernández, quienes rindieron declaración en torno, entre otras cosas, a la
presencia del jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario en el recaudo de la
prueba testimonial durante la investigación disciplinaria adelantada en contra del
demandante.

Los tres declarantes, en el proceso judicial de la referencia, afirmaron que tan solo
estuvieron presentes 3 personas en las audiencias de recaudo de la prueba, así: el
declarante respectivo, el demandante y el señor Diógenes Hernández, este último
por parte del ente investigador, y que fue este quien formuló el interrogatorio, es

63 Como consta en la demanda, folio 29.
64 Folios 144 a 153.
65 Folios 168 a 171.

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Demandante: Jorge Eliécer Benítez Rodríguez

decir, que no estuvo presente el jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario,
pese a que en el acta figura su firma.

Al respecto, causa extrañeza que, en términos bastante similares, los dos primeros
declarantes al ser indagados sobre algún aspecto adicional que quisieran agregar
a su declaración, hicieron énfasis en que el funcionario que los interrogó les advirtió
que debían decir la verdad, so pena de las sanciones legales y lo que agregaron
consistió en cuestionar el hecho de que él —el señor Diógenes— había sido quien
había incurrido en falsedad al incluir en el acta a una persona diferente a los tres
que participaron en la práctica de la prueba.

Con independencia de lo anterior, la Sala advierte que el tribunal, al resolver el cargo
anterior, consideró lo siguiente:

En relación con la prueba testimonial practicada por el Despacho dentro del presente
proceso, considera la Sala, por un lado, que se evidencia contrariedad frente a lo
mencionado por los testigos en su declaración y lo establecido en el acta de las
declaraciones rendidas por estos, en relación con la presencia o no del Jefe de la
Oficina de Control Interno Disciplinario de la Gobernación de Córdoba dentro de la
recepción de dichos testimonios; además, aun cuando el citado funcionario no se
encontrara presente -aspecto que no se logró demostrar-,66 tal cargo no es suficiente
para anular los fallos sancionatorios enjuiciados, pues, se evidencia que dichas
declaraciones no fueron determinantes a fin de imponer la sanción respectiva al actor,
sino que contrario a ello al momento de valorar los testimonios el Jefe de la Oficina
de Control Interno Disciplinario consideró que los mismos no aportaban la certeza
necesaria a fin de probar los hechos alegados por el actor en su defensa.

De conformidad con las pruebas recaudadas tanto en la investigación disciplinaria
como en el sub lite, la Sala coincide plenamente con la anterior consideración por
las razones que se pasa a explicar:

En primer lugar, es cierto que de las actas de las audiencias de pruebas en contraste
con las declaraciones rendidas por los testigos en el proceso judicial en curso surge
una discordancia porque las primeras dan cuenta de la participación del jefe de la
Oficina de Control Interno Disciplinario de la Gobernación de Córdoba en el recaudo

66 Cursiva propia del texto transcrito.

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Demandante: Jorge Eliécer Benítez Rodríguez

de la prueba testimonial dentro del expediente disciplinario, mientras que las
declaraciones recibidas en el plenario sostienen que no estuvo presente.

En segundo lugar, y en el evento de que se tuvieran como inválidas las pruebas
testimoniales de los señores José María Guevara Espitia, Miguel Rodrigo Flórez
Ochoa y Luis Enrique Madera Hernández —quienes declararon acerca de la
presunta inconsistencia— la consecuencia de tal circunstancia no sería la anulación
integral de la investigación disciplinaria, sino la nulidad, exclusiva, de esos tres
testimonios, al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 734 de 2002, pero
mantendría su legalidad el resto del caudal probatorio allegado al trámite
disciplinario y que fue determinante para endilgar responsabilidad disciplinaria al
actor.

