Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04310-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04310-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-04310-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
5 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04310-00
Accionante: ROSA ALEYDA CASTAÑEDA GARCÉS
Autoridad: CONSEJO DE ESTADO-SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Rosa Aleyda Castañeda
Garcés contra el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A,
específicamente contra el honorable magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves.
ANTECEDENTES
1. Acción de tutela
El 11 de julio de 2025, Rosa Aleyda Castañeda Garcés, actuando por intermedio de
apoderada judicial, interpuso acción de tutela con el fin de obtener la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la tutela judicial efectiva y a la seguridad social en pensión, que consideró
vulnerados por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A, al proferir la
sentencia del 23 de octubre de 2024 dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho1 promovido contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, en
1 Proceso identificado con número de radicado: 66001-23-33-000-2021-00432-01.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04310-00
Accionante: Rosa Aleyda Castañeda Garcés
Acción de tutela – Primera instancia
la que se revocó la decisión de primera instancia favorable a sus pretensiones y, en
su lugar, se negó el reconocimiento de la pensión gracia.
En virtud de la acción de tutela, la parte accionante solicita se deje sin efectos la
sentencia reprochada y, en su lugar, se ordene a la autoridad judicial dictar una
nueva decisión en la que se valoren las pruebas allegadas y se decrete, de ser
necesario, la práctica de pruebas oficiosas conforme a los lineamientos establecidos
en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, con el fin de garantizar la protección
efectiva de sus derechos fundamentales y resolver de fondo sobre el reconocimiento
de la pensión gracia.
2. Hechos relevantes
La señora Rosa Aleyda Castañeda Garcés de 66 años, inició su trayectoria en el
servicio educativo oficial mediante nombramiento efectuado por el Jefe del Distrito
Educativo N.° 8 de Roldanillo, Valle del Cauca, el 15 de enero de 1980, cargo que
ejerció hasta el 14 de marzo del mismo año en la escuela rural mixta N.° 20 Elvira
Peña del municipio de El Dovio. Posteriormente, fue vinculada por el municipio de
Dosquebradas, Risaralda, en distintos periodos comprendidos entre 1997 y 2003, a
través de contratos de prestación de servicios, contratos de trabajo docente, órdenes
de prestación de servicios y órdenes de trabajo, desempeñándose en diversas
instituciones educativas, entre ellas el Colegio Colombo Británico, la Institución
Educativa Estación Gutiérrez y el Instituto Bosques de la Acuarela.
Mediante Decreto 098 del 5 de febrero de 2004, la actora fue nombrada en
provisionalidad en el cargo de docente por el alcalde municipal de Dosquebradas, y
tomó posesión el mismo día, desempeñándose hasta el 30 de junio de 2005.
Posteriormente, por Decreto 394 del 1º de julio de 2005, fue nombrada en periodo
de prueba y posesionada en propiedad, vinculación que se ratificó con el Decreto
132 del 22 de marzo de 2011, con efectos desde el 1º de enero de 2006. Desde
entonces laboró de manera ininterrumpida como docente nacionalizada al servicio
del municipio de Dosquebradas, manteniendo vigente su condición de servidora
pública en el sector educativo.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04310-00
Accionante: Rosa Aleyda Castañeda Garcés
Acción de tutela – Primera instancia
El 11 de septiembre de 2018, la señora Castañeda Garcés cumplió 20 años de
servicio como docente territorial/nacionalizada y más de 50 años de edad,
circunstancias que, de acuerdo con la normatividad aplicable, le otorgaban el estatus
de pensionada por gracia. En consecuencia, el 25 de abril de 2019 presentó solicitud
ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social-UGPP, para que se le reconociera y pagara
dicha prestación. No obstante, la entidad, mediante Resolución RDP023319 del 2 de
agosto de 2019, negó el reconocimiento con fundamento en que los tiempos
laborados bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios entre 1997 y
2003 no podían ser tenidos en cuenta al no derivar de una relación legal y
reglamentaria, y que otros periodos habían sido prestados bajo nombramientos de
orden nacional. Esta decisión fue confirmada el 27 de septiembre de 2019 mediante
Resolución RDP029204.
