Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2015-00982-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2015-00982-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2015-00982-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
6 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., seis (06) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 11001-03-25-000-2015-00982-00 (4026-2015)
Demandante : Juan Carlos Arciniegas Rojas
Demandada : Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Ministerio de
Defensa Nacional y Departamento Administrativo de la Función
Pública
Medio de control: Nulidad – Ley 1437 de 2011
Tema : Demanda de nulidad en contra del Decreto 107 del 15 de enero de
1996, “[p]or el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de
Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, Oficiales,
Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional, Personal del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional y Empleados Públicos del Ministerio
de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se
establecen bonificaciones para Alféreces, Guardiamarinas,
Pilotines, Grumetes y Soldados, se modifican las comisiones y se
dictan otras disposiciones en materia salarial”.
Decisión : Sentencia de única instancia
La Sala decide la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad, previsto en
el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), presentó el señor Juan Carlos Arciniegas Rojas, en su propio
nombre y representación, en contra del Decreto 107 del 15 de enero de 1996, “[p]or el
cual se fijan los sueldos básicos para el personal de Oficiales y Suboficiales de las
Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional, Personal del
Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional y Empleados Públicos del Ministerio de Defensa,
las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se establecen bonificaciones para Alféreces,
Guardiamarinas, Pilotines, Grumetes y Soldados, se modifican las comisiones y se dictan
otras disposiciones en materia salarial”.
I. ANTECEDENTES
1.1 La demanda1
1
Fls. 15-63 c. ppal.
2
Número interno: 4026-2015
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Demandada: Nación-Ministerio de Hacienda y otros
El 8 de octubre de 2015, el señor Juan Carlos Arciniegas Rojas, en su propio nombre y
representación, presentó demanda de nulidad en contra del Decreto 107 del 15 de enero
de 19962, cuyas pretensiones son del siguiente contenido:
“1. Se declare la nulidad por inconstitucionalidad del inciso segundo (incluida la tabla) y tercero del
artículo 1º del Decreto 107 de enero 15 de 1996, por medio del cual se fija la escala gradual
porcentual para el personal de oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y agentes de la
Fuerzas Pública.
Segundo. Que con el fin de garantizar que el Estado fije la EGP, ordenada en el artículo 13 de la
Ley 4 de 1992, en forma tal que se permita aplicar acertadamente los objetivos y criterios fijados
en el artículo 2 y 3 de dicha ley; se tenga en cuenta como aditiva (sic) de la sentencia que resuelva
la presente acción de nulidad por inconstitucionalidad (sic), los porcentajes establecidos en la
columna “EGP” de 1996 ajustada y actualizada de la Tabla 5 y/o los porcentajes establecidos en
la columna “propuesta” del Anexo 5, los cuales se encuentran sintetizados en el Anexo 6
“Nivelación Salarial por sentencia judicial”.
Tercero. Se declare la nulidad por inconstitucionalidad de la expresión “cuarenta y cinco por ciento
(45%) somo sueldo básico”, contenida en el artículo 2º del Decreto 107 de enero 15 de 1996, por
encontrarse dicho porcentaje quebrantado y violando el núcleo esencial de las asignaciones fijadas
acorde a las responsabilidades y funciones y a los objetivos y criterios establecidos en los artículos
25, 48, 53, 217 y 218 de la Constitución y de los artículos 2 y 3 de la Ley 4 de 1992.
Cuarto. Que con el fin de garantizar que el Estado fije la asignación básica o sueldo básico de un
oficial en el grado de General o Almirante, que sirve de base o referente para establecer los sueldos
básicos fijados en el E.G.P., según el artículo 1º del Decreto 107 de 1996; y como aditiva (sic) de
la sentencia que resuelva la presente acción de nulidad por inconstitucionalidad (sic), sea fijada
dicha asignación básica, acorde a los postulados salariales de las funciones y responsabilidades;
y por tanto dicho porcentaje no podrá ser inferior o igual a su equivalente a lo fijado mediante el
Decreto 1120 de 2015, como asignación básica al grado 28 del Nivel Directivo de un empleo público
de un no uniformado al servicio del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares o de la Policía
Nacional. Lo que indica que dicha asignación básica, debe superar el valor porcentual del 98,94%
como asignación básica mensual (sueldo básico y gastos de representación) de un Ministro del
Despacho.
Quinto. Como consecuencia de lo anterior, se le ordene a las autoridades que profirieron el Decreto
107 de 1996, a fijar nuevamente un régimen salarial para los miembros de la Fuerza Pública, acorde
a los principios, valores y reglas de la Constitución Política y de la Ley 4 de 1992; fijándose la
escala gradual porcentual donde los sueldos básicos corresponderán al porcentaje asignado para
cada grado, con respecto a la asignación básica de un oficial en el grado de General, y que en
ningún caso podrán ser inferiores a los porcentajes analizados en el documento CONPES 2570-
91. Además, deberá fijarse la asignación básica (o sueldo básico) de un oficial en el grado de
General o Almirante, en el porcentaje respecto de la asignación básica y gastos de representación
de un Ministro del Despacho que demuestren que dicha asignación básica corresponde al más alto
grado de responsabilidad y función dentro de los cargos del Nivel Directivo de un empleado público
del Ministerio de Defensa, en las Fuerzas Militares y en la Policía Nacional, es decir no podrá ser
inferior al grado 28 del nivel directivo que existe en la actualidad. Con lo que se llevará a cabo la
nivelación salarial de los oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y agentes de la Fuerza
Pública, ordenada desde el 18 de mayo de 1992.
Sexto. Se decrete por esta Corporación a los miembros de la Fuerza Pública en la categoría de
oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo, agentes, soldados profesionales y/o soldados
voluntarios de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional como empleados públicos uniformados
de la Rama Ejecutiva del Poder Público.
Séptimo. Se incluya en la nivelación salarial a los soldados voluntarios y soldados profesionales de
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El Decreto 107 de 1996 fue derogado por el artículo 39 del Decreto 122 de 1997, “Por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal
de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional, personal del Nivel Ejecutivo de
la Policía Nacional y Empleados Públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se establecen bonificaciones
para Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines, Grumetes y Soldados, se modifican las comisiones y se dictan otras disposiciones en materia
salarial”.
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Número interno: 4026-2015
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Demandada: Nación-Ministerio de Hacienda y otros
las Fuerzas Militares, quienes por razón de su jerarquía están siendo discriminados. Sin
encontrarse justificación que amerite tal discriminación y en tal sentido se les indique los
porcentajes correspondientes a su equivalente en la Policía Nacional, es decir a lo que se le asigne
a un agente de dicha institución.
Octavo. Se establezca de manera clara y detallada la ejecución de los recursos destinados a la
nivelación salarial de la Fuerza Pública, en el sentido y finalidad en que estos debían realizar la
reforma al escalafón salarial, tal como se ejecutaron en el año 1992 los $20 mil millones que
modificaron los sueldos básicos y reconocieron la prima de actualización al personal que se
encontraba en actividad.
Noveno. Que para el desarrollo procesal de la presente acción, los términos se observen por esa
Corporación con diligencia y apego a la ley”.
El acto administrativo objeto de demanda contiene el siguiente texto - se destacan los
artículos y apartes demandados -:
“DECRETO 107 DE 1996
(enero 15)
por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares, Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional, Personal del Nivel Ejecutivo de
la Policía Nacional y Empleados Públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional, se establecen bonificaciones para Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines,
Grumetes y Soldados, se modifican las comisiones y se dictan otras disposiciones en materia
salarial.
Artículo 1º. De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 4a. de 1992, fíjase la
siguiente escala gradual porcentual para el personal de oficiales, suboficiales, miembros del nivel
ejecutivo y agentes de la Fuerza Pública.
Los sueldos básicos mensuales para el personal a que se refiere este artículo,
corresponderán al porcentaje que se indica para cada grado, con respecto a la asignación
básica del grado de General.
Oficiales
General 100%
Mayor General 90%
Brigadier General 80%
Coronel 60%
Teniente Coronel 44.30%
Mayor 38.60%
Capitán 30.50%
Teniente 26.70
Subteniente 23.70%
Suboficiales
Sargento Mayor 26.40%
Sargento Primero 22.60%
Sargento Viceprimero 19.50%
Sargento Segundo 17.90%
Cabo Primero 16.40%
Cabo Segundo 15.40%
Nivel Ejecutivo
Comisario 45.50%
Subcomisario 38.30%
Intendente 33.90%
Subintendente 26.40%
Patrullero 20.30%
Agentes de los cuerpos profesional y profesional especial de la Policía Nacional
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Número interno: 4026-2015
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Demandada: Nación-Ministerio de Hacienda y otros
Con antigüedad inferior a 5 años de servicio 11.95% Antigüedad de 5 años y hasta menos
de 10 14.55% Con antigüedad de 10 o más años de servicio 14.90%
Parágrafo 1. Las asignaciones básicas calculadas en los porcentajes anteriores se aproximarán a
la decena superior.
Parágrafo 2. Los tenientes primeros de la Armada Nacional tendrán el mismo sueldo básico fijados
para los Tenientes de Fragata.
Artículo 2o. Los Oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en los grados de General
y Almirante, percibirán por todo concepto una asignación mensual igual a la que devenguen los
Ministros del Despacho como asignación básica y gastos de representación, en todo tiempo,
distribuida así: el cuarenta y cinco por ciento (45%) como sueldo básico y el cincuenta y cinco
por ciento (55%) como prima de alto mando. Esta última no tendrá carácter salarial para ningún
efecto legal.
