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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-04360-01

Fecha
2 de octubre de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-04360-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 12 PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de derecho probatorio. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional. 2007., pág. 249. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-04360-01 Demandante: Pérez Reyes & Cía Ltda 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-04360-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

2 de octubre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04360-01
Demandante: Pérez Reyes & Cía Ltda

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 2 de octubre de 2025

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04360-01
Demandante: PÉREZ REYES & CIA LTDA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA.

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Defecto fáctico, sustantivo,
procedimental por exceso ritual manifiesto y desconocimiento del
precedente. Improcedencia de la acción de tutela. Relevancia
constitucional. Asunto legal y económico.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 21
de agosto de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró
improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 15 de julio de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado,
la sociedad Pérez Reyes & Cia Ltda pidió la protección de sus derechos fundamentales
de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al debido proceso.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión al numeral segundo de
la sentencia del 8 de mayo de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera,
por medio del cual se revocó la decisión de primera instancia que había condenado al
Ministerio de Transporte al pago de lucro cesante y daño emergente en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 68001-23-33-000-2014-
00849-00/01.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERA: CONCÉDASE la protección de los derechos fundamentales de PÉREZ REYES & CIA LTDA
al acceso material a la administración de justicia, a la igualdad y al debido proceso, vulnerados con la
sentencia de segunda instancia de fecha ocho (8) de mayo de 2025 proferida por la SECCIÓN
PRIMERA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 68001-23-33-000-2014-
00849-01.

SEGUNDA: DÉJESE sin efectos el ordinal SEGUNDO de la parte resolutiva de la sentencia de segunda
instancia de fecha ocho (8) de mayo de 2025 proferida por la SECCIÓN PRIMERA DE LA SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado 68001-23-33-000-2014-00849-01.

TERCERA: ORDÉNESE a la SECCIÓN PRIMERA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO, en el plazo que se otorgue para tal fin, proferir una
nueva decisión de reemplazo del ordinal SEGUNDO de la parte resolutiva de la sentencia de segunda

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04360-01
Demandante: Pérez Reyes & Cía Ltda

instancia de fecha ocho (8) de mayo de 2025, dictada dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 68001-23-33-000-2014-00849-01.
Para proferir la decisión de reemplazo, la accionada hará uso previamente, a consideración del juez
constitucional, de una cualquiera de las siguientes alternativas previstas en el ordenamiento jurídico
encaminadas a garantizar la reparación de los perjuicios materiales sufridos por PÉREZ REYES & CIA
LTDA como consecuencia del cierre del establecimiento de comercio CDA SAN PEDRO, ocurrido con
la expedición y ejecución de la resolución número 0000275 de fecha diez (10) de febrero de 2014. En
tal sentido, la accionada deberá establecer el quantum indemnizatorio de dichos perjuicios, liquidado en
el período comprendido entre el día catorce (14) de abril de 2014 hasta la fecha de la providencia que
ponga fin al proceso:

1. Primera alternativa: Condena en abstracto. Que la autoridad accionada ejerza la facultad prevista en
el artículo 193 del CPACA, procediéndose a proferir condena en abstracto de la reparación de los
perjuicios materiales (lucro cesante consolidado y futuro, y daño emergente consolidado y futuro),
sufridos por PÉREZ REYES & CIA LTDA, señalando los parámetros a los que deberá ajustarse el
respectivo incidente de liquidación promovido a iniciativa de la sociedad demandante, para determinar
el quantum de la indemnización, o bien:

2. Segunda alternativa: Decreto de prueba de oficio. Que la autoridad accionada ejerza las facultades
oficiosas previstas en el artículo 213 del CPACA, con el propósito de determinar el quantum de la
indemnización de los perjuicios materiales sufridos por la sociedad demandante, profiriendo auto para
mejor proveer en el que se ordene una cualquiera de dos posibilidades: i) la complementación o la
aclaración del dictamen presentado por el contador público JULIÁN DÍAZ MONCADA en el curso de la
primera instancia del proceso ordinario, en los aspectos que estime necesarios la autoridad accionada,
ó: ii) el decreto y la práctica de un nuevo dictamen pericial encaminado a determinar los aspectos que
estime necesario esclarecer la autoridad accionada.

