Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03964-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-03964-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03964-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-03964-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
8 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03964-00
Accionante: JUAN CARLOS ARCINIEGAS ROJAS
Autoridad: CONSEJO DE ESTADO-SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.
La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por el accionante contra la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 24 de junio de 2025, Juan Carlos Arciniegas Rojas, obrando en nombre propio,
formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la seguridad jurídica, al trabajo en condiciones dignas y justas, a la
seguridad social en materia laboral, que considera vulnerados por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, al haber proferido la providencia del 6 de
febrero de 2025, en el marco del proceso de nulidad1, en el que se negó esta
pretensión frente al Decreto 107 del 15 de enero de 1996, por cuanto no se
acreditaron los cargos de ilegalidad propuestos en la demanda.
1 Identificado con número de radicado: 11001-03-25-000-2015-00982-00 (4026-2015).
2
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-03964-00
Accionante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Acción de tutela – Primera instancia
En virtud de la acción de tutela, solicita que los derechos alegados sean protegidos
y, en consecuencia, se deje sin efectos la providencia reprochada. Pide que se
ordene a la accionada proferir una nueva decisión:
«PRIMERA: INFIRMAR, REVOCAR, Y/O DECLARAR la nulidad de la sentencia de
fecha seis (06) de febrero de dos mil veinticinco (2025) proferida por la Subsección
“B” Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control de Nulidad,
con Radicación: 11001-03-25-000-2015-00982-00 (4026-2015); en consecuencia,
disponer (sic)
SEGUNDA: Dejar sin efecto la decisión proferida en la sentencia referida en la
pretensión PRIMERA y en su lugar, Acceder a las pretensiones de acuerdo con el
libelo del medio de control de Nulidad impetrado.
TERCERA: Las anteriores pretensiones, se fundamentan en el defecto fáctico, y
material o sustantivo de la providencia, la cual es contraria al fin de garantizar el
debido proceso y el trabajo en condiciones dignas y justas; la providencia además en
si misma se encuentra fundada en un defecto de falsa o errónea motivación y en un
defecto por violación directa de la Constitución.
CUARTA: De conformidad al parágrafo del artículo 135 de la Ley 1437 de 2011, se
realicen las declaraciones y el decreto probatorio, que el despacho judicial llegare a
encontrar conducentes, necesarios, pertinentes y útiles dentro de la presente acción
de tutela, teniéndose como precedente los artículos 4,13, 25, 48, 53, 123, 150, 230 y
334 de la Constitución Política y las disposiciones contenidas en las Leyes 42 de
1980, 1 de 1996, 4 de 1992.
QUINTA: Como medida restaurativa, ordénese al Ministro de Hacienda y Crédito
Público, al Ministro de la Defensa, al Director del Departamento Administrativo de la
Función Publica, al Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
Republica y a los funcionarios judiciales de la Subsección “B” de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, que avocaron el conocimiento y profirieron sentencia en el
proceso con Radicación: 11001-03-25-000-2015-00982-00 (4026-2015); a que en
evento público dé (sic) amplia difusión y publicación se dé (sic) a conocer lo resuelto
en la presente acción de tutela, siendo el mismo trasmitido a través de los canales
institucionales del Estado Colombiano, y que en dicho acto las autoridades deberán
expresar sus responsabilidades, y expresen las disculpas por la violación al no
declarar la nulidad del decreto objeto del medio de control y no ajustar la decisión
judicial, a la legalidad del mismo.»
2. Hechos relevantes
El 8 de octubre de 2015, el accionante, en su propio nombre y representación,
presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad, establecido en el
artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
3
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-03964-00
Accionante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Acción de tutela – Primera instancia
Administrativo (CPACA), contra el Decreto 1072 del 15 de enero de 1996, expedido
por el Gobierno Nacional, «por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal
de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales y Agentes
de la Policía Nacional, Personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional y
Empleados Públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional, se establecen bonificaciones para Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines,
Grumetes y Soldados, se modifican las comisiones y se dictan otras disposiciones
en materia salarial».