Parágrafo. Los Oficiales Generales y Almirantes a que se refiere este artículo, tendrán derecho a
la Prima de Dirección y demás primas que devenguen los Ministros del Despacho.
La Prima de Dirección no será factor salarial para ningún efecto legal, se pagará mensualmente y
es compatible con la Prima de Alto Mando a que tienen derecho los Oficiales en estos grados.
En ningún caso, los Oficiales Generales y Almirantes podrán percibir una remuneración superior a
la prevista para los Ministros del Despacho”.
1.2. Normas violadas, concepto de violación y cargos de ilegalidad
La parte demandante considera que el acto administrativo acusado viola el preámbulo y
los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 48, 53, 150 (núm. 19-3), 217, 218 y 230 de la Constitución
Política; así como los artículos 2, 3, 10 y 13 de la Ley 4 de 1992. Así mismo, adujo que
la decisión enjuiciada desconoció el documento CONPES 2570-91 y el Decreto 335 de
1992, por el cual se fijaron los sueldos básicos para, entre otros, los oficiales y
suboficiales de las Fuerzas Militares.
Cabe anotar que, una vez realizada la lectura de la demanda, la Sala observa que, en
principio, no resulta muy clara la fundamentación jurídica de la misma; sin embargo, se
puede vislumbrar un reproche general de la parte actora con la decisión adoptada en los
artículos y apartes acusados del Decreto 107 de 1996, relativo a que el Gobierno Nacional
no cumplió con la orden prevista en el artículo 13 de la Ley 4 de 1992, pues no estableció
una escala salarial porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado
de la Fuerza Pública.
Así mismo, es importante advertir que, si bien la parte actora tampoco adujo un cargo de
legalidad en particular, del contenido de los argumentos expuestos en el concepto de la
violación, se puede observar que están encaminados a alegar la causal de nulidad de
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Número interno: 4026-2015
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Demandada: Nación-Ministerio de Hacienda y otros
infracción de las normas en que debía fundarse el acto y en la violación del derecho a la
igualdad y al trabajo digno.
Para una mayor comprensión de los argumentos expuestos por el demandante, la Sala
dividirá su análisis como pasa a explicarse:
Infracción de las normas en que debía fundarse el acto
Según el demandante, en los incisos 2 y 3 del artículo 1º del Decreto 107 de 1996 se
desconoció la orden consagrada en el artículo 13 de la Ley 4 de 19923, en cuanto no fijó
la escala salarial gradual y porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y
en retiro de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Para mayor comprensión del
cargo, se transcribe el siguiente aparte de la demanda:
“Con el Decreto 107 de 1996 se establece la escala gradual porcentual (E.G.P.), de ella se deduce
que el artículo 13 de la Ley 4 de 1992 no se cumplió, ni se ha cumplido; con la E.G.P. no se ha
llevado a cabo la nivelación del personal activo y retirado de los miembros de la Fuerza Pública
con respecto de los demás funcionarios del Estado, en especial los de la Rama Ejecutiva y menos
se ha hecho en la E.G.P., la distribución de acuerdo con los criterios y objetivos fijados en el artículo
2 de la Ley 4 de 1992. Aunado a ello, la escala fijada es inferior a la establecida en el documento
CONPES-2570 de 1991, tomada como referencia para reformar la escala salarial con el fin de
elevar la remuneración y no disminuirla como sucedió”.
Violación al derecho a la igualdad y trabajo digno
Para soportar este cargo de ilegalidad, la parte actora alegó frente al artículo 1º del
Decreto 107 de 1996 lo siguiente:
“(…) se ha dado un trato desigual entre los oficiales del grado General y Mayor General, respecto
de los demás miembros de la Fuerza Pública (…), pues solo a estos oficiales se les conservó y
garantizó equitativamente los porcentajes que se analizaron en el cuadro 11 del documento
CONPES 2570-91 y que sirvieron de base para proponer una escala gradual porcentual para
nivelar la remuneración del personal activo y retirado de la Fuerza Pública, respecto de los demás
empleados de la Rama Ejecutiva”.
Así mismo, bajo esta misma línea de razonamiento, en la demanda se sostuvo que el
acto acusado vulneraba los derechos adquiridos del resto de los miembros de la Fuerza
Pública, pues la escala porcentual analizada por el Gobierno Nacional en el documento
CONPES 2570-91, no se tuvo en cuenta en el Decreto 107 de 1996.
3
“Artículo 13. En desarrollo de la presente Ley el Gobierno Nacional establecerá una escala gradual porcentual para nivelar la
remuneración del personal activo y retirado de la Fuerza Pública de conformidad con los principios establecidos en el artículo 2º.
PARÁGRAFO. La nivelación de que trata el presente artículo debe producirse en las vigencias fiscales de 1993 a 1996”.
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Demandada: Nación-Ministerio de Hacienda y otros
En cuanto al aparte relativo al aparte demandado del artículo 2, el cual prevé que los
oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en los grados de General y
Almirante percibirán una asignación básica mensual igual a la que devenguen los
Ministros equivalente al cuarenta y cinco por ciento (45%), la parte actora adujo en la
parte de las “conclusiones” del libelo lo siguiente:
“(…) la asignación básica de un oficial en el grado de General no es acorde a la utilización eficiente
del recurso humano, máximo cuando no se tiene en cuenta el nivel de los cargos, esto es, la
naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las calidades exigidas que le son propias por
su jerarquía en el desempeño de los cargos de alta dirección que le corresponden, pues no se tiene
claridad, como el DAFP efectuó el establecimiento de rangos de remuneración para los diferentes
grados de Oficiales, Suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y agentes de la Fuerza Pública, con
lo cual se nivelaría tanto al personal en actividad como en condición de retiro”.
Por último, el demandante sostuvo que la escala salarial porcentual que debía fijarse
mediante el Decreto 107 de 1996 debió corresponder, como mínimo, a las equivalencias
porcentuales del año 1992, ajustados con la prima de actualización asignada a cada
grado, conforme el documento CONPES 2570-91.
1.3. Trámite procesal
Por auto del 1º de diciembre de 20164 se admitió la demanda adecuándose al medio de
control de simple nulidad, en la medida en que no se cumplía con los requisitos para la
procedencia de la acción de nulidad por inconstitucionalidad; así mismo, se ordenó
notificar la decisión por estado a la parte demandante y personalmente a los Ministros de
Hacienda y Crédito Público y de Defensa Nacional, así como al director del Departamento
Administrativo de la Función Pública, o a quienes hicieran sus veces, así como al
representante del Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado. Además, se corrió traslado de la demanda.
1.4. Intervención de las partes accionadas
1.4.1. Ministerio de Hacienda y Crédito Público5
La demandada contestó el libelo y se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Adujo
que el acto administrativo acusado fue expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de
su facultad reglamentaria prevista en la Carta Política, para fijar la política salarial
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Fls. 74-77 c. ppal.
5
Fls. 96-101 c. ppal.
7
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Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Demandada: Nación-Ministerio de Hacienda y otros
respecto de los miembros de la Fuerza Pública. Además, puso de presente que el Decreto
107 de 1996 había sido derogado.
En el mismo escrito de contestación, la entidad pública propuso las excepciones previas
de “ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales (ausencia de concepto de
violación)” e “incumplimiento del trámite de publicidad previsto en el artículo 171 del
CPACA”.
Por otro lado, formuló las excepciones de fondo que denominó: (i) “improcedencia de un
pronunciamiento de fondo por cuanto el decreto demandado se encuentra derogado”; (ii)
“el decreto demandado se enmarca dentro de los límites de la facultad reglamentaria de
la que goza el Gobierno Nacional” y (iii) “ausencia de fuerza normativa superior de los
documentos CONPES”.
1.4.2. Departamento Administrativo de la Función Pública6
La entidad demandada también se opuso a la prosperidad de las pretensiones, en la
medida en que el numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política otorgó al
Gobierno Nacional la facultad indelegable de fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos.
Sostuvo que los documentos CONPES no pueden limitar el ámbito de competencias del
Presidente de la República, pues solo se constituye en un instrumento de política y no en
una ley marco.
Por último, adujo lo siguiente:
“(…) es claro que las normas parcialmente demandadas del Decreto 107 de 1996 lejos de violentar
el aseguramiento de la justicia y la igualdad dentro del marco jurídico salarial o desconocer el
principio rector del trabajo digno, -como equivocadamente lo sostiene el actor-, desarrollan con
especial rigor los mandatos del artículo 13 de la Ley 4 de 1992, cuya finalidad (…) no era igualar
el salario y prestaciones de los miembros de la Fuerza Pública, sino establecer una nivelación en
la remuneración de dicho personal, a partir de la fijación de una “escala gradual porcentual” que, a
su vez, mejoraría la situación laboral de sus beneficiarios”.
6
Fls. 108-119 c. ppal.
8
Número interno: 4026-2015
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
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1.4.3. Ministerio de Defensa Nacional7
El accionado se opuso a las súplicas y adujo, en síntesis, que el acto acusado estaba
acorde con el ordenamiento jurídico. De igual forma, propuso la excepción que denominó
“cosa juzgada constitucional”, con fundamento en que esta Corporación ya se había
pronunciado de fondo frente al mismo objeto del presente asunto, mediante las
sentencias del 10 de febrero de 2000 (proceso 13548), 19 de septiembre de 2002
(proceso 2394-99) y de 26 de noviembre de 2009 (proceso 1647-06), en las cuales se
analizó el carácter salarial de la prima de dirección y de alto mando.
