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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04413-00

Fecha
14 de agosto de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04413-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO en la acción de tutela promovida por el señor Juan Manuel Torres Garavito. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04413-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

14 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Paipa, catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04413-00
Accionante: JUAN MANUEL TORRES GARAVITO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR

Tema: Mora judicial — declara carencia actual de objeto por hecho
superado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo del Cesar. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.

Por auto del 18 de julio de 20252, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El señor Juan Manuel Torres Garavito, actuando en nombre propio,
instauró acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Cesar3. Con
la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.

2. La anterior transgresión se la adjudica a la presunta mora injustificada en
la que habría incurrido la autoridad judicial accionada en proferir la sentencia de
segunda instancia al interior del proceso ejecutivo identificado con el radicado
20001-33-33-001-2011-00033-00/01.

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionado al
Tribunal Administrativo del Cesar. Asimismo, se dispuso la vinculación de: (i) el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar; y (ii) la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.
3 La demanda fue radicada el 15 de julio de 2025.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Accionante: Cristhian Camilo Barrios Fuentes
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04102-00

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Que se protejan y amparen mis derechos fundamentales del debido
proceso, la igualdad, acceso eficiente a la justicia y la reparación de daños.
Estos derechos están siendo violados por el Tribunal Administrativo de
Valledupar, su Secretaría General y la Magistrada DORIS PINZON
AMADO, por la tardanza injustificada y excesiva en resolver el recurso de
apelación contra el auto que ordenó seguir adelante con la ejecución de la
sentencia.
2. Por esa misma razón solicito que se ORDENE a las autoridades
entuteladas a que de manera INMEDIATA procedan a: resolver la solicitud
de prelación de fallo presentada por mi abogado y seguidamente a resolver
el recurso de apelación presentado por MAPFRE SEGUROS GENERALES
DE COLOMBIA S.A en contra del auto que ordenó seguir adelante con la
ejecución de la sentencia.
3. Ordene a las autoridades judiciales que conocen mi caso a que en
adelante resuelvan las actuaciones de manera prioritaria y sin demoras que
sigan afectando mis derechos fundamentales.
4. Todas las demás ordenes que los honorables magistrados crean que son
necesarias y procedentes para la defensa de mis derechos.4

1.2. Hechos

La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la referencia,
de la siguiente manera:

4. El 20 de enero de 2011, el señor Juan Manuel Torres Garavito y su
grupo familiar promovieron demanda de reparación directa en contra de
Electricaribe E.S.P. S.A., de Energía Social E.S.P. y del municipio Pueblo Bello
(Cesar), con el fin de que se declararan responsables por las heridas que sufrió
el accionante a causa de unos cables de electricidad5.

5. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo
de Descongestión del Circuito Judicial de Valledupar, que mediante el fallo del
29 de mayo de 2015 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda6.

6. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Cesar modificó
parcialmente la sentencia referida anteriormente en el sentido de condenar a
Electricaribe E.S.P. S.A., a Energía Social E.S.P. y a Mapfre Seguros
Generales de Colombia, al pago de los perjuicios que sufrió el actor.

7. Debido a que las entidades mencionadas no habían acatado el fallo
declarativo, la parte actora adelantó el proceso ejecutivo correspondiente que
se identificó con el número de radicado 20001-33-33-001-2011-00033-00/01.
Por medio del auto del 8 de agosto de 2019, el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito Judicial de Valledupar libró mandamiento ejecutivo únicamente en

4 Transcripción literal del escrito de tutela.
5 Propiedad de Electricaribe E.S.P. S.A.
6 El juzgado condenó únicamente a Electricaribe E.S.P. S.A. al pago de los perjuicios
ocasionados al demandante. En ese orden, excluyó al municipio de Pueblo Bello, a Energía
Social E.S.P. y a Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.S.

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contra de Mapfre Seguros Generales de Colombia.

8. A través de la sentencia del 26 de enero de 2021, el juzgado referido
estimó que la excepción planteada por la demandada no prosperó y, por ende,
ordenó seguir adelante con la ejecución del respectivo crédito. Dicha decisión
fue apelada por la sociedad aseguradora.