Si se ordena esta segunda alternativa, una vez la accionada tenga certeza de los criterios y las variables
para establecer el monto de los perjuicios sufridos por el demandante, a continuación, se proferirá nueva
decisión en la que se condene en concreto al MINISTERIO DE TRANSPORTE a la reparación de los
perjuicios materiales referidos, en el monto determinado por la autoridad judicial accionada.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1. Actuación administrativa

Manifestó la parte actora que, a través de la Resolución 9146 de 2009, la
Superintendencia de Puerto y Transporte sancionó al establecimiento de comercio CDA
San Pedro, de su propiedad, con la cancelación de habilitación como centro de
diagnóstico automotor, por presuntamente incumplir los deberes y obligaciones
contenidos en los numerales 11 y 22 del artículo 9 de la Resolución 3500 de 2005.

Que esa sanción fue confirmada en las Resoluciones 023388 del 12 de noviembre de
2010 y 00005087 del 21 de mayo de 2013.

Que, en ejecución de esa sanción, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución
0000275 del 10 de febrero de 2014, por medio de la cual canceló la habilitación como
centro de diagnóstico automotor al establecimiento de comercio San Pedro.

3.2. Actuación judicial

La sociedad Pérez Reyes & Cia Ltda. promovió demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el Ministerio de Transporte, para que se declarara la nulidad de la
Resolución 0000275 del 10 de febrero de 2014. A título de restablecimiento del derecho,

1 Artículo 9º. Obligaciones del Centro de Diagnóstico Automotor. Una vez habilitado el Centro de Diagnóstico Automotor

para efectuar las revisiones técnico-mecánica y de gases de los vehículos automotores del país, deberán cumplir con
las siguientes obligaciones:
1. Expedir Certificados de las revisiones técnico y mecánico y de gases sólo cuando se haya agotado el procedimiento
y las pruebas exigidas en las Especificaciones Normativas Disponibles y el Registro Unico Nacional de Tránsito, RUNT,
haya asignado el número de identificación del mismo.
2 Comunicar al Ministerio de Transporte y a las autoridades competentes las modificaciones que efectúe el Centro de

Diagnóstico Automotor con respecto a la información acreditada para obtener su habilitación.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04360-01
Demandante: Pérez Reyes & Cía Ltda

solicitó la habilitación del mencionado establecimiento de comercio y que se condenara
a la entidad al pago de perjuicios por lucro cesante, daño emergente y daño al buen
nombre

La demanda se adelantó bajo el radicado 68001-23-33-000-2014-00849-00 y
correspondió al Tribunal Administrativo de Santander que, por sentencia del 11 de febrero
de 2016, declaró la nulidad de la resolución demandada y ordenó al Ministerio de
Transporte que habilitara como centro de diagnóstico automotor al establecimiento de
comercial CDA San Pedro, además, condenó a la entidad demandada al pago de lucro
cesante por la suma de $454.557.136 y daño emergente por la suma de $404.499.401.

Señaló que las normas que fundamentaron la sanción desaparecieron del ordenamiento
jurídico por disposición expresa de la sentencia del 26 de junio de 2013 dictada por el
Consejo de Estado, Sección Primera, en el proceso con radicado 11001-03-24-000-2008-
00335-00, que, por lo anterior, se había producido el fenómeno jurídico del decaimiento
del acto demandado.

Por auto del 19 de abril de 2016, la sentencia fue aclarada, en el sentido de ajustar los
montos indemnizatorios en la suma de $1.644.017.923 por lucro cesante y $422.589.596
por daño emergente, en razón a un dictamen practicado por un contador público
designado por el tribunal a petición de la parte actora y a la jurisprudencia del Consejo
de Estado sobre fórmulas para calcular los perjuicios.

Inconformes, las partes apelaron. Por un lado, la sociedad demandante manifestó que se
había incurrido en un error aritmético en la suma reconocida por lucro cesante, que el a
quo no liquidó el daño emergente futuro que, a su juicio, se encontraba acreditado y que
también se debía condenar al Ministerio de Trasporte al pago de perjuicios por el daño al
buen nombre.

Por su parte, el Ministerio de Transporte dijo que la resolución demandada era un acto
de cumplimiento o de ejecución que no era susceptible de control judicial, por lo que,
según dijo, se debía declarar improcedente el medio de control y que no se habían
aportado pruebas de los perjuicios reconocidos.

Por sentencia del 8 de mayo de 2025, el Consejo de Estado, Sección Primera, por un
lado, confirmó la declaratoria de nulidad del acto demandado y la orden de habilitación
del centro de diagnóstico automotor y, por otro lado, revocó la condena impuesta.

