Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04359-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04359-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-04359-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
12 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 12 de diciembre de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04359-01
Accionante: José Samir Angucho Popo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL| Subsidiariedad| Relevancia
Constitucional – Confirma
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia de segunda instancia, mediante la
cual se confirmó la decisión de primer grado que negó las pretensiones de la demanda,
dentro de un proceso de reparación directa, relacionado con las lesiones ocasionadas al
demandante, por un miembro de la Policía Nacional.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 4 de
septiembre de 2025, mediante la cual la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con el
presupuesto de relevancia constitucional2.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 15 de julio de 2025, José Samir Angucho Popo presentó una acción
de tutela en contra de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, por la aparente vulneración de sus derechos al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia, con ocasión de la Sentencia de
11 de diciembre de 20243, proferida dentro del proceso de reparación
directa No. 76001-23-33-000-2013-00949-01 (68010)
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“PRIMERA: Se tutele el derecho fundamental al debido proceso y acceso a
la administración justicia (recta administración de justicia) vulnerados por
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “Declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por José Samir Angucho por no satisfacer el
presupuesto de relevancia constitucional, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva
de esta providencia”.
3 El mensaje de datos para la notificación de esa decisión fue remitido el 15 de enero de 2025.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04359-01
Accionante: José Samir Angucho Popo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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parte de la accionada, como consecuencia de la providencia judicial
proferida dentro del proceso administrativo dentro del radicado 76001-23-
33-000-2013- 00949-01 (68010).
SEGUNDA: Ordenar al Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C.,
dictar sentencia ajustada a derecho, corrigiéndose los yerros denunciados”.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, la
Sala identificó los siguientes:
4. 1) El 10 de septiembre de 2013, el accionante y su grupo familiar
promovieron una acción de reparación directa en contra de la Nación
Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con el fin de que se le declarara
responsable de la amputación de su extremidad inferior derecha,
ocasionada por el disparo que le hizo un agente de policía el 3 de abril de
2012, en el contexto del altercado que se presentó por la inmovilización de
una motocicleta. Se alegó que el daño fue consecuencia de una falla del
servicio.
5. 2) Del proceso conoció, en primera instancia, el Tribunal Administrativo
de Valle del Cauca, que, mediante Sentencia de 4 de marzo de 2021, negó
las pretensiones de la demanda con fundamento en que, a pesar de que el
daño estaba probado, no existía certeza de que el proyectil que impactó a
la víctima directa hubiera provenido de un arma de dotación oficial. Para
llegar a esa conclusión, el Tribunal descartó la aptitud demostrativa de los
testimonios rendidos por las hermanas del afectado, al considerarlos
sospechosos; le dio relevancia a las anotaciones que, sobre la forma como
se desarrollaron los hechos, realizaron los policías en los registros de la
estación; determinó que no existía prueba de que las vainillas encontradas
en el lugar de los hechos correspondieran a disparos efectuados por
agentes de la entidad demandada; que el video del día de los hechos
aportado al proceso estaba muy oscuro y, por último, determinó que las
declaraciones extra judiciales rendidas por Jairo y Jhon Fredy Pasinga
Rodríguez no podían ser objeto de valoración, en la medida en que no
habían sido ratificadas.
6. 3) La parte demandante interpuso recurso de apelación, en el que
alegó que se omitió valorar las fotos y el video en los que se registraron los
acontecimientos; que las declaraciones testimoniales de las hermanas de la
víctima directa sí suministraban información relevante sobre la forma en que
se desarrollaron los hechos; que no se le debió otorgar alcance demostrativo
a las anotaciones realizadas por los agentes de policía en los libros de la
institución y, por último, que había indicios de que el autor del disparo era
alguno de los miembros de la Policía Nacional que participaron en el
procedimiento.
