Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01878-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01878-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01878-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
8 de junio de 2023
Radicación: 11001 03 15 000 2023 01878 00
Accionante: Yasmiris Judith Avilez de Rodríguez y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 01878 00
Accionantes: YASMIRIS JUDITH AVILEZ DE RODRÍGUEZ Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, SALA SEGUNDA
DE DECISIÓN
Tesis: No incurre en violación de derechos fundamentales la
sentencia que declara probada la caducidad del medio de
control de reparación directa en aplicación del precedente
que se profirió con posterioridad a la interposición de la
demanda ordinaria.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Yasmiris Judith Avilez
de Rodríguez y otros contra el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala
Segunda de Decisión.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. Los señores Yasmiris Judith Avilez de Rodríguez, César Emilio
Rodríguez Avilez, Wilmer Alberto Rodríguez Avilez, Cristian Rafael
Rodríguez Avilez y Erika Paola Rodríguez Avilez solicitaron el amparo de
sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia y a la reparación integral, que estimaron
vulnerados con ocasión de la sentencia de noviembre 23 de 2022 dictada
por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión, que
confirmó el fallo del 17 de noviembre de 2021, proferido por el Juzgado
Cuarto Administrativo de Sincelejo, que declaró probada la caducidad del
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medio de control de reparación directa promovida contra la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional1.
1.2. Como hechos que antecedieron a la acción de tutela los demandantes
manifestaron que, contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional, presentaron demanda de reparación directa con el fin de
obtener la indemnización de los perjuicios ocasionados por la muerte del
señor Rodrigo Antonio Avilez Salgado, que tuvo lugar durante un supuesto
combate con las Fuerzas Militares, aunque en realidad se trató de uno de
los crímenes conocidos como “falsos positivos”, es decir, de un crimen de
lesa humanidad.
Dijeron que, mediante sentencia del 17 de noviembre de 2021, el Juzgado
4º Administrativo de Sincelejo declaró la caducidad del medio de control,
en aplicación del precedente de unificación fijado por la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado en el fallo del 29 de enero de 2020.
Los demandantes manifestaron que, contra la anterior providencia,
interpusieron el recurso de apelación, en el que resaltaron que el daño
reclamado constituía un delito de lesa humanidad, por lo que no había
lugar a declarar configurada la caducidad del medio de control.
Señalaron que el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de
Decisión, mediante sentencia del 23 de noviembre de 2022, confirmó el
fallo recurrido, con fundamento en el criterio fijado por la Sala Plena de
la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia del 29 de enero
de 2020, en la que se unificó la jurisprudencia en relación con la caducidad
de las demandas originadas en delitos de lesa humanidad y crímenes de
guerra, y sostuvo que en esos casos el término correspondiente empieza
a correr cuando se superen las situaciones que puedan impedir el ejercicio
del derecho de acción.
1.3. Alegaron que en el asunto bajo examen se presentó una irregularidad
procesal que tiene un efecto determinante en la sentencia objeto de
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Proceso que se identificó con el radicado 70001-33-33-004-2019-00357-01.
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tutela, pues el tribunal aplicó con efectos retrospectivos el precedente
jurisprudencial fijado en la sentencia del 29 de enero de 2020, sin tener
en cuenta que en el año 2019, cuando se interpuso la demanda, la
jurisprudencia señalaba que no había lugar a declarar la caducidad en
casos de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, razón por la
cual en ese momento la argumentación de la parte actora se centró
precisamente en demostrar que el daño reclamado correspondía a una de
tales circunstancias, y no a cumplir los parámetros que luego estableció
el fallo de unificación.
Además, la sentencia del 29 de enero de 2020 no dijo nada sobre sus
efectos temporales, silencio que puede interpretarse de las siguientes
maneras: (i) que la decisión solo aplica a los procesos iniciados con
posterioridad a su expedición, es decir, que tiene efectos prospectivos, o
(ii) que aplica desde el momento en el que fue proferida a los casos que
se encontraban en curso y a los iniciados luego de su expedición, lo que
significa que tiene efectos retrospectivos.
En la última interpretación referenciada, que fue la que acogió el fallo de
noviembre 23 de 2022, los efectos de la decisión resultan nocivos e
injustos, porque sorprenden a quienes venían siguiendo los lineamientos
jurisprudenciales antes vigentes, situación que implica desconocimiento
de los principios de confianza legítima y seguridad jurídica.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. El magistrado del Tribunal Administrativo de Sucre, Sala
Segunda de Decisión, ponente de la providencia cuestionada, manifestó
que ésta se basó en el criterio expuesto por la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 29 de
enero de 2020 y por la Corte Constitucional en la sentencia SU-312 de
2020, las cuales señalaron que, de acuerdo con criterios de
constitucionalidad y convencionalidad, cuando se reclama la
responsabilidad administrativa por hechos derivados de delitos de lesa
humanidad y crímenes de guerra, el término de la caducidad debe
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computarse desde el momento en el que las víctimas tienen los medios
suficientes para inferir que el Estado tuvo participación en la producción
del daño, y que ese plazo no se computa mientras subsistan situaciones
especiales que impidan presentar la demanda.
