RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 66001-23-33-000-2020-00449-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-33-000-2020-00449-02

Fecha
5 de mayo de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-33-000-2020-00449-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 25 de abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, para, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS por ambas instancias a la parte demandante, según el interés de cada accionante en el monto de las pretensiones. La liquidación adelantará de manera concentrada el a quo, según lo previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso. Para el efecto, las agencias en derecho a cargo de la parte demandante se fijan así: i) por la primera instancia, 3% de las pretensiones negadas, y ii) por la segunda, 1 smmlv a la fecha de ejecutoria de la presente providencia. Estas sumas se pagarán en partes iguales a favor de la Rama Judicial y de La Previsora. TERCERO: Por intermedio de la Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación, ejecutoriada la presente providencia, DEVOLVER el expediente de este proceso al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 66001-23-33-000-2020-00449-02

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

5 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 66001 23 33 000 2020 00449 02 (71.424)
Demandante: NOHELIA RIVERA DE RINCÓN Y OTROS
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA

Temas: CAÍDA AL INTERIOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PEREIRA / Rama Judicial –
funcionaria de la Fiscalía General de la Nación - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo – Cumplimiento a cargo del empleador – INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE
DE TRABAJO – Soporte probatorio / RESPONSABILIDAD POR LA PROPIEDAD DE EDIFICIOS
ABIERTOS AL PÚBLICO – Imposibilidad de establecer el lugar concreto de los hechos – Ausencia
de prueba sobre la entidad responsable del mantenimiento y la seguridad: Rama Judicial o Fiscalía
General de la Nación

1. La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante,
la Rama Judicial y la llamada en garantía contra la sentencia del 25 de abril de 2024,
por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Risaralda accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

2. Según la demanda, el 29 de agosto de 2017, la señora Nohelia Rivera de Rincón,
en su calidad de funcionaria de la Fiscalía General de la Nación, se encontraba en
el Palacio de Justicia de Pereira, y, al descender por unas escaleras, se resbaló, lo
que le generó graves lesiones y posterior pérdida de capacidad laboral, hechos que
motivan su solicitud de reparación en contra de la accionada.

ANTECEDENTES

La demanda y las razones de hecho y de derecho en las que se fundamentó

3. El 14 de noviembre de 20191, los señores Nohelia Rivera de Rincón, Jaime de
Jesús Rincón, Paula Andrea Rincón Rivera, Bertha Cecilia Sánchez de Rivera 2,
Guillermo Rivera Sánchez, Luz Elena Rivera Sánchez, José David Rivera Sánchez,
María Olady Rivera Sánchez y Gloria María Rivera Sánchez3, en ejercicio de la
acción de reparación directa, presentaron demanda contra la Nación - Rama
Judicial4, con el fin de que se les indemnicen los perjuicios a ellos irrogados como
consecuencia del accidente que sufrió la primera de las citadas el 29 de agosto de
2017, en el Palacio de Justicia de Pereira, en su calidad de funcionaria de la Fiscalía

1
El expediente digital obra en la plataforma Samai del Tribunal Administrativo de Risaralda. Folio 24
del archivo 3 del expediente digital. Índice 6 de Samai.
2
En su calidad de esposo, hija y madre de la señora Nohelia Rivera de Rincón, respectivamente.
Los demás accionantes invocaron la condición de hermanos de la última de las citadas.
3
A través de apoderado. En adelante accionantes, demandantes, parte actora y/o parte accionante.
4
En adelante la accionada, la demandada, la apelante y/o la entidad.
1

Radicación: 66001 23 33 000 2020 00449 02 (71.424)
Demandante: Nohelia Rivera de Rincón y otros
Demandada: Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

General de la Nación. Al respecto, formularon las siguientes pretensiones
(transcritas en su tenor literal, con sus propios énfasis, errores ortográficos y de
digitación):

“1. Declárese administrativa y patrimonialmente responsable a la NACIÓN- RAMA
JUDICIAL-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, por los daños y perjuicios
causados a los actores por las lesiones padecidas por la señora Nohelia Rivera de
Rincón (…).

2. Como consecuencia de la anterior declaración se condene a las demandadas a pagar
a los actores los perjuicios que se detallen a continuación y en la cuantía que se
determina.
2.1. Lucro cesante: [$1.556’390.695]

Se pagará a favor de la señora Nohelia Rivera de Rincón.

Se determinará con fundamento en las bases y la cuantía que resulte del acervo
probatorio demostrado en el proceso, correspondiente a la pérdida de su capacidad
laboral.

Para su liquidación se tendrá en cuenta los factores que han sido acogidos por la
jurisprudencia nacional respecto a la base salarial y demás emolumentos como
prestaciones sociales y la expectativa de vida de la víctima.

La indemnización comprenderá dos períodos:

2.1.1.1 Lucro cesante consolidado o vencido -Indemnización debida.

Se estimará desde la fecha de la ocurrencia de los hechos objeto de demanda hasta la
fecha de la sentencia.

2.1.1.2. Lucro cesante futuro o anticipado -Indemnización futura-.

Se liquidará desde la fecha de la sentencia hasta el término de vida probable de la
víctima.

2.2. Perjuicios morales

Estos perjuicios los presume la jurisprudencia para la víctima y su familia, en razón del
parentesco (…), y se pagarán a los actores (…) de la siguiente manera:

2.2.1 NOHELIA RIVERA DE RINCÓN 200 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

2.2.2 JAIME DE JESÚS RINCÓN 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2.2.3 PAULA ANDREA RINCÓN RIVERA 100 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

2.2.4 BERTHA CECILIA SÁNCHEZ DE RIVERA 100 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.

2.2.5. GUILLERMO RIVERA SÁNCHEZ 50 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

2.2.6. LUZ ELENA RIVERA SÁNCHEZ 50 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
2.2.7. JOSÉ DAVID RIVERA SÁNCHEZ 50 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

2.2.8 MARÍA OLADY RIVERA SÁNCHEZ 50 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

2.2.9 GLORIA MARÍA RIVERA DE SÁNCHEZ 50 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
2.3. Daño a la salud
2

Radicación: 66001 23 33 000 2020 00449 02 (71.424)
Demandante: Nohelia Rivera de Rincón y otros
Demandada: Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

Por este concepto se solicitan a favor de la señora Nohelia Rivera de Rincón, el
equivalente a DOSCIENTOS (200) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES
VIGENTES.

2.4. Daño a Bienes Constitucionalmente protegidos.

Se pagarán a los actores (…) de la siguiente manera:

2.4.1 NOHELIA RIVERA DE RINCÓN 100 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

2.4.2 JAIME DE JESÚS RINCÓN 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2.4.3 PAULA ANDREA RINCÓN RIVERA 100 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

2.4.4 BERTHA CECILIA SÁNCHEZ DE RIVERA 100 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.

2.4.5. GUILLERMO RIVERA SÁNCHEZ 50 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

2.4.6. LUZ ELENA RIVERA SÁNCHEZ 50 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

2.4.7. JOSÉ DAVID RIVERA SÁNCHEZ 50 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

2.4.8 MARÍA OLADY RIVERA SÁNCHEZ 50 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

2.4.9 GLORIA MARÍA RIVERA DE SÁNCHEZ 50 salarios mínimos legales mensuales
vigentes”5.

4. Como fundamentos fácticos, en síntesis, se indicaron los siguientes:

5. El 29 de agosto de 2017, la señora Nohelia Rivera de Rincón se desempeñaba
como fiscal local de Dosquebradas, fecha para la cual sufrió una caída en el Palacio
de Justicia de Pereira, cuando descendía por las escaleras que conectaban la Torre
A con la zona de fiscalías, en las cuales había una sustancia resbalosa. Además, el
área carecía de barandas y de señalización e iluminación adecuada.

