RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-04190-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04190-00

Fecha
4 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo López

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04190-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor Víctor Manuel Álvarez Holguín, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. 16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2025 04190 00 Accionante: Víctor Manuel Álvarez Holguín SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-04190-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López

4 de septiembre de 2025

Radicación: 11001 03 15 000 2025 04190 00
Accionante: Víctor Manuel Álvarez Holguín

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 04190 00
Accionante: VÍCTOR MANUEL ÁLVAREZ HOLGUÍN
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando la
controversia planteada por la parte actora pretende
reabrir el debate resuelto por el juez natural

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Víctor Manuel
Álvarez Holguín, en contra de la sentencia proferida el 12 de junio de
2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el proceso de
nulidad electoral identificado con el radicado nro. 50001 23 33 000 2024
00184 00/01.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Víctor Manuel Álvarez Holguín, actuando en nombre propio,
promovió acción de tutela en contra de la precitada providencia, y para
ello formuló las siguientes pretensiones1:

1
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04190 00.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 04190 00
Accionante: Víctor Manuel Álvarez Holguín

“[…] PRIMERA. Amparar mis derechos fundamentales DE
IGUALDAD, DEBIDO PROCESO, EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN
EL ESTADO DE DERECHO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA Y CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
vulnerados por los honorables consejeros de estado doctores LUIS
ALBERTOÁLVAREZ PARRA, GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA y
PEDRO PABLO VANEGAS GIL, miembros de la Sección Quinta del
Honorable Consejo de Estado.

SEGUNDA. Revocar o dejar sin efecto la sentencia emitida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado de fecha doce (12) de junio
de dos mil veinticinco (2025). Referencia: Nulidad electoral,
Radicación: 50001-23-33-000-2024-00184-01 (…).

TERCERA. Como consecuencia de lo anterior, ordenar a los
honorables magistrados miembros de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, emitir nueva sentencia en el caso arriba
identificado, teniendo en cuenta de manera directa lo establecido
en el inc. 2 del artículo 28 de la ley 1122 de 2007 […]”. (Mayúsculas
y negrillas originales del escrito de tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que promovió demanda de nulidad electoral en
contra del Decreto 0163 del 22 de marzo de 2024, por medio del cual el
gobernador del departamento del Vichada nombró al señor Álvaro Alberto
Cardoso Castro en el cargo de gerente de la E.S.E. Hospital
Departamental San Juan de Dios de Puerto Carreño.

Manifestó que la demanda correspondió por reparto al Tribunal
Administrativo del Meta que, mediante sentencia del 3 de abril de 2025
negó las pretensiones.

Inconforme con la decisión anterior interpuso recurso de apelación y la
Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 12 de junio de
2025 la confirmó.

Alegó que tanto la sentencia de primera instancia como la de segunda,
trasgredieron palmariamente la ley, específicamente lo dispuesto en el
inciso 2 del artículo 28 de la Ley 1122 de 2007 que señala lo siguiente:
“(…) [l]os Gerentes de las Empresas Sociales del Estado podrán ser
reelegidos por una sola vez, cuando la Junta Directiva así lo proponga al

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 04190 00
Accionante: Víctor Manuel Álvarez Holguín

nominador, siempre y cuando cumpla con los indicadores de evaluación
conforme lo señale el Reglamento, o previo concurso de méritos (…)”2.

Indicó que “(…) la defensa de los encartados y los tribunales de instancia
equivocadamente afianzaron la legalidad del decreto 0163 del 22 de
marzo de 2024 (…), en el artículo 72 de la ley 1438 de 2011 y
fundamentalmente, en el artículo 20 de la ley 1797 de 2016, leyes estas
que nada tienen que ver con el objeto de la demanda, pues la demanda
versa, no sobre la manera de nombrar los gerentes o directores de ESE
territorial, sino, de la prohibición de la reelección por segunda vez de los
Gerentes de las Empresas Sociales del Estado (…)”3.

Anotó que “(…) el título y motivo de la ley 1797 de 2016, al ser creada
por el legislador, tienen como objetivo fijar medidas de carácter financiero
y operativo del sistema de seguridad social para avanzar en procesos de
saneamiento de deudas del sector y mejorar el flujo de recursos y la
calidad de la prestación del servicio del SGSSS, y no el de modificar la
manera de reelección de los gerentes, pues, esta materia, la de
reelección, ya está establecida de manera clara por la ley (inc. 2 del
artículo 28 de la ley 1122 de 2007) (…)”4.