Señaló que, en el caso concreto, los demandantes tuvieron conocimiento
de la muerte del señor Avilez Salgado desde el momento de su ocurrencia,
lo que acaeció en el mes de febrero de 2008, por lo que la caducidad se
extendió hasta febrero de 2010. Además, mediante sentencia de 22 de
mayo de 2012, se condenó penalmente al miembro de las Fuerzas
Militares Iván Darío Contreras Pérez como responsable por tales hechos,
de manera que en esa fecha los accionantes confirmaron la participación
del Estado en el daño y, en consecuencia, en 2019, cuando presentaron
la demanda, ya había operado la caducidad del medio de control.
2.2. La coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional del Ministerio
de Defensa – Ejercito Nacional alegó que en este caso sí se produjo la
caducidad del medio de control de reparación directa porque el registro
de defunción del señor Avilez Salgado señala que la muerte se produjo el
23 de julio de 2008, y porque el Juzgado Penal del Circuito Especializado
de Sincelejo, mediante decisión de mayo 22 de 2012, declaró la
responsabilidad de agentes de la fuerza pública por tales hechos.
Señaló que, al llegar el momento de decidir el asunto en segunda
instancia, ya se había proferido la sentencia de unificación de fecha 29 de
enero de 2020 y ésta ya era de obligatorio cumplimiento para el tribunal
demandado, máxime cuando, de acuerdo con la jurisprudencia del
Consejo de Estado, las variaciones jurisprudenciales deben aplicarse de
forma general e inmediata.
Sostuvo que en el Estatuto de Roma existen delitos de lesa humanidad
que se consideran imprescriptibles, pero que esa premisa no puede ser
aplicada de forma automática en el ordenamiento jurídico interno, pues
ni la Constitución Política ni el Código Penal establecen delitos que sean
absolutamente imprescriptibles. Además, precisó que la Corte
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Constitucional ha señalado que no todo el contenido del Estatuto de Roma
pertenece al bloque de constitucionalidad.
Arguyó que los cargos invocados por la parte actora contra la decisión
controvertida equivalen a una tutela contra una sentencia de unificación,
lo cual es improcedente.
2.3. El Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
3.2. HECHOS
3.2.1. Los señores Yasmiris Judith Avilez de Rodríguez, Cesar Emilio
Rodríguez Avilez, Wilmer Alberto Rodríguez Avilez, Cristian Rafael
Rodríguez Avilez y Erika Paola Rodríguez Avilez presentaron demanda de
reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional, con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios
ocasionados por la muerte del señor Rodrigo Antonio Avilez Salgado, que,
según relataron, tuvo lugar el 8 de enero de 2008, en zona rural del
municipio de Corozal (Sucre) a manos de miembros de las Fuerzas
Militares, en un supuesto combate que se habría producido en ejecución
de la operación Escorpión, al cabo del cual la víctima fue presentada como
guerrillero muerto en combate.
En la demanda ordinaria, la parte actora alegó que en la investigación
penal se demostró que el señor Avilez Salgado había sido víctima de uno
de los crímenes conocidos como “falsos positivos”, pues la prueba pericial
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encontró que, pese a que en el lugar en el que yacía el cuerpo había dos
(2) armas de fuego y munición, la trayectoria de los proyectiles no
coincidía con la posición desde la cual los uniformados afirmaron haber
disparado. En tal sentido, advirtieron que, por tales hechos, fue
condenado penalmente el señor Iván Darío Contreras Pérez por el punible
de homicidio agravado en calidad de coautor, en concurso heterogéneo
con el delito de concierto para delinquir agravado.
Con fundamento en lo anterior, dijeron que los hechos objeto de la
demanda constituían un delito de lesa humanidad, por lo que, de acuerdo
con la jurisprudencia del Consejo de Estado, no había lugar a declarar la
caducidad del medio de control.
3.2.2. Mediante sentencia del 17 de noviembre de 2021, el Juzgado
Cuarto Administrativo de Sincelejo declaró probada la caducidad del
medio de control, teniendo en cuenta que el fallecimiento del señor Avilez
Salgado se produjo el 23 de julio de 20082 y que la solicitud de conciliación
extrajudicial solo se presentó hasta el 20 de junio de 2019. Para llegar a
la anterior conclusión, aplicó el precedente de unificación fijado por la Sala
Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el fallo del 29 de
enero de 2020.
3.2.3. Los demandantes apelaron la anterior decisión y reiteraron que el
daño reclamado se derivaba de la comisión de un delito de lesa
humanidad y una grave violación del Derecho Internacional Humanitario
(DIH), por lo que no había lugar a declarar la caducidad. Además,
señalaron que, como consecuencia de los hechos denunciados, ellos
sufrieron desplazamiento forzado, lo cual “pudo haber impedido
materialmente el ejercicio del derecho de acción”.
