Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2014-00849-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2014-00849-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 68001-23-33-000-2014-00849-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
8 de mayo de 2025
1
Radicado: 68001 23 33 000 2014 00849 01
Demandante: PÉREZ REYES & CIA LTDA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D. C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación núm.: 68001 23 33 000 2014 00849 01
Actor: PÉREZ REYES & CIA LTDA
Demandado: Ministerio de Transporte
Tesis: El acto por medio del cual el Ministerio de Transporte da cumplimiento a la
resolución expedida por la Superintendencia de Puertos y Transporte, que declaró
responsable a un centro de diagnóstico automotor por inobservar sus obligaciones y
solicitó la cancelación de su habilitación, es un acto enjuiciable ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
Es nulo el acto por medio del cual el Ministerio de Transporte da cumplimiento a la
resolución expedida por la Superintendencia de Puertos y Transporte, que declaró
responsable a un centro de diagnóstico automotor por inobservar sus obligaciones y
solicitó la cancelación de su habilitación.
SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la sociedad demandante y
el Ministerio de Transporte en contra de la sentencia del 11 de febrero de 2016,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, corregida mediante auto del 19
de abril de 2016, que accedió a las pretensiones de la demanda, declaró la nulidad
del acto demandado, y a título de restablecimiento del derecho ordenó la habilitación
como centro de diagnóstico automotor del establecimiento de comercio CDA SAN
PEDRO y profirió condenas por lucro cesante, daño emergente y costas.
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Radicado: 68001 23 33 000 2014 00849 01
Demandante: PÉREZ REYES & CIA LTDA
I. LA DEMANDA
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de que
trata el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante CPACA), Pérez Reyes & CIA LTDA (en adelante la parte
actora), por medio de apoderado judicial, interpuso demanda en contra del Ministerio
de Transporte (en adelante la parte demandada)1, en la que formuló las siguientes:
1.1. Pretensiones
“DECLARACIONES Y CONDENAS
1. Declárese la nulidad de la Resolución No. 0000275 de fecha diez (10) de febrero
de 2014, suscrita por el Señor ANDRES FELIPE LÓPEZ GÓMEZ, Subdirector de
Tránsito (E) del Ministerio de Transporte.
2. A título de restablecimiento del derecho, ordénese a LA NACIÓN - MINISTERIO
DE TRANSPORTE, la habilitación, como Centro de Diagnóstico Automotor, al
establecimiento de comercio denominado CDA SAN PEDRO, identificado con el
número de matrícula mercantil 142007 del 26 de septiembre de 2007, de
propiedad de la Sociedad PÉREZ REYES & CIA LTDA., identificada con NIT.
830512130-8. Para ello deberá tomar de manera oportuna, todas las medidas
necesarias para garantizar la efectividad de esta decisión, en especial la de oficiar
al concesionario "RUNT" para que se reactive la habilitación del CDA en su
sistema de información, así como todas las demás actuaciones que sean
necesarias para tal fin.
3. Condénese a LA NACIÓN - MINISTERIO DE TRANSPORTE, a favor de la
Sociedad PÉREZ REYES & CIA LTDA., identificada con NIT. 830512130-8, al
pago de las siguientes sumas de dinero, a título de reparación de los perjuicios
ocasionados con la ejecución de la Resolución 0000275 de fecha diez (10) de
febrero de 2014:
3.1. LUCRO CESANTE (Consolidado y futuro)
Una suma igual o superior a CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
MILLONES DE PESOS ($454.557.136), por concepto de ingresos dejados de
percibir con ocasión de la actividad comercial que realizaba el CDA SAN PEDRO,
relacionados con la mecánica y de gases, o por objeto comercial, desde el 14 de
abril de 2014 y hasta la fecha de presentación de esta demanda - posteriormente
liquidado hasta la fecha en que se profiera sentencia definitiva - a razón de DOS
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
SEIS PESOS ($2.738.296) diarios, de acuerdo con el promedio de ingresos
histórico, tomado en el período comprendido desde el año 2007 y hasta el año
2014, o el monto que se acredite durante el proceso.
Se usa la expresión “una suma igual o superior a”, ya que el valor pedido no
constituye un límite a la pretensión, sino una mera aproximación, ya que el mismo
1 El expediente digitalizado se encuentra visible en el índice núm. 35 de Samai.
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Demandante: PÉREZ REYES & CIA LTDA
deberá acrecer a través del proceso, debido a su duración, y en virtud también de
la aplicación de los incrementos del IPC y la observancia de las fórmulas
matemáticas acogidas de tiempo atrás por el Consejo de Estado.
3.2. DAÑO EMERGENTE (Consolidado y futuro)
a) Daño emergente consolidado
Una suma igual o superior a DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS
($200.000.000), representada en los gastos y los egresos del CDA SAN PEDRO,
por todo concepto, que ha asumido su propietaria, la Sociedad PÉREZ REYES &
CIA LTDA., desde el 14 de abril de 2014 y hasta la fecha de presentación de esta
demanda, - posteriormente liquidado hasta la fecha en que se profiera sentencia
definitiva -.
Se usa la expresión “una suma igual o superior a”, ya que el valor pedido no
constituye un límite a la pretensión, sino una mera aproximación, ya que el mismo
deberá acrecer a través del proceso, debido a su duración, y en virtud también de
la aplicación de los incrementos del IPC y la observancia de las fórmulas
matemáticas acogidas de tiempo atrás por el Consejo de Estado.
3.3. DAÑO AL BUEN NOMBRE.
Una suma igual o superior al equivalente, en moneda nacional, a QUINIENTOS
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, por concepto del
daño que ha ocasionado, en el nombre del establecimiento CDA SAN PEDRO, de
propiedad de la Sociedad PÉREZ REYES & CIA LTDA, su cierre intempestivo.
4. Deberán actualizarse los valores ordenados a favor de la Sociedad PÉREZ
REYES & CIA LTDA., aplicando para tal efecto el incremento del Índice de Precios
al Consumidor, así como las fórmulas matemáticas aceptadas por el Consejo de
Estado, en atención a lo previsto en el artículo 16 de la ley 446 de 1998.
5. Ordénese el pago de intereses de mora, a cargo de LA NACIÓN - MINISTERIO
DE TRANSPORTE, desde la ejecutoria de la sentencia y hasta el cumplimiento
total de la obligación, en los términos previstos en el artículo 192 del C.P.A.C.A.
6. Ordénese a LA NACIÓN - MINISTERIO DE TRANSPORTE, dar estricto
cumplimiento a la sentencia, en los términos del Artículo 192 y siguientes del
C.P.A.C.A.”2.
1.2. Acto cuestionado
1.2.1. La Resolución núm. 0000275 del 10 de febrero de 2014, que resolvió3:
“Por la cual se cancela la habilitación como Centro de Diagnóstico Automotor al
establecimiento de comercio denominado CDA SAN PEDRO identificado con el
número de matrícula mercantil 142007 del 26 de septiembre de 2007 y se deroga
la Resolución 4567 del 31 de octubre de 2007
2 Ibidem.
3 Ibidem.
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EL SUBDIRECTOR DE TRÁNSITO (E)
En ejercicio de las facultades legales y en especial las conferidas por el numeral
16.4 del artículo 16 del Decreto 087 de 2011 y la Resolución 5466 del 6 de
diciembre de 2013
CONSIDERANDO
Que el Ministerio de Transporte mediante Resolución 4567 del 31 de octubre de
2007, habilitó al establecimiento de comercio denominado CDA SAN PEDRO
identificado con el número de matrícula mercantil 142007 del 26 de septiembre de
2007, ubicado en el kilómetro 7 Autopista Bucaramanga - Piedecuesta del
municipio de Piedecuesta - Santander, como Centro de Diagnóstico Automotor,
de propiedad de la sociedad PÉREZ REYES & CIA LTDA identificada con el
número del 4 de enero de 2005 y NIT 830512130-8.
Que la Superintendencia de Puertos y Transporte mediante Resolución 5087 del
21 de mayo de 2013 confirmó la Resolución 9146 del 14 de octubre de 2009, en
el sentido de solicitar al Ministerio de Transporte - Subdirección de Tránsito la
cancelación de la habilitación al Centro de Diagnóstico Automotor CDA SAN
PEDRO de propiedad de la sociedad PÉREZ REYES & CIA LTDA con NIT
830512130-8.
Que la Superintendencia de Puertos y Transporte mediante Resolución 9146 del
14 de octubre de 2009 declaró responsable al Centro de Diagnóstico Automotor
CDA SAN PEDRO de propiedad de la sociedad PÉREZ REYES & CIA LTDA con
NIT 830512130-8, de haber incumplido los deberes y obligaciones contenidas en
los numerales 1 y 2 del artículo 9 de la Resolución 3500 de acuerdo con la parte
motiva de la citada resolución.
Que el artículo 2 de la Resolución 9146 señala: En virtud del artículo 12 de la
Resolución 3500 de 2005, modificado por el artículo 8 de la Resolución 2200 de
2006, a su vez modificado por el artículo 2 de la Resolución 4062 de 2007, solicitar
al Ministerio de Transporte la cancelación de la habilitación del Centro de
Diagnóstico Automotor CDA SAN PEDRO de propiedad de la sociedad PÉREZ
REYES & CIA LTDA con NIT 830512130-8, por haber incumplido los numerales 1
y 2 del artículo 9, de la Resolución 3500 de 2005 de acuerdo con la parte motiva
de la resolución.
Que mediante oficio 20143210044412 del 29 de enero de 2014, la
Superintendencia de Puertos y Transporte, remitió el acto administrativo
debidamente ejecutoriado a este Ministerio para proceder con la cancelación de
la habilitación del Centro de Diagnóstico Automotor denominado CDA SAN
PEDRO.
En mérito de lo expuesto
RESUELVE:
ARTÍCULO 1.- Cancelar la habilitación como Centro de Diagnóstico Automotor al
establecimiento de comercio denominado CDA SAN PEDRO identificado con el
número de matrícula mercantil 142007 del 26 de septiembre de 2007, ubicado en
el kilómetro 7 Autopista Bucaramanga - Piedecuesta del municipio de Piedecuesta
• Santander, de propiedad de la sociedad PÉREZ REYES & CIA LTDA identificada
con el número de matrícula mercantil 05-000118075-03 del 4 de enero de 2005 y
NIT 830512130-8, otorgada mediante Resolución 4567 del 31 de octubre de 2007.
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ARTÍCULO 2.- Reportar por parte del Ministerio de Transporte al RUNT los datos
del presente acto administrativo para que se proceda a cancelar en el sistema la
habilitación del Centro de Diagnóstico Automotor denominado CDA SAN PEDRO
identificado con el número de matrícula mercantil 142007 del 26 de septiembre de
2007, ubicado en el kilómetro 7 Autopista Bucaramanga - Piedecuesta del
municipio de Piedecuesta - Santander, de propiedad de la sociedad PÉREZ
REYES & CIA LTDA identificada con el número de matrícula mercantil 05-
000118075-03 del 4 de enero de 2005 y NIT 830512130-8.
ARTÍCULO 3.- Notificar la presente resolución al representante legal de la
sociedad PÉREZ REYES & CIA LTDA con NIT 830512130-8, ubicado en el
kilómetro 7 Autopista Piedecuesta - Santander.
ARTÍCULO 4.- Ordenar la publicación de la presente resolución en la página WEB
del Ministerio de Transporte.
ARTÍCULO 5.- Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso.
ARTÍCULO 6.- La presente resolución rige a partir de su notificación y deroga la
Resolución 4567 del 31 de octubre de 2007.”.
1.3. Normas violadas y concepto de violación
La parte actora invocó los artículos 1, 2, 6, 29, 83 y 150 (numeral 8) de la Constitución
Política y el artículo 66 del Decreto 01 de 1984.
1.3.1. En el capítulo correspondiente a los hechos de la demanda indicó que,
mediante la Resolución núm. 4567 de 31 de octubre de 2007, la parte demandada
habilitó al establecimiento de comercio CDA San Pedro, de su propiedad, para operar
como Centro de Diagnóstico Automotor (en adelante CDA).
