Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04102-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-04102-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04102-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04102-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
14 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Paipa, catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04102-00
Accionante: CRISTHIAN CAMILO BARRIOS FUENTES
Accionados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Tema: Mora judicial injustificada - ampara.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora contra el Consejo Superior de la Judicatura, la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira, la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva y el Juzgado Primero
Promiscuo Municipal de La Montañita (Caquetá). Lo anterior, de conformidad con
lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069
de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el
Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 4 de julio de 20252, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia3.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El señor Cristhian Camilo Barrios Fuentes, en nombre propio, instauró
acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira, la Dirección Ejecutiva
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificaron como accionados al
Consejo Superior de la Judicatura, a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira,
a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva y al Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de La Montañita (Caquetá). Asimismo, se dispuso la vinculación de: (i) Asmet Salud
E.P.S.; (ii) la Coordinación Administrativa de la Rama Judicial de Florencia; (iii) el Juzgado
Segundo Promiscuo de Familia de Tuluá, (iv) el Ministerio de Defensa – Policía Nacional y, (v) la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del Código
General del Proceso.
3 Por medio del auto de 24 de julio de 2025 (Índice 13 Samai), se requirió al Juzgado Primero
Promiscuo Municipal de La Montañita, para que allegara el expediente del proceso sobre el cual
se predica la presunta mora judicial injustificada.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Cristhian Camilo Barrios Fuentes
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04102-00
Seccional de Administración Judicial de Neiva y el Juzgado Promiscuo Municipal
de La Montañita (Caquetá), por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales de petición, al debido proceso, al buen nombre, a la honra, a la
dignidad humana y de habeas data.
2. Estimó que las referidas garantías constitucionales fueron vulneradas
ante: (i) la presunta falta de respuesta, por parte de Juzgado Promiscuo Municipal
de La Montañita, de las peticiones presentadas el 19 y 20 de diciembre de 2024;
y (ii) los múltiples procesos de cobro coactivo que se adelantan en su contra por
sanciones impuestas a Asmet Salud E.P.S., pese a que dejó de ser gerente de
la entidad desde el mes de junio de 2024.
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. Se proteja mis derechos fundamentales al Derecho de Petición, Debido
Proceso, Mínimo vital, Buen nombre, Honra, Dignidad Humana, y Habeas
data.
2. Se ordene a las entidades accionadas desvincularme de los procesos en
los que estoy inmerso en calidad de representante legal de la EPS ASMET
SALUD.
3. Se ordene actualizar las bases de datos necesarias relacionadas con el
cobro coactivo de los procesos o sanciones a mi nombre en calidad de
representante legal de ASMET SALUD.
4. Se ordene a las entidades accionadas la suspensión de los procesos de
cobro coactivos que me involucra en calidad de representante legal de
ASMET SALUD y que cesen las comunicaciones enviadas a mi domicilio y
correo electrónico.
5. Que se ordene a las entidades de realizar reportes negativos en las
centrales de riesgo y en la Base de datos del Boletín de Deudores Morosos
del Estado.4
1.2. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
siguiente manera:
5. El señor Cristhian Camilo Barrios Fuentes se desempeñó el cargo de
vicepresidente nacional de Asmet Salud E.P.S., desde el 16 de enero de 2024
hasta el 16 de julio del mismo año. Durante dicho período, fue sancionado5 por
desacato en el marco de múltiples acciones de tutela interpuestas contra la
entidad prestadora del servicio de salud6.
6. El actor puso de presente que ha solicitado la desvinculación ante todos
los despachos en los que fue sancionado al considerar que se encuentra
4 Transcripción literal del escrito de tutela con posibles errores.
5 Arrestos y multas.
6 El accionante no hizo referencia a todos los procesos de tutela en los que fue sancionado.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Cristhian Camilo Barrios Fuentes
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04102-00
imposibilitado para cumplir las órdenes de tutela7, pues ya no es empleado de
Asmet Salud E.P.S.
7. En particular, indicó que el 19 de diciembre de 20248, radicó ante el
Juzgado Promiscuo Municipal de La Montañita9 una solicitud de la inaplicación
de la sanción impuesta en su contra al interior del expediente de tutela
identificado con el radicado 18410-40-89-001-2023-00026-00.