Mediante Auto del 1º de diciembre de 2016 fue admitida la demanda adecuándose
al medio de control de simple nulidad, en la medida en que no se cumplía con los
requisitos para la procedencia de la acción de nulidad por inconstitucionalidad. El 8
de mayo de 2019, se realizó la audiencia inicial de que trata el articulo 180 del
CPACA, se fijó el litigio, se incorporaron las pruebas allegadas por las partes y se
negaron las solicitudes de oficio, por cuanto podían consultarse en las páginas web
oficiales de cada una de las entidades demandadas; se prescindió de la audiencia
de alegaciones y juzgamiento y se corrió traslado para alegar de conclusión.
El 6 de febrero de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, a quien le correspondió por reparto conocer este asunto, profirió sentencia,
luego de analizar la facultad reglamentaria del Gobierno Nacional para fijar la escala
salarial de los miembros de la Fuerza Pública, la naturaleza jurídica de los
documentos CONPES y su carácter vinculante, negando las pretensiones al
considerar que, no se acreditaron los cargos de ilegalidad propuestos en la demanda.
3. Fundamentos de la solicitud
El accionante considera que la sentencia proferida por la autoridad judicial accionada
vulnera sus derechos fundamentales a la seguridad jurídica, al trabajo en
condiciones dignas y justas y, a la seguridad social, toda vez que, adolece de los
defectos sustantivo, fáctico, falsa motivación y violación directa de la Constitución
Política.
2
El Decreto 107 de 1996 de derogó por el artículo 39 del Decreto 122 de 1997.
4
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-03964-00
Accionante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Acción de tutela – Primera instancia
Respecto del primer defecto mencionado, considera que la autoridad accionada no
realizó una debida valoración de los hechos del caso, ni apreció los medios de
prueba aportados. Sostiene que le otorgaron valor a unos elementos probatorios que
en realidad no lo tenían, pues estos daban cuenta de que:
«La Subsección “B” de la Sección Segunda del CONSEJO DE estado, de manera
desacertada pretende dar legalidad al Decreto 107 de 1996, al manifestar que se
invocó el articulo 13 de la Ley 4ª de 1992 para fijar la Escala Gradual porcentual,
grasso (sic) error de hecho y de derecho, si se tiene en cuenta que lo que tenia esa
subsección a su obligación por un tema de derecho laboral y por tanto de derechos
humanos, era el de verificar si los objetivos y criterios se cumplieron o no, pues
invocar no es lo mismo que cumplir…
(...)
Para todos es cierto e indiscutible que el Gobierno Nacional sí cumplió con establecer
una escala gradual porcentual, lo que no es cierto, es que ella se hubiese establecido
cumpliendo los objetivos y criterios del articulo 2º de la mentada Ley 4 de 1992.
Aspecto que omite analizar el despacho y que conlleva a que se configure el presente
defecto material o sustantivo.(...).»
Esgrime que, el decreto en referencia en su artículo primero dispuso: “Los sueldos
básicos mensuales para el personal a que se refiere este artículo, corresponderán al
porcentaje que se indica para cada grado, con respecto a la asignación básica del
grado de General”; y sostiene:
(...)«lo relevante y que genera la causal del defecto invocado, es que a la fecha el
Gobierno nacional no ha establecido la asignación básica del oficial en el grado de
General, a la hace (sIc) referencia al acto administrativo, por consiguiente si se aplica
el articulo 2º del Decreto 107 de 1996, el mismo según el artículo 2º y 10 de la Ley
4ª de 1992, se torna en ilegal, pues debe carecer de todo efecto, al quebrantar los
derechos adquiridos, desmejorar los salarios y prestaciones sociales legalmente
reconocidos en anteriores disposiciones reglamentarias, aspectos que contrario a la
ley y la constitución (sic) el despacho. Argumentó validando la conducta omisiva y
lesiva de la administración al proferir el acto administrativo contenido en el Decreto
107 de 1996 y sus efectos en el tiempo, que convalidan las actuaciones en los
decretos salariales proferidos cada año, desde esa fecha hasta la fecha
presente.(...)»