Manifestó que por medio de la Resolución núm. 4672 de 31 de marzo de 2009, la
parte demandada, a través de la Superintendencia de Puertos y Transporte (en
adelante la Superintendencia), decidió abrir investigación administrativa en contra del
CDA San Pedro.
Comentó que con la Resolución núm. 9146 de 14 de octubre de 2009, el
Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor impuso la
sanción de cancelación de habilitación al CDA San Pedro, por haber incumplido los
deberes y obligaciones contenidos en los numerales 1 y 2 del artículo 9 de la
Resolución núm. 3500 de 2005. Determinación que fue confirmada en la Resolución
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núm. 023388 de 12 de noviembre de 2010, que resolvió el recurso de reposición
interpuesto.
Puso de presente que la Resolución núm. 00005087 de 21 de mayo de 2013, resolvió
el recurso de apelación, confirmando la Resolución núm. 9146 de 2009.
Señaló que con la Resolución núm. 0000275 de 10 de febrero de 2014, la parte
demandada, en ejecución de la sanción impuesta en la actuación previamente
mencionada, decidió cancelar la habilitación como CDA al establecimiento de
comercio denominado CDA San Pedro.
Afirmó que, en sentencia del 26 de junio de 2013, notificada por edicto fijado el 30 de
julio siguiente, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la nulidad, entre
otros, del artículo 12 de la Resolución núm. 3500 de 2005.
Expresó que, por haber sido declarado nulo el artículo mencionado en precedencia,
las Resoluciones 4627 de 2009, 9146 de 2009, 23388 de 2010 y 5087 de 2013,
expedidas por la parte demandada, perdieron fuerza ejecutoria.
Aseguró que, a pesar de lo anterior, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución
0000275 de 2014, que canceló la habilitación para el funcionamiento del CDA San
Pedro, en lugar de reconocer la pérdida de fuerza ejecutoria de la decisión
sancionatoria.
Sostuvo que, por tratarse de un acto de ejecución, en contra de la Resolución 0000275
de 2014 no procedía ningún recurso, motivo por el cual, con fundamento en el
fenómeno jurídico de decaimiento del acto administrativo, solicitó la revocatoria de los
actos precitados.
Finalmente, aseveró que, con oficio del 21 de julio de 2010, la parte demandada negó
la solicitud de revocatoria argumentando que no podía darle efectos ex tunc a la
sentencia de nulidad proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado el 26 de
junio de 2013, en la medida en que el artículo 189 del CPACA establece que las
sentencias de nulidad tienen efectos hacia el futuro y que en el fallo no se había
dispuesto una consecuencia diferente.
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1.3.2. En el acápite de los fundamentos de derecho propuso como cargos: (i)
infracción de norma superior, (ii) falta de competencia, (iii) expedición irregular, y (iv)
desviación de poder. Afirmó que los desarrollaría de manera conjunta bajo el
presupuesto de la carencia de atribución del Ministerio de Transporte para expedir la
Resolución núm. 0000275 de 2014.
Para ello, explicó que, con sustento en el artículo 12 de la Resolución núm. 3500 de
2005, declarado nulo por la Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de
26 de junio de 2013, la cartera ministerial ejecutó la Resolución núm. 9146 de 2009.
Precisó que la parte demandada desconoció el principio de legalidad y las garantías
al debido proceso y la buena fe, definidas en la Carta Política, toda vez que ejecutó
las decisiones sancionatorias con fundamento en una norma que, para ese momento,
ya había sido retirada del ordenamiento jurídico con ocasión del fallo antes reseñado.
Por último, presentó un resumen de la providencia previamente referida y de la figura
de la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, para reiterar la tesis
con la cual respaldó los cargos invocados en la demanda: como consecuencia de la
nulidad del artículo 12 de la Resolución 3500 de 2005, el Ministerio de Transporte no
estaba facultado para emitir el acto controvertido, esto es, la Resolución núm.
0000275 de 2014, que ejecutó la cancelación de la habilitación para el funcionamiento
del CDA San Pedro, dispuesta por la Resolución núm. 9146 de 2009.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La cartera ministerial contestó la demanda manifestando su oposición a las
pretensiones formuladas en el libelo introductorio. Para ello señaló que el acto
controvertido se ajustó a los parámetros constitucionales y legales establecidos en la
legislación vigente para la fecha en que se expidió y, además, se adoptó en
acatamiento a una sanción impuesta por la Superintendencia de Puertos y Transporte
que se encontraba en firme.
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Informó que no existía duda en que las decisiones realmente atacadas por la parte actora
fueron expedidas por la Superintendencia de Puertos y Transporte, que gozaba de
independencia financiera y administrativa, y aunque era una entidad adscrita al Ministerio
de Transporte, no tenía una relación de superioridad jerárquica o funcional.
Defendió que en la Resolución núm. 0000275 de 2014, por medio de la cual se dio
cumplimiento a la sanción de cancelación de la habilitación del CDA San Pedro, no se
configuraba ninguna de las causales previstas en el artículo 93 del CPACA para proceder
con la revocatoria directa.
Aseguró que la sentencia del 26 de junio de 2013, proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado, no precisó efectos retroactivos a la declaratoria de nulidad, razón
por la cual debía entenderse que sus consecuencias jurídicas regían a futuro, a partir del
27 de junio de 2013.
De forma general, solicitó que no se reconocieran los perjuicios reclamados por la parte
actora relacionados con el daño al buen nombre, toda vez que Pérez Reyes & CIA LTDA
incurrió en conductas que conllevaron a la imposición de la sanción contenida en la
Resolución núm. 9146 de 2009. Respecto de los demás daños pretendidos en la
demanda señaló que debía probarse el nexo causal con la decisión de la administración.
Para finalizar, formuló la excepción que denominó: legalidad del acto administrativo
demandado.
III. LA SENTENCIA APELADA
3.1. Mediante sentencia del 11 de febrero de 20164, el Tribunal Administrativo de
Santander resolvió:
“PRIMERO: DECLÁRASE LA NULIDAD del acto administrativo contenido en la
Resolución No. 0000275 del diez (10) de febrero de dos mil catorce (2014),
suscrita por el señor ANDRES FELIPE LÓPEZ GÓMEZ, Subdirector de Tránsito
(E) del Ministerio de Transporte, mediante el cual se canceló la habilitación del
centro de diagnóstico CDA SAN PEDRO de propiedad de la sociedad PEREZ
4 Visible en el índice núm. 37 de Samai.
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REYES & CIA LTDA y se derogó la Resolución No. 4567 del 31 de octubre de
2007, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la providencia.
SEGUNDO: A título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, ORDÉNASE a la
NACIÓN - MINISTERIO DE TRANSPORTE que habilite como centro de
diagnóstico automotor, al establecimiento de comercio CDA SAN PEDRO,
identificado con el número de matrícula mercantil 142007 del 26 de septiembre de
2007, de propiedad de la Sociedad PEREZ REYES & CIA, identificada con NIT
830512130-9, tomando las medidas necesarias para garantizar la comunicación
de tal decisión al concesionario RUNT, de acuerdo con lo expuesto en la parte
motiva.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNASE a la NACIÓN -
MINISTERIO DE TRANSPORTE a pagar a favor de la parte accionante por
concepto de daño material en la modalidad de lucro cesante la suma de
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE
($454.557.136), de acuerdo con lo señalado en las consideraciones de esta
providencia.
CUARTO: CONDÉNASE a la NACIÓN - MINISTERIO DE TRANSPORTE a pagar
a favor de la parte accionante por concepto de daño material en la modalidad de
daño emergente la suma de CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS
M/CTE ($404.499.401), conforme lo expuesto en la parte motiva.
QUINTO: DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO: Las sumas que resulten de la condena impuesta a la NACIÓN -
MINISTERIO DE TRANSPORTE, deberán ser actualizadas en su valor conforme
a la fórmula expuesta en las consideraciones de esta sentencia, y devengarán
intereses en cuanto se den los supuestos de hecho previstos en el artículo 192 de
la Ley 1437 de 2011.
SÉPTIMO: CONDÉNASE en costas a la NACIÓN - MINISTERIO DE
TRANSPORTE, y a favor de la parte accionante, las cuales deberán liquidarse
dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
OCTAVO: Contra la presente providencia procede recurso de apelación en los
términos del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOVENO: Ejecutoriada esta providencia, archívense las diligencias previas las
anotaciones de rigor en el sistema Justicia XXI.”
3.2. Para sustentar su decisión el Tribunal consideró que, si bien la Resolución núm.
0000275 de 2014, que canceló la habilitación al CDA San Pedro, propiedad de la
sociedad demandante, se expidió para dar cumplimiento a la Resolución núm. 9146
de 2009, por medio de la cual la Superintendencia de Puertos y Transporte declaró
responsable al CDA del incumplimiento de las obligaciones contenidas en los
numerales 1 y 2 del artículo 9 de la Resolución 3500 de 2005, por lo que, en principio,
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podía tenerse como un acto de ejecución, lo cierto era que el Consejo de Estado5 se
había encargado de precisar, como excepción a la regla, que, cuando la
administración se apartara del verdadero alcance del acto a ejecutar, resultando
evidente que la determinación administrativa no era de simple cumplimiento, era
posible controvertirla ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Bajo ese criterio, entendió que correspondía analizar si el acto demandado, pese a
calificarse como un acto de ejecución, modificó, creó o extinguió una situación jurídica
al CDA San Pedro y, por lo tanto, resultaba susceptible de control judicial.
Sobre el particular, observó que, con ocasión de la sentencia de 26 de junio de 2013,
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, se generó una situación
jurídica nueva que debía ser estudiada con el fin de determinar si con la Resolución
núm. 0000275 de 2014 se produjo el fenómeno jurídico del decaimiento del acto
administrativo por la desaparición de sus fundamentos de derecho.
Así, luego de exponer el artículo 91 del CPACA y el concepto jurisprudencial de
pérdida de fuerza ejecutoria de la decisión de la administración6, advirtió que el acto
demandado carecía de fuerza ejecutoria, toda vez que las normas que fundamentaron
la sanción impuesta al CDA San Pedro desaparecieron del ordenamiento jurídico por
disposición expresa del fallo de nulidad precitado, por lo cual juzgó que se produjo el
decaimiento del acto administrativo expedido por el Ministerio de Transporte. En ese
orden, declaró la nulidad de la Resolución núm. 0000275 de 2014.
3.3. En el acápite referente al restablecimiento del derecho: (i) ordenó la habilitación
del CDA San Pedro; (ii) fijó como suma a reconocer bajo el concepto de lucro cesante,
por los perjuicios derivados de los ingresos dejados de percibir por la sociedad
demandante, con ocasión del cese de la actividad comercial desde el 14 de abril de
2014, el promedio de ingresos indicados en el dictamen pericial que obró en el
proceso, esto es, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”,
Consejero Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero,15 de abril de 2010, Radicación número: 52001-23-
31-000-2008-00014-01(1051-08). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección “B”, Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, 14 de noviembre de 2013.
Radicación número: 05001-23-31-000-2003-00490-01(2277-12).
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente:
Camilo Arciniegas Andrade. Referencia núm. 1998-0035.
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QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE
($454.557.136); (iii) tasó el daño emergente, también con sustento en la experticia
comentada, en CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/CTE ($404.499.401) y
(iv) negó lo concerniente al reconocimiento del daño al buen nombre, tras advertir que
en el expediente no reposaba prueba que permitiera establecer la ocurrencia de tal
afectación. Además, indicó que tales valores debían actualizarse y condenó en costas
a la parte demandada, precisando que la liquidación se fijaría en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 366 del CGP.