Explicó que la resolución demandada era un acto definitivo, que las razones de la
cancelación no justificaban esa medida tan drástica, porque se basaban en el suministro
tardío de información, inconsistencias en la póliza y dos incumplimientos técnicos, pero
que esos incumplimientos fueron corregidos.

Que en el escrito de apelación y en las alegaciones de segunda instancia presentadas
por la demandante se había añadido la pretensión relacionada con el daño emergente
eventual o futuro, lo que impedía abordar su análisis, debido a que no se planteó
oportunamente en la demanda. Que no se probó la causación de perjuicios derivados del
daño al buen nombre.

Que, en el dictamen pericial, en el que se fundamentó el reconocimiento de perjuicios, no
se habían expuesto las bases contables que respaldaban las cifras declaradas ni se había
presentado un análisis técnico detallado de esa prueba.

Que no se identificaron y cuantificaron las pérdidas ni su correlación con los registros
contables de la empresa. Que no se proyectaron razonablemente las utilidades dejadas
de percibir en razón a la actividad ordinaria de la compañía, su historial financiero y las
condiciones del mercado.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04360-01
Demandante: Pérez Reyes & Cía Ltda

Que el perito no demostró que hubiere efectuado los procedimientos técnicos pertinentes
para verificar la información y que el dictamen no podía reposar únicamente sobre la
presunción de buena fe y las constancias de la declaración de parte, sin respaldo técnico,
lo que, según dijo, conllevaba su pérdida de fuerza probatoria

Una de las magistradas que integraba la Sección Primera del Consejo de Estado salvó
su voto, al estimar que se debió proferir un fallo inhibitorio, debido a que el acto
demandado era de ejecución.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia cuestionada incurrió en
los siguientes vicios de fondo:

Defecto fáctico por indebida valoración probatoria del dictamen pericial rendido en el
proceso ordinario, que acreditaba la causación del daño antijurídico ocasionado con el
cierre del establecimiento de comercio CDA San Pedro por más de 11 meses.

Dijo que la autoridad judicial demandada se sustrajo de su deber de acudir al artículo
2133 del CPACA para aclarar las dudas que señaló en la sentencia acusada respecto del
rigor y fuera probatoria del dictamen, con lo que, a su juicio, se renunció a la búsqueda
de la justicia material.

Que el propósito del dictamen había sido establecer la base para liquidar los perjuicios
reclamados y que la inobservancia del mencionado artículo 213 vulneró sus derechos
fundamentales reclamados.

Que la autoridad judicial demandada también tenía la posibilidad de ordenar una condena
en abstracto, de acuerdo con el artículo 1934 del CPACA, porque el daño antijurídico se
encontraba probado, que, sin embargo, no lo hizo, lo que también vulneró sus derechos
fundamentales exigidos.

Que el recurso de apelación presentado por la entidad demandada en el proceso
ordinario contra la sentencia de primera instancia estaba dirigido a cuestionar solo los
montos reconocidos por la reparación de los perjuicios materiales, que, en consecuencia,
el numeral segundo de la decisión acusada no debía ser revocado.

Que no le asistía razón a la autoridad judicial demandada cuando afirmó que la
reclamación del daño emergente futuro había sido un argumento expuesto en el recurso
de alzada, porque, según dijo, la reparación de ese daño había sido exigida en la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Que la interpretación realizada en la

3 Artículo 213. Pruebas de Oficio. En cualquiera de las instancias el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar de oficio

las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar
conjuntamente con las pedidas por las partes.
Además, oídas las alegaciones el Juez o la Sala, sección o subsección antes de dictar sentencia también podrá
disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda. Para
practicarlas deberá señalar un término de hasta diez (10) días.
En todo caso, dentro del término de ejecutoria del auto que decrete pruebas de oficio, las partes podrán aportar o
solicitar, por una sola vez, nuevas pruebas, siempre que fueren indispensables para contraprobar aquellas decretadas
de oficio. Tales pruebas, según el caso, serán practicadas dentro de los diez (10) días siguientes al auto que las
decrete.
4 Artículo 193. Condenas en Abstracto. Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros

semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se harán en
forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos previstos
en este Código y en el Código de Procedimiento Civil.
<Inciso modificado por el artículo 87 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando la condena se
haga en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la
liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de la
sentencia o al de la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso. Vencido dicho
término caducará el derecho y el juez rechazará de plano la liquidación extemporánea.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04360-01
Demandante: Pérez Reyes & Cía Ltda

sentencia cuestionada sobre el lucro cesante había sido incorrecta, restrictiva y rigurosa
en exceso.