En tercer lugar, las pruebas testimoniales de los señores José María Guevara
Espitia, Miguel Rodrigo Flórez Ochoa y Luis Enrique Madera Hernández, de las que
se predica la presunta irregularidad y falta de inmediación por parte del funcionario
investigador competente, no fueron determinantes para las decisiones que se
adoptaron en la investigación disciplinaria. En efecto, nótese que la autoridad, en la
decisión de primera instancia, en torno a ellas sostuvo lo siguiente:67

Advierte este despacho que en los señores JOSE MIGUEL ARTEAGA JULIO, LADEMIRO
OCHOA JULIO, MIGUEL RODRIGO FLÓREZ OCHOA, JOSÉ MARÍA GUEVARA, ARELI DEL
SOCORRO MIRA DOMÍNGUEZ, MARÍA VICTORIA GUZMAN CANTERO, LUIS ENRIQUE MADERA
HERNÁNDEZ, JOSE MARÍA GUEVARA ESPÍTIA, ANA MILENA LLORENTE PAEZ, RAÚL ALBERTO
HERNÁNDEZ GONZALEZ, concurren circunstancias especiales, que afectan la
confiabilidad, imparcialidad, credibilidad y por ende no dan la certeza necesaria para
considerar sus testimonios, como prueba a favor del investigado, sino que de su
valoración y elementos de juicio de acuerdo con la sana crítica, basada en la
lógica, la experiencia, las normas de procedimiento y su confrontación con los
otros medios de prueba allegados al expediente, nos llevan a tenerlos como
«testigos sospechosos” y en ese orden rechazar sus testimonios. [Resalta la
Sala]

Así las cosas, si la consecuencia de la confrontación entre las actas en las que
consta la celebración de las audiencias de las tres pruebas testimoniales en el curso

67 Folios 38 a 64, en particular, el 54.

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Demandante: Jorge Eliécer Benítez Rodríguez

de la investigación disciplinaria —de los señores José María Guevara Espitia,
Miguel Rodrigo Flórez Ochoa y Luis Enrique Madera Hernández— con las
declaraciones rendidas por estos en el proceso judicial en curso, llevaran a la
convicción de que el jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario no estuvo
presente en ellas, tal consecuencia viciaría tales pruebas y las convertiría en nulas,
pero ello en nada afectaría las decisiones sancionatorias, toda vez que en ellas ya
se habían descartado esos medios de convicción, por parte del operador
disciplinario.

En las anteriores condiciones, el vicio que se depreca respecto de las declaraciones
aludidas, por la presunta violación del principio de inmediación por parte del jefe de
la Oficina de Control Interno Disciplinario no logra desvirtuar la legalidad de la
actuación disciplinaria porque, se repite, estos medios de convicción fueron
rechazados por el operador disciplinario y, por tanto, en ellos no se basaron los
actos sancionatorios que se cuestionan, razón por la cual no prospera el cargo
planteado.

3.2. Irrespeto del principio del derecho de defensa técnica porque el
disciplinado no actuó por intermedio de un abogado, en el curso de la
investigación y no se le designó un defensor de oficio

El demandante asegura que ni la recepción de su versión libre y espontánea, ni, en
general, la tramitación de la investigación disciplinaria estuvo asistido por un
abogado y ello conllevó la transgresión de sus derechos de defensa y contradicción,
además del debido proceso, pues uno de los derechos del disciplinado comprende
acudir a la actuación con el apoyo de un defensor.

En efecto, y tal como se dispone en el artículo 92, numeral 2, de la Ley 734 de 2002
uno de los derechos del investigado es el de «designar defensor»; sin embargo, tal
derecho es potestativo del disciplinado, toda vez que, con miras a ejercer su
derecho de defensa puede elegir entre acudir directamente o ser asistido por un
profesional que lo represente, caso en el cual las actuaciones dentro de la

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Demandante: Jorge Eliécer Benítez Rodríguez

investigación serán notificadas a este o, ambos, o el primero que se presente, en el
caso de la notificación del pliego de cargos.

El aspecto relativo a la comparecencia del disciplinado con asistencia de un
defensor, y, en concreto, el derecho a la defensa técnica fue materia de estudio de
constitucionalidad,68 y la Corte, en torno a ello, sostuvo que «el derecho fundamental
a la defensa técnica en el campo del derecho disciplinario no exige que el procesado
siempre deba estar representado por un apoderado» y que «no es contrario al
artículo 29 de la Constitución que la ley deje a la libre determinación del sujeto
disciplinado si desea o no ser representado por un abogado».

