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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07795-00

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07795-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor Alexander Herrera Román, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07795-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2025 07795 00
Accionante: Alexander Herrera Román
Accionados: Tribunal Administrativo del Cauca y Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Popayán
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por incumplir el
requisito general de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor Alexander Herrera Román, en
contra de las providencias del 30 de octubre de 2025 y el 16 de diciembre de 2021,
proferidas por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Popayán y el Tribunal
Administrativo del Cauca, respectivamente, dentro del proceso de reparación directa
identificado con el radicado No. 19001 33 33 009 2019 00051 00/01.

1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Alexander Herrera Román, actuando por conducto de su apoderado judicial,
promovió acción de tutela en contra de las precitadas providencias, y para ello, formuló
las siguientes pretensiones1:

PRIMERA: Que se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia del señor ALEXANDER HERRERA
ROMAN, mayor de edad con domicilio en el municipio de Armenia, Quindío, (…),
vulnerados por parte de los accionados JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO
DE ORALIDAD DE POPAYÁN, CAUCA, y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
CAUCA, con ocasión de la sentencia anticipada expedida en primera instancia el
día 16 de diciembre de 2021, confirmada a través de sentencia del número 142
del 30 de octubre de 2025.

SEGUNDA: Que se deje sin efectos las providencias contenidas en la sentencia
anticipada expedida en primera instancia el día 16 de diciembre de 2021,
confirmada a través de sentencia del número 142 del 30 de octubre de 2025.

TERCERA: Las demás que la Honorable Sala de Decisión considere. (Mayúsculas
y negrillas originales del escrito tutela).

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 07795 00.

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Radicado: 11001 03 15 000 2025 07795 00
Accionante: Alexander Herrera Román
Accionados: Tribunal Administrativo del Cauca y otro

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que, el 12 de diciembre de 2012, se vinculó al Ejército Nacional en
calidad de soldado profesional.

Manifestó que, estando en servicio activo, se desempeñaba en funciones de
antiexplosivos, integrando el grupo EXDE, adscrito al Batallón de Combate Terrestre
núm. 109, con jurisdicción en el municipio de Buenos Aires, Cauca.

Relató que el 11 de abril de 2016, en cumplimiento de órdenes impartidas por sus
superiores, adelantó labores de desminado en el lugar conocido como Patiobonito,
ocasión en la que resultó gravemente lesionado al ser afectado por una mina antipersona.

Indicó que, como consecuencia de dicho hecho, fue trasladado a un centro hospitalario
donde recibió atención médica de urgencia, fue sometido a procedimientos quirúrgicos y
recibió posteriores tratamientos médicos dentro del sistema de salud de las Fuerzas
Militares.

Señaló que el 20 de abril de 2017, la Junta Médica Laboral de la Dirección de Sanidad
del Ejército Nacional dictaminó que el señor Herrera Román presentaba una pérdida de
capacidad laboral del 100%, razón por la cual no era posible que continuara vinculado ni
reubicado en el Ejército Nacional.

Anotó que, una vez agotado el requisito de procedibilidad, por intermedio de apoderado
judicial, el 11 de marzo de 2019 presentó demanda mediante el medio de control de
reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por los
hechos ocurridos el 11 de abril de 2016.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de
Popayán que, en sentencia del 16 de diciembre de 2021, declaró la caducidad del medio
de control, al considerar que la acción de reparación directa había sido presentada de
manera extemporánea, por estimar que el término para demandar debía contarse desde
la ocurrencia del hecho dañoso.

Inconforme con la decisión anterior, interpuso recurso de apelación y el Tribunal
Administrativo del Cauca, mediante sentencia del 30 de octubre de 2025, la confirmó.

Como fundamento de la solicitud de amparo, el accionante sostuvo que el artículo 164,
numeral 2, literal i), del CPACA prevé que el término de caducidad del medio de control
de reparación directa puede contarse desde la ocurrencia del hecho dañoso o desde el
momento en que el demandante tuvo o debió tener conocimiento del daño, cuando este
se consolida con posterioridad.

Adujo que, en su caso, aunque conoció desde el primer momento que había sufrido una
lesión, el alcance real y definitivo del daño solo se determinó con el dictamen de la Junta
Médica Laboral del 20 de abril de 2017, que fijó una pérdida de capacidad laboral del
100%, razón por la cual no era posible promover la acción ni cuantificar los perjuicios
antes de dicha fecha.

