RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-04310-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04310-01

Fecha
30 de enero de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04310-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el fallo dictado el 5 de septiembre de 2025 por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado. Radicación: 11001-03-15-000-2025-04310-01 Accionante: Rosa Aleyda Castañeda Garcés Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia) SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-04310-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

30 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04310-01
Accionante: Rosa Aleyda Castañeda Garcés
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Confirma
improcedencia por falta de relevancia constitucional

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 5 de septiembre de 2025 por la Sección Tercera,
Subsección C del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la
solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 11 de julio de 2025, Rosa Aleyda Castañeda Garcés instauró acción de tutela,

en busca de que se dejara sin efectos la sentencia del 23 de octubre de 20241
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al
interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho2 que promovió en
contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, con el propósito de que se declarara la
nulidad del acto administrativo mediante el cual se le negó el reconocimiento y pago
de la pensión gracia.

2. A través de la providencia cuestionada la autoridad accionada revocó la decisión

de primera instancia3 que accedió a las pretensiones de la demanda. Consideró que
la actora no acreditó el tiempo mínimo de 20 años de servicio docente territorial o
nacionalizado, como requisito para el reconocimiento de la pensión reclamada.
Precisó que no era posible contabilizar los períodos laborados mediante contratos
de prestación de servicios, dado que no se logró establecer la naturaleza de la
vinculación, esto es, si era de carácter territorial o nacionalizado.

1 Comunicada por correo electrónico el 16 de enero de 2025.
2 Con radicado número 66001-23-33-000-2021-00432-01.
3 El fallo fue dictado el 5 de octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Risaralda.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04310-01
Accionante: Rosa Aleyda Castañeda Garcés
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

3. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora sostuvo que la autoridad

enjuiciada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, seguridad social, así como el principio de prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal, toda vez que incurrió en los defectos de falsa
motivación, fáctico, desconocimiento del precedente, procedimental absoluto por
exceso ritual manifiesto y violación directa de la Constitución, al abstenerse de
decretar pruebas de oficio.

4. Señaló que pese a que los contratos de prestación del servicio, las órdenes de

prestación de servicio, la certificación del 2 de mayo de 2017 expedida por el
municipio de Dosquebradas y la constancia del 26 de marzo de 2003 de la Secretaría
de Educación evidenciaban que su vinculación docente fue con el municipio de
Dosquebradas, la autoridad accionada no valoró el cómputo de dichos períodos para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia.

5. Afirmó que tales contratos fueron suscritos en favor del municipio y no de la Nación.

A lo que se suma que, en virtud de las peticiones que elevó ante la entidad territorial,
aquella certificó que la totalidad de los salarios y prestaciones sociales de los
docentes de su nómina se financiaban con recursos del Sistema General de
Participaciones, sin distinción alguna, lo cual comprendía todos los períodos
laborados, incluida la etapa en que fue vinculada mediante contratos de prestación
de servicios.

6. En ese orden, arguyó que actuó con diligencia en la obtención de las pruebas

tendientes a acreditar su condición de docente territorial o nacionalizado. Añadió que
la negativa de la administración no se fundó en la naturaleza del servicio prestado,
sino exclusivamente en la inexistencia de una relación laboral y reglamentaria
durante los períodos contratados, aspecto que solo fue cuestionado respecto de los
tiempos de nombramiento oficial.

7. En todo caso, adujo que si persistía la incertidumbre sobre la naturaleza de su

vinculación o si continuaba activa en el servicio, era el deber del juez decretar
pruebas de oficio con el fin de dilucidar tales aspectos, como lo exige la ley y la
jurisprudencia.

8. Al respecto, señaló que tanto los artículos 29 y 228 de la Constitución, como la Ley

2080 de 2021, le otorgan al juez contencioso-administrativo la facultad de decretar
pruebas de oficio en cualquier instancia, cuando resulten necesarias para esclarecer
puntos oscuros o difusos, en aras de garantizar la verdad material y una decisión
justa.

9. Agregó que esa omisión también implicó el desconocimiento del precedente
sentado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre el rol activo del
juez contencioso-administrativo en la búsqueda de la verdad material. Para tales
efectos, trajo a colación las sentencias C-139 de 2019, SU-129 de 2021, SU- 167 de

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04310-01
Accionante: Rosa Aleyda Castañeda Garcés
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

2024, SU-339 de 2024 y el auto de unificación del 1 de agosto de 2019 de esta
Corporación.

B. Sentencia de primera instancia

10. Mediante sentencia del 5 de septiembre de 2025, la Sección Tercera, Subsección

C del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela, al estimar que no
se acreditó el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

C. Actuaciones con posterioridad al fallo de primera instancia

11. La parte actora impugnó la decisión antes referida en tanto la providencia
cuestionada vulneró la Constitución Política al privilegiar la forma sobre el fondo.
Insistió en que la autoridad accionada no ejercitó sus facultades oficiosas para el
esclarecimiento de los hechos, desconoció el mandato constitucional y el deber del
juez de propender por la verdad material.