Respecto del segundo defecto mencionado, trajo a colación que el Despacho no
decretó las pruebas porque:
(...)«según la sala los decretos se encuentran en las páginas de las entidades
accionadas; si bien es cierto lo anterior, lo que no está, en el análisis contable y
5
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-03964-00
Accionante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Acción de tutela – Primera instancia
financiero que se indicó en la demanda como en el presente memorial, como
tampoco está, la memoria justificativa y los soportes técnicos y financieros de la
nivelación salarial con la cual se calculó el costo de esta en la suma de doscientos
cuarenta y cuatro mil millones de pesos ($244.000.000.000.00) moneda corriente, a
precios del año 1992 y la ejecución dichos recursos. Lo que le permitirá al juez de
tutela encontrar justificado y comprobado el defecto fáctico en el que incurrió la
subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado.»
A su vez, señala el accionante que la Sala para su decisión parte de:
(...)«un supuesto subjetivo y arbitrario sin sustento ni prueba alguna, lo cual no solo
(sic) es un defecto factico (sic) sino de falsa motivación, con el cual se socaba la
finalidad dela nivelación salarial al confundir los porcentajes asignados a la prima de
actualización los cuales eran transitorios por disposición expresa del Gobierno
Nacional, lo que se consumaría cuando se consolidara la Escala Gradual Porcentual,
esta última (sic) por disposición del legislador.
Por lo anterior, la motivación de la sala carece de veracidad y parte de un supuesto
factico (sic) inverosímil y no probado ni justificado, configura no solo un defecto por
falsa motivación, sino un error de hecho y de derecho que configura una via de hecho
y un posible hecho punible.»
Finalmente, señala el accionante que el defecto de violación directa de la
Constitución Nacional se configura en la sentencia:
(...)al dejarse de aplicar disposiciones ius fundamentales en el presente caso y al
aplicar la ley por encima de la Constitución Política. Como el medio de control de
nulidad simple la aplicación y procedimiento de este no puede estar por encima de la
norma de normas, se ha de señalar que no se busca ningún restablecimiento del
derecho, lo que se pretende es que el acto administrativo este acorde con la
Constitución y a la ley; es por tanto a considerar la aplicación de los artículos 13, 25,
48, 53, 217 y 218 de Constitución Política a quienes para el año 1992 tenían
consolidado el derecho pensional y de asignaciones de retiro, y en tal sentido
considerar y determinar que el desarrollo del artículo 13 de la ley 4ª de 1993 mediante
el Decreto 107 de 1996, vulneró los derechos adquiridos a unos y otros, que estando
retirados o en servicio activo no se les podía desmejorar tanto sus salarios como sus
prestaciones.»
4. Trámite procesal
El primero (1º) de julio de 2025 se admitió la acción de tutela, se ordenó su
notificación a la autoridad judicial accionada, así como a la Nación-Departamento
Administrativo de la Función Pública-, Ministerio de Defensa, Ejercito Nacional y
6
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-03964-00
Accionante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Acción de tutela – Primera instancia
Policía Nacional en calidad de terceros con interés. También se comunicó la decisión
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.
El Magistrado Ponente en el trámite del proceso de nulidad en que se profirió la
sentencia del 6 de febrero de 2025, remitió escrito de contestación donde señala,
entre otros aspectos, que la acción de tutela es improcedente por incumplir el
requisito de procedibilidad contra providencia judicial denominado relevancia
constitucional, porque la discusión planteada contra el fallo se limita a un claro
desacuerdo con el resultado del mismo, constituyéndose así en una instancia
adicional a las surtidas en el proceso ordinario. Subraya que, el amparo
constitucional se ha previsto como un juicio de validez, no de corrección, lo que
implica que, dentro del mismo no debe existir intervención injustificada del juez
constitucional, que lleve a invadir la órbita competencial del juez ordinario.
Aduce que, por lo anterior, se ejerce como una tercera instancia, pretendiendo reabrir
el debate probatorio agotado en la segunda instancia, desconociendo la preclusión
de las etapas judiciales, la autonomía judicial y los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica al utilizar la acción de amparo como un muevo escenario para la
discusión probatoria zanjada.
