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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00592-00

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00592-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Denegar la solicitud de desvinculación propuesta por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, por las razones expuestas en esta providencia. 2. Amparar los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la parte actora, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 3. Dejar sin valor ni efecto la sentencia 29 de agosto de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el proceso de reparación directa con radicado 05001-33- 33-025-2018-00292-00/01. 4. Ordenar al Tribunal Administrativo de Antioquia que, en el término de 20 días, contados a partir de la notificación de esta decisión, dicte sentencia de reemplazo, en la que tenga en cuenta las consideraciones aquí expuestas. 5. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 6. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-00592-00 Demandante: Elsy Yanet Sánchez Herrera y Otros 7. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00592-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

3 de abril de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00592-00
Demandante: Elsy Yanet Sánchez Herrera y Otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00592-00
Demandante: ELSY YANET SÁNCHEZ HERRERA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO

Temas: Contra sentencias dictadas en proceso de reparación directa. Defecto
fáctico. Desconocimiento del precedente. Ampara

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Elsy Yaneth Sánchez Herrera y otros
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado 25 Administrativo de Medellín.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 5 de febrero de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado,
Elsy Yanet Sánchez Herrera, Héctor Hernán Pineda Granados, Beatriz Elena Pineda
Jiménez y Juan Camilo Sánchez Herrera pidieron la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 29
de agosto de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que confirmó la
decisión de primera instancia de denegar las pretensiones de la demanda de reparación
directa con radicado 05001-33-33-025-2018-00292-00/01.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la igualdad y a la reparación integral que fueron vulnerados por las accionadas a Elsy Yanet
Sánchez Herrera, Héctor Hernán Pineda Granados, Beatriz Elena Pineda Jiménez y Juan Camilo
Sánchez Herrera.
SEGUNDO. Que como consecuencia de lo anterior se DEJE SIN EFECTOS la sentencia proferida el
29 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquía - Sala Primera de Decisión.
TERCERO. Corolario de lo anterior, se ordene al Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Primera de
Decisión que, en el término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del respectivo fallo
de tutela, profiera una decisión de reemplazo atendiendo al análisis objetivo y cuidadoso del acervo
probatorio en consonancia con el precedente del Consejo de Estado y la Corte Constitucional,
motivando de manera suficiente su proveído.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El 6 de junio de 2016, el señor Hernán Darío Pineda Jiménez (fallecido) fue privado de
su libertad, sindicado del delito de utilización ilegal de uniformes e insignias.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00592-00
Demandante: Elsy Yanet Sánchez Herrera y Otros

El 7 de junio de 2016, el Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Control de
Garantías de Venecia llevó a cabo audiencia preliminar de legalización de captura,
formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, en la que, entre otras,
se profirió medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento
carcelario en contra del señor Pineda Jiménez.

El 24 de agosto de 2016, el Juzgado Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Fredonia decretó la preclusión de la acción penal, por atipicidad de la conducta, y ordenó
la libertad del señor Pineda Jiménez.

Por lo anterior, Elsy Yanet Sánchez Herrera, Héctor Hernán Pineda Granados, Beatriz
Elena Pineda Jiménez y Juan Camilo Sánchez Herrera presentaron demanda de
reparación directa contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la
Nación por los perjuicios causados por la presunta privación injusta de la libertad que
padeció el señor Pineda Jiménez, cuando fue procesado por el delito de utilización ilegal
de uniformes e insignias.

La demanda se adelantó bajo el radicado 05001-33-33-025-2018-00292-00 y
correspondió al Juzgado 25 Administrativo de Medellín que, por sentencia del 1 de
diciembre de 2020, denegó las pretensiones y condenó en costas a los demandantes.

Señaló que los demandantes no demostraron que la privación de la libertad del señor
Pineda Jiménez fuera una carga que no debía soportar o que la medida de aseguramiento
impuesta no se ajustara a los precedentes judiciales relacionados con la acreditación de
la razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida privativa de la libertad, puesto
que no aportaron copias de las diligencias de legalización de captura, formulación de
imputación e imposición de medida de aseguramiento, además, no allegaron los audios
de las audiencias realizadas en el proceso penal.

Inconforme, la parte demandante apeló porque, a su juicio, el juzgado de primera
instancia incurrió en una indebida valoración probatoria. Empezó por señalar que de las
piezas del proceso penal se podía advertir que la medida de aseguramiento fue ilegal y
desproporcionada, por lo que se acreditaba una falla en el servicio, luego dijo que, en
todo caso, se configuraba un daño especial a la luz de la sentencia SU-072 de 2018
dictada por la Corte Constitucional, pues estaba demostrado que la conducta no
constituía un hecho punible (atipicidad de la conducta).

