Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00432-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00432-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2021-00432-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
23 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001 23 33 000 2021 00432 01 (0349-2024)
Demandante: Rosa Aleyda Castañeda Garcés
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Contrato de prestación de
servicios. Carga de la prueba. Tipo de vinculación. Ley 1437
de 2011.
Decisión: Revocar sentencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección A procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la entidad demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda el 05 de octubre de 2023, que accedió a las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones
La señora Rosa Aleyda Castañeda Garcés por intermedio de apoderado, en
ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho previsto
en el artículo 138 de la Ley 1437 de 20112, peticionó que se declarare la nulidad
de las Resoluciones RDP 023319 de 02 de agosto de 2019 y 029204 de 27 de
septiembre de 2019, por medio de las cuales, la UGPP negó la solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión gracia.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad
demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia liquidada con el 75% del
promedio mensual de los salarios devengados el año anterior a la adquisición del
1 Escrito de la demanda visible en expediente digital cargado en la plataforma SAMAI
2 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En adelante CPACA
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Demandante: Rosa Aleyda Castañeda Garcés
estatus pensional; (ii) reconocer y pagar las mesadas pensionales y las
adicionales debidamente reajustadas; (iii) cumplir la sentencia de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 189, 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011; (iv) realizar los
ajustes conforme al índice de precios al consumidor, y (v) pagar las costas del
proceso.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
La señora Rosa Aleyda Castañeda Garcés indicó que nació el 30 de marzo de
1959 y estuvo vinculada como docente en el departamento del Valle del Cauca y
Risaralda en los siguientes periodos: i) 15 de enero de 1980 al 14 de marzo de
1980; ii) 12 de febrero de 1997 al 30 de noviembre de 1997; iii) 01 de abril de
1998 al 30 de noviembre de 1998; iv) 01 de marzo de 1999 al 30 de noviembre
de 1999 v) 03 de marzo del 2000 al 30 de noviembre de 2000; vi) 19 de febrero
de 2001 al 20 de noviembre de 2001; vii) 04 de marzo de 2002 al 15 de
septiembre de 2002; viii) 16 de septiembre de 2002 al 13 de diciembre de 2002;
ix) 10 de marzo de 2003 al 09 de julio de 2003; x) 10 de julio de 2003 al 02 de
diciembre de 2003; xi) 05 de febrero de 2004 al 30 de junio de 2005; xii) 01 de
julio de 2005 al 31 de diciembre de 2005; xiii) 01 de enero de 2006 a la fecha de
presentación de la demanda, esto es, el 08 de noviembre de 2021. Estimando
entonces, que adquirió el estatus de pensionada el 11 de septiembre de 2018.
El 25 de abril de 2019 la demandante solicitó ante la UGPP, el reconocimiento y
pago de la pensión gracia, sin embargo, le fue negado el derecho a través de los
actos administrativos demandados por considerar que, los tiempos de servicio
son de orden nacional, y que además las vinculaciones que fueron a través de
contratos de prestación de servicios entre el año 1997 al 2003, no son
computables para efectos de la pensión gracia, toda vez que corresponde a una
relación laboral legal y reglamentaria.
1.3 Fundamentos de derecho y concepto de violación
La demandante como concepto de violación argumentó que la entidad
demandada inaplicó las siguientes disposiciones normativas: artículo 1°,2°,4°, 5°,
25°,48°,53°, 58°, 228° y 336°; Leyes 114 de 1913; 116 de 1928, 37 de 1933; 43
de 1975; 91 de 1989; 115 de 1994; 71 de 1988; Decretos 2277 de 1979, 196 de
1995, 081 de 1976, 2108 de 1992, Convenio 95 de la OIT aprobado por la ley 54
de 1962. Precisó que se cumplieron todos los requisitos exigidos para el
reconocimiento de la pensión gracia, sin embargo, la entidad demandada negó
el derecho prestacional de la docente, en clara omisión de la jurisprudencia de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre el asunto.
1.4 Contestación de la demanda
Luego de presentada la demanda el 08 de noviembre de 2021 y admitida la
misma el 14 de diciembre de 2021, la Unidad Administrativa Especial de
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Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, se opuso a la prosperidad de las pretensiones.
Señaló que los tiempos de servicios laborados por la actora, deben ser
desestimados, toda vez que los mismos fueron certificados por la entidad como
del orden nacional. Así mismo, señaló que los periodos laborados bajo contrato
prestación de servicios no fueron objeto de una relación laboral legal y
reglamentaria, por lo tanto no son computables para efectos de pensión gracia.
Y que, en todo caso, al tenor de la sentencia C-489 de 2000, resulta necesario
que se acrediten los requisitos antes de la entrada en vigencia de la Ley 91 de
1989, que ocurrió el 29 de diciembre de 1980. Concluyendo entonces que los
actos se ajustaron a derecho.
Propuso las siguientes excepciones, (i) inexistencia de obligación y cobro de lo
no debido (ii) buena fe (iii) prescripción y (iv) genérica.
1.5 Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Cuarta de Decisión, mediante
sentencia del 05 de octubre de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda,
y se abstuvo de condenar en costas.
Para el efecto, de conformidad con el material probatorio, se estableció el
cumplimiento de los requisitos por parte de la actora para obtener el
reconocimiento de la pensión gracia, estimando entre otros, que aquélla tuvo una
vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, siendo procedente,
además, la contabilización del tiempo laborado mediante contrato de prestación
de servicios.
En consecuencia, se condenó a la UGPP, a reconocerle la pensión gracia a partir
del 12 de septiembre de 2018, tomando como base para su cómputo el promedio
de lo devengado durante el año anterior a la fecha de adquisición del estatus
pensional.
1.6 Recurso de apelación
La UGPP solicitó revocar la decisión y, en su lugar, negar las pretensiones de la
demanda.