Precisó que “(…) ni el artículo 20 de la ley 1797 de 2016, tampoco, el
artículo 72 de la ley 1438 de 2011 modificaron, subrogaron y/o derogaron
el inc. segundo (2) del artículo 28 de la ley 1122 de 2007, como lo han
tratado de hacer ver los honorables magistrados del Tribunal
Administrativo del Meta y los honorables consejeros miembros de la
Sección Quinta del Consejo de Estado en sus respectivas sentencias de
instancia (…)”5.

2
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04190 00.
3
Ibidem.
4
Ibidem.
5
Ibidem.
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 04190 00
Accionante: Víctor Manuel Álvarez Holguín

Aclaró que su pretensión “(…) no es la de abrir un debate legal sobre la
manera como fallaron los jueces colegiados, sino, la de revertir unos fallos
que violaron flagrantemente mis derechos fundamentales (…)”6.

Sostuvo que la discusión que se plantea en esta solicitud de amparo
reviste de relevancia constitucional porque, con la decisión de fondo
adoptada por la autoridad judicial accionada, “(…) se violó de manera
evidente la Constitución y la ley al aplicar erradamente el criterio de la
subrogación del inc. 2 del artículo 28 de la ley 1122 del 2007 por parte
del artículo 20 de la ley 1797 de 2016 (…)”7.

Expuso que “(…) los señores magistrados que conocieron y fallaron en su
primera y segunda instancia, el proceso motivo de esta acción
constitucional, incurrieron en lo que la jurisprudencia ha denominado un
defecto sustancial o material, pues sus fallos contrariaron abiertamente
la ley, pues pusieron a decir lo que el artículo 20 de la ley 1797 de 2016
no contempla y desconocieron bajo una errónea interpretación la vigencia
del artículo 28 núm. 2 de la ley 1122 de 2007 (…)”8.

Explicó que “en el caso de la sentencia objeto de esta Acción de Tutela,
se presentó este defecto material o sustantivo, en tratándose, que los
señores consejeros de la Sección Quinta del Consejo de Estado se
apartaron del artículo 28 inc. 2 de la ley 1122 de 2007, con el argumento
equivocado que dicha norma había sido subrogada por el artículo 20 de
la ley 1797 de 2016”9.

Finalmente, aseveró que “los honorables consejeros de la sección quinta
del consejo de estado, al aplicar una interpretación errónea de la ley,
incurrieron en violación de mis derechos fundamentales de Igualdad,
Debido Proceso, el principio de legalidad en el estado de derecho, acceso
a la administración de justicia y correcta administración de justicia, y
aplican una interpretación fuera de la ley, cuando afirman que el inc. 2

6
Ibidem.
7
Ibidem.
8
Ibidem.
9
Ibidem.
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 04190 00
Accionante: Víctor Manuel Álvarez Holguín

del artículo 28 de la ley 1122 de 2007, fue subrogado /o derogado
tácitamente, por el artículo 20 de la ley 1797 de 2016”.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 7 de julio de 202510 a través de mensaje de
datos remitido al correo electrónico de la oficina de correspondencia del
Consejo de Estado, que a su vez fue reenviado al correo electrónico de la
Secretaría General de esta Corporación y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 14 de julio de 202511 la admitió, negó la medida
provisional solicitada y dispuso notificar12 a la Sección Quinta del Consejo
de Estado, como parte accionada, así como vincular13 al Tribunal
Administrativo del Meta, al señor Álvaro Alberto Cardoso Castro, en
calidad de gerente de la E.S.E. Hospital Departamental San Juan de Dios
de Puerto Carreño y al departamento del Vichada, como terceros
interesados en el resultado del proceso.

De igual forma, requirió al Tribunal Administrativo del Meta y a la Sección
Quinta del Consejo de Estado, para que allegaran copia digital o el
hipervínculo de consulta del expediente correspondiente al proceso de
nulidad electoral identificado con el radicado nro. 50001 23 33 000 2024
00184 00/01.

3.2. El Tribunal Administrativo del Meta remitió el expediente solicitado14;
sin embargo, no se pronunció sobre los hechos de la tutela.

10
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04190 00.
11
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04190 00.
12
Esta orden se cumplió el 18 de julio de 2025. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica
para la Gestión del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04190 00.
13
Ibidem.
14
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04190 00.
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 04190 00
Accionante: Víctor Manuel Álvarez Holguín

3.3. El señor Álvaro Alberto Cardoso Castro allegó escrito15 en el que se
opuso a las pretensiones del accionante y solicitó que se niegue el amparo
deprecado.