8. Por otro lado, el 11 de febrero de 2025, el accionante presentó una acción
de tutela en contra de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol Seccional
Valle10, con el fin de que actualizarán las bases de datos en las que reposan las
órdenes de arresto. Ello, debido a que todos los despachos judiciales que las
impusieron las sanciones las habían levantado.
9. El trámite le correspondió por reparto al Juzgado Segundo Promiscuo de
Tuluá y se le designó el radicado número 76834-31-84-002-2025-00039-00. Esa
autoridad judicial, mediante la sentencia del 21 de febrero de 2025, amparó los
derechos fundamentales del actor y le ordenó a la autoridad accionada actualizar
su base de datos11.
10. El 10 de abril de 2025, el tutelante presentó una petición en el marco de
los procesos de cobro coactivo que se adelantaron en su contra ante las
Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial de Pereira12 y de
Neiva13, con el fin de que se dieran por terminados los trámites aludidos.
11. Ambas autoridades judiciales, mediante las providencias proferidas el 11
de abril y el 13 de mayo de 2025, respectivamente, le indicaron al actor que no
era posible acceder a su solicitud, dado que la terminación de los procesos
coactivos adelantados en su contra requiere de una orden judicial que disponga
la inaplicación de la sanción que dio origen al trámite.
1.3. Sustento de la vulneración
12. La parte actora indicó que las autoridades judiciales accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso, al buen
nombre, a la honra, a la dignidad humana y de habeas data, por las siguientes
7 Ibidem.
8 A pesar de que el actor haya indicado que presentó dos solicitudes, de la revisión del expediente
solo se advierte la radicación del memorial presentado el 19 de diciembre de 2024.
9 Solicitud enviada al correo electrónico de la autoridad judicial accionada, a saber:
jprmpalmnita@cendoj.ramajudicial.gov.co.
10 Unidad adscrita a la Policía Nacional.
11 Para fundamentar la decisión se tuvo en cuenta lo siguiente: Las únicas órdenes de arresto en
contra del señor Barrios Fuentes que aparecían en el sistema de la entidad habían sido
decretadas por los Juzgados Segundo y Quinto Penal Municipal de Buenaventura. No obstante,
dichas autoridades informaron de la inejecución de las sanciones impuestas. Por ende, se
confirmó que no existían órdenes de arresto vigentes en contra del actor.
12 Procesos identificados con los siguientes radicados: 66001-40-88-005-2023-00408-02, 66001-
40-88-007-2024-00067-00, y, 66001-40-03-009-2024-00850-00.
13 Proceso identificado con el número de radicado 18001-12-90-000-2024-00080-00.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Cristhian Camilo Barrios Fuentes
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04102-00
razones:
13. Primero, a la fecha de presentación de la acción de tutela, no ha recibido
respuesta alguna sobre la solicitud de inaplicación de la sanción dictada en su
contra, al interior del expediente de tutela identificado con el número de radicado
18410-40-89-001-2023-00026-00.
14. Segundo, a pesar de haber informado a las Direcciones Ejecutivas
Seccionales de Administración Judicial de Pereira y Neiva de la imposibilidad
material que tiene para cumplir cualquier orden de tutela dirigida contra Asmet
Salud S.A.14, los cierto es que los procesos de cobro coactivo continuaron
tramitándose.
15. Finalmente, el actor considera que se le debe ordenar a todas las
autoridades judiciales que levanten las sanciones que le fueron impuestas
mientras ostentaba la calidad de vicepresidente nacional de Asmet Salud E.P.S.,
pues ya no es empleado de la entidad y está imposibilitado para cumplir las
órdenes de tutela en las que fue vinculado.
1.4. Intervenciones
16. Consejo Superior de la Judicatura. Adujo que carece de legitimación en
la causa por pasiva y, por ende, pidió su desvinculación del presente trámite.
Afirmó que, no es responsable de las acciones u omisiones de las Direcciones
Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial y que el actor no acreditó
haber radicado alguna petición en los canales de la autoridad.
17. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva.
Consideró que: (i) no vulneró los derechos fundamentales del actor; (ii) la acción
de tutela es improcedente respecto de los reproches contra el proceso de cobro
coactivo, y (iii) carece de legitimación en la causa por pasiva.