Para el efecto, a manera de síntesis, expuso idénticos argumentos a los
presentados en el escrito de contestación, en orden a que no está demostrado
que la actora tuvo una vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1981;
al igual que reitera la improcedencia de tener en cuenta el tiempo de servicios
prestado mediante contrato de prestación de servicios, concretamente durante
los años 1997 a 2003.
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Que, si en gracia de discusión se tuviera por cierta una vinculación con
anterioridad a 1980, no existe claridad frente al tipo de vinculación con
posterioridad a dicha data, como tampoco el origen de los recursos con que se
efectuaron los correspondientes pagos; y en caso de que estos provinieran de la
Nación, no es posible reconocer la prestación deprecada.
A lo anterior se suma que, se arguye inconsistencia en los certificados respecto
al tipo de vinculación, en tanto explica, la Secretaría de Educación Municipal de
Dosquebradas, con certificación de 08 de mayo de 2017, indicó que la
demandante prestó sus servicios como docente dentro de los tiempos
comprendidos entre el 05 de febrero de 2004 al 08 de mayo de 2017 con
vinculación de tipo NACIONAL. Mientras que, en certificado de tiempos de
servicio del 02 de mayo de 2017 expedido por la misma secretaría, se mencionó
que laboró mediante contratos de prestación de servicios desde el año 1997 a
2003.
Así entonces, concluye que la carga de la prueba en este caso recae en la
demandante, quien debió acreditar los requisitos de ley, entre estos, la naturaleza
del vínculo docente, bien fuera, como territorial o como nacionalizado.
1.7 Trámite correspondiente a segunda instancia
Mediante auto de 04 de marzo de 2024, se admitió el recurso de apelación.
En esta oportunidad, el Agente del Ministerio Publico delegado ante esta
Corporación intervino insistiendo en el cumplimiento de los requisitos normativos
para el reconocimiento de la pensión gracia conforme a la forma de contratación
y el origen de los recursos.
Por su parte, el apoderado de la señora Rosa Aleyda Castañeda Garcés y la
parte demandada guardaron silencio.
Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo10, el Consejo de Estado es competente para
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resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso 11, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el
apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia, únicamente la parte
demandada presentó recurso de alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí
plasmado.
2.2. Cuestión previa
Frente a la solicitud de la parte recurrente de que se decrete prueba a fin de que
se remita acto administrativo que reconoció pensión a la parte actora, es
menester señalar que ello será denegado, pues, conforme lo dispone el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en el artículo
212, las pruebas deben solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso en los
términos y oportunidades dispuestas en dicho estatuto, a saber, en primera
instancia con la demanda, la contestación; las excepciones y la oposición a estas;
los incidentes y su respuesta. Ahora, en segunda instancia, podrán solicitarse en
el término de ejecutoria del auto que admite el recurso, únicamente, entre otras,
i) cuando las partes lo pidan de común acuerdo; ii) cuando fuere negado su
decreto en primera instancia o no obstante haberse decretado se dejarán de
practicar sin culpa de quien las solicita3; iii) cuando verse sobre hechos ocurridos
después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia,
pero solo para demostrar o desvirtuar estos hechos; iv) cuando se trate de
pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o
caso fortuito o por obra de la parte contraria.
Vistas las anteriores anotaciones, se advierte que la solicitud probatoria de la
parte demandada no encaja en ninguna de ellas, de manera que será rechazada,
en la medida que la presentó por fuera de las oportunidades de ley; sin que
advierta la Sala la necesidad de decretar una prueba de oficio en esta etapa
procesal, pues no se evidencian puntos oscuros que despejar.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora Rosa Aleyda
Castañeda Garcés, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión
gracia por haber cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a la
vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, y los 20 años de servicio
como docente territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita las
exigencias para dicho reconocimiento.
3 En este caso, según el código, solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les
falten para su perfeccionamiento.
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2.4. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.4.1. La pensión gracia
La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de 1913
en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido
en el magisterio por un término no menor de 20 años.
En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia,
la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento,
además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los
empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o
recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de
edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya
vinculado al servicio oficial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a
los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los
servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza
primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido
para acceder a la pensión.
Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia
se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo
de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento
de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir
de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera
de texto].
El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:
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«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero
de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás
normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a
tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando
cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de
jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.
[…]»
De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para
los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 19974 señaló:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los
nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la
totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la Ley 91 de 1989, en especial
la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos
servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues
habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales,
dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley. […].»
Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de
junio de 20185 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación
a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen
o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de
rentas exógenas.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto
de 1997.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los
recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de
participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política
de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para
atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29
del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el
servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos
destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal—
como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el
universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes
locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas
exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o
nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el
acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la
entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación
Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo
educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto
con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la
Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los
actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda
establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas
que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se
puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora
que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se
encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación
de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada,
pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia,
en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias
provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad,
o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a
través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con
los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones.» (Resaltado del texto original)
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Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11
de agosto de 20226 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la
Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29
de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación
territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y
cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su
reconocimiento».
Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.
Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder
al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante
20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en
primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o
en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos
en uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha
vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir
con los demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.
2.3.2 Contratos de prestación de servicio docente
Sobre la suscripción de órdenes o contratos de prestación de servicio docente, la
Corte Constitucional en sentencia C – 555 de 1994, al estudiar la legalidad de los
artículos 6 de la Ley 60 y 105 de la Ley 115 de 1994, señaló:
«[…] El ejercicio permanente de una función pública, como ocurre con los "
docentes temporales ", no sólo se revela en el afán del legislador de
regularizar su situación en un término de seis años mediante su incorporación
a la planta de personal, sino que, constitucionalmente, exige que sea la ley -
que no el contrato - la que determine y regule su régimen, funciones y
responsabilidades (CP art. 123).
