RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2013-00949-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2013-00949-01

Fecha
11 de diciembre de 2024
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2013-00949-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 4 de marzo de 2021 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, a favor de la parte demandada. FIJAR las agencias en derecho en segunda instancia en la suma de cuatro millones trescientos treinta y nueve mil doscientos veinticinco pesos ($4.339.225) a cargo de la parte actora. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el tribunal. TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-33-000-2013-00949-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

11 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00949-01 (68010)
Demandante: José Samir Angucho Popo y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
Proceso: Reparación directa

APELANTE ÚNICO-Límites de la apelación DECLARACIONES RENDIDAS POR FUERA DEL PROCESO-
Las declaraciones extra juicio deben ser ratificadas en el proceso. DAÑOS CAUSADOS POR LA FUERZA
PÚBLICA-El uso de la fuerza debe ser proporcional y razonable. DAÑOS CAUSADOS POR LA FUERZA
PÚBLICA-Se analiza por falla del servicio DOCUMENTO PÚBLICO-Autenticidad. DOCUMENTO PÚBLICO-
Valor probatorio. DOCUMENTO PÚBLICO-Libro de Población y de Vigilancia de la Policía Nacional.
TESTIMONIO-Crítica testimonial. TESTIGO SOSPECHOSO-Valoración probatoria. TESTIGO PRESENCIAL-
Valoración probatoria. CARGA DE LA PRUEBA-Incumbe probar a las partes los supuestos de hecho
alegados.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia del 4 de marzo de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la
demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

El 3 de abril de 2012, aproximadamente a las 10:30 p. m., en la calle 76 No. 26 F -
12, en el barrio “Alirio Mora Beltrán” de Cali, miembros de la Policía Nacional
solicitaron a José Samir Angucho Popo los papeles de su moto. El señor Angucho
se encontraba al frente de su residencia y les indicó que entraría a ella para
sacarlos, se inició una discusión, en medio de la cual el señor Angucho recibió un
impacto de arma de fuego en su pierna derecha. Días después, la pierna tuvo que
ser amputada. Los demandantes alegan falla del servicio por la extralimitación de
las funciones de los patrulleros y por el uso de armas de fuego sin justificación.

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00949-01 (68010)
Demandante: José Samir Angucho Popo y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Asunto: Reparación directa

ANTECEDENTES

La demanda

El 10 de septiembre de 2013, José Samir Angucho Popo y otros1 presentaron
demanda de reparación directa contra la Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional, para que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

1. Declarar administrativamente responsable al Ministerio de Defensa-Policía
Nacional de la totalidad de daños y perjuicios morales y materiales causados a
los demandantes, como consecuencia de la falla en el servicio a la que fue
sometido José Samir Angucho.

2. Como consecuencia condenar al Estado al Ministerio de Defensa-Policía
Nacional a indemnizar a los demandantes por los siguientes perjuicios:

2.1. A José Samir Angucho por lucro cesante presente la suma de dieciséis
millones ochocientos mil pesos ($16.800.000); por lucro cesante futuro la
suma de seiscientos noventa y tres millones de pesos ($693.000.000) por
los 55 años que, de acuerdo al DANE le quedaban para desempeñar una
actividad laboral; por el daño moral sufrido con ocasión de no tener su
extremidad inferior derecha, la suma de 100 SMLMV, es decir, cincuenta y
ocho millones novecientos cincuenta mil pesos ($58.950.000); por el daño
a la vida en relación la suma de 150 SMLMV, equivalentes a ochenta y
ocho millones cuatrocientos veinticinco mil pesos ($88.425.000); por el
daño psicológico la suma de 150 SMLMV, equivalentes a ochenta y ocho
millones cuatrocientos veinticinco mil pesos ($88.425.000); por el daño al
proyecto de vida la suma de 150 SMLMV, equivalentes a ochenta y ocho
millones cuatrocientos veinticinco mil pesos ($88.425.000) y por el daño
emergente consolidado o pasado la suma de cuatro millones ($4.000.000)
correspondiente al dinero que salió del patrimonio de la víctima.

2.2. Se indemnice a los siguientes familiares por el daño moral la suma de
cincuenta y ocho millones novecientos cincuenta mil pesos ($58.950.000);
por el daño a la vida en relación la suma de 150 SMLMV, equivalentes a
ochenta y ocho millones cuatrocientos veinticinco mil pesos ($88.425.000)
y por el daño psicológico la suma de 150 SMLMV, equivalentes a ochenta
y ocho millones cuatrocientos veinticinco mil pesos ($88.425.000).

Rubiela Angucho Popo en calidad de madre.
Jacqueline Valencia Angucho en calidad de hermana.
Flor de María Valencia Angucho en calidad de hermana.
July Johanna Angucho Popo en calidad de hermana.
Alex Steven Angucho Popo en calidad de hermano.
Fernando Antonio Angucho en calidad de hermano.
Jesús Marino Angucho en calidad de abuelo.
Ana de Jesús Popo de Angucho en calidad de abuela.
Danilo Angucho Chacón en calidad de tío.
Harold Angucho Chacón en calidad de tío.
Ana Milena Angucho Popo en calidad de tía.
Haybi Valentina Páramo Valencia en calidad de sobrina.
Oscar David Navia Valencia en calidad de sobrino.
Adrián Fernando Angucho Velásquez en calidad de sobrino.

1 Visible a folios 122 a 150 del cuaderno 1.

2

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00949-01 (68010)
Demandante: José Samir Angucho Popo y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Asunto: Reparación directa

Hechos

Los demandantes afirmaron que el 3 de abril del 2012, aproximadamente a las
10:30 p. m., José Samir Angucho se encontraba al frente de su casa ubicada en el
barrio Alirio Mora Beltrán de Cali, en compañía de Jhon Fredy Pasinga. Estaba
verificando cómo había quedado la reparación de su motocicleta, cuando fue
requerido por dos uniformados de la Policía Nacional identificados con placas
12441 y 12475, quienes le pidieron los documentos de la motocicleta. El señor
Angucho Popo les informó que los tenía dentro de su vivienda y que entraría a
sacarlos, pero los uniformados se opusieron. A raíz de esa oposición se inició una
discusión porque, a pesar de estar frente a su lugar de residencia, los uniformados
no le permitieron el acceso y pidieron apoyo policial.

Señalaron que, a los 10 minutos aproximadamente, llegó una camioneta de placas
27-0356 de la Policía Nacional para inmovilizar la motocicleta. Su propietario se
aferró a ella para evitar el procedimiento y los agentes dijeron que llamarían al
"Rolo" –apodo del policía que, según la demanda, ocasionó la lesión– para que él
arreglara la situación.

José Samir Angucho sacó una pala de su casa y uno de los policiales le apuntó
con su arma de fuego de uso oficial, otro de los uniformados le arrebató la pala y
procedió a amenazarlo. Según la demanda, el agente, quien posteriormente fue
identificado como Yeison Leonardo Bocanomen Moreno, conocido como el “Rolo”,
disparó en dos ocasiones contra el señor Angucho y le causó una lesión en su
pierna derecha. Una vez hechos los disparos, los agentes huyeron en su
motocicleta, pero debido a la prisa se accidentaron con un reductor de velocidad,
lo que le ocasionó una fractura en el brazo a uno de los uniformados.

Finalmente, por los hechos acontecidos y el disparo recibido, José Samir Angucho
perdió su pierna derecha y su hermana Jacqueline Valencia Angucho resultó
lesionada. Los hermanos Angucho presentaron una denuncia que, para el
momento de la presentación de la demanda, cursaba en el Juzgado 156 de
Instrucción Penal Militar.

3

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00949-01 (68010)
Demandante: José Samir Angucho Popo y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Asunto: Reparación directa

Alegan falla del servicio porque los agentes de la Policía hicieron un uso indebido
del arma de fuego de dotación oficial, de forma desproporcionada y arbitraria, que
tuvo como consecuencia una afectación permanente a José Samir Angucho2.

Contestación de la demanda

La Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional, al oponerse a las pretensiones,
señaló que no estaban acreditadas las circunstancias en las que fue herido José
Samir Angucho, ni que el proyectil que impactó a la víctima provenía de un arma
de dotación oficial. Agregó que, al analizar el acervo probatorio recaudado en el
expediente, no obran pruebas que infieran que los hechos narrados en la
demanda hubiesen existido y tampoco hubiesen quedado registrados en ninguna
minuta de guardia de servicio o Libro de Población de la Estación de Policía.