Manifestó que “la presente acción constitucional no está llamada a superar
el juicio de rigor exigido para su procedencia, pues se limita a señalar de
manera caprichosa que la Sección Quinta inaplicó una norma que
claramente se encuentra subrogada y que no es aplicable para la elección
de los Directores o Gerentes de las Empresas Sociales del Estado”.

3.4. La magistrada ponente de la providencia acusada rindió informe16 en
el que solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela.

Señaló que “el fallo cuestionado resolvió los reparos propuestos por el
aquí tutelante en el recurso de apelación que presentó en contra de la
sentencia de primera instancia, los cuales se enmarcan en los argumentos
que ahora plantea”.

Indicó que “en la sentencia cuestionada se concluyó que el inciso 2° del
artículo 28 de la Ley 1122 de 2007, que prohibía reelección del gerente
de la ESE por una sola vez fue derogado tácitamente, porque el nuevo
régimen previsto en el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016 no contempló
los supuestos sine qua non que preveía para que ello fuera posible, esto
es, que fuera propuesta por la junta directiva al nominador o mediante
concurso de méritos, por lo que no resulta compatible la integración
normativa propuesta”.

Arguyó que “el legislador en su libertad de configuración no restringió en
el régimen actual de designación de gerentes de las ESE la reelección, por
lo tanto, debe entenderse permitida, como lo ha expuesto la sección en
otras oportunidades. Conforme con ello, en la decisión cuestionada no se

15
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04190 00.
16
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04190 00.
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 04190 00
Accionante: Víctor Manuel Álvarez Holguín

hizo una interpretación errónea como lo plantea el accionante, solo que
no se acogieron los argumentos de su demanda”.

3.5. El departamento del Vichada guardó silencio.

3.6. El expediente ingresó al despacho para fallo el 29 de julio de 202517.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 199118 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,19 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202120, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201921, modificado por el Acuerdo nro. 434
del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente22:

4.2.1. El señor Víctor Manuel Álvarez Holguín promovió demanda en el
medio de control de nulidad electoral en contra del Decreto nro. 0163 del
22 de marzo de 2024, mediante el cual el gobernador del departamento

17
Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04190 00.
18
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
19
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
20
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
21
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
22
Lo que se desprende del expediente de nulidad electoral identificado con el radicado
nro. 50001 23 33 000 2024 00184 00/01. Visto en los índices 8 y 9 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04190 00.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 04190 00
Accionante: Víctor Manuel Álvarez Holguín

del Vichada nombró al señor Álvaro Alberto Cardoso Castro en el cargo
de gerente de la E.S.E. Hospital Departamental San Juan de Dios de
Puerto Carreño, para el período institucional comprendido entre el 1 de
abril de 2024 al 31 de marzo de 2028.

4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo
del Meta que, por sentencia del 3 de abril de 2025 negó las pretensiones.

4.2.3. Inconforme con la anterior decisión anterior, el señor Álvarez
Holguín, hoy accionante, interpuso recurso y la Sección Quinta del
Consejo de Estado, en sentencia del 12 de junio de 2025 la confirmó.

4.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe
verificar es la relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá
en (i) los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado
para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.

4.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 04190 00
Accionante: Víctor Manuel Álvarez Holguín

asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”23.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional24.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades25:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la

23
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
24
En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó
que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben
aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez
debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
25
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 04190 00
Accionante: Víctor Manuel Álvarez Holguín

relevancia26. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.

4.3.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se
detendrá en el examen del tercer criterio que la compone, el cual busca
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que “la tutela no
es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de mera
legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de
tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra
de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige
valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación
arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos
fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los
jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en
estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios” (…)”. (Se
destaca).

En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la
tutela contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio
de corrección respecto del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye
su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la

26
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 04190 00
Accionante: Víctor Manuel Álvarez Holguín

Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial”. (Se destaca).

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través
de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo
probatorio, o reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas
allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el
amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que
regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional está
siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y
como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la
autonomía e independencia del juez natural.

La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la
compone, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces,
no está superado.

Ello, debido a que, a través de la presente acción de tutela, la parte actora
pretende reabrir la controversia resuelta en el proceso de nulidad
electoral, dado que sus inconformidades están encaminadas a cuestionar
la interpretación normativa realizada por la autoridad judicial accionada,
en tanto que alega que “(…) desconocieron bajo una errónea
interpretación la vigencia del artículo 28 núm. 2 de la ley 1122 de 2007
(…)”27.

En igual sentido, anotó que “(…) los tribunales de instancia
equivocadamente afianzaron la legalidad del decreto 0163 del 22 de

27
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04190 00.
11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 04190 00
Accionante: Víctor Manuel Álvarez Holguín

marzo de 2024 (…), en el artículo 72 de la ley 1438 de 2011 y
fundamentalmente, en el artículo 20 de la ley 1797 de 2016 (…)”28.

