Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04142-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04142-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-04142-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
28 de agosto de 2025
Radicación: 11001 03 15 000 2025 04142 00
Demandante: Julieta Carvajal Gutiérrez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 04142 00
Demandante: JULIETA CARVAJAL GUTIÉRREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCION TERCERA, SUBSECCION B
Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia
de relevancia constitucional cuando el debate
planteado por el demandante pretende reabrir la
controversia ya resuelta por el juez natural.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Julieta
Carvajal Gutiérrez, por intermedio de apoderada, contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. La accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia, de defensa, a la igualdad y a la
“Reparación integral de las Víctimas”, que estima vulnerados con ocasión
de la sentencia del 8 de noviembre de 2024, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
revocó la providencia dictada el 19 de octubre de 2023 por el Juzgado 62
Administrativo de Bogotá y en su lugar accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda frente a unos de los demandantes y las negó
a los demás, dentro del proceso de reparación directa promovido contra
la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional1.
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Proceso que se identificó con el radicado 11001 33 43 062 2020 00220 02.
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Demandante: Julieta Carvajal Gutiérrez
1.2. En el referido medio de control, la accionante y otros2 solicitaron que
se declarara administrativa y extracontractualmente responsable a la
parte demandada por los perjuicios causados con ocasión de las lesiones
sufridas por el soldado profesional Daver Viera Vitonas al activarse una
mina antipersonal en medio de la operación ofensiva denominada
“Jenofonte”, adelantada por el Ejército Nacional el 3 de julio de 2018 en
la vereda El Playón del Municipio de Tumaco (Nariño).
1.3. La señora Julieta Carvajal Gutiérrez, prima de la víctima, informó que
la demanda ordinaria se fundamentó en que, días antes de los hechos, el
grupo de Explosivos y Demolición (EXDE) del Ejército había inspeccionado
la zona, encontrado y desactivado algunas minas antipersonales, pero con
las limitaciones propias del procedimiento y sin lograr garantizar la total
erradicación de dichos artefactos explosivos.
Asimismo, en la demanda se dijo que, a pesar de las advertencias de
varios soldados y pobladores locales sobre la existencia de minas en el
área, el comandante del cuarto pelotón de la Compañía B ordenó
establecer la base móvil en ese mismo lugar. Luego, cada uno de los
integrantes del pelotón, debido a la orden de acampar en el lugar, hicieron
una inspección personal con una vara para verificar el terreno, pero se
omitió el registro formal con el grupo EXDE, lo que incrementó el riesgo.
Allí también se alegó que la explosión de la mina causó graves lesiones al
soldado Daver Viera Vitonas, incluyendo la amputación de su pierna
derecha y daños en la mano derecha, además de un trastorno de
depresión reactiva, lo que, según la Junta Médico Laboral le ocasionó una
incapacidad laboral total del 98,59%.
2
Daver Viera Vitonas, Yeimmy David Sepúlveda, Aura Vitonas Canas, Dover Viera Carvajal, Claudia Patricia
Viera Vitonaz, Yolanda Viera Vitonas, Cristina Vitonás Canás, Robert Vitonas Canas, Jaider Alirio Vitonas Canas,
Leonor Paredes Carvajal, Ana Milena Paredes Carvajal, Xilena Beltrán Carvajal, Dover Ney Carvajal, Fernando
Campo Carvajal, Adriana Andrea Campo Silva, Julieta Carvajal Gutiérrez, Hilda María Carvajal, Margarita
Canas, Yolanda Carvajal, Jackeline Viera Vitonas en nombre de J.M.G.V., y Alidia Yule Boyocue en nombre de
F.J.V.Y. (La Sala estima pertinente suprimir la identidad de los menores de edad, como una medida de
protección de los derechos de los niños. Ver al respecto la sentencia T-566 de 2023 de la Corte Constitucional).