Adicionó que no se acreditó ninguna actuación irregular por parte de los
uniformados que haya llevado a determinar que, en efecto, hubiera sido un
funcionario de la Policía Nacional quien con su obrar causó los supuestos
perjuicios a los demandantes. En efecto, no había prueba contundente que
pudiera reflejar sin lugar a dudas, el nexo de causalidad entre el daño y la
actuación de los miembros de la policía. No había proyectil recuperado,
consecuentemente no había estudio de uniprocedencia, que determinara que el
proyectil que impactó la humanidad de José Samir Angucho fuera disparado por
un arma de fuego oficial3.

Sentencia de primera instancia

En sentencia del 4 de marzo de 2021, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la parte actora no
logró demostrar que el hecho dañoso del que fue víctima José Samir Angucho
obedeció al accionar de un arma de dotación oficial de los miembros de la Policía
Nacional, por lo que no se probaron los presupuestos que se exigen a nivel
constitucional, legal y jurisprudencial para declarar la responsabilidad patrimonial
del Estado por falla del servicio.

2 Visible a folios 122 a 150 del cuaderno 1.
3 Visible a folios 183 a 194 del cuaderno 1.

4

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00949-01 (68010)
Demandante: José Samir Angucho Popo y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Asunto: Reparación directa

Sostuvo que las pruebas obrantes en el expediente dan cuenta que,
efectivamente, José Samir Angucho sufrió una lesión en la pierna derecha
producida por un impacto de arma de fuego, y que por el lugar donde se alojó la
bala, el miembro comprometido tuvo que ser amputado. Sin embargo, las únicas
versiones que concuerdan con lo expuesto en la demanda son las afirmaciones de
las hermanas quienes son también demandantes, por lo que sus testimonios eran
sospechosos en virtud de la relación de parentesco existente entre las declarantes
y el lesionado.

Por último, señaló que, para endilgar responsabilidad patrimonial a una entidad del
Estado frente a la causación de un daño antijurídico, éste último debe estar lo
suficientemente vinculado con el actuar de la autoridad pública, para que el
operador judicial lo encuentre relacionado causalmente y proceda a estudiar los
elementos jurídicos de esa atribución, representados en los títulos de imputación4.

Recurso de apelación

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia. Insistió en que no existe duda que un miembro de la Policía
Nacional accionó el arma de dotación que le ocasionó la pérdida de la extremidad
inferior derecha a José Samir Angucho. Expuso que, si bien es cierto que no se
tiene identificado al victimario, es evidente que fue un funcionario de la institución
policial y que la sentencia de primera instancia no fue ecuánime en la valoración
probatoria ni de los indicios que obran en el proceso.

Argumentó que el Tribunal otorgó total credibilidad a las anotaciones realizadas
por parte de los miembros de la Policía Nacional en el Libro de Población
aportado. Sin embargo, esas anotaciones son mentirosas porque existe prueba
que las desmiente y debieron ser valoradas con extremo cuidado. Resaltó que hay
varias anotaciones en dicho libro que tienen diferente caligrafía y que fueron
escritas en primera persona, lo que indica que fueron hechas por los patrulleros
Andrés Valbuena Ramírez o Nilson Moreno Montaño, actuando en contravía de
las normas que regulan el uso del Libro de Población, pues ninguno era
comandante de la estación de policía. Hizo hincapié en que la segunda anotación
no fue registrada de manera cronológica.

4
Visible a folios 254 a 262 del cuaderno principal.

5

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00949-01 (68010)
Demandante: José Samir Angucho Popo y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Asunto: Reparación directa

Señaló que el video aportado no fue tachado de falso, por lo que su contenido
debe valorarse bajo el juicio de la sana crítica, así sea poco lo que pueda
extraerse del mismo y, además, hizo un recorrido por la información que, en su
criterio, aporta el video.

Por otro lado, sostuvo que en primera instancia se desestimaron las declaraciones
de Jacqueline Valencia Angucho y July Johanna Angucho Popo (hermanas de la
víctima directa) por supuestas incongruencias en lo que declararon; no obstante,
tales incongruencias no saltan a la vista, no alteran la realidad de los hechos y no
fueron analizadas a fondo por parte del Tribunal, que solamente expresó un
criterio de evaluación exigente y riguroso según la jurisprudencia, pero no informó
los motivos por los cuales sus dichos no se tuvieron en cuenta5.

Trámite de segunda instancia

El Tribunal concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
el 3 de diciembre de 20216. El despacho admitió el recurso el 17 de junio de 2022.
La parte demandante solicitó pruebas en segunda instancia, solicitó el traslado de
una copia del proceso penal radicada con el número 760016000193201210067 7,
en contra de los uniformados de la Policía Nacional que conocieron el caso, la cual
se encontraba, para la fecha de la apelación, en etapa de juicio en el Juzgado 35
Penal Municipal de Cali. Sin embargo, el despacho negó la solicitud8 por no
cumplir con lo establecido en el artículo 212 del CPACA9.

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio10.

5
El artículo 161 de la Resolución No. 00912 de 2009, por la cual se expide el reglamento del servicio de
Policía, vigente para la fecha de hechos, dispone que el comandante del servicio de guardia debe diligenciarlo
personalmente de acuerdo con la ocurrencia de los motivos de policía que se hayan presentado durante el
servicio, de manera estricta, cronológica y veraz.
6 Visible a folio 276 del cuaderno principal.
7 Visible a folios 267 a 275 del cuaderno principal.
8 Visible a índice 3 de Samai.
9 Artículo 212 del CPACA: Oportunidades probatorias. (…) En segunda instancia, cuando se trate de

apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir
pruebas, que se decretarán únicamente: 1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que
existan terceros diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia. 2. Cuando fuere
negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse decretado se dejaron de practicar sin culpa de
la parte que las pidió. En este último caso, solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten
para su perfeccionamiento. 3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad
para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos. 4. Cuando
se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por
obra de la parte contraria. 5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales
3 y 4, las cuales deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que las decreta.
10 Ibidem.

6

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00949-01 (68010)
Demandante: José Samir Angucho Popo y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Asunto: Reparación directa

CONSIDERACIONES

1. La demanda se presentó el 10 de septiembre de 2013, por lo tanto, el régimen

aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –en adelante, CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA, este
código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y solo se aplica a los procedimientos y
actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos
que se instauren con posterioridad a su entrada en vigencia. Adicionalmente,
conforme al artículo 306 de este código, en los aspectos no contemplados se
seguirá el Código General del Proceso –en adelante, CGP– en lo que sea
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

2. Según el artículo 104 del CPACA, la jurisdicción contenciosa administrativa
conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya
causa sea una acción u omisión de una entidad estatal11. El Consejo de Estado es
competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el
artículo 150 del CPACA, según el cual son de su competencia los recursos de
apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos. Así mismo, esta corporación es competente en razón a la cuantía,
porque el valor de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos
por el artículo 152.6 del CPACA12, esto es, $294.750.00013.

Medio de control procedente

11Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes
especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones,
sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares
cuando ejerzan función administrativa. Igualmente conocerá de los siguientes procesos: 1. Los relativos a la
responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable (…).
12Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales

Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 6. De los de reparación directa,
inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes (…).
13 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2013, $589.500, por 500.

7

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00949-01 (68010)
Demandante: José Samir Angucho Popo y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Asunto: Reparación directa

3. La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo14; en este caso, por
actuaciones que se imputan a la fuerza pública.

Demanda en tiempo

4. El término para formular pretensiones en reparación directa, según el literal i)
del artículo 164.2 del CPACA15 es de dos años, contados a partir del día siguiente
al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y
siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su
ocurrencia.

La demanda se interpuso en tiempo –10 de septiembre de 201316– porque el
hecho dañoso alegado ocurrió el 3 de abril de 2012 y el término para presentar la
demanda vencía el 4 de abril de 2014. Adicionalmente, el 25 de abril de 2013, la
parte convocante presentó solicitud de conciliación extrajudicial. Esa actuación
suspendió el término de caducidad hasta el 5 de junio siguiente, fecha en la que
se declaró fallida la audiencia de conciliación17. Lo anterior, de acuerdo a lo
dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley 640 de 2001 y en concordancia con lo
establecido en el artículo 161 del CPACA.