18. Expuso que mediante el Oficio CAFLGCC25-1165 del 13 de mayo de
2025, le explicó al actor que no pueden terminar el proceso de cobro coactivo sin
una orden judicial que inaplique la sanción que dio origen al trámite.
19. Igualmente, sostuvo que la acción de tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad debido a que el actor puede: (i) presentar excepciones y recursos
dentro del trámite de cobro coactivo y, (ii) solicitar la inaplicación de la sanción
interpuesta en su contra, ante el despacho judicial que la ordenó. Por último,
adujo que carece de legitimación en la causa por pasiva, ya que no es
competente para levantar las sanciones en contra del accionante.
20. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira.
Puso de presente la existencia de tres procesos de cobro coactivo en contra del
14 Esto, en razón a que el accionante ya no hace parte de la entidad.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Cristhian Camilo Barrios Fuentes
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04102-00
accionante, frente a los cuales no tiene la facultad de darlos por terminados sin
la existencia de una orden judicial. En ese sentido, sostuvo que no ha vulnerado
los derechos fundamentales del accionante y, en consecuencia, solicitó la
desvinculación de la acción constitucional.
21. Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Tuluá. Se limitó a realizar
un recuento de las actuaciones judiciales surtidas dentro del expediente de tutela
con radicado 76834-31-84-002-2025-00039-00. Adicionalmente, solicitó su
desvinculación por no haber transgredido las garantías constitucionales de la
parte actora.
22. Juzgado Primero Promiscuo Municipal de La Montañita (Caquetá)15.
No se pronunció respecto de las pretensiones de la solicitud de amparo,
únicamente remitió los expedientes de tutela en los que figura como accionado
el señor Cristhian Camilo Barrios Fuentes16.
II. CONSIDERACIONES
23. La Sala amparará el derecho fundamental al debido proceso de la parte
actora, debido a que el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de La Montañita
(Caquetá) incurrió en mora judicial injustificada; y, respecto de las demás
pretensiones, declarará la improcedencia de la acción de tutela. Para ello, se
analizarán los siguientes temas: (i) el cumplimiento de los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela; y (ii) la configuración de la mora judicial
injustificada.
2.1. Caso concreto
2.1.1. La solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela
24. De acuerdo con lo previsto en el Decreto 2591 de 1991 y el desarrollo
jurisprudencial de la Corte Constitucional, son requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela: i) la legitimación en la causa de las partes, ii)
la subsidiariedad y, iii la inmediatez). El cumplimiento de estos requisitos de
procedencia es una condición para que el juez de tutela pueda emitir una decisión
de fondo17.
25. Esta Sección considera que la solicitud de amparo cumple parcialmente
con los requisitos de procedencia, como pasa a exponerse.
15 Por medio del auto de 24 de julio de 2025 (Índice 13 Samai), se requirió a esta autoridad judicial,
para que allegara el expediente del cual se predica la mora judicial injustificada.
16 Expedientes de tutela identificados con los siguientes radicados: 18410-40-89-001-2023-
00026-00 (del cual se predica la mora judicial del accionante) y 18410-40-89-001-2024-00011-
00.
17 Ver, entre otras, sentencias T-183 de 2024, T-309 de 2023 y T-099 de 2021.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Cristhian Camilo Barrios Fuentes
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04102-00
26. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).
27. La Sala advierte que el señor Cristhian Camilo Barrios Fuentes está
legitimado en la causa por activa, porque: (i) fue sancionado dentro del proceso
de tutela identificado con el radicado 18410-40-89-001-2023-00026-00, cuya
mora judicial se predica por esta vía; y (ii) conforma la parte ejecutada al interior
de los procesos de cobro coactivo aludidos con anterioridad (ver numeral 10 de
la presente providencia).
28. Por otro lado, se evidencia que las siguientes autoridades están
legitimadas en la causa por pasiva:
29. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de La Montañita (Caquetá),
por ser la autoridad que actualmente tiene bajo su conocimiento el trámite de
tutela referido18.
30. Las Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial
de Pereira y de Neiva, por ser las autoridades que adelantan los procesos de
cobro coactivo en contra del señor Barrios Fuentes19. En ese orden, no se
accederá a la desvinculación solicitada.
