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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03964-01

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03964-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 8 de agosto de 2025 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-03964-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

11 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03964-01
Accionante: JUAN CARLOS ARCINIEGAS ROJAS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B

Tema: Tutela contra providencia judicial — confirma decisión que
declaró la improcedencia por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación de la parte actora contra la sentencia proferida
el 8 de agosto de 2025 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de
1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos
333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena
del Consejo de Estado.

Por auto del 1 de julio de 20252, el a quo admitió la acción constitucional, y
mediante la providencia del 20 de octubre del mismo año se concedió la
impugnación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El 24 de junio de 2025, el señor Juan Carlos Arciniegas Rojas, actuando
en nombre propio, presentó acción de tutela en contra de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado. Con la solicitud de amparo pretende
que se le protejan sus derechos fundamentales «a la Seguridad Jurídica, al
Trabajo en Condiciones Dignas y Justas, a la Irrenunciabilidad de la Seguridad
Social en Materia Laboral».

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 del expediente de primera instancia en Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar

que se notificó como accionada a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
y se dispuso la vinculación del Departamento Administrativo de la Función Pública, del Ministerio
de Defensa Nacional — Ejército y Policía Nacional, y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado, en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso. Por último, se ordenó
la publicación del auto admisorio en la página web de la corporación para que acudiera el que
tuviese interés.

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Accionante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
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2. Las anteriores trasgresiones constitucionales se las adjudica a la
sentencia del 6 de febrero de 2025 proferida por la autoridad judicial accionada,
al interior del proceso de nulidad con radicado 11001-03-25-000-2015-00982-00
(4026-2015).

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERA: INFIRMAR, REVOCAR, Y/O DECLARAR la nulidad de la
sentencia de fecha seis (06) de febrero de dos mil veinticinco (2025) proferida
por la Subsección “B” Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro
del medio de control de Nulidad, con Radicación: 11001-03-25-000-2015-
00982-00 (4026-2015), en consecuencia, disponer

SEGUNDA: Dejar sin efecto la decisión proferida en la sentencia referida en
la pretensión PRIMERA y en su lugar, Acceder a las pretensiones de acuerdo
con el libelo del medio de control de Nulidad impetrado.

TERCERA: Las anteriores pretensiones, se fundamentan en el defecto
factico, y material o sustantivo de la providencia, la cual es contraria al fin de
garantizar el debido proceso y al trabajo en condiciones dignas y justas; la
providencia además en si misma se encuentra fundada en un defecto de
falsa o errónea motivación y en un defecto por violación directa de la
Constitución.

CUARTA: De conformidad al parágrafo del artículo 135 de la Ley 1437 de
2011, se realicen las declaraciones y el decreto probatorio, que el despacho
judicial llegare a encontrar conducentes, necesarios, pertinentes y útiles
dentro de la presente acción de tutela, teniéndose como precedente los
artículos 4, 13, 25, 48, 53, 123, 150, 230 y 334 de la Constitución Política y
las disposiciones contenidas en las Leyes 42 de 1980, 1 de 1986, 4 de 1992.

QUINTA: Como medida restaurativa, ordénese al Ministro de Hacienda y
Crédito Público, al Ministro de la Defensa, al Director del Departamento
Administrativo de la Función Pública, al Director del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y a los funcionarios
judiciales dela Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, que avocaron el conocimiento y profirieron sentencia en el proceso
con Radicación: 11001-03-25-000-2015-00982-00 (4026-2015); a que en
evento público dé amplia difusión y publicación se dé a conocer lo resuelto
en la presente acción de tutela, siendo el mismo trasmitido a través de los
canales institucionales del Estado Colombiano, y que en dicho acto las
autoridades deberán expresar sus responsabilidades, y expresen las
disculpas por la violación al no declarar la nulidad del decreto objeto del
medio de control y no ajustar la decisión judicial, a la legalidad del mismo.

1.2. Hechos

4. El 8 de octubre de 2015, el señor Juan Carlos Arciniegas Rojas interpuso
demanda de nulidad en contra del Decreto 107 del 15 de enero de 19963, «por el
cual se fijan los sueldos básicos para el personal de Oficiales y Suboficiales de
las Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional,
Personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional y Empleados Públicos del

3 Derogado por el artículo 39 del Decreto 122 de 1997.

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Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se establecen
bonificaciones para Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines, Grumetes y Soldados,
se modifican las comisiones y se dictan otras disposiciones en materia salarial».

