Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04094-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04094-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04094-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
28 de julio de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintiocho (28) de julio de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04094-00
Demandantes: GABRIEL LOZADA GALARZA Y OTRO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL – PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD –
CUANDO SE PRETENDE USAR ESTE MECANISMO
COMO UNA TERCERA INSTANCIA EL ASUNTO
CARECE DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.
Síntesis del caso: los actores cuestionaron la sentencia que confirmó la decisión que negó las
pretensiones del medio de reparación directa por privación injusta de la libertad. La Sala
declarará improcedente la acción de tutela porque no se superó el requisito de relevancia
constitucional.
La Sala decide la acción de tutela presentada1 por Gabriel Lozada Galarza y Gustavo
Christian Lozada Cásares para la protección de sus derechos constitucionales
fundamentales de la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de
justicia, consagrados en los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución Política,
supuestamente vulnerados con ocasión de la sentencia del 31 de enero de 2025
proferida por la autoridad judicial demandada, en el proceso de reparación directa con
radicación 76001-33-33-009-2018-00130-00/01.
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
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Mediante escrito del 2 de julio de 2025.
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Actores: Gabriel Lozada Galarza y otro
Acción de tutela
1) El 24 de septiembre de 2015 en el municipio de Palmira (Valle del Cauca) fue
capturado en flagrancia el señor Gabriel Lozada Galarza por una patrulla de
vigilancia, quien al notar la presencia de la Policía arrojó una (1) bolsa plástica
transparente que contenía quince (15) envoltorios con una sustancia pulverulenta
blanca, con características de cocaína.
2) Al día siguiente se celebró la audiencia de formulación de imputación ante el
Juzgado Cuarto Penal Municipal de Palmira, por el delito de tráfico, fabricación o
porte de estupefacientes y se le impuso medida de aseguramiento de detención
preventiva intramural, decisión que fue apelada por el señor Lozada Galarza.
3) Mediante auto del 22 de octubre de 2015 el Juzgado Penal del Circuito de
Descongestión de Palmira confirmó esa decisión.
4) El 4 de noviembre de 2015 la Fiscalía General de la Nación presentó escrito de
acusación contra el señor Lozada Galarza.
5) En audiencia celebrada el 2 de junio de 2016 la Fiscalía 149 Seccional de Palmira
solicitó modificar la audiencia de formulación de acusación por una de preclusión de
la investigación con fundamento en la atipicidad de la conducta investigada, a lo que
el juzgado accedió y declaró la preclusión de la investigación, ordenando la libertad
inmediata del señor Lozada Galarza, quien permaneció privado de la libertad entre el
25 de septiembre de 2015 y el 3 de junio de 2016.
6) Posteriormente, el señor Lozada Galarza y su hijo, Gustavo Christian Lozada
Cásares -aquí accionantes- presentaron demanda de reparación directa en contra de
la Nación – Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscalía
General de la Nación, con el fin de que se les declarara responsables por los
perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad, el error judicial y el
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
7) En esa demanda, los actores argumentaron que debía aplicarse el régimen de
responsabilidad objetivo, toda vez que el proceso penal finalizó con preclusión por
atipicidad, además, señalaron que el señor Lozada Galarza es adicto a las sustancias
alucinógenas y que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia,
dicha condición puede llevar a sobrepasar los límites legales para el porte y consumo
personal; también estimaron que la cantidad incautada no debía considerarse un
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Actores: Gabriel Lozada Galarza y otro
Acción de tutela
criterio determinante para su juzgamiento sin establecer previamente la finalidad del
porte.
8) El 22 de junio de 2023 el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Cali negó las pretensiones de la demanda, tras considerar que no se acreditó la
falla del servicio pues, por un lado, la actuación de la Fiscalía General de la Nación se
ajustó con la captura en flagrancia basada en la cantidad y naturaleza de la sustancia
incautada.
9) Igualmente, concluyó que la decisión del Juzgado Cuarto Penal Municipal con
funciones de control de garantías de Palmira se sustentó en la solicitud debidamente
motivada de la Fiscalía General de la Nación, la cual cumplía con los requisitos
legales para imponer la medida de aseguramiento.
10) En consecuencia, el juzgado descartó la configuración de una falla del servicio,
error judicial o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, tras
constatar que las actuaciones de los funcionarios involucrados no fueron arbitrarias o
desproporcionadas.