1.5. Audiencia inicial y resolución de excepciones
El 8 de mayo de 20198, se adelantó la audiencia inicial que trata el artículo 180 del
CPACA. En dicha diligencia se resolvieron las excepciones previas. La de “ineptitud de
la demanda por ausencia del concepto de violación” se despachó de forma negativa, en
la medida en que el libelo identificó las normas violadas y explicó las razones por las
cuales la disposición acusada vulneraba el ordenamiento jurídico, anotando que el medio
de control fue adecuado al de nulidad simple. La de “incumplimiento del trámite de
publicidad ordenado por el artículo 171 del CPACA” tampoco tuvo vocación de
prosperidad, pues se consideró que la admisión de la demanda no era necesaria
divulgarla a la comunidad en general, pues el tema interesaba a los miembros de la
Fuerza Pública. Y, la excepción de “cosa juzgada constitucional”, también fue negada,
toda vez que no se cumplían las exigencias del artículo 306 del CPACA para que se
configurara, en la medida en que las sentencias invocadas resolvieron asuntos
relacionados con las primas de dirección y de alto mando, así como su incidencia como
factor salarial, aspecto distinto al tratado en el presente asunto.
En la misma audiencia se fijó el litigio, se incorporaron las pruebas allegadas por las
partes y se negaron las solicitadas de oficio, por cuanto podían consultarse en las páginas
web oficiales de cada una de las entidades demandadas; se prescindió de la audiencia
de alegaciones y juzgamiento y se corrió traslado para alegar de conclusión.
1.6. Alegatos de conclusión9
7
Fls. 137-148 c. ppal.
8
Fls. 165-169 c. ppal.
9
Fls. 173-180 c. ppal.
9
Número interno: 4026-2015
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Demandada: Nación-Ministerio de Hacienda y otros
Durante el término para alegar de conclusión, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
el Ministerio de Defensa Nacional y la parte actora reiteraron los argumentos esgrimidos
en el transcurso del proceso.
1.7. Concepto del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público10 rindió concepto en el presente asunto y solicitó negar
las pretensiones de la demanda. Consideró que, en el marco del artículo 13 de la Ley 4
de 1992, el Gobierno Nacional está facultado para fijar la escala salarial y prestacional
de los miembros de la Fuerza Pública, con independencia del resto de los servidores
públicos. Además, no se probó la vulneración del derecho de igualdad o de normas de
superior jerarquía.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 149 del CPACA, en armonía
con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201911, expedido por la Sala Plena del Consejo de
Estado, la Sección Segunda es competente para conocer en única instancia de los actos
administrativos expedidos por autoridades del orden nacional y de naturaleza laboral.
En el presente asunto, la disposición acusada fue expedida por el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, el Ministerio de Defensa Nacional y el Departamento Administrativo de
la Función Pública, entidades del orden nacional, conforme al artículo 130 de la
Constitución Política. Y, en cuanto a la naturaleza del asunto, corresponde a un asunto
laboral, pues versa sobre la escala salarial de los miembros de la Fuerza Pública.
10
Fls. 181-187 c. ppal.
11
«Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de
lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo,
así: […] Sección Segunda: 1. Los procesos de simple nulidad de actos administrativos que versen sobre asuntos laborales».
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2.2. Cuestión previa
Tal y como lo puso de presente el Departamento Administrativo de la Función Pública, el
Decreto 107 de 1996 fue derogado por el artículo 39 del Decreto 122 de 199712, “Por el
cual se fijan los sueldos básicos para el personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas
Militares, Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional, personal del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional y Empleados Públicos del Ministerio de Defensa, las
Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se establecen bonificaciones para Alféreces,
Guardiamarinas, Pilotines, Grumetes y Soldados, se modifican las comisiones y se dictan
otras disposiciones en materia salarial”.
Sobre la legalidad de normas derogadas, esta Corporación13 ha considerado que, por
tratarse de disposiciones administrativas generales son susceptibles de la acción
incoada, toda vez que la derogación tiene efectos ex – nunc, lo cual implica que el acto
derogado mantiene su presunción de legalidad por todo el tiempo que estuvo vigente;
presunción que es iuris tan tum o mientras no se declare lo contrario, lo que está
reservado a esta jurisdicción a instancia de parte que alegue y demuestre la ilegalidad
del acto administrativo general derogado.
En síntesis, la derogatoria de una norma jurídica no sustrae a la jurisdicción contencioso
administrativa de pronunciarse sobre su legalidad o ilegalidad, dado que mientras estuvo
vigente pudo producir efectos jurídicos, pues dicha derogatoria no restablece per se su
vigencia y no impide la proyección en el tiempo y en el espacio de los efectos que ha
generado, por lo cual debe haber un pronunciamiento expreso del juzgador, respecto del
acto derogado. Además, el análisis de legalidad de los actos administrativos debe
realizarse en el momento en que el acto nace a la vida jurídica, de manera que el hecho
de su derogatoria no condiciona, ni limita dicho análisis14.
2.3. Problema jurídico
En la audiencia inicial del 8 de mayo de 2019, el litigio se fijó como sigue:
“Se procede a fijar el litigio, para cuyo efecto se precisa que la controversia atañe a un asunto de
puro derecho, concerniente a la legalidad o no de los artículos 1 y 2 del Decreto 107 de 15 de enero
12
Este decreto a su vez fue derogado por el Decreto 058 de 1998 y este por el Decreto 62 de 1999 y así sucesivamente de forma anual.
En el año 2024 regía el Decreto 305 de 2024.
13
Sala de lo Contencioso Administrativo Sentencia del 7 de octubre de 2010, Radicado No. 11001-03-24-000-2006-00368-00.
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Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 5 de octubre de 2000, Radicado No. 5929.
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Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Demandada: Nación-Ministerio de Hacienda y otros
de 1996, “por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de Oficiales y Suboficiales de las
Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional, Personal del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional y Empleados Públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional, se establecen bonificaciones para Alféreces, Guardiamarinas,
Pilotines, Grumetes y Soldados, se modifican las comisiones y se dictan otras disposiciones en
materia salarial”, en cuanto considera el actor que con tales disposiciones no se cumplió
efectivamente con la orden impartida en el artículo 13 de la Ley 4 de 1992 de fijar la escala salarial
gradual porcentual de los miembros activos y retirados de la Fuerza Pública bajo los objetivos y
criterios establecidos en los artículos 25, 48, 53, 217 y 218 de la Constitución Política y 2 y 3 de la
Ley 4 de 1992, que se estima vulnerados”.
El problema jurídico que plantea el litigio exige resolver los siguientes interrogantes: (i)
¿el acto administrativo vulneró las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 4, 13,
25, 48, 53, 150 (núm. 19-3), 217, 218 y 230 de la Constitución Política?; (ii) ¿el decreto
demandado desconoció las normas en que debía fundarse, como es el caso del artículo
13 de la Ley 4 de 1992? (iii) la disposición acusada vulneró el derecho a la igualdad y el
trabajo digno?.
Para resolver tales interrogantes se expondrá el marco legal y jurisprudencial sobre los
temas involucrados en el análisis de los cargos de ilegalidad propuestos contra el acto
administrativo demandado.
2.4. Marco normativo y jurisprudencial
2.4.1. Facultad reglamentaria del Gobierno Nacional para fijar la escala salarial de
los miembros de la Fuerza Pública
De conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Constitución Política,
corresponde al Congreso de la República hacer las leyes; sin embargo, dicha función
también le corresponde al Ejecutivo, a través del Presidente de la república, con
fundamento en lo establecido en el numeral 11 del artículo 189 de la Carta Política, el
cual lo autoriza para expedir normas de carácter general destinadas a la correcta
ejecución y cumplimiento de la ley, potestad que se ve restringida en la medida en que el
Congreso utilice en mayor o menor grado sus poderes jurídicos, pues el legislador puede
llegar a ser muy minucioso en su regulación y, por consiguiente, la tarea de la autoridad
encargada de reglamentar la ley se minimiza. O puede suceder lo contrario: que aquél
decida no ser tan prolijo en la reglamentación, dejando al Ejecutivo el detalle.
La facultad con que cuenta el Presidente de la República de reglamentar la ley está sujeta
a ciertos límites, que no son otros que la Constitución Política y la ley misma, ya que no
12
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puede en este último evento ampliar, restringir o modificar su contenido. Ello se traduce
en que las normas reglamentarias deben estar subordinadas a la ley respectiva y tener
como finalidad exclusiva la cabal ejecución de la misma15.
Específicamente, en relación con la facultad que tiene el Presidente de la República para
fijar la escala salarial de los miembros de la Fuerza Pública, el artículo 150-19 de la
Constitución Política prevé:
“Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes
funciones:
(…)
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe
sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:
(…)
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y la Fuerza Pública;
(…)”.
En concordancia con lo anterior, el artículo 189 constitucional consagra:
“Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno
y Suprema Autoridad Administrativa:
(…)
11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y
órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes”.