6. Frente al referido suceso, fue diligenciado el formato de investigación de
accidentes de trabajo establecido en la Resolución 1401 de 2007 por el Ministerio
de Protección Social, en el que se consignaron las siguientes causas: i) falta de
atención a las condiciones del piso o los barandales; ii) ausencia de señalización;
iii) área resbalosa; e iv) iluminación inadecuada.

7. Como consecuencia de lo anterior, la accionante citada padeció varias
contusiones y fracturas, razón por la que acudió a la Clínica y estuvo incapacitada
por 6 meses, reincorporándose con limitaciones funcionales. A raíz del incidente
tuvo una pérdida de capacidad laboral del 50.09%.

Fundamentos jurídicos

5
Folios 5 a 9 del archivo 1 del expediente digital.
3

Radicación: 66001 23 33 000 2020 00449 02 (71.424)
Demandante: Nohelia Rivera de Rincón y otros
Demandada: Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

8. La parte actora argumentó que a la Rama Judicial le asistía responsabilidad
patrimonial en su condición de propietaria del Palacio de Justicia de Pereira, y en
cuanto no mantuvo en condiciones óptimas las escaleras en las que se presentaron
los hechos, dada la ausencia de pasamanos y de iluminación adecuada, aunada a
la falta de limpieza por presencia en el lugar de “líquidos extraños”.

Contestación de la demanda

9. La Rama Judicial6 se opuso a las pretensiones, para lo cual indicó que lo sucedido
fue consecuencia de una concurrencia de culpas, dado: i) el descuido de la víctima
directa al bajar por la escalera, y ii) el hecho de que alguna persona dejara caer sin
intención un líquido en los escaños. En todo caso, la llamada a responder era la
administradora de riesgos laborales, por tratarse de un accidente de trabajo.

10. De otro lado, la demandada llamó en garantía a La Previsora S.A.7, con base en
las pólizas Nos. 1006937 y 1007669, que se encontraban vigentes para el momento
del accidente y para la fecha de la respectiva reclamación judicial.

11. El llamamiento fue admitido por auto del 2 de septiembre de 2021 8. Según la
aseguradora, las causas del incidente fueron el descuido de la víctima y el actuar
del tercero que derramó líquido en la escalera sin avisar al personal de limpieza.
Además, los perjuicios solicitados carecían de fundamento y los montos pedidos no
eran proporcionales a la afectación invocada.

12. En cuanto al contrato de seguro, la vinculada indicó que, en virtud de la
modalidad de ocurrencia pactada, la póliza vigente para la época de los hechos era
la No. 1006937, que fue otorgada bajo la modalidad de coaseguro, de ahí que
debiera vincularse a las otras compañías9, en calidad de litisconsortes facultativas,
para así garantizar el pago del 100% de la eventual condena10.

13. El Tribunal a quo negó la integración del litisconsorcio invocado por La
Previsora11, a través de auto del 9 de diciembre de 202112, confirmado en sede de
reposición el 7 de marzo de 2022, en cuanto el coaseguro implicaba obligaciones
conjuntas, pero independientes, de ahí que La Previsora S.A. respondiera hasta el
monto de lo pactado, sin que la comparecencia de las demás garantes fuera
necesaria para definir su situación13.

6
Archivo digital 16 del índice 6 de Samai.
7
Folios 8 a 74 del archivo digital 16. Índice 6 de Samai.
8
Índice 7 de Samai.
9
Allianz Seguros S.A., Zúrich Colombia Seguros S.A., Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.,
Axa Colpatria Seguros S.A y Chubb Seguros Colombia S.A.
10
Índice 12 de Samai.
11
Al respecto, el a quo precisó que el coaseguro implicaba obligaciones conjuntas, pero
independientes, de ahí que La Previsora S.A. respondiera hasta el monto de lo pactado, sin que la
comparecencia de las demás compañías fuera necesaria para definir su situación.
12
Índice 14 de Samai.
13
Índice 22 de Samai. Contra la decisión inicial (la del 9 de diciembre de 2021), La Previsora S.A.
también interpuso recurso de apelación, el cual fue rechazado por esta Corporación el 13 de mayo
de 2022, por falta de interés para recurrir, por lo siguiente:
“[S]e configura un coaseguro externo y, como consecuencia de ello, la entidad demandada conoce
la distribución del riesgo entre las coaseguradoras y el monto por el cual responde cada una, por
4

Radicación: 66001 23 33 000 2020 00449 02 (71.424)
Demandante: Nohelia Rivera de Rincón y otros
Demandada: Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

Sentencia de primera instancia

14. A través de sentencia del 25 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo de
Risaralda accedió a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos
(transcritas en su tenor literal, con sus propios énfasis, errores ortográficos y de
digitación):

“PRIMERO: DECLARAR administrativamente responsable a la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, de los perjuicios causados con
ocasión del accidente sufrido el día 29 de agosto de 2017 por la señora Nohelia
Rivera de Rincón en las instalaciones del Palacio de Justicia de Pereira.

SEGUNDO: CONDENAR a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior
de la Judicatura al pago de perjuicios morales en los siguientes montos:

NOMBR CALIDA SMML
E D V
Nohelia Rivera Sánchez Víctima directa 40
Jaime de Jesús Rincón Esposo 40
Paula Andrea Rincón Rivera Hija 40
Bertha Cecilia Sánchez de Madre 40
Rivera
Guillermo Rivera Sánchez hermano 10
Luz Elena Rivera Sánchez hermana 10
José David Rivera Sánchez hermano 10
María Olady Rivera Sánchez hermana 10
Gloria María Rivera Sánchez hermana 10

CUARTO: CONDENAR a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de
la Judicatura a la reparación integral e indemnización de los daños inmateriales
derivados de vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos
convencional y constitucionalmente amparados, por lo cual deberá realizar un
informe que dé cuenta de la revisión de los riesgos relacionados con la ausencia
de señalización e inadecuada iluminación de las escaleras que conducen a las
áreas de basamento del Palacio de Justicia de Pereira y las acciones realizadas
para minimizar los riesgos. Se otorga un término de seis (06) meses para la
realización del informe.
Así mismo, se ordenará que, durante los próximos 24 meses, cada cuatro (04)
meses, se realicen capacitaciones y/o campañas sobres los riesgos laborales a
los funcionarios que deben utilizar las escaleras que se comunican con el área
de basamento del Palacio de Justicia de Pereira.
QUINTO: DECLARAR contractualmente responsable a la Previsora S.A. frente
a los perjuicios ocasionados con ocasión de la declaratoria de responsabilidad
extracontractual del Consejo Superior de la Judicatura producto de los daños
sufridos en las instalaciones de la entidad, tanto de la demandante como de los
terceros hasta por los montos de amparo de la póliza de responsabilidad civil
No. 1006937, de conformidad con los amparos, montos y limitaciones de dicho
contrato.

SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda (…)”.

15. El a quo precisó que, con fundamento en la jurisprudencia de esta Corporación
sobre “accidentes laborales de servidores públicos”, determinaría la responsabilidad
de la Rama Judicial en este asunto, para lo cual sostuvo:

ende, a la entidad es a la que le corresponde decidir a qué aseguradora llama en garantía, lo que
hizo únicamente frente a la Previsora S.A (…)”.
5

Radicación: 66001 23 33 000 2020 00449 02 (71.424)
Demandante: Nohelia Rivera de Rincón y otros
Demandada: Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

16. El daño, como primer elemento de responsabilidad, fue acreditado, dadas las
lesiones que la señora Nohelia Rivera de Rincón sufrió como consecuencia de los
hechos del 29 de agosto de 2017.