5. En particular, estimó que: (i) los incisos 2 y 3 del artículo 14 de la norma
demandada desconocieron la orden que consagra el artículo 13 de la Ley 4 de
19925, por no fijar una escala salarial gradual porcentual para nivelar la
remuneración del personal de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional; (ii)
el Decreto 107 de 1996 vulneró los derechos a la igualdad y al trabajo digno,
puesto que no tuvo en cuenta la escala porcentual establecida en el documento
CONPES 2570-91 al momento de establecer las asignaciones salariales básicas
para cada cargo.

6. Al medio de control se le asignó el radicado 11001-03-25-000-2015-00982-
00 (4026-2015) y le correspondió a la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, que, mediante sentencia del 6 de febrero de 2025, negó las
pretensiones de la demanda.

7. En primer lugar, estimó que «el Gobierno Nacional sí cumplió con la orden
prevista en el artículo 13 de la Ley 4 de 1992, al establecer una escala salarial
porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado de la
Fuerza Pública. Así, el acto administrativo acusado fue enfático en señalar que
los sueldos básicos corresponderían a un porcentaje para cada grado, teniendo
en cuenta la asignación del General como referente, justamente por ser el grado
con mayor jerarquía».

8. En segundo lugar, aclaró que los documentos CONPES no tienen la
naturaleza de actos administrativos, sino que son solo orientaciones de política
pública que no imponen al Gobierno Nacional adoptar una decisión en específico.
Por ello, la autoridad reglamentaria puede analizar y establecer el incremento de
gastos salariales para cada vigencia fiscal, teniendo en cuenta, exclusivamente,
los parámetros establecidos en la ley.

9. Finalmente, respecto de la violación al derecho a la igualdad y al trabajo
digno, concluyó que el demandante no cumplió con la carga argumentativa
mínima requerida para que hubiese prosperado. Esto, dado que se limitó a
afirmar que se desconocieron dichas garantías constitucionales sin una
justificación que diera cuenta de que el acto demandado discriminara sin razón a
los beneficiarios de la regulación referida.

4 De conformidad con el artículo 13 de la Ley 4 de 1992, el referido artículo fijó una escala gradual

porcentual de los sueldos básicos mensuales para «el personal de oficiales, suboficiales,
miembros del nivel ejecutivo y agentes de la Fuerza Pública».
5 ARTÍCULO 13. En desarrollo de la presente Ley el Gobierno Nacional establecerá una escala

gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado de la Fuerza Pública
de conformidad con los principios establecidos en el artículo 2º.
PARÁGRAFO. La nivelación de que trata el presente artículo debe producirse en las vigencias
fiscales de 1993 a 1996.
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1.3. Sustento de la vulneración

10. La parte actora afirmó que, al proferirse la sentencia cuestionada, la
autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo, fáctico, por falsa
motivación y por violación directa a la Constitución, a saber:

• Sustantivo por haber realizado una indebida valoración de los hechos del
caso, teniendo en cuenta que nunca se cuestionó que el Gobierno
Nacional haya fijado una escala gradual porcentual a través del Decreto
107 de 1996, sino que en ella se hubiesen cumplido todos los objetivos
contenidos en el artículo 2 de la Ley 4 de 19926.

Igualmente, manifestó que otra razón que evidencia la configuración de
este yerro, es que «a la fecha el Gobierno nacional no ha establecido la
asignación básica del oficial en el grado de General, a la hace (sic)
referencia al acto administrativo, por consiguiente si se aplica el artículo 2º
del Decreto 107 de 1996, el mismo según el artículo 2º y 10 de la Ley 4ª
de 1992, se torna en ilegal, pues debe carecer de todo efecto, al
quebrantar los derechos adquiridos, desmejorar los salarios y
prestaciones sociales legalmente reconocidos en anteriores disposiciones
reglamentarias, aspectos que contrario a la ley y la constitución (sic) el
despacho».

• Fáctico por no haberse decretado unas pruebas por él solicitadas en la
audiencia inicial, al haberse considerado que ya se contaba con el material
probatorio suficiente para estudiar la legalidad del acto demandado. Si
bien el actor no hace referencia a qué solicitó en ese momento, del escrito
de tutela se puede entender que se refiere a los soportes técnicos y
financieros de la nivelación salarial que permitirían evaluar bajo qué
criterios se fija el sueldo básico del personal de las Fuerzas Militares y de
la Policía Nacional.

• Falsa motivación por la carencia de sustento de la subsección accionada
al resolver el problema jurídico. Ello, debido que, a su juicio, se partió de
supuestos arbitrarios, con los cuales «se socaba la finalidad de la
nivelación salarial al confundir los porcentajes asignados a la prima de
actualización los cuales eran transitorios por disposición expresa del
Gobierno Nacional, lo que se consumaría cuando se consolidara la Escala
Gradual Porcentual, esta última (sic) por disposición del legislador».

