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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04275-01

Fecha
7 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04275-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la desvinculación solicitada por la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira. 19 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-15-000-2025-04275-01 Accionantes: Nohelia Rivera de Rincón y otros SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia del 31 de julio de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela. TERCERO: NOTIFICAR esta decisión por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-04275-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

7 de noviembre de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04275-01
Accionantes: Nohelia Rivera de Rincón y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04275-01
Accionantes: NOHELIA RIVERA DE RINCÓN Y OTROS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN A

Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia
de relevancia constitucional cuando el debate
planteado por el demandante pretende reabrir la
controversia ya resuelta por el juez natural

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el
fallo del 31 de julio de 2025, dictado por el Consejo de Estado - Sección
Segunda - Subsección A.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. Los señores Nohelia Rivera de Rincón, Paula Andrea Rincón Rivera,
Bertha Cecilia Sánchez de Rivera, Guillermo Rivera Sánchez, Luz Elena
Rivera Sánchez, José David Rivera Sánchez y María Oladya Rivera
Sánchez solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la tutela judicial efectiva, que estiman vulnerados con la
sentencia de 5 de mayo de 2024 proferida por el Consejo de Estado –
Sección Tercera – Subsección A, dentro del proceso de reparación directa
núm. 66001-23-33-000-2020-00449-00/02.

1.2. En la demanda de reparación directa, los aquí accionantes y otros1
solicitaron que se declarara administrativa y patrimonialmente

1
Los señores Gloria Rivera Sánchez y Jaime de Jesús Rincón.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04275-01
Accionantes: Nohelia Rivera de Rincón y otros

responsable a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura, por los perjuicios causados con ocasión de las lesiones sufridas
por la señora Nohelia Rivera de Rincón el 29 de agosto de 2017 al caerse
por una de las escaleras del Palacio de Justicia de Pereira, lugar que,
según los demandantes, no contaba con la señalización de advertencia
del peligro, barandas, pasamanos ni con la adecuada iluminación que le
hubiera permitido ver una sustancia líquida gelatinosa que le produjo la
caída.

1.3. La demanda correspondió al Tribunal Administrativo de Risaralda –
Sala Tercera de Decisión, quien admitió el llamamiento en garantía de La
Previsora S.A., solicitado por la Nación - Rama Judicial y, surtidas todas
las etapas procesales, dictó sentencia el 25 de abril de 2024, mediante la
cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda al considerar
que la autoridad omitió su deber de prevenir y evitar accidentes en el
Palacio de Justicia de Pereira, a través de instalaciones seguras y
adecuadas para el tránsito de los funcionarios y usuarios.

1.4. Las partes y la llamada en garantía apelaron la anterior decisión y,
mediante providencia del 5 de mayo de 2025, el Consejo de Estado -
Sección Tercera - Subsección A la revocó, con fundamento en que la
demandante no acreditó cómo ocurrió el accidente que le produjo las
lesiones, ni la consecuente responsabilidad del Estado en los hechos, y
condenó en costas a la parte demandante.

1.5. La parte accionante sostuvo en la tutela que la decisión controvertida
incurrió en defecto fáctico por indebida valoración probatoria, al
desconocer el informe de accidente de trabajo elaborado por funcionarios
de la Fiscalía General de la Nación, entidad empleadora, y una especialista
en seguridad ocupacional. Dicho informe, alega, acreditó las condiciones,
el lugar y la fecha del accidente que causó las lesiones a Nohelia Rivera
de Rincón, señalando como causas inmediatas la falta de atención a las
condiciones del piso o los barandales, la ausencia de avisos y señales, y
la falta de iluminación.

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Accionantes: Nohelia Rivera de Rincón y otros

Alegó que la decisión desconoció que a la parte actora no le correspondía
demostrar la inexistencia de señalización, barandas e iluminación en el
lugar del accidente, pues, sobre el particular, el medio de control se
fundamentó en negaciones indefinidas que, conforme a los artículos 306
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA) y 167 del Código General del Proceso (CGP),
están exentas de prueba e invierten la carga hacia la demandada.