Legitimación en la causa

5. José Samir Angucho, Rubiela Angucho Popo, Jacqueline Valencia Angucho,
Flor de María Valencia Angucho, July Johanna Angucho Popo, Alex Steven
Angucho Popo, Fernando Antonio Angucho, Jesús Marino Angucho, Ana de Jesús
Popo de Angucho, Danilo Angucho Chacón, Harold Angucho Chacón, Ana Milena

14 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por

actos administrativos respecto de los cuales no se discute su legalidad. Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421.
15Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: (…) 2. En los

siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: (…) i) Cuando se pretenda la reparación directa, la
demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la
ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido
en la fecha de su ocurrencia (…)».
16 Visible a folio 151 del cuaderno 1.
17 Según da cuenta la constancia expedida por el agente del Ministerio Público, visible a índice 2 de Samai del

Consejo de Estado en el documento 002. Folio 1-35. Páginas 55 y 57.

8

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00949-01 (68010)
Demandante: José Samir Angucho Popo y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Asunto: Reparación directa

Angucho Popo, Haybi Valentina Páramo Valencia, Oscar David Navia Valencia y
Adrián Fernando Angucho Velásquez son las personas sobre las que recae el
interés jurídico que se debate en este proceso, ya que el primero es la víctima
directa y los demás conforman su grupo familiar18.

La Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional está legitimada en la causa por
pasiva, pues es la entidad a la que corresponde asegurar la convivencia pacífica
(artículos 218, 303 y 315.2 C.P. y 1 de la Ley 62 de 1993) y –según la demanda–
el autor del disparo que ocasionó la pérdida de la pierna de José Samir Angucho
fue un agente de policía.

Problema jurídico

6. Corresponde a la Sala determinar si la Policía Nacional es responsable
patrimonialmente, a título de falla del servicio, de la lesión padecida por José
Samir Angucho por el uso excesivo de la fuerza pública mediante la utilización de
un arma de fuego de dotación oficial.

Análisis de la Sala

7. Como la sentencia fue recurrida por la parte demandante, la Sala estudiará el
asunto, de conformidad y en los términos del artículo 328 del CGP.

Responsabilidad del Estado por daños causados por la fuerza pública

8. Conforme al artículo 1° de la Ley 62 de 1993, en armonía con dispuesto en los
artículos 2 y 218 de la C.P., la Policía Nacional está instituida para: (i) proteger a
todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y
demás derechos y libertades, y (ii) para el mantenimiento de las condiciones
necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar
que los habitantes de Colombia convivan en paz.

Para el cumplimiento de estos deberes constitucionales y legales, la fuerza pública
–de la cual es parte integrante la Policía Nacional (artículo 216 de la CP)– tiene el
monopolio del uso de la fuerza a través del empleo de las armas y está autorizada

18 Visible a folios 122 a 150 del cuaderno 1.

9

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00949-01 (68010)
Demandante: José Samir Angucho Popo y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Asunto: Reparación directa

para el uso legítimo de esos instrumentos. Sin embargo, su uso está limitado,
conforme a los artículos 1, 5 y 85 de la CP, al respeto de la dignidad humana, los
derechos inalienables de las personas y a la supremacía de los derechos
fundamentales. En ese marco, el uso de la fuerza debe ser proporcional y
razonable19.

Conforme al Decreto 1355 de 1970, por el cual se dictan normas sobre Policía,
vigente para la época de los hechos, la Policía Nacional está facultada para
emplear la fuerza y otros medios coercitivos solo cuando sea estrictamente
necesario y con el objeto de: (i) impedir perturbaciones y (ii) restablecer la
tranquilidad y seguridad de la comunidad. Por su parte, el artículo 34 de la Ley
1015 de 2006 –Régimen Disciplinario para la Policía Nacional vigente para la
época de los hechos– establece que un agente incurre en falta gravísima por
causar daño a la integridad de las personas o de los bienes como consecuencia
del exceso en el uso de las armas, de la fuerza o de los demás medios coercitivos;
en otras palabras, por el trato violento a los ciudadanos, la extralimitación de sus
funciones por uso de armas sin justificación y la ejecución de actos que atenten
contra las garantías de los ciudadanos.

Ejercer la fuerza para mantener el orden público, la seguridad y las condiciones
necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades implica, entonces, actuar
con mesura, prudencia y emplear los medios necesarios –en defensa de un
derecho propio o ajeno– y proporcional a la causa o motivo de la perturbación. De
allí que, si bien el Estado debe y está legitimado para contener amenazas al
orden público, la fuerza pública solo debe emplear los instrumentos suficientes y
adecuados en ese ejercicio. Entonces, el actuar de los agentes, se reitera, debe
ser proporcional al peligro que enfrentan. Sin embargo, eso no significa que,
frente a una perturbación o agresión grave, los agentes enviados a restablecer el
orden tengan que tolerar situaciones contra su integridad. A todo ser humano le
es lícito protegerse, en el marco de la proporcionalidad, conforme al postulado de
la legítima defensa20.

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 1967, Rad. 257-CE-SEC3-1967-04-28,

C.P. Carlos Portocarrero Mutis.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de

1967, Rad. CE-SEC3-1967-04-28.

10

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00949-01 (68010)
Demandante: José Samir Angucho Popo y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Asunto: Reparación directa

9. Ahora bien, en eventos de daños causados a civiles por armas de dotación
oficial dentro de procedimientos de policía u operaciones de las fuerzas militares,
la Sala ha sostenido que si el daño se produce por el uso del arma de dotación
oficial –en el ejercicio del servicio de seguridad, defensa o mantenimiento del
orden–, el estudio de la responsabilidad debe abordarse bajo el título del riesgo
excepcional por la actividad peligrosa que involucra, precisamente, el uso de
armas de fuego. La Sección Tercera, en reiterada jurisprudencia, ha considerado:

“Ahora bien, la Sala ha estimado que en aquellos casos en los que se debate la
obligación del Estado de indemnizar el perjuicio generado por la utilización de armas
de dotación oficial, se debe aplicar el sistema objetivo de responsabilidad por riesgo
excepcional, toda vez que el Estado asume los riesgos a que expone a la sociedad
con ocasión de la utilización de artefactos peligrosos o por el desarrollo de
actividades de igual naturaleza. En tal sentido, para efectos de determinar la
responsabilidad, resulta irrelevante el análisis de la licitud o ilicitud de la conducta
asumida por los agentes estatales, como quiera que es suficiente para imputar el
daño antijurídico, a título de riesgo excepcional, la demostración de que este fue
causado por el artefacto o por la realización de la actividad peligrosa cuya guarda se
encontraba a cargo del Estado. Sin embargo, éste podrá ser exonerado de
responsabilidad demostrando que la imputación no existe o es apenas aparente,
cuando el hecho ha tenido ocurrencia por la intervención de un elemento extraño:
fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima”21.

En el mismo sentido, ha dicho la Sala:

“En la actualidad, cuando se debate la responsabilidad del Estado por daños
causados con el uso de armas de fuego de dotación oficial, por regla general se
aplica la teoría del riesgo excepcional; en este sentido la jurisprudencia de la Sala
ha señalado que la Administración debe responder siempre que produzca un daño
con ocasión del ejercicio de actividades peligrosas o la utilización de elementos de
la misma naturaleza, como lo es la manipulación de las armas de fuego de las
cuales están dotadas algunas autoridades por razón de las funciones a ellas
encomendadas, tales como la Policía Nacional, el D.A.S., o el Ejército Nacional,
pues el Estado asume los riesgos a los cuales expone a la sociedad con la
utilización de tales artefactos peligrosos”.

En virtud de ese título de imputación objetivo, el demandante tiene el deber de
probar la existencia del daño y el nexo causal entre éste y una acción u omisión de
la entidad pública demandada, para que se pueda deducir la responsabilidad
patrimonial, sin necesidad de entrar a analizar la licitud o ilicitud de la conducta del
agente, la cual para estos casos resulta irrelevante. A su vez la Administración, para
exonerarse de responsabilidad, debe acreditar la presencia de una causa extraña,
como el hecho exclusivo de la víctima, la fuerza mayor o el hecho exclusivo y
determinante de un tercero22.

21 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, Rad. 19289, C.P. Enrique Gil

Botero.
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de junio de 2010, Rad. 18674, C.P. Mauricio Fajardo

Gómez.