12. A su vez, esgrimió que el Consejo de Estado, en sentencia del 11 de diciembre

de 20134, abordó el estudio de un caso similar y concluyó que satisfacía el requisito
de relevancia constitucional.

13. Recordó que el precedente constitucional ha impuesto límites a la discrecionalidad

cuando se encuentra comprometida la efectividad de los derechos fundamentales.

14. Señaló que la Corte Constitucional ha reconocido que la pensión gracia es una

prestación especial que se creó para proteger los derechos fundamentales de los
docentes del régimen territorial. Indicó que esta se encuentra estrechamente
vinculada a la seguridad social, al mínimo vital y a la igualdad, con la finalidad de
equiparar las condiciones salariales frente a los docentes nacionales.

15. Agregó que, si bien el reconocimiento de una mesada pensional implica una
prestación económica, la jurisprudencia ha precisado que el núcleo del debate es la
protección del derecho fundamental a la seguridad social, máxime tratándose de una
prestación concebida por el legislador como una prerrogativa de carácter gratuito y
meritorio. En ese sentido, sostuvo que la controversia planteada no se trata de una
mera pretensión patrimonial.

16. Finalmente, resaltó que cuenta con 66 años de edad, por lo que es sujeto de

especial protección constitucional.

17. La UGPP allegó un memorial a través del cual solicitó confirmar el fallo impugnado.

Arguyó que la tutela deviene improcedente en lo que respecta a ella, por cuanto no
es la llamada a responder por la alegada vulneración de derechos.

II. CONSIDERACIONES

4 Proferida en el marco de la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2012-01048-01.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04310-01
Accionante: Rosa Aleyda Castañeda Garcés
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

D. Competencia

18. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar

su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

E. Análisis del caso concreto

19. Esta Subsección confirmará el fallo impugnado, tras constatar que la solicitud de

amparo no satisface el presupuesto de relevancia constitucional, lo que conduce a
su improcedencia.

20.En la sentencia del 23 de octubre de 2024, la Subsección A de la Sección Segunda

del Consejo de Estado, luego de precisar que la pensión gracia está prevista
exclusivamente para los docentes de carácter territorial y nacionalizado, procedió a
examinar el cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos para su
reconocimiento de cara al material probatorio obrante en el plenario.

21. En lo que respecta al tiempo de servicios y el tipo de vinculación, encontró que la

demandante prestó servicio docente en los Colegios Colombo Británico
Dosquebradas y Bosques de la Acuarela durante los siguientes períodos: (i) 12 de
febrero al 30 de noviembre de 1997, (ii) 1 de abril al 30 de noviembre de 1998, (iii) 1
de marzo al 30 de noviembre de 1999, (iv) 9 de marzo al 30 de noviembre de 2000
y (v) 19 de febrero al 20 de noviembre de 2001. Sin embargo, consideró que el acervo
probatorio resultaba insuficiente para determinar la naturaleza de la vinculación, toda
vez que del contenido de los contratos no era posible establecer si se trató de una
labor docente de carácter territorial, nacionalizado o nacional.

22. La autoridad enjuiciada resaltó que la actora tenía pleno conocimiento de que la

negativa por parte de la UGPP se fundamentó en la naturaleza de la vinculación
docente, pues ante dicha entidad también se aportaron los mismos contratos de
prestación de servicio posteriormente valorados en sede judicial, por lo que tenía la
carga de aportar las pruebas necesarias para acreditar el reconocimiento pretendido.

23. Pese a ello, la demandante no allegó nuevos elementos de juicio que permitieran

acreditar de manera suficiente que el servicio docente fue prestado en la modalidad
exigida para efectos del reconocimiento de la prestación reclamada, pues en el
expediente únicamente reposaban los contratos referidos y una certificación
expedida por la Secretaría de Educación de Dosquebradas, en la que se relacionaron
los períodos laborados bajo contratos de prestación de servicios, sin precisar el
carácter nacionalizado, territorial o nacional de la vinculación.

24. Además, estimó que si bien en el plenario obraban solicitudes presentadas por la

señora Castañeda al municipio de Dosquebradas, orientadas a que se certificara los
diferentes vínculos que sostuvo con dicho ente, la naturaleza de los mismos y el

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04310-01
Accionante: Rosa Aleyda Castañeda Garcés
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

origen de los recursos, la respuesta emitida por la Secretaría de Educación a través
del oficio del 12 de enero de 2021 resultaba insuficiente, por cuanto se trataba de
una contestación general que no precisaba desde cuándo los pagos se efectuaban
con los recursos del Sistema General de Participaciones, lo que impedía determinar
si correspondía a los mismos períodos en que estuvo vinculada a dicho ente.