3.2.4. El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión,
mediante sentencia del 23 de noviembre de 2022, confirmó la providencia
2
No obstante, en la demanda de reparación directa se dijo que la muerte se había producido el 8 de enero de
2008, y en la sentencia de segunda instancia del 23 de noviembre de 2022 que puso fin a este proceso se dijo
que, de acuerdo con el registro civil de defunción, esta había tenido lugar en el mes de febrero de 2008.
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recurrida, con fundamento en el precedente de unificación fijado por la
Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el fallo del 29
de enero de 2020 y por la Corte Constitucional en la sentencia de
unificación SU-312 de 2020, que señalaron que el término de la caducidad
de las demandas en las que se reclama la responsabilidad por hechos
relacionados con delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra empieza
a correr cuando se tiene conocimiento de la participación del Estado en
los hechos y se encuentran superadas las situaciones que puedan impedir
el ejercicio del derecho de acción.
Con base en lo anterior, adujo que los demandantes tuvieron
conocimiento de que la víctima había muerto por acción de las Fuerzas
Militares desde el día en que se produjo su deceso, por lo que, a partir de
ese mismo momento, podían acudir a la administración de justicia
mediante la demanda de reparación directa.
3.2.5. La parte actora interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión, al considerar
vulnerados sus derechos fundamentales por la providencia del 23 de
noviembre de 2022.
3.3. ANÁLISIS DE LA SALA
3.3.1 PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA
3.3.1.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
En ese orden de ideas, la Sala analizará si se cumplen los requisitos
generales fijados por la jurisprudencia constitucional para la procedencia
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de la acción de tutela formulada por la parte actora contra el fallo del 23
de noviembre de 2022 dictado por el Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Segunda de Decisión, que confirmó el fallo emitido por el Juzgado
Cuarto Administrativo de Sincelejo el 17 de noviembre de 2021, que
declaró probada la caducidad del medio de control de reparación directa
instaurada contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional3.
3.3.1.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional
en controversias relacionadas con delitos de lesa humanidad
En primer lugar, es importante recordar que en el precedente proceso
ordinario la parte actora reclamó la responsabilidad del Estado, derivada
de la muerte del señor Rodrigo Antonio Avilez Salgado, que tuvo lugar a
manos del Ejército Nacional en uno de los hecho conocidos como “falsos
positivos”, es decir, como consecuencia de un delito de lesa humanidad,
pese a lo cual la autoridad judicial accionada declaró probada la caducidad
del medio de control de reparación directa, con fundamento en el
precedente fijado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de
Estado en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera importante traer a
colación el concepto de delito de lesa humanidad, precisado en forma
reiterada por la Corte Suprema de Justicia4, así:
“Cuando nos referimos a los crímenes de lesa humanidad, hablamos
de infracciones graves al derecho internacional de los derechos
humanos, que ofenden la conciencia ética de la humanidad y niegan
la vigencia de las normas indispensables para la coexistencia humana.
En ese sentido, el efecto del delito de lesa humanidad tiene dos
dimensiones: por un lado inflige un daño directo a un grupo de
personas o a un colectivo con características étnicas, religiosas o
políticas y, por otro lado, causa un daño por la vía de la representación
a toda la humanidad. En la segunda dimensión, la naturaleza del acto
lesivo es de tal magnitud, que la humanidad se hace una
representación del daño, evocando el dolor y el sufrimiento que
provocaron dicho tipo de actos a otros seres humanos, presumiéndose
que esos hechos socavan la dignidad misma de los individuos por la
3
Radicado 70001-33-33-004-2019-00357-01.
4
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. Auto de 21 de septiembre de 2009, expediente 32022.
Igualmente véase: sentencia de diciembre 3 de 2009, expediente 32672 caso Salvador Arana; auto de mayo
13 de 2010, expediente 33118 caso Masacre de Segovia y auto de diciembre 16 de 2010, expediente 33039.
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sola circunstancia de ejecutarse a pesar de que no estén involucrados
directamente los nacionales de otros países. Así entonces, el daño que
produce el delito de lesa humanidad se traslada, por representación,
a toda la comunidad internacional, constituyéndose en el límite de lo
soportable para la humanidad y el ser humano”. (Subrayas de la Sala).
De conformidad con lo anterior, se puede advertir que, cuando nos
encontramos frente a la posible comisión de delitos de lesa humanidad y
sus graves consecuencias, existe una relación directa con la vulneración
de las garantías constitucionales representadas en los derechos
fundamentales a la vida y dignidad humana.
Así, es claro para la Sala que, en los eventos en los que se alegue la
posible violación de derechos fundamentales derivada de providencias
judiciales que decidieron procesos sobre hechos eventualmente
constitutivos de delitos de lesa humanidad, como ocurre en el presente
caso con la muerte del señor Rodrigo Antonio Avilez Salgado, quien, según
se alega, falleció a manos de miembros de la fuerza pública, tales hechos
merecen un análisis detallado por parte de los jueces constitucionales,
pues es evidente su relevancia constitucional, al tratarse de hechos
relacionados con el conflicto armado que por años ha padecido nuestro
país, en el que han resultado afectados civiles en estado de indefensión.