Adicionalmente, se opuso a la condena en costas, con el argumento de que no se había
probado que se causaron expensas que justificaran la imposición.

Por sentencia del 29 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Primera de Decisión, confirmó la decisión apelada, básicamente por las mismas
consideraciones del a quo.

Uno de los magistrados que integra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera
de Decisión, salvó el voto al estimar que se debió acceder a las pretensiones de la
demanda, debido a que el proceso penal había concluido por atipicidad de la conducta y
eso implica adoptar una decisión bajo el título de imputación objetivo de acuerdo con la
sentencia del 6 de mayo de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, en la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-05020-01.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, si bien la parte actora no identificó los defectos
que alegaría, la Sala los resumirá en los siguientes vicios de fondo:

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00592-00
Demandante: Elsy Yanet Sánchez Herrera y Otros

Defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas aportadas al expediente, que
daban cuenta que el proceso penal adelantado en contra del señor Pineda Jiménez
precluyó por atipicidad de la conducta, lo que, a juicio de los demandantes, imponía el
deber de que se resolvieran las pretensiones de la demanda de reparación directa con
base en un régimen de responsabilidad objetivo.

Desconocimiento del precedente fijado en las sentencias SU-072 del 5 de julio de 2018
dictada por la Corte Constitucional y del 6 de mayo de 2024 proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, en el proceso con radicado 11001-03-15-000-
2023-05020-01, que, según los demandantes, obligaba a la autoridad judicial demandada
aplicar un régimen de responsabilidad objetivo para decidir la demanda de reparación
directa con radicado 05001-33-33-025-2018-00292-00/01, debido a que la acción penal
había precluido por atipicidad de la conducta.

5. Trámite procesal

Por auto del 11 de febrero de 2025, el Despacho sustanciador admitió la demanda y,
entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados a los magistrados del
Tribunal Administrativo de Antioquia y al juez 25 administrativo de Medellín, y, vinculó, en
calidad de terceros con interés, a la directora ejecutiva de administración judicial y al fiscal
general de la Nación.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 13 de febrero de
2024.

El 5 de febrero de 2025, el Despacho sustanciador advirtió que no obraban todas las
piezas procesales del proceso ordinario 05001-33-33-025-2018-00292-00/01, tales como
las copias de las audiencias realizadas en el proceso penal que se adelantó en contra del
señor Pineda Jiménez, por lo que requirió al Juzgado 25 Administrativo de Medellín para
que las aportara. Ese mismo día, el juzgado atendió el requerimiento.

6. Intervenciones

La magistrada del Tribunal Administrativo de Antioquia, ponente de la sentencia del
29 de agosto de 2024, sostuvo que los fundamentos fácticos y jurídicos que analizaron
para proferir la decisión cuestionada se encuentran en la mencionada sentencia.

Que la decisión controvertida la dictó conforme a derecho, que no ha vulnerado los
derechos fundamentales invocados por los demandantes y que no se acreditaron los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.

El Juzgado 25 Administrativo de Medellín pidió que se declarara improcedente la
acción de tutela y, subsidiariamente, que se denegaran las pretensiones de los
accionantes. Señaló que en la sentencia del 1° de diciembre de 2020 se encuentran
expuestos todos los argumentos de hecho y de derecho que sustentaron su posición.

Que los demandantes pretenden utilizar la acción de tutela como una tercera instancia
del proceso de reparación directa, por lo que no se satisface el requisito de relevancia
constitucional, sumado a que la discusión recae sobre un asunto económico. Que no se
han vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora, porque no se ha incurrido
en ninguno de los defectos alegados.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial pidió que se ordenara su
desvinculación y que se denegaran las pretensiones de la parte actora. Manifestó que
carecía de legitimación en la causa por pasiva, porque no ha vulnerado ni amenazado
los derechos de los demandantes y porque no es la llamada a atender las pretensiones
de los accionantes.

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Demandante: Elsy Yanet Sánchez Herrera y Otros

Que la parte actora pretende, a través de la acción de tutela, reabrir un debate que ya fue
resuelto en el proceso ordinario.

La Fiscalía General de la Nación solicitó que se declarara improcedente la solicitud de
amparo y su falta de legitimación en la causa por pasiva. Dijo que no existía relación de
causalidad entre sus actuaciones y la presunta vulneración de los derechos
fundamentales de la parte actora.