31. Ahora bien, la Sala negará las solicitudes de desvinculación presentadas
por el Consejo Superior de la Judicatura y el Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Tuluá, por las siguientes razones:
32. Si bien el Consejo Superior de la Judicatura carece de legitimación en
la causa por pasiva dado que accionante no predica de esta autoridad
vulneración alguna, esta colegiatura considera que podría estar interesado en las
resultas de este trámite. Por ende, se tendrá como tercero con interés, teniendo
en cuenta que es el superior jerárquico de las Direcciones Ejecutivas Seccionales
de Administración Judicial.
33. Por otro lado, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Tuluá
adujo que no está legitimado en la causa por pasiva y, por ende, debe ser
desvinculado. Al respecto, la Sala negará dicha solicitud, debido a que fue
vinculado a esta acción de tutela en calidad de tercero con posible interés en las
resultas del proceso y no en calidad de accionado.
34. Inmediatez. La Corte Constitucional ha señalado reiteradamente que la
18 Identificada con el radicado número 18410-40-89-001-2023-00026-00.
19 Procesos identificados con los siguientes radicados: 66001-40-88-005-2023-00408-02, 66001-
40-88-007-2024-00067-00, 66001-40-03-009-2024-00850-00, y, 18001-12-90-000-2024-00080-
00.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Cristhian Camilo Barrios Fuentes
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04102-00
acción de tutela debe interponerse en un tiempo oportuno y justo, a partir del
momento en el que ocurre la situación que presuntamente vulnera o amenaza el
derecho fundamental20.
35. Se acredita el requisito de inmediatez, pues, a la fecha de la interposición
de la solicitud de amparo, se sigue presentando la presunta afectación del
derecho fundamental alegado por el actor. Esto, partiendo de que no hay
constancia de que el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de La Montañita
haya tramitado la solicitud de inaplicación de la sanción presentada por el actor
el 19 de diciembre de 2024.
36. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de
defensa. En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado que
la acción de tutela solo procede en dos casos excepcionales 21: i) como
mecanismo de protección definitivo, si el afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial idóneo22 y eficaz23; y, ii) como mecanismo de protección
transitoria.
37. La Sección considera que se cumplió este presupuesto respecto de la falta
de trámite del memorial presentado el 19 de diciembre de 2024 ante el Juzgado
Primero Promiscuo Municipal de La Montañita, dado que la parte actora no
cuenta con otros medios judiciales para solicitar la inaplicación de la sanción
impuesta dentro del trámite de tutela identificado con el radicado 18410-40-89-
001-2023-00026-00.
38. No obstante, frente a las pretensiones dirigidas a que se den por
terminados los procesos de cobro coactivo y, a que se ordene a todas las
autoridades judiciales que levanten las sanciones en su contra, esta Sala no
encuentra acreditado el requisito objeto de estudio.
39. En primer lugar, el actor tiene la oportunidad de ejercer su derecho de
defensa dentro de los procesos de cobro coactivo en su contra y, en cualquier
caso, se recuerda que los pronunciamientos de las autoridades que conocen ese
tipo de trámites pueden ser demandados ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, en la medida en que se constituyan como actos administrativos
definitivos susceptibles de control judicial24. Por lo anterior, el accionante tiene a
su alcance el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contenido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, contra las decisiones que
20 Ver, entre otras, sentencias T-834 de 2005, T-887 de 2009 y T-427 de 2019.
21 Sentencia T-183 de 2024.
22 De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para
producir el efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de
2019.
23 La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial está
diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.
24 Al respecto, ver sentencia T-588 de 2023.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Cristhian Camilo Barrios Fuentes
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04102-00
tomen las Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial.
40. En segundo lugar, el accionante cuenta con la posibilidad de presentar,
ante cada uno de los despachos judiciales que conocieron de incidentes de
desacato en contra de Asmet Salud E.P.S., la solicitud de inaplicación de las
sanciones que le impusieron.
41. Por lo anterior, se concluye que la presente acción de tutela es
parcialmente procedente.
2.1.2. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de La Montañita incurrió en
mora judicial injustificada
42. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial
puede llegar a vulnerar los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, en los casos que: «(i) se presenta un
incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna
actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora,
como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es
imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una
autoridad judicial»25.