En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, en el presente caso,
aparece cumplido el requisito de la relevancia constitucional, en tanto que
lo que se debate es la posible responsabilidad del Estado como
consecuencia de la ocurrencia de hechos graves, posiblemente
constitutivos de delitos de lesa humanidad; evento que, sin duda, podría
comprometer derechos fundamentales, por lo cual la controversia
planteada no se reduce a una discusión de mera legalidad, ni tampoco
podría afirmarse que se pretende emplear la tutela como una instancia
adicional a las del proceso ordinario.
Sumado a lo anterior, se debe tener en cuenta que la parte actora alegó
la vulneración del derecho fundamental al debido proceso en que habría
incurrido la providencia que declaró probada la caducidad de la acción de
reparación directa, decisión que, sin duda alguna, tendría la virtualidad
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de afectar el derecho de acceso a la administración de justicia, garantía
que hace parte del núcleo esencial del derecho invocado por los actores5,
puesto que la decisión adoptada impide de manera absoluta la emisión de
una sentencia de fondo que resuelva el caso planteado.
Por último, es importante señalar que, como se expondrá más adelante,
en este caso estamos ante la posible vulneración del derecho a una vida
digna, que es precisamente el que deriva de la eventual conducta de la
autoridad pública cuando, dentro del contexto del conflicto armado, se le
atribuye una conducta constitutiva de delito de lesa humanidad que afecta
todo el entorno familiar, y tal atribución no es reconocida en la providencia
que se ataca.
Así, y como se explicó supra, estos hechos merecen la especial atención
del juez constitucional, lo que habilita a la Sala para proceder con el
estudio de los demás requisitos genéricos de procedibilidad.
3.3.1.1.2. Frente a los demás requisitos generales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales
Previa verificación de las piezas documentales que componen el presente
asunto constitucional, el despacho encuentra cumplidos los demás
requisitos generales de procedibilidad6, por las siguientes razones:
i) En relación con el requisito de la subsidiariedad, la Sala advierte que
los accionantes agotaron el recurso de apelación contra la sentencia que
declaró probada la caducidad del medio de control de reparación directa.
5
La jurisprudencia constitucional ha señalado que el núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso
está integrado por las siguientes garantías mínimas: i) el principio de legalidad; ii) el principio del juez natural;
iii) el derecho a la observancia de las formas propias de cada juicio; iv) el principio de favorabilidad; v) el
derecho a la presunción de inocencia; vi) el derecho a la defensa; vii) derecho a la publicidad de las actuaciones
procesales y la no dilatación injustificada de las mismas; viii) el derecho a presentar y controvertir pruebas;
ix) el derecho a impugnar las providencias; x) el principio de non reformatio in pejus; xi) el derecho a no
declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o ciertos parientes; xii) el principio de
independencia judicial; xiii) el derecho de acceso a la administración de justicia. Corte Constitucional,
Sentencia T-248 de 2018 (M. P. Carlos Bernal Pulido).
6
Los presupuestos generales y especiales de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales fueron
sistematizados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 (M. P. Jaime Córdoba Triviño),
postura luego acogida por la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado mediante sentencia de 31 de julio
de 2012 (C. P. María Elizabeth García González), expediente 11001-03-15- 2009-01328-01, a partir de la cual
se aceptó por este tribunal la procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales.
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Además, si bien podría advertirse que, por tratarse de una sentencia que
no se pronuncia de fondo, sería procedente invocar la falta de
subsidiariedad por la presencia del recurso extraordinario de revisión, lo
cierto es que la Corte Constitucional ha reconocido la procedencia de tal
recurso, con la consiguiente improcedencia de la tutela, cuando el derecho
presuntamente vulnerado es únicamente el del debido proceso, pero no
cuando el asunto involucra otros derechos fundamentales sustanciales,
como lo son el de la vida digna y el de la reparación integral en cabeza
de personas afectadas por el conflicto armado, que, en tal condición, se
encuentran en evidente estado de vulnerabilidad.
ii) En igual sentido, la solicitud de amparo cumple con el requisito de
inmediatez, pues, de acuerdo con la información registrada en el
aplicativo SAMAI, la sentencia del proceso ordinario en segunda instancia
se notificó 16 de diciembre de 20227 y la acción de tutela de la referencia
se promovió el 17 de abril de 20238, es decir, antes de cumplirse los seis
(6) meses que ha definido la jurisprudencia para controvertir providencias
judiciales en sede constitucional.
iii) Por otra parte, se advierte que en el asunto de la referencia no se
discute una irregularidad procesal, y los accionantes identificaron de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como
los derechos vulnerados.
V) Finalmente, las providencias acusadas no se emitieron en desarrollo
de una acción de tutela, sino dentro del proceso de reparación directa
tramitado bajo el radicado número 70001-33-33-004-2019-00357-01.
Así, aparecen cumplidos los presupuestos genéricos de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales, por lo que, en consecuencia, la
Sala se encuentra habilitada para realizar el estudio del fondo del asunto.