Subraya que, contrario a lo afirmado por el accionante, en la providencia
cuestionada se consignaron las razones legales y jurisprudenciales que justificaron
la decisión tomada, por lo que, no se configuran los defectos invocados en la tutela.
En el escrito de contestación, el Departamento Administrativo de la Función Pública
– DAFP, mediante apoderada, se opuso a todas y cada una de las peticiones
elevadas por el accionante, por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos que
permitan demostrar la violación de los derechos constitucionales fundamentales
presuntamente vulnerados. Manifiesta que no se avizora el cumplimiento de al
menos uno de los presupuestos específicos para que proceda la acción impetrada
en contra de una providencia judicial y, agrega que, el accionante ha elevado su
inconformidad respecto a una decisión judicial, sin presentar pruebas concretas que
sustenten la alegación de fraude o de cualquier irregularidad que hubiere afectado la
validez de la decisión cuestionada.
7
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-03964-00
Accionante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Acción de tutela – Primera instancia
Solicitó que la acción fuera declarada improcedente. Adujo que la pretensión del
accionante atenta contra el principio de estabilidad de las decisiones judiciales. Al
intentar utilizar la acción de tutela como un recurso adicional para controvertir
decisiones judiciales, se estaría ignorando el carácter subsidiario y excepcional de
esta acción, así como los requisitos de relevancia constitucional establecidos en la
jurisprudencia.
La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional- solicitó no conceder las
pretensiones de la parte actora ante la improcedencia de la acción de tutela, toda
vez que no se vislumbra la existencia de vulneración de sus derechos
fundamentales. su desvinculación y que fuera denegado el amparo. Adujo que la
presente acción es plenamente improcedente, teniendo en cuenta la inexistencia de
un perjuicio irremediable ocasionado a la parte actora, derivado de la determinación
adoptada por la Rama Judicial y que no está en la obligación jurídica de soportar.
La Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado remitió copia digital del
expediente para lo cual informa que está cargado a índice 50 del aplicativo SAMAI.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la providencia
del 6 de febrero de 2025, en el marco del medio de control de simple nulidad, en el
que el accionante fungió como parte demandante.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo dispuesto por
el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019
de la Sala Plena de la Corporación.
8
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-03964-00
Accionante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Acción de tutela – Primera instancia
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental3. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela4.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.
Relevancia constitucional
La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional5: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.
3 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
4 Ibidem.
5 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
9
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-03964-00
Accionante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Acción de tutela – Primera instancia
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:
«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».
Caso concreto
El accionante considera que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales a la seguridad jurídica, al trabajo en condiciones dignas y justas, a la
seguridad social en materia laboral, que consideran vulnerados al proferir la
providencia cuestionada. Sostiene que en esta se incurrió en los defectos sustantivo,
fáctico, falsa motivación y violación directa de la Constitución Política.
Afirma que para resolver este asunto la autoridad judicial no tuvo en cuenta la
relevancia constitucional de la controversia, particularmente, tratándose de un
contenido económico y del desarrollo de los artículos 216, 217, 218 y 220, que
conllevan un régimen especial en materia laboral a los miembros de la Fuerza
Pública, concordantes con los articulo 25, 48 y 53 que garantizan los principios de
proporcionalidad, no regresividad y progresividad en materia salarial y prestacional.
Ahora bien, la autoridad accionada, de conformidad con el material probatorio
allegado al proceso, y el marco normativo y jurisprudencial aplicable al mismo,
determinó que:
10
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-03964-00
Accionante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Acción de tutela – Primera instancia
«(…) no le asiste razón a la parte demandante, por cuanto la finalidad del articulo
13 de la Ley 4ª de 1992 no estaba dirigida a establecer la igualdad en el salario o
en las prestaciones de los miembros de la Fuerza Pública. Su objetivo era lograr
una nivelación en la remuneración, a partir de la fijación de una escala salarial
porcentual, que propendería por mejorar la situación económica de sus
beneficiarios; sin embargo, esta norma no señaló criterios o parámetros específico
sobre la forma en que ello tendría lugar, tampoco sobre el porcentaje que debería
asignarse para obtener dicha nivelación, abriendo paso a la competencia del
Ejecutivo para resolver esta materia.»