43. En ese orden, la Sala considera que el Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de La Montañita incurrió en mora judicial injustificada ante la falta de
trámite de la solicitud de inaplicación de la sanción presentada por el actor, al
interior del proceso de tutela identificado con el número de radicado 18410-40-
89-001-2023-00026-00.
44. De la revisión del expediente, se tiene que el 19 de diciembre de 2024 el
señor Cristhian Camilo Barrios Fuentes radicó26 al correo electrónico del juzgado
accionado27, un memorial, mediante el cual, ponía de presente su imposibilidad
material de cumplir con la orden de tutela dirigida a Asmet Salud E.P.S., a saber:
25 Ver las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-183 de 2024, T-420 de 2022 y SU-
179 de 2021.
26 Desde su dirección electrónica personal. Se destaca lo anterior, debido a que el señor Barrios
fuentes cuando inicialmente acudió al trámite, lo notificaban al siguiente correo electrónico:
27 Al revisar el expediente de tutela con radicado 18410-40-89-001-2023-00026-00, la Sala
evidencia que los memoriales o incluso la solicitud de apertura del incidente de desacato, se
radicaron al correo jprmpalmnita@cendoj.ramajudicial.gov.co.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Cristhian Camilo Barrios Fuentes
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04102-00
45. Ahora bien, del informe rendido por la autoridad judicial accionada28, se
advierte que, al interior del expediente de tutela con radicado 18410-40-89-001-
2023-00026-00, no se ha adelantado ninguna actuación judicial tendiente a
resolver la solicitud de inaplicación de la sanción presentada por el señor Barrios
Fuentes. De hecho, ni siquiera hay registro de que el memorial allegado haya
ingresado al despacho para lo de su competencia.
46. Así las cosas, por la situación expuesta, para la Sala no resulta razonable
el plazo que ha transcurrido desde la fecha de la presentación de la solicitud29
sin que haya siquiera ingresado al despacho el memorial radicado por el actor.
47. Por otro lado, a pesar de que el accionante en la solicitud de amparo
consideró vulnerado su derecho fundamental de petición ante la falta del trámite
mencionado, la Sala evidencia que la solicitud de inaplicación de la sanción fue
presentada en el marco de un proceso judicial. Por ende, dicha petición no hace
parte del régimen establecido en la Ley 1755 de 2015.
48. En este orden, la Sala amparará los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia del señor Cristhian Camilo
Barrios Fuentes. Lo anterior, ante la mora judicial injustificada en la que incurrió
la autoridad judicial accionada, dado a la falta de trámite a la solicitud de
inaplicación de la sanción allegada por el actor el 19 de diciembre de 2024.
49. En virtud de ello, se ordenará al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de
La Montañita que, en el término perentorio de 10 días siguientes a la notificación
de esta providencia, dé trámite a la solicitud radicada por el señor Cristhian
Camilo Barrios Fuentes el 15 de julio de 2024, al interior de la acción de tutela
identificada con el radicado 18410-40-89-001-2023-00026-00, y, lleve a cabo la
actuación judicial que en derecho haya lugar.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
28 Ver índice 18 de Samai.
29 19 de diciembre de 2024.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Cristhian Camilo Barrios Fuentes
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04102-00
III. FALLA
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia del señor Cristhian Camilo Barrios Fuentes.
SEGUNDO: En virtud de lo anterior, ORDENAR al Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de La Montañita (Caquetá) que, en el término perentorio de 10 días
siguientes a la notificación de esta providencia, dé trámite a la solicitud radicada
por el señor Cristhian Camilo Barrios Fuentes el 15 de julio de 2024, al interior de
la acción de tutela identificada con el radicado 18410-40-89-001-2023-00026-00,
y, lleve a cabo las actuaciones judiciales que en derecho haya lugar.
TERCERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA la acción de tutela respecto de
las pretensiones dirigidas a que se den por terminados los procesos de cobro
coactivo, y, a que se ordene a todas las autoridades judiciales que levanten las
sanciones en su contra, debido a que no superaron el requisito de subsidiariedad.
CUARTO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Consejo
Superior de la Judicatura, las Direcciones Ejecutivas Seccionales de
Administración Judicial de Pereira y de Neiva, y, el Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Tuluá.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
SEXTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Ausente con permiso
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Cristhian Camilo Barrios Fuentes
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04102-00
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.