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Visible en el enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=700013333004201900
357017000123
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Visible en el enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202301
878001100103
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3.3.2. El fondo del asunto
3.3.2.1. De la aplicación del precedente de unificación fijado con
posterioridad a la interposición de la demanda ordinaria
La Sala observa que la aplicación en el caso bajo examen del criterio fijado
en la sentencia de unificación de enero 29 de 2020, que ciertamente es
posterior a la interposición de la demanda de reparación directa que
precedió a esta acción, no constituye en sí mismo vulneración de los
derechos fundamentales invocados.
Lo anterior por cuanto, de una parte, lo que hizo esa providencia de la
Sala Plena de la Sección Tercera de la corporación fue unificar la
diversidad de criterios que existían al respecto y establecer, como órgano
de cierre especializado en la materia, una regla respecto del cómputo de
la caducidad en esos casos; regla de derecho que, como es sabido, es de
carácter vinculante en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
En tal sentido, es necesario recordar que el máximo tribunal constitucional
reconoció que el precedente judicial, al definir reglas sobre la aplicación
de normas en determinados casos, constituye una vía para dotar de
fortaleza y seguridad jurídica a la decisión judicial 9 y, adicionalmente,
señaló que el precedente tiene un valor especial en el sistema de
fuentes10, como quiera que garantiza la vigencia de un orden justo y la
efectividad de los derechos de las personas. Por ello, el precedente resulta
obligatorio para las autoridades judiciales de instancia, y se aplica durante
todo el tiempo de su vigencia a los casos que en esa época se decidan,
como ciertamente lo coligió el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala
Segunda de Decisión, al desatar la alzada, como juez natural del proceso.
De otra parte, y aun cuando en el fallo de unificación nada se dijo sobre
sus efectos temporales, lo cierto es que, como todo cambio de precedente
judicial, por regla general tiene efectos retrospectivos; es decir, generales
9 Sentencia C-621 de 2015.
10
Sentencia C-284 del 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
12
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e inmediatos frente a los casos aún no resueltos, salvo en materia penal,
en la que está claramente proscrito el carácter retroactivo o retrospectivo
del precedente cuando le es desfavorable al reo; o en otros eventos en
los que se han otorgado otro tipo de efectos, como el prospectivo, casos
en los cuales el Consejo de Estado así lo ha declarado explícitamente, por
ejemplo, cuando lo ha denominado “jurisprudencia anunciada”11, que se
profiere en especial cuando con la nueva providencia se modifica una
posición anterior que ha sido pacífica y ello conlleva también a la
modificación del status quo de alguna de las partes en el proceso.
La Corte Constitucional ha señalado que el cambio del precedente
jurisprudencial por el respectivo órgano de cierre implica una modificación
de la interpretación jurídica y, por tanto, del contenido normativo de
determinada disposición. En consecuencia, dado su carácter de
precedente obligatorio, en desarrollo del principio de igualdad, debe ser
aplicado de manera general e inmediatas12.
Por su parte, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
corporación ha señalado que, por regla general, el precedente debe
aplicarse forma retrospectiva, es decir, que afecta a todos los casos que
se encuentran pendientes de solución cuando es expedido, con la finalidad
de garantizar la seguridad jurídica y el principio de igualdad13.
Así las cosas, para esta Sala es claro que la tutela no podría prosperar
frente a esta glosa, pues el tribunal accionado no incurrió en defecto
alguno al aplicar a su decisión el precedente unificado vigente para la
fecha de la decisión.
3.3.2.2. Del control oficioso de convencionalidad en los casos en
los que se alegan delitos de lesa humanidad
11
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 7 de junio de 2016, Exp.2015-00051-00. “[…] Las
anteriores conclusiones constituyen jurisprudencia anunciada electoral y, por tanto, precedente para la
resolución de futuras controversias electorales. […]”.
12
Sentencia SU-406 de 2016.
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del 28 de agosto
de 2018, radicado número 2012-00143-01 (C. P. César Palomino Cortés).
13
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3.3.2.2.1. La Sala considera indispensable analizar cuáles son los criterios
que debe tener en cuenta el juez al momento de adoptar decisiones en
procesos en los que se debate la responsabilidad del Estado por hechos
relacionados con la posible ocurrencia de delitos de lesa humanidad, lo
que, según ha planteado la jurisprudencia, se proyecta desde el inicio del
proceso judicial, incluyendo la posibilidad de inaplicar, o al menos de
hacer consideraciones particulares frente a las reglas generales sobre
caducidad de la acción, en atención a la especial gravedad de esos hechos
y a las consecuencias que ellos dejan en las víctimas y sus familias,
incluyendo la existencia de dificultades adicionales a las usuales para
poder accionar de manera oportuna.
De conformidad con lo planteado de manera coincidente por la
jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, con el
propósito de garantizar los derechos fundamentales de las víctimas del
conflicto armado en Colombia, deberá procederse así:
En primer lugar, y de manera general, es claro para la Sala que los jueces
cuentan con una amplia discrecionalidad para analizar los hechos puestos
en su conocimiento, así como para asignar valor a cada prueba obrante
en cada expediente en aplicación del principio de la autonomía e
independencia judicial14, incluyendo en ello las circunstancias que
hubieren determinado la oportunidad en el ejercicio de la acción, lo cual
no implica que cuenten con una discrecionalidad absoluta, dado que, en
casos extremos, el ejercicio de dichas potestades puede llegar a
desbordar los límites que impone el ordenamiento constitucional.