En cuanto al ejercicio de la potestad reglamentaria en cabeza del Presidente de la
República, la Corte Constitucional ha señalado que "(…) un elemento esencial para que
se pueda ejercer la facultad reglamentaria es la de la preexistencia de un contenido
material legislativo que sirva de base para el ejercicio de dicha potestad"16. Debe tratarse
de "disposiciones legales que establezcan criterios inteligibles, claros y
orientadores dentro de los cuales ha de actuar la administración de tal forma que se
preserven los principios básicos de un estado social y democrático de derecho" 17. Con
apoyo en tal premisa, no es posible que el legislador -salvo los casos de otorgamiento de
facultades extraordinarias según lo previsto en el artículo 150.10- "traslade al gobierno la
facultad de regulación sobre determinada materia".
15
Sentencia C-028/97.
16
Sentencia C-734 de 2002. Reiteración en sentencia C-188-2022.
17
Sentencia C-265 de 2002.
13
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El traslado proscrito por la Carta ocurre cuando "se defiere al reglamento la regulación
de una materia, sin que la propia ley fije los parámetros mínimos que permitan el ejercicio
de la potestad reglamentaria"18.
Ahora bien, de acuerdo con los artículos 217 y 218 de la Constitución, el régimen
pensional de los miembros de la Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional) es
de carácter especial. Así mismo, según lo dispone el artículo 1º de la Ley 4 de 1992, el
Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esa ley,
fijará el régimen salarial y prestacional, entre otros, de la Fuerza Pública.
En palabras de la Corte Constitucional19, los miembros de la Fuerza Pública tienen
derecho a un régimen prestacional especial "en razón al riesgo latente que envuelve la
función pública que prestan y desarrollan"20.
En el mismo sentido, el Consejo de Estado21 ha explicado que, por disposición de la
Carta, los miembros de la Fuerza Pública gozan o se benefician de un régimen
prestacional especial "en consideración al ejercicio de las excepcionales funciones
públicas que desarrollan en cumplimiento de su actividad militar o policial. De ahí, el
establecimiento de una normatividad legal diferente a la que se ha configurado respecto
de los demás servidores públicos, y obviamente a su exclusión de la aplicación del
sistema integral de seguridad social contenido en la Ley 100 de 1993 y en la Ley 797 de
2003".
Igualmente, mediante sentencia del 12 de abril de 2012, la Sección Segunda22 explicó
que para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados de la Fuerza Pública
existía una competencia compartida entre el Congreso y el Gobierno, donde el primero
señalaba las normas, objetivos, criterios y elementos mínimos que debía atender el
segundo para la fijación del régimen salarial y prestacional de la Fuerza Pública.
18
Sentencia C-037 de 2021.
19
Sentencia C-432 de 2004. Reiteración sentencia C-558-2019.
20
Sentencia T-261 de 2019.
21
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 14 de febrero de 2007. Exp. 1240-04. M.P. Alberto Arango Mantilla.
22
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Sentencia del 12 de abril de 2012. Radicación
número: 11001-03-25-000-2006-00016-00 (0290-06) y 11001-03-25-000-2007-00049-00 (1074-07). C.P: Alfonso Vargas Rincón.
14
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2.4.2. Naturaleza jurídica de los documentos CONPES y su carácter vinculante
El CONPES, es un organismo colegiado, sin personería jurídica, principal asesor del
Gobierno nacional en todo lo relacionado con el desarrollo económico y social del país 23.
El Decreto 1869 de 2017, por medio del cual se sustituyó el Título 12 del Decreto 1082
de 2015, Único reglamentario del Sector Administrativo de Planeación, en lo relacionado
con el funcionamiento del Consejo de Política Económica y Social (Conpes), prevé los
siguiente sobre la definición del CONPES y su integración:
“Artículo 2.2.12.1.1. Definición CONPES. El Consejo Nacional de Política Económica y Social
(CONPES) es un organismo colegiado, sin personería jurídica, que asesora al Gobierno nacional
en todos aquellos aspectos que se relacionan con el desarrollo económico y social del país.
“Artículo 2.2.12.1.2. Integración del CONPES. De conformidad con el artículo 164 de la Ley 1753
de 2015, serán miembros permanentes del CONPES, con voz y voto, los ministros de despacho y
el director del Departamento Nacional de Planeación.
Así mismo, serán miembros con voz y voto los directores de Departamentos Administrativos que
se requieran para su adecuado funcionamiento, siempre que se trate de asuntos directamente
relacionados con las funciones o competencias institucionales, discreción del Gobierno nacional se
establecerán los invitados con voz y sin voto.
Parágrafo. La participación de los miembros del CONPES es indelegable”.
Sobre las funciones del CONPES, la normativa en mención señaló las siguientes:
“ARTÍCULO 2.2.12.1.3. Funciones del CONPES. De conformidad con la Ley 1753 de 2015 y
demás normas concordantes, el CONPES desarrolla las siguientes funciones:
1. Servir de organismo coordinador y señalar las orientaciones generales que deben seguir los
distintos organismos especializados de la dirección económica y social del Gobierno nacional.
2. Aprobar los documentos de política económica y social, y aquellos que sirvan de base para la
elaboración de los planes y programas nacionales de desarrollo.
3. Aprobar el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo conforme a la Constitución y a la Ley 152
de 1994.
4. Estudiar y aprobar los informes periódicos u ocasionales que se le presenten a través de su
Secretaría Técnica, sobre el desarrollo de los planes, programas y políticas generales, sectoriales
y regionales, y recomendar las medidas que deban adoptarse para el cumplimiento de tales planes
y programas.
5. Hacer seguimiento al avance de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, para alcanzar
plenamente los objetivos de desarrollo sostenible a los que se ha comprometido previamente la
nación, de acuerdo con la información que las entidades territoriales alleguen a los ministerios,
entidades competentes y al Departamento Nacional de Planeación, sobre la inclusión en sus planes
23
Decreto 1082, 2015. “Por el cual se expide el Decreto Único reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”. Art
2.2.12.1.1.
15
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de desarrollo los objetivos, metas y estrategias concretas dirigidas a la consecución de dichas
metas.
6. Hacer seguimiento a los compromisos realizados por los ministerios y demás entidades a la luz
de las políticas, planes, programas y proyectos aprobados por el CONPES.
7. Estudiar y definir, sin perjuicio de las competencias del Consejo de Política Fiscal (CONFIS), los
instrumentos de política fiscal según la normativa vigente y adoptar las demás decisiones,
conceptos o autorizaciones en materia presupuestal en los términos del Decreto 111 de 1996 y
demás normas reglamentarias.
8. Adoptar las decisiones y emitir conceptos, autorizaciones o pronunciamientos relacionados con
los proyectos bajo el esquema de asociación publico privada en los términos de la Ley 1508 de
2012 y las demás normas que la reglamentan.
9. Emitir conceptos y autorizaciones sobre la celebración de operaciones de crédito publico y
asimiladas en los términos del parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el Decreto 1068.de
2015, y las demás disposiciones sobre la materia.
10. Las demás que de acuerdo con su naturaleza le hayan sido conferidas o le sean señaladas por
otras disposiciones legales”.
En cuanto a la naturaleza jurídica de los documentos CONPES, en primer lugar, es
importante resaltar que, si bien son considerados actos de la Administración, no son actos
administrativos. Lo anterior, de conformidad con lo señalado por el Consejo de Estado24,
quien precisó que los pronunciamientos del CONPES como organismo asesor en materia
económica y social del Gobierno nacional, no tienen por regla general, la vinculatoriedad
de un acto administrativo, ni sus efectos, en la medida en que no tienen la capacidad
jurídica para crear derechos u obligaciones.
Los documentos CONPES son documentos de política pública o de orientación que no
tienen efecto vinculante. Son actos preparatorios y el resultado de un trabajo coordinado
entre entidades e instituciones del Gobierno nacional, sometidos al principio de legalidad
que rige toda actuación de la Administración Pública -de conformidad con lo establecido
en los artículos 4° y 121 de la C.P.-, razón por la cual deben emitirse en cumplimiento de
la Constitución, las leyes y los decretos reglamentarios vigentes.
3. Análisis de los cargos de nulidad
Mediante el Decreto 017 del 15 de enero de 1996, “se fijan los sueldos básicos para el
personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales y
Agentes de la Policía Nacional, Personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional y
Empleados Públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional,
24
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 3661 del 16 de mayo de 2007.
16
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se establecen bonificaciones para Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines, Grumetes y
Soldados, se modifican las comisiones y se dictan otras disposiciones en materia
salarial”.
Frente al acto, la parte demandante adujo argumentos que podrían configurar la causal
de nulidad de infracción de las normas en que debía fundarse el acto y la violación del
derecho a la igualdad y al trabajo digno.
Al respecto, la Sala procederá a abordar el estudio de cada uno de los cargos propuestos,
como pasa a explicarse:
Infracción de las normas en que debía fundarse el acto
La infracción de las normas en las que ha debido fundarse el acto administrativo es
también conocida como la nulidad por violación del ordenamiento superior. Es una causal
prevista en el artículo 137 del CPACA, junto con el vicio de incompetencia, expedición
irregular, desviación de poder, desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa
y falsa motivación.
Dicha causal se presenta en tres eventos a saber: por falta de aplicación, aplicación
indebida o, interpretación errónea.
Al respecto, la jurisprudencia25 ha señalado:
“La falta de aplicación de una norma se configura cuando la autoridad administrativa ignora su
existencia o, a pesar de que la conoce, pues la analiza o valora, no la aplica a la solución del caso.