El juez natural del asunto, además, tuvo en consideración que la jurisprudencia ha
identificado los criterios que debe tener en cuenta el Gobierno Nacional para la
fijación del régimen salarial y prestacional de los miembros de la Fuerza Pública, en
ejercicio de su facultad reglamentaria (artículos 150-19 y 189-11 C.P.) y en
cumplimiento de los objetivos que establezca el legislador en la respectiva «ley
marco» (art. 2 Ley 4 de 1992); en este sentido expresó:
«(…) en el presente asunto no se observa que el decreto 107 de 1996 hubiera
desconocido tales criterios, por cuanto a través de este se consolidó la escala
gradual porcentual para la remuneración de las Fuerzas Militares y de Policía
Nacional, justamente lograr un régimen salarial equitativo y justo. Además, es
evidente que existe una diferencia entre los empleos que genera la divergencia de
salarios, en razón de la actividad que cumplen y también porque perciben otras
prestaciones que compensan su base salarial, como es el caso de la prima de
dirección, entre otras.
Además, tal y como lo sostuvo el representante del Ministerio Público, resulta
evidente que al ser grados de General y Almirante los más altos dentro de la escala
de empleos de los miembros de la Fuerza Pública, resulta justificado que se
constituya en el parámetro a tener en cuenta para poder fijar la nivelación salarial,
toda vez que es un referente como superiores frente a los cargos de inferior
jerarquía del escalafón, con miras a definir los porcentajes de nivelación de los
empleos que integran la Fuerza Pública. A esto se agrega que, así como lo adujo
el demandante, existe una diferencia entre las funciones y responsabilidades que
ostentan los primeros en relación con los segundos.
En este orden de ideas, no se videncia la configuración de una omisión
reglamentaria, toda vez que el Gobierno nacional no sólo cumplió con la fijación
de la escala salarial, en cumplimiento de los objetivos y criterios previstos en la ley
marco, junto con los correspondientes aumentos, sino que, de acuerdo con su
capacidad financiera y disponibilidad presupuestal, incrementó la remuneración
de los miembros de la Fuerza Pública, hasta un nivel de conformidad con las
exigencias y características de los cargos.»
11
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-03964-00
Accionante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Acción de tutela – Primera instancia
Así las cosas, la autoridad accionada considera que, el Gobierno Nacional fijó el
régimen salarial y prestacional de los miembros de la Fuerza Pública, teniendo en
cuenta que, por su naturaleza, difiere del régimen general establecido para los
demás empleados públicos, respecto de los cuales también tienen diferentes grados,
funciones y responsabilidades, aspectos que, en todo caso, el Ejecutivo debe
ponderar y revisar para que la base salarial sea real y efectiva, sin que ello pueda
significar un desconocimiento del derecho a la igualdad.
La Sala advierte que los argumentos presentados por el accionante no acreditan una
vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que se encaminan a volver
sobre la controversia decidida por el juez de conocimiento y esgrimen divergencias
de carácter netamente legal. Esto, pues el juez natural del asunto, de conformidad
con el marco normativo y jurisprudencial aplicable, así como con el acervo probatorio
aportado, consideró que no se acreditaron los cargos de ilegalidad propuestos en la
demanda, pues la decisión reprochada en sede de nulidad, fue razonable en
términos jurídicos y legales, aplicables para el caso.
Además de ello, considerando los fundamentos jurídicos que motivaron la decisión,
la Sala estima que provienen de una interpretación razonable de las pruebas
aportadas al expediente, así como del marco legal y jurisprudencial aplicable al
asunto.
Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad
judicial accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no
es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las
razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
12
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-03964-00
Accionante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Acción de tutela – Primera instancia
PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de Juan Carlos Arciniegas Rojas
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
vf
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.