Que la acción de tutela es improcedente porque incumple los requisitos de subsidiariedad
y de relevancia constitucional, debido a que no se advierte la ocurrencia de un perjuicio
irremediable y porque se utiliza para reabrir un debate legal que ya fue definido en el
proceso ordinario.

II. CONSIDERACIONES

1. Legitimación en la causa por pasiva.

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).

La Corte Constitucional1 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.

En el presente asunto, la parte actora cuestiona las sentencias del 1 de diciembre de
2020 y del 29 de agosto de 2024, dictadas por el Juzgado 25 Administrativo de Medellín
y el Tribunal Administrativo de Antioquia, respectivamente, que denegaron sus
pretensiones de la demanda de reparación directa.

Por su parte, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la
Nación pidieron su desvinculación. Dicen que no tienen legitimación en la causa por
pasiva, porque no han vulnerado ni amenazado los derechos de los demandantes y
porque no existía relación de causalidad entre sus actuaciones y la presunta vulneración
de los derechos fundamentales de la parte actora, respectivamente.

No obstante, la vinculación de esas entidades no fue como parte demandada, sino en
calidad de terceros con interés, porque fungieron como parte demandada en el proceso
de reparación directa con radicado 05001-33-33-025-2018-00292-00/01.

En consecuencia, no hay lugar a acceder a las solicitudes de desvinculación.

2. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la parte
actora para dejar sin efectos la sentencia del 29 de agosto de 2024, dictada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que confirmó la decisión de primera instancia de denegar las
pretensiones de la demanda de reparación directa con radicado 05001-33-33-025-2018-
00292-00/01.

La Sala anticipa que amparará los derechos de la parte actora porque el tribunal
demandado incurrió en defecto fáctico y en desconocimiento del precedente al dictar la
sentencia del 29 de agosto de 2024.

1
Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Demandante: Elsy Yanet Sánchez Herrera y Otros

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la verificación de los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencia judicial y, (iii) el análisis del caso concreto.

3. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial

La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

La relevancia constitucional del asunto está acreditada. Si bien en ambas instancias
del proceso ordinario fueron denegadas las pretensiones, lo cierto es que el cargo
presentado por la parte accionante está relacionado con la omisión en la valoración de
todo el material probatorio que obraba en el expediente ordinario, que podría tener
incidencia directa en la decisión adoptada. Además, la acción de tutela no alude a una
discusión de orden legal o económico y cumple con la carga argumentativa, de modo
que, si existieran los errores que alega la parte actora se estarían vulnerando sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia.

La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo con
la verificación del expediente ordinario, la sentencia acusada fue comunicada el 29 de
agosto de 2024, de modo que fue efectivamente notificada el 2 de septiembre de 2024,
y la demanda de tutela fue radicada el 5 de febrero de 2025, esto es, cinco meses y tres
días después, término que no supera los seis meses fijados por la Sala plena de esta
Corporación para presentar acciones de tutela.

La parte demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios,
dado que promovió el medio de control de reparación directa y cuestiona la sentencia de
segunda instancia dictada en dicho proceso. Además, tampoco se evidencia la viabilidad
del recurso extraordinario de revisión contra la providencia atacada, puesto que no
parece que pueda encuadrarse en alguna de las causales de procedibilidad previstas en
el artículo 250 del CPACA.

Así mismo, advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, esto es,
expuso de manera clara que la vulneración de los derechos fundamentales invocados
proviene de advertir que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico y
desconocimiento del precedente, al proferir la sentencia del 29 de agosto de 2024.

Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la parte actora cuestiona
una sentencia de segunda instancia de un proceso de reparación directa.

2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.

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5. Análisis del caso concreto

La parte actora alegó que la autoridad judicial demandada incurrió en: i) defecto fáctico,
por indebida valoración de las pruebas aportadas al expediente, que evidenciaban que el
proceso penal que se adelantó en contra del señor Pineda Jiménez había precluido por
atipicidad de la conducta, lo que, a su juicio, imponían el deber de resolver el asunto en
aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad y, ii) desconocimiento del
precedente fijado en las sentencias SU-072 del 5 de julio de 2018 dictada por la Corte
Constitucional y del 6 de mayo de 2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, en el proceso con radicado 11001-03-15-000-2023-05020-01.