También sucede cuando se acepta una existencia ineficaz de la norma en el mundo jurídico, toda
vez que esta no tiene validez en el tiempo o en el espacio. En los dos últimos supuestos, la
autoridad puede examinar la norma, pero cree, equivocadamente, que no es la aplicable al asunto
que resuelve. En estos eventos se está ante un caso de violación de la ley por falta de aplicación,
no de su interpretación errónea, en razón de que la norma por no haber sido aplicada no trascendió
al caso decidido.
En segundo lugar, la aplicación indebida tiene lugar cuando el precepto o preceptos jurídicos que
se hacen valer se usan a pesar de no ser los pertinentes para resolver el asunto que es objeto de
decisión. El error por aplicación indebida puede originarse por dos circunstancias:
• Porque la autoridad administrativa se equivoca al escoger la norma por la inadecuada
valoración del supuesto de hecho que esta consagra y,
• porque no establece de manera correcta la diferencia o la semejanza existente entre la
hipótesis legal y la tesis del caso concreto.
25
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 21 de mayo de 2020. Exp. 52001-23-33-000-2015-00045-01(3779-17). M.P. William
Hernández Gómez.
17
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Finalmente, se viola la regla de derecho de fondo o norma sustancial de manera directa al dársele
una interpretación errónea. Esto sucede cuando las disposiciones que se aplican son las que
regulan el tema que se debe decidir, pero la autoridad las entiende equivocadamente, y así,
erróneamente comprendidas, las aplica. Es decir, ocurre cuando la autoridad administrativa le
asigna a la norma un sentido o alcance que no le corresponde 26”.
En el caso sub exámine, según el demandante, en los incisos 2 y 3 del artículo 1º del
Decreto 107 de 1996 se desconoció la orden consagrada en el artículo 13 de la Ley 4 de
199227, en cuanto no fijó la escala salarial gradual y porcentual para nivelar la
remuneración del personal activo y en retiro de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional.
En el presente asunto, la Sala considera que no le asiste razón a la parte demandante,
por cuanto la finalidad del artículo 13 de la Ley 4 de 1992 no estaba dirigida a establecer
la igualdad en el salario o en las prestaciones de los miembros de la Fuerza Pública. Su
objetivo era lograr una nivelación en la remuneración, a partir de la fijación de una escala
salarial porcentual, que propendería por mejorar la situación económica de sus
beneficiarios; sin embargo, esta norma no señaló criterios o parámetros específicos sobre
la forma en que ello tendría lugar, tampoco sobre el porcentaje que debería asignarse
para obtener dicha nivelación, abriendo paso a la competencia del Ejecutivo para resolver
esta materia.
Cabe advertir que la Ley 4 de 1992 es una ley marco, o cuadro, en tanto se refiere a la
regulación del régimen salarial de los miembros del Congreso Nacional, tal como lo
consagra el Artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política, al señalar como
una de las funciones del Congreso, la siguiente : "Dictar las normas generales y señalar
en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los
siguientes efectos: e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos,
de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública.
Sobre las leyes marco, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-402 de 2013,
señaló que su objetivo es permitir al Estado responder ágilmente a los cambios
acelerados que experimenta la sociedad moderna en diversas materias.
[26] C.E. Sec. Cuarta. 25000-23-27-000-2004-92271-02 (16660), mar. 15/2012.
27
“Artículo 13. En desarrollo de la presente Ley el Gobierno Nacional establecerá una escala gradual porcentual para nivelar la
remuneración del personal activo y retirado de la Fuerza Pública de conformidad con los principios establecidos en el artículo 2º.
PARÁGRAFO. La nivelación de que trata el presente artículo debe producirse en las vigencias fiscales de 1993 a 1996”.
18
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La Sección Segunda del Consejo de Estado28, por su parte, ha sido clara en afirmar que,
con fundamento en las leyes marco, el Gobierno Nacional dispone de poderes
reglamentarios mucho más amplios, como el caso de la hipótesis prevista en el literal e)
del numeral 19 del artículo 150 constitucional, en donde el ejecutivo está facultado para
fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso y de la Fuerza Pública.
Por otro lado, en cuanto al alcance del artículo 13 de la Ley 4 de 1992, la Sala trae a
colación un pronunciamiento de la Sección Segunda de la Corporación, en un proceso
de nulidad en el que se solicitó anular las expresiones “prima de ; liquidada sobre la”,
contenidas en los artículos 28, 28 y 29 de los Decretos 25 de 1993, 65 de 1994 y 133 de
1995 respectivamente, así mismo: “prima de”; “El personal (que la devengue en
servicio activo) tendrá derecho a que se le compute para (reconocimiento de)
asignación de retiro, pensión y demás prestaciones sociales.”, que forman parte del
texto del parágrafo de cada artículo mencionado, por desconocimiento del artículo 13 de
la Ley 4 de 1992.
En dicho proceso, la Sección Segunda29 en su integridad negó las pretensiones de la
demanda, mediante la sentencia del 17 de mayo de 2012, por considerar, en síntesis,
que fue en desarrollo de los mandatos previstos en la mentada norma que el Gobierno
Nacional expidió sucesivamente los Decretos números 25 de 1993, 65 de 1994 y 133 de
1995, que ordenaron, en los artículos, 28, 28 y 29, respectivamente, establecer una prima
porcentual de actualización (Prima de actualización) sobre la asignación básica
devengada por Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
Esto, de acuerdo con las necesidades y conveniencias sociales, económicas y laborales
y con sujeción a una política económica propia, dentro de los parámetros de la Ley Marco.
De igual forma, en la sentencia en mención se resaltó la historia legislativa de la norma
contenida en el artículo 13 de la Ley 4ª de 1992, así como su finalidad, la cual no era otra
que establecer una nivelación en la remuneración de dicho personal, a partir de la fijación
de una “escala gradual porcentual” que, a su vez, mejoraría la situación laboral de sus
beneficiarios, sin que de ello significara igualar el salario y prestaciones de los miembros
de la Fuerza Pública.
28
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 27 de julio de 2000. Exp. 216-1998. M.P. Alberto Arango Mantilla.
29
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia el 17 de mayo de 2012. Exp. 11001-03-25-000-2011-00153-00(0502-11). M.P.
Víctor Hernando Alvarado Ardila.
19
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Sobre este punto, la Sala considera necesario resaltar algunos apartes de la decisión, los
cuales constituyen un importante precedente jurisprudencial de la Sección Segunda de
la Corporación, en torno a la temática del presente asunto -se destaca-:
“El artículo 13 de la Ley 4ª de 1992, ordenó al Gobierno Nacional es t ab l ec er u n a es c a la
gra d u al p or c en t ua l p ar a ni v e l ar l a remuneración del personal activo y retirado de la Fuerza
Pública, de conformidad con los principios establecidos en dicha ley, normatividad que estuvo
acorde con el Plan Quinquenal para la Fuerza Pública aprobado por el Consejo Nacional de Política
Económica y Social "CONPES".
En desarrollo de esos mandatos el Gobierno Nacional expidió sucesivamente los Decretos
números 25 de 1993, 65 de 1994 y 133 de 1995, que ordenaron, en los artículos, 28, 28 y 29,
respectivamente, establecer una prima porcentual de actualización (Prima de actualización) sobre
la asignación básica devengada por Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, la cual tuvo el carácter de temporal y su vigencia fue dispuesta hasta que se consolidara
la escala gradual porcentual con el fin de nivelar la remuneración de los servidores activos y
retirados.
En este orden, consultando la historia legislativa de la norma contenida en el artículo 13 de la Ley
4ª de 1992, se puede constatar que la finalidad no era igualar el salario y prestaciones de los
miembros de la Fuerza Pública, sino establecer una nivelación en la remuneración de dicho
personal, a partir de la fijación de una “escala gradual porcentual” que, a su vez, mejoraría la
situación laboral de sus beneficiarios. Sin embargo, la norma no fijó criterios específicos en cuanto
a la forma en que ello tendría lugar, ni sobre el porcentaje que debería asignarse para lograr la
nivelación ordenada, es decir que estos aspectos hacen parte del margen de configuración
radicado en cabeza del Gobierno.
(…)
De otra parte, el actor afirmó que en este caso se quebrantó el derecho a la igualdad, consagrado
en el artículo 13 de la Constitución Política, en consideración a que las normas acusadas
establecen un trato diferente entre los miembros de la Fuerza Pública; sin embargo, de acuerdo
con la exposición de motivos antes citada, no es posible admitir la existencia de la referida
desigualdad, pues, se reitera, las normas acusadas tuvieron como finalidad el mejoramiento salarial
a través de la nivelación reglamentada en acatamiento del marco general fijado por la Ley 4ª de
1992.
Adicionalmente, el derecho a la igualdad obedece a un sentido jurídico del cual sólo es posible
predicar su vulneración cuando se les da a las personas que se encuentran en igualdad de
condiciones un tratamiento desigual o discriminatorio sin ninguna justificación razonable.
(…)”.
Teniendo en cuenta lo anterior, en la sentencia a la que se hizo mención se concluyó que
el Gobierno Nacional tenía un amplio margen para establecer el porcentaje de nivelación
de acuerdo con los diferentes grados, sin que se pueda sostener que la ley marco fijó un
monto determinado para la nivelación salarial, es decir, que en este aspecto el legislador
no creó un límite a la potestad reglamentaria del ejecutivo.