11) La parte demandante apeló esa decisión2 y, mediante sentencia del 31 de enero
de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó la decisión de
primera instancia, al considerar que la medida de aseguramiento fue debidamente
solicitada y sustentada con el material probatorio recaudado por la Fiscalía, y que en
las audiencias preliminares el juez de control de garantías encontró una inferencia
razonable de la comisión del delito y de la posible responsabilidad del imputado.
12) Finalmente, el tribunal precisó que el hecho de que el proceso penal concluyera
por preclusión de la investigación no implica que la detención preventiva haya sido
contraria al ordenamiento jurídico.
2
Sostuvo que el daño sufrido por el señor Lozada Galarza reviste carácter antijurídico, en la medida en
que no se valoraron otras medidas menos restrictivas a la libertad personal, además, indicó que la
sustancia incautada estaba destinada a su consumo personal, dadas sus condiciones de adicción, sin
que tal circunstancia hubiera sido tenida en cuenta por las autoridades judiciales; añadió que su
conducta no configuraba un delito de entidad suficiente, lo cual motivó la solicitud de preclusión de la
investigación y, finalmente, cuestionó que el a quo no efectuó un análisis integral del caso, pues limitó
su estudio al régimen subjetivo de imputación de falla en el servicio, sin examinar la responsabilidad
bajo el régimen objetivo aplicable a la privación injusta de la libertad.
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Acción de tutela
2. Los fundamentos de la vulneración
La parte actora sostuvo que la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto
fáctico y en desconocimiento del precedente jurisprudencial.
Frente al defecto fáctico, afirmó que el tribunal no valoró adecuadamente las pruebas
obrantes en el expediente de reparación directa, particularmente, aquellas dirigidas a
demostrar que la investigación penal seguida contra el señor Lozada Galarza
precluyó por atipicidad de la conducta, aspecto determinante para la aplicación del
régimen objetivo de responsabilidad extracontractual del Estado.
Respecto del desconocimiento del precedente jurisprudencial indicó que la
providencia cuestionada desconoció lo establecido en la sentencia SU-072 de 2018
en la cual la Corte Constitucional precisó que el régimen objetivo resulta aplicable
cuando se demuestra que el hecho investigado no existió o que la conducta atribuida
al imputado era objetivamente atípica.
Adicionalmente, citó sentencias de tutela en las cuales se ampararon los derechos
fundamentales de los demandantes y se dejaron sin efectos las sentencias dictadas
en procesos de reparación directa, con fundamento en una indebida interpretación del
régimen de responsabilidad aplicable a la privación injusta de la libertad3.
3. Pretensiones.
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:
“PRIMERO. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la reparación integral
que fueron vulnerados por la accionada a Gabriel Lozada Galarza y
Gustavo Christian Lozada Cásares.
SEGUNDO. Que, como consecuencia de lo anterior, se DEJE SIN
EFECTOS la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca fechada el treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025) y
notificada por correo electrónico del diecisiete (17) de febrero de ese mismo
año.
3
Invocó las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del
6 de mayo de 2024, radicación 11001-03-15-000-2023-05020-01; Consejo de Estado, Sección Cuarta,
sentencia del 3 de abril de 2025, radicación 11001-03-15-000-2025-00592-00.
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Acción de tutela
TERCERO. Corolario de lo anterior, se ordene al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca que, en el término de treinta (30) días contados a partir de
la notificación del respectivo fallo de tutela, profiera una decisión de
reemplazo atendiendo al análisis objetivo y cuidadoso del acervo probatorio
en consonancia con el precedente del Consejo de Estado y la Corte
Constitucional, motivando de manera suficiente su proveído.”. (índice 2 del
aplicativo Samai – negrillas y mayúsculas del original)
4. Actuación procesal
Mediante auto de 4 de julio de 20254 se admitió la acción de tutela, se notificó al
presidente y magistrados integrantes de la Sala Quinta de Decisión del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y se vinculó como terceros con interés al titular del
Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, al director o quien
haga sus veces de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, como
terceros con interés, entregándoles copia de la demanda y los anexos.
5. Actuación de las autoridades judiciales demandadas y vinculadas
1) El abogado de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial5 solicitó su desvinculación de la presente acción de tutela y,
en su lugar, que se vinculara a la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cali, en tanto dicha autoridad no tiene injerencia en las decisiones adoptadas en el
proceso de reparación directa y es esa seccional la entidad llamada a comparecer
como tercero vinculado en el marco de la acción constitucional.