Por su parte, sobre ese tópico, la doctrina ha señalado que «en derecho disciplinario
no se requiere la asistencia de defensa técnica y que el servidor público puede
actuar por sí mismo, bajo el entendido de que las actuaciones que se le cuestionan
tienen que ver con las funciones y los servicios públicos que tiene encomendados,
por lo que podría dar explicaciones acerca de lo que ha dejado de hacer en relación
con ellos, o lo que ha hecho de manera inadecuada o excediéndose en las funciones
que tiene asignadas. [...] como parte sustancial de este derecho de defensa puede
verse la facultad para el investigado de brindar su propia versión de los hechos,
pudiendo optar entre darla y guardar silencio, conducta que no está previsto que
genere ninguna clase de presunción en su contra, ni que se pueda estimar como
desfavorable a sus intereses ni se constituye en un indicio de que su actuar es
irregular o indebido»69.

En orden a resolver el cargo formulado, la Sala debe señalar que con las pruebas
recaudadas se puede verificar que, al momento de comunicarle al demandante que
debía acercarse a las instalaciones de la Oficina de Control Interno Disciplinario de
la Gobernación de Córdoba, con el fin de notificar el auto que dio apertura a la
investigación, se le informó que, si era disciplinado, podía designar defensor;70 sin

68
Sentencia C-328 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
69 Régimen disciplinario. Fernando Brito Ruíz. Cuarta edición. Página 60.
70 Folio 47 del cuaderno 1 del expediente disciplinario.

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Demandante: Jorge Eliécer Benítez Rodríguez

embargo, cuando el investigado acudió a notificarse de la actuación, no lo hizo con
la asistencia de apoderado, sino en forma personal,71 ni asistió con un profesional
del derecho a la audiencia en la que se recibió versión libre,72 ni interpuso el recurso
de reposición en contra del auto que dispuso el cierre de la investigación, por
conducto de un apoderado,73 y los descargos74 y demás gestiones las realizó en
forma personal, es decir, fue producto de una decisión voluntaria que el señor
Benítez Rodríguez no ejerció el derecho que le asistía, de comparecer con la
asistencia de un defensor, por lo que no puede valerse de su omisión, al respecto,
para aducir violación de sus derechos en el curso del trámite disciplinario.

En tales condiciones, la Sala estima que el operador disciplinario cumplió con el
deber legal de informarle que podía designar defensor, pero si no lo hizo y prefirió
ejercer en forma personal su defensa, ello, en manera alguna, constituye violación
de los derechos que invoca como transgredidos, ni conlleva la anulación de los
actos acusados, pues la asistencia del disciplinado a través de un defensor no
constituye un imperativo en materia disciplinaria, sino una potestad que está diferida
al arbitrio del investigado, razones suficientes para declarar no probado el cargo
propuesto.

3.3. Violación del derecho al debido proceso por no dar a conocer al
disciplinado las fechas en que se recaudarían las pruebas, lo que impidió su
participación en ellas

Con el propósito de resolver el cargo propuesto, lo primero que se ha de señalar es
que el 8 de marzo de 2013,75 el señor Benítez Rodríguez compareció a la actuación
disciplinaria y se le notificó personalmente de su apertura; por lo tanto, a partir de
ese momento se debían notificar las diligencias que se llevarían a cabo durante la

71
Según se desprende de la documental de folio 888 del cuaderno 2 de anexos del expediente
disciplinario.
72
Folios 193 a 197 del cuaderno 1 del expediente disciplinario.
73
Folios 835 a 837 cuaderno 2 de anexos del expediente disciplinario.
74
Folios 975 a 992 del cuaderno 2 de anexos del expediente disciplinario.
75 Según se desprende de la documental de folio 888 del cuaderno 2 de anexos del expediente

disciplinario.