17. En la fecha citada, tal accionante padeció un accidente laboral, a las 10:20 am,
aproximadamente, en el Palacio de Justicia de Pereira, al descender por las
escaleras de caracol que “conducen del primer piso al área de basamento (donde
se encuentran ubicadas las fiscalías locales y seccionales)”, según se acreditó con
el informe de investigación elaborado por la ARL Positiva el 24 de octubre de la
misma anualidad. El a quo precisó que, si bien frente a este suceso obraban otras
pruebas, como las declaraciones de Ruby Esther Giraldo Cuesta, Luz Estela Ospina
Patiño y Martha Liliana Becerra, lo cierto es que sus dichos no se tomarían en
consideración, en cuanto no presenciaron los hechos, sino que se enteraron por lo
que les comentó la afectada. Tan es así que la primera de las citadas, a pesar de
sostener que auxilió a la víctima, no pudo precisar las características del lugar, pues
no recordaba la existencia o no de pasamanos.

18. En cuanto al estado de las respectivas escaleras, el Tribunal a quo también se
remitió al aludido informe de la ARL, en el que se relacionaron, entre otros factores,
piso resbaloso, iluminación inadecuada, ausencia de avisos de advertencia e
identificación deficiente de riesgos. Aspectos a los que también aludieron las
testigos, así como la señora Rivera de Rincón en su interrogatorio de parte, quien,
además, indicó que ese día usaba tacones y llevaba unos expedientes en la mano.

19. Las falencias de pasamanos, de iluminación y señalización del área permitían
inferir la falla en el servicio de la Rama Judicial, por no brindar condiciones seguras
dentro de la edificación a su cargo, máxime cuando otras personas se habían
lesionado con antelación en las mismas condiciones, sin que la entidad, a pesar de
estar enterada, adoptara correctivo alguno, desconociendo así los deberes
emanados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, establecidos
en el Acuerdo N° PSAA16-10560 del 2016 del Consejo Superior de la Judicatura,
en concordancia con la Ley 1562 de 2012, los Decretos 1443 de 2014 y 1072 de
2015.

20. La demandada omitió el deber radicado en cabeza del “empleador” en materia
de capacitación y prevención de riesgos, en concreto, lo previsto en la Resolución
2400 de 1979, proferida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

21. De otro lado, el Sistema de Riesgos Laborales ampara los accidentes de trabajo
de los empleados derivados de las contingencias que se aceptan al posesionarse
en el respectivo cargo; no obstante, lo sucedido en este asunto excedió “los riesgos
propios de la actividad, lo cual hace procedente la pretensión indemnizatoria a
través de la reparación directa”.

22. En suma, la Rama Judicial omitió su deber de prevenir y evitar accidentes, a
través de instalaciones seguras y adecuadas para el tránsito de los funcionarios y
usuarios del Palacio de Justicia.

6

Radicación: 66001 23 33 000 2020 00449 02 (71.424)
Demandante: Nohelia Rivera de Rincón y otros
Demandada: Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

23. En cuanto a la indemnización, el Tribunal Administrativo de Risaralda ordenó
210 smlmv por perjuicios morales divididos entre los distintos demandantes14, para
lo cual argumentó que la afectación del esposo, madre, hija y hermanos de la
víctima directa se deducía del respectivo parentesco.

24. En lo relacionado con el daño a la salud, fueron reconocidos 40 smmlv para la
señora Nohelia Rivera de Rincón.

25. El monto de los rubros analizados se tasó de conformidad con el arbitrio juris,
ante la falta de prueba del porcentaje de pérdida de capacidad laboral.

26. Frente a la afectación de bienes o derechos constitucionalmente amparados, el
Tribunal sostuvo que debían privilegiarse las medidas no pecuniarias y, bajo esa
comprensión, dispuso la elaboración de un informe sobre los riesgos derivados de
la ausencia de señalización e inadecuada iluminación del Palacio de Justicia de
Pereira, y la adopción de medidas para contrarrestarlos, incluidas campañas para
capacitar al respectivo personal.

27. El lucro cesante fue negado, pues la demandante, luego de estar incapacitada,
se reintegró a su cargo y ejerció sus funciones hasta el reconocimiento de la pensión
de vejez, por manera que no fueron probados los ingresos dejados de percibir.

28. En todo caso, no se aportó el concepto de la respectiva Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Risaralda, sin que fuera posible recurrir al dictamen
aportado con la demanda, pues el perito en la audiencia de contradicción sostuvo
que no tuvo en cuenta las otras enfermedades que la señora Rivera de Rincón
padecía y que no eran resultado del accidente.

29. De otro lado, en la sentencia mencionada se declaró contractualmente
responsable a la aseguradora La Previsora S.A., en su calidad de llamada en
garantía, de conformidad con la póliza No. 1006937.

30. No se emitió condena en costas, por no encontrarse causadas.

Los recursos de apelación

31. El fallo de primer grado fue apelado por la parte demandante, la entidad
accionada y la llamada en garantía.

32. La parte actora cuestionó la denegatoria del lucro cesante, porque se probó la
pérdida de capacidad laboral con las pruebas aportadas con la demanda. Al
respecto, no era requisito sine qua non la valoración efectuada por la Junta Regional
de Calificación de Invalidez de Risaralda.

33. En la prueba pericial allegada no se consideraron las demás enfermedades que
padecía la paciente, porque su objeto era establecer, precisamente, las

14
Al respecto, el a quo reconoció por perjuicios morales, para cada demandante, según su vínculo,
lo siguiente: 40 smmlv para la víctima directa, su esposo hija y madre, y 10 smmlv para los 5
demandantes que comparecieron en calidad de hermanos.
7

Radicación: 66001 23 33 000 2020 00449 02 (71.424)
Demandante: Nohelia Rivera de Rincón y otros
Demandada: Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

consecuencias del accidente y no de otras situaciones, según lo previsto en el
Decreto 1507 de 2017.

34. La Rama Judicial, en recurso de apelación, manifestó que la demandante se
encontraba vinculada a la Fiscalía General de la Nación, entidad con independencia
administrativa y presupuestal, que tenía a su cargo el cumplimiento de las
disposiciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo, cuya
omisión no hizo parte de la imputación de responsabilidad formulada en la demanda.
Agregó que carecía de legitimación frente a las enfermedades de carácter laboral y
común que le fueron diagnosticadas a la víctima directa.

35. Las pretensiones se edificaron en las hipótesis consignadas en el informe de
accidente de trabajo, que fue practicado dos meses después de los hechos; y la
ARL Positiva no compareció al lugar de los hechos, ni ninguno de sus funcionarios
suscribió el reporte, sino que lo hizo personal de la Fiscalía General de la Nación;
entidad que tenía a su cargo el aseo y seguridad de tal zona, pues allí quedaban
sus oficinas, según el convenio interadministrativo suscrito para tal fin. Este reporte
no fue notificado a la Rama Judicial, sino a la empleadora de la demandante a la
cual se le hicieron las respectivas recomendaciones de seguridad. Su contenido no
acredita la ausencia de barandas, así como la deficiente iluminación, máxime
cuando no se aportó inspección técnica en ese sentido, aunado a que en la
demanda ni en la sentencia apelada se indicó la norma técnica que en este punto
fue desconocida.