11

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00949-01 (68010)
Demandante: José Samir Angucho Popo y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Asunto: Reparación directa

En la misma línea, ha afirmado:

“Ha sido reiterada la tesis de la Sala, según la cual en los eventos en que el daño es
producido por las cosas o actividades peligrosas (armas de dotación oficial,
vehículos automotores, conducción de energía eléctrica, etc.), el régimen aplicable
es de carácter objetivo, porque el factor de imputación es el riesgo grave y anormal
que el Estado expone a los administrados. De tal manera, que basta la realización
del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. Es
ésta la razón por la cual la Corporación ha seguido refiriéndose al régimen de
responsabilidad del Estado fundado en el riesgo excepcional, en pronunciamientos
posteriores a la expedición de la nueva Carta Política.

En dichos eventos (daños producidos por las cosas o las actividades peligrosas), al
actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y
el hecho de la administración, realizado en desarrollo de una actividad riesgosa. Y la
entidad demandada, para exculparse, deberá probar la existencia de una causa
extraña, esto es, que el daño se produjo por fuerza mayor, culpa exclusiva y
determinante de la víctima o hecho exclusivo y determinante de un tercero”23.

En cuanto al riesgo creado por el Estado a través de la Fuerza Pública 24, es
pertinente precisar que este no deviene de la institución en sí misma, sino del
ejercicio de la actividad peligrosa por el empleo de armas de fuego o artefactos
peligrosos. Sostener que la Policía Nacional o el Ejército Nacional por sí solos son
un factor de riesgo, sería desdibujar su función constitucional y legal de seguridad
y protección. Así las cosas, la aplicación del régimen objetivo de riesgo
excepcional tiene lugar sólo si el daño resulta de la concreción de un riesgo
creado en ejercicio de una actividad peligrosa.

En ese sentido, no es posible establecer que la sola presencia de la fuerza pública
en el lugar en el que se causaron daños constituye un riesgo, pues, como se dijo,
“llevaría a afirmar que aquella ya no sería una autoridad de protección sino una
autoridad generadora de un riesgo para la ciudadanía” 25. Se reitera, entonces,
que esta teoría objetiva de responsabilidad encuentra sentido “respecto de los
daños producidos por las cosas o las actividades peligrosas por el riesgo
excepcional que somete el Estado a sus administrados, más no por la investidura
o condición del funcionario que desarrolla la actividad o utiliza elementos que
revisten peligro”26.

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de julio de

2000, Rad. 12099, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
24 Integrada de forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, de acuerdo al artículo 216 de la

Constitución Nacional.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Salvamento de Voto del

Consejero Ramiro Saavedra Becerra a la sentencia del 9 de diciembre de 2004, Rad. 14174.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Salvamento de Voto del

Consejero Ramiro Saavedra Becerra a la sentencia del 9 de diciembre de 2004, Rad. 14174.

12

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00949-01 (68010)
Demandante: José Samir Angucho Popo y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Asunto: Reparación directa

Ahora bien, si el daño causado por la fuerza pública, aun con empleo de armas de
dotación oficial, se produce por una actuación irregular o mal funcionamiento del
servicio, el título de imputación aplicable para decidir el caso debe ser el de falla
del servicio27. En estos casos, el incumplimiento del contenido obligacional a cargo
del Estado –determinado en la Constitución, ley o reglamento– constituye la causa
adecuada del daño y le corresponde al juez evaluar las posibles conductas
irregulares en las cuales hubiere incurrido la Administración, “lo cual resulta de la
labor de diagnóstico que adelanta el juez en relación con las falencias en las
cuales hubiere incurrido la Administración y se constituye en un juicio de
reproche28”.

De encontrarse que la actuación de la fuerza pública no constituyó una
vulneración a ese contenido obligacional que le era exigible, es decir, que la
entidad demandada acató los deberes a los cuales se encontraba obligada, y el
daño tuvo lugar dentro de una actividad peligrosa –por empleo de armas o de
elementos de fuego–, se reitera, el caso concreto se podría entrar a analizar bajo
el título del riesgo excepcional por empleo de arma de dotación en ejercicio de
funciones de seguridad, control y protección, sin que ello implique de ninguna
manera una responsabilidad automática de la Administración, pues en cada caso
en particular deberán coexistir todos los elementos que de antaño la
Jurisprudencia ha elaborado y exigido para esos efectos.

Caso concreto

10. Según la demanda, el 3 de abril de 2012 un miembro de la fuerza pública le
disparó a José Samir Angucho y otro agredió a su hermana Jacqueline Valencia
Angucho durante un procedimiento de policía irregular, en el barrio Alirio Mora
Beltrán de la ciudad de Cali. La entidad demandada sostuvo que no estaba
probado el nexo causal con el daño, porque no se demostraron las circunstancias
en las que el señor Angucho recibió el impacto de bala y, si en efecto fue con un
arma de dotación oficial que se le causó la lesión por la cual la víctima directa
perdió su pierna derecha.

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de agosto 19 de

2004, Rad. 15791, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; de 26 abril de 2006, Rad. 15427, C.P. Ruth Stella Correa,
y de 23 de junio de 2010, Rad 18674, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
28 Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de noviembre 8 de 2007, Exp. 15971, C.P. Ramiro

Saavedra Becerra.

13

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00949-01 (68010)
Demandante: José Samir Angucho Popo y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Asunto: Reparación directa

En el proceso quedó acreditado que el 4 de abril de 2012, a las 8:03 a. m., José
Samir Angucho ingresó a la Red de Salud del Oriente con fractura del fémur
derecho con minuta desplazada secundaria a herida por arma de fuego. Debido a
que el paciente requería valoración y manejo por ortopedia, servicios que no
prestaba esa institución de salud, fue remitido a una institución nivel II-III de
complejidad29. Llegó al Hospital Universitario del Valle a las 10:40 a. m., donde fue
valorado en la unidad de Trauma; allí encontraron una deformidad y marcas en el
muslo, con déficit neurológico, frialdad, cambios en la coloración y ausencia de
pulso en la pierna30. El mismo 4 de abril de 2012, el Hospital Universitario del Valle
señaló en la historia clínica de José Samir Angucho que sufrió de HPAF en
miembro inferior derecho en la región femoral que alcanzó a comprometer la
pierna izquierda con el mismo proyectil31.

Por lo anterior, está demostrado el daño alegado, toda vez que José Samir
Angucho tuvo que someterse a una cirugía de amputación de su pierna derecha
por impacto de proyectil de arma de fuego.

11. Obra en el expediente una copia del Libro de la Minuta de Vigilancia del 3 de
abril de 2012, firmado por el jefe de Vigilancia II sección IT Arley Mera Patiño y
Juan Montilla Casallas, comandante de la Estación Los Mangos, donde consta
que en la segunda sección de vigilancia se encontraban de servicio los agentes
Nilson Moreno Montano y Andrés Valbuena Ramírez, que se desplazaban en el
vehículo 27-0680 y portaban los chalecos 12424 y 12465 respectivamente, con la
misión de hacer “control”32.

También obra una copia del Libro de Población de la Estación de Policía Los
Mangos. Conforme al documento, el 3 de abril de 2012, a las 23:10, los patrulleros
Nilson Moreno Montano y Andrés Valbuena Ramírez informaron de una supuesta
asonada en el barrio Los Naranjos en los siguientes términos:

“Fecha: 03/04/2012
Hora: 23:10
Asunto: Asonada
Patrulleros: Valbuena Ramírez Andrés y Moreno Montaño Nilson.
Siendo aproximadamente las 22:50 del día de hoy 03.04.2012, en labores de
patrullaje por la transversal 103 con calle del barrio Los Naranjos, observamos a

29 Visible a folio 45 del cuaderno 1.
30 Visible a folio 53 del cuaderno 1.
31 Visible a folio 54 del cuaderno 1.
32 Visible a folios 177 y 178 del cuaderno 1.