3.4. Con auto del 19 de abril de 2016, el Tribunal accedió a la solicitud de corrección
presentada por la parte actora sobre cuestiones de forma y respecto de la falta de
aplicación de la fórmula de cálculo determinada por el Consejo de Estado en las
sumas reconocidas como indemnización de los perjuicios por lucro cesante y daño
emergente, así como la correspondiente actualización de dichos valores. Los
numerales segundo, tercero y cuarto de la sentencia del 11 de febrero de 2016, se
corrigieron, así:
“SEGUNDO: A título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, ORDÉNASE a la
NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE que habilite como centro de
diagnóstico automotor, al establecimiento de comercio CDA SAN PEDRO,
identificado con el número de matrícula mercantil 142007 del 26 de septiembre de
2007, de propiedad de la Sociedad PEREZ REYES & CIA LTDA, identificada con
NIT 830512130-8, tomando las medidas necesarias para garantizar la
comunicación de tal decisión al concesionario RUNT, de acuerdo con lo expuesto
en la parte motiva.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNASE a la NACIÓN –
MINISTERIO DE TRANSPORTE a pagar a favor de la parte accionante por
concepto de daño material en la modalidad de lucro cesante la suma de MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DIECISIETE MIL
NOVECIENTOS VEINTITRÉS M/CTE ($1.644.017.923), de acuerdo con lo
señalado en las consideraciones de esta providencia.
CUARTO: CONDÉNASE a la NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE a pagar
a favor de la parte accionante por concepto de daño material en la modalidad de
daño emergente la suma de CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS
PESOS M/CTE ($422.589.596), conforme lo expuesto en la parte motiva.”
IV. LOS RECURSOS DE APELACIÓN
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4.1. La parte actora7, por intermedio de apoderado judicial, interpuso oportunamente
recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, utilizando tres (3)
argumentos:
4.1.1. Comenzó afirmando que en la providencia que corrigió la sentencia del 11 de
febrero de 2016, en cuanto a la liquidación del lucro cesante, se consignó como
resultado de la fórmula aritmética allí presentada, la suma de “$1.644.017.923, siendo
lo correcto $1.828.900.043”. Precisó que se trataba de un error meramente aritmético
que debía ser corregido.
4.1.2. Luego, manifestó su descontento en torno a la liquidación del daño emergente
precisando que el Tribunal no acogió en debida forma la solicitud de corrección que
sobre tal aspecto formuló. Explicó que el juez de primera instancia se limitó a actualizar
dicho concepto desde el 14 de abril de 2014 y hasta la fecha de presentación del
dictamen pericial, lo que resultaba incorrecto, pues no estaba compuesto única y
exclusivamente por el daño emergente consolidado, toda vez que estaba probado
dentro del proceso que existía otro tipo de daño emergente que seguía generándose
cada día, circunstancia que no se consideró al fijar el restablecimiento del derecho
ordenado. Expuso que el daño emergente consolidado lo comprendía “el pago de
compensaciones y liquidaciones de nómina y por las gestiones y trámites ante el
Ministerio de Transporte”, por un valor total de SETENTA Y OCHO MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES
PESOS ($78.486.393). Mientras que el daño emergente “por pagos periódicos (…) no
consolidado (…) eventual o futuro”, mensualmente se ocasionaba por la suma de
VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y
SIETE PESOS ($26.340.197). De esa forma, presentó los siguientes cálculos:
7 Ibidem.
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4.1.3. Señaló que debía revocarse el numeral quinto del fallo de primera instancia,
para en su lugar condenar al Ministerio de Transporte al pago de los perjuicios
derivados del daño al buen nombre, comoquiera que, si bien no se practicaron pruebas
que permitieran demostrar el detrimento patrimonial que sufrió la sociedad
demandante en razón de la cancelación de la habilitación del CDA San Pedro, lo cierto
era que el cierre de cualquier establecimiento comercial por un periodo de tiempo,
para la fecha de presentación del recurso de apelación, de veintidós (22) meses,
afectaba de manera negativa su relación con los clientes y, de contera, su patrimonio.
Además, también se traducía en una desventaja competitiva con las demás
compañías con el mismo propósito comercial.
4.2. La parte demandada8, por intermedio de apoderado judicial, interpuso
oportunamente recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia
en el cual planteó lo siguiente:
8 Ibidem.
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Manifestó que la Resolución núm. 0000275 de 2014 correspondía a un acto de
cumplimiento o ejecución en la medida en que no definía una situación jurídica
diferente a la resuelta por la Superintendencia de Puertos y Transporte dentro del
proceso administrativo sancionatorio iniciado con la Resolución núm. 4672 de 2009.
Mencionó que el acto demandado se originó como consecuencia directa de las
decisiones adoptadas por la Superintendencia en las Resoluciones 4672 y 9146 de
2009; 23388 de 2010 y 5087 de 2013, las cuales no fueron demandadas en el proceso
de la referencia. Y aun cuando dicha entidad forma parte del sector y se encuentra
adscrita a la cartera ministerial, tiene independencia funcional, administrativa y
presupuestal, por lo cual debió ser llamada al actual trámite.
Aseveró que no se encontraba de acuerdo con la tesis del Tribunal, según la cual, la
Resolución núm. 0000275 de 2014 se constituía como un acto definitivo debido a que
la sentencia del Consejo de Estado, que declaró la nulidad de los artículos 11 y 12 de
la Resolución núm. 3500 de 2005, ocasionó una situación jurídica nueva. Ello, toda
vez que el acto demandado no reunía los requisitos de una decisión definitiva, ya que
de su lectura se concluía que no decidió directa o indirectamente el fondo del asunto.
Como consecuencia, no era susceptible de ser demandada ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, máxime cuando la vía gubernativa se agotó con la
expedición de la Resolución núm. 5087 de 2013, por medio de la cual la
Superintendencia resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la
sanción impuesta.
Estimó que el acto administrativo que debió demandarse era la Resolución núm. 5087
de 2013, por tratarse de la determinación con la cual cobró firmeza la sanción.
En cuanto a los perjuicios reconocidos por el a quo, argumentó que el único medio de
prueba con el que podía establecerse un promedio mensual de la suma realmente
devengada por la sociedad demandante, como ingresos generados por la actividad
de la revisión técnico-mecánica y de gases automotriz, era el certificado expedido por
el Registro Único De Transito –RUNT, documento que no obraba como prueba en el
plenario. Agregó que, frente a los costos de arrendamiento y honorarios, no obraba
dentro del expediente copia de los contratos que generaron dichos valores, y que del
certificado de existencia y representación legal de PÉREZ REYES & CIA LTDA se
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advertía que desarrollaba otras actividades comerciales en la misma sede en que
operaba el CDA San Pedro, por lo que no existía certeza si los gastos de
mantenimiento y personal, incluidos los pagos por arrendamiento y servicios públicos,
correspondían exclusivamente al desarrollo de las labores de revisión técnico
mecánica y de gases que se suspendieron a partir del día 14 de abril de 2016.
Antes de terminar el recurso, reiteró in extenso los puntos que dejó a consideración
del Tribunal en los alegatos de conclusión de primera instancia: (i) la Resolución
demandada es un acto de trámite; (ii) los actos de ejecución no son susceptibles de
demanda de nulidad en tanto no finalizan la actuación de la administración e (iii)
ineptitud sustantiva de la demanda.
En resumen, solicitó que se revocara la sentencia del 11 de febrero de 2016; se
descartara la prosperidad de las pretensiones de la demanda, declarando
improcedente el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
del acto de ejecución expedido por el Ministerio de Transporte, proveniente del
procedimiento administrativo sancionatorio que adelantó la Superintendencia, y se
declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva de la cartera ministerial.
V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
5.1. Mediante auto del 29 de enero de 20189 se admitieron los recursos de apelación
interpuestos y sustentados oportunamente por la sociedad demandante y la parte
demandada en contra de la sentencia del 11 de febrero de 2016.
5.2. Con auto del 14 de febrero de 201910 se corrió el traslado para alegar de
conclusión y se otorgó el término correspondiente al Ministerio Público para que, de
considerarlo pertinente, presentara su intervención.
5.3. La parte actora11 insistió en los argumentos expuestos en todo el curso del
proceso judicial de la referencia.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
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5.4. La entidad demandada guardó silencio.
VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Agente del Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto.
VII. DECISIÓN
No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
el asunto sub lite, previas las siguientes
VIII. CONSIDERACIONES
8.1. Competencia
De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de lo
previsto en los artículos 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia,
así como de lo expuesto en el artículo 150 del CPACA y del artículo 13 del Acuerdo
080 de 2019 (modificado por el artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024) expedido
por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para
conocer del asunto de la referencia.
8.2. Hechos
8.2.1. Mediante la Resolución núm. 4567 de 2007, el Ministerio de Transporte habilitó
al establecimiento de comercio CDA San Pedro, propiedad de la sociedad
demandante, para operar como CDA.
8.2.2. Por medio de la Resolución núm. 4672 de 2009, la Superintendencia de Puertos
y Transporte decidió abrir investigación administrativa en contra del CDA San Pedro.
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8.2.3. A través de la Resolución núm. 9146 de 2009, el Superintendente Delegado de
Tránsito y Transporte Terrestre Automotor declaró responsable al CDA San Pedro,
por haber incumplido los deberes y obligaciones contenidos en los numerales 1 y 2
del artículo 9 de la Resolución núm. 3500 de 200512. La parte resolutiva del acto
precisó los siguiente:
“ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable a CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR SAN PEDRO de propiedad de la sociedad PEREZ REYES & CIA
LTDA con Nit 83051212130-8, de haber incumplido los deberes y obligaciones
contenidos en los numerales 1 y 2 del artículo 9, de la Resolución 3500 de 2005
de acuerdo con la parte motiva de la presente Resolución.
ARTICULO SEGUNDO: En virtud del artículo 12 de la Resolución 3500 de 2005,
modificado por el artículo 8 de la Resolución 2200 de 2006, a su vez modificado
por el artículo 2, Resolución 4062 de 2007, solicitar al Ministerio de Transporte la
cancelación de la habilitación de CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
SAN PEDRO de propiedad de la sociedad PEREZ REYES & CIA LTDA con Nit
330512130-8, por haber incumplido los deberes y obligaciones contenidos en los
numerales 1 y 2 del artículo 9, de la Resolución 3500 de 2005 de acuerdo con la
parte motiva de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente
Resolución por conducto de la Secretaría General de la Superintendencia de
Puertos y Transporte, a CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SAN
PEDRO de propiedad de la sociedad PEREZ REYES & CIA LTDA con Nit
330512130-8, por intermedio de su representante legal JOSE PÉREZ PINTO, o
quien haga sus veces, en la en la KM. 7 BUCARAMANGA PIEDECUESTA
INTERIOR 1 municipio de PIEDECUESTA - SANTANDER; de acuerdo a lo
establecido en el artículo 44 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.
Copia de la comunicación a que refiere el precitado artículo y la constancia de
recibido de la misma, deberá remitirse a esta delegada, para que haga parte del
expediente, así como también el acta de notificación personal o el Edicto según el
caso.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de
reposición ante el Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte Terrestre
Automotor y subsidiariamente el recurso de apelación ante el Superintendente de
Puertos y Transporte de los cuales podrá interponerse dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la Notificación personal de la presente resolución o a la
expedición del edicto según el caso.
ARTICULO QUINTO: En firme la presente Resolución remítase en copia
autenticada al Ministerio de Transporte, para su cumplimiento.”13 (Subrayado de
la Sala).
12 “Por la cual se establecen las condiciones mínimas que deben cumplir los Centros de Diagnóstico
Automotor para realizar las revisiones técnico-mecánica y de gases de los vehículos automotores que
transiten por el territorio nacional”, expedida por los Ministros de Transporte y de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.
13 Ibidem.
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8.2.4. La anterior determinación fue confirmada en la Resolución núm. 023388 de
2010, que resolvió el recurso de reposición interpuesto.
8.2.5. Con la Resolución núm. 00005087 de 21 de mayo de 2013, el Superintendente
de Puertos y Transporte resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución
núm. 9146 de 2009.
8.2.6. La Sección Primera del Consejo de Estado, con sentencia de 26 de junio de
2013, notificada por edicto del 30 de julio siguiente, correspondiente al proceso que
se adelantó bajo el radicado núm. 11001 03 24 000 2008 00335 00, demandante:
Carlos Eduardo Ossa Hernández, declaró la nulidad, entre otras disposiciones, del
artículo 12 de la Resolución núm. 3500 de 2005.