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Decisión: Confirma improcedencia
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7. 4) El fallo de primera instancia fue confirmado por la Subsección C de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, en Sentencia de 11 de diciembre
de 2024. La autoridad judicial concluyó que no había prueba de la relación
de causalidad entre el procedimiento de Policía y las lesiones
experimentadas por el demandante. Al respecto, expuso que: 1. La parte
demandada se opuso a las declaraciones extra judiciales aportadas por el
extremo demandante (Jairo Pasinga Rodríguez, Jhon Fredy Pasinga
Rodríguez, Luis Orlando Mejía Cortés, David Alfonso Paz Restrepo, Jhonatan
Alejandro Velasco y de Marilú Valencia González) por lo que no era posible
valorarlas debido a que no fueron ratificadas; 2. los testimonios de las 2
hermanas de la víctima directa no daban cuenta de la forma como
ocurrieron los hechos, pues no presenciaron el momento del disparo; 3. El
video que, a juicio del entonces recurrente, ponía de presente la forma
como ocurrieron los hechos estaba muy oscuro, y de las 16 fotos que
reclamó valorar se desconocía la forma como se obtuvieron, quién las tomó
y cuándo.
8. El fundamento de la vulneración de los derechos fundamentales
radicó, a juicio de la parte actora, en que la providencia del Consejo de
Estado enjuiciada incurrió en:
9. 1) Defecto sustantivo por la “…falta de aplicación de la Ley”, en
concreto, del artículo 222 del Código General del Proceso. Al respecto,
alegó que el Consejo de Estado se equivocó al negarles aptitud
demostrativa a las declaraciones extraprocesales por el hecho de que no
habían sido ratificadas, pues la parte contra la que se adujeron esos
testimonios no solicitó esa ratificación. En criterio del accionante, “de haber
aplicado debidamente la norma, la decisión a adoptar hubiese sido la de
condenar a la demandada por falla del servicio”, pues los testimonios que
no se valoraron señalaron directamente a miembros de la Policía Nacional
como los causantes de la lesión sufrida por la víctima directa.
10. 2) Defecto fáctico por omisión: a) por no valorar las declaraciones extra
juicio rendidas por 3 testigos (“los hermanos PASINGA y Luis Orlando Mejía
Cortes, [que] fueron testigos presenciales de los hechos y dieron cuenta de
la ocurrencia de los mismos, como [d]el señalamiento directo que hicieron
a la Policía Nacional de ser causante de las lesiones personales producidas
con arma de fuego en la humanidad de José Samir Angucho”). Insistió en
que la valoración de esas pruebas era procedente, en la medida en que la
contraparte no solicitó su ratificación. b) Por no valorar las 16 fotografías y el
video aportados por la parte demandante dentro del proceso de
reparación directa, pues esos documentos no fueron tachados de falsos por
la contraparte.
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11. En general, planteó que, de haberse valorado las declaraciones extra
judiciales, junto con los testimonios de las hermanas de la víctima directa y
las fotos y el video aportados por la parte demandante, no habría quedado
duda de la responsabilidad del Estado.
1.2. Sentencia de primera instancia4 e impugnación
12. El 4 de septiembre de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
declaró improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con el requisito
de relevancia constitucional. Como fundamento de la decisión, luego de
poner de presente que la acción de tutela no es una instancia adicional que
permita insistir en argumentos ya estudiados dentro del proceso ordinario,
concluyó que: 1. “…los cargos por defecto fáctico y defecto sustantivo se
apoyan en argumentos de instancia que ya fueron analizados y decididos
por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, pero que
no son compartidos por el accionante debido a que derivaron en una
decisión adversa a sus pretensiones en la demanda ordinaria de reparación
directa”. 2. Agregó que, “…los desacuerdos expuestos contra la
interpretación de las disposiciones jurídicas invocadas por la autoridad
judicial accionada para respaldar la decisión de desestimar medios de
prueba o establecer su peso de convicción guardan relación con
cuestiones de orden eminentemente legal que no corresponde revisar al
juez de tutela”.