14

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00949-01 (68010)
Demandante: José Samir Angucho Popo y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Asunto: Reparación directa

dos sujetos con actitud sospechosa que se movilizaban en una motocicleta DT
125 color violeta, los cuales al notar la presencia de la patrulla emprenden la huida
por la calle 76 logrando alcanzarlos en la kra 26 E1 con calle 76, uno de los
sujetos se baja rápidamente de la motocicleta ingresando a una residencia, el otro
sujeto (conductor) se le practica una requiza (sic) y se le solicitaron los
documentos de la motocicleta, el cual se negó a entregarlos, informándole al jefe
de vigilancia que nos colaborara con el vehículo para trasladar la moto a la
estación, cuando salió de la casa el sujeto que minutos antes había ingresado, con
una pala en la mano derecha y un arma blanca en la mano izquierda agrediendo a
uno de los policías, el PT Yeison Bocanomen Moreno, provocándole una lesión en
la mano derecha con la pala y en varias partes del cuerpo haciéndole lances (con
la mano izquierda) con la (sic) arma blanca. Ya en este momento había en el lugar
más de 50 personas aproximadamente, las cuales empezaron a arrojamos rocas,
dentro de la multitud salió un joven reconocido perteneciente a una de las
pandillas del sector con un alias de Brandon con un arma de fuego realizando
disparos y escondiéndose dentro de la multitud, impidiendo que trasladáramos al
joven que había agredido al patrullero y la moto. Posteriormente se pidió más
apoyo ya que las (sic) motos nos las habían arrojado al piso amenazando que las
iban a incendiar. Cuando llegaron los refuerzos logramos capturar a dos de los
sujetos, uno de ellos conductor de la motocicleta el cual había participado en la
asonada y al hermano quien también se encontraba en el lugar arrojando rocas,
identificándose con los nombres de Jhon Fredy Pasinga y Jairo Pasinga
Rodríguez ambos mayores de edad, trasladando inmediatamente a los sujetos
para la estación los mangos leyendole (sic) los derechos del capturado por el
delito de ataque a servidor público y daños a un bien del estado, cabe anotar que
en la asonada resultaron con daños dos motocicletas la 27-0680 y la 27-2073 en
chasis, tapas laterales, direccionales y espejos y avantel marca Motorola
perteneciente a la patrulla 14-14”33.

Posteriormente, a las 3:20 a. m. del 4 de abril de 2012, el patrullero Jhon García
Ortiz dejó constancia del refuerzo que prestó la madrugada del día anterior, al
respecto señaló:

“Fecha: 04/04/2012
Hora: 03:20
Patrullero: García Ortiz Jhon
Asunto: Anotación
A esta hora y fecha dejo constancia que el día 03/04/2012 siendo
aproximadamente las 22:50 horas nos dirigimos a apoyar a la patrulla C-14-13 en
el barrio Alirio Mora Beltrán, más exactamente en la cra. 26 F1 con calle 76, y al
llegar al lugar del apoyo un sujeto nos arroja un ladrillo pegando en el tren
delantero de la motocicleta Honda cilindraje 250 de placas PLQ46C de siglas
271211 ocasionando que perdiéramos el control de la motocicleta haciéndonos
caer ocasionándonos daños físicos como contucciones (sic) y laceraciones en
distintas partes del cuerpo el Patrullero Muñoz Rodríguez presenta laceraciones
en la rodilla izquierda, mano izquierda y brazo derechos (sic) y el PT García Ortiz
Jhon presenta contucciones (sic) en ambas rodillas, en la cadera y hombro
derecho, laceraciones en ambas manos y laceraciones en todos los dedos de la
mano, dandones (sic) incapacidad médica de 3 días total a cada uno segun (sic)
orden médica (sic) de la Policlínica (sic); de igual manera la motocicleta,
anteriormente en mención, presenta daños como fisura múltiple en el carenaje
(sic), ambos espejos, retrobisores (sic), partidos, direccional izquierda delantera
destruida, pantalla del velocímetro roto, tapa lateral izquierda abollada, las

33
Visible a folios 67y 68 del cuaderno 1.

15

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00949-01 (68010)
Demandante: José Samir Angucho Popo y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Asunto: Reparación directa

defensas rayadas; también sufrieron daños las chapusas (sic) y la pistola
raspaduras en la tapa del seguro, daño total del chaleco reflectivo 03351 y ambos
uniformes de dotación. Igualmente, la pistola Sig Sawer de número de arma
01166315 con abolladuras en el riel Picontine (sic), igualmente fuimos trasladados
en el vehículo de la Policía tipo panel de siglas 270356 donde nos trasladaron a la
Policlinica (sic) donde nos prestaron los primeros auxilios. Conoció caso patrulla
C-14-6 integrada por PT Muñoz Rodríguez Henklin y PT García Ortiz John”34.

Así mismo, el jefe de vigilancia Arley Mera Patiño dejó consignada su anotación a
las 6:00 a. m. del mismo día:

“Fecha: 04/04/2012
Hora: 06:00
Asunto: anotación por policiales lesionados en procedimiento.
Patrulleros: Anotación realizada a petición del señor Mera Patiño Arley, jefe de
vigilancia del 4to y 5to turno.
A esta hora y fecha del señor IT Mera Patiño deja constancia del caso que se
presentó en el 4to y 5to turno del día de hoy siendo las 22:45 horas en la cra 26
F1 con calle 76 barrio Los Naranjos, en vía pública, cuando la patrulla C-14-13
compuesta por PT Valbuena Ramírez Edwin y PT Moreno Montano Nilson,
solicitan apoyo para conducir dos sujetos a las instalaciones policiales y 01
motocicleta Yamaha DT 125 los cuales se negaron a identificarse y a presentar los
documentos de la misma, al llegar al lugar de apoyo se encontraban varios sujetos
impidiendo el procedimiento de requiza (sic) y control amotinándose en contra de
los policiales, atacándolos con elementos como piedras, palos y de una de las
viviendas aledañas al sector sale un sujeto empuñando un arma blanca (cuchillo) y
una pala con los que agredieron en varias ocasiones a los uniformados,
lesionando de esta forma en el brazo derecho del señor PT Yeisson Leonardo
Bocanman Moreno cc: 1.033.724.714 y número de placa 129.419 sumado a esta
eventualidad salieron unos sujetos con armas de fuego y puñales con el objetivo
de atentar contra la humanidad de los efectivos policiales algunos disparaban
desde las ventanas, balcones y terrazas de las casas mientras otros los atacaban
con piedras y palos, debido a la asonada es necesario solicitar apoyo de patrullas
vecinas y de la comuna 21 estación de paz a la que acude también la patrulla C-
14-6 compuesta por PT García Ortiz John cc: 1.130.625.217 y PT Muñoz
Rodríguez Henklin cc: 1.053.331.616 fueron atacados con piedras que les
arrojaban perdiendo así el control de la motocicleta de seriales 271.211 Honda
Tornado, ocasionando con esto una aparatosa caída sufriendo varias lesiones los
patrulleros y en varias partes del cuerpo así como años en la motocicleta y
destrozando también uniformes chalecos y daños en el armamento y chapuzas de
dotación oficial de manera inmediata son trasladados los policiales lesionados,
total son tres a la policlínica en donde recibieron la debida atención y valoración
médica. Anotación realizada a petición del señor IT Mera Patiño Arley, jefe de
vigilancia”35.

Los patrulleros Nilson Moreno Montano y Andrés Valbuena Ramírez volvieron a
reportar en las anotaciones del libro a las 6:05 a. m. y en ella, mencionaron al
herido con arma de fuego. Al respecto, expusieron:

34 Visible a folios 68 y 69 del cuaderno 1.
35 Visible a folios 69 y 70 del cuaderno 1.

16

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00949-01 (68010)
Demandante: José Samir Angucho Popo y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Asunto: Reparación directa

“Fecha: 04/04/2012
Hora: 06:05
Asunto: 910 x 911 Lesionado por arma de fuego
A la hora y fecha dejo constancia que siendo las 00:30 la Central de radio reporta
un Herido Por Arma de Fuego, el cual llegó al Centro Asistencial Duarte Cansino,
el cual presentaba 01 herida por arma de fuego en extremidad inferior derecha.
Hechos ocurridos en la Calle 76 # 26 F1 - 12 Barrio los Naranjos. El lesionado
responde al nombre de José Samir Angucho, indocumentado de 19 años y quien
es trasladado al Departamental. Conoció caso patrulla 14-13. PT Moreno Montano
Nilson y PT Valbuena Ramírez Andrés36”.

Por último, el patrullero Rubén Urrera Pasaje, expuso en sus anotaciones que
recibió la motocicleta 27-1073 en malas condiciones, como consecuencia de la
asonada que hubo esa noche.

“Fecha: 04/04/2012
Hora: 07:50
Asunto: Anotación
A la hora y fecha dejo constancia que al recibir segundo turno de vigilancia el
señor patrullero John William Betancur (sic) Carmona integrante de la patrulla
cuadrante 10 saliente me hace entrega de la motocicleta 271.073 manifestando
que la motocicleta fue dañada producto de una asonada al momento la
motocicleta presenta los daños de el (sic) espejo izquierdo partido, 02 direccional
tracero (sic) partido, 01 direccional delantera derecha partida, la cola de la
motocicleta torcida porque al parecer el chasis se encuentra torcido lo anterior
para conosimiento (sic) y fines pertinentes patrulla cuadrante 10 patrullero
González Maestre Manuel37”.