A lo anterior se agrega que, por regla general, los empleos en los órganos y
entidades del Estado son de carrera, lo que consulta la eficiencia y la
estabilidad propias de la función pública (CP art. 125).
Por lo visto, los requerimientos institucionales inmanentes a la función pública
no confieren una dilatada libertad al legislador para otorgar a una misma
función pública permanente, un tratamiento que se traduzca en condiciones
abiertamente dispares en lo que atañe al ingreso y régimen que la gobierna.
Pero, si ello fuera así, la discrecionalidad no podría ejercitarse con
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menoscabo de la Constitución. El ejercicio de cualquier competencia
discrecional que degenere en tratamientos discriminatorios (CP art. 13),
frente a sujetos que se encuentren colocados en una misma situación, se
torna arbitraria y pierde sustento constitucional. Por estas razones, no puede
fundarse en la mera discrecionalidad la diferenciación de supuestos que,
descontada ésta, comparten una misma naturaleza y características.
17. La libre voluntad de los educadores-contratistas, puede alegarse como
fundamento de una diferencia predicable de los supuestos enfrentados.
Empero, la libertad de acceso al servicio público educativo es común a las
dos categorías. Un elemento significativo del tratamiento al cual se sujetan
los docentes-temporales, por su propia voluntad, es la ausencia de
prestaciones sociales y estabilidad laboral. Es sabido, sin embargo, que en
punto al trabajo los mencionados derechos y garantías son irrenunciables
(CP art. 53).
De otro lado, el carácter público y permanente del servicio educativo estatal,
dentro del cual se insertan los docentes-temporales, no se concilia con su
regulación puramente contractual en la que participan los contratistas
involucrados en el proceso y las autoridades administrativas, con lo cual se
desconoce que las funciones y la responsabilidad de los servidores públicos,
se determina en la Constitución, la ley y el reglamento (CP art. 123).
Lo expuesto permite concluir que no es de recibo el criterio diferenciador que
intenta encontrar en la voluntad de los docentes-temporales, la causa o
motivo razonable de su particular régimen jurídico.
18. Finalmente, puede aducirse que la transitoriedad de la modalidad
contractual, la que debe ser eliminada en un plazo de seis años, sirve de
fundamento a la disparidad de regímenes jurídicos.
En contra de esta tesis, cabe observar, en primer término, que la previsión
de un régimen transitorio de seis años significa, entre otras cosas, que, dentro
de ese marco temporal, se le otorga permanencia a la contratación
administrativa de docentes. La vocación misma que adquieren los docentes
temporales a ser incorporados progresivamente a la planta de personal, les
infunde un sentido de permanencia que difícilmente les puede ser negada,
pues, de ella depende que la ley cumpla con su designio que no es otro que
el de integrarlos en la mencionada planta de personal dentro del indicado
lapso, todo lo cual, de paso, demuestra fehacientemente tanto la
permanencia de los encargos asignados a aquéllos como la semejanza
material de su actividad respecto a la que desempeñan los demás maestros
y profesores. Para el legislador no existe duda sobre el carácter permanente
de los docentes-contratistas:
"A los docentes vinculados por contrato contemplados en el parágrafo
primero del artículo 6º de la ley 60 de 1993 se les seguirá contratando
sucesivamente para el período académico siguiente, hasta cuando puedan
ser vinculados a la planta de personal docente territorial" (Ley 115 de 1994,
art. 105). En fin, pese a que la transitoriedad se estime como una forma
legítima para reducir la desigualdad, dentro de la misión promocional que a
este respecto le corresponde realizar al Estado según lo indicado en el inciso
segundo (2°) del artículo 13 de la C.P., la inexequibilidad se impone, pues
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este precepto se refiere a las desigualdades materiales existentes en la
sociedad y no aquellas que la misma ley establece, genera y suscita, las
cuales se prohíben en la Carta al prescribir: "Todas las personas nacen libres
e iguales ante la ley". (C.P. Art. 13).
A la luz de las consideraciones anteriores, La Corte estima que el cargo de
inconstitucionalidad sustentado en la violación del principio de igualdad está
llamado a prosperar y así lo declarará. En todo caso, queda entendido que
las designaciones de personal de planta, sólo se podrán llevar a cabo con
estricta sujeción a las normas constitucionales y legales.
En vista de la unidad de materia que existe entre las diferentes frases que
integran el parágrafo demandado, la declaración de inexequibilidad se
extenderá a la integridad de la disposición demandada.»
Lo anterior quiere decir que los docentes vinculados por intermedio de contratos
y órdenes de prestación de servicio de manera permanente se encontraban en
condiciones de desigualdad, principalmente en lo que a prestaciones se refiere,
respecto de quienes sí estaban adscritos a la planta de personal docente del ente
territorial, razón por la cual, en los términos indicados por la Corte, se llegó a la
conclusión de que toda labor docente realizada de manera continua y
permanente resulta válida para efectos de tenerla en cuenta en asuntos
prestacionales.
En tanto el Consejo de Estado en sentencia de 6 de mayo de 2010 como la Corte
Constitucional en sentencia C – 954 de 2000, se han pronunciado en manera
similar al precisar lo siguiente:
«Tiempo de servicios cumplidos para efectos de la pensión gracia.
Argumenta el actor en su alegato de conclusión que en los contratos de
prestación de servicios con docentes se presenta la concurrencia de los
elementos esenciales de una relación de trabajo, vale decir, actividad
personal del trabajador, continuada subordinación respecto de la entidad
empleadora y un salario como retribución del servicio.
El artículo 1º de la Ley 91 de 1989, arriba transcrito, dispone que se considera
como personal nacional, nacionalizado o territorial a “los docentes vinculados
por nombramiento” ya sea del Gobierno nacional o de la entidad territorial y
el artículo 15 ibídem exige que la pensión gracia se otorga a los docentes
“vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980”, siempre y cuando cumplan
con la totalidad de requisitos.