13. Sobre lo primero, destacó que los argumentos de la acción de tutela
coincidían en su mayoría con los reparos que fueron planteados por la parte
demandante en el recurso de apelación dentro del proceso de reparación
directa, los cuales fueron objeto de análisis por el Consejo de Estado,
autoridad que, en la Sentencia de 11 de diciembre de 2024, se pronunció
sobre la aptitud demostrativa de las declaraciones extra juicio, los
testimonios de las hermanas de la víctima directa, y las fotos y el video
aportados al expediente ordinario. Por lo anterior, concluyó que “…las
inconformidades presentadas en la acción de tutela ya fueron estudiadas
en el curso del proceso de reparación directa objeto de análisis, pero los
actores están en desacuerdo con la valoración y conclusiones probatorias
e interpretaciones jurídicas que expusieron los jueces de instancia y que
conllevaron a denegar las pretensiones de la demanda por no haberse
acreditado el elemento de la responsabilidad del nexo causal”.
4 En Auto de 18 de julio de 2025, el despacho ponente de la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la
acción de tutela, tuvo como accionado al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y vinculó como
terceros a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional (autoridad que actuó en calidad de demandada
dentro del proceso de reparación directa); a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio
Público (autoridades que actuaron como terceras en el proceso de reparación directa); al Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca (autoridad que dictó sentencia de primera instancia dentro del proceso Nro. 76001- 23-33-
000-2013-00949-00/01); y las personas que actuaron como demandantes en el proceso de reparación directa.
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14. La parte actora presentó escrito de impugnación, en el que reiteró los
argumentos expuestos en el escrito de tutela, aunque limitados a la omisión
en la valoración de las declaraciones extra judiciales que, insistió, debieron
ser valoradas en la medida en que la entonces demandada no solicitó la
ratificación. De otra parte, a propósito del cumplimiento del presupuesto de
relevancia constitucional, manifestó que, como consecuencia de los
defectos en los que incurrió el Consejo de Estado al resolver la apelación
dentro del proceso de reparación directa, “se vulneró el derecho
fundamental al debido proceso del demandante, a tener un proceso justo,
ajustado a la constitución política y a la ley”, y destacó que la amputación
de la extremidad del accionante, resultado de la “brutalidad policiaca”,
indudablemente revestía relevancia constitucional.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Conclusión.
2.1. Fijación de la controversia
15. La Sala deberá verificar si la presente acción de tutela cumplió con el
requisito de relevancia constitucional. En caso afirmativo, deberá
determinar, luego del cumplimiento de los demás requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela, si la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, como juez de segunda instancia, vulneró los
derechos fundamentales de la parte accionante e incurrió en los defectos
fáctico y sustantivo alegados, al proferir la Sentencia de 11 de diciembre de
2024 en el proceso de reparación directa No. 76001-23-33-000-2013-00949-
01. En ese orden, se revocará, modificará o confirmará la decisión de tutela
de primera instancia, según sea el caso.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
16. La Sala confirmará la improcedencia de la acción de tutela, tras
evidenciar que no se cumplieron con los requisitos de subsidiariedad ni
relevancia constitucional, por las siguientes razones:
17. Frente al defecto fáctico, por la falta de apreciación por parte del
Consejo de Estado de varios elementos de juicio dentro del proceso de
reparación directa, concretamente las declaraciones extrajudiciales, la Sala
advierte que no satisface el requisito de subsidiariedad.
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18. Resulta preciso recordar que el artículo 65 del Decreto 2591 de 1991,
que desarrolló el artículo 866 de la Constitución Política, señaló que la tutela
resulta improcedente cuando existan otros recursos o medios de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable.
19. La Corte Constitucional, mediante Sentencia T-16 de 20197, señaló que
la acción de tutela contra providencias judiciales se tornaba improcedente
en 3 escenarios: (1) cuando el asunto se encontrara en trámite, (2) cuando
no se hubieran agotado los medios de defensa judicial y (3) cuando se
empleara el mecanismo para revivir etapas procesales previstas en el
ordenamiento jurídico, que se dejaron de emplear.