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actuación, pero, en todo caso «[e]l trámite de la notificación personal no suspend[ía]
en ningún caso la actuación probatoria encaminada a demostrar la existencia del
hecho y la responsabilidad del disciplinado».76

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 103 de la Ley 734 de 2002,
para efecto de la notificación de las decisiones interlocutorias dictadas dentro del
trámite disciplinario se libra «comunicación con destino a la persona que deba
notificarse; si ésta no se presenta a la secretaría del despacho que profirió la
decisión, dentro de los tres días hábiles siguientes, se procederá a notificar por
estado o por edicto».

En tales condiciones, y según lo demostrado en el sub lite, se observa que, con
posterioridad a la comparecencia del actor en el trámite disciplinario, las pruebas
que se decretaron fueron las testimoniales ordenadas a través de auto del octubre
de 201377 y la visita especial a la dependencia de nómina de la Secretaría de
Educación del departamento de Córdoba, ordenada en ese proveído.

El auto en referencia fue entregado al demandante el 16 de octubre de 2013, como
consta en la firma, fecha y hora relacionadas en la primera hoja del auto
respectivo,78 en la aludida decisión se indicó que el término para practicarlas sería
de 60 días.

En las comunicaciones de citación,79 en que consta el lugar, la fecha y la hora en
que se recibirían las declaraciones, dirigidas a los testigos Nirma González
González, Ana Milena Llorente, Arelis del Socorro Mira Domínguez, José Arteaga
Julio, Manuel Flórez Ochoa, Lademiro Ochoa Julio, José María Guevara, Luis
Madera Hernández, María Victoria Guzmán Cantero, aparece relacionada la firma
del demandante, la fecha y la hora en que las recibió, razón por la cual no tiene

76 Tal como lo prevé el inciso tercero del artículo 91 de la Ley 734 de 2002.
77 Folios 1062 a 1063 del cuaderno 2 de anexos del expediente disciplinario.
78 Folio 1062 el cuaderno 2 de anexos del expediente disciplinario.
79 Folio 1067 a 1077 del cuaderno 2 de anexos del expediente disciplinario.

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soporte probatorio la aseveración de que no se le informó acerca de la fecha del
recaudo de las pruebas.

Adicional a lo anterior, y tal como se indicó en el acápite 2.3.2. de esta providencia,
el demandante asistió y participó activamente en el recaudo de las declaraciones
rendidas por Areli del Socorro Mira Domínguez,80 María Victoria Guzmán Cantero,81
Luis Enrique Madera Hernández,82 José María Guevara Espitia,83 Lademiro José
Ochoa Julio,84 Miguel Rodrigo Flórez Ochoa,85 Ana Milena Llorente Páez,86 Nirma
del Rosario González González87 y Raúl Alberto Hernández González, 88 a quienes
interrogó en el curso de la audiencia respectiva.

Por otro lado, también se le envió comunicación informando la fecha en que se
llevaría a cabo la visita especial ordenada;89 sin embargo, el señor Benítez no se
hizo presente durante la celebración de ella.

Así las cosas, carece de sustento probatorio el cargo propuesto, pues se evidencia
que el actor sí fue enterado de las diligencias y, en todo caso, el ejercicio de sus
derechos de defensa y contradicción de la prueba resultó satisfecho con su
participación en las audiencias de recaudo de testimonio respectivas, lo que
conllevar negar la prosperidad de aquel.

3.4. Alegatos de conclusión en primera instancia – Oportunidad

El abogado del demandante pone de presente el hecho de que el tribunal de
instancia tuvo por no presentados los alegatos de conclusión, por haber sido

80
Folios 1185 a 1187 del cuaderno 2 anexo del expediente disciplinario.
81
Folios 1188 a 1190 del cuaderno 2 anexo del expediente disciplinario.
82
Folios 1191 a 1194 del cuaderno 2 anexo del expediente disciplinario.
83
Folios 1195 a 1197 del cuaderno 2 anexo del expediente disciplinario.
84 Folios 1198 a 1201 del cuaderno 2 anexo del expediente disciplinario.
85 Folios 1202 a 1204 del cuaderno 2 anexo del expediente disciplinario.
86 Folios 1219 a 1221 del cuaderno 2 anexo del expediente disciplinario.
87 Folios 1222 a 1223 del cuaderno 2 anexo del expediente disciplinario.
88 Folios 1224 a 1227 del cuaderno 2 anexo del expediente disciplinario.
89 Según consta en el folio 1244 del cuaderno 2 anexo del expediente disciplinario.