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Demandante: Julieta Carvajal Gutiérrez
1.4. La actora señaló que la demanda de reparación directa correspondió
al Juzgado 62 Administrativo de Bogotá, quien profirió sentencia el 19 de
octubre de 2023, mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda
con fundamento en que el soldado Daver Viera Vitonas, al ser militar
profesional, asumió voluntariamente los riesgos propios de su profesión,
entre ellos el de enfrentar minas antipersonales, y que, por lo tanto, no
se podía predicar responsabilidad extracontractual del Estado, dado que
la revisión del sitio por parte del EXDE se consideró suficiente para reducir
el riesgo a un nivel tolerable, y que la orden de acampar en la zona no
constituyó en sí una falla en el servicio.
1.5. Dijo que la parte demandante apeló la anterior decisión y, mediante
providencia del 8 de noviembre de 20243, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, consideró que el a quo
valoró de forma deficiente las pruebas, especialmente, al no tener en
cuenta el riesgo excepcional al que fue expuesto el soldado profesional
por la orden del comandante, la cual estaba demostrada mediante
testimonios, y las advertencias realizadas sobre la presencia de minas
antipersonal en el sitio. Entonces, concluyó que existió una falla en el
servicio causada por la imprudente orden de acampar en el área, lo que
devino en el daño antijurídico imputable al Estado.
Por lo anterior, revocó la decisión de primera instancia, y en su lugar
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda frente a algunos
de los demandantes4 y las denegó respecto de los demás5, entre estos, la
señora Julieta Carvajal Gutiérrez, al considerar que en el expediente no
obró prueba suficiente que acreditara su relación afectiva con el señor
Daver Viera Vitonas.
3
Notificada a las partes el 16 de diciembre de 2024.
4
Daver Viera Vitonas, Yeimmy David Sepúlveda, Aura Vitonas Canas, Dover Viera Carvajal, Claudia Patricia
Viera Vitonaz, Yolanda Viera Vitonas, Jackeline Viera Vitonas, Margarita Canas, Yolanda Carvajal, J.M.G.V.,
Cristina Vitonás Canás, Robert Vitonas Canas, Jaider Alirio Vitonas Canas, Leonor Paredes Carvajal, Ana Milena
Paredes Carvajal, Hilda María Carvajal, Dover Ney Carvajal y Fernando Campo Carvajal
5
Julieta Carvajal Gutiérrez, Xilena Beltrán Carvajal, Adriana Andrea Campo Silva, y Francy Johana Vitonas
Yule.
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1.6. La accionante alegó en la tutela que la decisión de segunda instancia
incurrió en defecto fáctico al omitir la adecuada valoración de las
pruebas testimoniales practicadas en el proceso. Señaló, en particular, las
declaraciones de Jairo Cárdenas Fernández y Jhony Fernando Guendica
Cárdenas, quienes, a su juicio, acreditaron la existencia de una relación
afectiva estrecha entre Daver Viera Vitonas sus tíos y primos, entre los
que se encuentra la actora, a quienes se les denegaron las pretensiones.
Todos, según alega, le brindaron apoyo y mantuvieron cercanía durante
su recuperación, como lo demostraban dichos testimonios, por lo que
tenían derecho al reconocimiento de la indemnización por el perjuicio
moral.
1.7. Con fundamento en lo expuesto, la parte actora formuló las
siguientes pretensiones6:
“PRIMERO: Que se Tutele los Derechos al Debido Proceso, Libre Acceso a la
Administración de Justicia, a la Defensa, a la Igualdad, al Reconocimiento y
Cumplimiento del Precedente Jurisprudencial, y otros, consagrados en la
Constitución Nacional, vulnerados por EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA – SECCION TERCERA – SUBSECCION B.
SEGUNDO: Que como consecuencia de la anterior declaración se REVOQUE la
Sentencia de Segunda Instancia proferida por EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA – SECCION TERCERA – SUBSECCION B, y se ORDENE al
TRIBUNAL que profiera una nueva sentencia en la que se acceda las condene a
la demandada a pagar perjuicios morales en cuanto a los tíos y primos del Señor
DAVER VIERA VITONÁS”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. Mediante auto del 8 de julio de 2025, el despacho admitió la tutela y
ordenó vincular en calidad de terceros con interés a la Nación, Ministerio de
Defensa, Ejército Nacional; el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá, y los
señores Daver Viera Vitonas, Yeimmy David Sepúlveda, Aura Vitonas
Canas, Dover Viera Carvajal, Claudia Patricia Viera Vitonaz, Yolanda Viera
Vitonas, Cristina Vitonás Canás, Robert Vitonas Canas, Jaider Alirio Vitonas
Canas, Leonor Paredes Carvajal, Ana Milena Paredes Carvajal, Xilena
Beltrán Carvajal, Dover Ney Carvajal, Fernando Campo Carvajal, Adriana
6
Se transcribe del texto original aun con posibles errores.