Lo anterior, con el fin de insistir en que “(…) ni el artículo 20 de la ley
1797 de 2016, tampoco, el artículo 72 de la ley 1438 de 2011 modificaron,
subrogaron y/o derogaron el inc. segundo (2) del artículo 28 de la ley
1122 de 2007 (…)”29, lo cual ya fue objeto de debate en el proceso
ordinario.

Al respecto, la Sección Quinta, en la providencia acusada, expuso lo
siguiente30:

“[…] 2.4. Caso concreto

39. En el recurso de apelación, el demandante planteó, en
síntesis, los siguientes argumentos en contra del fallo de primera
instancia que negó las pretensiones de su demanda:

i) la prohibición de reelección por una sola vez de los gerentes de
las ESE contenida en el inciso 2° del artículo 28 de la Ley 1122 de
2007 no ha sido derogada expresa ni tácitamente por el
legislador, como tampoco subrogada;

ii) el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016 no se refiere a los
periodos permitidos de reelección de los gerentes de las ESE, por
lo que en esa materia sigue incólume la disposición referida
previamente;

iii) con la interpretación del tribunal sobre la reelección de los
gerentes, se permiten costumbres perversas en la democracia
como la puerta giratoria, donde tú me eliges yo te elijo, yo te
pongo el dinero y la burocracia de la ESE y tú me elijes;

iv) la sentencia del Consejo de Estado del 9 de septiembre de
2021 estudió asuntos diferentes a los que son objeto de debate
en este proceso y;

v) el concepto 20206000056901 del 13 de febrero de 2020 de la
Función Pública concluyó que la prohibición de la reelección por
más de una vez de los gerentes de las ESE continúa vigente, por
lo que debe aplicarse a este asunto.

40. Para resolver los reparos del recurrente, la sala encuentra
acreditado en el expediente que el señor Álvaro Alberto Cardoso

28
Ibidem.
29
Ibidem.
30
Visto en los índices 8 y 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04190 00.
12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 04190 00
Accionante: Víctor Manuel Álvarez Holguín

Castro ha sido nombrado tres veces consecutivas en el cargo de
gerente de la ESE San Juan de Dios de Puerto Carreño (…).

41. Del recuento emana claro que el acto demandado fue
expedido en vigencia del artículo 20 de la Ley 1797 de 2016 y el
Decreto 1427 del mismo año, régimen actual para el
nombramiento de los gerentes de las Empresas Sociales del
Estado, del que no se predica en sus disposiciones la prohibición
de la reelección.

42. A efectos de responder los reparos del demandante, resulta
pertinente reiterar lo que disponía expresamente el aparte de la
norma en la que funda su pretensión:

Los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado podrán ser
reelegidos por una sola vez, cuando la Junta Directiva así lo
proponga al nominador, siempre y cuando cumpla con los
indicadores de evaluación conforme lo señale el Reglamento, o
previo concurso de méritos.

43. El texto trascrito permitía la reelección de los gerentes de las
ESE por una sola vez, bajo dos supuestos indispensables para que
procediera la figura: i) cuando la junta directiva así lo propusiera
al nominador y se cumpliera con los indicadores de evaluación o
ii) previo concurso de méritos.

44. Sin embargo, como se expuso en el marco teórico, con la
expedición de la Ley 1797 de 2016 se suprimió el concurso de
méritos y la intervención de la junta directiva para designar este
cargo, por lo que actualmente para el nombramiento de los
gerentes, el nominador deberá únicamente: i) verificar del
cumplimiento de los requisitos del cargo y ii) evaluar las
competencias que señale el Departamento Administrativo de la
Función Pública.

45. Así las cosas, el silencio del nuevo régimen de 2016 frente a
la reelección del gerente, como ya lo explicó la sección en la
sentencia del 9 de septiembre de 2021, impide traer del pasado
todas aquellas normas que contenían la reglamentación de esta
figura, en la medida que el Decreto 1427 de 2016, reglamentario
del artículo 20 de la Ley 1797 de 2016, sustituyó la sección 6 del
Decreto 780 del mismo año18, que compilaba los parámetros
para la reelección por evaluación de los gerentes prevista en el
Decreto 52 de esa anualidad.

46. En ese orden, si bien la Ley 1797 de 2016 no derogó de
manera expresa el artículo 28 de la Ley 1122 de 2007, considera
la sala que lo hizo de manera tácita el artículo 20 del primer
cuerpo normativo, en los términos del artículo 71 del Código Civil
(…).