2) La profesional especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía
General de la Nación6 solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa
respecto de esa autoridad, en tanto no existe relación de causalidad entre las
actuaciones de la Fiscalía y la presunta vulneración de los derechos fundamentales
alegada por la parte actora.
3) El juez noveno administrativo oral del circuito judicial de Cali7 afirmó que los
argumentos que llevaron a adoptar la decisión de primera instancia se encuentran en
la sentencia, por lo que se relevó de hacer consideración alguna en ese sentido, no
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Índice 5 del expediente digital en Samai.
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Índice 9 del expediente digital en Samai.
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Índice 10 del expediente digital en Samai.
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Índice 11 del expediente digital en Samai.
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obstante, afirmó que la acción de tutela no puede ser utilizada como una tercera
instancia del proceso de reparación directa.
4) Los magistrados integrantes de la Sala Quinta de Decisión del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca aunque fueron debidamente notificados, no
rindieron informe dentro de la presente acción.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) la solicitud de
desvinculación procesal y 3) el caso concreto
1. La finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco
para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para
revivir términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.
2. La solicitud de desvinculación
En relación con la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, la Sala considera que, en la medida en que dicha
autoridad obró en calidad de demandada en el proceso de reparación directa en la
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cual se profirió la providencia cuestionada en la acción de tutela, sus actuaciones
fueron señaladas como parte del contexto fáctico en el que se fundamentó la
supuesta afectación de derechos fundamentales, de ahí que su participación dentro
del presente trámite resulta procedente para que hagan valer sus derechos.
Por esa razón, en la parte resolutiva de este fallo se negará la referida solicitud de
desvinculación, en tanto fue vinculada como tercero con interés, en aras de garantizar
sus derechos de defensa y debido proceso.
Adicionalmente, aunque se solicitó la vinculación de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cali, la Sala precisa que quien actuó como parte
demandada en el proceso ordinario fue la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, razón por la cual su comparecencia en sede de la acción de tutela es
jurídicamente adecuada.
3. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca con el fin de que se protejan los derechos
fundamentales de igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados con la providencia del 31 de enero de 2025, mediante la
cual se confirmó la decisión del 22 de junio de 2023 proferida por el Juzgado Noveno
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali que negó las pretensiones de la
demanda de reparación directa adelantada por los actores en contra de la Nación –
Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General
de la Nación.
En los términos en que fue propuesta la controversia, la Sala declarará improcedente
el amparo por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las
razones que pasarán a exponerse:
1) Si bien la parte actora alegó que la providencia cuestionada incurrió en un defecto
fáctico y en desconocimiento del precedente jurisprudencial, la Sala advierte que la
acción de tutela no superó el requisito de relevancia constitucional, pues es claro el
interés de la parte demandante de revivir una discusión que ya fue analizada y
resuelta en la providencia cuestionada, a saber, la valoración de la antijuridicidad del
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daño derivado de la privación de la libertad del señor Lozada Galarza y la
aplicabilidad del régimen objetivo de responsabilidad.
2) Los mismos argumentos que fundamentaron la acción de tutela fueron expuestos
ante la autoridad judicial competente en el recurso de apelación que presentó la parte
demandante en contra de la sentencia del 22 de junio de 2023 proferida por el
Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, en los siguientes
términos:
“En el presente asunto nos encontramos frente a una persona la cual
puso de presente desde el momento de su captura que la sustancia
que llevaba consigo (cocaína) era de aprovisionamiento debido a su
adicción, la cantidad incautada, tal como fue señalado en la sentencia de
primera instancia, distribuida en 15 papeletas, pues bien, aunque el Fallador
de primera instancia trae a colación el artículo 2 de la Ley 30 de 1986, la
cual señala que la dosis permitida de la sustancia incautada no puede
superar un gramo, lo cierto es que, en el caso de marras, dicha norma no
puede ser aplicada, pues la dosis personal no es una cuestión
meramente objetiva, cada individuo tiene una dosis personal debido a que
influyen muchas circunstancias para la determinación de esta, ahora, como
bien puso de presente el capturado, esa dosis era de “aprovisionamiento
personal”, sin embargo, ni la Fiscalía, ni la Rama Judicial, auscultaron, ni
dieron relevancia a la condición de adicto del capturado, ni tampoco
determinaron cuál era la dosis mínima del señor Lozada Galarza. De esa
manera, al momento de imponer la medida de aseguramiento, casi que fue
atribuida una responsabilidad objetiva, proscrita para el derecho penal,
criminalizando el consumo de sustancias psicoactivas.