En ese sentido, era la parte demandada quien debía acreditar la presencia
de tales medidas de seguridad, carga procesal que no fue asumida y, por
el contrario, quedó evidenciado que la autoridad no adoptó los correctivos
necesarios para mitigar el peligro que representaban las escaleras en sus
instalaciones, las cuales presentaban poca o nula luminosidad y carecían
de pasamanos o barandas que sirvieran de apoyo a quienes se
movilizaban por ese lugar.

Igualmente, sostuvo que no es admisible sostener, como lo hizo la
accionada en la providencia impugnada, que el interrogatorio de parte de
la señora Nohelia Rivera de Rincón se encuentre afectada por una
presunta parcialidad, pues esta mantiene estrecha relación y coherencia
con los demás medios probatorios incorporados al expediente,
especialmente en relación con el lugar, la fecha y las condiciones
ambientales del sitio del accidente. Además, la declaración fue rendida
bajo la gravedad del juramento, con las implicaciones procesales y
extraprocesales que ello conlleva, lo cual la dota de validez y seriedad.

Argumentó que no fueron debidamente valorados los testimonios de las
señoras Ruby Esther Giraldo Cuesta y Luz Estela Ospina Patiño, quienes,
como trabajadoras del Palacio de Justicia de Pereira, conocían
directamente las condiciones del sitio donde ocurrieron los hechos.

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1.6. Manifestó que la decisión objeto de debate incurrió en defecto
sustantivo por la inaplicación del artículo 169 del CGP, y reiteró los
argumentos relacionados con la omisión en la valoración de las
negaciones indefinidas, así como la falta de comprensión de estas para la
resolución del asunto objeto de debate.

También alegó que la providencia atacada desconoció la exigencia
establecida en el inciso 2° del artículo 188 del CPACA, toda vez que la
condenó en costas sin analizar si la demanda se había formulado con total
ausencia de fundamento legal.

1.7. Indicó que la sentencia debatida incurrió en desconocimiento del
precedente. En concreto, se refirió a la sentencia del 1° de julio de 2025,
dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, dentro
del expediente núm. 30.855, con ponencia de la magistrada Olga Mélida
Valle de Hoz, relacionada con la responsabilidad estatal en accidentes
ocurridos dentro de instalaciones judiciales.

Del mismo modo, invocó las sentencias dictadas el 27 de marzo de 2025
en los radicados núm. 05001-23-33-000-2018-02213-01 (2613-2024),
13001 23 33 000 2018 00652 02 (1577-2023) y 25000-23-42-000-2019-
01130-01 (2928-2022), sobre la condena en costas.

1.8. Con fundamento en lo expuesto, formuló las siguientes
pretensiones2:

“Con fundamento en lo anterior, ruego al señor(a) Juez (a) Constitucional, se
tutelen los derechos fundamentales invocados como vulnerados y como
consecuencia de esa declaración, se ordene dejar sin efectos la sentencia
proferida el cinco (5) de mayo de 2025, en el proceso radicado
66001233300020200044902, ordenando a la Sala accionada que defina la
controversia, teniendo en cuenta el valor real de las pruebas que fueron allegadas
al expediente como el informe de accidente laboral del 24 de octubre de 2017, el
interrogatorio de parte de la accionante y las negaciones indefinidas que no
fueron desvirtuadas por la entidad demandada en el proceso de reparación
directa.

2
Se transcribe del texto original aun con posibles errores.

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Aunado a lo anterior, se disponga que el análisis o criterio para definir la condena
en costas, sea acorde con lo establecido en el inciso segundo del artículo 188 del
CPACA.

Por último, ruego se adopten las medidas o correctivos que se estimen
procedentes o necesarios para garantizar el restablecimiento de los derechos
fundamentales de la accionante y el cese en su vulneración”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. Mediante auto del 14 de julio de 2025, el a quo admitió la tutela y
ordenó vincular en calidad de terceros con interés a la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura y a la Previsora S.A.

2.2. Encontrándose el asunto al Despacho para resolver la impugnación
presentada por la parte accionante, se advirtió que los señores Gloria Rivera
Sánchez y Jaime de Jesús Rincón, quienes ostentan interés directo en el
resultado del proceso por haber integrado la parte demandante dentro del
medio de control de reparación directa que dio origen a la presente acción
de tutela, no fueron vinculados al asunto.