47. En cuanto a los efectos de la derogación tácita, el artículo 72
de la misma regulación, dispone que esta «deja vigente en las
leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo
aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley».
13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 04190 00
Accionante: Víctor Manuel Álvarez Holguín

(…)

49. Por lo tanto, se entiende que el inciso 2° del artículo 28 de la
Ley 1122 de 2007 fue derogado tácitamente, porque el nuevo
régimen no contempló los supuestos sine qua non que preveía
para la reelección del gerente de la ESE por una sola vez, esto es,
que fuera propuesta por la junta directiva al nominador o
mediante concurso de méritos, por lo que no resulta compatible
la integración normativa propuesta por el demandante, máxime
que la Ley 1797 de 2016 fue declarada exequible por la Corte
Constitucional en la sentencia C-046 de 2018 al no advertir
desconocimiento a los principios del mérito y progresividad.

50. Ahora bien, el recurrente acude a criterios teleológicos para
desestimar la interpretación planteada por el tribunal, frente a la
exclusión en el nuevo sistema de nombramiento de la prohibición
de reelección contenida en la Ley 1122 de 2007, aduciendo que
con ello se permiten costumbres perversas en la democracia como
la puerta giratoria, donde tú me eliges yo te elijo, yo te pongo el
dinero y la burocracia de la ESE y tú me elijes.

51. Frente a este punto, el legislador en su libertad de
configuración no restringió en el régimen actual de designación
de gerentes de las ESE la reelección, como tampoco lo había
hecho cuando creó estas entidades mediante la Ley 100 de 1993
cuando reguló esta actuación en el artículo 192, por lo tanto, debe
entenderse permitida, conforme lo ha expuesto la sección (…).

52. Además, la Corte Constitucional, en la sentencia C-046 de
2018, explicó que el cargo de gerente de las ESE es sui generis
por ser de libre nombramiento y remoción (entre otras razones,
porque su ejercicio exige confianza plena y total, e implica
decisiones políticas), de periodo fijo y estar exceptuado de la
carrera administrativa; sin embargo, concluyó que el artículo 20
de la Ley 1797 de 2016 no eliminó el mérito (…).

53. Por lo tanto, no prosperan los argumentos del demandante
relacionados con la vigencia de la prohibición de la reelección por
una sola vez de los gerentes de las ESE que traía el artículo 28 de
la Ley 1122 de 2007.

54. Respecto a que no resulta aplicable la sentencia del 9 de
septiembre de 2021, proferida en el radicado 54001-23-33-000-
2020-00470-0123, según se ha citado previamente, en esa
providencia la sección realizó un estudio de la prohibición
analizada, para concluir que la misma no está contenida en el
régimen actual de nombramiento del gerente de las ESE, por lo
que, en efecto, sirve de sustento para resolver el problema
jurídico como lo hizo el tribunal de primera instancia y ahora la
sala.

55. Finalmente, la sala se abstendrá de pronunciarse sobre la
aplicación al presente asunto del concepto 20206000056901 del
13 de febrero de 2020 del Departamento de la Función Pública,
14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 04190 00
Accionante: Víctor Manuel Álvarez Holguín

toda vez que se trata de un argumento que no fue planteado por
el demandante en su escrito inicial; en ese orden, no hizo parte
de la litis y analizarlo desbordaría la competencia del superior
[…]”. (Negrillas originales de la providencia. Subrayas fuera de
texto).

Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la acción de tutela está siendo
utilizada como una instancia o recurso adicional al proceso de nulidad
electoral, con el fin de controvertir la interpretación normativa aplicada
por el juez natural de la causa para resolver el caso en concreto en la
providencia acusada, por lo que se concluye que, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional aludida en referencia, la petición de amparo
no cumple con el tercer criterio de la relevancia constitucional.

En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene.

Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente
sobre la controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a
alguna de las partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le
han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus
competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento
por fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el
trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como
lo es la tutela.

En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 04190 00
Accionante: Víctor Manuel Álvarez Holguín

de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a
pronunciarse sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el
objeto del debate, porque así le fueron planteadas por el demandante y
el demandado en sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve
simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad
el llamado a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo
por demás el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza
con el proceso diseñado para dirimir la controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente
que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina.

Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la
Sala declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con
el requisito general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por el señor Víctor Manuel Álvarez Holguín, según lo expuesto en la parte
considerativa de esta sentencia.

16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 04190 00
Accionante: Víctor Manuel Álvarez Holguín

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si
no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.