En esta línea, al momento de estudiar los eventos posiblemente
constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho
internacional humanitario, los jueces deben analizar si, dentro de la
sentencia acusada, se realiza una interpretación sistemática de la
normatividad interna en conjunto con las disposiciones internacionales
aplicables al caso concreto, y en especial en los cuales exista la posible
14
Corte Constitucional sentencia SU-159 de 2002 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa).
14
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comisión de delitos de lesa humanidad que, por su excepcional relevancia
jurídica, deben ser estudiados de conformidad con los postulados de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En ese orden de ideas, el juez a cargo de la decisión de este tipo de
controversias debe realizar el control oficioso de convencionalidad cuando
se advierta la posible existencia de delitos de lesa humanidad que afectan
el derecho internacional humanitario y la responsabilidad que le asiste a
los jueces de garantizar el cumplimiento de los postulados internacionales
con el fin de proteger los derechos fundamentales de las posibles víctimas
del conflicto armado.
Al respecto, es pertinente recordar que la Sala Plena de esta corporación,
en la sentencia del 29 de junio de 202115, señaló que el control de
convencionalidad16, introducido en nuestro ordenamiento por la
Convención Americana de Derechos Humanos (CADH)17, implica que los
jueces colombianos deben realizar un examen de compatibilidad entre las
disposiciones y actos internos con los tratados internacionales y la
jurisprudencia de la CIDH, lo cual se fundamenta en los principios del
efecto útil de la CADH y del principio pacta sunt servanda18.
De lo anterior, se puede advertir que los jueces están en la obligación de
realizar el control oficioso de convencionalidad cuando quiera que estén
en presencia de la posible comisión de delitos de lesa humanidad 19, por
cuanto éstos atentan de manera directa contra el derecho internacional
humanitario20.
15
Consejo de Estado, sentencia de 29 de junio de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-01175-01. Ref:
Control automático de legalidad de fallo con responsabilidad fiscal (C. P. William Hernández Gómez)
16
Sobre la postura vigente de la Corte Constitucional acerca del control de convencionalidad se pueden estudiar
las sentencias C-792 de 2014, C-327 de 2016 y C-659 de 2016, entre otras.
17
Aprobada en Colombia mediante la Ley 16 de 1972.
18
Valga destacar que en la disposición citada, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
corporación explicó que el control difuso “es el que deben hacer todos los jueces y autoridades cobijadas por
la CADH, cuando inaplican en casos concretos normas nacionales por ser contrarias a los estándares
internacionales sobre derechos humanos”.
19
En la sentencia C-578 de 2002, al examinar la constitucionalidad de la ley aprobatoria del Estatuto de Roma,
la Corte consideró que los delitos de lesa humanidad son actos inhumanos cometidos como parte de un ataque
generalizado o sistemático contra una población civil, ya sea en tiempo de guerra externo, conflicto armado
interno o paz.
20
En la sentencia C-579 de 2013, la Corte Constitucional ha señalado que estos delitos se caracterizan por
“causar sufrimientos graves a la víctima o atentar contra su salud mental o física; inscribirse en el marco de
un ataque generalizado y sistemático; estar dirigidos contra miembros de la población civil y ser cometido por
uno o varios motivos discriminatorios especialmente por razones de orden nacional, político, étnico, racial o
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En estas condiciones, una vez determinado el alcance del control de
convencionalidad en el ordenamiento jurídico interno, la Sala debe
resaltar que, cuando los hechos puestos en conocimiento de los jueces
implican una clara y grave violación de derechos humanos, se debe
proceder con la verificación de la posible configuración de actos
constitutivos de delitos de lesa humanidad y examinar si la pretensión
declarativa de responsabilidad del Estado excede el interés particular o
individual de las víctimas de dichos actos y, por ende, reviste una
relevancia jurídica colectiva que involucra a la humanidad en su conjunto
y se enmarca dentro del concepto de grave violación de derechos
humanos como acto de lesa humanidad. Surge así para el juez la
obligación de pronunciarse, incluso oficiosamente, sobre los hechos
objeto de estudio, atendiendo el contexto histórico y sociológico en el cual
se enmarcan, y en este particular escenario, también sobre las
circunstancias que hubieren podido determinar el ejercicio eventualmente
tardío de la acción.
Así las cosas, y desde esta óptica, el juez deberá evaluar con especial
cuidado si los hechos estudiados implican la declaratoria de
responsabilidad del Estado respecto de aquellos daños antijurídicos que
le sean atribuibles, que guarden relación o vínculo con este contexto.