36. El a quo, en cuanto al supuesto estado deficiente de la escalera, se sustentó en
los propios dichos de la demandante y en las percepciones de las testigos, que,
además de ser de oídas, eran de carácter sospechoso, e indicaron que se habían
caído en el mismo lugar, sin que hubiesen puesto en conocimiento de la Rama
Judicial dichas situaciones y, en todo caso, tales incidentes se dieron en el marco
de su vinculación con la Fiscalía General de la Nación.

37. Si bien la Rama Judicial debe tomar medidas frente al público en general, lo
cierto es que no se probó la omisión alegada.

38. De aceptarse que las escaleras implicaban un riesgo evidente, surgen
inquietudes de la razón por la que la demandante no aplicó el autocuidado, máxime
cuando se trataba de una persona de 60 años, con antecedentes de enfermedades
musculoesqueléticas que podían generar caídas (artrosis, osteoartrosis), que tenía
prescritos medicamentos que causaban somnolencia, usaba tacones y llevaba
varias cosas en sus manos (expedientes, bolso, códigos). Además, en el área que
se invocó como escenario de los hechos no había sala de audiencias, aunado a que
la demandante para esa época laboraba en Dosquebradas, de ahí que llame la
atención su decisión de imputar responsabilidad a la Rama Judicial, por un hecho
que le resulta ajeno a tal entidad.

39. En cuanto a los perjuicios, se debe tener en cuenta que la demandante, en su
interrogatorio de parte, manifestó que no recordaba si su empleadora o la ARL
Positiva le había pagado algún tipo de indemnización por los hechos debatidos,
afirmación que no resulta creíble, pues por la relevancia del suceso, la afectada
debía tenerlo presente.
8

Radicación: 66001 23 33 000 2020 00449 02 (71.424)
Demandante: Nohelia Rivera de Rincón y otros
Demandada: Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

40. De otro lado, el perito que practicó el dictamen aportado con la demanda pasó
por alto todas las patologías que padecía la señora Rivera de Rincón y, en todo
caso, tal experticia no acreditaba la supuesta responsabilidad de la Rama Judicial.

41. Además, no resultaba procedente el reconocimiento de perjuicios morales en
favor de los familiares de la víctima directa, porque no probaron su afectación, tan
es así que en la historia clínica no obra constancia de acompañamiento alguno
durante su proceso de recuperación.

42. La Previsora S.A. recurrió la sentencia, bajo el entendido de que no existen
pruebas que acrediten con certeza las condiciones en las que ocurrió el incidente.
Los testimonios practicados ante el a quo provienen de personas que no
presenciaron los hechos. Además, el formato de investigación de la ARL Positiva
no da cuenta de la tesis del a quo, en cuanto al supuesto incumplimiento de la Rama
Judicial de sus obligaciones de mantenimiento, señalización e iluminación de las
escaleras en las que habrían ocurrido los hechos. No se acreditó el conocimiento
de la entidad de la supuesta presencia de un líquido en los escaños.

43. La caída de una persona no es suficiente para condenar a la demandada, pues
se requiere acreditar la supuesta falencia que se le imputó, carga que la
demandante no acreditó.

44. Lo que operó en el sub lite fue la culpa exclusiva de la víctima, pues el reporte
de la ARL da cuenta que la señora Rivera de Rincón no observó el deber de
autocuidado al descender por las escaleras del Palacio de Justicia de Pereira, pese
a que llevaba zapatos de tacón alto.

45. Ante la ausencia de responsabilidad de la Rama Judicial, es claro que la
aseguradora tampoco está llamada a ser condenada, máxime cuando los supuestos
en los que se edifica la controversia: leyes de carácter laboral e incumplimiento de
normas técnicas, hacen parte de las exclusiones pactadas. En todo caso, una
eventual afectación de la póliza solo sería procedente mediante orden de
reembolso, con observancia del coaseguro existente, en virtud del cual La Previsora
solo debe asumir solo un 17% del total de la condena.

Trámite de segunda instancia

46. El 15 de octubre de 202415, esta Corporación admitió los recursos citados, sin
que las partes se pronunciaran. Luego, el Ministerio Público rindió concepto16, en el
que solicitó la confirmación de la sentencia apelada, pues la Rama Judicial no
cumplió con su obligación de garantizar el buen estado de las escaleras en las que
se presentó el incidente, a pesar de conocer el riesgo que implicaba, pues otras
personas resultaron lesionadas con antelación. A su juicio, la entidad no puede
exonerarse por el hecho de que la víctima no usara el ascensor y llevara tacones,
pues tales situaciones no hacen parte de ningún manual que le fuera exigible a la
señora Rivera de Rincón.

15
Índice 3 de Samai.
16
Índice 9 de Samai.
9

Radicación: 66001 23 33 000 2020 00449 02 (71.424)
Demandante: Nohelia Rivera de Rincón y otros
Demandada: Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

47. De otro lado, argumentó que carecía de fundamento lo solicitado a título de lucro
cesante, dada la ausencia de la valoración de la junta de calificación de invalidez,
omisión que no podía suplirse con el dictamen particular allegado, el cual da cuenta
de los perjuicios morales, pero no de la pérdida de capacidad laboral.

48. El 6 de noviembre de la misma anualidad 17, la Rama Judicial formuló solicitud
probatoria para que se incorporaran los soportes del pago efectuado por la ARL
Positiva a la demandante, por valor de $89’575.357, a título de indemnización por
su pérdida de capacidad laboral, la cual ascendió al 18.1%, según lo determinado
por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Esta solicitud fue rechazada por
extemporánea el 5 de diciembre siguiente18, dado que no fue presentada durante la
ejecutoria del auto admisorio de las apelaciones interpuestas contra el fallo de
primera instancia.

CONSIDERACIONES

49. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide
lo actuado y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales de
jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa por
activa y por pasiva, el agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial, así
como el de demanda en forma, la Sala procede a decidir la segunda instancia.

50. Con ese propósito, se abordarán los siguientes asuntos: (i) objeto del recurso
de apelación y los cuestionamientos a resolver; (ii) análisis del caso concreto, y (iii)
las costas de segunda instancia.

El objeto de los recursos de apelación interpuestos y los problemas jurídicos
para resolver la controversia

51. De conformidad con el artículo 320 del CGP, la competencia del juez de segunda
instancia la delimitan los cargos planteados contra la decisión recurrida, sin que la
carga de sustentación se entienda satisfecha con la mera manifestación de
inconformidad, ni tampoco con la llana petición de revocatoria de la decisión
pertinente. Para ello es necesario el ataque concreto de los fundamentos de hecho
y/o de derecho de los que se disiente19, pues al superior no le corresponde “suponer
las razones de inconformidad de la parte apelante frente a la sentencia y, por esa
vía, de suplir las cargas que legalmente le han sido impuestas a ella”20.

52. Así las cosas, los reproches de la parte demandante se sustentan en la
denegatoria del lucro cesante, mientras que los de la parte demandada (Rama
Judicial y su llamada en garantía) versan sobre: i) la ausencia de vínculo laboral
entre la accionada y la demandante; ii) la falta de acreditación de las condiciones
en las que ocurrió el incidente; iii) el mantenimiento del área a cargo de una

17
Índice 14 de Samai.
18
Índice 15 de Samai.
19
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de agosto de 2022, C.P.
Marta Nubia Velásquez Rico, expediente 54.120.
20
Ídem y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de septiembre de
2020, expediente 44.707, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
10

Radicación: 66001 23 33 000 2020 00449 02 (71.424)
Demandante: Nohelia Rivera de Rincón y otros
Demandada: Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

autoridad distinta a la accionada; iv) la inexistencia de afectación moral de los
familiares de la señora Rivera de Rincón; y v) el alcance de la garantía otorgada por
La Previsora.