20. En este caso, se advierte no se no se agotaron todos los medios de
defensa judicial, habida cuenta de que, en la sentencia de primera
instancia, proferida dentro del proceso de reparación directa, en relación
con las declaraciones extra judiciales rendidas por Jairo y Jhon Fredy
Pasinga Rodríguez, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca determinó
lo siguiente:
“Ahora de otro lado, sobre la validez probatoria de las declaraciones extra juicio
en un proceso judicial, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado
que ‘se debe surtir el trámite previsto para la ratificación en los términos de los
artículos 229, 298 y 299 del Código de Procedimiento Civil y cuando no se surte
este trámite dentro del proceso en el que se intenta hacer valer, no pueden ni
siquiera tenerse las declaraciones extra juicio como indicio, en la medida que
no se garantizaría el principio de contradicción y de defensa de la parte
contraria. En todo caso, las mismas solo pueden ser tenidas en cuenta como
prueba sumaria, a la luz del artículo 299 del C.P.C, en los eventos en que hayan
sido de pleno conocimiento de la parte demandada, durante el debate
procesal.
Con base en lo establecido, no es posible tener en cuenta las declaraciones
extra juicio de los señores Jairo y Jhon Fredy Pasinga Rodríguez, puesto que no
fueron ratificadas durante el curso de este proceso judicial” -se resalta-.
21. Del recurso de apelación que, contra esa sentencia, presentó en su
momento la parte actora, se extrae que planteó los siguientes reparos
concretos: 1) que la prueba de que el daño era causalmente atribuible a la
Policía Nacional estaba dada por el video que, el día de los hechos, había
5 ARTICULO 6. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan
otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)
6 ARTICULO 86—Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden
para que aquél respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de
inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte
Constitucional para su eventual revisión. Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable (…)”.
7 Posición que se reiteró de otras Sentencias de la Corte Constitucional como la T-103 y T-396 de 2014.
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sido grabado, documento que era concordante con los testimonios de las
hermanas de la víctima directa, elementos de juicio a los que el Tribunal les
restó aptitud demostrativa porque el video estaba muy oscuro y los
testimonios los calificó de sospechosos; 2) Cuestionó la relevancia
demostrativa que el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca le dio a un
documento elaborado por miembros de la propia institución demandada
(“libro de población” de la Estación de Policía) sobre las condiciones de
tiempo, modo y lugar en que se dieron los hechos. 3) Por último, el recurrente
se refirió a la importancia de la prueba indiciaria en ese tipo de
controversias.
22. En esas condiciones, para la Sala es evidente que, aunque la
relevancia o aptitud demostrativa de las declaraciones extra juicio, fue
materia de expreso pronunciamiento por parte del Tribunal Administrativo al
resolver, en primera instancia, la demanda de reparación directa, el
recurrente, teniendo la oportunidad de hacerlo, no cuestionó las
conclusiones de esa autoridad en lo que a la aptitud demostrativa de esas
declaraciones se refiere.
23. Al demandante en reparación directa le correspondía cumplir con la
carga de exponer, al interior del proceso de reparación directa, sus
inconformidades sobre la falta de valoración de determinados elementos
de juicio. Si, como lo sostuvo en la demanda de tutela, las declaraciones
extra judiciales no tenían que ser objeto de ratificación, tenía que formular
esa específica inconformidad al apelar la sentencia de primera instancia
adversa a sus intereses, pues sólo así se garantizaba que el superior funcional
tuviera la oportunidad de enmendar la alegada omisión valorativa. El hecho
de que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al
desatar el recurso, se hubiera pronunciado sobre el peso específico de esas
declaraciones, para descartarlo (debido a la falta de ratificación), no era
un asunto novedoso frente al cual el acá accionante no hubiera tenido la
posibilidad de plantear, al interior del proceso, los recursos legales.
24. Todo lo anterior pone de presente, la tutela no está prevista para
provocar pronunciamientos que el ordenamiento asigna a los jueces de las
instancias ordinarias; de ahí que se exija que, dentro de cada actuación, los
interesados promuevan los recursos para enmendar las equivocaciones de
las que pueden adolecer las providencias judiciales. El incumplimiento de
ese presupuesto marca la inviabilidad de la solicitud de amparo en el
presente caso, pues la tutela no fue concebida como un instrumento al que
se pueda recurrir para recuperar el ejercicio de oportunidades procesales
que los sujetos procesales desaprovecharon.