Por lo anterior, mediante auto del 25 de septiembre de 20253, conforme a
lo dispuesto en el artículo 137 del CGP, se les puso en su conocimiento la
nulidad prevista en el numeral 8º del artículo 133 ibidem.

Posteriormente, el apoderado de la parte accionante, mediante memorial
del 8 de octubre de 20254, informó a la Secretaría General de esta
Corporación que el señor Jaime de Jesús Rincón falleció el 31 de diciembre
de 2020, hecho que acreditó con el respectivo registro civil de defunción.
En cuanto a la señora Gloria Rivera Sánchez, aportó la dirección electrónica
gloriarivera12345@outlook.es, designada para recibir notificaciones.

La señora Gloria Rivera Sánchez fue notificada el 9 de octubre de 20255 del
auto proferido el 25 de septiembre del mismo año en la dirección de correo

3
Visible en índice 6 de SAMAI.
4
Ibidem 7 de SAMAI.
5
Ibidem 16 de SAMAI.

5
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electrónico antes señalada, sin que hubiere presentado manifestación
alguna.

2.3. El Consejo de Estado - Sección Tercera – Subsección A hizo un
resumen de las consideraciones de la providencia objeto de debate y
sostuvo que la solicitud de amparo resulta improcedente por carecer de
relevancia constitucional, dado que no se dirige a cuestionar una posible
afectación de sus derechos fundamentales, sino que pretende reabrir el
debate agotado por el juez natural del asunto, y por no encontrarse
probadas ninguna de las causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial.

2.4. La Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Pereira manifestó que la entidad no tiene
competencia para dar cumplimiento a lo pretendido por la accionante,
razón por la que carece de legitimación en la causa por pasiva. Además,
sostuvo que no se cumplieron los requisitos generales ni específicos para
que proceda la tutela contra la providencia judicial cuestionada, haciendo
la acción improcedente.

Indicó que la tutela no debe usarse como una instancia adicional para
controvertir decisiones judiciales, y que la providencia atacada se basó en
valoración probatoria e interpretación jurídica legítimas, sin demostrarse
arbitrariedad, sino solo un desacuerdo con la decisión.

2.5. El Tribunal Administrativo de Risaralda - Sala Tercera de
Decisión remitió copia del expediente de reparación directa con radicado
núm. 66001-23-33-000-2020-00449-00/02.

2.6. La Previsora S.A. vinculada al trámite constitucional como tercero
con interés, guardó silencio.

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III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 31 de julio de 2025, el Consejo de Estado - Sección
Segunda - Subsección A declaró improcedente la acción de tutela por
ausencia del requisito de relevancia constitucional en lo relacionado con
el argumento dirigido contra la condena en costas, pues consideró que la
afectación aducida correspondía únicamente a un interés de naturaleza
económica derivado de la interpretación legal realizada por el juez
competente, sin que se evidenciara una verdadera vulneración de
derechos fundamentales.

Estudió de fondo los demás argumentos de la tutela y concluyó que la
autoridad judicial accionada no incurrió en el defecto factico alegado, toda
vez que, para proferir la decisión objeto de debate, tuvo en cuenta los
elementos de prueba obrantes en el expediente y concluyó que no eran
suficientes para atribuirle responsabilidad a la Rama Judicial por las
lesiones que sufrió la señora Nohelia Rivera de Rincón.

Igualmente, sostuvo que la sentencia proferida por la autoridad judicial
accionada no incurrió en defecto sustantivo pues no transgredió el artículo
167 del CGP, dado que la ausencia de barandas, de iluminación adecuada
y de señalización en el lugar del accidente no tenían la naturaleza de
negaciones indefinidas, comoquiera que podían ser probadas por la
interesada, pero no lo hizo así.

Finalmente, manifestó que la decisión objeto de debate no incurrió en
desconocimiento del precedente, pues en las decisiones invocadas como
desconocidas no se fijó una regla jurisprudencial de obligatorio
cumplimiento que resultara aplicable al caso de análisis, y se trata de
meros antecedentes que no guardan relación con el caso particular.