Lo anterior significa que no se pudo demostrar que existía un tratamiento ilegítimo e
injustificado, en tanto se fijó una remuneración tendiente a nivelar los salarios del personal
de la fuerza pública de acuerdo con el nivel de cada rango.
20
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En el sub lite, la Sala comparte los planteamientos que a su vez tuvo en cuenta la Sección
Segunda, en torno a la facultad reglamentaria del ejecutivo para fijar la escala salarial, en
desarrollo de la ley marco contenida en la Ley 4 de 1992, “mediante la cual se señalan
las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación
del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales
de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo
establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política”. Así
mismo, la finalidad plasmada en dicha normativa, está encaminada a propender por la
nivelación salarial de los miembros de la Fuerza Pública, según una escala gradual
porcentual, sin que ello se tradujera en igualar salarios o prestaciones.
Es así como, el artículo 13 de la ley en mención previó que, en desarrollo de la misma, el
Gobierno Nacional establecería una escala gradual porcentual para nivelar la
remuneración del personal activo y retirado de la Fuerza Pública, de conformidad con los
principios establecidos en el artículo 2º, la cual debía producirse durante las vigencias
fiscales de 1993 a 1996.
El artículo 2 en mención señala los criterios y objetivos que debe tener en cuenta el
Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los miembros de la
Fuerza Pública:
“ARTÍCULO 2o. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores enumerados
en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios:
a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general,
como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y
prestaciones sociales;
b) El respeto a la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura;
c) La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por parte del
Estado y de las condiciones de trabajo;
d) La modernización, tecnificación y eficiencia de la administración pública;
e) La utilización eficiente del recurso humano;
f) La competitividad, entendida como la capacidad de ajustarse a las condiciones predominantes
en las actividades laborales;
g) La obligación del Estado de propiciar una capacitación continua del personal a su servicio;
h) La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal;
i) La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones
presupuestales para cada organismo o entidad;
j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las
calidades exigidas para su desempeño;
k) El establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los niveles profesional, asesor,
ejecutivo y directivo de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva y de la Organización
Electoral;
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l) La adopción de sistemas de evaluación y promoción basados en pruebas generales y/o
específicas. En el diseño de estos sistemas se tendrán en cuenta como criterios, la equidad,
productividad, eficiencia, desempeño y la antigüedad;
ll) El reconocimiento de gastos de representación y de salud y de primas de localización, de
vivienda y de transporte cuando las circunstancias lo justifiquen, para la Rama Legislativa”.
Fue en este marco legal que fue expedido el Decreto 107 del 15 de enero de 1996, “[p]or
el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de Oficiales y Suboficiales de las
Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional, Personal del
Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional y Empleados Públicos del Ministerio de Defensa,
las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se establecen bonificaciones para Alféreces,
Guardiamarinas, Pilotines, Grumetes y Soldados, se modifican las comisiones y se dictan
otras disposiciones en materia salarial”.
En el artículo primero acusado se observa con claridad que se invocó el artículo 13 de la
Ley 4 de 1992 para fijar dicha escala salarial, asignando un porcentaje para cada grado
(oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y agentes de la Fuerza Pública), con
respecto a la asignación básica del grado de General.
De esta forma, en el acto administrativo demandado se señaló la siguiente escala:
Artículo 1º. De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 4a. de 1992, fíjase la
siguiente escala gradual porcentual para el personal de oficiales, suboficiales, miembros del nivel
ejecutivo y agentes de la Fuerza Pública.
Los sueldos básicos mensuales para el personal a que se refiere este artículo,
corresponderán al porcentaje que se indica para cada grado, con respecto a la asignación
básica del grado de General.
Oficiales
General 100%
Mayor General 90%
Brigadier General 80%
Coronel 60%
Teniente Coronel 44.30%
Mayor 38.60%
Capitán 30.50%
Teniente 26.70
Subteniente 23.70%
Suboficiales
Sargento Mayor 26.40%
Sargento Primero 22.60%
Sargento Viceprimero 19.50%
Sargento Segundo 17.90%
Cabo Primero 16.40%
Cabo Segundo 15.40%
Nivel Ejecutivo
Comisario 45.50%
Subcomisario 38.30%
Intendente 33.90%
Subintendente 26.40%
22
Número interno: 4026-2015
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Demandada: Nación-Ministerio de Hacienda y otros
Patrullero 20.30%
Agentes de los cuerpos profesional y profesional especial de la Policía Nacional
Con antigüedad inferior a 5 años de servicio 11.95% Antigüedad de 5 años y hasta menos de 10
14.55% Con antigüedad de 10 o más años de servicio 14.90%.
Como se observa, el Gobierno Nacional sí cumplió con la orden prevista en el artículo 13
de la Ley 4 de 1992, al establecer una escala salarial porcentual para nivelar la
remuneración del personal activo y retirado de la Fuerza Pública. Así, el acto
administrativo acusado fue enfático en señalar que los sueldos básicos corresponderían
a un porcentaje para cada grado, teniendo en cuenta la asignación del General como
referente, justamente por ser el grado con mayor jerarquía.
Ahora bien, es importante anotar de igual forma que el reparo del demandante,
relacionado con el hecho que la disposición administrativa demandada no estableció una
escala salarial porcentual, pareciera estar dirigido a enjuiciar la omisión reglamentaria en
la que pudo haber incurrido el ejecutivo en esta materia.
Al respecto, el Consejo de Estado ha señalado, en síntesis, que para la definición de los
elementos estructurales de la referida «omisión reglamentaria», se deben tener en
cuenta «mutatis mutandis», los mismos presupuestos teóricos desarrollados por la Corte
Constitucional para la figura de la «omisión legislativa».
Sobre el particular, la sentencia del 27 de agosto de 2020 de esta Sección30, reiteró lo
que a su vez se había señalado en otras oportunidades31 sobre la configuración de «la
omisión reglamentaria» en los siguientes términos:
«[…] la Autoridad Administrativa al reglamentar una disposición omite una condición o un
ingrediente que, de acuerdo con la Constitución y/o la Ley, sería exigencia esencial para armonizar
con ella. Lo que puede ocurrir de varias maneras: (i) cuando expide un Decreto que si bien
desarrolla un deber impuesto por la Ley, favorece a ciertos sectores y perjudica a otros; (ii) cuando
adopta un precepto que corresponde a una obligación constitucional o legal, pero excluye expresa
o tácitamente a un grupo de ciudadanos de los beneficios que otorga a los demás; y (iii) cuando al
regular una disposición legal omite una condición o un elemento esencial exigido por la Constitución
o la Ley reglamentada32”.
30
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 27 de agosto de 2020. Expediente 11001-03-25-000-2013-01011-
00 (2268-13). M.P. Sandra Lisset Ibarra Velez.
31
Cita original en Sentencia del 27 de agosto de 2020. Expediente 11001-03-25-000-2013-01011-00 (2268-13). M.P. Sandra Lisset Ibarra
Velez. “Sobre la «omisión reglamentaria», ver las sentencias del Consejo de Estado: 11001-03-25-000-2005-00010-00(0177-05) de 25 de
marzo de 2010, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; 11001-03-25-000-2010-00058-00(0458-10) de 28 de febrero de 2013, C.P. Gustavo
Gómez Aranguren; 11001-03-25-000-2008-00029-00 (0862-08) de 28 de febrero de 2013, C.P. Bertha Lucía Ramírez; 11001-03-25-000-
2010-00059-00(0459-10) de 1.° de agosto de 2013, C.P. Bertha Lucía Ramírez; 11001-03-25-000-2009-00077-00(1091-09) de 18 de
septiembre de 2014, C.P. Gerardo Arenas Monsalve”.
[32] Sección Segunda, Subsección B, sentencia de Simple Nulidad de 27 de abril de 2017. Radicación número: 11001-03-25-000-2012-
00348-00(1346-12).
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Número interno: 4026-2015
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Demandada: Nación-Ministerio de Hacienda y otros
Precisado lo anterior, la jurisprudencia también ha identificado los criterios que debe tener
en cuenta el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los
miembros de la Fuerza Pública, en ejercicio de su facultad reglamentaria (artículos 150-
19 y 189-11 C.P.) y en cumplimiento de los objetivos que establezca el legislador en la
respectiva «ley marco» (art. 2 Ley 4 de 1992).
Los objetivos para la fijación del régimen salarial y prestacional están encaminados
específicamente: a) El respeto a los derechos adquiridos; b) El respeto a la carrera
administrativa; c) La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los
servicios por parte del Estado y de las condiciones de trabajo; d) La modernización,
tecnificación y eficiencia de la administración pública; e) La utilización eficiente del
recurso humano; f) La competitividad; g) La obligación del Estado de propiciar una
capacitación continua del personal a su servicio; h) La sujeción al marco general de la
política macroeconómica y fiscal; i) La racionalización de los recursos públicos y su
disponibilidad; j) El nivel de los cargos; k) El establecimiento de rangos de remuneración;
l) La adopción de sistemas de evaluación y promoción basados en pruebas generales y/o
específicas (art. 2 Ley 4 de 1992).
Es así como la ley marco prevé, entre otros criterios, el «nivel», el «rango», la
«categoría» y la «estructura» de los empleos, esto es, la «naturaleza de las funciones»,
sus responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño; y por supuesto, a
la «racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones
presupuestales para cada organismo o entidad».