Estos documentos son públicos porque fueron suscritos por los funcionarios a
cargo de las labores de control de operativos, vigilancia y patrullajes, y se
presumen auténticos porque no fueron tachados de falsos (artículo 217 del CGP).
Su contenido es coincidente con la historia clínica de José Samir Angucho. Sin
embargo, las circunstancias de modo en las que ocurrió el operativo de Policía, a
las que se refiere este documento, deben analizarse con las demás pruebas en
conjunto (art. 185 del CGP).

12. Con la demanda se aportaron declaraciones extrajuicio rendidas ante la
Notaría Novena de Cali por Jairo Pasinga Rodríguez, Jhon Fredy Pasinga
Rodríguez, Luis Orlando Mejía Cortés, David Alfonso Paz Restrepo, Jhonatan
Alejandro Velasco y de Marilú Valencia González, rendida ante la Notaría Primera
de Palmira, Valle. El artículo 222 del CGP dispone que las declaraciones rendidas
por fuera del proceso, allegadas en forma de traslado, o por haberse practicado

36 Visible a folio 71 del cuaderno 1.
37 Visible a folio 71 del cuaderno 1.

17

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00949-01 (68010)
Demandante: José Samir Angucho Popo y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Asunto: Reparación directa

anticipada o extraprocesalmente (ante notario), deberán ser ratificadas en el
proceso de destino solo si la parte contra la que se aduce solicita la ratificación. El
mismo código, en el último inciso del artículo 188 prevé que, si la parte solicita la
ratificación, y el testigo no comparece, el testimonio aportado no tendrá ningún
valor.

Conforme a lo previsto en el Código General del Proceso, quien tiene el interés de
que se surta la contradicción del testimonio extraprocesal es la parte contra quien
se aduce la prueba, quien tiene la carga de solicitar la diligencia de ratificación
para interrogar o contrainterrogar al testigo. Esta es, entonces, una facultad
discrecional del interesado en controvertir la prueba. De no hacerlo, el testimonio
pasará de ser sumarial –por la forma en la que se recaudó–, a ser completa, para
el examen de mérito del juez. Ahora bien, esto no significa que las afirmaciones
contenidas en la declaración extraprocesal o extrajuicio tengan un poder
demostrativo en sí mismas, es decir, que el testimonio conduzca a la plena
demostración de sus afirmaciones, porque sus dichos deben ser sometidos a la
crítica del testimonio, bajo las reglas establecidas para este medio probatorio de
acuerdo con el artículo 247 de CGP.

En la contestación de la demanda, la Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional se opuso a las declaraciones extraproceso aportadas por los
demandantes38, en consecuencia, no es posible tener en cuenta las declaraciones
extrajuicio de Jairo Pasinga Rodríguez y Jhon Fredy Pasinga Rodríguez, puesto
que no fueron ratificadas durante el curso de este proceso de reparación directa.

13. Por solicitud de la parte actora, en este proceso rindió testimonio Jacqueline
Valencia Angucho39, hermana de José Samir Angucho, víctima directa, quien
adujo que para el momento de la audiencia era vendedora. Se extrae lo relevante
de su declaración:

“El día 3 de abril de 2012, yo me encontraba en mi casa en ese instante de la
noche, eran las 10:30 de la noche, me encontraba lavándome el cabello y escuché
una bulla afuera de mi casa y decidí salir a ver qué era lo que pasaba. Era mi
hermano Samir en su moto azul DT, se encontraba con el amigo John Jairo
Pasinga, él se encontraba en la moto de él con dos policías. Los policías decían
que le entregaran los papeles, que sí que le entregaran los papeles, entonces yo
le dije si tranquilo que la moto es legal y no es robada, entonces el policía dijo no,

38
Visible a folio 193 del cuaderno 1.
39
Visible a folio 245 del cuaderno 1, DVD audiencia de pruebas, minuto 5:40 a 22:34.

18

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00949-01 (68010)
Demandante: José Samir Angucho Popo y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Asunto: Reparación directa

que traigan rápido los papeles, que nosotros no podemos esperar tanto tiempo, le
dije no esperen un momentico, de igual forma ustedes tienen que esperar 45
minutos que dice la ley, mientras que mi hermana July se fue a buscar los papeles
porque ella fue la que le regaló la moto a él, no se le habían dado los papeles
porque como no tenía ni seguro ni tecnomecánica, entonces al retenerle los
papeles, eso da pues para que él no se saliera pues del barrio, sino que para que
la tuviera por ahí en el barrio. Entonces, él ese día andaba en la moto sin papeles
porque un día anterior le había dejado la moto del señor muchacho del taller a
Fajardo, para que le hiciera unos arreglos, ajustes de la moto, entonces él había
llevado al muchacho a John Jairo Pasinga porque ese niño sabía sobre motos,
entonces lo mandó para que él supiera si el arreglo que le había hecho el
muchacho Fajardo había quedado bien. Cuando ya se fueron a darse la vuelta,
llegó Samir con ese muchacho John Jairo y los policías, entonces volvieron y le
decían que por favor entregan los papeles, que no se puede esperar más tiempo,
entonces yo volví y le dije no, no, no, espérate que de igual forma los papeles
están ahí y ustedes son 45 minutos, se tienen que esperar por ley. Entonces en el
instante llegó ese muchacho, el hermano de John Jairo que se llama John Jairo
Pasinga, Jairo perdón, Freddy Pasinga era el que acompañaba a mi hermano y
Jairo Pasinga era el que grabó, entonces ya se pusieron como altaneros los
policías y dijeron que más bien llamemos al “Rolo”, que el “Rolo” nos acomoda a
esto. Entonces en el ratico llegó ese muchacho, el “Rolo” llamado Yeison
Leonardo Bocanomen Moreno, llegaron ahí y él de una fue apuntándole a la
cabeza con su arma de dotación a mi hermano, entonces yo me asusté y le dije a
ese niño Jairo que por favor grabara porque ese muchacho me iba a matar a mi
hermano, de igual en ese instante estaba mi mamá y pues me parecía absurdo lo
que él estaba haciendo en ese instante. Entonces él volvió otra vez, se tocaba la
cabeza, no se quitó el casco para nada, se tocaba la cabeza y bajaba el arma y
volvía otra vez y le ponía el arma a mi hermano. Entonces mi hermano de rabia
cogió, sacó una pala que mi abuelo mantiene ahí en las gradas, dentro de la casa,
entonces yo le dije a Samir no, Samir, no te vas a poner a tirarle con esa pala que
no sé qué, entonces él volvió otra vez y la entró y me dijo pero mira Jacqueline
como me está apuntando, entonces yo le dije vea señor baje el arma, entonces él
nada que la bajaba, entonces ya después de estar discutiendo con mi hermano, yo
me aferré a la moto de mi hermano con mi mamá y llegaron cantidades de
policías, inclusive también llegó lo que fue la panel, no me acuerdo de la placa de
la panel, entonces, no que nosotros vamos a llevarnos la moto y el policía sigue
insistiendo pues poniéndole el arma a mi hermano, a Samir. Entonces fue un
momento en que ellos se pusieron a forcejar, como a querer discutir y él se lo fue
llevando, llevando, así discutiendo, se lo fue llevando diagonal a mi casa, cuando
de un momento a otro uno de los policías me hizo caer, yo tengo unas lesiones,
tuve unas lesiones que ya me curaron, por cierto, cuando yo escuché el tiro,
porque sonaron varios tiros, yo volteo a mirar y era mi hermano que se había
caído y la pierna derecha de él se le había doblado hacia arriba y el policía le
estaba apuntando con esa arma de dotación.

Entonces en ese instante mi mamá
arrancó para allá, la moto la hicieron otra vez caer, uno de los policías que no
recuerdo ni el físico, se montó encima de la moto pues dañándola y yo salí detrás
del policía pues ya con rabia de ver que le había pegado esos tiros a mi hermano
y mi hermano en ese instante pasó a un taxi, mi mamá salió con mi hermano y se
lo llevó en ese taxi para el médico, yo me quedé ahí con mi otra hermana Flor y él
le empezaba con la misma pala que mi hermano tenía a bolearla para todos los
lados que no nos acercáramos, entonces ya después el cogió y se montó en la
moto, de parrillero y arrancaron y al último tiró él la pala. Sí sonaron otros tiros, ya
después cuando ya pasó esto, el jefe de ellos, si no recuerdo él se llama Arley, él
dijo abrámonos, abrámonos qué hicimos, o sea que habían hecho algo mal pues
porque de igual forma habían herido a mi hermano y tampoco le prestaron ningún
auxilio.