No obstante, lo anterior, estima la Sala que como al momento en que el actor
empezó a prestar sus servicios como docente no había entrado en vigencia
la citada ley, entonces se debe acoger lo dispuesto en la Ley 114 de 1913
que no estableció la forma de vinculación para acceder a la pensión gracia,
sino que, consagró tal prestación a los maestros oficiales “que hayan servido
en el magisterio por un tiempo no menor de veinte años”. Una posición similar
adoptó la Corte Constitucional, en sentencia C-954 de 2000 al estudiar la
demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 2º del literal A) del artículo
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15 de la Ley 91 de 1989 "Por la cual se crea el Fondo de Prestaciones del
Magisterio", señalando lo siguiente:
“(…) si bien las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933 se habían encargado de
ampliar el marco de aplicación de la pensión gracia, haciéndola extensiva
a todos los maestros del sector oficial sin importar la fuente de su
vinculación, el hecho de que el reconocimiento de esa prestación
quedara supeditado a la exigencia de no recibir otra recompensa de la
Nación encontraba un claro fundamento, primero, en el principio de libre
configuración legislativa, el cual le permite al Congreso de la República
fijar los objetivos generales relacionados con el régimen prestacional de
los servidores públicos y, segundo, en la razón o causa que inicialmente
inspiró la consagración legal de la gracia: establecer un estímulo o
retribución a favor de los maestros del nivel territorial cuyos salarios eran
sustancialmente inferiores a los recibidos por los docentes nacionales.
Esta diferencia se originaba en el déficit presupuestal que
permanentemente acompañaba a los Departamentos y Municipios ante
los bajos ingresos fiscales que percibían, lo cual, por supuesto, les
impedía remunerar en forma justa y adecuada la labor desarrollada por
los maestros de las escuelas primarias que, por mandato expreso de la
Ley 39 de 1903, debían ser nombrados y pagados por las mencionadas
entidades territoriales (Subrayado fuera de texto).
De acuerdo con lo anterior y con el acervo probatorio allegado al expediente,
se encuentra que el actor está vinculado a la docencia oficial desde el 18 de
noviembre de 1979, según la certificación del Instituto Técnico Industrial
“Antonio José Camacho”, vale decir, cumple con el requisito legal del tiempo
de servicios (20 años) para tener derecho a la pensión gracia de jubilación.
Así lo ha dispuesto la Sala al sostener que “si se desvirtúa el contrato de
prestación de servicios, y se acepta la existencia de una verdadera relación
laboral es apenas lógico que produzcan plenos efectos, ello es, que el tiempo
laborado sea útil para efectos del reconocimiento de la pensión de
jubilación”.»
Así las cosas, según el conjunto de preceptos y normas aplicables a determinada
materia, queda claro que para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se
debe acreditar la naturaleza en que se ostentó dicha vinculación junto con los
demás requisitos de ley aplicables en materia de pensión gracia, y no
exactamente la forma de contratación, la cual puede obedecer a una relación
legal y reglamentaria, en temporalidad, por contrato de prestación de servicio,
entre otros.
2.4 Actuación administrativa
La demandante, actuando por intermedio de apoderado, presentó el 25 de abril
de 2019 solicitud de reconocimiento y pago de una pensión gracia ante la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, la cual fue negada mediante la Resolución RDP
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023319 de 02 de agosto de 20197 por considerar que los tiempos de servicio
docente comprendidos entre 2004 y 2017 eran de carácter nacional, así mismo,
indicó que los contratos de prestación de servicios no son objeto de una relación
laboral legal y reglamentaria, por tanto, no son válidos para acreditar vinculación
docente oficial.
Inconforme con la respuesta, la docente interpuso recurso apelación, el cual fue
desatado de manera negativa mediante la Resolución RDP 029204 de 27 de
septiembre de 2019 con los mismos argumentos expuestos en el acto inicial.
2.5 Caso concreto
Así entonces, pasa la Sala a resolver el problema jurídico planteado, en orden a
determinar si la demandante cumple con las exigencias contenidas en la Ley 114
de 1913, demás normas complementarias y la jurisprudencia del Consejo de
Estado, para el reconocimiento de la pensión gracia.
2.5.1 Del cumplimiento de los requisitos
• Edad
Se encuentra demostrado que la señora Rosa Aleyda Castañeda Garcés nació
el 30 de marzo de 19598, razón por la que, el 30 de marzo de 2009, cumplió 50
años; requisito este frente al cual no existe discusión.
• Buena conducta
En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches que
pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo que
también se entiende cumplido dicho requisito.
• Vinculación del demandante y tiempo de servicios
Pertinente resaltar que la controversia en este asunto gira en torno al
cumplimiento de esta exigencia legal. Pues bien, se observan las siguientes
novedades laborales de la actora como docente oficial:
• Con antelación al 31 de diciembre de 1980
i) 15 de enero de 1980 al 14 de marzo de 1980. ( 2 meses)
El Jefe del Distrito Educativo Nro. 8 de Roldanillo – Valle en uso de las
atribuciones que le confiere el Decreto No. 0539 de abril 17 de 1978 expidió la
7
8 Conforme Registro Civil de Nacimiento allegado con la demanda
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Resolución 0566 de 25 de enero de 1980, mediante la cual se concede una
licencia de maternidad a la señora Esperanza Lenos de Castillo por 60 días, y en
su reemplazo nombró a la señora Rosa Aleyda Castañeda Garcés como “Maestra
Seccional en la Escuela Rural Mixta N°20 “ELVIRA PEÑA” (Bélgica) de la Unidad
Educativa N°3, El Dovio, mientras dura la licencia. (…)”, como se observa a
continuación:9
De lo anterior, se evidencia que el jefe del Distrito Educativo Nro 8 de Roldanillo
– Valle, actuó de manera independiente y autónoma, sin sujeción al Ministerio de
Educación, pues, del contenido del acto no se hace mención que se actué por
instrucciones de dicha cartera ministerial.