Frente a lo anterior, la actora interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, radicada bajo el número 66001-23-33-000-2021-00432-01, la cual
correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo de Risaralda. Dicho
tribunal, mediante sentencia del 5 de octubre de 2023, accedió a las pretensiones y
condenó a la UGPP a reconocer y pagar la pensión gracia a su favor a partir del 12
de septiembre de 2018, computando como tiempo válido no solo los periodos
servidos bajo nombramientos oficiales, sino también los acreditados mediante
contratos de prestación de servicios.
Inconforme con la decisión, la UGPP interpuso recurso de apelación. En sede de
segunda instancia, la Sección Segunda-Subsección A del Consejo de Estado, con
ponencia del Consejero Luis Eduardo Mesa Nieves, profirió sentencia el 23 de
octubre de 2024, notificada el 16 de enero de 2025, mediante la cual revocó el fallo
del a quo y negó las pretensiones. La Sala sostuvo que los contratos de prestación
de servicios y demás modalidades contractuales no podían contabilizarse para
efectos de la pensión gracia, al no acreditarse su naturaleza de vinculación territorial
o nacionalizada; que la certificación expedida por la Secretaría de Educación de
Dosquebradas el 9 de mayo de 2018 solo daba cuenta de su condición de docente
activa hasta esa fecha, sin demostrar continuidad posterior; y que, en consecuencia,
la demandante únicamente acreditaba 15 años, 1 mes y 26 días de servicios como
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04310-00
Accionante: Rosa Aleyda Castañeda Garcés
Acción de tutela – Primera instancia
docente territorial o nacionalizada, tiempo insuficiente para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia.
3. Fundamentos de la acción
La accionante adujo que la autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales,
toda vez que la providencia reprochada no valoró en debida forma las pruebas
aportadas ni las peticiones que había elevado al municipio de Dosquebradas para
acreditar la naturaleza territorial de sus vinculaciones como docente.
Señaló que, pese a haber demostrado diligencia en la búsqueda de la información
sobre los planteles en los que prestó sus servicios y el origen de los recursos con
que se financiaban sus salarios, el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección
A, desconoció tales elementos y, en su lugar, concluyó que no se cumplía con el
requisito de los veinte (20) años de servicio exigido para acceder a la pensión gracia.
Manifestó que la providencia reprochada incurrió en falsa motivación y en un defecto
fáctico en su dimensión negativa, por cuanto omitió decretar pruebas de oficio que
resultaban esenciales para esclarecer dudas sobre la continuidad de su vinculación
y la naturaleza de los servicios prestados bajo las diferentes modalidades
contractuales. Sostuvo que, conforme a la Constitución, la Ley 1437 de 2011 y su
reforma mediante la Ley 2080 de 2021, así como a la jurisprudencia constitucional y
contenciosa, el juez administrativo está llamado a ejercer un rol activo en la
búsqueda de la verdad material, lo cual no se observó en el caso concreto.
Afirmó, además, que la Sala accionada incurrió en exceso ritual manifiesto al dar por
terminada su vinculación laboral con base en la fecha de la última certificación
expedida en 2018, como si a partir de entonces hubiera cesado su relación de
servicio, sin haber requerido un certificado actualizado de tiempo de servicio ni haber
ordenado prueba alguna que despejara dicha incertidumbre. A su juicio, esa decisión
desconoció los principios de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, de
favorabilidad y de acceso real a la justicia material.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04310-00
Accionante: Rosa Aleyda Castañeda Garcés
Acción de tutela – Primera instancia
Finalmente, adujo que el fallo cuestionado desconoció precedentes jurisprudenciales
consolidados en torno al deber del juez contencioso de decretar pruebas oficiosas
cuando las circunstancias del caso lo ameriten, y que tal omisión derivó en la
negación de su derecho a la pensión gracia, pese a que existían elementos de juicio
que, valorados integralmente, hubieran permitido una decisión distinta y más acorde
con la garantía de sus derechos fundamentales.
4. Trámite procesal
El 21 de julio de 2025 se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar a la
accionante, a los honorables magistrados del Consejo de Estado-Sección Segunda-
Subsección A, así como a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP y al municipio de
Dosquebradas, en calidad de terceros con interés. Asimismo, se dispuso a notificar
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.
Adicionalmente, se solicitó al Tribunal Administrativo de Risaralda remitir copia digital
del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho2, y se suspendió el término
para decidir mientras se practicaban las pruebas ordenadas. Finalmente, se
reconoció personería a la abogada Dianne Francesca Medina Ocampo como
apoderada de la accionante.