19

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00949-01 (68010)
Demandante: José Samir Angucho Popo y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Asunto: Reparación directa

También declaró July Johanna Angucho Popo40, hermana de José Samir
Angucho, víctima directa, quien afirmó que era comerciante y que tenía un
almacén de ropa. Respecto de los hechos que acá se estudian atestiguó que:

“TESTIGO: Entonces, el día del hecho que fue en abril 3 de 2012 ,(…) yo llego a la
calle 76, número 26, F1- 12, que es la casa donde vive Samir, yo entré para
buscar los papeles, cuando yo encuentro los papeles salgo, ya mi hermano lo han
llevado al hospital, ya varios policías se habían ido, se habían montado en sus
motos, se habían montado en sus carros, porque ellos llegaron muchos policías.
Cuando fui a ver, mi hermana pues estaba golpeada y mi hermano, y la verdad me
ha dado muy duro eso porque yo soy muy apegada a mis hermanos.
(…)
DEMANDADA: Señora July, usted dice que él fue llevado a un centro asistencial y
posteriormente al hospital universitario del Valle, por favor indíquele al despacho
por qué en el ingreso del hospital universitario del Valle tiene como fecha 4 de
abril, o sea un día después a las 10 de la mañana.
TESTIGO: Porque a él lo llevaron ese mismo día, que fue el 3 de abril, lo llevaron
al hospital que queda cerca de la casa. Entonces, la verdad, al otro día lo llevaron
porque no lo podían atender, porque de pronto no había medicamento, entonces
lo llevaron para el departamental, entonces en el departamental figura que fue el
4, pero en sí fue el 3 de abril que inmediatamente lo llevaron en un taxi ahí. Se lo
llevó mi mamá, se lo llevó urgente, porque a él le decía mi pierna, mi pierna, esa
pierna y la doblaron toda para un lado. (…).
(…)
Y en ese hecho, ese día, yo llegué a las 6 de la tarde y le dije a Samir, yo me fui
para Misión Paz, y entonces vaya y mire cómo va la moto (…). Entonces, él me
dijo, bueno, entonces cuando yo llego de la iglesia, yo llego de la iglesia cuando
tocan la puerta duro unos policías, que sí que la moto es robada, que la moto, que
los papeles. Señor agente, disculpe, perdón, yo fui la que le compré la moto a una
señora muy seria, en Palmira, ya le voy a traer los papeles. Buscaba y buscaba
por todo lugar, en el armario, en el nochero, en la maleta. No la encontraba,
cuando salgo, mi hermano ya estaba en el taxi montado para el hospital, porque
su pierna estaba doblada.
DEMANDADA: Señora July, es decir, que ¿usted estaba dentro de la casa?
TESTIGO: Yo estaba dentro de la casa buscando los papeles.
DEMANDADA: Señora July, usted escuchó algún tipo de detonación, ¿qué
escuchó usted?
TESTIGO: Escuchaba los disparos, escuchaba que llegaban muchas motos de
policías, de policías, de policías (…)
DEMANDADA: Señora July, usted ha manifestado que estaba dentro de la casa
buscando los papeles. Cuando usted escucha tiros, ¿usted qué hace?
TESTIGO: Pues yo cuando escucho los tiros, yo estaba ahí y es donde me coge
más el susto. Al rato conseguí los papeles, arranqué a correr a buscar a los
policías. Cuando veo, ya encuentro a mi hermano montado en el taxi con mi
mamá.
DEMANDADA: Señora July, por favor ubiquémonos tiempo, espacio, lugar.
¿Cuánto tiempo dura usted buscando los documentos al momento en que usted
sale y me dice ya vi a mi hermano dentro del taxi y que escuchó tiros y que llegó
gente? ¿Cuánto tiempo?
TESTIGO: Eso fue el transcurso de media hora, adentro en el cuarto, buscando y
buscando en todo lugar (…).
DEMANDADA: Usted me va a disculpar, señora July, que yo sea reiterativa en
esto, pero en el momento en que usted escucha ruidos, escucha tiros, como dice
usted, ¿Usted no sale a ver qué pasó con su familia?

40
Visible a folio 245 del cuaderno 1, DVD audiencia de pruebas, minuto 46:24 a 1:08:45.

20

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00949-01 (68010)
Demandante: José Samir Angucho Popo y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Asunto: Reparación directa

TESTIGO: Claro, es que cuando yo escucho esos tiros, escucho todo eso, la
verdad a mí me dio fue miedo, la verdad te digo, porque me dio ese miedo, ese
temor y cuando yo salgo ya veo a mi hermano en el taxi.
(…)
DEMANDADA: Señora July, ¿cómo sabe usted que los agresores de su hermano
fueron policías?
TESTIGO: Porque en ese día cuando yo abrí la puerta llegó dos hombres, dos
policías, a que le pasaran los papeles. Entonces cuando yo entré a sacar los otros
papeles, mi otro hermano decía que estaban llegando policías, policías, y llegaban
motos y motos. Entonces cuando yo estaba buscando los papeles y los encontré,
salí, ya los policías en la moto se montaron y se iban (…).
DEMANDADA: Señora July, por favor contéstele al despacho, ¿sí o no? ¿Usted
observó que un policía atacó a su hermano con un arma de fuego?
TESTIGO: La verdad, yo no vi. Yo aquí, delante de Dios, delante del juramento,
estoy hablando la realidad (…). Yo no vi, ante Dios, yo no vi quién le disparó, pero
yo fui la que entré a buscar los papeles para entregárselos al policía.
(…)
JUEZ: Finalmente, cuénteme una cosa, July, hay un hecho que se está narrando
en la demanda y que han confirmado unos testigos y es que su hermano sacó una
pala. Cuéntenos si sabe algo de ese punto en especial.
TESTIGO: Señor fiscal, sinceramente, ese día cuando yo abrí la puerta, porque yo
tenía los papeles de la moto, porque la moto la estaba organizando cuando llegó
Samir, con esos pocos señores agentes, porque yo le digo así, señores agentes,
dije, señor agente, disculpe, ya voy a traerle los papeles, la moto no es robada, yo
se la compré. Cuando yo entro a sacar los papeles, yo en ningún momento veo
que mi hermano saca pala (…).

Las declarantes Jacqueline Valencia Angucho y July Johanna Angucho Popo son
hermanas de la víctima directa José Samir Angucho Popo, por lo que son testigos
cuya imparcialidad o credibilidad puede verse afectada, en los términos del
artículo 211 del CGP. Esta norma prevé que el juez analizará estos testimonios de
acuerdo con las circunstancias de cada caso, como en efecto se realizará más
adelante en conjunto con las restantes pruebas aportadas.

14. El acervo probatorio que se acaba de relatar da cuenta que, en la noche del 3
de abril de 2012, una patrulla de policía conformada por dos oficiales llegó a la
calle 76 No. 26 F -12 en el barrio “Alirio Mora Beltrán” de la ciudad de Cali y
requirieron a José Samir Angucho para que presentara los papeles de su moto,
pero este no los portaba en ese momento. Los patrulleros solicitaron refuerzos y
en el lugar hubo disparos donde terminó herido José Samir Angucho en su pierna
derecha, la cual días más tarde tuvo que ser amputada.

El 3 de abril de 2012, Nilson Moreno Montano y Andrés Valbuena Ramírez,
adscritos a la Estación Los Mangos, se encontraban en turno de patrullajes de
vigilancia, se desplazaban en el vehículo 27-0680 y portaban los chalecos 12424 y
12465 respectivamente de acuerdo al Libro de la Minuta de vigilancia del 3 de abril

21

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00949-01 (68010)
Demandante: José Samir Angucho Popo y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Asunto: Reparación directa

de 2012, firmado por el jefe de Vigilancia II sección IT Arley Mera Patiño41. Mismos
chalecos y registro de la moto que la parte demandante sostiene haber visto el día
de los hechos al frente de su lugar de residencia.