53. De este modo, con base en los recursos de apelación interpuestos, los
problemas jurídicos concretos a resolver en esta instancia son: i) ¿erró el a quo al
edificar su análisis en la violación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del
Trabajo?; ii) ¿fueron acreditadas las condiciones concretas en las que ocurrió la
caída que produjo la lesión alegada por la demandada?; iii) ¿las eventuales
falencias en la zona son imputables a la Rama Judicial? De encontrarse acreditada
la falla de la accionada y su nexo con el daño, se resolverá si iv) ¿operó el eximente
de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima? Ante la respuesta negativa a
este interrogante, se determinará si v) ¿los familiares de la afectada directa
acreditaron los perjuicios morales?, y, vi) ¿obra prueba idónea del lucro cesante?

54. Finalmente, en caso de confirmarse la responsabilidad patrimonial de la
accionada, se resolverá ¿si La Previsora está llamada a asumir la eventual condena
y en qué condiciones?

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y su observancia en
el sub lite

55. El a quo edificó su decisión en el incumplimiento de la Rama Judicial de las
disposiciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual,
según el Decreto 1072 de 2015, hace referencia al proceso que deben implementar
los empleadores con el fin de anticipar, reconocer, evaluar, así como controlar los
riesgos generados en el ambiente laboral21, provenientes, entre otros, de las
instalaciones en las que se presta el servicio22, y que pueden materializarse en
lesiones o enfermedades23.

56. Aunque la Fiscalía General de la Nación hace parte de la Rama Judicial, lo cierto
es que goza de autonomía administrativa y presupuestal, en los términos del artículo
249 de la Constitución, en virtud de lo cual está habilitada para manejar sus asuntos
de gestión interna, tales como los inherentes a las relaciones legales y
reglamentarias con su personal, incluido lo referente a la prevención de los
accidentes laborales, como los provenientes de sus instalaciones.

57. Así las cosas, le asiste razón a la entidad accionada, dado que al Tribunal
Administrativo de Risaralda no le estaba dado definir el caso al amparo del supuesto
citado (sistema de seguridad y salud en el trabajo), pues la Rama Judicial no era la
empleadora de la demandante, sino la Fiscalía, porque para la época de los hechos
se desempeñaba como fiscal local. Aunque en el expediente no obra acto
administrativo alguno de nombramiento, ni constancia laboral, la Sala deduce tal
vínculo de las documentales que dan cuenta del trámite de calificación de las
lesiones sufridas por la señora Rivera de Rincón con ocasión del incidente del 29
de agosto de 2017, pues en ellas se identificó de manera concreta la entidad a la

21
Artículo 2.2.4.6.4. del Decreto 1072 de 2015.
22
Numeral 10 del artículo 2.2.4.6.2 ejusdem.
23
Artículo 2.2.4.6.3 ibídem.
11

Radicación: 66001 23 33 000 2020 00449 02 (71.424)
Demandante: Nohelia Rivera de Rincón y otros
Demandada: Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

cual se encontraba vinculada y el cargo desempeñado24, afirmaciones que resultan
consecuentes con lo indicado en la demanda y su contestación, así como con las
declaraciones de Ruby Esther Giraldo Cuesta y Luz Estela Ospina Patiño, quienes
refirieron desempeñarse como fiscales para la época de los hechos y señalaron a
la afectada como su compañera.

58. La anterior situación no fue pasada por alto en la demanda, en cuanto la
accionante en modo alguno alegó que tuviera una relación legal y reglamentaria con
la Rama Judicial y que, por ende, esta entidad hubiese faltado a sus deberes de
prevención como empleadora. La imputación se planteó a partir de la calidad de
propietaria del Palacio de Justicia de Pereira y la inobservancia del deber de
mantenimiento en condiciones seguras para el tránsito del público en general,
aspectos que tampoco se encuentran acreditados, como se sostuvo en la apelación
de la parte demandada.

59. La Subsección precisa que, aunque el hecho por el cual se le endilga
responsabilidad a la Rama Judicial fue calificado como accidente de trabajo y la
víctima directa tenía para ese momento la condición de funcionaria de la Fiscalía
General de la Nación, ello no impide continuar con el estudio del asunto, pues, en
hechos como los alegados: cumplimiento de funciones por fuera de la sede del
empleador (tesis de la demanda), es posible demandar a este último sujeto con
fundamento en la culpa patronal25, y/o accionar contra el propietario de la
edificación. Esto dependerá de la causa del suceso, si se generó por incumplimiento
de las obligaciones de seguridad en el trabajo radicadas en cabeza de la entidad a
la que se encontraba vinculada la persona afectada, o si se trató de una falta de
mantenimiento de las instalaciones de propiedad de un tercero.

60. Al respecto, en providencia del 7 de febrero de 202526, la Subsección concluyó
que, ante un daño causado en el marco de una vinculación laboral, con injerencia
de un bien ajeno al empleador (en ese caso un automotor), se podrá, a elección,
demandar con fundamento en la culpa patronal o accionar contra el respectivo
propietario, por falencias de mantenimiento.

61. En este caso, las pretensiones de la demanda se sustentaron en el segundo
supuesto, pues no se endilgó responsabilidad a la entidad empleadora de la señora
Nohelia Rivera de Rincón, sino que se alegó que la accionante resultó lesionada en
un área a cargo de la Rama Judicial, por inobservancia de su deber de garantizar el
tránsito seguro del público en general en el Palacio de Justicia de Pereira, lo cual
se analizará a continuación, sin perjuicio de que, finalmente, se determine que la
acción debió dirigirse contra la Fiscalía General de la Nación, siempre que se

24
Folios 63 a 67 del cuaderno de anexos de la demanda.
25
En relación con la procedencia de la reparación directa en los eventos en los que se imputa una
falla en el servicio del empleador, la Sala se pronunció en sentencia del 20 de mayo de 2024,
expediente 66.201 M.P. María Adriana Marín.
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto
del 7 de febrero de 2025, expediente 52.623, M.P. María Adriana Marín. Providencia en la que, en
sede de súplica, fue revocada la decisión a través de la cual se declaró la falta de jurisdicción frente
a un proceso de reparación directa promovido por una persona vinculada a una cooperativa de
trabajo asociado, que resultó lesionada cuando, en cumplimiento de sus funciones, se movilizaba en
un automotor de propiedad estatal.
12

Radicación: 66001 23 33 000 2020 00449 02 (71.424)
Demandante: Nohelia Rivera de Rincón y otros
Demandada: Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

encuentre probado que la infraestructura invocada como causante de las lesiones
estaba a su cargo.

Circunstancias que rodearon la caída que produjo la lesión alegada

62. El Tribunal Administrativo de Risaralda concluyó que las condiciones de tiempo,
modo y lugar en las que resultó lesionada la señora Nohelia Rivera de Rincón, el 29
de agosto de 2017, en el Palacio de Justicia de Pereira, fueron acreditadas con el
informe frente a los hechos de la ARL Positiva, argumentación que tampoco resulta
de recibo.

63. En el expediente obra el reporte de “Investigación de incidentes y accidentes de
trabajo”27 de la ARL Positiva, diligenciado en este asunto en cumplimiento de lo
establecido en la Resolución 1401 de 2007, proferida por el Ministerio de la
Protección Social, en concordancia con el artículo 2.2.4.6.32 del Decreto 1072 de
2015, normativa en virtud de la cual, ante tales sucesos (incidentes y accidentes
laborales)28, el empleador debe conformar un equipo investigador29 que indague por
sus causas, con el fin de: i) identificar y documentar las deficiencias del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo30, e ii) implementar las medidas
correctivas encaminadas a eliminar o minimizar las condiciones de riesgo y evitar
su recurrencia31.