En ese orden de ideas, es importante indicar también que la Corte
Constitucional21 ha señalado que los jueces administrativos, en el
momento de analizar la responsabilidad del Estado en los casos en los
que se estudie la posible ocurrencia de delitos de lesa humanidad, deben
tener en cuenta que la víctima se encuentra en un grado de mayor
dificultad argumentativa, probatoria, y de ejercicio efectivo de la defensa
religioso”, y que, de acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de Roma, son: “1. el asesinato, 2. el exterminio, 3.
la esclavitud, 4. la deportación, 5. el traslado forzoso de población, 6. la encarcelación u otra privación grave
de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, 7. la tortura, 8. la
violación, 9. la esclavitud sexual, 10. la prostitución forzada, 11. el embarazo forzado, 12. la esterilización
forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, 13. la persecución de un grupo o
colectividad, 14. desaparición forzada de personas, 15. el crimen de apartheid; y 15. otros actos inhumanos
de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la
integridad física o la salud mental o física, siempre que se cometan de manera generalizada o sistemática”.
21
Corte Constitucional, sentencia T-296 de 2018 (M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado)
16
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técnica, como ocurre con las ejecuciones extrajudiciales o la desaparición
forzada, y por ende, el rigor en la exigencia del ejercicio oportuno de la
acción, tanto como en los elementos de acreditación de responsabilidad,
debe ceder y atemperarse de manera razonable para hacer posible un
análisis integral de tan graves hechos dentro del contexto histórico,
político, social y económico en que se supone que ellos se enmarcaron.
Por todo lo anterior, se advierte que, en los procesos de reparación directa
en los cuales se esté analizando la posible responsabilidad del Estado por
hechos relacionados con la ocurrencia de delitos de lesa humanidad,
deberá el juez realizar: (i) el control oficioso de convencionalidad frente
a la presunta violación del derecho internacional humanitario en cada caso
en concreto, y (ii) un análisis sobre la caducidad de la acción y el
fundamento de las pretensiones, hechos y pruebas aducidas que atienda
al particular contexto del conflicto armado, utilizando los parámetros
establecidos por la jurisprudencia constitucional, con el objetivo de
proteger los derechos fundamentales a la vida digna, dignidad humana,
verdad, justicia y la reparación integral.
Por lo tanto, el juez constitucional deberá verificar si en las sentencias
que se acusen dentro del trámite tutelar: (i) se encuentra expuesta la
posible comisión de un delito de lesa humanidad, y (ii) el juez ordinario,
al momento de validar el oportuno ejercicio del medio de control de
reparación directa, tuvo en cuenta los postulados jurisprudenciales dentro
del contexto social de las víctimas, puesto que, en los casos en los cuales
no se advierta dicho análisis integral, se podría incurrir en un grave
defecto de las decisiones judiciales, y por ello, resultaría
excepcionalmente procedente el amparo constitucional.
3.3.2.2.2. En atención a lo anterior, la Sala advierte en el caso concreto
que en la demanda de reparación directa promovida contra la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, la parte actora reclamó la
indemnización de los perjuicios ocasionados por la muerte del señor
Rodrigo Antonio Avilez Salgado, que tuvo lugar a manos de miembros de
17
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las Fuerzas Militares en uno de los crímenes conocidos como “falsos
positivos”, esto es, producto de un delito de lesa humanidad, hechos por
los que fue un uniformado condenado penalmente. Con base en lo
anterior, dentro de dicho proceso se alegó que, conforme con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, no había lugar a declarar la
caducidad del medio de control.
Según manifestaron al presentar la acción de tutela que ahora se decide,
los demandantes en ese momento no alegaron la configuración de
circunstancias especiales que materialmente les hubieren impedido el
oportuno ejercicio del derecho de acción, pues simplemente consideraron
que no había lugar a la caducidad, porque se trataba de un delito de lesa
humanidad.
En consecuencia, en aplicación del precedente fijado por la Sala Plena de
la Sección Tercera de esta corporación en la sentencia del 29 de enero de
2020, el Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo, a través del fallo del
17 de noviembre de 2021, declaró probada la caducidad, pues la muerte
del señor Rodrigo Antonio Avilez Salgado se había producido en el año
2008, mientras que la solicitud de conciliación extrajudicial se había
presentado el 20 de junio de 2019, es decir, once (11) años después.
Ahora, en el recurso de apelación instaurado contra la anterior
providencia, los demandantes manifestaron lo siguiente:
"El Juez de primera instancia, declara de manera exegética la
caducidad del medio de control, exponiendo sentencias sobre
caducidad en delitos de lesa humanidad, sin valorar el entorno del
conflicto armado y de violaciones de derechos humanos y derecho
internacional humanitario que se ha vivido en el país y sobre todo en
la zona donde ocurrieron los hechos, así como el hecho generalizado
de desplazamiento forzado de los familiares de las víctimas de ‘falsos
positivos’ al ver el riesgo en que se encuentran sus vidas.
En el presente caso, las pretensiones indemnizatorias de los
demandantes tienen fundamento en un crimen de lesa humanidad, de
conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma, como lo fue la
desaparición forzada y homicidio de la víctima RODRIGO AVILEZ
SALGADO por parte de miembros del Ejército Nacional, caracterizado
por ser generalizado y sistemático en la zona de ocurrencia de los
hechos.