25. Sobre los demás reparos que sustentaron el defecto fáctico y el
defecto sustantivo, la Sala concuerda con el juez de tutela de primera
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instancia en que no se satisfizo el requisito de relevancia constitucional, por
las siguientes razones:
26. Para la Corte Constitucional, este requisito encuentra su razón de ser
en el carácter residual de esta acción, la especialidad de las competencias
tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios, así como la
necesidad de evitar que este mecanismo se convierta en una instancia
adicional para reabrir debates de carácter legal. En ese orden, como
finalidades de la relevancia constitucional han sido identificadas las de
preservar las competencias judiciales, respetar la autonomía e
independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a asuntos donde
se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se convierta en
una instancia adicional8.
27. La Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo expresamente que el
requisito que se analiza requiere la conjunción de varios elementos: (1) una
carga argumentativa por parte del accionante que explique, con
suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez de tutela, esto es, la
necesidad de su intervención en el asunto9; (2) que la solicitud de amparo
no se presente con el objeto de obtener una instancia adicional al proceso
ordinario10 y (3) que se trate de una controversia sobre derechos
fundamentales y no asuntos de simple legalidad11.
28. La Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202312, estableció
que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres criterios: (1) no
tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2) perseguir la
protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates concluidos.
29. Bajo este entendido, la Sala advierte que es claro que los
fundamentos y pretensiones se dirigen, de manera exclusiva, a discutir
argumentos que fueron debatidos, analizados y resueltos en el trámite del
proceso de reparación directa No. 76001-23-33-000-2013-00949-01, ya que la
parte actora reiteró en esta acción lo que sustentó en dicho proceso,
8 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
9 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer
elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
10 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
11 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
12 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
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específicamente la no valoración de las demás pruebas (testimonios,
fotografías y vídeo).
30. Dichos argumentos fueron expuestos en el recurso de apelación que
el señor Lara Otálora formuló contra la Sentencia de 4 de marzo de 2021 del
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca13 y, a su vez, estos fueron
analizados y resueltos por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, en los siguientes términos (se trascribe):
“Las declarantes Jacqueline Valencia Angucho y July Johanna Angucho Popo
son hermanas de la víctima directa José Samir Angucho Popo, por lo que son
testigos cuya imparcialidad o credibilidad puede verse afectada, en los
términos del artículo 211 del CGP.
(…)
Del testimonio de Jacqueline Valencia Angucho también se desprende (…).
Frente al testimonio rendido por July Johanna Angucho Popo, este relato no
puede dar cuenta de las circunstancias de modo en las que ocurrieron los
hechos, ella de manera reiterada afirmó que estuvo todo el tiempo dentro de
la vivienda, buscando los papeles de la moto que habían pedido los agentes
de policía. Sostuvo que cuando finalmente, logró encontrar los papeles, salió
de la casa y su hermano José Samir ya estaba en un taxi. Es decir, ya estaba
herido.
Puestas las cosas de este modo, en el proceso no existe material probatorio que
demuestre con certeza que fue un agente de la Policía Nacional quien con su
actuar ocasionara el daño, representado en las lesiones de José Samir
Angucho. Adicionalmente en el proceso no reposa prueba que acredite el
nexo de causalidad entre el mencionado daño y la actuación de los patrulleros
la noche del del 3 de abril de 2012, en la calle 76 No. 26 F -12 en el barrio “Alirio
Mora Beltrán” de la ciudad de Cali. La sola presencia de los uniformados en el
lugar de los hechos no puede ser considerada la causa adecuada del daño,
pues se advierte que la parte demandante no demostró que un agente de
policía hubiera disparado contra José Samir Angucho Popo.