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Demandante: Julieta Carvajal Gutiérrez
Andrea Campo Silva, Hilda María Carvajal, Margarita Canas, Yolanda
Carvajal, Jackeline Viera Vitonas y Alidia Yule Boyocue, quienes
conformaron la parte demandante en el proceso de reparación directa.
2.2. El Juzgado 62 Administrativo de Bogotá en su informe hizo un
resumen de las actuaciones adelantadas dentro del proceso de reparación
directa y sostuvo que la solicitud de amparo no cumple con los requisitos
de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
Además, señaló que la accionante fundamentó la transgresión de sus
derechos fundamentales en actuaciones del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, y no de ese despacho. Por lo tanto, aseguró que no
vulneró los derechos invocados y, en consecuencia, solicitó su
desvinculación del trámite constitucional por carecer de legitimación en la
causa por pasiva.
2.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, accionado dentro de este trámite constitucional, y la
Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, y las personas
que integraron la parte demandante7, vinculados como terceros con
interés, guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
7
Ver 2.1. de esta providencia.
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3.2. HECHOS
3.2.1. La señora Julieta Carvajal Gutiérrez y otros8 interpusieron demanda
de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional, con la finalidad de obtener la indemnización de los perjuicios
causados con ocasión de las lesiones sufridas por el soldado profesional
Daver Viera Vitonas, como consecuencia de la explosión de una mina
antipersonal el 3 de julio de 2018, en zona rural del municipio de Tumaco.
3.2.2. El Juzgado 62 Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 19
de octubre de 2023, denegó las pretensiones de la demanda al considerar
que el soldado profesional asumió voluntariamente los riesgos propios del
servicio, y que no se logró acreditar la configuración de una falla en el
servicio.
3.2.3. La parte demandante apeló la anterior decisión y, mediante
providencia del 8 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, la revocó y en su lugar
accedió parcialmente a las pretensiones del libelo frente a unos de los
demandantes y las denegó respecto de otros, al considerar que no habían
acreditado tener una relación afectiva con la víctima directa.
3.3. ANÁLISIS DE LA SALA
3.3.1. De la legitimación en la causa por pasiva
La Sala estima que no es procedente acceder a la solicitud de
desvinculación del trámite tutelar formulada por el Juzgado 62
Administrativo de Bogotá, pues esa autoridad judicial conoció en primera
instancia el proceso que dio origen a la providencia debatida en esta
acción constitucional, razón por la cual las decisiones que resulten del
8
Ver nota al pie 2.
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presente trámite constitucional pueden incidir en el ejercicio de sus
funciones.
3.3.2. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
3.3.3. Frente al requisito general de relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al sintetizar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación9,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.
Más recientemente, con la sentencia SU-215 de 202210, la Corte
Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela
contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia
constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario
de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de
los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:
“En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para cumplir con el
9
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
10
M. P. Natalia Ángel Cabo.
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requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar de manera
razonable una restricción desproporcionada a los derechos mencionados”.
Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello
se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para el
efecto.
3.3.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional
En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales es que la cuestión que se discute
resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que
“el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una
cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes”.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
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transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la
sentencia SU–573 de 201911, el alto tribunal explicó que este requisito
persigue tres finalidades:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 12.
3.3.3.1.1. La instancia adicional
La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
11
M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022
12
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
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recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho13:
“Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir
asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, ‘la tutela
contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios’, pues la competencia del juez de tutela se
restringe ‘a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva
de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter
legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia dictada, en
particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la decisión se
fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de
acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás
jurisdicciones’, en estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios”.
En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.
Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo
dicho por la jurisprudencia citada, cabe destacar que en el fallo C-590 de
2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una
decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
13
Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
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y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].
Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.
3.3.4. Caso concreto
3.3.4.1. En el asunto bajo examen, la Sala recuerda que las
inconformidades planteadas por la parte accionante en la tutela consisten
en que, a su juicio, la sentencia del 8 de noviembre de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, que decidió en segunda instancia el proceso de reparación
directa, incurrió en defecto fáctico al no valorar de manera adecuada las
pruebas testimoniales, que a su juicio acreditaban el vínculo afectivo entre
ella y su primo, el señor Duver Viera Vitonas, quien como soldado
profesional resultó lesionado por una mina antipersonal, por lo que, según
alega, tenía derecho al reconocimiento de la indemnización por concepto
de daño moral.
En el contexto planteado es pertinente recordar que en algunos asuntos
de tutela en los que se cuestionaban providencias judiciales que habían
declarado la caducidad o denegado las pretensiones de demandas en las
que se reclamaba la responsabilidad del Estado por daños sufridos en el
marco del conflicto armado, más específicamente, por delitos de lesa
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humanidad, crímenes de guerra y, en general, graves violaciones al
Derecho Internacional Humanitario, la Sala ha considerado cumplida la
relevancia constitucional y ha procedido con el estudio de los demás
requisitos generales de procedibilidad14. Sin embargo, se advierte que el
debate propuesto en el sub lite no gira en torno a la configuración de la
responsabilidad del Estado por alguno de los referidos supuestos, sino a
la denegación de la reparación del daño moral a la accionante, por no
haberse encontrado acreditado el vínculo afectivo con la víctima directa.
Por lo tanto, sin lugar a efectuar consideraciones adicionales, la Sala
advierte simplemente que los argumentos expuestos por la parte
accionante constituyen la reiteración del debate que ya se agotó en el
proceso ordinario, valga reiterar, sobre la acreditación del derecho a
obtener la indemnización reclamada por concepto de daño moral, lo que
deja en claro que solo busca ventilar sus inconformidades frente a las
conclusiones a las que llegó el juez natural del asunto sobre el caso
planteado.
En efecto, la parte accionante se limitó a reprochar el análisis que el juez
de instancia efectuó sobre algunas de las pruebas testimoniales obrantes
en el expediente, resultando evidente que la solicitud de amparo se
interpuso simplemente para obtener una opinión diversa a la decisión que
ya emitió la jurisdicción de lo contencioso administrativo, finalidad para
la que es improcedente este medio de protección excepcional.
A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate sobre
las pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante
y demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que aquél tiene. Por lo
14
Sentencia del 8 de junio de 2023, consejero ponente: Oswaldo Giraldo López, radicación: 11001 03 15 000
2023 01878 00, y sentencia del 30 de mayo de 2024, del mismo ponente, radicación: 11001 03 15 000 2024
00954 01.
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tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes o aplicando la normativa vigente para el caso, simplemente está
ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución y
la ley, en el ámbito de sus competencias, y cualquier desconocimiento
que a tales atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría
claramente un pronunciamiento por fuera de las competencias que le
corresponden, utilizando además el trámite de una acción que no ha sido
diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
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Demandante: Julieta Carvajal Gutiérrez
debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida.
Pero es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se
examina, pues la parte actora no alega que el juez se haya desviado de
los hechos o el derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a
controvertir la interpretación que la autoridad judicial realizó respecto del
asunto, como si este mecanismo pudiera emplearse como una instancia
adicional.
Siendo así, es evidente que la presente acción de tutela carece de
relevancia constitucional en relación con el tercero de los presupuestos
estudiados, razón por la cual resulta completamente innecesario el
estudio sobre el posible cumplimiento de los restantes requisitos
generales de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales.
3.3.5. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará improcedente la
presente acción de tutela, al constatar la ausencia del requisito de
relevancia constitucional respecto de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR no probada la falta de legitimación en la causa
por pasiva alegada por el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá.
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SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por Julieta Carvajal Gutiérrez, contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.
TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, si esta decisión no es impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CORDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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