25. Por lo tanto, la autoridad judicial concluyó que dichos períodos no podían ser

computados para efectos del reconocimiento deprecado, ante la falta de certeza
sobre la naturaleza del servicio prestado. En consecuencia, solo reconoció como
válidos para efectos de la pensión gracia, los servicios prestados por la demandante
desde el 5 de febrero de 2004 hasta el 9 de mayo de 2018, fecha de la última
certificación que acreditaba su condición de docente activa, es decir, un total de 14
años, 3 meses y 4 días de servicio. Aclaró que no era procedente extender dicho
cómputo hasta la fecha de presentación de la demanda, como lo hizo el a quo, ante
la ausencia de prueba que así lo acreditara.

26. En ese orden, la autoridad accionada concluyó que el requisito de 20 años de

servicio docente territorial o nacionalizado no se encontraba satisfecho, pues la
actora solo acreditó 15 años, 1 mes y 26 días de servicio docente en el orden
territorial.

27. Con este antecedente, esta Subsección observa que los argumentos planteados

no revisten una carga argumentativa suficiente para develar la existencia de un real
defecto a partir del cual se pueda predicar una transgresión de derechos
fundamentales.

28. Como se vio, la exigencia de carácter probatorio efectuada por la autoridad
enjuiciada no obedeció a un capricho o arbitrariedad, sino que encuentra pleno
respaldo en el artículo 167 del Código General del Proceso, que impone a las partes
la carga de probar los supuestos de hecho que alegan.

29. De modo que la accionante no puede pretender trasladar esa carga al operador

judicial bajo el argumento de que debía decretar pruebas de oficio, máxime
considerando que ello corresponde a una facultad discrecional y que, desde la
reclamación en sede administrativa, aquella tenía pleno conocimiento de que la
controversia giraba en torno a la naturaleza de la vinculación docente.

30. Cabe precisar que aun cuando la negativa por parte de la UGPP respecto de

algunos períodos obedeció a la inexistencia de una relación legal o reglamentaria, lo
cierto es que los tiempos laborados mediante nombramiento fueron descartados por
no acreditarse su carácter territorial o nacionalizado. Por tanto, era deber de la actora
demostrar que la totalidad de su vinculación docente, al margen de su modalidad,
cumplía dicho requisito, pues este resultaba indispensable para el reconocimiento
pensional pretendido; carga que, en criterio de la autoridad accionada, no se agotaba
con la presentación de una petición insuficientemente atendida. Dicho razonamiento
se enmarca en la sana crítica y la autonomía judicial.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04310-01
Accionante: Rosa Aleyda Castañeda Garcés
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

31. Así las cosas, la accionante no desplegó un ejercicio argumentativo que evidencie

la existencia de un yerro que haga imperiosa la intervención del juez constitucional,
sino una inconformidad orientada a subsanar su falencia probatoria en el proceso
ordinario, para lo cual no fue instituido el mecanismo de amparo.

32. Esa insuficiencia argumentativa cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta

que la providencia cuestionada fue proferida por una alta corte, cuyas decisiones
gozan de un margen interpretativo amplio que obliga a aceptar sus interpretaciones
y valoraciones probatorias, incluso cuando el juez de tutela discrepe con ellas, lo
que, a su vez, impone al actor una carga argumentativa aún más exigente,
encaminada a demostrar la ocurrencia de un vicio de tal magnitud que resulte
abiertamente incompatible con el ordenamiento jurídico.

33. Sibien en su escrito de impugnación la demandante adujo que la discusión
planteada no versaba sobre un asunto estrictamente patrimonial, sino que giraba en
torno a la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad
social, de la consulta efectuada en el Registro Único de Afiliados -RUAF-, se constató
que la accionante en la actualidad percibe una mesada pensional, lo que descarta
cualquier afectación grave o inminente a las garantías iusfundamentales objeto de
reclamo y refuerza la conclusión de que el asunto no reviste relevancia
constitucional.

34. Finalmente, debe señalarse que la sentencia referida en el escrito de impugnación

para fundamentar el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no
resulta vinculante para esta Subsección, pues además de no haber sido adoptada
por esta Sala, fue proferida en el marco de una acción de tutela, cuyos efectos son
inter-partes y por tanto no constituye un precedente de obligatorio cumplimiento.

35.Así las cosas, la Sala concluye que la intención de la demandante es someter el

caso a una instancia adicional, sin ofrecer razones suficientes que revelen una
discusión que transcienda la esfera de lo constitucional.

36. Porlo expuesto en precedencia, la Sala confirmará la sentencia del 5 de
septiembre de 2025, proferida por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de
Estado.

37. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo dictado el 5 de septiembre de 2025 por la Sección
Tercera, Subsección C del Consejo de Estado.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04310-01
Accionante: Rosa Aleyda Castañeda Garcés
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE5
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

5 VF

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.