Para resolver tales cargos, la Sala estima necesario referirse a las pruebas aportadas al
expediente con radicado 05001-33-33-025-2018-00292-00/01 y al análisis realizado por
la autoridad judicial demandada en la sentencia del 29 de agosto de 2024.

En el expediente ordinario obran, entre otras, las siguientes pruebas:

• Copia de la solicitud de allanamiento a las residencias del señor Hernán Darío Pineda
Jiménez y de un señor identificado como Juan Esteban Jaramillo, del 6 de junio de 2016,
con la que se pretendía hallar e incautar elementos materiales probatorios y evidencia
física que los relacionara con la comisión de los delitos de tráfico y/o fabricación de armas
de fuego y porte, tráfico y/o fabricación de sustancias estupefacientes.

• Copia de la correspondiente orden de allanamiento y registro.

• Copia de informe de registro y allanamiento del 6 de junio de 2016 a un inmueble
ubicado área urbana del municipio de Venecia, departamento de Antioquia, en el que se
realizó la captura, entre otros, del señor Pineda Jiménez y en la que se señaló que se
incautaron a los capturados, prendas de uso privativo de la fuerza pública.

• Copia de la solicitud de audiencia preliminar de legalización de captura, formulación de
imputación y medida de aseguramiento en contra, entre otros, del señor Pineda Jiménez,
por el delito de utilización ilegal de uniformes e insignias.

• Certificado de libertad expedido por el INPEC el 26 de agosto de 2016, en el que se
señaló que el señor Hernán Darío permaneció privado de libertad entre el 6 de junio de
2016 y el 26 de agosto de 2016.

• Registro civil de defunción del señor Pineda Jiménez.

• Acta de audiencia del 24 de agosto de 2016 celebrada por el Juzgado Penal del Circuito
de Fredonia, Antioquia, en la que se resolvió:

Primero: Se decreta la extinción de la acción penal y la consecuente preclusión, en favor de Hernán
Darío Pineda Jiménez, cédula (…), de acuerdo a los artículos 77 y 78 del Código Penal, en armonía
con los artículos 9, 10 y 11 de la misma codificación y el 332-4 del Código Penal, por ser atípica la
conducta.

Segundo: Se dispone la libertad de manera inmediata, una vez que el Director de la Cárcel de Andes,
Antioquia, verifique si este no es requerido por otra autoridad (…).

• La correspondiente grabación de la audiencia mencionada en el punto anterior, en la
que el juez penal del circuito de Fredonia, a solicitud del ente acusador, decretó la
preclusión de la acción penal adelantada en contra del señor Hernán Darío Pineda
Jiménez, por el delito de utilización ilegal de uniformes e insignias, al considerar que fue
atípica la conducta, debido a que no se le podía atribuir participación en la presunta
comisión del delito investigado, porque: i) los elementos materiales probatorios
recaudados para la investigación no fueron encontrados en la residencia del señor Pineda
Jiménez, ii) la orden de allanamiento y registro expedida por la Fiscalía General de la

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Nación se dictó para hallar elementos materiales probatorios que vincularan, entre otros,
al señor Pineda Jiménez con los delitos de homicidio y/o fabricación, tráfico, porte o
tenencia de armas de fuego, iii) no hubo reporte de las fuerzas militares que indicara que
las prendas incautadas correspondían a las de uso privativo de la fuerza pública y, iv) no
se acreditó que el actuar del procesado encajara en alguno de los verbos rectores
dispuesto en el artículo 346 del Código Penal 4.

Ahora bien, en el recurso de apelación interpuesto por los demandantes contra la
sentencia de primera instancia del 1 de diciembre de 2020, proferida por el Juzgado 25
Administrativo de Medellín, se argumentó, entre otras cosas, lo siguiente:

En este punto, es pertinente precisar que la Corte Constitucional ha señalado que, en materia de
responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, el Consejo de Estado, en aras
del principio de seguridad jurídica, ha acudido tanto a un régimen de responsabilidad por falla en el
servicio, como por daño especial en determinados eventos y que ello no resulta contradictorio, por el
contrario, rotula que en cuatro eventos de absolución, como son que el hecho no existió, el sindicado
no lo cometió, la conducta no constituía hecho punible o porque se aplicó el principio del in dubio pro
reo, se ha aplicado el título de daño especial 5.

En la providencia cuestionada, el Tribunal Administrativo de Antioquia dijo que, la
sentencia SU-072 de 2018 dictada por la Corte Constitucional, había indicado que
ninguna norma establecía un régimen de responsabilidad específico aplicable a casos de
privación de la libertad, que, por lo tanto, el juzgador debía analizar en todos los casos si
la restricción a la libertad había sido apropiada, razonable y proporcionada.