64. Tal actuación se debe adelantar en un documento que contenga, como mínimo,
los lineamientos establecidos en la aludida resolución: afectación, mecanismo, sitio,
descripción del incidente, causas, medidas a adoptar, entre otros. En todo caso, se
pueden usar las plantillas diseñadas por la administradora de riesgos laborales 32,
que fue, precisamente, lo que ocurrió en este asunto, al cual fue allegado el informe
elaborado el 24 de octubre de 2017 por el equipo investigador de la Fiscalía General
de la Nación33, el cual tuvo como fundamento lo narrado por la afectada directa:
Nohelia Rivera de Rincón, en cuanto al lugar del suceso y la supuesta existencia

27
Folios 27 a 31 del archivo 4 de Samai.
28
Frente a tales situaciones con consecuencias mortales, el artículo 4 del Decreto 1530 de 1996
estableció:
“Artículo 4º. Accidente de trabajo y enfermedad profesional con muerte del trabajador. Cuando un
trabajador fallezca como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional,
el empleador deberá adelantar, junto con el comité paritario de Salud Ocupacional o el Vigía
Ocupacional, según sea el caso, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la ocurrencia
de la muerte, una investigación encaminada a determinar las causas del evento y remitirlo a la
Administradora correspondiente, en los formatos que para tal fin ésta determine, los cuales deberán
ser aprobados por la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.
Recibida la investigación por la Administradora, ésta lo evaluará y emitirá concepto sobre el evento
correspondiente, y determinará las acciones de prevención a ser tomadas por el empleador, en un
plazo no superior a quince (15) días hábiles (…)”.
29
Al respecto, el parágrafo 2 del artículo 2.2.4.6.32 del Decreto 1072 de 2015 prevé: “Para las
investigaciones de que trata el presente artículo, el empleador debe conformar un equipo
investigador que integre como mínimo al jefe inmediato o supervisor del trabajador accidentado o del
área donde ocurrió el evento, a un representante del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud
en el Trabajo y al responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”.
30
Según lo previsto en el numeral 1 del artículo 2.2.4.6.32 ejusdem.
31
Así lo prevé el artículo 2 de la Resolución 1401 de 2007 del Ministerio de la Protección Social.
32
Numeral 3 del artículo 4 ejusdem.
33
Elaborado por los empleados Francisco Eduardo Zuluaga Vélez, María Cristina Cardona Álvarez
y Adriana Rocía Bernal Castañeda.
13

Radicación: 66001 23 33 000 2020 00449 02 (71.424)
Demandante: Nohelia Rivera de Rincón y otros
Demandada: Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

para ese momento de una sustancia pegajosa en el piso (29 de agosto de la misma
anualidad) .

65. Así las cosas, la Sala concluye que el documento en el que el Tribunal a quo
sustentó su decisión no corresponde a un informe proveniente de la ARL Positiva,
sino que, se insiste, corresponde a las hipótesis que elaboró la empleadora (Fiscalía
General de la Nación), a partir del lugar señalado por la víctima directa como de
ocurrencia del suceso, sin que sus señalamientos se hubiesen corroborado con
otros elementos como: entrevista a testigos, fotografías, videos, entre otros, (artículo
10 de la citada Resolución 1401 de 2007).

66. La afectada refirió como mecanismo de lesión las escaleras internas que del
piso 1 del Palacio de Justicia de Pereira conducen al basamento de la Torre A, y
respecto de estas, en el marco de la investigación citada, a través de una
inspección, fueron verificadas las condiciones de iluminación y señalización; sin
embargo, no existe plena certeza de que, en efecto, ese hubiese sido el sitio del
incidente del 29 de agosto de 2017. Aspecto trascendental para determinar la
responsabilidad de la Rama Judicial, pues se le imputó el desconocimiento de su
deber de garantizar unas instalaciones seguras para los usuarios de la
administración de justicia, lo que imponía acreditar: i) el área concreta de los
hechos; ii) si esta zona estaba a su cargo; y, de ser así, iii) si presentaba las
falencias endilgadas.

67. En cuanto al lugar de los hechos, la Subsección encuentra otras evidencias que,
a pesar de versar sobre ese tópico, carecen de la suficiencia probatoria para
acreditarlo. En la primera instancia, fue practicado el interrogatorio de parte de la
señora Nohelia Rivera de Rincón, que, de cara al punto analizado, no sostuvo
hechos que le produjeran consecuencias jurídicas adversas o que favorecieran a la
parte contraria, de ahí que a sus manifestaciones les resulte aplicable lo previsto en
el último inciso del artículo 191 del CGP, a saber: “La simple declaración de parte
se valorará (…) con las reglas generales de apreciación de las pruebas”. La
demandante, en este aspecto, sostuvo:

“Yo me encontraba en el Palacio de Justicia realizando, pues unas audiencias
de control de garantías y yo me dirigía por las escaleras para el basamento
en las escaleras que son de caracol y allí su señoría, yo me resbalé, perdí la
estabilidad cuando traté de agarrarme de la pared caí (…), causándome
lesiones en la rodilla, la cadera y el brazo derecho (…). Tuve fractura (…), tuve
rotura total de ligamentos y tendones (…), la muñeca también (…) quedé
realmente mal, muy mal.

Yo mandé el paso y (…) pisé algo que era gelatinoso, (…) no había barandas,
(…) yo atiné como agarrar la pared (…), pero no alcancé y me caí a un
descansito (…)

(…) Uno está como en (…) esa adrenalina (…), yo volví a salir a pedir auxilio
porque eso estaba solo. Yo recuerdo únicamente un viejito de un sombrerito
(…), me imagino que era un usuario, me ayudó a recoger los expedientes y me
los entregó y yo salí a buscar auxilio porque el dolor era terrible (…) yo vi que
casi que me mato, yo me vi matada

(…) Mi dolor era intenso, yo sentía que ese brazo se me iba a desprender. Yo
no era capaz, y Estaba perdiendo incluso la respiración cuando yo logré salir
14

Radicación: 66001 23 33 000 2020 00449 02 (71.424)
Demandante: Nohelia Rivera de Rincón y otros
Demandada: Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

a ese descanso para ya coger la primera planta, o sea el primer piso,
pasaba en ese momento una Fiscal Seccional que trabaja (…) en la Torre C,
cuando me vio, me dijo, ¿qué te pasó? Yo le dije, me acabé de caer en esas
escaleras (…).

Yo iba bajando, (…) yo iba para el basamento, (…) yo creo que ya iba en la
mitad (…) del caracol, estaba en el descanso que queda en la mitad (…), ya era
que faltaba el tramo ya para descender (…). Me levanté (…), yo tiré otra vez a
salir a buscar ayuda, yo necesitaba ayuda (…).

Yo subí a pedir auxilio, yo necesitaba que alguien me auxiliara, eso es instinto por Dios,
el dolor tan agudo. (…) Yo no logré llegar al basamento, yo iba para el basamento y en
las escaleras me caí yo no logré llegar al basamento. Apoderada Demandada: Entonces
usted prefirió en vez de bajar a ver quién estaba abajo ¿Usted subió? Parte
Demandante: El instinto buscar auxilio, yo me fui a buscar auxilio y a atenderme mi
lesión. Parte demandada: ¿Usted está pensionado por vejez o por incapacidad? -
Demandante: Por vejez, por vejez”34 (Transcripción literal de la audiencia de pruebas,
destacados de la Sala).