8.2.7. Por medio de oficio núm. 20143210044412 del 29 de enero de 2014, la
Superintendencia remitió al Ministerio la actuación administrativa ejecutoriada.
8.2.8. Mediante la Resolución núm. 0000275 de 2014, el Ministerio de Transporte, en
ejecución de la Resolución núm. 9146 de 2009, canceló la habilitación al
establecimiento de comercio CDA San Pedro.
8.2.9. La parte actora instauró el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Resolución núm. 0000275 de 2014.
8.2.10. Con sentencia del 11 de febrero de 2016, corregida mediante auto del
19 de abril de 2016, el Tribunal Administrativo de Santander accedió a las
pretensiones de la demanda, declaró la nulidad del acto demandado, a título de
restablecimiento del derecho ordenó la habilitación del CDA San Pedro y profirió
condenas por lucro cesante, daño emergente y costas.
8.2.11. Las partes interpusieron recurso de apelación en contra del referido fallo.
8.3. Planteamiento
A efectos de resolver los recursos de apelación, la Sala advierte que las partes están
de acuerdo en el contenido del acto demandado, pero disienten en el alcance del
mismo, pues, para el juez de primera instancia, la decisión de la administración es
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definitiva, comoquiera que, con ocasión de la sentencia de 26 de junio de 2013,
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, por medio de la cual se
declaró la nulidad, entre otras normas, del artículo 12 de la Resolución núm. 3500 de
2005, que le otorgaba competencia al Ministerio de Transporte para expedir la
Resolución núm. 0000275 de 2014, se generó una situación jurídica nueva para la
parte actora, pasible de control judicial a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Entre tanto, para la parte demandada la resolución
cuestionada es un acto de trámite y, en esa medida, no es demandable ante la
jurisdicción contencioso-administrativa, dado que allí se dio cumplimiento o ejecución
a la decisión adoptada por la Superintendencia de Puertos y Transporte con las
Resoluciones 4672 y 9146 de 2009; 23388 de 2010 y 5087 de 2013, que no estaban
comprendidas en el libelo introductorio.
Por otra parte, la Sala observa que las partes difieren sobre el reconocimiento de los
perjuicios, toda vez que la sociedad demandante es del criterio que en la sentencia
objeto de la alzada: (i) existió un error aritmético en la liquidación efectuada por
concepto de lucro cesante; (ii) faltó el cálculo del daño emergente no consolidado,
periódico, eventual o futuro, y (iii) debió condenarse a la cartera ministerial por los
daños derivados de la afectación al buen nombre del establecimiento comercial, pues,
a pesar de la ausencia de prueba sobre ese particular, era notable que el tiempo fuera
de funcionamiento del negocio repercutía en su relación con los clientes y las demás
empresas dedicadas al mismo objeto comercial. A su turno, el Tribunal consideró que
el dictamen pericial del contador público demostraba las sumas a reconocer por los
conceptos de lucro cesante y daño emergente. Mientras que el Ministerio de
Transporte argumentó que al proceso no se allegó la prueba idónea para demostrar
los perjuicios reclamados en la demanda.
Los cargos se pasarán a resolver en el orden propuesto.
8.4. Alcance del acto demandado
En primer lugar, la Sala deberá definir si el acto demandado, esto es, por medio del
cual el Ministerio de Transporte da cumplimiento a la resolución expedida por la
Superintendencia de Puertos y Transporte, que declaró responsable a un centro de
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diagnóstico automotor por inobservar sus obligaciones y solicitó la cancelación de su
habilitación, es un acto de ejecución o si, por el contrario, es definitivo.
Dar respuesta al anterior interrogante obliga a la Sala a aludir a las normas que para
la época de los hechos regulaban el procedimiento administrativo de cancelación de
la habilitación de los centros de diagnóstico automotor.
8.4.1. De la cancelación de la habilitación de los CDA
8.4.1.1. El artículo 3º del Decreto 2741 de 2001, "Por el cual se modifican los
Decretos 101 y 1016 de 2000", expedido por el Gobierno Nacional, delegó en la
Superintendencia de Puertos y Transporte la competencia para inspeccionar, vigilar y
controlar la aplicación y el cumplimiento de las normas que rigen el sistema de tránsito
y transporte, así:
“ARTÍCULO 3°. Modifica el Artículo del 41 del Decreto 101 de 2000. Derogado
por el art. 28 del Decreto Nacional 2409 de 2018. Modificar el artículo 41 del
Decreto 101 de 2000, adicionado por el artículo 1° del Decreto 1402 de 2000, el
cual quedará así:
"ARTÍCULO 41. Objeto de la delegación. La Supertransporte ejercerá las
funciones de inspección, vigilancia y control que le corresponden al
Presidente de la República como suprema autoridad administrativa en
materia de tránsito, transporte y su infraestructura de conformidad con la
ley y la delegación establecida en este decreto.”. (Énfasis fuera del texto
original).
El artículo 4º del Decreto 2741 de 2001 detalló los sujetos sometidos a inspección,
vigilancia y control de la Superintendencia. En lo que al caso interesa, se encuentran
las entidades que conforman el Sistema Nacional de Transporte, dentro de las cuales
están los CDA como empresas habilitadas para el ejercicio de las funciones que les
corresponden, de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 4°. Modifica el Artículo del 42 del Decreto 101 de 2000. Modificar el
artículo 42 del Decreto 101 de 2000, el cual quedará así:
"ARTÍCULO 42. Sujetos de la inspección, vigilancia y control delegados.
Estarán sometidas a inspección, vigilancia y control de la Supertransporte,
exclusivamente para el ejercicio de la delegación prevista en los artículos 40, 41 y
44 de este decreto o en las normas que lo modifiquen, las siguientes personas
naturales o jurídicas:
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(…)
2. Las entidades del Sistema Nacional de Transporte, establecidas en la ley
105 de 1993, excepto el Ministerio de Transporte, en lo relativo al ejercicio
de las funciones que en materia de transporte legalmente les
corresponden.”. (Énfasis fuera del texto original).
El artículo 6º del mencionado decreto indicó las funciones de la Superintendencia, así:
“ARTÍCULO 6°. Modifica el Artículo del 4 del Decreto 1016 de 2000. Derogado
por el art. 28 del Decreto Nacional 2409 de 2018. Modificar el artículo 4° del
decreto 1016 de 2000, el cual quedará así:
"ARTÍCULO 4°. Funciones. La Superintendencia de Puertos y Transporte, en
consonancia con la Ley 01 de 1991 y de conformidad con los artículos 41 y 44 del
Decreto 101 de 2000 ejercerá las siguientes funciones:
(…)
3. Sancionar y aplicar las sanciones correspondientes por violación a las
normas nacionales, internacionales, leyes, decretos, regulaciones, reglamentos
y actos administrativos que regulen los modos de transporte, en lo referente a la
adecuada prestación del servicio y preservación de la infraestructura de transporte
de conformidad con las normas sobre la materia.”. (Énfasis fuera del texto
original).
El artículo 10 de la norma comentada anunció las atribuciones de la Superintendencia
Delegada de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor, dentro de las cuales resaltan
los numerales 9 y 13, que disponen:
“ARTÍCULO 10. Modifica el Artículo 14 del Decreto 1016 de 2000. Derogado por
el art. 28 del Decreto Nacional 2409 de 2018. Modificar el artículo 14 del Decreto
1016 de 2000, el cual quedará así:
"ARTÍCULO 14. Superintendencia Delegada de Tránsito y Transporte
Terrestre Automotor. Son funciones de la Superintendencia Delegada de
Tránsito y Transporte Terrestre Automotor, sin perjuicio de las que corresponden
a las entidades territoriales y demás autoridades, las siguientes:
(…)
9. Asumir de oficio o a solicitud de cualquier autoridad o persona interesada,
la investigación de las violaciones de las normas relativas a las funciones
de los organismos de tránsito, así como de las relativas al transporte
terrestre de conformidad con la legislación vigente y las demás que se
implementen al efecto.
(…)
13. Sancionar y aplicar las sanciones a que diere lugar en desarrollo de la
labor de inspección, control y vigilancia en materia de transporte terrestre
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automotor y centros de enseñanza automovilística.”. (Énfasis fuera del texto
original).
Ahora bien, el artículo 9 de la Resolución núm. 3500 de 2005, “Por la cual se
establecen las condiciones mínimas que deben cumplir los Centros de Diagnóstico
Automotor para realizar las revisiones técnico-mecánica y de gases de los vehículos
automotores que transiten por el territorio nacional”, expedida por los ministros de
Transporte, y de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial, estableció:
“Artículo 9º. Obligaciones del Centro de Diagnóstico Automotor. Una vez
habilitado el Centro de Diagnóstico Automotor para efectuar las revisiones técnico-
mecánica y de gases de los vehículos automotores del país, deberán cumplir con
las siguientes obligaciones:
1. Expedir Certificados de las revisiones técnico y mecánico y de gases sólo
cuando se haya agotado el procedimiento y las pruebas exigidas en las
Especificaciones Normativas Disponibles y el Registro Único Nacional de
Tránsito, RUNT, haya asignado el número de identificación del mismo.
2. Comunicar al Ministerio de Transporte y a las autoridades competentes
las modificaciones que efectúe el Centro de Diagnóstico Automotor con
respecto a la información acreditada para obtener su habilitación.”. (Énfasis
fuera del texto original).
Finalmente, el artículo 12 del reglamento señalado precisó:
“Artículo 12. Cancelación de la habilitación. Modificado por el art. 2°,
Resolución Conjunta 4062 de 2007 <El nuevo texto es el siguiente> Serán
causales de cancelación de la habilitación de un Centro de Diagnóstico Automotor
por parte del Ministerio de Transporte –Subdirección de Tránsito–, las siguientes:
a) A solicitud escrita del representante legal del Centro de Diagnóstico Automotor;
b) Por cancelación del Certificado de Conformidad expedido por un Organismo de
Certificación o cancelación del acto administrativo de la Superintendencia de
Industria y Comercio que otorgó la acreditación, según el caso;
c) Por incumplimiento de las obligaciones previstas en los numerales 1, 3, 4
y 7 del artículo 9° de la presente resolución.
Parágrafo. El Centro de Diagnóstico Automotor que se le cancele la habilitación
no podrá volver a presentar solicitud dentro de los seis (6) meses siguientes a la
fecha de expedición del acto administrativo por el cual se dio la mencionada
cancelación”. (Énfasis fuera del texto original).
Del marco normativo expuesto se destaca que a la Superintendencia de Puertos y
Transporte le corresponde inspeccionar, vigilar y controlar la aplicación y el
cumplimiento de las normas que rigen el sistema de tránsito y transporte, razón por la
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cual ejerce inspección, vigilancia y control de las entidades que conforman el Sistema
Nacional de Transporte, que incluye, entre otros, a los CDA. Y de forma puntual, a la
Delegada de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor le compete realizar
investigaciones a las personas o entidades vigiladas, evaluar los informes de dichas
inspecciones, así como imponer sanciones y expedir los actos correspondientes.
De igual forma, se resalta que al Ministerio de Transporte le compete cancelar la
habilitación de los centros de diagnóstico automotor en los eventos en que se: (i)
presente solicitud escrita del representante legal del establecimiento de comercio, (ii)
cancele la certificación o acreditación de su funcionamiento, y (iii) demuestre
incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la expedición de certificados de
las revisiones técnico y mecánico y de gases, la vigencia de los registros,
certificaciones y autorizaciones propias de su actividad, la calificación de los
resultados según los parámetros de las revisiones y el correcto uso del código de
acceso a la base de datos del RUNT.
8.4.1.2. Ahora bien, para el caso objeto de estudio, los anteriores preceptos se
concretaron en la expedición de:
1. La Resolución núm. 4672 de 2009, con la cual la Superintendencia de Puertos
y Transporte decidió abrir investigación administrativa en contra del CDA San
Pedro y le formuló cargos.