• Violación directa a la Constitución por haberse dejado de lado lo
dispuesto en los artículos 13, 25, 48, 53, 217 y 218 de la Constitución

6 ARTÍCULO 2. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores enumerados

en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios:
[…]
PARÁGRAFO. La nivelación de que trata el presente artículo debe producirse en las vigencias
fiscales de 1993 a 1996.
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Política, dado que el Decreto 107 de 1996 sí vulneró los derechos
adquiridos del personal activo y retirado de la Fuerza Pública, por
desmejorarles su salario.

11. Por otro lado, sostuvo que las recomendaciones contenidas en el
documento CONPES 2570-91 son de carácter vinculante tanto para el legislador
como para el Gobierno Nacional, pues de lo contrario «generaría una inseguridad
jurídica, no solo por el diseño y desarrollo de las políticas públicas en Colombia
en el estado social de derecho que nos rige, sino en la misma legalidad de los
actos administrativos los cuales quedarían al arbitrio y capricho de la
administración sin ninguna clase de control judicial, por carecer o contarse con
los antecedentes de una memoria administrativa y justificativa y/o soporte técnico
científico, que sirvieron de soporte en el trámite o preparación del acto
administrativo, definido en una norma, decreto, ley o incluso en la misma
constitución».

1.4. Intervenciones

12. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela, o, en su defecto,
que se niegue el amparo pretendido.

13. Primero, expuso que no se cumplió con el requisito de la relevancia
constitucional, ya que es evidente que los argumentos del actor se limitan a un
claro desacuerdo con el fallo del 6 de febrero de 2025.

14. Segundo, adujo que, si en gracia de discusión se entienden superados
todos los requisitos de procedencia, no se vulneraron las garantías
fundamentales invocadas. Lo anterior, debido a que «después de analizar la
facultad reglamentaria del Gobierno Nacional para fijar la escala salarial de los
miembros de la Fuerza Pública, la naturaleza jurídica de los documentos
CONPES y su carácter vinculante, negó las pretensiones al considerar que, no
se acreditaron los cargos de ilegalidad propuestos en la demanda, argumentos
que se encuentran debidamente desarrollados en la parte motiva de la
providencia cuestionada».

15. El Departamento Administrativo de la Función Pública indicó que la
solicitud de amparo resulta improcedente, porque el accionante pretende
convertir este trámite en una instancia o recurso adicional.

16. La Policía Nacional pidió que se niegue el amparo solicitado, toda vez
que no se advierte vulneración alguna a los derechos fundamentales del señor
Arciniegas Rojas.

1.5. Sentencia de primera instancia

17. Mediante el fallo del 8 de agosto de 2025, la Subsección C de la Sección

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Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela
por falta de relevancia constitucional.

18. Para llegar a esa conclusión, consideró que no se advirtió que la autoridad
judicial accionada haya incurrido en actuaciones caprichosas o arbitrarias, sino
que explicó razonablemente por qué el Gobierno Nacional tiene la facultad de
establecer el régimen salarial y prestacional para miembros de la fuerza pública,
sin que ello derive en una vulneración al derecho a la igualdad.

19. En ese orden, estimó que los argumentos presentados por el accionante
están encaminados a reabrir la controversia zanjada por el juez ordinario y, en
últimas, demuestran que el debate aquí traído es netamente legal.

1.6. Impugnación

20. El señor Juan Carlos Arciniegas Rojas solicitó que se revocará el fallo de
primera instancia, dado que, el a quo no estudió los yerros invocados para
verificar la validez de la sentencia del 6 de febrero de 2025. En ese orden, reiteró
los defectos puestos de presente en el escrito de tutela, pues, en su opinión, de
ahí se deriva la relevancia constitucional del caso.

1.7. Trámite de segunda instancia

21. A través del proveído del 6 de noviembre de 2025, el magistrado ponente
de esta decisión dispuso la vinculación del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, de la Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado y del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Ello, porque las
dos primeras entidades anunciadas intervinieron al interior del proceso de nulidad
simple aquí controvertido y el actor dirige una de sus pretensiones en contra del
director del departamento administrativo mencionado.

22. En consecuencia, el Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República intervino en el trámite, y pidió: (i) su desvinculación por carecer de
legitimación en la causa por pasiva; y (ii) que se declare la improcedencia de la
acción de tutela o, en su defecto, se nieguen las pretensiones. En resumen,
expuso que no participó en el proceso controvertido y, en todo caso, la
Presidencia no está en la facultad de modificar decisiones judiciales.

23. Las demás entidades vinculadas guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

24. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela. En tal sentido, se demostrará que en el
asunto no se supera el requisito general de la relevancia constitucional.