En el escrito de contestación, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, por
intermedio de su subdirectora de Defensa Judicial Pensional, solicitó su
desvinculación del trámite de tutela, al estimar que no le era atribuible la presunta
vulneración de los derechos fundamentales invocados por la señora Rosa Aleyda
Castañeda Garcés. Señaló que mediante las Resoluciones RDP 023319 del 2 de
agosto de 2019 y RDP 029204 del 27 de septiembre de 2019 negó y confirmó,
respectivamente, la solicitud de pensión gracia presentada por la accionante, bajo el
entendido de que su vinculación era de carácter nacional y no territorial o
nacionalizada, requisito indispensable para acceder a dicha prestación.
2 Proceso identificado con número de radicado: 66001-23-33-000-2021-00432-01.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04310-00
Accionante: Rosa Aleyda Castañeda Garcés
Acción de tutela – Primera instancia
Indicó también que en la actualidad no existe petición radicada o pendiente de
resolver ante la entidad y que las pretensiones de la acción de tutela se dirigen a
controvertir una providencia del Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A,
lo que evidencia la falta de legitimación en la causa por pasiva de la UGPP. Agregó
que no existe nexo causal entre su actuación y la supuesta vulneración alegada, ni
resulta jurídicamente posible que asuma competencias asignadas a otra autoridad,
por lo que concluyó que la acción resulta improcedente en lo que respecta a dicha
Unidad.
Por su parte, el Tribunal Administrativo de Risaralda se limitó a remitir copia del
expediente digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Las demás partes guardaron silencio.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la sentencia
del 23 de octubre de 2024, proferida por el Consejo de Estado-Sección Segunda-
Subsección A, mediante la cual se revocó la decisión del Tribunal Administrativo de
Risaralda que había accedido a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho y, en su lugar, negó el reconocimiento de la pensión
gracia.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción de tutela con arreglo a lo
dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04310-00
Accionante: Rosa Aleyda Castañeda Garcés
Acción de tutela – Primera instancia
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental3. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; y vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela4.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
precedente constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.
Relevancia constitucional
La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional5: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada; y (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.
3 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
4 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
5 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04310-00
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Acción de tutela – Primera instancia
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó:
«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».
Caso concreto
La sentencia reprochada revocó la decisión estimatoria de primera instancia y, en su
lugar, negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida por la señora Rosa Aleyda Castañeda Garcés contra la UGPP.
La Sección Segunda-Subsección A del Consejo de Estado estimó que los tiempos
laborados bajo contratos de prestación de servicios y demás modalidades
contractuales celebrados con el municipio de Dosquebradas entre 1997 y 2003 no
podían ser contabilizados, al no acreditarse que correspondieran a una vinculación
de carácter territorial o nacionalizada. Así mismo, consideró que la certificación
expedida por la Secretaría de Educación Municipal en mayo de 2018 no demostraba
continuidad en el servicio con posterioridad a esa fecha. En consecuencia, concluyó
que la actora solo acreditaba quince (15) años, un (1) mes y veintiséis (26) días de
servicios como docente territorial o nacionalizada, tiempo insuficiente para cumplir
con el mínimo legal de veinte (20) años exigido para acceder a la pensión gracia.
La Sala explicó que, de acuerdo con la normativa aplicable, la pensión gracia solo
puede reconocerse cuando el docente acredita la totalidad de los requisitos previstos
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04310-00
Accionante: Rosa Aleyda Castañeda Garcés
Acción de tutela – Primera instancia
en la Ley 114 de 1913 y el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, esto es, haber prestado
veinte (20) años de servicios en calidad de maestro territorial o nacionalizado y contar
con más de cincuenta (50) años de edad. Indicó que, a diferencia de otras
prestaciones del Sistema General de Pensiones en las que se admite la sustitución
o el reconocimiento de derechos a los beneficiarios incluso cuando el causante
fallece sin haber completado todos los requisitos, la pensión gracia constituye una
prerrogativa de carácter gratuito, meritorio y personal, que no puede ser objeto de
interpretación extensiva ni de aplicación analógica. Por ello, precisó que el
reconocimiento de esta prestación no procede con fundamento en principios como
favorabilidad, proporcionalidad o equidad, sino únicamente bajo el estricto
cumplimiento de las condiciones legales exigidas.
El Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A reconoció como válidos los
periodos en los que la señora Castañeda Garcés se desempeñó bajo nombramientos
oficiales: en 1980 como maestra seccional en el municipio de El Dovio, durante ocho
meses en 2003 mediante contratos directamente celebrados con el municipio de
Dosquebradas, y desde 2004 hasta mayo de 2018 en provisionalidad, periodo de
prueba y en propiedad como docente nacionalizada.
No obstante, descartó los contratos de prestación de servicios celebrados entre 1997
y 2001 y las certificaciones expedidas en 2002, al no acreditar de manera fehaciente
la naturaleza territorial de esos vínculos ni la continuidad de la relación laboral. De
igual modo, consideró que la certificación expedida por la Secretaría de Educación
de Dosquebradas en 2018 no podía extenderse automáticamente para demostrar
servicios posteriores, pues carecía de respaldo documental actualizado.
En sede de tutela, la actora sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en
defectos fácticos, exceso ritual manifiesto y desconocimiento del precedente por no
haber decretado pruebas de oficio que despejaran las dudas sobre la naturaleza de
los contratos y la continuidad en el servicio.
La Sala observa que estos reproches no prosperan. En efecto, de conformidad con
el artículo 167 del Código General del Proceso, la carga de la prueba recae en la
parte interesada. Si bien el juez cuenta con la facultad de decretar pruebas de oficio,
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Accionante: Rosa Aleyda Castañeda Garcés
Acción de tutela – Primera instancia
dicha atribución es potestativa y no lo obliga a suplir la debida diligencia de la parte
en allegar documentos que le correspondía aportar. La accionante, pretende
subsanar por medio de la acción de tutela la omisión de aportar prueba idónea y
suficiente sobre su vinculación como docente del nivel territorial en los tiempos
reclamados, conforme al principio según el cual nadie puede alegar en su favor su
propia culpa, la acción de tutela no está instituida para suplicar cargas procesales
dejadas de cumplir.
En ese orden, la Sala concluye que los fundamentos de la demanda de tutela no
acreditan relevancia constitucional, pues se reducen a un desacuerdo con el acervo
probatorio que pretenden subsanar una carga procesal incumplida dentro del
proceso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y con la
interpretación normativa efectuada por el juez natural, asuntos con una característica
claramente legal y procesal. Los argumentos expuestos por la parte accionante no
demostraron vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que se
orientaron a reabrir la controversia ya resuelta en sede ordinaria, planteando
divergencias de carácter estrictamente legal.
Al revisar los fundamentos jurídicos de la sentencia cuestionada, se advierte que
estos provienen de una interpretación razonable de las pruebas y del marco
normativo y jurisprudencial aplicable, sin que pueda predicarse arbitrariedad o
actuación caprichosa de la autoridad judicial. En consecuencia, la acción de tutela
no puede convertirse en una tercera instancia destinada a replantear debates ya
definidos por el juez competente, máxime cuando la autonomía e independencia
judicial impiden que el amparo desconozca el alcance de las decisiones adoptadas
en sede ordinaria. Por lo tanto, no se satisface el requisito general de relevancia
constitucional.
Por lo expuesto, resulta improcedente que el juez de la acción de tutela revise o
evalúe la interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. Como se dijo
anteriormente, la acción de tutela no es una instancia adicional al proceso ordinario,
ni está prevista para desconocer la autonomía e independencia que caracterizan las
actuaciones judiciales.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04310-00
Accionante: Rosa Aleyda Castañeda Garcés
Acción de tutela – Primera instancia
Además de lo expuesto, la acción de tutela tiene un trasfondo como es el
reconocimiento de la pensión gracia. Esta pretensión, netamente económica, escapa
de la órbita del juez de tutela, que debe verificar la vulneración o amenaza de
derechos fundamentales, circunstancia que reitera la falta de relevencia
constitucional. Por demás, la jurisprudencia constitucional ha señalado que ese tipo
de pretensiones "deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios
dispuestos para su trámite, toda vez que le está prohibido al juez de tutela
inmiscuirse en materias de carácter netamente legal o reglamentario que han de ser
definidos por las jurisdicciones correspondientes"6.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo-Sección Tercera-Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de la señora Rosa Aleyda
Castañeda Garcés contra el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
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Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021
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