2. La Resolución núm. 9146 de 2009, mediante la cual el Superintendente
Delegado de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor declaró el
incumplimiento de los deberes y obligaciones contenidos en los numerales 1 y
2 del artículo 9 de la Resolución núm. 3500 de 2005.
3. La Resolución núm. 023388 de 2010, que resolvió el recurso de reposición
interpuesto en contra de la anterior determinación.
4. La Resolución núm. 00005087 de 21 de mayo de 2013, con la cual el
Superintendente de Puertos y Transporte resolvió el recurso de apelación
confirmando la Resolución núm. 9146 de 2009.
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5. Oficio núm. 20143210044412 del 29 de enero de 2014, que remitió al Ministerio
la actuación administrativa ejecutoriada, para que se diera cumplimiento, y
6. La Resolución núm. 0000275 de 2014, a través de la cual el Ministerio de
Transporte, en ejecución de la Resolución núm. 9146 de 2009, canceló la
habilitación al establecimiento de comercio CDA San Pedro.
8.4.1.3. Razones de la nulidad del artículo 12 de la Resolución núm. 3500 de
2005 y efecto en el caso bajo estudio
Además de lo hasta ahora expuesto, en este punto del análisis es indispensable traer
a colación la decisión adoptada por la Sección Primera del Consejo de Estado, con
sentencia de 26 de junio de 2013, notificada por edicto del 30 de julio siguiente,
correspondiente al proceso que se adelantó bajo el radicado núm. 11001 03 24 000
2008 00335 00, por medio de la cual se declaró la nulidad, entre otras disposiciones,
del artículo 12 de la Resolución núm. 3500 de 2005. En dicho pronunciamiento se
consideró lo siguiente:
“Pues bien, de la lectura de la norma se infiere claramente que el CDA que
incumpla con las obligaciones que se le imponen en el artículo 9º de la Resolución
No. 3500 de 2005, es acreedor a una sanción, cual es, la suspensión de la
habilitación siempre que se constate el desconocimiento de las obligaciones
previstas en los numerales 2, 5, 6, 8 y 9 del mentado artículo, o en su caso, la
cancelación de su habilitación, cuando quiera que acontezcan los presupuestos
previstos en los numerales 1º, 3º, 4º y 7º ibídem.
En tal escenario, es evidente que la cancelación de la habilitación o su suspensión,
implica para el propietario del CDA una sanción, pues se vería abocado a
interrumpir de manera provisional o indefinida la prestación del servicio de revisión
técnico-mecánica y de gases. Siendo ello así, es claro que se trata de una
consecuencia jurídica de orden sancionatorio frente a la comisión de supuestos
de hecho que los mismos actos censurados crean.
Así las cosas, no coincide la Sala con los argumentos de las apoderadas de los
Ministerios cuando afirman que al no constituirse en multas las consecuencias del
incumplimiento de los deberes de parte de los CDA, por ello no tienen la entidad
de sanción, dado que estas pueden no contener de manera directa un resultado
pecuniario, pero pueden, como en este caso, redundar en castigos que impiden el
desarrollo del ejercicio de su actividad, lo que puede tornarse más grave.
En tal contexto, como se tiene entonces claro el que los artículos 11 y 12 de la
Resolución No. 3500 de 2005, están imponiendo sanciones, es menester
referirnos ahora a la competencia que para esos efectos tiene la Administración,
dado que el demandante alude al exceso en su potestad reglamentaria arguyendo
que tal facultad radica en el Congreso de la República.
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Debe entonces esta Sala expresar que coincide totalmente con el cargo de
nulidad que puso a consideración el demandante, toda vez que ya han sido
múltiples los pronunciamientos en los que se ha establecido que el principio
de legalidad debe verse reflejado no sólo en cuanto a la imposición de las
sanciones sino en cuanto a la conducta sancionable. Y ello es así,
atendiendo a que sólo el Legislador puede crear conductas merecedoras de
sanción y por supuesto, establecer el contenido de éstas últimas.
(…)
Es preciso ahora remitirse al argumento expuesto por el Ministerio de Transporte
cuando afirmó que de conformidad con lo que expone el numeral 13 del artículo
14 del Decreto 1016 de 2000 modificado por el Decreto 2741 de 2001, los dos
expedidos por el Presidente de la República, la Superintendencia de Puertos y
Transporte tenía competencia para sancionar a los CDA, y por ello los cargos de
exceso en la reglamentación de la Ley 769 de 2002 en cuanto a la potestad
sancionatoria, carecen de fundamento.
Pues bien, de cara a lo aludido por el citado Ministerio debe la Sala aclararle a
dicho ente que la potestad para aplicar las sanciones puede radicar en cabeza
del ejecutivo, como aparece dispuesto no sólo en el numeral 13 del artículo 14
del Decreto 1016 de 2000, sino en sus artículos 4 numeral 3, y 7 numeral 3, pero
que en modo alguno puede invocar la facultad sancionadora para crear
conductas objeto de sanción o crear la sanción respectiva, toda vez que
como se dijo, esta es una competencia exclusiva del Congreso de la
República dado el carácter restrictivo que implica la creación de este tipo de
normas.
(…)
Bajo tales premisas, debe la Sala declarar la nulidad de los artículos 11 y 12 de la
Resolución No. 3500 de 2005 modificado el último por el artículo 2º de la
Resolución No. 4062 de 2007.”. (Énfasis fuera del texto original).
Como se acaba de ver, esta Sección declaró la nulidad del artículo 12 de la Resolución
núm. 3500 de 2005 debido al desconocimiento del principio de legalidad, pues
entendió que, aunque a la administración le estaba dada la facultad de aplicar
sanciones, de ninguna forma se le permitía crear conductas objeto de sanción,
comoquiera que esa capacidad es exclusiva del Congreso de la República.
Por consiguiente, para la Sala resulta evidente que, con la sentencia del 26 de junio
de 2013, las causales de cancelación de la habilitación de los CDA desaparecieron
por completo del ordenamiento jurídico y, de contera, la potestad sancionatoria
atribuida a la cartera ministerial, sin que, como se vio del marco normativo antes
expuesto, pueda entenderse trasladada o asignada a otra entidad, como la
Superintendencia.
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En ese orden, para el momento en que se expidió la Resolución núm. 0000275 de
2014, el Ministerio carecía de competencia para sancionar a los CDA con la
cancelación de la habilitación.
Así, la Sala advierte que, con motivo de la declaratoria de nulidad del artículo 12 de la
Resolución núm. 3500 de 2005, el acto demandado en el proceso de la referencia se
configura claramente como definitivo. En dicho acto, con fundamento en un supuesto
de hecho que para ese momento era una causal de sanción inexistente y, se insiste,
sin contar con el poder sancionatorio correspondiente, el Ministerio de Transporte
tomó la decisión que conllevó a la cancelación de la habilitación del CDA San Pedro.
Y la demanda no surge del procedimiento administrativo propiamente sino como
consecuencia de la nulidad declarada por el Consejo de Estado, que propicia el
carácter enjuiciable de la Resolución núm. 0000275 de 2014. Dicho de otra forma, la
decisión judicial le imprimió autonomía y posibilitó el control judicial.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 43 del CPACA, la jurisprudencia de la
Sección ha señalado que son actos definitivos los que deciden directa o
indirectamente el fondo del asunto o hacen imposible continuar con la actuación14.
En ese contexto, se advierte que únicamente las decisiones de la administración
producto de la conclusión de un procedimiento administrativo o los actos de trámite
que hacen imposible la continuación de esa actuación, son susceptibles de control de
legalidad por parte de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de modo tal que los
actos distintos de los antes señalados se encuentran excluidos de dicho control.
Bajo esta premisa, en principio, podría pensarse que cualquier discusión acerca de la
legalidad de la decisión censurada estaría llamada a ser descartada, en consideración
a que se trata de un acto que en apariencia solamente ejecuta la actuación
administrativa; es decir, se trataría de un acto administrativo de ejecución, no
susceptible de control judicial.
14 Ver entre otras providencias la del 12 de septiembre de 2019. Radicación número: 25000-23-41-000-
2019-00082-01. Actor: ECOPETROL S.A. y EQUION ENERGÍA LIMITED. Demandado: NACIÓN –
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y AUTORIDAD NACIONAL DE
LICENCIAS AMBIENTALES. Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López.
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No obstante, la Sala no pasa por alto que, producto de la sentencia de esta Sección,
antes referida, por medio de la cual se declaró la nulidad del artículo 12 de la
Resolución núm. 3500 de 2005, el acto demandado adquirió vocación para el control
judicial en la medida en que la expulsión del ordenamiento jurídico de la norma
comentada modificó el procedimiento administrativo y, de contera, el acto de la
Superintendencia a ejecutar, comoquiera que ya no era viable que el Ministerio
procediera a cumplir con la solicitud de cancelación de la habilitación del CDA San
Pedro con motivo de la declaratoria de responsabilidad.
En efecto, la Sala considera que el acto administrativo acusado es pasible de control
de legalidad ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, habida cuenta que
a través de él se modificó y afectó directamente la situación jurídica para la sociedad
demandante. La decisión judicial impactó la estructura y el orden de la reglamentación
sobre la materia objeto de estudio, al tiempo que se configuró como una circunstancia
especial que tornó en definitivo el acto censurado.
El orden cronológico de los hechos probados jurídicamente relevantes para el
presente caso permiten entender mejor la importancia y el efecto de la declaratoria de
nulidad comentada. Se insiste en que:
1. A través de la Resolución núm. 9146 de 2009, el Superintendente Delegado de
Tránsito y Transporte Terrestre Automotor declaró responsable al CDA San Pedro por
incumplir los deberes y obligaciones establecidos en los numerales 1 y 2 del artículo
9 de la Resolución núm. 3500 de 2005. Dicha decisión fue confirmada mediante la
Resolución núm. 023388 de 2010, que resolvió el recurso de reposición interpuesto.
2. Posteriormente, con la Resolución núm. 00005087 del 21 de mayo de 2013, el
Superintendente de Puertos y Transporte resolvió el recurso de apelación,
confirmando la Resolución núm. 9146 de 2009.
3. Más adelante, la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 26
de junio de 2013, notificada por edicto el 30 de julio del mismo año, dentro del proceso
radicado núm. 11001 03 24 000 2008 00335 00, declaró la nulidad, entre otras
disposiciones, del artículo 12 de la Resolución núm. 3500 de 2005.
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4. Luego, mediante oficio n.º 20143210044412 del 29 de enero de 2014, la
Superintendencia remitió al Ministerio la actuación administrativa ejecutoriada para
que en “virtud del artículo 12 de la Resolución 3500 de 2005, modificado por el artículo
8 de la Resolución 2200 de 2006, a su vez modificado por el artículo 2, Resolución
4062 de 2007, [procediera a] cancelar la habilitación de CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR SAN PEDRO de propiedad de la sociedad PEREZ REYES & CIA
LTDA”.
5. Finalmente, el Ministerio de Transporte, en ejecución de la Resolución núm.
9146 de 2009, expidió la Resolución núm. 0000275 de 2014, cancelando la
habilitación del establecimiento de comercio CDA San Pedro.
Lo expuesto demuestra y constituye un motivo suficiente para considerar que, como
excepción a la regla general, según la cual los actos de ejecución no son objeto de
control judicial, cuando exista una sentencia judicial con declaratoria de nulidad de las
normas sobre facultades, cuyos efectos irradien el procedimiento administrativo de
manera que alteren las situaciones jurídicas de los administrados, los actos que de
forma inicial pueden entenderse como de ejecución, podrían llegar a ser susceptibles
de control judicial siempre que exista una modificación parcial o total de lo dispuesto
en el acto ejecutado.
En suma, por estar probado que el Ministerio de Transporte no tenía competencia para
expedir el acto objeto de la presente controversia, se colige que el Tribunal acertó al
declarar la nulidad.
8.4.1.4. Actuación de la Superintendencia y la vigencia de la habilitación del
CDA
En ese contexto, es necesario poner de presente que la decisión administrativa
adoptada por la Superintendencia en la Resolución núm. 9146 de 2009, que declaró
de responsabilidad del CDA San Pedro por el incumplimiento de las obligaciones
contenidas en los numerales 1 y 2 del artículo 9 de la Resolución núm. 3500 de 2005,
no perdió su sustento, comoquiera que las normas que contienen tales deberes no se
declararon nulas.