Defecto sustantivo porque la autoridad judicial demandada inaplicó los artículos 103,
193 y 213 del CPACA, que le otorgaban herramientas para que se accediera a la
reparación de los perjuicios pretendidos en el proceso ordinario.

Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto debido a que no se le dio
prevalencia al derecho sustancial y material que imponía el reconocimiento de la
reparación de perjuicios reclamados en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, a pesar de que, a su juicio, demostró la causación del daño antijurídico.

Mencionó que en la decisión cuestionada se optó por revocar la reparación reconocida
en primera instancia sin hacer uso de herramientas que el ordenamiento jurídico
otorgaba, con lo que se desconocieron los artículos 103 del CPACA y 228 de la
Constitución.

Que no le asistía razón a la autoridad judicial demandada cuando dijo que la solicitud de
reconocimiento del daño emergente futuro fue una pretensión solicitada en el recurso de
apelación presentado contra la sentencia de primera instancia, porque en la demanda
había pedido el reconocimiento y pago de ese perjuicio,

Que se habían malinterpretado los argumentos de la solicitud de reconocimiento de lucro
cesante, porque no se tuvieron en cuenta las fórmulas matemáticas que eran aplicables
al caso concreto.

Desconocimiento del precedente fijado en: i) las sentencias del 1 de noviembre de
2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, del 24 de abril
de 2008 dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, del 5 de marzo de 2015,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, del 16 de agosto de
2012, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, y del 26 de
febrero de 2014, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A 5,
que, según la parte actora, ordenaban que se condenara en abstracto a la entidad
demanda en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, porque se encontraba
acreditado el daño y no el monto de los perjuicios.

ii) Las sentencias SU-167 de 2024, SU-768 de 2014 y T-615 de 2019 dictadas por la
Corte Constitucional, que, a juicio de la sociedad demandante, imponían que se
decretaran pruebas de oficio para determinar el monto de los perjuicios reclamados en el
proceso ordinario.

5. Intervenciones

El magistrado del Consejo de Estado, Sección Primera, ponente de la decisión
cuestionada, pidió que se declarara improcedente la acción de tutela o que, en su defecto,
se denegaran las pretensiones de la parte actora.

Manifestó que se incumplía el requisito de relevancia constitucional, por cuanto no se
explicó la forma en la que la decisión cuestionada vulneró las garantías fundamentales
alegadas por la parte actora. Que se pretendía reabrir un debate que ya había sido
agotado, para que se adoptara una decisión conforme a las pretensiones de la sociedad
tutelante.

Que no se vulneraron los derechos reclamados y que la decisión controvertida no incurrió
en ninguna irregularidad ni en los defectos alegados.

5 La parte actora no señaló los números de radicado de esas providencias judiciales.

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El Ministerio de Transporte solicitó que se declarara su falta de legitimación en la causa
por pasiva y que se ordenara su desvinculación, debido a que los hechos y pretensiones
de la acción de tutela no tenían relación con sus funciones.

El Tribunal Administrativo de Santander se limitó a compartir el expediente del proceso
68001-23-33-000-2014-00849-00/01, sin embargo, nada dijo sobre el fondo del asunto.

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Quinta, denegó la solicitud de desvinculación presentada
por el Ministerio de Transporte y declaró improcedente la acción de tutela por incumplir
el requisito de relevancia constitucional, al considerar que se trataba de un debate legal
y de connotación económica.

La presidenta de la Sección Quinta del Consejo de Estado aclaró su voto, al considerar
que el cargo por desconocimiento del precedente debió ser abordado de manera
específica, en el entendido de verificar que en la solicitud de amparo se hubieren
señalado las decisiones desatendidas, la ratio aplicable y su incidencia en la sentencia
acusada.

7. Impugnación

La parte actora impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, acceder al amparo deprecado.

Argumentó que el debate propuesto si era de orden constitucional, porque involucraba
una serie de omisiones en que había incurrido la autoridad judicial demandada, que
ocasionaron el desconocimiento de garantías fundamentales, tales como el deber de
reparar, la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, el derecho a la igualdad,
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, en razón a la inaplicación
de los artículos 193 y 213 del CPACA.

Que la sentencia impugnada confundió la naturaleza de las herramientas omitidas por el
juez ordinario, de orden legal, con el debate que encierra esa omisión, que, según dijo,
es sustancialmente constitucional, porque compromete los derechos fundamentales
reclamados.