68. La víctima directa refirió las “escaleras para el basamento (…) de caracol” e
indicó que en el instante concreto solo hubo un testigo que no pudo identificar y,
luego de eso, se encontró con una compañera, afirmaciones que se valorarán en
conjunto con las demás pruebas. En concreto, el testimonio de Ruby Esther Giraldo
Cuesta, quien indicó que, en su calidad de fiscal: i) conocía a la demandante desde
hacía 25 años, ii) que ella (la declarante) para el día del incidente laboraba en el
Palacio de Justicia de Pereira, y iii) que vio a la afectada instantes después de que
resultara lesionada, pero sin presenciar el momento exacto.

69. Si bien de la valoración conjunta de lo sostenido por la señora Rivera de Rincón
con lo dicho por la testigo Giraldo Cuesta, la Sala podría inferir que, en efecto, se
trató de las escaleras que del piso 1 de la Torre A del Palacio de Justicia de Pereira
conducen al basamento, lo cierto es que el relato de la segunda de las citadas
carece de suficiencia, pues, en primer lugar, la testigo sostuvo que vio a la afectada
cuando, luego de caerse, subía por tales escaleras; sin embargo, en otro aparte,
indicó que observó a la afectada cuando venía de la zona en donde estas quedaban,
tan es así que tuvo que pedirle a la lesionada que le precisara de qué escaleras
hablaba. Además, a pesar de indicar que vio tal estructura cuando la afectada
ascendió por allí, lo cierto es que, al ser interrogada por las características de las
escalas, manifestó no haber estado en ese lugar el día de los hechos35. Estas

34
Audiencia obrante en el índice 62 de Samai.
35
La testigo sostuvo (transcripción literal de la audiencia de pruebas, destacados de la Sala):
Yo recuerdo que salía, creo que hacia el centro de servicios judiciales, porque me quedaba muy
cerquita a mirar alguna programación de audiencia y yo vi cuando Nohelia subía por las
escaleras que dan acceso al basamento de la Torre A o sea, yo no presencié el momento del
accidente y eso lo dejó claro, yo sé del accidente porque ella me lo contó y porque yo vi
circunstancias posteriores al accidente (…). Yo vi que ella venía como de ese lado de las escaleras
del basamento de la torre A y la vi muy pálida, la vi asustada, ella llevaba unos expedientes en la
mano y (…) entonces yo me acerqué, (…) al notarla como con ese estado de susto, de ansiedad, de
miedo, yo le pregunté qué le pasaba, entonces ella me dijo, imagínate que me acabo de, de rodar,
me acabo de caer por las escaleras y, ¿pero cuáles escaleras? No, pues las escaleras que dan
al basamento (…). Yo (…) no tuve acceso a esas escalas, entre otras cosas, porque mi despacho
no queda ahí, sino al otro lado, por el por el pasillo, entonces no tenía (…) ninguna razón para
acceder a esas escaleras ese día (…). Demandante: ¿Doctora ha dicho usted que en el sitio donde
se presenta el accidente no había barandas o pasamanos? eso fue así para la fecha en que ocurrió
el mismo? Testigo: Doctor, creo que sí, pero no podría asegurarlo, es decir, como le digo, mi
oficina quedaba ubicada en la Torre C, y yo ya (…) no tenía que acceder (…) mucho a la Torre A
porque en la Torre A quedan otros despachos de Fiscalía (…), entiendo y creo que todavía no había
pasamanos para ese entonces” (audiencia obrante en el índice 62 de Samai).
15

Radicación: 66001 23 33 000 2020 00449 02 (71.424)
Demandante: Nohelia Rivera de Rincón y otros
Demandada: Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

falencias impiden establecer qué situaciones presenció la declarante y, a su vez,
lleva a concluir que no se trata de un relato consistente, del que se puede deducir
el sitio exacto de ocurrencia de los hechos.

70. Así las cosas, sobre la materia analizada: lugar de la caída, solo obra la
manifestación de la víctima directa, que, al valorarla en los términos del artículo 191
del CGP, en concordancia con el evidente interés que le asiste en el sub lite, se
concluye que no resulta suficiente para tal fin. Su versión no es susceptible de ser
corroborada con otros elementos, pues la prueba que se invocó para ello
(declaración de la señora Giraldo Cuesta), como se explicó, no contiene un relato
coherente y consistente. Aunado a que se advierten otros aspectos que generan
dudas sobre lo ocurrido. En efecto, la víctima directa sostuvo que el incidente del 29
de agosto de 2017 fue tan grave que tuvo que irse de inmediato para urgencias,
pese a lo cual, la historia clínica aportada con la demanda no da cuenta de
atenciones ese día, pues el primer registro médico que se acreditó data del 4 de
septiembre de tal anualidad, en la Clínica de Fracturas de Pereira 36.

71. Además, la deponente Luz Estela Ospina Patiño37, quien laboraba en el Palacio
de Justicia de Pereira, desde 1995, en su calidad de empleada de la Fiscalía
General de la Nación, indicó que, en la zona del basamento de la Torre A de tal
edificación, había dos escaleras en forma de caracol: una interna y otra externa, y
que los hechos fueron en la segunda; sin embargo, no los presenció, de ahí que
sus manifestaciones en ese punto no pueda conferírsele mérito probatorio
suficiente, sin perjuicio de darle credibilidad a la existencia en el área invocada en
la demanda de dos escaleras, con características similares, lo que refuerza la
necesidad de acreditar de manera precisa el lugar del incidente. La testigo explicó
(se transcribe literal del audio de la diligencia, destacados de la Sala):

“En el basamento del Palacio de Justicia están ubicadas las Fiscalías
Seccionales y Locales que pertenecen a la Dirección Seccional de Fiscalía de
Pereira, no están todas, pero ese basamento todas las oficinas están ocupadas,
como son tantos los despachos, pues han tenido que desplazar hacia otras
instalaciones, pero ahí en, en ese basamento solamente Torre A basamento
solamente las Fiscalías Seccionales y Locales, entre ellas en la que yo laboraba
para esa época (…). Preguntado: (…) sírvase describirle al despacho ¿cómo
era la escalera de caracol que lleva de primer piso al basamento de Palacio de
Justicia? Contestó: Bueno, esas escaleras son internas, son angostas y en
forma de caracol, porque los pisos no tienen una altura muy grande, entonces
las escaleras son estrechas (…). Hay unas que son digamos saliendo del
Palacio son a mano derecha y otras que son más internas que son al lado
del ascensor. Pero yo tengo entendido que la caída de Nohelia fue por las que
dan a la salida del edificio”38.

72. La declarante también señaló que en el edificio objeto de análisis para la época
de los hechos funcionaban despachos tanto de la Fiscalía General de la Nación
como de la Rama Judicial, de ahí que a cada entidad le correspondiera la limpieza
y mantenimiento de sus respectivas zonas39, particularidad que en ese asunto le

36
Folio 67 del archivo de anexo de la demanda.
37
Índice 62 de Samai.
38
Índice 62 de Samai.
39
Así lo sostuvo la testigo:
16

Radicación: 66001 23 33 000 2020 00449 02 (71.424)
Demandante: Nohelia Rivera de Rincón y otros
Demandada: Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

imponía a la accionante acreditar el lugar concreto de los hechos y la consecuente
responsabilidad de mantenimiento en cabeza de la Rama Judicial, sin que
procediera de conformidad.