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Bajo esa lógica, observa la Sala que el artículo 10 de la Resolución núm. 3500 de
2005 condiciona la habilitación de los CDA al cumplimiento de los requisitos señalados
en la misma resolución y a las auditorías de seguimiento y control, toda vez que se
trata de la prestación de un servicio público esencial para la seguridad ciudadana.
Dice así la norma en cuestión:
“Artículo 10. Vigencia de la habilitación. La habilitación de los Centros de
Diagnóstico Automotor es indefinida, pero la misma estará condicionada al
cumplimiento de los requisitos señalados en esta resolución y a las auditorías de
seguimiento y control efectuadas por el organismo de acreditación –
Superintendencia de Industria y Comercio o quien haga sus veces– que le otorgó
el reconocimiento como organismo de inspección con alcance a lo establecido en
la presente disposición.”.
Pues bien, en este punto de análisis, resulta necesario identificar las razones que
sustentaron las resoluciones sancionatorias expedidas por la Superintendencia.
Veamos el contenido de tales actos.
1. Resolución núm. 4672 de 2009, por medio de la cual la Superintendencia de Puertos
y Transporte decidió abrir investigación administrativa en contra del CDA San Pedro:
“ANTEDECENTES
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Decreto 101 de 2000,
modificado por el Decreto 2741 de 2001, se delega en la Superintendencia de
Puertos y Transporte SUPERTRANSPORTE, la función de inspeccionar, vigilar y
controlar la aplicación y el cumplimiento de las normas que rigen el sistema de
Tránsito y Transporte.
Acorde con lo preceptuado en el artículo 42 del Decreto 2741 de 2001, son sujetos
de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Puertos y Transporte
“Supertransporte”, las entidades que conforman el Sistema Nacional de
Transporte establecidas en el artículo 1° de la ley 105 de 1993, el cual está
integrado entre otras, por personas jurídicas con fin de ánimo de lucro, las
empresas unipersonales y las personas naturales que presten el servicio público
de transporte.
En el Decreto 1016 del 06 de junio de 2000, modificado por el Decreto 2741 de
2001 “se modifica la estructura de la Superintendencia de Puertos y Transporte” y
se otorga a la Superintendencia Delegada de Tránsito y Transporte Terrestre
Automotor la competencia para “coordinar y ejecutar la realización de (...)
investigaciones que se deban efectuar a las personas o entidades vigiladas,
evaluar el análisis de los informes de tales inspecciones”, así como “imponer las
sanciones y expedir los actos administrativos a que diere lugar en vigilancia en
materia de tránsito y transporte.
Que el párrafo tercero del Artículo 3 de la Ley 769 de 2002 establece que serán
vigiladas y controladas por la Superintendencia de Puertos y Transporte las
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autoridades, los organismos de tránsito, las entidades públicas o privadas que
constituyan organismos de apoyo.
Que el CDA SAN PEDRO, Con matrícula mercantil No. 142007, de propiedad de
la Sociedad "PEREZ REYES & CIA LTDA", identificada con el NIT No. 830512130-
8, se encuentra bajo la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de
Puertos y transporte por ser un organismo de apoyo.
Que mediante Memorando No. 08-2-8821 de noviembre 7 de 2008, el
Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor, Andrea
del Pilar Ramos Aldana, Oscar Hernando Motta Valencia y Luis Miguel de la
Delegada de Tránsito, para efectos de practicar visitas de inspección los días 10
al 12 de noviembre de 2008 a los centros de diagnóstico automotor ubicados en
la ciudad de Bucaramanga (Santander).
Que los comisionados por esta mencionada visita, tal como consta en el acta del
once (11) de noviembre de 2008, son CARLOS ANDRES PEREZ REYES,
PATRICIA ALARCON G., Coordinadora del CDA, JANNAKY efectos de la
presente Resolución lo siguiente:
(...)
Después de analizada la documentación lista de chequeo de acuerdo a lo
establecido en la NTC 5365, NTC 5835, NTC 4983, NTC 4231, NTC 4194, durante
la visita al CDA SAN PEDRO el día 11 de noviembre de 2008, el Grupo
comisionado para la visita puede concluir lo siguiente:
11.1. En la lectura realizada a la póliza de RCE allegada durante la visita; no se
evidencia de manera tácita ni expresa que esta sea para el CDA SAN PEDRO.
Dado caso que refiere como asegurado la sociedad PEREZ REYES & CIA LTDA,
indicando que dicha sociedad posee otros establecimientos distintos al CDA.
Luego se recomienda al CDA SAN PEDRO, realice la aclaración respectiva ante
la aseguradora.
11.2. Se evidencia de lectura realizada por quienes atienden la visita en el CDA;
que se encuentran sin vigencia a la fecha. Este hecho genera como consecuencia
que el CDA SAN PEDRO, no posee contrato de Mantenimiento preventivo ni
correctivo desde el 1° de octubre de 2008.
11.3. Se revisó aleatoriamente algunos informes de resultados de las revisiones
Técnico Mecánica y de Gases, logrando evidenciar que, en la prueba de opacidad,
la diferencia aritmética entre los valores mayores y menores de humo promedio
máximo en 0,5 segundos de los tres ciclos de ensayo excede el 5% de opacidad,
a pesar de esto la prueba es aprobada, incumpliendo los criterios de validación
del ensayo establecidos en la Norma Técnica Colombiana 4231 numeral 3.4.2 y
3.4.3. El grupo comisionado para la visita de inspección y auditoría lleva como
evidencia los siguientes formatos Uniforme de resultados de las revisiones de
Técnico Mecánico y de gases así.
11.4. Revisados aleatoriamente algunos formatos uniformes de resultados de la
revisión técnico mecánica y de gases, se encontró que no emiten el resultado de
la prueba de desviación lateral. Siendo importante el resultado para verificar que
se realizó la evaluación de desviación lateral y comprobar su cumplimiento con los
parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana 5375 numeral 6.10.2.
Durante la visita manifestaron inconvenientes con el equipo de desviación lateral,
a pesar de esto seguían aprobando vehículos, sin lograr determinar el
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cumplimiento de los parámetros de la prueba de desviación lateral establecidos
en la NTC 5375 numeral 6.10.2. Ya que en el formato uniforme de resultados no
se evidencia el resultado de dicha prueba.
11.5. Los equipos: alineador de luces probador de taxímetro no se les encontró
número de serie. El número de serie de los equipos: desviación lateral, detector
de holguras y opacímetro de la línea de inspección para vehículos livianos, y los
equipos: frenómetro, medidor de suspensión, frenómetro, analizador de gases de
la línea de inspección para motos no corresponden al número de serie relacionado
en la resolución de habilitación número 004567 de 31 de octubre de 2007.
11.6. Se recomienda establecer una referencia para garantizar la medida
requerida entre el luxómetro y los faros del vehículo a inspeccionar en la
realización de la prueba de intensidad e inclinación de luces.
11.7. Se evidenció durante la visita in situ al CDA que ha realizado cambios de
(los equipos opacímetro y un analizador de gases) y no han sido informados al
ente certificados para su respectivo trámite ante el Ministerio de Transporte, de
acuerdo a lo establecido en la Resolución 3500 de 2005, artículo 9°.
11.8. De acuerdo a la revisión de la base no se encuentra encriptada, actualmente
recomienda al CDA encriptar la fotografía que se archiva en el sistema con una
marca de agua que contenga los principales datos del vehículo: placa, fecha y
hora. De acuerdo a lo establecido en la NTC 5385 numeral 6.1.1 y 6.1.6.
11.9. Las cámaras fotográficas manejadas por los operarios no se ajustan de
manera adecuada previo a la captura, se recomienda ajustar el ángulo y el zoom
antes de finalizar el proceso, para que permita la visualización total del vehículo
de la placa.
11.10 De acuerdo a la revisión visual de los documentos soporte de las hojas de
vida del personal del área técnica, se evidenció que el convenio de trabajo firmado
por el ingeniero Laureano Martínez, especifica la profesión de ingeniero
Mecatrónico pero no de la actividad o función que debe cumplir dentro del CDA
SAN PEDRO. Se recomienda hacer la respectiva aclaración.
11.11 Durante la visita y la revisión de la documentación se evidenció que la
inclusión en la nómina de los operarios: Carlos Mendoza y Javier Leonardo
Solano; y del ingeniero Laureano Martínez no ha sido notificada al ente certificador
para su correspondiente traslado al Ministerio de Transporte. Incumpliendo el
artículo 9 Numeral 2 de la resolución 3500 de 2005 en concordancia con la
resolución 2200 de 2006.
11.12 Después de la revisión de la documentación por el grupo comisionado para
la visita de inspección, se evidenció que el CDA SAN PEDRO no tiene certificado.
11.13 No se evidencia un cerramiento perimetral en el CDA que contenga todas
las instalaciones. Ya que durante la visita in situ se observó los parqueaderos de
post revisión y parqueaderos de pre revisión fuera de las instalaciones; dado que
no se observa con certeza delimitado, en qué parte termina las instalaciones de la
estación de servicio SAN PEDRO y en donde comienza las instalaciones del CDA
SAN PEDRO.
11.14 El CDA San Pedro, no tiene suscrito de manera fáctica ni expresa con los
usuarios un contrato de confidencialidad, como lo establece el artículo 6 de la
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Resolución 3500 de 2005. Que dentro del expediente obran y se ordena tener
como pruebas las siguientes:
1. Visita de inspección realizada el día 11 de noviembre de 2008, al CDA SAN
PEDRO, con la respectiva documentación recaudada.
2. Las demás que sirvan para esclarecer los hechos materia de investigación.
FORMULACIÓN DE CARGOS.
CARGO PRIMERO.- Que el CENTRO DE DIAGNÓSTICO SAN PEDRO,
presuntamente faltó a su deber de comunicar al Ministerio de Transporte y a las
autoridades competentes las modificaciones a las condiciones presentadas al
momento de la obtención de la habilitación, tal y como sucede al no informar el
cambio de personal y equipos al Ente Certificador y/o Ministerio de Transporte.
Por lo que presuntamente incurrió en irregularidades al incumplir lo dispuesto en
la siguiente normatividad
RESOLUCIÓN 3500 DE 2005
ARTÍCULO 9. OBLIGACIONES DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO
AUTOMOTOR.- Una vez habilitado el Centro de Diagnóstico Automotor para
efectuar las revisiones técnico-mecánicas y de gases de los vehículos
automotores del país, deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
(...)
2. Comunicar al Ministerio de Transporte y a las autoridades competentes las
modificaciones que efectúe el Centro de Diagnóstico Automotor con respecto a la
información acreditada para obtener su habilitación.
CARGO SEGUNDO: De la misma manera se ve inmerso en la conducta tipificada
en el numeral 1° del Artículo 9° de la resolución 3500 de 2005, al expedir
certificados de RTM y G sin haber agotado el procedimiento tal y como lo
establece la siguiente normatividad.
ARTÍCULO 9. OBLIGACIONES DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO
AUTOMOTOR.- Una vez habilitado el Centro de Diagnóstico Automotor para
efectuar las revisiones técnico-mecánicas y de gases de los vehículos
automotores del país, deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
1. Expedir Certificados de las revisiones técnico mecánico y de gases sólo cuando
se haya agotado el procedimiento y las pruebas exigidas en las Especificaciones
Normativas Disponibles y el Registro Único Nacional de Tránsito -RUNT haya
asignado el número de identificación del mismo.
CARGO TERCERO: EL CDA SAN PEDRO, presuntamente transgredió una
norma legal por cuanto no posee póliza de responsabilidad civil extracontractual,
tal y como lo establece el artículo 6 de la resolución 3500 de 2005, modificado por
el artículo 3° de la resolución 2200 de 2006, vulnerando el numeral 8° del artículo
9° de la misma normatividad.