El a quo no se pronunció sobre la solicitud de desvinculación formulada
por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira.

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IV. IMPUGNACIÓN

La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia y reiteró
los argumentos expuestos en el escrito de tutela. Enfatizó en que el
informe que, a su juicio, no fue debidamente valorado no obedeció a una
“mera hipótesis, sin verificación de los pormenores de dicho suceso”, sino
que fue el producto de un análisis realizado por un grupo de trabajo
especializado en la investigación de accidente de trabajo.

Igualmente sostuvo que el defecto sustantivo y el desconocimiento del
precedente no obedece simplemente al desacuerdo por una condena
económica, “sino a la aplicación indebida de una norma que no da lugar
a ambages o a interpretaciones como la empleada en la decisión
cuestionada, en tanto que es clara al exigir que la imposición de costas
obedezca a la presentación de una demanda desprovista de cualquier
fundamento legal, lo cual no acontece en el caso de marras”.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.

5.2. ANÁLISIS DE LA SALA

5.2.1. De la legitimación en la causa por pasiva

La Sala estima que no es procedente acceder a la solicitud de
desvinculación del trámite tutelar formulado por la Dirección Ejecutiva

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Seccional de Administración Judicial de Pereira, dado que conformó la
parte demandada en el proceso de reparación directa que dio origen a la
providencia debatida, razón por la cual las decisiones que resulten del
presente trámite constitucional pueden incidir en sus intereses.

5.2.2. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

5.2.2.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, al sintetizar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación6,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.

Más recientemente, con la sentencia SU-215 de 20227, la Corte
Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela
contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia
constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario
de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de
los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:

6
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
7
M. P. Natalia Ángel Cabo.

9
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“En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para cumplir con el
requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar de manera
razonable una restricción desproporcionada a los derechos mencionados”.

Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso se encuentra cumplido el requisito de relevancia constitucional, y
para ello se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado
para el efecto.

5.2.2.1.1 Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional

En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales es que la cuestión que se discute
resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que
“el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una
cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes”.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

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Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.

A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la
sentencia SU–573 de 20198, el alto tribunal explicó que este requisito
persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 9.

5.2.2.1.2. La competencia e independencia jurisdiccional

La segunda finalidad de la relevancia constitucional consiste en preservar
la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad o con un marcado

8
M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022.
9
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.

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contenido económico. La Corte Constitucional ha conceptualizado así este
segundo elemento de la relevancia10:

“La controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no meramente
legal y/o económico. Según la jurisprudencia constitucional, las discusiones de
orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de índole económica, deben
ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite,
dado que ‘le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en
asuntos de carácter netamente legal o reglamentario’, so pena de ‘involucrarse
en [cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones’. En tales términos,
un asunto carece de relevancia constitucional, según lo ha considerado la
Corte, (i) cuando la discusión se limita a la mera determinación de aspectos
legales de un derecho, como la correcta interpretación o aplicación de una
norma “de rango reglamentario o legal”, salvo que de esta ‘se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes constitucionales’ o (ii) cuando sea evidente
su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no
representen un interés general”.

En esa medida, siguiendo el planteamiento de la Corte Constitucional, un
asunto carece de relevancia constitucional cuando el debate planteado
por la parte actora es de naturaleza meramente legal y/o económica. Sin
embargo, en la reciente SU-215 de 2022, al respecto se señaló que:

“[…] no significa que en todos los casos en los que se cuestione la definición y
aplicación judicial de normas de rango legal se incumple el requisito de relevancia
constitucional […] en la labor judicial la indebida aplicación de normas de rango
legal puede derivar en una violación de derechos fundamentales. Justamente esa
situación es la que sustenta la existencia, caracterización y definición del defecto
sustantivo. En todo caso, la relevancia constitucional exige que el accionante
vincule la discusión legal con la violación de una garantía fundamental o, en otros
términos, que explique con suficiencia el por qué la interpretación o aplicación de
una norma de rango legal afectó garantías constitucionales”.