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2.1. Caso concreto

La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

25. El Consejo de Estado7 y la Corte Constitucional8, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales9 y a la configuración de algún
defecto especial10 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

26. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

27. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.

28. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

29. La Sala advierte que el señor Juan Carlos Arciniegas Rojas está
legitimado en la causa por activa, porque integró la parte demandante dentro del
medio de control en el que se dictó la providencia que se reprocha mediante esta
vía. A su vez, se evidencia que la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado está legitimada en la causa por pasiva por haber proferido la
decisión cuestionada a través del presente trámite.

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
8 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;

SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
9 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)

efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza.
10 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material

o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
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30. Por otro lado, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República pidió su desvinculación por carecer de legitimación en la causa por
pasiva. La Sala negará la petición, ya que la entidad referida fue vinculada por
tener interés en las resultas del proceso, en tanto el actor dirigió una de sus
pretensiones en su contra.

31. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional11, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

32. En este caso, a juicio de la parte tutelante, al proferirse la sentencia del 6
de febrero de 2025, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
sustantivo, fáctico, falsa motivación y violación directa a la Constitución.

33. En síntesis, sostuvo que la subsección demandada ignoró que el Decreto
107 de 1996 desconoció los objetivos y criterios fijados por la Ley 4 de 1992 al
momento de fijar la escala gradual porcentual para los miembros de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional. En ese orden, afirmó que haber declarado la
legalidad del acto demandado constituye una vulneración de los derechos
adquiridos en materia laboral de los miembros de la Fuerza Pública.

34. Al igual que el a quo, la Sala considera que la solicitud de amparo no
supera el requisito de la relevancia constitucional. Esto, debido a que la parte
actora pretende reabrir un debate ya zanjado por los jueces naturales de la causa,
sin que medie una justificación encaminada a evidenciar la presunta transgresión
de sus garantías constitucionales.

35. Resulta oportuno destacar que la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, después de analizar de manera independiente cada uno
de cargos planteados en la demanda, concluyó que ninguno tenía la vocación de
prosperar.

36. Para llegar a esa conclusión, puso de presente que: (i) el Gobierno
Nacional tiene la amplia facultad de establecer el régimen salarial de los
miembros de la Fuerza Pública, a través de una escala porcentual que regule el
sueldo básico dependiendo del cargo que desempeñen; (ii) el documento
CONPES 2570-91 no es vinculante al Ejecutivo, dado que son simplemente

11 Sentencia SU-215 de 2022.

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recomendaciones de políticas públicas; y (iii) el Decreto 107 de 1996 no vulneró
el derecho a la igualdad y al trabajo digno, debido a que tuvo «como finalidad el
mejoramiento salarial a través de la nivelación reglamentada, justamente en
cumplimiento del marco general fijado por la Ley 4 de 1992» y la divergencia
salarial se debe a las diferentes actividades que ejerce cada cargo.

37. Así las cosas, la colegiatura evidencia la falta de relevancia constitucional
del asunto sub examine. Los reproches planteados por la parte actora reflejan
una mera inconformidad con lo decidido por la subsección accionada, por concluir
que el Decreto 107 de 1996 estaba ajustado a la normatividad aplicable, de lo
cual no se deriva una verdadera cuestión iusfundamental que requiera la
aplicación o interpretación del texto superior. Por el contrario, el accionante se
limitó a proponer un debate meramente legal, con el fin de desvirtuar los criterios
jurídicos que se fijaron en el fallo cuestionado.

38. En ese orden, se advierte que más allá de proponerse una discusión que
dé cuenta de la posible vulneración de una garantía constitucional, en realidad,
el actor pretende convertir la acción de tutela en una instancia adicional, con el
fin de que se estudie nuevamente la legalidad del decreto referido. De ahí que el
asunto de la referencia no se trate de una verdadera cuestión de relevancia
constitucional que justifique la intervención del juez de tutela.

39. En este punto, se recuerda que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unos derechos
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla con el
presupuesto bajo estudio. En estos casos, se requiere que en el escrito inicial
medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira
en torno al alcance, contenido o goce de una garantía ius fundamental.

40. Por último, conviene precisar que, tratándose de una providencia dictada
en única instancia por un órgano de cierre, como lo es la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, la procedencia de este trámite resulta
aún más excepcional, lo que impone un análisis particularmente estricto del
presupuesto bajo examen.

2.2. Conclusión

41. Así las cosas, la Sala confirmará el fallo del 8 de agosto de 2025 dictado
por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró
la improcedencia de la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

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Accionante: Juan Carlos Arciniegas Rojas
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03964-01

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 8 de agosto de 2025 proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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