De la misma manera, es de notar que, en el CDA, la no suscripción de la cláusula
norma técnica y la demarcación de los delegada (sic) que son aspectos que son
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susceptibles de subsanar, no queriendo decir que en caso de que se demuestre
la una investigación por estos hechos.
En mérito de lo expuesto este despacho:
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la Apertura de Investigación Administrativa al
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR SAN PEDRO, por la presunta
violación del Artículo 9, numerales 1° y 8° de la Resolución 3500 de 2005; de
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente del contenido de la presente
Resolución por conducta de la Secretaría General de la Superintendencia de
Puertos y Transporte, al Representante Legal o quien haga sus veces de la
sociedad PEREZ REYES & CIA LTDA, propietaria del CENTRO DE
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR SAN PEDRO, con domicilio en el Kilómetro 7 vía
Bucaramanga - Piedecuesta (Santander), o en su defecto por edicto de
conformidad con los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo.
Constancia de la Notificación deberá ser remitida a la Delegada de Tránsito y
Transporte de la Superintendencia de Puertos y Transporte, para que obre en el
expediente.
ARTÍCULO TERCERO: Una vez notificada, correr traslado por el término de diez
(10) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del presente
acto administrativo al CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR SAN PEDRO,
para que responda por escrito los cargos formulados y solicite las pruebas que
considere pertinentes.
ARTÍCULO CUARTO: Ténganse como pruebas las relacionadas en la parte
motiva de la presente Resolución y prácticas las ordenadas en esos acápites.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución no procede Recurso alguno.”.
2. Resolución núm. 9146 de 2009, que declaró responsable al CDA San Pedro, por
haber incumplido los deberes y obligaciones contenidos en los numerales 1 y 2 del
artículo 9 de la Resolución núm. 3500 de 2005:
“Consideraciones del Despacho
Con el fin de adentrarnos sobre el fondo de la presente investigación y observado
que no existe acto irregular o vicio de procedimiento que invalide lo actuado se
harán unas precisiones sobre el marco normativo respecto de los deberes que se
han extraído por parte de la Delegada en la operación del control de diagnóstico
automotor investigado.
Ha establecido la Resolución 3500 de 2005 modificada por la Resolución 2200 de
2006 expedida por el Ministerio de Transporte, que se harán acreedores a la
sanción de suspensión o cancelación de la habilitación según el caso se presente
un incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 9 de la Resolución
3500 de 2005.
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Entonces la suspensión de la habilitación de un centro de diagnóstico automotor
procede por el incumplimiento de las obligaciones señaladas en los numerales 2,
5, 6, 8 y 9 del artículo 9 de la Resolución 3500 de 2005.
2. Comunicar al Ministerio de Transporte y a las autoridades competentes las
modificaciones que efectúe el Centro de Diagnóstico Automotor con respecto a la
información acreditada para obtener su habilitación.
5. Almacenar y custodiar los documentos individuales que contengan fecha de
inclusión de la información asignada a la placa de los vehículos, fecha en que se
realizó las revisiones. Los discos, opciones, deben ser legibles con características
de no borrables ni modificables para que la información que envíen los certificados
de las revisiones técnico mecánicas y de gases que expidan y de todos los
informes de resultados de las revisiones efectuadas en el Centro, de acuerdo con
los parámetros que para el efecto establezca el Registro Único Nacional de
Tránsito - RUNT.
6. Reportar por medios electrónicos en línea y tiempo real al Registro Único
Nacional de Tránsito RUNT, las revisiones efectuadas a todos los vehículos con
las características y en la oportunidad exigida por este, además de: la conectividad
que garantice la transferencia de la información.
8. Mantener vigente la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual de que
trata el literal d) del Artículo 6° de esta resolución.
9. Reportar por escrito ante las autoridades competentes las inconsistencias que
se presenten entre la información documental del vehículo frente a la confirmación
física del mismo.
En cuanto a la cancelación de la habilitación señala el artículo 12 de la Resolución
3500 de 2005, modificado por el artículo 6 de la Resolución 2200 de 2008, a su
vez modificado por el artículo 2, Resolución 4062 de 2007; que procede entre otras
causales no sancionatorias, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas
en los numerales 1, 3, 4 y 7 del artículo 9 de la Resolución 3500 de 2005:
1. Expedir Certificados de las revisiones técnico mecánica y de gases sólo cuando
se haya agotado el procedimiento y las pruebas exigidas en las Especificaciones
Normativas Disponibles y el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, haya
asignado el número de identificación del mismo.
3. Mantener vigentes los registros, certificaciones y autorizaciones propias de su
actividad expedidas por las autoridades competentes.
4. Consolidar los resultados según los parámetros de las revisiones técnico-
mecánicas y de gases establecidos en esta resolución.
7. Hacer adecuado uso del código de acceso a la base de datos del Registro Único
Nacional de Tránsito, RUNT.
Así dentro de este marco se debe proceder a analizar todos y cada uno de los
hechos que son la base de la formulación de cargos. Revisado el informe
presentado por las personas que por esta delegada practicaron la visita se
concluye que encontraron las siguientes transgresiones a la norma los cuales
fueron consignados en los cargos así:
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Respecto del cargo tercero:
11.1. En la lectura realizada a la póliza de RCE allegada durante la visita, no se
evidencia el seguro válido ni expresa que esta sea para el CDA SAN PEDRO.
Dado caso que refiere como asegurado la sociedad PEREZ REYES & CIA LTDA.,
indicando que dicha sociedad posee otro establecimiento distinto al CDA. Luego
se recomienda al CDA SAN PEDRO, realice la aclaración respectiva ante la
aseguradora.
Respecto del cargo segundo:
11.3. Se revisó aleatoriamente algunos informes de resultados de las revisiones
Técnico Mecánicas y de Gases, logrando evidenciar que en la prueba de
opacidad, la diferencia aritmética entre los valores promedio es menor, a pesar de
que se registró con los valores permitidos, según la Norma Técnica Colombiana
4231 numeral 3.4.1, que establece como el limitante el umbral de opacidad.
11.4. Revisados aleatoriamente algunos formatos uniformes de resultados de la
revisión técnico mecánica y de gases, se encontró que no emiten el resultado de
la prueba de desviación lateral. Siendo importante el resultado para verificar que
se realizó la evaluación de desviación lateral y comprobar su cumplimiento con los
parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana 5375 numeral 6.10.2.
Durante la visita manifestaron inconvenientes con el equipo de desviación lateral,
a pesar de esto seguían aprobando vehículos, sin lograr determinar el
cumplimiento de los parámetros de la prueba de desviación lateral establecidos
en la NTC 5375 numeral 6.10.2. Ya que en el formato uniforme de resultados no
se evidencia el resultado de dicha prueba.
Respecto del cargo primero:
11.5. Los equipos: alineador de luces, probador de taxímetro no se les encontró
número de serie. El número de serie de los equipos: desviación lateral, detector
de holguras y opacímetro de la línea de inspección para vehículos livianos, y los
equipos: frenómetro, medidor de suspensión, frenómetro, analizador de gases de
la línea de inspección para motos no corresponden al número de serie relacionado
en la resolución de habilitación número 004567 de 31 de octubre de 2007.
11.6. Durante la visita y revisión de la documentación se evidenció que la inclusión
en la nómina de los operarios: Carlos Mendoza y Javier Leonardo Solano; y del
ingeniero Laureano Martínez no ha sido notificada al ente certificador para su
correspondiente traslado al Ministerio de Transporte. Incumpliendo el artículo 9
Numeral 2 de la resolución 3500 de 2005 en concordancia con la resolución 2200
de 2006.
Entonces, establecidos como están los cargos sustentados en los hechos
señalados, se hace necesario de acuerdo con las pruebas obrantes en el
expediente, establecer si los hechos se encuentran debidamente probados.
En primera medida respecto a los series de los equipos que no corresponden a
los señalados en la Resolución de habilitación No 004567 de 31 de Octubre de
007, se observa que los series de los equipos reseñados en la citada resolución
son totalmente diferentes a los encontrados en la visita y que se mencionan a folio
007 del tomo 1 del expediente, pero el hecho irregular que constituye
incumplimiento de los deberes señalados en el artículo 9 de la resolución 3500 de
2005, es no haber comunicado al Ministerio de Transporte el cambio de los
equipos.
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Ahora señala el Centro investigado en el escrito de descargos que se comunicó al
Ministerio una vez se evidenció por parte de esta Superintendencia que los
equipos con que se encontraba prestando el servicio, no eran los mismos equipos
que se habían inscrito con la Resolución de habilitación.
Pero la obligación de comunicar los cambios no nace con la visita de la
Superintendencia, ella nace y se hace exigible cuando se da el cambio de equipos
o personal; luego el hecho de no comunicar constituye una irregularidad
sancionable a la luz de la Resolución 3500 de 2005 y Resolución 2200 de 2008;
más aun cuando a pesar de haber ocurrido el cambio de los equipos y personal
solamente se informa hasta el mes de enero de 2009; pasados dos meses de
evidenciar esta Delegada la irregularidad y tiempo mucho después de haber
ocurrido el hecho que impone el deber de comunicar.
Respecto del no haberse comunicado el cambio de personal se debe tener en
cuenta lo ya dicho sobre la obligación que tiene el centro de comunicar al
Ministerio de Transporte las modificaciones que efectúe el Centro de Diagnóstico
Automotor con respecto a la información acreditada para obtener su habilitación.
Por otro lado, sobre los hechos del segundo cargo, los formatos uniformes de
resultados de la RTMyG obrantes a folios 249, 250 y 251, se evidencia que la
prueba de opacidad de los automotores (placas XVH234, SUD129, BVK931)
sobrepasan el límite del 5% para que constituyera un defecto por el cual se debía
rechazar el vehículo por el contrario generando la aprobación de los mismos.
Adicional a lo anterior da cuenta el acta de visita del 11 de noviembre de 2008 al
CDA investigado, que el equipo que mide la desviación lateral no emite el
resultado de ese ítem, a pesar de ello siguen aprobando vehículos, sin lograr
determinar el cumplimiento de los parámetros de la prueba de desviación lateral
establecidos en la NTC 5375 numeral 6.10.2, y ello se evidencia de los formatos
uniformes de resultados obrante a folio 241, 242, 243, 245, 246, 247, 248, 249,
250, 251, 252 y 253. De lo cual se puede concluir que el centro investigado expidió
Certificados de las revisiones técnico mecánica y de gases sin que se haya
agotado el procedimiento y las pruebas exigidas en las Especificaciones
Normativas Disponibles, ya que no se realizó la prueba de desviación lateral.
Ante estos cargos y pruebas el centro investigado las rebate manifestando que
solicitó con el proveedor de los equipos las correcciones del software y de los
equipos mismos, anexando unos formatos uniformes de resultados para
evidenciar que se había corregido, lo cual es bueno para que no siga ocurriendo
la misma irregularidad, pero el hecho investigado y que configura la irregularidad
ha quedado comprobado, y debe ser objeto de sanción.
En cuanto al cargo tercero es necesario mirar cuál fue el hecho hallado en la visita
cual es la norma presuntamente vulnerada para determinar si hay la
compatibilidad jurídica necesaria para sancionar o exonerar.
Se encontró que: 11.1. En la lectura realizada a la póliza de RCE allegada durante
la visita; no se evidencia de manera tácita ni expresa que esta sea para el CDA
SAN PEDRO. Dado caso que refiere como asegurado la sociedad PEREZ REYES
& CIA LTDA., indicando que dicha sociedad posee otros establecimientos distintos
al CDA. Luego se recomienda al CDA SAN PEDRO, realice la aclaración
respectiva ante la aseguradora.
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La norma señalada como presuntamente vulnerada con esta conducta que sirve
de base para constituir el cargo es el incumplimiento del numeral 8, del artículo 9
de la Resolución 3500 de 2005:
ARTÍCULO 9.- OBLIGACIONES DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO
AUTOMOTOR.- Una vez habilitado el Centro de Diagnóstico Automotor para
efectuar las revisiones técnico-mecánicas y de gases de los vehículos
automotores del país, deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
...