Reprochó que, pese a lo anterior, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de
Popayán y el Tribunal Administrativo del Cauca computaron la caducidad exclusivamente

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Accionante: Alexander Herrera Román
Accionados: Tribunal Administrativo del Cauca y otro

desde la ocurrencia del hecho dañoso, sin considerar que el daño solo se consolidó con
posterioridad, de acuerdo con el dictamen de la Junta Médica Laboral.

Alegó que las providencias judiciales cuestionadas incurrieron en defecto sustantivo, por
la interpretación errónea del artículo 164 del CPACA y la inaplicación del artículo 162
ibidem, y en defecto fáctico, al desconocer las pruebas determinantes sobre la
consolidación del daño. Asimismo, sostuvo que se presentó desconocimiento del
precedente judicial sobre el cómputo de la caducidad y violación directa de la
Constitución, al afectarse los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 5 de diciembre de 20252 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 11 de diciembre de 20253 la admitió y dispuso notificar4 al
Tribunal Administrativo del Cauca y al Juzgado Noveno Administrativo de Popayán, como
partes accionadas; así como vincular5 a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional, y a los ciudadanos María Alejandra Fajardo Agudelo, Jhonatan Herrera
Román, María Lucía Román Hurtado, Luz Stella Hurtado Román, Carlos Fabián Hurtado
Román, Margarita María Hurtado Román, Luis Alfonso Hurtado Román e Iván de Jesús
Hurtado Román, como terceros con interés directo en el resultado del proceso.

De igual forma, se requirió al Tribunal Administrativo del Cauca y al Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Popayán para que allegaran copia digital del expediente
correspondiente al proceso identificado con el radicado nro. 19001 33 33 009 2019 00051
00/01, el cual fue remitido6.

3.2. La apoderada de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional allegó escrito7
en el que solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que las
providencias judiciales cuestionadas no vulneraron los derechos fundamentales
invocados.

Aseveró que, tanto el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Popayán como el
Tribunal Administrativo del Cauca, declararon y confirmaron acertadamente la caducidad
del medio de control de reparación directa al concluir que el daño fue conocido desde la
ocurrencia del hecho, por lo que el dictamen de la Junta Médica Laboral no constituía un
nuevo punto de partida para el cómputo del término.

2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 07795 00.
3 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 07795 00.
4 Esta orden se cumplió el 15 de diciembre de 2025. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la

Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 07795 00.
5 Ibidem.
6 Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 07795 00.
7 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 07795 00.
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Radicado: 11001 03 15 000 2025 07795 00
Accionante: Alexander Herrera Román
Accionados: Tribunal Administrativo del Cauca y otro

Afirmó que no se configuraron defectos sustantivos ni fácticos, que las pruebas fueron
valoradas conforme a las reglas de la sana crítica y que la acción de tutela pretende ser
utilizada como una tercera instancia para reabrir debates ya resueltos en el proceso
ordinario.

3.3. Los ciudadanos María Alejandra Fajardo Agudelo, Jhonatan Herrera Román, María
Lucía Román Hurtado, Luz Stella Hurtado Román, Margarita María Hurtado Román, Luis
Alfonso Hurtado Román e Iván de Jesús Hurtado Román otorgaron poder al abogado
Andrés Felipe Correa Vélez; sin embargo, no presentaron pronunciamiento frente a la
acción de tutela.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 8 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,9 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202110, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201911, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10
de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la
distribución de procesos entre las secciones.

4.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente12:

4.2.1. El señor Alexander Herrera Román, actuando por conducto de apoderado judicial,
presentó demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, por los hechos ocurridos el 11 de abril de 2016, en el que sufrió lesiones
debido a una mina antipersona que se encontraba en el lugar en el que se encontraba
efectuando sus funciones.

4.2.2. La demanda fue asignada al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de
Popayán que, mediante sentencia del 6 de diciembre de 2021, declaró probada la
excepción de caducidad del medio de control.

4.2.3. Inconforme con la decisión anterior, el demandante interpuso recurso de apelación
y el Tribunal Administrativo del Cauca, en sentencia del 30 de octubre de 2025, la
confirmó.