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allegados extemporáneamente; sin embargo, en sentir de la parte actora, tal
circunstancia no ocurrió, pues sí se allegaron en forma oportuna, toda vez que en
el conteo no se tuvo en cuenta la suspensión del término dispuesta por el propio
tribunal, durante la audiencia de pruebas.

En efecto, en la audiencia celebrada el 15 de junio de 2016,90 el magistrado
conductor del proceso en el Tribunal Administrativo de Córdoba decidió prescindir
de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y conceder término para alegar de
conclusión por escrito, el cual se debía contabilizar desde la fecha de la audiencia.

Ante lo anterior, el apoderado del demandante indicó que, según lo dicho por el
despacho, no se había recaudado la totalidad de las pruebas, por ello, solicitó
requerir a la entidad para allegar las faltantes, frente a lo cual se corrió traslado a la
parte demandada y la apoderada de la entidad informó que se habían impartido
instrucciones para el suministro oportuno de la información; en todo caso, se
comprometió a gestionar lo pertinente para lograr la obtención de los documentos
requeridos.

El despacho consideró que era pertinente y, por ello, procedía modificar el auto de
requerimiento de los documentos, ordenando que, al librar el oficio, se hicieran las
prevenciones de ley a la entidad demandada, razón por la cual se adicionó el
numeral tercero del auto que se dictó en esa audiencia91 y señaló que esta quedaría
notificada en estrados.

El abogado preguntó si el término para alegar debía correr a partir del día de la
audiencia y el magistrado confirmó que a partir del día siguiente; también precisó
que el término de traslado quedaría interrumpido durante el término en que se

90 Folios 224 a 227 y CD que obra en folio 228.
91 Que, hasta ese momento, estaba comprendido por: a. correr traslado para alegar de conclusión; y

b. requerir las pruebas faltantes a la entidad.

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corriera el traslado de las pruebas, una vez recaudadas, se reanudaría, y, para
ello, señaló que tal conteo de términos sería de competencia de la secretaría.92

Así las cosas y a la luz de lo probado en torno a las pruebas recaudadas y la fecha
de radicación del memorial de alegatos de conclusión se verifica lo siguiente:

Como el auto que dispuso correr traslado fue dictado el 15 de junio de 2016, a partir
del día siguiente, 16 de ese mes y año, empezaron a correr los 10 días para que las
partes presentaran sus alegatos de conclusión, los cuales, en principio, hubieran
vencido el 29 de junio de 2016, tal como se indicó en la parte pertinente del fallo de
primera instancia.93

No obstante, el día 16 de junio de 2016, fueron allegadas las pruebas, por parte de
la entidad, que reposan en el cuaderno 4 de anexos, a las cuales se les corrió
traslado el 20 de junio de 2016, y el término venció el 23 de ese mes y año.94

Así las cosas, el término para presentar los alegatos de conclusión estuvo
suspendido entre el 20 y el 23 de junio de 2016, de manera que los diez días
otorgados, para ese efecto, corrieron así: el 16, 17, 24, 27, 28, 29, 30 de junio, 1, 5
y 6 de julio.

En las anteriores condiciones, como el memorial de alegatos de conclusión fue
radicado por el apoderado del demandante el 5 de julio de 2016, 95 es forzoso
concluir que fue presentado en forma oportuna y no extemporánea, como lo
consideró el tribunal, por lo que, a través de esta providencia se rectifica tal
apreciación.

No obstante lo anterior, la Sala considera importante señalar que la imprecisión
anterior en nada afecta la decisión de fondo adoptada por el Tribunal Administrativo
de Córdoba, en lo que respecta al análisis de fondo de la controversia, pues, según

92 Minutos 15:20 a 24:30 de la audiencia de pruebas celebrada el 15 de junio de 2016, que consta

en el CD obrante a folio 228.
93 En particular, en el folio 248 del expediente, que hace parte integral del fallo de primera instancia

y que comprende el numeral 6 de las consideraciones de este.
94 Como consta en el acta de traslado secretarial que reposa en el folio 229 del expediente.
95 Según el sello que obra en folio 230.