Con ese panorama señores Magistrados, se evidencia que en el presente
asunto ni siquiera existía mérito para imponer una medida de
aseguramiento en centro carcelario al señor Gabriel Lozada Galarza, por
una supuesta situación de porte de estupefacientes, ello es así por cuanto
de la síntesis de los hechos, la conducta del demandante no se encontraba
bajo ninguna de las formas de participación penal, pues era palmaria la
situación de adicción en la que se encontraba el demandante, tal como
quedó demostrado, lo que condujo a la Fiscalía a solicitar la preclusión de la
investigación penal, invocando la causal número 4 del artículo 332 del
Código de Procedimiento Penal, ya que efectivamente la conducta no
revestía ninguna relevancia para el derecho penal (…)
De lo señalado por la Corte Constitucional, respecto con lo indicado por el
despacho de primera instancia, encontramos que se evidencia la carencia
por parte del aquo de un análisis amplio y completo, pues en virtud de este
principio de raigambre constitucional: iura novit curia, se pudo estudiar en el
caso de marras en forma amplia bajo la óptica de cualquiera de los títulos
de imputación, que además, fueron planteados desde la demanda; pues si
el fallador no encontró acreditada la conducta de privación injusta de la
libertad bajo el título de “la falla del servicio”, debió entonces ampliar el
espectro de estudio jurídico al subsiguiente título de imputación, pues de no
hacerlo, como ocurrió, la carencia amplia y pormenorizada de un estudio
jurídico de la situación bajo estudio deriva en una falta de resolución integral
litigio que incluso puede conllevar al concepto de denegación de justicia.
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Por lo expuesto anteriormente señores Magistrados, en caso de no
encontrar acreditada la falla en el servicio les solicito estudiar el daño
especial, con el fin de lograr una justicia integral8.” (mayúsculas y negrillas
del original)
3) Frente a los anteriores planteamientos se pronunció el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca en la sentencia del 31 de enero de 2025 con las consideraciones
aquí expuestas:
“(…) Lo que permite concluir que actualmente al interior de las Altas Cortes,
al abordarse el estudio del régimen de responsabilidad del Estado aplicable
a los asuntos donde se discute la privación injusta de la libertad, se ha
optado por apartarse de la aplicación primigenia del régimen objetivo de
responsabilidad en estos casos, para considerar que como la privación de la
libertad debe ser injusta para que proceda el resarcimiento del perjuicio, ello
necesariamente conlleva a profundizar en el estudio de la conducta de las
entidades, de tal suerte que logre corroborarse la materialización de este
ingrediente especial.
En consecuencia, será esta la postura que rija el análisis del presente caso
no solo por aplicación del precedente ya estudiado, sino porque, además,
no resulta viable condenar al Estado en forma automática con la simple
demostración de la relación de causalidad existente entre la actividad del
sujeto que genera el daño y el perjuicio causado, cuando el artículo 90 de la
Constitución Política establece que el Estado sólo responde en aquellos
casos en los que le sea imputable un daño de tipo antijurídico, de aquellos
que el sujeto no esté en condición de soportar, aspecto que para poder
determinarse a plenitud, requiere de un estudio más profundo en el que se
analice la conducta de las entidades estatales que estuvieron implicadas en
la privación de la libertad (…)
Por lo que en esta oportunidad se aplicará el régimen subjetivo de
responsabilidad del Estado en forma preferente sobre el objetivo, ya que
éste último es de carácter residual y solo se aplica en casos muy
particulares en donde sea necesaria su utilización a fin de desatar una
controversia que no pueda ser analizada bajo ningún otro tipo de régimen
de responsabilidad.