9. Mientras el proceso se encontraba a cargo del Tribunal Administrativo del
Cesar, la magistrada ponente advirtió que estaba pendiente de resolver una
solicitud de desembargo propuesta por Electricaribe E.S.P. S.A. Por ende, el 12
de mayo de 2022, le devolvió el expediente al juez de primera instancia, el cual,
resolvió la solicitud y remitió nuevamente el proceso al tribunal, el 9 de junio del
mismo año.

10. El 22 de agosto de 2024, el apoderado judicial del actor en el proceso
ejecutivo, presentó ante el Tribunal Administrativo del Cesar una solicitud de
prelación de fallo, la cual, fue remitida al despacho de origen por la secretaría
de la corporación, al estimar que era la autoridad judicial que tenía a cargo el
proceso ejecutivo.

11. No obstante, mediante memorial allegado el 9 de octubre de 2024, el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar aclaró que
ya había remitido el trámite al tribunal desde el 9 de junio de 2022. Tras revisar
el correo electrónico, la Secretaría del tribunal accionado advirtió que hubo una
omisión al gestionar el ingreso del proceso y, en consecuencia, el 16 de octubre
de 2024 el expediente pasó al despacho.

12. En ese orden, la autoridad judicial accionada admitió el recurso de
apelación propuesto por Mapfre Seguros Generales de Colombia, por medio del
auto del 22 de octubre de 2024.

1.3. Sustento de la vulneración

13. La parte actora estimó que el Tribunal Administrativo del Cesar vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia, en virtud de la presunta mora judicial injustificada en
resolver la solicitud de prelación de fallo y el recurso de apelación interpuesto
contra la decisión que ordenó seguir adelante con la ejecución.

14. Lo anterior, teniendo en cuenta que a la fecha de la presentación de la
tutela la autoridad judicial accionada no ha dictado sentencia, pese a que han
transcurrido más de tres años desde que se dictó la decisión de primera
instancia.

1.4. Intervenciones

15. Tribunal Administrativo del Cesar. Solicitó que se declarara la

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improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto, la carencia actual de
objeto por hecho superado. Puso de presente que el tribunal está
congestionado judicialmente, debido a la carga excesiva de expedientes que
tienen a cargo, situación que, ha derivado en que el proceso haya tenido las
vicisitudes que el accionante puso de presente.

16. Pese a dicha circunstancia, indicó que el 24 de julio de 2025 profirió
sentencia de segunda instancia dentro del proceso objeto de estudio.

17. Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar.
Se limitó a remitir el expediente solicitado.

II. CONSIDERACIONES

La Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado de la
solicitud de amparo de la referencia. Para ello demostrará que: (i) se cumplen
con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela; y (ii) la
superación de la presunta mora judicial que padeció el actor.

2.1. Caso concreto

2.1.1. La solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela

18. De acuerdo con lo previsto en el Decreto 2591 de 1991 y el desarrollo
jurisprudencial de la Corte Constitucional, son requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela: i) la legitimación en la causa de las partes, ii)
la subsidiariedad y, iii la inmediatez). El cumplimiento de estos requisitos de
procedencia es una condición para que el juez de tutela pueda emitir una
decisión de fondo7.

19. Esta Sección considera que la solicitud de amparo cumple con todos los
requisitos de procedencia, como pasa a exponerse.

20. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

21. Con fundamento en lo anterior, la Sala advierte que el señor Juan
Manuel Torres Garavito conforma el extremo demandante del proceso ejecutivo
identificado con el radicado 20001-33-33-001-2011-00033-00/01, cuya presunta
mora judicial se predica por esta vía. Por ende, goza de legitimación en la
causa por activa.

7 Ver, entre otras, sentencias T-183 de 2024, T-309 de 2023 y T-099 de 2021

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22. De otro lado, la Sala evidencia que Tribunal Administrativo del Cesar se
encuentra legitimado en la causa por pasiva. Lo anterior, por ser la autoridad
que actualmente tiene bajo su conocimiento el trámite objeto de la litis.

23. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de
defensa. En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado
que la acción de tutela solo procede en dos casos excepcionales 8: i) como
mecanismo de protección definitivo, si el afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial idóneo9 y eficaz10; y, ii) como mecanismo de protección
transitoria.