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lo expuesto en esta providencia, el actor no logró desvirtuar la legalidad de los actos
acusados y resultó adverso a sus intereses el análisis de los planteamientos de
fondo formulados en el recurso de alzada, por lo tanto se confirmará la sentencia de
primera instancia, según lo explicado en los acápites anteriores.

Lo anterior no obsta para señalar que, en todo caso, de haber considerado los
planteamientos que se hicieron en el memorial de alegatos de conclusión
presentados en primera instancia en nada hubiera variado el análisis realizado por
el tribunal, en torno al fondo de la controversia, pues, en él, el apoderado del
demandante se circunscribió a cuestionar los temas relativos a la violación del
derecho de defensa técnica, el desconocimiento de los derechos al debido proceso,
la defensa y la contradicción de la prueba, temas que, en su totalidad, fueron
abordados por el juzgador de primera instancia, como se lee en la sentencia apelada
y según el extracto realizado en el acápite 1.3. de esta providencia, pues son
coincidentes con lo argumentado en el concepto de violación de la demanda.

No sobra agregar que, de conformidad con lo previsto en el artículo 133, numeral 6,
del Código General del Proceso,96 la circunstancia que podría llegar a generar algún
tipo de nulidad procesal haría consistido en que se hubiera pretermitido la etapa de
alegatos de conclusión, lo que no ocurrió, pues, en el sub judice sí se concedió el
término para surtirla, pero el a quo incurrió en una imprecisión al tener como
extemporánea su presentación, lo cual se subsana, como ya se anunció, con la
rectificación que se hará en la parte resolutiva de la presente providencia.

3.5. Condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201697, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación atiende un criterio objetivo
valorativo. Objetivo, en el sentido de que toda sentencia dispondrá sobre la condena

96 Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los

siguientes casos: […]
6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer
su traslado.
97 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01

(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.

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en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, pues se requiere que el juez revise si ellas se
causaron (pago de gastos ordinarios del proceso, actividad profesional realizada
dentro de él), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o la temeridad de las
partes. Conforme a las anteriores reglas, y según lo dispuesto en los numerales 1 y
8 del artículo 365 del Código General del Proceso,98 la Sala se abstendrá de
condenar en costas a la parte demandante, comoquiera que aunque resultaron
desfavorables las pretensiones del recurso, la parte accionada no actuó durante
esta instancia.99

4. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de
estudio y en el acervo probatorio, la Sala concluye que el señor Jorge Eliecer
Benítez Rodríguez no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos
acusados, razón por la cual se debe confirmar la sentencia de primera instancia
mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda. En todo caso, se
rectificará la información señalada en el numeral 6 de las consideraciones del fallo
de primera instancia, en el sentido de señalar que los alegatos de conclusión
presentados por el demandante fueron oportunos y no extemporáneos como allí se
indicó; no obstante, tal imprecisión, por parte del a quo no tiene la entidad suficiente
para generar la nulidad de lo actuado, en los términos descritos en la parte motiva;
y se abstendrá de condenar en costas de segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

98 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso […] 8. Solo habrá lugar a costas

cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
99 Folios 305.

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F AL L A

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 18 de octubre de 2016 por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda, en el proceso promovido por el señor Jorge Eliécer Benítez Rodríguez en
contra del departamento de Córdoba, según lo expuesto en las consideraciones que
anteceden.

Segundo. Tener como presentados oportunamente los alegatos de conclusión en
primera instancia, según las anteriores consideraciones.

Tercero. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia.

Cuarto. Reconocer al abogado Ronny Mario Roys Candanoza como apoderada
judicial del departamento de Córdoba en la forma y términos del poder que obra en
folio 312 del expediente.

Quinto. En firme esta providencia, por Secretaría dispóngase la devolución del
expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

DDG

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