En consecuencia, el análisis del presente caso debe desplegarse bajo el
régimen subjetivo de responsabilidad bajo el título de imputación por falla
del servicio, en el cual la responsabilidad del Estado se estructura tras la
comprobación de los siguientes tres elementos: (i) El daño, (ii) la falla del
servicio propiamente dicha y (iii) un nexo de causalidad entre los dos
primeros9.”. (mayúsculas del original)
4) De otro lado, la autoridad judicial demandada expuso que la parte demandante no
demostró que la medida de aseguramiento careció de proporcionalidad, razonabilidad
o que fue arbitraria, por lo cual no existió responsabilidad del Estado por la privación
de la libertad del señor Lozada Galarza, así:
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“Ahora bien, la solicitud de medida de aseguramiento fue debidamente
solicitada y sustentada de acuerdo al material probatorio recaudado por
parte de la Fiscalía General de la Nación, pues en las audiencias
preliminares (legalización de captura, formulación de imputación y solicitud
de medida de aseguramiento), el Juez de Control de Garantías determinó
que era posible inferir razonablemente la perpetración de la conducta
endilgada y la posible responsabilidad del imputado y por tal razón resultaba
procedente imputarle la conducta descrita y atendiendo lo grave de la
misma pues es un «potencial peligro para la comunidad», por lo tanto la
medida resultaba «Idónea útil, razonable y necesaria».
Dicho lo anterior, es claro que los elementos probatorios, el comportamiento
del investigado y el ser una conducta realizada reiterativamente por el
acusado, sirvió de base al ente investigador para solicitar la imposición de
medida de aseguramiento, los cuales concluyó el juez de conocimiento,
eran suficientes para inferir de manera razonable la ejecución de los delitos
endilgados al señor Lozada Galarza, llevándolo a considerar necesaria la
medida impuesta.
También recordemos que el juez de garantías al momento de imponer la
medida de aseguramiento argumentó que: (i) la medida de aseguramiento
se imponía a manera preventiva asegurando la comparecencia del imputado
al proceso, (ii) el señor Lozada Galarza presentaba un peligro para la
comunidad porque se trataba de un delito pluriofensivo y se presenta
continuación de la actividad, toda vez que existían investigaciones previas
en su contra por los mismos delitos, (iii) los informes presentados por la
Policía Judicial deben presumirse ciertos hasta tanto no sean controvertidos
con elementos probatorios, máxime cuando los informes son rendidos bajo
juramento y gozan presunción de buena fe, y (iv) el material incautado al
imputado y el modo en que era portado por este, permite inferir que era para
el expendio.
En este orden de ideas, la parte demandante no allegó prueba que pudiera
demostrar que la medida de aseguramiento carecía de proporcionalidad,
razonabilidad o que fuera arbitraria, dicha falencia impide establecer
responsabilidad al Estado por la privación de la libertad de que fue objeto el
demandante (…)
En criterio de esta Corporación, el hecho de que al demandante se le haya
finalizado el proceso penal por preclusión de la investigación, no generó
como consecuencia que la detención privativa de la libertad no estuviera
acorde con el ordenamiento jurídico. A partir de lo expuesto, se concluye
que en el caso bajo estudio no se encuentra acreditado que las entidades
demandadas incurrieran en una conducta contraria a sus deberes dentro de
la investigación y el proceso que hubiere generado que la limitación de la
libertad del demandante pudiera ser catalogada como injusta 10.”.
(mayúsculas del original)
5) De acuerdo con lo expuesto, la Sala constató que en la acción de tutela los
demandantes reiteraron su postura sobre la antijuridicidad del daño alegado en el
proceso de reparación directa y la procedencia del régimen de responsabilidad
objetiva, pues a su juicio, el tribunal omitió considerar que el proceso penal contra el
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señor Lozada Galarza precluyó por atipicidad de la conducta, circunstancia que,
según afirmaron, imponía la aplicación de dicho régimen.
6) En ese contexto, la Sala advirtió que la acción de tutela carece de relevancia
constitucional porque el único interés de la parte demandante es demostrar su
desacuerdo con la providencia objeto de tutela que le fue desfavorable a sus
intereses, sin que en dicha discusión se haya planteado un asunto de una genuina
importancia desde el punto de vista constitucional, en tanto se limitó a reproducir sus
argumentos de instancia sin explicar con claridad la necesidad de que intervenga el
juez constitucional en un asunto que por su naturaleza quedó debidamente resuelto
por el juez natural de la causa.
7) En efecto, aunque la parte actora pretende darle el cariz de vicio o defecto a dicha
situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la acción
de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el
proceso de reparación directa.
8) En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela no reviste relevancia
constitucional pues su objeto es reabrir un debate propio del proceso de reparación
directa y al juez constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que
desbordan su competencia.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA:
1º) Declárase la improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
2º) Niégase la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.
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3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
4º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado (E) Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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