En el plenario reposa además, certificación expedida el 2 de noviembre de 202110
por el Profesional Especializado encargado de la Secretaría de Educación del
Valle del Cauca, que da cuenta también de este nombramiento por el periodo
antes relacionado, y en la institución educativa ya referida, con ocasión a la
Resolución 0566 de 25 de enero de 1980.
9 Prueba aportada con la demanda –folio 41 expediente digital
10 Prueba allegada con la demanda, y obrante a folio 36 del expediente digital
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De igual manera, con anterioridad se habían expedidos otras certificaciones que
permiten establecer dicho nombramiento, a saber, Formato Único para la
Expedición de Certificado de Salarios del Fomag, de 30 de mayo de 2017, en el
que se indicó que la docente sostuvo una vinculación de tipo nacionalizada, y
ratifica la fecha a partir de la cual inició este vínculo, esto es, el 15 de enero de
1980 y hasta el 14 de marzo de la misma anualidad.11
Y obra también certificación laboral expedida por la Coordinadora del GAGEM
No. 7 Roldanillo en la que hace constar que la docente laboró a partir del 15 de
enero de 1980 en reemplazo de la docente Esperanza Lemos de Castillo quien
se encontraba en licencia de maternidad por un término de sesenta días.12
Teniendo en cuenta el material probatorio referenciado, estima la Sala que existe
certeza respecto al tiempo de servicio prestado por la señora Castañeda Garcés
por un total de 60 días -contabilizados hasta la fecha de terminación de la
licencia-, el cual resulta computable a fin de obtener la pensión gracia, pues se
trató de un vínculo como docente nacionalizado. Lo anterior encuentra respaldo
en lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, que refiere que son
nacionalizados aquellos «docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975». En similar sentido, la Corte
Constitucional, mediante sentencia C – 085 de 2002, indicó que los «docentes
nacionalizados» son «los vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, por las
entidades territoriales».
Sumado a lo anterior, en lo que corresponde a dicha diferencia esta Corporación
en la citada sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018,
concluyó:
«Por su parte, se entiende por personal nacionalizado (i) aquel que
siendo territorial antes del 1. de enero de 1976 fue objeto del proceso
de nacionalización iniciado con la expedición de la Ley 43 de 1975; y
(ii) los que a partir de esa fecha se hayan vinculado a una plaza de
aquellas que fueron nacionalizadas en virtud, también, del aludido
proceso adelantado por la norma en cuestión (Ley 43 de 1975).
De conformidad con lo expuesto, se advierte entonces que no le asiste razón a
la entidad recurrente, cuando en la alzada afirma que no está probado el vínculo
docente antes del 31 de diciembre de 1980, pues, como se dejó sentado ello si
ocurrió, por lo que se entiende acreditado dicho requisito.
11 Prueba allegada con el escrito de demanda – folio 39 del expediente digital
12 Prueba aportada con la demanda – folio 43 expediente digital
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• Periodos laborados a través de contratos de prestación de servicios
La Sala previo a analizar el material probatorio aportado con el cual se pretende
demostrar un tiempo servido a través de contratos de prestación de servicios,
estima necesario señalar que, no tiene vocación de prosperidad el argumento de
la entidad apelante en orden a que no es posible computar para efectos de
reconocimiento de pensión gracia, la labor desempeñada con ocasión de los
mentados contratos, pues, por el contrario esta Corporación ha considerado
válido este tipo de vinculación docente, siempre y cuando se cumpla con la
condición de ser al servicio de entidades territoriales o nacionalizadas 13 sin que
resulte necesaria la existencia de una declaración de existencia de relación
laboral.
Aclarado lo anterior, pasa a revisar lo pertinente:
i) Del 12 de febrero de 1997 al 30 de noviembre de 1997 (9 meses y 18 días)
La señora Rosa Aleyda Castañeda Garcés suscribió contrato de prestación de
servicios con el Colegio Colombo Británico Dosquebradas, para dar instrucción
educativa en el instituto docente Estación Gutiérrez, ello bajo indicaciones
impartidas por el colegio, documento allegado con la demanda a folios 45 y 46
del expediente digital.
ii) Del 01 de abril de 1998 al 30 de noviembre de 1998 ( 7 meses y 29 días)
La demandante suscribió contrato de prestación de servicio con Sistemas y
Cómputos, para impartir instrucción educativa en el instituto docente Bosques de
la Acuarela, según indicaciones impartidas por el colegio, prueba aportada con la
demanda a folios 47 y 48 del expediente digital.
iii) Del 01 de marzo de 1999 al 30 de noviembre de 1999 (8 meses y 29 días)
Nuevamente la señora Rosa Aleyda Castañeda Garces mediante orden de
prestación de servicio suscrito con la representante legal del Colegio Colombo
Británico de Dosquebradas, fue vinculada para dar instrucción educativa en el
instituto docente Bosques de la Acuarela, dictando clases según indicaciones
impartidas por el colegio.14
13 Ver entre otras sentencias del: 10 de noviembre de 2022, rad. 05001-23-33-000-2014-1000-01
(0823-2017);15 de julio de 2010. Rad. 25000 23 25 000 2007 91356 01 (1465-09); 10 de marzo de
2016, radicado 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-14); del 19 de febrero de 2018, Rad:
25000234200020150003201 (2300–2017); 11 de marzo de 2001, radicado 52001-23-33-000-2016-
00499-01(2298-19); 19 de julio de 2018, radicado 17001-23-33-000-2013-00457-01 (3598-14).