Y, para precisar aún más el alcance de este planteamiento, el referido
fallo de unificación advirtió:

“Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en
un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos
se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en
acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se discute:
(i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación
directa; (iii) laudos arbitrales y las sentencias de anulación; (iv) procesos
ejecutivos, entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte
ha reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con

10
Sentencia SU–573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).

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claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho
fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios”.

En suma, el asunto debe trascender al plano constitucional, y ello se logra
cuando la argumentación no se limita a buscar la protección de los
intereses económicos y/o legales que identifican particularmente a la
parte actora, sino que justifica razonablemente la afectación
desproporcionada de los derechos fundamentales que se invocan.

5.2.2.1.3. La instancia adicional

La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho11:

“Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir
asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, ‘la tutela
contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios’, pues la competencia del juez de tutela se
restringe ‘a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de
los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal’.
En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia dictada, en particular,
por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en
una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos
fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción tanto de los jueces
constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones’, en estricto respeto a
la independencia de los jueces ordinarios”.

En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los

11
Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).

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asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.

Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo
dicho por la jurisprudencia citada, cabe destacar que en el fallo C-590 de
2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una
decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].

Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.

5.2.3. Caso concreto

En este asunto, los argumentos de la tutela y la impugnación giran en
torno a las inconformidades de la parte actora con la sentencia del 5 de

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mayo de 2024, dictado por el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección A, pues considera que: (i) valoró de forma indebida el informe
de accidente de trabajo rendido por la Fiscalía General de la Nación, en
calidad de empleadora, y por una especialista en seguridad ocupacional,
quienes acreditaron las condiciones del lugar donde ocurrió el accidente;
(ii) desconoció que, como la demanda se fundamentó en negaciones
indefinidas, la carga de la prueba se invirtió, por lo que le correspondía a
la demandada demostrar que el lugar se encontraba en condiciones
óptimas, obligación que no cumplió; (iii) descartó indebidamente el
interrogatorio de parte de la señora Nohelia Rivera de Rincón, y los
testimonios de las trabajadoras del Palacio de Justicia de Pereira, que
conocían directamente las condiciones del sitio donde ocurrieron los
hechos; (iv) inaplicó el artículo 169 del CGP, en relación con las
negaciones indefinidas, y el inciso 2° del artículo 188 del CPACA, al
imponer la condena en costas, y (v) desconoció el precedente del Consejo
de Estado respecto de la responsabilidad estatal en accidentes ocurridos
dentro de instalaciones judiciales y sobre la condena en costas.

5.2.3.1. Ahora bien, la Sala comparte el criterio del a quo en cuanto a que
no se cumple el requisito de relevancia constitucional respecto a la
condena en costas, bajo el argumento de que esto se circunscribe a un
aspecto económico y no a la afectación directa de derechos
fundamentales.

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la relevancia
constitucional implica que “la controversia debe versar sobre un asunto
constitucional, pero no meramente legal y/o económico” 12. En esa
medida, la Corte señaló que un asunto carece de relevancia cuando “(i)
la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un
derecho, como la correcta interpretación o aplicación de una norma ‘de
rango reglamentario o legal’, salvo que de ésta ‘se desprend[a]n

12
Sentencia SU–573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).

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violaciones a los derechos y deberes constitucionales’ o (ii) cuando sea
evidente su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una
controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o
privadas, ‘que no representen un interés general’ (…)”13.

En este caso, dentro de los argumentos del defecto sustantivo, la parte
accionante adujo el desconocimiento del inciso 2° del artículo 188 del
CPACA respecto a la condena en costas que le fue impuesta dentro de la
sentencia. Empero, lo cierto es que la discusión que propone escapa de la
órbita de la competencia del juez constitucional, si se tiene en cuenta que
tiene alcance y repercusiones de contenido meramente económico, pues
lo que busca es que se revise el análisis o criterio aplicado por la autoridad
judicial accionada en cuanto a la posibilidad de imponer tal condena en la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