15. Ahora, el recurso de apelación insiste en que hubo falla del servicio porque
el daño ocasionado a José Samir Angucho fue consecuencia de un disparo
con arma de dotación de un agente de policía indeterminado. Para demostrar
el hecho dañoso, la parte demandante solicitó que se valorara el video y las
fotografías aportados con la demanda, porque los mismos no fueron tachados
de falsos y en ellos se podía observar a los uniformados de la Policía Nacional
con sus cascos y chalecos característicos, y que servirían para esclarecer la
situación fáctica.
La parte actora aportó con la demanda 16 fotografías, donde quedaron
registradas vainillas, agentes con sus chalecos distintivos de la institución, una
motocicleta y la placa de una camioneta, ambas de la policía. Frente a estas
fotografías, no se tiene información de cómo se obtuvieron, quién las tomó ni la
fecha de creación, es decir no existe certeza de las circunstancias de tiempo,
13 “Señaló que el video aportado no fue tachado de falso, por lo que su contenido debe valorarse bajo el juicio
de la sana crítica, así sea poco lo que pueda extraerse del mismo y, además, hizo un recorrido por la información
que, en su criterio, aporta el video. Por otro lado, sostuvo que en primera instancia se desestimaron las
declaraciones de Jacqueline Valencia Angucho y July Johanna Angucho Popo (hermanas de la víctima directa)
por supuestas incongruencias en lo que declararon; no obstante, tales incongruencias no saltan a la vista, no
alteran la realidad de los hechos y no fueron analizadas a fondo por parte del Tribunal, que solamente expresó un
criterio de evaluación exigente y riguroso según la jurisprudencia, pero no informó los motivos por los cuales sus
dichos no se tuvieron en cuent” Páginas 5 y 6 de la sentencia del 11 de diciembre de 2024.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04359-01
Accionante: José Samir Angucho Popo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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modo y lugar en las que fueron tomadas. Obra también en el expediente un
vídeo, que según la demanda se grabó el día de los hechos. Sin embargo, no
se puede observar con claridad lo sucedido, pues es muy oscuro.
Así las cosas, respecto de las fotografías y el video aportado con la demanda,
no se acreditó en el proceso la fecha de creación y autor. Para que un
documento goce de autenticidad, debe tenerse certeza sobre la persona que
lo ha elaborado o que existe certeza respecto de la persona a quien se le
atribuya, de acuerdo con lo previsto en el artículo 244 del CGP. Como en este
caso no existe esa certeza, la Sala no podrá incluir estos documentos en la
valoración probatoria.”
31. Esta identidad argumentativa revela que el objeto de la presente
acción es reabrir el debate que ya había sido resuelto por el juez natural, el
cual concluyó, con fundamento en el material probatorio, que no existía
certeza que hubiera sido un agente de la Policía Nacional quien con su
actuar ocasionara la lesión a José Samir Angucho Popo.
32. En relación con el defecto sustantivo, por la “…falta de aplicación de
la Ley”, en concreto, del artículo 222 del Código General del Proceso. Al
respecto, alegó que el Consejo de Estado se equivocó al negarles aptitud
demostrativa a las declaraciones extraprocesales por el hecho de que no
habían sido ratificadas, pues la parte contra la que se adujeron esos
testimonios no solicitó esa ratificación, la Sala evidencia que es una
inconformidad del actor que obedece a una diferencia interpretativa frente
al tratamiento jurídico que recibió su caso con la aplicación y alcance de
esa norma.
33. Por último, la Sala recuerda que las diferencias interpretativas que
existieren entre la demandante y el juez natural de la causa no constituyen,
por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones
del juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión vía tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué
el asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela
contra providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional de
amparo de derechos fundamentales de carácter excepcional14.
2.3. Conclusión
34. Por lo expuesto, la Sala concluye que los requisitos de subsidiariedad
y relevancia constitucional no se cumplieron en el caso concreto y, por tal
motivo, confirmará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela.
14 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659
de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04359-01
Accionante: José Samir Angucho Popo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 4 de septiembre de 2025, proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la
acción de tutela presentada por José Samir Angucho, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin15.
TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
15 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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