14 Contrato allegado con la demanda a folios 49 y 50 del expediente digital
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iv) Del 03 de marzo del 2000 al 30 de noviembre de 2000 (8 meses y 21 días)
Entre el representante legal de la Asociación de Profesionales de la Educación
del Risaralda “A.P.E.R.” y la señora Rosa Aleyda Castañeda Garcés celebraron
contrato individual de trabajo (017) para la prestación del servicio docente en el
Colegio Bosques de la Acuarela, del municipio de Dosquebradas.15
v) Del 19 de febrero de 2001 al 20 de noviembre de 2001 (9 meses y 1 día)
Por medio de contrato de trabajo - servicio docente - 160 suscrito con la
Asociación de Profesionales de la Educación del Risaralda “A.P.E.R.” la actora
fue vinculada para prestar sus “servicios personales en docencia, obligándose a
prestar sus servicios en el área específica de su conocimiento o especialidad y a
cumplir con el PEI establecido por la Institución Educativa en el municipio de
Dosquebradas. (…)”.16
De lo descrito previamente, se concluye que la demandante prestó servicio de la
siguiente manera: i) 12 de febrero de 1997 al 30 de noviembre de 1997; ii) 01 de
abril de 1998 al 30 de noviembre de 1998; iii) 01 de marzo de 1999 al 30 de
noviembre de 1999 iv) 09 de marzo del 2000 al 30 de noviembre de 2000; y v)
del 19 de febrero de 2001 al 20 de noviembre de 2001; como docente en los
Colegios Colombo Británico Dosquebradas y Bosques de la Acuarela, sin
embargo, el material probatorio recaudado resulta insuficiente para demostrar la
naturaleza de la vinculación; pues, del contenido de los distintos contratos no es
posible establecer si se trató de una labor docente territorial, nacionalizado o
nacional.
Vale la pena resaltar que, quien demanda tenía pleno conocimiento que el motivo
que generó la negativa al reconocimiento de la pensión gracia por parte de la
UGPP, fue la naturaleza de la vinculación docente, pues ante la mencionada
entidad se allegaron los mismos contratos de prestación de servicio valorados en
esta actuación judicial, los cuales como se mencionó, no permiten establecer el
carácter de docente territorial, nacionalizado o nacional; y aun así, la interesada
no aportó nuevos elementos de prueba que pudieran llevar al convencimiento
pleno de la prestación real del servicio docente en la modalidad exigida para
efectos del reconocimiento de la prestación en comento, es decir, territorial o
nacionalizado.
Resulta relevante indicar, que con el fin de determinar el carácter o naturaleza
del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18
del 21 de junio de 20182 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:
15 Aportado con la demanda –folio 50 del expediente digital
16 Adjuntado con la demanda –folio 51 a 52
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vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los
actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se
pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de
aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto,
también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad
nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de
vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
En punto a la carga de la prueba, se tiene que el artículo 167 del Código General
del Proceso, prevé que «Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen», por lo que era
la actora la que tenía la carga de demostrar el cumplimiento de los requisitos para
el reconocimiento de la pensión gracia deprecada, lo cual, se itera, no ocurre, en
tanto no demostró la naturaleza municipal, departamental, distrital o
nacionalizada de los tiempos llevados a cabo mediante ordenes de prestación de
servicio.
En similar sentido, la Corte Constitucional se pronunció respecto de la carga de
la prueba en materia pensional cuando existan inconsistencias en la historia
laboral del solicitante, al respecto, la sentencia SU-182 de 2019 señaló:
«En este punto es importante precisar que la carga de la prueba sobre las
posibles inconsistencias o irregularidades recae, en principio, sobre la
administradora de pensiones, pues “el trabajador sigue siendo el sujeto
jurídico más débil del sistema, por lo cual merece una especial protección
del Estado”16. Además, la administradora cuenta con “mejores y mayores
elementos de juicio que le permitan adoptar una decisión más fiel a la
realidad de los hechos que se le plantean”17. Pero cuando la
administradora de pensiones presenta una “justificación bien
razonada”, soportada en medios probatorios que advierten
razonablemente sobre una inconsistencia o una irregularidad en la
historia laboral, le corresponde al afiliado desvirtuar tal hecho. En
términos similares, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que,
frente a una “censura fundada” de la administración, la carga de la prueba
se traslada al afiliado, quien podrá hacer uso de los distintos medios
probatorios a su alcance.18 » (Negrilla de la Sala)
Así, es claro que la señora Rosa Aleyda Castañeda Garcés al conocer la
circunstancia que rodea su historia laboral, que impide el reconocimiento
perseguido, tenía la obligación de aportar el material probatorio que consideraba
podía corregir la presunta inconsistencia presentada; empero, en el plenario solo
militan los contratos en cita, y una certificación emanada del área de recursos
humanos de la Secretaría de Educación de Dosquebradas en el que simplemente
se relacionan cada uno de los periodos laborados bajo contratos de prestación
de servicios, sin ningún tipo de precisión respecto a si ejecutó la labor como
docente nacionalizado, territorial o nacional.
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De manera que, para la Sala el tiempo servido entre i) el 12 de febrero de 1997
al 30 de noviembre de 1997; ii) el 01 de abril de 1998 al 30 de noviembre de 1998;
iii) el 01 de marzo de 1999 al 30 de noviembre de 1999, iv) el 09 de marzo del
2000 al 30 de noviembre de 2000; v) y el 19 de febrero de 2001 al 20 de
noviembre de 2001 (para un total 3 años 8 meses 8 días) contrario a lo expuesto
por tribunal de instancia, no puede ser computado para efectos del
reconocimiento deprecado, pues, se insiste, no existe certeza si se prestó como
docente del orden territorial o nacionalizado.
vi) Del 16 de septiembre de 2002 al 13 de diciembre de 2002 (2 meses y 27
días)
Ahora bien, de la revisión del expediente se observa que con relación a este
periodo, únicamente se allegaron certificados, uno de fecha 26 de marzo de 2003
expedido por la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda, en
donde indica que la señora Rosa Aleyda Castañeda Garcés prestó servicio
docente entre el 16 de septiembre y el 13 de diciembre de 2002; y otro de fecha
12 de diciembre de 200317 expedido por la Directora del Centro Docente
Boqueroncito señalando que el servicio docente se prestó a partir del 08 de marzo
hasta el 10 de diciembre de 2002, así, se evidencia una inconsistencia en cuanto
a la temporalidad de la labor docente certificada, sin que en el plenario milite otra
prueba que permita establecer con claridad cuál fue el lapso temporal por el cual
ejerció la actividad docente; circunstancia que como se explicó con anterioridad,
debe ser acreditada por la demandante.