73. Frente a la imposibilidad de declarar la responsabilidad patrimonial del Estado
en casos como el analizado, en los que las personas alegan caídas en las
instalaciones de una entidad, pero no prueban la configuración de una falla en el
servicio en ese sentido, la Sala ha concluido:

“En el presente asunto se probó que el señor Álvaro José Lorenzo Ortiz sufrió
un accidente el 18 de julio de 2013, mientras descendía por una de las escaleras
del área administrativa del Hospital San Antonio de Chía. Sin embargo, se
desconocen las circunstancias específicas que rodearon la caída, así como las
características estructurales de las escaleras donde ocurrió el incidente, lo cual
impide estructurar un juicio de atribución en contra de la demandada.

En efecto, no se sabe si la causa del accidente fue el resultado de un obstáculo
en el camino, un error humano por parte del señor Lorenzo Ortiz, o una falla en
el mantenimiento o diseño de las instalaciones del hospital, vacío probatorio que
impide efectuar una imputación fáctica en contra de la accionada.

Cabe destacar que en el expediente no existió evidencia que corroborara la
versión del demandante sobre cómo ocurrió el accidente. Los testigos que
declararon durante el proceso indicaron que solo se percataron de la caída
debido a los ruidos y comentarios de otros en el momento del suceso y que, al
llegar para prestar auxilio, encontraron al señor Álvaro José Lorenzo Ortiz en el
suelo”40.

74. En este caso, la accionante no acreditó cómo ocurrió su caída (que produjo la
lesión alegada), ni la consecuente responsabilidad de la Rama Judicial en ese
suceso, de ahí que se imponga la decisión favorable del recurso de apelación
presentado por la parte demandada, con la consecuente revocatoria de la sentencia
de primera instancia. Conforme a lo anterior, la Sala se releva de analizar los cargos
de la alzada propuestos por la parte demandante y la aseguradora.

Costas

75. De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia
con el numeral 4 del artículo 365 del C.G.P., la Sala condenará en costas a la parte
demandante41 por ambas instancias, dada la revocatoria de la sentencia dictada por
el a quo.

“Pues es en el Palacio de justicia siempre se ha generado una situación muy molesta que ha sido
como la división entre Juzgados y Fiscalía (…), han generado unas divisiones, entonces el
mantenimiento del área de juzgados pertenecía a la administración judicial y el mantenimiento
de las áreas de la Fiscalía estaba a cargo de la administración del área administrativa de la
Fiscalía General de la nación. Entonces me explico, las áreas comunes, entre ellas las escalas del
basamento hacia arriba o del primer piso hacia arriba del Palacio estaba a cargo de la administración
judicial y el basamento que era donde nosotros teníamos las oficinas o donde existen, están las
oficinas de los Fiscales, entonces eso está a cargo de la, el área administrativa de la Fiscalía General
de la Nación. Ellos eran los que contrataban las niñas que limpiaban y todo eso, es decir las niñas
que limpiaban en el basamento, no limpiaban en las escalas del primer piso hacia arriba”.
40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A, sentencia del 20 de
mayo de 2024, expediente 66.201 M.P. María Adriana Marín.
41
En asuntos como el presente, el magistrado ponente estima que, para condenar en costas a la
demandante (no así a la demandada vencida), debe acudirse a un criterio subjetivo, en aplicación
del mandato incorporado -con la Ley 2080 de 2021- en el artículo 188 del CPACA, conforme al cual
en todos los casos (salvo en litigios relacionados con grave violación de derechos humanos, donde
17

Radicación: 66001 23 33 000 2020 00449 02 (71.424)
Demandante: Nohelia Rivera de Rincón y otros
Demandada: Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

76. Las costas incluyen las agencias en derecho, que, según el artículo 366
ejusdem, se fijan a partir de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la
Judicatura, así como con observancia de la naturaleza, calidad y duración de la
gestión realizada por el apoderado o por la parte que litigó personalmente, la cuantía
del proceso y otras circunstancias especiales.

77. Así las cosas, la Subsección, con observancia de la actuación desplegada por
los integrantes de la parte demandada durante el trámite del presente proceso, fijará
a cargo de la parte accionante y en favor de la Rama Judicial y de La Previsora S.A.,
en partes iguales, las agencias en derecho, en los siguientes términos: (i) por la
primera instancia, el 3% de las pretensiones negadas42, y (ii) por la segunda, 1
smmlv, a la fecha de ejecutoria de esta providencia. Tarifas que obedecen a las
actuaciones que desplegaron, tales como allegar escrito de oposición a las
pretensiones, participar en la audiencia de pruebas, alegar de conclusión ante el a
quo, apelar el fallo del 25 de abril de 2024, y contar con apoderado judicial durante
el trámite de tal recurso.

78. Como en este caso la parte actora se encuentra integrada en forma plural, la
condena en costas será pagada por cada uno de los demandantes, en función de
su particular interés en las resultas del proceso, según dispone el numeral 6 del
artículo 365 del CGP43, de la siguiente manera44:

Pretensión del Porcentaje
Demandante proceso de reparación respecto de las
directa costas
Nohelia Rivera de Rincón $ 1.970.448.695 68,385677%
Jaime de Jesús Rincón $ 165.623.200 5,748059%
Paula Andrea Rincón Rivera $ 165.623.200 5,748059%
Bertha Cecilia Sánchez de Rivera $ 165.623.200 5,748059%
Guillermo Rivera Sánchez $ 82.811.600 2,874029%
Luz Elena Rivera Sánchez $ 82.811.600 2,874029%
José David Rivera Sánchez $ 82.811.600, 2,874029%
María Olady Rivera Sánchez $ 82.811.600 2,874029%
Gloria María Rivera Sánchez $ 82.811.600 2,874029%

79. Finalmente, la liquidación de las costas, con inclusión de las agencias en
derecho, la efectuará de manera concentrada el Tribunal a quo.

no procede, o en las actuaciones gobernadas con reglas especiales, como en recursos
extraordinarios) corresponde comprobarse si la demanda careció manifiestamente de fundamento
legal. Sin embargo, también reconoce que no es una interpretación pacífica, por lo que -hasta tanto
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo no unifique la subregla- acogerá la actual posición
mayoritaria de la Sección Tercera, que se inclina por mantener la aplicación del elemento objetivo.
42
Que corresponde al tope mínimo señalado en el Acuerdo No. PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016,
proferido por el Consejo Superior de la Judicatura.
43
“Artículo 365 (…) 6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará
en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes
iguales entre ellos”.
44
El porcentaje se fija según lo pretendido por cada uno de los demandantes, es decir, según su interés
patrimonial.
18

Radicación: 66001 23 33 000 2020 00449 02 (71.424)
Demandante: Nohelia Rivera de Rincón y otros
Demandada: Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

80. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 25 de abril de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, para, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS por ambas instancias a la parte
demandante, según el interés de cada accionante en el monto de las pretensiones.
La liquidación adelantará de manera concentrada el a quo, según lo previsto en el
artículo 366 del Código General del Proceso.

Para el efecto, las agencias en derecho a cargo de la parte demandante se fijan así:
i) por la primera instancia, 3% de las pretensiones negadas, y ii) por la segunda, 1
smmlv a la fecha de ejecutoria de la presente providencia. Estas sumas se pagarán
en partes iguales a favor de la Rama Judicial y de La Previsora.

TERCERO: Por intermedio de la Secretaría de la Sección Tercera de esta
Corporación, ejecutoriada la presente providencia, DEVOLVER el expediente de
este proceso al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclaración de Voto
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

19

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.