Que la absolución de una persona que fue privada de la libertad no era suficiente para
declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, que se debía analizar si se encontraba
acreditado el carácter injusto de la privación de la libertad, desde la óptica de la
razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida restrictiva, bajo un régimen
subjetivo de responsabilidad.

Que, si bien el fallador tenía facultades oficiosas para decretar pruebas, lo cierto era que
a esa facultad se debía acudir únicamente para aclarar algunos asuntos, que ello no
implicaba suplir la carga probatoria que debían asumir las partes, porque se incurriría en
un desequilibrio de la relación jurídico procesal y una vulneración al principio de
neutralidad.

Que, de acuerdo con la sentencia del 19 de noviembre de 2020 dictada por el Consejo
de Estado, Sección Tercera Subsección C, en el proceso con radicado 50001-23-31-000-
2011-00132-01, no bastaba con demostrar el daño, porque también se debía acreditar
que era imputable a la administración, carga que, según dijo, les correspondía a los
demandantes y no podía ser suplida a través de la facultad oficiosa del juez de decretar
pruebas. Que no se habían aportado los correspondientes medios de prueba, tales como
actas y registros de audio de las audiencias realizadas en sede de control de garantías.

Señaló que de las pruebas aportadas al expediente no encontraba ninguna que
permitiera determinar que el daño era atribuible a la entidad demandada, debido a que
no se habían acreditado las condiciones bajo las cuales se había proferido la medida de
aseguramiento, lo que impedía que se determinara si la decisión había sido inadecuada,
desproporcionada o innecesaria.

Que la carga de probar los supuestos de hecho en que se fundamentaba la demanda
correspondía a los demandantes, pero que por razones que no se encontraban
acreditadas en el expediente, se había omitido cumplir esa carga, puesto que, a su juicio,

4 Artículo 346. Utilización ilegal de uniformes e insignias. El que sin permiso de autoridad competente importe, fabrique,

transporte, almacene, distribuya, compre, venda, suministre, sustraiga, porte o utilice prendas, uniformes, insignias o
medios de identificación reales, similares o semejantes a los de uso privativo de la fuerza pública o de los organismos
de seguridad del Estado, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de sesenta y
seis punto sesenta y seis (66.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
5 Cita del texto original: Corte Constitucional, sentencia SU 072/18 del 5 de julio de 2018, M.P: José Fernando Reyes

Cuarta.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00592-00
Demandante: Elsy Yanet Sánchez Herrera y Otros

no se habían aportado los correspondientes medios de prueba, tales como actas y
registros de audio de las audiencias realizadas en sede de control de garantías.
A partir de lo anterior, la Sala encuentra que, contrario a lo afirmado por el tribunal
demandado, al proceso de reparación directa fueron allegadas piezas procesales del
proceso penal adelantado en contra del señor Hernán Darío Pineda Jiménez, a saber,
solicitud de allanamiento, orden de allanamiento y registro, informe de registro y
allanamiento, solicitud de audiencia preliminar, el acta y la correspondiente grabación de
la audiencia en la que se precluyó la acción penal.

En consecuencia, se advierte que el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en un
defecto fáctico por omisión en la valoración de los medios de convicción que obraban en
el expediente, que daban cuenta, entre otras cosas, que la terminación del proceso penal
seguido en contra del señor Pineda Jiménez concluyó por atipicidad de la conducta.

Adicionalmente, Sala también observa que el tribunal demandado incurrió en
desconocimiento del precedente constitucional previsto en la sentencia SU-072 del 5 de
julio de 2018, aplicable en casos de privación injusta de la libertad, cuando la preclusión
de la acción penal se profiere por atipicidad de la conducta.

En la sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018, la Corte Constitucional señaló:

105. Esta Corporación comparte la idea de que en dos de los casos deducidos por el Consejo de Estado
–el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica- es posible predicar que la decisión de
privar al investigado de su libertad resulta irrazonable y desproporcionada, luego, para esos eventos es
factible aplicar un título de atribución de carácter objetivo en el entendido de que el daño antijurídico se
demuestra sin mayores esfuerzos.