A pocos minutos de haber iniciado el procedimiento, solicitaron apoyo de más
agentes policiales para este procedimiento de rutina que consistía en una requisa
y solicitud de documentos del automotor. Al lugar se presentaron los patrulleros
Henklin Muñoz Rodríguez y John García Ortiz en el vehículo 27-1211; Yeison
Bocanomen Moreno y Jhon Betancourth Carmona en el vehículo 27-1073 y Arley
Mera Patiño en la camioneta “panel” 27-0356, de acuerdo con el conjunto de
pruebas del Libro de la Minuta de vigilancia del 3 de abril de 2012, firmado por el
jefe de Vigilancia II sección IT Arley Mera Patiño y el Libro de Población de la
Estación de Policía “Los Mangos”42. Este específico hecho fue corroborado por
Jacqueline Valencia Angucho en su testimonio.

Del testimonio de Jacqueline Valencia Angucho también se desprende i) que ella
estaba presente en el lugar y momento de los hechos; ii) que observó que un
agente de policía apuntaba con un arma de fuego a su hermano José Samir en la
cabeza y en la pierna; iii) que José Samir Angucho “de la rabia cogió y sacó una
pala que mi abuelo mantiene ahí en las gradas, dentro de la casa”, situación
puntual que también quedó consignada en las anotaciones del Libro de Población
por los patrulleros que realizaron la requisa; y iv) que no vio el momento del
disparo, toda vez que al respecto manifestó “cuando yo escuché el tiro, porque
sonaron varios tiros, yo volteo a mirar y era mi hermano que se había caído y la
pierna derecha se le había doblado hacia arriba”.

Frente al testimonio rendido por July Johanna Angucho Popo, este relato no puede
dar cuenta de las circunstancias de modo en las que ocurrieron los hechos, ella de
manera reiterada afirmó que estuvo todo el tiempo dentro de la vivienda, buscando
los papeles de la moto que habían pedido los agentes de policía. Sostuvo que
cuando finalmente, logró encontrar los papeles, salió de la casa y su hermano
José Samir ya estaba en un taxi. Es decir, ya estaba herido.

Puestas las cosas de este modo, en el proceso no existe material probatorio que
demuestre con certeza que fue un agente de la Policía Nacional quien con su
41 Visible a folios 177 y 178 del cuaderno 1.
42 Visible a folios 176 a 180 y 66 a 71 del cuaderno 1.

22

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00949-01 (68010)
Demandante: José Samir Angucho Popo y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Asunto: Reparación directa

actuar ocasionara el daño, representado en las lesiones de José Samir Angucho.
Adicionalmente en el proceso no reposa prueba que acredite el nexo de
causalidad entre el mencionado daño y la actuación de los patrulleros la noche del
del 3 de abril de 2012, en la calle 76 No. 26 F -12 en el barrio “Alirio Mora Beltrán”
de la ciudad de Cali. La sola presencia de los uniformados en el lugar de los
hechos no puede ser considerada la causa adecuada del daño, pues se advierte
que la parte demandante no demostró que un agente de policía hubiera disparado
contra José Samir Angucho Popo.

15. Ahora, el recurso de apelación insiste en que hubo falla del servicio porque el
daño ocasionado a José Samir Angucho fue consecuencia de un disparo con arma
de dotación de un agente de policía indeterminado. Para demostrar el hecho
dañoso, la parte demandante solicitó que se valorara el video y las fotografías
aportados con la demanda, porque los mismos no fueron tachados de falsos y en
ellos se podía observar a los uniformados de la Policía Nacional con sus cascos y
chalecos característicos, y que servirían para esclarecer la situación fáctica.

La parte actora aportó con la demanda 16 fotografías, donde quedaron registradas
vainillas, agentes con sus chalecos distintivos de la institución, una motocicleta y
la placa de una camioneta, ambas de la policía. Frente a estas fotografías, no se
tiene información de cómo se obtuvieron, quién las tomó ni la fecha de creación,
es decir no existe certeza de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que
fueron tomadas. Obra también en el expediente un vídeo, que según la demanda
se grabó el día de los hechos. Sin embargo, no se puede observar con claridad lo
sucedido, pues es muy oscuro.

Así las cosas, respecto de las fotografías y el video aportado con la demanda, no
se acreditó en el proceso la fecha de creación y autor. Para que un documento
goce de autenticidad, debe tenerse certeza sobre la persona que lo ha elaborado
o que existe certeza respecto de la persona a quien se le atribuya, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 244 del CGP. Como en este caso no existe esa certeza, la
Sala no podrá incluir estos documentos en la valoración probatoria.

16. La parte recurrente también señaló en el recurso de apelación que el Tribunal
otorgó total credibilidad a las anotaciones realizadas por parte de los miembros de
la Policía Nacional en el Libro de Población. La Sala estima que el Libro de

23

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00949-01 (68010)
Demandante: José Samir Angucho Popo y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Asunto: Reparación directa

Población es un documento auténtico, pues cumple con los requisitos del artículo
244 del CGP. No es necesario evidenciar que el comandante de la estación de
policía no fue el responsable de lo allí escrito, pues el documento da certeza sobre
los patrulleros que lo elaboraron y firmaron, es decir, que existe certeza respecto
de la persona a quien se le atribuyen las diferentes anotaciones. Por otro lado,
este documento no fue objetado o tachado de falso por la parte actora en las
oportunidades procesales pertinentes, en consecuencia, se considera que también
acepta la autenticidad de este documento.

17. En conclusión, la parte actora no probó las circunstancias de modo en las que
ocurrió la lesión del demandante. No se acreditó en el proceso que:

(i) El disparo que impactó a José Samir Angucho provino de un arma de
dotación oficial utilizada por un agente de la Policía Nacional y, además,
que haya sido usada en actos del servicio, toda vez que no recuperaron el
proyectil y, en consecuencia, no se le practicó prueba de uniprocedencia
con las armas que portaban los uniformados que practicaron la requisa.

(ii) Existiera un indebido uso de las armas de fuego toda vez que ninguna
anotación del Libro de Población da cuenta del uso de las armas de
dotación en la requisa efectuada a José Samir Angucho por los agentes de
policía la noche del del 3 de abril de 2012, en la calle 76 No. 26 F -12 en el
barrio “Alirio Mora Beltrán” de la ciudad de Cali.

Conforme a lo que viene de exponerse, la Sala no puede dar por probada la
existencia de un vínculo de causalidad entre el procedimiento de rutina de la
policía y las lesiones sufridas por el señor José Samir Angucho.

18. Conforme el artículo 177 del CGP, las partes deben probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. La parte
demandante en este proceso no probó que un agente de la fuerza pública, en
ejercicio de sus funciones y con un arma de dotación oficial, disparó y le causó la
herida a José Samir Angucho. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia
de primera instancia.

Costas

24

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00949-01 (68010)
Demandante: José Samir Angucho Popo y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Asunto: Reparación directa

19. El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte
vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso. El
artículo 361 ibidem establece que las costas “están integradas por la totalidad de
las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias
en derecho”. Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que,
para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.

Respecto de las costas del proceso, el numeral 8 del artículo 365 del CGP dispone
que “solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación” y la liquidación la hará de manera
concentrada el juzgado o tribunal que haya conocido del proceso en primera o
única instancia, en los términos del artículo 366 del CGP.

En relación con las agencias en derecho, conforme a lo previsto en el numeral 4
del artículo 366 del CGP43, para su fijación deberán aplicarse las tarifas que
establezca el Consejo Superior de la Judicatura y se tendrá en cuenta la
naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte
que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales.

En atención a lo dispuesto en el Acuerdo No. 1887 de 2003 del Consejo Superior
de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, la Sala
fijará las agencias en derecho, en la segunda instancia, que estarán a cargo de la
parte demandante en la suma equivalente al 0.1% de las pretensiones negadas,
es decir, la suma de cuatro millones trescientos treinta y nueve mil doscientos
veinticinco pesos ($4.339.225)44, la cual se reconocerá a favor de la demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

43 «[…] 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo

Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en
cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de
dichas tarifas […]».
44 La parte demandante estimó la cuantía en $4.339.225.000.

25

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00949-01 (68010)
Demandante: José Samir Angucho Popo y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Asunto: Reparación directa

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 4 de marzo de 2021 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, a favor de la parte
demandada. FIJAR las agencias en derecho en segunda instancia en la suma de
cuatro millones trescientos treinta y nueve mil doscientos veinticinco pesos
($4.339.225) a cargo de la parte actora. Las costas se liquidarán de manera
concentrada en el tribunal.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

NICOLÁS YEPES CORRALES
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

26

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.