8 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
9 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
10 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
11 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
12 Lo que se desprende del expediente del proceso de reparación directa identificado con radicado nro.

19001 33 33 009 2019 00051 00/01. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 07795 00.
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Radicado: 11001 03 15 000 2025 07795 00
Accionante: Alexander Herrera Román
Accionados: Tribunal Administrativo del Cauca y otro

4.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.

El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii)
caso concreto.

4.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que13:

[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades14:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

13 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
14 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido. Este

criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
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Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 15. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.

4.3.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:

[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de
mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de
relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales]
y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal” (…)16. (Se destaca) […].

En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.

La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la compone, esto es, impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces, no se encuentra superado.

Ello, debido a que, a través de la solicitud de amparo, la parte actora pretende reabrir el
debate que se surtió en el proceso de reparación directa, dado que sus inconformidades
están encaminadas a cuestionar el cómputo del término de caducidad efectuado por las
autoridades judiciales accionadas, al sostener que este debía contarse desde el

15 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29

de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
16 Corte Constitucional. Sentencia SU 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.

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dictamen de la Junta Médica Laboral del 20 de abril de 2017 y no desde la ocurrencia
del hecho dañoso del 11 de abril de 2016.

En efecto, el accionante insiste en que el daño solo se consolidó de manera definitiva
con la pérdida de capacidad laboral dictaminada por la Junta Médica Laboral, argumento
que fue expresamente analizado y descartado tanto por el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Popayán como por el Tribunal Administrativo del Cauca,
autoridades que concluyeron que el término de caducidad debía contabilizarse desde el
momento en que ocurrió el hecho generador del daño.

Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la acción de tutela está siendo utilizada como
una instancia o recurso adicional al proceso ordinario para controvertir lo resuelto por el
juez natural de la causa, particularmente en lo relacionado con la interpretación y
aplicación del artículo 164 del CPACA y la valoración de los elementos fácticos
relevantes para establecer el momento a partir del cual debía contabilizarse el término
de caducidad.

Ahora bien, resulta pertinente precisar que, en algunos asuntos de tutela en los que se
han cuestionado providencias judiciales que declararon la caducidad del medio de
control de reparación directa, la jurisprudencia ha considerado superado el requisito de
relevancia constitucional, especialmente cuando se discute la responsabilidad del Estado
por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o graves violaciones al Derecho
Internacional Humanitario, dadas las particulares condiciones de vulnerabilidad de las
víctimas y la necesidad de un control constitucional reforzado17.

Sin embargo, el debate propuesto en el presente asunto no se enmarca en ninguno de
dichos supuestos excepcionales, ni se dirige a cuestionar la responsabilidad del Estado
por hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos, sino que se
circunscribe a controvertir el cómputo del término de caducidad del medio de control de
reparación directa, a partir de la interpretación del artículo 164 del CPACA y de la
determinación del momento de consolidación del daño.

En este punto, se observa que el proceso judicial debatió de manera amplia las
pretensiones, los hechos y las excepciones propuestas por las partes, y que las
decisiones adoptadas por las autoridades judiciales accionadas se fundamentaron en el
acervo probatorio obrante en el expediente y en el marco normativo aplicable, en ejercicio
de las competencias que les atribuyen la Constitución Política y la ley.

Por lo tanto, no corresponde al juez constitucional sustituir el análisis efectuado por el
juez natural ni reabrir un debate jurídico y probatorio ya definido en sede ordinaria, pues
ello implicaría desconocer los principios de autonomía e independencia judicial y
desnaturalizar el carácter excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

En consecuencia, no se supera el requisito general de relevancia constitucional, en la
medida en que la solicitud de amparo pretende reabrir una controversia propia del
proceso ordinario de reparación directa.

17 Sentencia del 8 de junio de 2023, consejero ponente: Oswaldo Giraldo López, radicación: 11001 03 15

000 2023 01878 00, y sentencia del 30 de mayo de 2024, del mismo ponente, radicación: 11001 03 15 000
2024 00954 01.
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Radicado: 11001 03 15 000 2025 07795 00
Accionante: Alexander Herrera Román
Accionados: Tribunal Administrativo del Cauca y otro

Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la Sala declarará
improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor
Alexander Herrera Román, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala
en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 12 de
febrero de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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