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Además de constituir una violación grave del Derecho Internacional
Humanitario, ocasionó un desplazamiento forzado de los familiares de
la víctima y no existe prueba que el Estado haya ejecutado una política
social de retorno de los desplazados a sus sitios de origen y, esta
situación pudo haber impedido materialmente el ejercicio del derecho
de acción, por lo tanto, el término de caducidad del medio de control
ejercido por los demandantes, de conformidad con la jurisprudencia
de unificación citada en la sentencia objeto de apelación, no opera en
este caso”22. (Subrayas de la Sala).
Es decir, que solo hasta la interposición de la alzada en el proceso
ordinario, la parte actora expuso, aunque vagamente, una circunstancia
concreta que “pudo” haberles impedido el ejercicio oportuno del derecho
de acción; esto es que, producto de los hechos de violencia en los que
tuvo lugar la muerte del señor Avilez Salgado, habían sufrido además
desplazamiento forzado.
Al respecto, el tribunal accionado señaló lo siguiente en la providencia
objeto de tutela:
“Ahora bien, la Corte Constitucional en sentencia SU-254 de 2013
autorizó la posibilidad de acudir a la justicia a partir de la ejecutoria
de esta providencia, en los casos relacionados con desplazamiento
forzado, situación que no padecieron los demandantes, o al menos no
alegaron, ni demostraron. En todo caso, la demanda fue presentada
en el año 2019, es decir, por fuera de los 2 años siguientes a la
expedición de la sentencia del órgano constitucional.
(…)
De otro lado, no se alegó por parte de los demandantes alguna
situación particular que obstaculizara su acceso a la administración
de justicia, ni de las pruebas se advierte una circunstancia especial
que hubiera impedido el ejercicio oportuno de la presente acción y
que conllevara a variar los límites temporales del estudio de la
caducidad frente al caso bajo análisis”. (Subrayas de la Sala).
Como quedó expuesto, en estos casos el juez debe efectuar el control
oficioso de convencionalidad, esto es, ahondar, como lo ordenan los
instrumentos internacionales, en el análisis de las especiales
circunstancias que la parte actora alegó como causantes de las
particulares dificultades para la interposición de la demanda.
22
Se extrae del resumen realizado en la sentencia objeto de tutela.
19
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Sin embargo, en este caso la providencia atacada, con fundamento en las
pruebas obrantes en la actuación, advirtió que no estaba demostrado que
la parte actora hubiera sufrido desplazamiento forzado ni ninguna otra
circunstancia que materialmente le hubiere impedido instaurar la
demanda. Es decir que, según concluyó el tribunal, no se cumplieron los
presupuestos excepcionales establecidos por el precedente de unificación
del 29 de enero de 2020.
Así las cosas, la Sala no encuentra ningún reproche frente al anterior
razonamiento pues, en efecto, no observa que en este caso se hubieran
presentado circunstancias de esa naturaleza. De hecho, los actores ni
siquiera expusieron de manera clara y precisa de qué manera la situación
de desplazamiento forzado que afirmaron haber padecido les hubiera
dificultado interponer en tiempo la demanda, sino que se limitaron a
señalar escuetamente que esta “pudo haber impedido materialmente el
ejercicio del derecho de acción”, alegato que, en todo caso, fue analizado
por el tribunal con los elementos de juicio allegados a la actuación.
Vale la pena recordar que esta Sala, en sentencia de tutela del 29 de
septiembre de 202223, concedió el amparo en un asunto similar al
presente, al encontrar configurado un defecto fáctico, por no haberse
valorado algunas pruebas determinantes para el cómputo del término de
caducidad, de acuerdo con la especial forma de valoración que debe
aplicarse en estos casos, y un defecto sustantivo, por no haberse
realizado el control oficioso de convencionalidad al analizar también la
caducidad del medio de control de reparación directa. Empero, en el sub
judice no se presentan ese tipo de circunstancias, pues, se insiste, no se
alegaron, ni menos aun se probaron, hechos concretos que por tiempo
tan prolongado hubieren impedido materialmente a la familia accionante
instaurar oportunamente la acción, los que de haberse acreditado,
ciertamente hubieran dado lugar a una decisión diferente por parte de los
jueces accionados.
23
Proferida bajo el radicado: 11001-03-15-000-2022-01814-01, consejero ponente: Oswaldo Giraldo López.
20
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Así las cosas, con fundamento en lo expuesto, y pese a la innegable
gravedad de los hechos que en su momento dieron lugar al ejercicio de la
acción de reparación directa, la Sala no encuentra acreditada la violación
de los derechos fundamentales invocados por la parte actora, razón por
la cual denegará el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: DENEGAR el amparo solicitado por Yasmiris Judith Avilez de
Rodríguez, Cesar Emilio Rodríguez Avilez, Wilmer Alberto Rodríguez
Avilez, Cristian Rafael Rodríguez Avilez y Erika Paola Rodríguez Avilez
contra la sentencia de noviembre 23 de 2022, dictada por el Tribunal
Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes e intervinientes por el
medio más expedito y eficaz esta decisión.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si ella no es impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
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HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Con aclaración de voto
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
22
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