5.2.3.2. En cuanto a los argumentos relacionados con la valoración
probatoria y la aplicación de las normas que regían el caso, la Sala no
comparte los argumentos expuestos por el juez de primera instancia, en
tanto sostuvo que el debate propuesto “es de marcada relevancia
constitucional, en la medida en que se centra en establecer si en la
decisión judicial controvertida se vulneraron los derechos fundamentales
reclamados en protección por la incursión en los defectos alegados, los
cuales fueron desarrollados en debida forma”. Por el contrario, la Sala
advierte que la solicitud de amparo simplemente reitera el debate que ya
se agotó en el proceso ordinario en cuanto a la configuración de la
responsabilidad del Estado por la ocurrencia de un accidente en un edificio
público.

En tal sentido, es evidente que esta acción se interpuso con el propósito
de acceder a una instancia adicional en la que se reabra el debate ya
resuelto por el juez natural y se adopte una decisión favorable a lo

13
Ibidem.

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pretendido en el proceso ordinario, finalidad para la cual no es procedente
este mecanismo de protección.

5.2.3.3. En cuanto al desconocimiento del precedente, se advierte que
esta Sección, en sentencia del 19 de noviembre de 202114, sostuvo que
en las acciones de tutela contra providencia judicial en las que se alega
tal defecto se exige, como carga argumentativa mínima, que se
identifiquen: (i) la providencia desconocida, (ii) las reglas y subreglas
jurisprudenciales contenidas en la ratio decidendi de la sentencia
invocada, las cuales deben ser aplicables al caso a resolver, y (iii) los
problemas jurídicos, que en ambos casos deben ser análogos o similares.

En el caso objeto de estudio, la parte demandante invocó sentencias del
Consejo de Estado, pero no identificó los problemas jurídicos que allí se
resolvieron ni efectuó una comparación entre los hechos estudiados en
esos asuntos y en el sub lite, para acreditar que las reglas y subreglas
contenidas en la ratio decidendi le eran aplicables a su caso particular.

Por tanto, la acción de tutela no cumple con la carga argumentativa
mínima que se exige en los casos en los que se alega que una providencia
judicial ha incurrido en desconocimiento del precedente judicial. Para la
Sala, lo anterior deja en claro que la parte actora simplemente se
encuentra inconforme con la decisión que adoptó la autoridad accionada,
y que, en consecuencia, pretende que el juez constitucional realice un
nuevo y distinto análisis frente al debate que ya fue agotado en el proceso
de reparación directa.

5.2.3.4. A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate
sobre las pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen
demandante y demandado, y que la decisión del juez se fundamenta
precisamente en las razones de la demanda y de la contestación, las
pruebas y el derecho que ellas ponen a su disposición, o, en los casos

14
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez, bajo la radicación: 11001-03-15-000-2021-06983-00(AC).

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excepcionales que la ley prevé, de conformidad con las facultades
oficiosas que aquél tiene. Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez
decide precisamente sobre la controversia que se le ha planteado,
otorgándole la razón a alguna de las partes o aplicando la normativa
vigente para el caso, simplemente está ejerciendo las funciones que le
han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus
competencias, y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento
por fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el
trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como
lo es la tutela.

En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que

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se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida.

Pero es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se
examina, pues la parte actora no alega que el juez se haya desviado de
los hechos o el derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a
controvertir el análisis efectuado por las autoridades de la jurisdicción,
como si este mecanismo pudiera emplearse como una instancia adicional.

La presente acción de tutela carece de relevancia constitucional en
relación con el presupuesto estudiado, razón por la Sala se abstendrá de
analizar los restantes requisitos generales de procedibilidad de la tutela
contra decisiones judiciales.

Como consecuencia de lo expuesto, se modificará la decisión de primera
instancia y en su lugar se declarará improcedente la presente acción de
tutela frente a todos los argumentos expuestos, al constatar la ausencia
del requisito de relevancia constitucional respecto de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la desvinculación solicitada por la Nación - Rama
Judicial - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Pereira.

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Accionantes: Nohelia Rivera de Rincón y otros

SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia del 31 de julio de 2025, dictada
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. En su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela.

TERCERO: NOTIFICAR esta decisión por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado (E)

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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