24. La Sección estima que se cumple con este requisito, pues la parte actora
no cuenta con otros mecanismos judiciales para atribuirle la presunta mora
judicial al tribunal accionado.

25. Inmediatez. La Corte Constitucional ha señalado reiteradamente que la
acción de tutela debe interponerse en un tiempo oportuno y justo, a partir del
momento en el que ocurre la situación que ocurre la situación que
presuntamente vulnera o amenaza el derecho fundamental11.

26. El actor cumplió con dicho presupuesto, dado a que la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales deviene de una situación actual,
pues el Tribunal Administrativo del César no había proferido ninguna actuación
judicial en el trámite de segunda instancia.

2.1.2. En el caso objeto de estudio operó la carencia actual de objeto por
hecho superado.

27. La Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado,
debido a que lo pretendido en la solicitud de amparo fue resuelto en el
transcurso del presente trámite constitucional, comoquiera que se profirió la
sentencia de segunda instancia y la misma fue debidamente notificada a la
parte actora.

28. Como se ha expuesto, el accionante adjudicó la vulneración de sus
garantías constitucionales al Tribunal Administrativo del Cesar ante la presunta
mora judicial injustificada, dentro del proceso ejecutivo identificado con el
número de radicado 20001-33-33-001-2011-00033-00/01. Esto, teniendo en
cuenta que a la fecha de la presentación de la tutela la autoridad judicial

8 Sentencia T-183 de 2024.
9 De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para
producir el efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de
2019.
10 La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial

está diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.
11 Ver, entre otras, sentencias T-834 de 2005, T-887 de 2009 y T-427 de 2019.

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accionada no ha dictado sentencia, pese a que han transcurrido más de tres
años desde que se dictó la decisión de primera instancia.

29. Ahora bien, del informe presentado por la autoridad judicial accionada y
de la constatación de las actuaciones surtidas12, se tiene conocimiento que el
24 de julio de 2025, se dictó el fallo que resolvió el recurso de apelación
interpuesto por Mapfre Seguros Generales de Colombia13. En aquella decisión
se confirmó la providencia del 26 de enero de 2021 proferida por el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar.

30. En este punto, conviene recordar que existen eventos en los que la
amenaza al derecho fundamental desaparece en el trascurso de la acción de
tutela, por lo que el instrumento pierde efectividad y la intervención del juez
constitucional resulta inane. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado
que «el juez de tutela no ha sido concebido como un órgano consultivo que
emite conceptos o decisiones inocuas una vez ha dejado de existir el objeto
jurídico, sobre escenarios hipotéticos, consumados o ya superados».

31. Sobre el tema, cabe destacar la sentencia SU-522 de 2019, en la que se
precisó que, si luego de acudir a la autoridad judicial, «la situación ha sido
superada o resuelta de alguna forma», no tendría sentido un pronunciamiento,
puesto que «la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío», siendo
esta la «idea central que soporta el concepto de carencia actual de objeto».

32. Sobre la figura del hecho superado, el tribunal constitucional indicó en la
sentencia SU-225 de 2013, que «se configura cuando entre el momento de la
interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por
completo la pretensión contenida en la demanda de amparo. En otras palabras,
aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido
antes de que el mismo diera orden alguna».

33. Por tanto, para la Sala se configuró la carencia actual de objeto por
hecho superado, toda vez que desapareció la circunstancia que podía originar
algún quebranto de los derechos fundamentales de la parte tutelante. Así las
cosas, cualquier orden que se imparta por parte de esta Sección carecería de
sentido, pues la posible vulneración cesó debido a la actuación judicial
adelantada por el Tribunal Administrativo del Cesar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

12 Índice 20 del aplicativo Samai, proceso 20001-33-33-001-2011-00033-01.
13 Decisión notificada el 25 de julio de 2025. Ver: índice 22 del aplicativo Samai, proceso 20001-

33-33-001-2011-00033-01.

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III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO en la acción de tutela promovida por el señor Juan Manuel Torres
Garavito.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente
de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Ausente con permiso

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUIN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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