En el presente asunto no se observa que el Decreto 107 de 1996 hubiera desconocido
tales criterios, por cuanto a través de este se consolidó la escala gradual porcentual para
la remuneración de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, justamente lograr un
régimen salarial equitativo y justo. Además, es evidente que existe una diferencia entre
los empleos que genera la divergencia de salarios, en razón de la actividad que cumplen
y también porque perciben otras prestaciones que compensan su base salarial, como es
el caso de la prima de dirección, entre otras.
Además, tal y como lo sostuvo el representante del Ministerio Público, resulta evidente
que al ser los grados de General y Almirante los más altos dentro de la escala de empleos
de los miembros de la Fuerza Pública, resulta justificado que se constituya en el
parámetro a tener en cuenta para poder fijar la nivelación salarial, toda vez que es un
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Demandada: Nación-Ministerio de Hacienda y otros
referente como superiores frente a los cargos de inferior jerarquía del escalafón, con
miras a definir los porcentajes de la nivelación de los empleos que integran la Fuerza
Pública. A esto se agrega que, así como lo adujo el demandante, existe una diferencia
entre las funciones y responsabilidades que ostentan los primeros en relación con los
segundos.
En este orden de ideas, no se evidencia la configuración de una omisión reglamentaria,
toda vez que el Gobierno Nacional no sólo cumplió con la fijación de la escala salarial, en
cumplimiento de los objetivos y criterios previstos en la ley marco, junto con los
correspondientes aumentos, sino que, de acuerdo con su capacidad financiera y
disponibilidad presupuestal, incrementó la remuneración de los miembros de la Fuerza
Pública, hasta un nivel de conformidad con las exigencias y características de los cargos.
Por otro lado, la Sala observa que la parte actora también sostuvo que el Decreto 107 de
1996, en los artículos y apartes demandados, no tuvo en cuenta el documento CONPES
2570-9133, mediante el cual se adoptó el Plan Quinquenal para la Fuerza Pública durante
los años 1992-1996, fijando políticas o brindando orientaciones técnicas sobre los
incrementos salariales del personal del Ministerio de Defensa Nacional, con el fin de
lograr mayor bienestar y mejorar su remuneración.
Para resolver dicho argumento, la Sala debe realizar las siguientes precisiones:
El documento CONPES 2570-UIP-MinHacienda-Mindefensa, al que hizo mención el
demandante, incluye:
• Un diagnóstico sobre el gasto militar, con una comparación internacional
• Tendencias de gasto militar entre 1985 y 1991
• Información sobre el funcionamiento de las fuerzas militares
En relación con la remuneración de la Fuerza Pública, en el mencionado documento se
señaló, en síntesis, que para los efectos de fijar las escalas salariales deberían tenerse
en cuenta la experiencia y antigüedad en las instituciones. Se destaca el siguiente aparte:
“En términos generales, la remuneración salarial debería crecer con los años de servicio,
retribuyendo la experiencia. Sin embargo, es generalmente aceptado que la experiencia tiene un
efecto marginal positivo decreciente sobre el trabajo desempeñado y, por lo tanto, así debería
33
Documento DNP-2570-UIP-MinHacienda-Mindefensa Bogotá, Diciembre 18 de 1991. https//colaboración.dnp.gov.co.
25
Número interno: 4026-2015
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Demandada: Nación-Ministerio de Hacienda y otros
reflejarse en la remuneración salarial. La racionalidad económica de los sistemas salariales
generalmente presume retornos a la experiencia (o sea el aumento en la remuneración generado
por cada año de trabajo) marginalmente decrecientes o al menos estables. (Cuadro 11) En la fuerza
pública este criterio no se aplica de forma adecuada, tal como se observa a continuación: i).
Oficiales. El retorno a la experiencia en el cuerpo de oficiales no está definido por un criterio
coherente. Este sube y baja de manera arbitraria. Esto indica que ciertos grados tienen un ingreso
desproporcionalmente más bajo que el de los grados superiores y por lo tanto requieren de un nivel
de retorno a la experiencia implícito muy elevado para alcanzar después del período determinado,
los haberes del grado superior. (Gráfico 1) ii). Suboficiales. La escala salarial de los suboficiales no
muestra aumentos bruscos, pero el retorno a la experiencia en el cuerpo de suboficiales es
constantemente creciente, y por lo tanto contraría el patrón general de los esquemas salariales
(Gráfico 2)”.
Una vez realizadas dichas consideraciones, entre otras relacionadas con medidas para
mejorar las condiciones laborales, de salud y de remuneración de los miembros de la
Fuerza Pública, en el acápite de recomendaciones del documento CONPES 2570 de
1991 se observa:
“El DNP recomienda al CONPES:
1. Aprobar la reforma de la escala salarial del sector defensa. Esta se efectuará con la
racionalización de la estructura salarial, la simplificación de las primas actuales, y con la creación
de una prima técnica nueva aplicable al personal activo. Su reconocimiento se efectuará con base
en criterios de desempeño y capacitación.
2. Solicitar al Ministerio de Hacienda apropiar en el presupuesto de 1992 $20 mil millones
requeridos para reformar el escalafón, el cual se financiará, parcialmente, ajustando el plan de
inversiones inicialmente previsto.
3. Con base en el estudio de reestructuración sobre las Tablas de Organización y Equipo de la
Armada Nacional y la Fuerza Aérea, el Ministerio de Defensa definirá metas e indicadores de
eficiencia, para efectuar la reducción en los pié de fuerza de la Armada Nacional y la Fuerza Aérea.
4. Solicitar al Ministerio de Hacienda apropiar entre 1992 y 1993 los $18 mil millones requeridos
para cancelar las deudas pendientes por cesantías e indemnizaciones al personal de la fuerza
pública.
5. Solicitar al Departamento Administrativo del Servicio Civil, aprobar el incremento gradual de la
planta de la Policía a 100 mil en 1995, con la incorporación de bachilleres que prestarán el servicio
militar en la institución. Este incremento de personal estará cofinanciado por los municipios a los
cuales sean asignados los nuevos efectivos.
6. Aprobar un monto de inversión de US $631 millones para el período, con la siguiente distribución:
US $110 millones para 1992, US $122 millones para 1993, y US $133 millones anuales entre 1994
y 1996. De estos recursos, por los menos el 20% en cada año deberá financiarse con recursos
internos.
7. La ejecución del proyecto de comunicaciones coordinado por el Comando General estará sujeta
a la evaluación que efectúen los consultores externos que contrate el Gobierno Nacional”.
Como se puede advertir, dichas recomendaciones son solo orientaciones de política
pública, que no imponen al Gobierno Nacional a adoptar una decisión en particular. Es la
autoridad reglamentaria la que tiene la facultad para considerar, analizar y establecer la
viabilidad de incrementar los gastos salariales de cada vigencia fiscal, en el marco de los
límites o parámetros establecidos en la ley.
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Número interno: 4026-2015
Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Demandada: Nación-Ministerio de Hacienda y otros
Tal y como se señaló en precedencia, los documentos CONPES no tienen la naturaleza
de actos administrativos y, por tanto, no son vinculantes, a menos que la ley le otorgue
dicho efecto.
De ahí que los documentos CONPES no tengan una jerarquía normativa superior a la del
acto acusado, esto es, del Decreto 107 de 1996, el cual fue expedido en desarrollo de
una ley marco, como lo es la Ley 4 de 1992. Por tanto, no es posible realizar un juicio de
legalidad entre la norma acusada y el mencionado acto.
Ahora bien, en cuanto al cargo relacionado con la aplicación del cuadro 11 del CONPES,
respecto de los grados de general y mayor general, la Sala debe anotar que los
porcentajes allí previstos para dichos cargos coincide con lo señalado en el Decreto 107
de 1991, razón por la cual no se vislumbra ningún tipo de vulneración o desconocimiento,
sin perjuicio de la ausencia de obligatoriedad del documento del CONPES, como se
analizó en precedencia.
En efecto, el cuadro 11 del mencionado CONPES se puede observar el porcentaje
asignado al general (100%) y al mayor general (90%), como se hizo en el acto acusado.
Por tanto, el argumento elevado en este sentido tampoco tiene vocación de prosperidad.
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Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Demandada: Nación-Ministerio de Hacienda y otros
En cuanto al aparte demandado del artículo 2, el cual prevé que los oficiales de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en los grados de General y Almirante percibirán
una asignación básica mensual igual a la que devenguen los Ministros equivalente al
cuarenta y cinco por ciento (45%), la Sala encuentra que la parte actora no brindó mayor
argumentación en torno a este cargo, pues simplemente se limitó a mencionar el
contenido de la norma, pero no explicó o justificó el por qué este aparte desconocía el
artículo 13 de la Ley 4 de 1992 o las normas constitucionales invocadas en la demanda.
Violación al derecho a la igualdad y trabajo digno
El artículo 13 de la Carta Política prevé que todas las personas nacen libres e iguales
ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación. De ahí que el
Estado está en el deber de promover las condiciones y adoptar las medidas necesarias
para que la igualdad sea real y efectiva.
Según la Corte Constitucional34, el derecho a la igualdad, al tiempo que obliga adelantar
acciones en favor de quienes se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta,
prohíbe la discriminación injustificada. Por tanto, para su aplicación adecuada, “no sólo
supone la igualdad de trato respecto de los privilegios, oportunidades y cargas entre los
iguales, sino también el tratamiento desigual entre supuestos disímiles”.
En cuanto al derecho a un trabajo digno, el artículo 25 de la Carta Política prevé:
“Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de
la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas
y justas”.