Vale la pena poner de presente respecto a la carga de la prueba, que conforme
con el artículo 167 del Código General del Proceso, se prevé que «Incumbe a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
ellas persiguen», y para el caso que hoy nos ocupa, no cabe duda de que la parte
demandante tenía la obligación de acompañar sus argumentos y pretensiones
con material probatorio suficiente que demostrara el lleno de requisitos legales
para obtener el derecho prestacional reclamado, lo cual no ocurrió.
Es de resaltar que, la parte no puede trasladar la carga probatoria en este caso
al despacho judicial en el cual se tramita su asunto, sino que se insiste, debe
concurrir al proceso con el material probatorio que respalde su pretensión, y ante
todo debe realizar un ejercicio diligente para recaudar dicho material.
La Corte Constitucional respecto a la carga de la prueba en materia pensional
cuando existan inconsistencias en la historia laboral del solicitante, en sentencia
SU-182 de 2019 señaló:
«En este punto es importante precisar que la carga de la prueba sobre las
17 Certificados aportados con la demanda –folios 53 y 54 del expediente digital
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posibles inconsistencias o irregularidades recae, en principio, sobre la
administradora de pensiones, pues “el trabajador sigue siendo el sujeto
jurídico más débil del sistema, por lo cual merece una especial protección del
Estado”17. Además, la administradora cuenta con “mejores y mayores
elementos de juicio que le permitan adoptar una decisión más fiel a la
realidad de los hechos que se le plantean”18. Pero cuando la
administradora de pensiones presenta una “justificación bien
razonada”, soportada en medios probatorios que advierten
razonablemente sobre una inconsistencia o una irregularidad en la
historia laboral, le corresponde al afiliado desvirtuar tal hecho. En
términos similares, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que,
frente a una “censura fundada” de la administración, la carga de la prueba se
traslada al afiliado, quien podrá hacer uso de los distintos medios probatorios
a su alcance.19» (Negrilla de la Sala)
En este orden, para esta Corporación este tiempo no puede ser computado para
efectos de la pensión gracia reclamada.
vii) Del 10 de marzo de 2003 al 02 de diciembre de 2003 (8 meses y 22 días)
La actora mediante contratos de prestación de servicios 072 y 23018 suscritos con
el alcalde Municipal de Dosquebradas Risaralda19 fue vinculada para prestar
servicio docente en la Institución Educativa Boqueroncito por un término inicial
de 4 meses a partir del 10 de marzo de 2003 al 09 de julio de 2003, y luego por
140 días desde el 10 de julio de 2003 al 02 de diciembre de 2003. Además, obra
certificación de 12 de diciembre de 2003 expedido por la Directora del Centro
Docente Boqueroncito, que da cuenta del mismo tiempo de servicio.20
En consecuencia, es claro para la Sala que la demandante desempeñó servicio
docente en el municipio de Dosquebradas durante 8 meses y 22 días, y si bien,
este se ejecutó en virtud de órdenes de prestación de servicio, ello no impide que
ese tiempo de ejercicio en la enseñanza municipal sea tenido en cuenta para el
cómputo de la pensión gracia, toda vez que independientemente de la fuente de
la vinculación, como anteriormente lo ha señalado esta Corporación, lo que se
debe tener en cuenta es la naturaleza jurídica del vínculo, es decir, que sea del
orden nacionalizado o territorial.
Lo descrito previamente, permite concluir que las novedades laborales que
rodearon la prestación del servicio de la señora Rosa Aleyda Castañeda, durante
el lapso objeto de análisis, fueron autorizadas por la autoridad territorial, en este
caso, el Alcalde del municipio de Dosquebradas, y según consta en el mismo
contrato, dicha entidad territorial está certificada para manejar el servicio
18 Prueba aportada con la demanda –folios 55 a 60 expediente digital
19 Municipio certificado por el Ministerio de Educación, para administrar el servicio educativo -Resolución
2745 de 2002- según se menciona en dicho contrato.
20 Prueba aportada con la demanda – folio 54 expediente digital
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Demandante: Rosa Aleyda Castañeda Garcés
educativo, y el pago a la actora por la labor ejecutada se debía realizar con los
recursos de la entidad de esa vigencia fiscal; de manera que, puede inferirse que
se trató de una labor docente territorial. Se resalta que, en dicho contrato no se
especificó que la plaza fuera de aquéllas nacionalizadas, y menos aún que se
actuará por delegación del Ministerio de Educación o con intervención de este, o
que la plaza fuera del orden nacional.
Así entonces, a partir del material probatorio se puede inferir que laboró en
calidad de docente territorial, por un total de 8 meses y 22 días, que resulta
procedente tener en cuenta para acreditar tiempo de servicio para pensión gracia.
viii) 05 de febrero de 2004 al 09 de mayo de 2018 (14 años, 3 meses y 4 días)
A través de las actas de posesión número 191 de fecha 05 de febrero de 2004 y
numero 177 del 01 de julio de 2005, la señora Rosa Aleyda Castañeda Garcés
tomó posesión ante el alcalde del Municipio de Dosquebradas, Risaralda, para
desempeñar el cargo de docente en la Institución Educativa Empresarial del
Municipio de Dosquebradas. En primer lugar, por orden del Decreto 098 de 05
de febrero de 2004 con carácter provisional, y, en segundo lugar, por orden del
Decreto 394 de 01 de julio de 2005 en período de prueba.