En efecto, estando en ciernes la investigación, el ente acusador debe tener claro que el hecho sí se
presentó y que puede ser objetivamente típico, luego, en este tipo de casos el juez administrativo puede
ser laxo desde el punto de vista probatorio y valorativo, en tanto en estas circunstancias es evidente
que la Fiscalía, hoy los jueces, disponen de las herramientas necesarias para definir con certeza estos
dos presupuestos y, en tal virtud, deberá ser la administración la que acredite que fueron causas ajenas
e irresistibles a su gestión, las que propiciaron la imposición de la medida.

Nótese que en el primer evento basta con desplegar todo el aparato investigativo para establecer si
fenomenológicamente hubo una alteración de interés jurídico penal. No puede, entonces, el juez o el
fiscal imponer una medida privativa de la libertad mientras constata esta información, dado que esta
debe estar clara desde los albores de la investigación. No en vano, las diferentes normativas procesales
han elaborado un esquema del cual hace parte una fase de indagación encaminada, entre otros
propósitos, a establecer justamente si se presentó un hecho con trascendencia en el derecho punitivo
que pueda ascender a la categoría de conducta punible.

El segundo evento es una tarea que reviste una mayor sencillez en tanto depende solo de un criterio
jurídico esencialmente objetivo; se trata de un cotejo entre la conducta que se predica punible y las
normas que la tipificarían; de esa manera, muy pronto debe establecer el Fiscal o el juez si la conducta
encaja en alguna de las descripciones típicas contenidas en el catálogo punitivo.

Lo anterior implica que en las demás eventualidades que pueden presentarse en un juicio de carácter
penal, no pueda asegurarse, con la firmeza que exige un sistema de responsabilidad estatal objetivo,
que la responsabilidad del Estado es palmaria y que bastaría con revisar la conducta de la víctima.

Al respecto, la Sala destaca que la Corte Constitucional en esa sentencia fue clara al
señalar que en los casos en los que la acción penal culminó porque la conducta era
objetivamente atípica, pueden ser estudiados bajo el título de imputación de carácter
objetivo.

Como se vio, en el proceso de reparación directa obraban pruebas que daban cuenta de
que el proceso penal adelantado en contra del señor Hernán Darío Pineda Jiménez, por
el delito de utilización ilegal de uniformes e insignias, precluyó por atipicidad de la
conducta, circunstancia que imponía al juez natural el deber de verificar si el caso debía
estudiarse a la luz del régimen objetivo de responsabilidad por daño especial. Máxime si
se tiene en cuenta que ese fue uno de los argumentos del recurso de apelación
presentado por los demandantes contra la sentencia de primera instancia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00592-00
Demandante: Elsy Yanet Sánchez Herrera y Otros

La Sala no desconoce que, de acuerdo con la sentencia SU-072 de 2018, no existe un
título de imputación preferente para resolver asuntos relacionados con privación injusta
de la libertad, sin embargo, la Corte Constitucional en esa ocasión explicó las
excepciones en las que el juez de la reparación debe analizar el caso con fundamento en
un régimen objetivo de responsabilidad. Como se vio, entre esas excepciones se
encuentran los casos en los que la acción penal culmina por atipicidad objetiva de la
conducta.

En ese orden, se advierte que el tribunal demandado desconoció la regla jurisprudencial
fijada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018, al dictar la sentencia
del 29 de agosto de 2024, en el proceso de reparación directa con radicado 05001-33-
33-025-2018-00292-00/01.

En consecuencia, para la Sala, el análisis realizado por el tribunal demandado configura
un defecto fáctico y un desconocimiento del precedente que vulnera los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
de la parte actora.

Por esa razón, se concederá el amparo de los derechos fundamentales de los
demandantes y se ordenará al tribunal demandado que dicte sentencia de reemplazo en
la que tenga en cuenta las pruebas que fueron aportadas al proceso ordinario y determine
si debe aplicar las reglas sobre régimen objetivo de responsabilidad.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Denegar la solicitud de desvinculación propuesta por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, por las razones expuestas en
esta providencia.

2. Amparar los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia de la parte actora, conforme a lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

3. Dejar sin valor ni efecto la sentencia 29 de agosto de 2024, dictada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, en el proceso de reparación directa con radicado 05001-33-
33-025-2018-00292-00/01.

4. Ordenar al Tribunal Administrativo de Antioquia que, en el término de 20 días,
contados a partir de la notificación de esta decisión, dicte sentencia de reemplazo, en la
que tenga en cuenta las consideraciones aquí expuestas.

5. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

6. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00592-00
Demandante: Elsy Yanet Sánchez Herrera y Otros

7. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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