Lo anterior significa contar con oportunidades de un trabajo que produzca un
ingreso digno, seguridad y salud para los trabajadores y sus familias, con la finalidad de
obtener mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad,
garantizando su integridad, buen nombre, libertad y dignidad humana.
Para la Corte35, el trabajo es un fin esencial del Estado, así como se erige en un derecho
y en una obligación social. De ahí que cualquier regulación legal o contractual del trabajo
34
Corte Constitucional. Sentencia C-862-2018.
35
Sentencia T-074-2023, entre otras.
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debe respetar la libertad, la dignidad humana y los derechos de los trabajadores (art. 53).
Sobre el particular, dicha Corporación ha sostenido:
“La Corte también ha señalado que “el establecimiento de relaciones laborales justas, mediante la
eliminación de factores de desequilibrio, que aseguren la vigencia y efectividad del principio de
igualdad, la protección a ciertos sectores de trabajadores que se encuentran en situación de
debilidad manifiesta o carecen de oportunidades para la capacitación laboral, y la consagración de
un sistema contentivo de una protección jurídica concreta del trabajo que debe ser desarrollado por
el legislador, a partir del señalamiento de unos principios mínimos fundamentales”36.
Este tribunal también ha afirmado que las condiciones dignas y justas se relacionan con la plena
realización de los principios enlistados en el artículo 53 superior 37; y que, además, “comprende la
garantía de otros derechos fundamentales en el ámbito laboral, como son el derecho a la integridad
tanto física como moral, el derecho a la igualdad, a la intimidad, al buen nombre, y a la libertad
sexual, entre otros38”.
Para soportar este cargo de ilegalidad, la parte actora alegó que, frente al artículo 1 del
Decreto 107 de 1996 “se ha dado un trato desigual entre los oficiales del grado General
y Mayor General, respecto de los demás miembros de la Fuerza Pública (…), pues solo
a estos oficiales se les conservó y garantizó equitativamente los porcentajes que se
analizaron en el cuadro 11 del documento CONPES 2570-91”. Además, a su parecer, la
escala porcentual analizada por el Gobierno Nacional en el documento CONPES 2570-
91, no se tuvo en cuenta en el Decreto 107 de 1996.
Al respecto, la Sala encuentra que el cargo formulado no cumple con la carga
argumentativa y probatoria necesaria para poder establecer que la fijación de la escala
salarial de los miembros de la Fuerza Pública, adoptada por el Gobierno Nacional, violó
los derechos a la igualdad o al trabajo digno. Eso, en la medida en que, de manera
genérica, únicamente se afirmó su desconocimiento, sin mayor justificación y sin aterrizar
tal razonamiento en el caso concreto, esto es, de qué manera el acto acusado discrimina
sin razón alguna a los beneficiarios de esta regulación. Tampoco se señala o demuestra
en qué forma se atenta contra la libertad, la igualdad, el trabajo digno y los derechos de
los trabajadores, como son la intimidad, la integridad física y moral, el buen nombre y la
libertad sexual, entre otros.
Sin perjuicio de lo anterior, tampoco se observa que en el Decreto 107 de 1996 se hubiera
realizado un tratamiento desigual o discriminatorio, entre los miembros de las Fuerzas
[36] Corte Constitucional, sentencia C-521 de 1995.
[37] “Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo;
estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar
sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la
seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad”.
[38] Corte Constitucional, sentencia C-898 de 2006. Ver sentencia SU-484 de 2008.
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Militares y de la Policía Nacional, sin ninguna justificación razonable. Por el contrario, el
acto acusado, entre otras normas que han regulado la materia, tuvieron como finalidad el
mejoramiento salarial a través de la nivelación reglamentada, justamente en
cumplimiento del marco general fijado por la Ley 4 de 1992. Además, resulta evidente
que existe una diferencia entre los diversos cargos que genera la divergencia en los
salarios, sumado a que, por la actividad que cumplen, también difieren con la
remuneración que reciben los demás servidores del Estado.
Ahora bien, la acusación de trato discriminatorio podría dar lugar a la aplicación del test
de igualdad, respecto del cual la jurisprudencia constitucional39 ha establecido tres etapas
de análisis a saber: (i) determinación de los criterios de comparación, esto es, establecer
si se trata de sujetos de la misma naturaleza, (ii) definir si existe un trato desigual entre
iguales o igual entre desiguales y (iii) concluir si la diferencia de trato está justificada
constitucionalmente.
Igualmente, la Corte Constitucional ha precisado que el derecho a la igualdad es un
mandato complejo:
“[…] De acuerdo con el artículo 13 Superior, comporta un conjunto de mandatos independientes y
no siempre armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas dictadas por el
Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las personas; (ii) la prohibición de
discriminación, que excluye la legitimidad constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que
involucre una distinción basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política,
el derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de distinciones
irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la adopción de medidas afirmativas
para asegurar la vigencia del principio de igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. [...]”. 40
En el presente asunto, no se cumple con el primer presupuesto del test de igualdad,
esto es, que los supuestos de hecho sean susceptibles de compararse, en lo referente
a la desigualdad salarial que alega la parte actora, pues no se demostró que existen
empleos, cargos o grados jerárquicos con iguales funciones y tareas y diferente
asignación salarial. Por el contrario, la fijación de la escala gradual salarial de los
miembros de la Fuerza Pública prevista en el acto demandado, atiende justamente las
exigencias y características de los cargos, así como sus rangos y responsabilidades.
Incluso el propio demandante sostiene que las actividades y riesgos asumidos difieren
en cada uno de ellos.
39
Sentencia T-629 de 2010.
40
Sentencia C-178/14.
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Número interno: 4026-2015
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Por lo tanto, no es procedente continuar con el estudio de las demás etapas del
mencionado test y, en tal medida, el reparo o inconformidad formulada por la parte
demandante no prospera.
En este orden de ideas, la Sala considera que el Gobierno Nacional fijó el régimen salarial
y prestacional de los miembros de la Fuerza Pública, teniendo en cuenta que, por su
naturaleza, difiere del régimen general establecido para los demás empleados públicos,
respecto de los cuales también tienen diferentes grados, funciones y responsabilidades,
aspectos que, en todo caso, el Ejecutivo debe ponderar y revisar para que la base salarial
sea real y efectiva, sin que ello pueda significar un desconocimiento del derecho a la
igualdad.
III. DECISIÓN
La Sala negará las pretensiones de nulidad en contra del Decreto 107 del 15 de enero de
1996, “[p]or el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de Oficiales y Suboficiales
de las Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional,
Personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional y Empleados Públicos del Ministerio
de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se establecen bonificaciones para
Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines, Grumetes y Soldados, se modifican las comisiones
y se dictan otras disposiciones en materia salarial”, por cuanto no se acreditaron los
cargos de ilegalidad propuestos en la demanda.
Reconocimiento de personería jurídica y aceptación de una renuncia
Revisado el expediente, la Sala encuentra que la apoderada de la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional Sandra Marcela Parada Aceros, con poder41 para actuar y reconocida
su personería jurídica en el proceso42, presentó renuncia al mandato otorgado por la
entidad pública, al tiempo que demostró haber comunicado su decisión al director de
Asuntos Legales de la entidad43.
Al respecto, la Sala encuentra que la renuncia cumple con los requisitos previstos en el
artículo 76 del Código General del Proceso, a cuyo tenor “la renuncia no pone término al
41
Fl. 121 c. ppal.
42
Fl. 156 c. ppal.
43
Índice 37 Samai.
31
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Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Demandada: Nación-Ministerio de Hacienda y otros
poder sino cinco (5) días después de presentado el memorial de renuncia en el juzgado,
acompañado de la comunicación enviada al poderdante en tal sentido”.
De conformidad con lo anterior, se aceptará la renuncia presentada por la apoderada de
la Nación – Ministerio de Defensa Nacional y se ordenará requerir a esta entidad para
que designe un nuevo apoderado que represente sus derechos en el presente asunto.
Por otro lado, se observa que el Departamento Administrativo de la Función Pública
otorgó poder especial44 al abogado Raúl Adolfo Gutiérrez Navas, identificado con cédula
de ciudadanía No. 77.093.560 de Valledupar y tarjeta profesional 185.442 del Consejo
Superior de la Judicatura.
Revisado el contenido del mandato junto con los soportes que dan cuenta de la
representación legal de la entidad y de las facultades para otorgar poderes, la Sala
encuentra que se cumplen con los requisitos exigidos por el artículo 74 del C.G.P., dando
lugar a que se reconozca personería al mencionado profesional para actuar en el
presente asunto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. ACEPTAR la renuncia del poder presentada por la abogada Sandra Marcela
Parada Aceros, como apoderada de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional.
Por Secretaría REQUERIR a dicha entidad para que designe un nuevo apoderado que
represente sus derechos en el presente asunto.
TERCERO. RECONOCER personería jurídica al abogado Raúl Adolfo Gutiérrez Navas,
identificado con cédula de ciudadanía No. 77.093.560 de Valledupar y tarjeta profesional
44
Índice 39 Samai.
32
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Demandante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Demandada: Nación-Ministerio de Hacienda y otros
185.442 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado del
Departamento Administrativo de la Función Pública.
CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, por la Secretaría de la Sección, ARCHIVAR el
expediente con las anotaciones de rigor en la plataforma SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
Sigue leyendo
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