Que el juez ordinario tenía la obligación de decretar y practicar pruebas de oficio para
determinar la verdad material del asunto puesto a su disposición. Que la autoridad judicial
demandada inaplicó los artículos 1 y 9 de la Ley 270 de 1996 y 90 de la Constitución.

Que la sentencia impugnada se había fundamentado de forma incorrecta en las
sentencias SU-128 de 2021, SU-573 de 2019, SU-215 de 2022 y SU-103 de 2022
dictadas por la Corte Constitucional, porque se extrajeron ideas parciales e incompletas,
con lo que se dejaba a un lado el verdadero alcance de esas providencias.

Que la sentencia SU-215 de 2022 traía una excepción a la regla de improcedibilidad de
la acción de tutela cuando se discuten asunto de orden legal o económico, al señalar que
procede la solicitud de amparo si de la interpretación o aplicación de la norma de carácter
legal o reglamentaria se desprendía la violación de derechos y deberes constitucionales.

Que la mencionada sentencia SU-215 de 2022 también preveía la procedibilidad de la
acción de tutela en asunto de orden económicos cuando estuvieren relacionados con
pretensiones de reparación directa, que esa tesis fue reafirmada en la sentencia SU-157
de 2022 proferida por la Corte Constitucional.

Que no estaba de acuerdo con lo estimado en la sentencia impugnada sobre la carga
argumentativa para cuestionar sentencias proferidas por altas cortes, porque, a su juicio,

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si había presentado razonamientos detallados, acuciosos, juiciosos, coherentes y lógicos
de los defectos alegados.

Que, contrario a lo afirmado en la decisión impugnada, si se evidenciaba la vulneración
palmaria de sus derechos fundamentales, lo que ameritaba la intervención del juez
constitucional. Que sí había explicado la relación entre los derechos fundamentales
reclamados y las situaciones de hechos que se expusieron como vulneradora de esos
derechos, que su ejercicio argumentativo no se había limitado solamente a identificar las
garantías fundamentales exigidas.

Que, con la intención de no ser repetitivo, se acudiera a los argumentos expuestos en el
escrito de tutela.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la acción de tutela.

La Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada, por cuanto la acción de tutela no
satisface el requisito de relevancia constitucional por tratarse de un asunto
eminentemente legal y económico.

Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales. (ii) la relevancia constitucional y, (iii) el análisis del caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales6 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos7 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-006, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.

En lo que interesa para resolver el asunto, el primer criterio (vulneración o amenaza real
de derechos fundamentales) está previsto para que la acción de tutela no se utilice para
discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de
discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

6
M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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A su vez, el segundo criterio (carga argumentativa) está previsto para restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos
fundamentales.

4. Análisis del caso concreto

De la revisión de la solicitud de amparo, la Sala advierte la parte actora alega que sus
derechos fundamentales fueron vulnerados por la autoridad judicial demandada con
ocasión al numeral segundo de la sentencia del 8 de mayo de 2025, que revocó la
decisión de primera instancia que había condenado al Ministerio de Transporte al pago
de lucro cesante y daño emergente en su favor.

En síntesis, la accionante señala que el Consejo de Estado, Sección Primera, debió
acudir a los artículos 2137 y 1938 del CPACA, para decretar pruebas de oficio que
determinar el quantum de los perjuicios reclamados o condenar en abstracto al Ministerio
de Trasporte.

Sin embargo, para la Sala, tal como lo determinó el a quo, el asunto se suscribe a una
discusión que no gira en torno a un asunto constitucional o a la defensa de derechos
fundamentales, por el contrario, se trata de un debate eminentemente legal con
consecuencias económicas.

Sobre este punto, la Corte Constitucional9 ha señalado que <<las discusiones de orden
legales o aquellas relativas exclusivamente a un derecho económico deben ser resueltas
mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, toda vez que “le está prohibido
al juez de tutela inmiscuirse en materia de carácter netamente legal o reglamentario que han de
ser definidos por las jurisdicciones correspondientes>>10

Incluso, ha manifestado que un asunto carece de relevancia constitucional 11 cuando: <<(i)
la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como, por
ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal, salvo que de ésta se
desprendan claramente violaciones de derechos fundamentales; o (iii) sea evidente su naturaleza
o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés general>> .