Posteriormente, mediante Decreto 132 de 22 de marzo de 2011, se nombró en
propiedad a aquélla en la Institución Educativa Empresarial del Municipio de
Dosquebradas, en el área de básica primaria a partir de la fecha en que la
docente superó el periodo de prueba, esto es, 01 de enero de 2006.
Al respecto es necesario mencionar, que el acto de nombramiento para ocupar
el cargo de docente en propiedad fue expedido por la Secretaría de Educación
del municipio de Dosquebradas sin que en el mismo se haya dejado constancia
que se actúa por instrucciones del Ministerio de Educación como tampoco se
observación intervención alguna de un delegado de dicha cartera, de manera que
se trata de una vinculación de orden distrital –territorial; pues, tampoco se hace
referencia a que se trata de una plaza nacionalizada, incluso, se advierte que se
provee el cargo por concurso público de méritos.
Importante mencionar que, sobre este último tiempo objeto de estudio, en el
plenario reposan Formatos Únicos para la Expedición de Certificados de Historia
Laboral del Fomag, uno allegado con la demanda que data del 24 de octubre de
201621, y otro de fecha 08 de mayo de 2017 obrante en el expediente
administrativo allegado por la UGPP, documentos en los que si bien se indica
que el régimen de pensiones de la demandante es nacional, ello no es suficiente
para entender que la naturaleza de la vinculación también es nacional, pues, son
asuntos disimiles; y en todo caso, como quedó expuesto, a partir del acto de
nombramiento se logra establecer que se trató de un servicio territorial.
21 folios 67 a 70 – documento allegado con la demanda
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Con esa precisión, para la Sala resulta entonces válido para efectos de pensión
gracia, el tiempo servido por la demandante desde el 05 de febrero de 2004 y
por lo menos hasta el 9 de mayo de 2018 fecha de la última certificación
expedida por la Secretaría de Educación de Dosquebradas, en el formato único
para expedición de salarios22, en el que se indica que se encuentra activa, esto,
para un total de 14 años, 3 meses y 4 días de servicio. Ahora, es importante
señalar que, no es posible contabilizar la existencia de un vínculo hasta la fecha
de presentación de la demanda, como lo hizo el tribunal, toda vez que en el
plenario no existe prueba de ello.
En ese orden de ideas, en lo que corresponde al requisito de 20 años de servicio
docente territorial o nacionalizado, estima la Sala que el mismo no se encuentra
acreditado, pues, tal como se ha expresado con anterioridad, la actora solo
acredita prestación docente del orden territorial, por un total de 15 años, 1 meses
y 26 días, así:
• Desde el 15 de enero de 1980 al 14 de marzo de 1980. (2 meses)
• Desde el 10 de marzo de 2003 al 02 de diciembre de 2003. (8 meses
y 22 días)
• Desde el 05 de febrero de 2004 al 09 de mayo de 2018. (14 años, 3
meses y 4 días)
No siendo posible valorar los tiempos servidos mediante contrato de prestación
de servicios, en tanto, no se logró establecer si ello obedeció a un vínculo
territorial o nacionalizado, como lo exige la normativa que regula la pensión
gracia.
Importante señalar que, en el expediente reposan peticiones elevadas por la
actora al municipio de Dosquebradas Risaralda, a fin de que se certifique, entre
otros, los diferentes vínculos que sostuvo con dicho ente, la naturaleza de los
mismos y el origen de los recursos; dando respuesta la Secretaría de Educación
de dicha municipalidad mediante oficio de 12 de enero de 202123, informando que
”los salarios y prestaciones sociales de los docentes pertenecientes a la nómina
del municipio de Dosquebradas sin distinción alguna, son financiados mes a mes
con recursos del Sistema General de participaciones”, sin embargo tal afirmación
resulta insuficiente para esta Colegiatura, pues, es una respuesta general, en la
que no se precisa desde cuando los pagos se realizan con dichos recursos, a
efectos de valorar si corresponde a los mismos periodos en que la actora tuvo
vinculaciones con dicho ente.
En esa línea de consideraciones, se impone para la Sala revocar la sentencia
dictada por el tribunal en primera instancia, pues, contrario a lo decidido, la actora
22 folios 69-70 allegado con la demanda
23 Folio 77 – documento aportado con la demanda
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no acredita la totalidad de los requisitos exigidos para hacerse acreedora a la
pensión gracia, concretamente, 20 años de servicio docente territorial o
nacionalizada.
2.6 Conclusión
En relación con el caso que nos ocupa, la señora Rosa Aleyda Castañeda Garcés
no cumplió con el requisito mínimo de haber servido en el magisterio por un
término no menor de 20 años, con una vinculación como docente del orden
territorial o nacionalizado, razón por la que esta Sala revocará la decisión dictada
en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 05 de octubre
de 2023, y en su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda, de acuerdo
con las razones expuestas en esta providencia.
2.7 Condena en costas
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes
en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos
términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión
de los argumentos presentados por las partes, no puede observarse dicha
situación, contrario a ello, se observa que se sustentaron las razones en defensa
jurídica de los intereses y, por ende, no se condenará en costas, máxime cuando
lo aquí resuelto tiene que ver directamente con lo dispuesto en las reglas
jurisprudenciales trazadas en las sentencias de unificación del 21 de junio de
2018 y del 11 de agosto de 2022.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 05 de octubre de 2023, por el
Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Cuarta de Decisión, que accedió a
las súplicas de la demanda. En su lugar, se niegan las mismas de conformidad
con las consideraciones expuestas.
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SEGUNDO. No condenar en costas en esta instancia.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA
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