Siendo así, la Sala encuentra que la inconformidad de la parte demandante nace
únicamente en relación a la indemnización de perjuicios pretendida en el proceso
ordinario, Situación que pone de presente que el debate recae sobre un asunto
estrictamente económico, sobre todo cuando la sentencia del 8 de mayo de 2025 dictada
por el Consejo de Estado, Sección Primera, confirmó la declaratoria de nulidad del acto
demandado y ordenó la habilitación como centro de diagnóstico automotor al
establecimiento comercial CDA San Pedro.

7 Artículo 213. Pruebas de Oficio. En cualquiera de las instancias el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar de oficio

las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar
conjuntamente con las pedidas por las partes.
Además, oídas las alegaciones el Juez o la Sala, sección o subsección antes de dictar sentencia también podrá
disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda. Para
practicarlas deberá señalar un término de hasta diez (10) días.
En todo caso, dentro del término de ejecutoria del auto que decrete pruebas de oficio, las partes podrán aportar o
solicitar, por una sola vez, nuevas pruebas, siempre que fueren indispensables para contraprobar aquellas decretadas
de oficio. Tales pruebas, según el caso, serán practicadas dentro de los diez (10) días siguientes al auto que las
decrete.
8 Artículo 193. Condenas en Abstracto. Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros

semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se harán en
forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos previstos
en este Código y en el Código de Procedimiento Civil.
<Inciso modificado por el artículo 87 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando la condena se
haga en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la
liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de la
sentencia o al de la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso. Vencido dicho
término caducará el derecho y el juez rechazará de plano la liquidación extemporánea.
9 Al respecto, ver entre otras, las sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
10 Sentencia T-136 de 2015, reiterado en sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
11 Sentencia T-610 de 2015, reiterado en sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04360-01
Demandante: Pérez Reyes & Cía Ltda

Con todo, la Sala no advierte que del numeral segundo de la sentencia del 8 de mayo de
2025 se desprenda claramente una vulneración de los derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al debido proceso de la Sociedad
Pérez Reyes & Cia Ltda, puesto que, la decisión de no acceder a reparar los perjuicios
reclamados en el proceso ordinario obedeció a que la parte actora no cumplió con la
carga probatoria de acreditar la causación de esos perjuicios.

En este punto se debe señalar que la carga de la prueba es <<una noción procesal que
consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la autorresponsabilidad que tienen para
que los hechos que sirven de sustento a las normas jurídicas cuya aplicación reclaman aparezcan
demostrados y que, además, le indica al juez cómo debe fallar cuando no aparezcan probados
tales hechos>>12.

Es decir, las partes en los procesos judiciales desde la presentación de la demanda y la
contestación ya son conscientes del ejercicio probatorio que deben desplegar con el
objeto de que se apliquen los supuestos normativos que invocan y así obtener una
decisión favorable a sus intereses. En la misma medida asumen las consecuencias
negativas de no probar los supuestos normativos que consagran el efecto jurídico que
persiguen, puesto que el debate probatorio que proporciona las partes es el que
finalmente permite al funcionario judicial tomar la decisión que en derecho corresponda.

Finalmente, la Sala advierte que la parte actora señaló que la decisión cuestionada
desconoció el precedente fijado en las sentencias del 1 de noviembre de 2023, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, del 24 de abril de 2008 dictada
por el Consejo de Estado, Sección Primera, del 5 de marzo de 2015, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, del 16 de agosto de 2012, dictada
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, del 26 de febrero de 2014,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, y SU-167 de 2024,
SU-768 de 2014 y T-615 de 2019 dictadas por la Corte Constitucional, sin embargo, la
Sala observa que este cargo también está dirigido a asistir en su tesis relacionada con
que se debieron decretar pruebas de oficio o condenar en abstracto al Ministerio de
Trasporte.

Finalmente, la Sala debe señalar que los argumentos relacionados con el daño
emergente no consolidado o futuro y los daños al buen nombre tampoco cumplen el
requisito de relevancia constitucional, por cuanto la parte actora no cumplió con la carga
mínima de argumentación, respecto a por qué esa discusión que plantea reviste una
clara, marcada e indiscutible relevancia constitucional y simplemente expone un
desacuerdo con lo decidido en la sentencia cuestionada.

Las anteriores razones son suficientes para que la Sala confirme la decisión de primera
instancia que declaró improcedente la solicitud de amparo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

12 PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de derecho probatorio. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional. 2007., pág. 249.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04360-01
Demandante: Pérez Reyes & Cía Ltda

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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