8. Mantener vigente la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual de que
trata el literal d) del Artículo 6° de esta resolución.
De esta manera se evidencia, que lo hallado en la visita no fue la falta de vigencia
de la respectiva póliza, sino más bien que el asegurado era la sociedad PEREZ
REYES & CIA LTDA. y que como ella aclarara que lo era solo para el CDA, hecho
que no lo exige la norma citada, ya que solo exige la vigencia del mismo.
Por lo tanto, al respecto no hay responsabilidad del centro investigado.
En mérito de lo expuesto este despacho:
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable a CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR SAN PEDRO de propiedad de la sociedad PEREZ REYES & CIA
LTDA con Nit 830512130-8, de haber incumplido los deberes y obligaciones
contenidos en los numerales 1 y 2 del artículo 9 de la Resolución 3500 de 2005,
de acuerdo con la parte motiva de la presente Resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: En virtud del artículo 12 de la Resolución 3500 de 2005,
modificado por el artículo 8 de la Resolución 2200 de 2006, a su vez modificado
por el artículo 2, Resolución 4062 de 2007, solicitar al Ministerio de transporte la
cancelación de la habilitación de CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
SAN PEDRO de propiedad de la sociedad PEREZ REYES & CIA LTDA con Nit
830512130-8, por haber incumplido los deberes y obligaciones contenidos en los
numerales 1 y 2 del artículo 9, de la Resolución 3500 de 2005 de acuerdo con la
parte motiva de la presente Resolución.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente
Resolución por conducto de la Secretaría General de la Superintendencia de
Puertos y Transporte, a CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SAN
PEDRO de propiedad de la sociedad PEREZ REYES & CIA LTDA con Nit
830512130-8, por intermedio de su representante legal JOSE PÉREZ PINTO, o
quien haga sus veces, en la 'en la KM. 7 BUCARAMANGA PIEDECUESTA
INTERIOR 1 municipio de PIEDECUESTA - SANTANDER; de acuerdo a lo
establecido en el artículo 44 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.
Copia de la comunicación a que refiere el precitado artículo y la constancia de
recibido de la misma, deberá remitirse a esta delegada, para que haga parte del
expediente, así como también el acta de notificación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de
reposición ante el Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte Terrestre
Automotor y subsidiariamente el recurso de apelación ante el Superintendente de
Puertos y Transporte de los cuales podrá interponerse dentro de los cinco (5) días
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hábiles siguientes a la Notificación personal de la presente resolución o a la
desfiguración del edicto según el caso.
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente Resolución remítase en copia
autenticada al Ministerio de Transporte, para su conocimiento y efectos.”.
3. Resolución núm. 023388 de 2010, resolvió el recurso de reposición interpuesto.
4. Resolución núm. 00005087 de 21 de mayo de 2013, el Superintendente de Puertos
y Transporte resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución núm. 9146
de 2009:
“MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
RESOLUCIÓN NO. 00005087 DE (21 MAYO 2013)
POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO EN
CONTRA DE LA RESOLUCIÓN 00914 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2009, POR
MEDIO DE LA CUAL SE FALLA UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA AL
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SAN PEDRO DE PROPIEDAD DE
LA SOCIEDAD REYES & CIA LTDA, NIT 830512130-8
EL SUPERINTENDENTE DE PUERTOS Y TRANSPORTE
En ejercicio de las facultades legales y en especial las que le confiere el artículo
41, 42 y 44 del Decreto 101 de 2000, los numerales 3 y 18 del artículo 7 y
numerales 9 y 13 del artículo 14 del Decreto 1016 de 2000, modificados por el
Decreto 2741 de 2001, Decreto 3366 de 2003, Ley 105 de 1993, Ley 336 de 1996,
I. HECHOS
1. Los días 11 y 12 de noviembre del año 2008, la Superintendencia de Puertos y
Transporte, realizó una visita de inspección al CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR SAN PEDRO de propiedad de la SOCIEDAD REYES & CIA LTDA,
NIT 830512130-8.
2. Como consecuencia de dicha visita se hallaron diversas irregularidades, los que
dieron el sustento para lo siguiente:
II. DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
2.1 El 31 de marzo de 2009, la Superintendencia de Puertos y Transporte,
mediante Resolución 004672, abrió investigación administrativa y se formularon
cargos al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SAN PEDRO de propiedad
de la SOCIEDAD REYES & CIA LTDA, NIT 830512130-8, que le fueron impuestos
los cargos correspondientes a la presunta violación del numeral 1,2 y 8 del artículo
9 de la Resolución 3500 de 2005. (Folio 382 y SS.)
2.2 El investigado se notificó personalmente el día 17 de abril de 2009, por medio
de la Señora JANNYAK PATRICIA ALARCON GUTIERREZ, quien se identificó
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con la cédula de ciudadanía No. 22516987 de Barranquilla, en calidad de la
apoderada de la empresa investigada. (Filo 388)
2.3 Mediante Resolución No. 009146 del 14 de octubre del 2009, se falló la
investigación administrativa iniciada, sancionando al CENTRO DE
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SAN PEDRO de la propiedad de la sociedad
PEREZ REYES & CIA LTDA con Nit.8300512130-8, con CANCELACION de su
habilitación, por la transgresión de los numerales 1 y 2 del artículo 9 de la
Resolución 3500 de 2005 y el artículo 12 de la misma Resolución; Notificada
personalmente el día 15 de diciembre de 2009. (Filo 441 y SS.)
2.4 Estando dentro del término y oportunidad legal, el apoderado JOSE PEREZ
PINTO representante legal del CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SAN
PEDRO, el señor JOSE ORLANDO REYES RINCON, presenta los recursos en
vía gubernativa bajo el radicado 929957 del 22/12/2009. (Filo 466 y SS.)
2.5 Mediante Resolución 023388 de 12 de noviembre de 2010, la
Superintendencia de Puertos y Transporte, resuelve recurso de reposición y en
subsidio de apelación interpuesta contra la resolución 009146 del 14 de octubre
del 2009, en la subsidiaria, resuelve: confirmar la sanción de CANCELACION DE
HABILITACION al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SAN PEDRO de
propiedad de la SOCIEDAD REYES & CIA LTDA, NIT 830512130-8. (Filo 498 y
SS.)
CONSIDERACIONES
Los Centros de Diagnóstico Automotor, tienen implícita una alta responsabilidad
social por la misma función que ellos desempeñan, y es por ello que se le ha dado
un amplio desarrollo normativo a la tarea que libran. La ley 769 de 2002 en su
artículo tercero, establece que serán vigilados y controlados por la
Superintendencia de Puertos y Transporte entre otras entidades públicas y
privadas que constituyan organismos de apoyo (...); al fungir los CDA como
organismos de apoyo de carácter privado, tienen la obligación de prestar sus
servicios observando en estricto sentido, la normatividad a la cual se encuentran
sujetas y que regulan su actividad.
Después de permitir de acuerdo a los criterios constitucionales y legales los
derechos a la defensa, debido proceso y actuando esta entidad de acuerdo a los
principios orientadores de las actuaciones administrativas, así como
posteriormente a analizar los recursos de reposición y apelación interpuestos en
forma y tiempo debido; se sigue hallando responsable al CENTRO DE
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SAN PEDRO, por la infracción de los numerales 1
y 2 del artículo 9 de la Resolución 3500 de 2005, como se manifestó en el Artículo
PRIMERO de la resolución de fallo No. 009146 del 14 de Octubre de 2009.
Confirmando así la SANCIÓN DE CANCELACIÓN DE LA HABILITACIÓN, la cual
se desprende de la transgresión del numeral 1 del Artículo 9 de la Resolución 3500
de 2005.
Examinando el caso en concreto y el material probatorio allegado, así como los
argumentos y consideraciones que desembocan en las actuaciones
administrativas controvertidas, se llega a las siguientes conclusiones:
El numeral 2 del artículo 9 de la Resolución 3500 de 2005, hace referencia a la
necesidad que tienen los CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR de con
carácter obligatorio de anotar los cambios que se hagan en sus condiciones de
habilitación, esto con un propósito específico para la prestación del servicio en las
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mejores condiciones y de informar a las autoridades competentes sobre las
variaciones que se hagan al interior del CDA, para que estas puedan ejercer sobre
estos un control real y efectivo y evitar cualquier conducta tendiente a desbordar
las circunstancias sobre las cuales se les otorgó su habilitación correspondiente,
lo cual conlleva al PRIMER cargo imputado.
En este caso esa obligación no se llevó a cabo oportunamente; el CDA SAN
PEDRO, realizo la inclusión en la nómina de alguno de sus empleados, no
notificando a las autoridades competentes, siendo este hecho evidenciado por la
comisión de esta superintendencia realizada los días 11 y 12 de noviembre de
2008. Lo mismo se evidencia con el tema de los seriales de los equipos; los cuales
eran diferentes a los constatados en la Resolución de habilitación de dicho centro;
lo que connota una ejecución tardía por parte del investigado de la obligación de
información correspondiente a los seriales y planta de personal.
El SEGUNDO cargo imputado, hace referencia a las inconsistencias comprobadas
por parte de la comisión visitadora, en las fallas en la calificación de la opacidad
al no estar ajustados al resultado de lo establecido en el numeral 3.4.2 y 3.4.3 de
la NTC 4231 y la desviación lateral incluidos dentro del procedimiento de revisión
técnico-mecánico reseñada por la NTC 5375 en su numeral 6.10.2. Esta última
prueba técnico mecánica reviste una vital importancia y se enmarca dentro de las
denominadas pruebas de TIPO A, las cuales sino se aprueban el vehículo debe
ser rechazado.
A pesar de que dichas fallas fueron "subsanadas", lo anterior denota que el CDA
SAN PEDRO, estuvo durante un periodo prolongado de tiempo con fallas en su
procedimiento de revisiones técnicas mecánicas, emitiendo certificados erróneos,
faltando a los deberes y obligaciones sobre los cuales estos centros son
acreedores, demuestra además que a pesar de haber subsanado estas
inconsistencias, dichas reparaciones y modificaciones no se hicieron en tiempo
debido, que se puso en peligro la vida e integridad de las personas que fueron
acreedoras de certificados expedidos sin un óptimo funcionamiento en el proceso
de certificación.
Es por ello que este despacho confirma los cargos imputados en la Resolución
004672 del 31 de marzo de 2009; reitera que los argumentos presentados no
constituyen causas de ausencia de responsabilidad y que por el contrario lo que
hace es demostrar y verificar que hubo un tiempo prolongado en el que actuaron
bajo las fallas descritas con anterioridad, incurrieron así en una culpa grave por
parte del CDA San Pedro, por lo que este despacho NO revoca la Resolución
009146 de octubre de 2009.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución 009146 del 14 de octubre de
2009, en el sentido de solicitar al Ministerio de Transporte-Subdirección Tránsito
la CANCELACION DE LA HABILITACION al Centro de diagnóstico automotor
SAN PEDRO de propiedad de la SOCIEDAD REYES & CIA LTDA, NIT
830512130-8.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución por
conducto de la Secretaría General de la Superintendencia de Puertos y Transporte
al representante legal del Centro de diagnóstico automotor SAN PEDRO de
propiedad de la SOCIEDAD REYES & CIA LTDA, NIT 830512130-8, o quien haga
sus veces, en su domicilio principal en la ciudad de Piedecuesta-Santander,
dirección Autopista Floridablanca Piedecuesta Kilómetro 7, o en su defecto, por
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edicto de conformidad con los artículos 44 y 45 del Código Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Una vez notificado el presente acto, remítase el expediente
a la Superintendencia Delegada de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor
para lo pertinente.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto no podrá realizar alguno por
encontrarse agotada la vía gubernativa.”.
De conformidad con todo lo expuesto, resulta evidente que en realidad la nulidad del
artículo 12 de la Resolución núm. 3500 de 2005 no derivó de una falta de competencia
por parte del Ministerio de Transporte para cancelar la habilitación de los CDA, sino
de la violación al principio de reserva de ley. En efecto, las sanciones se declararon
nulas por haberse establecido sin fundamento legal, ya que la creación de conductas
sancionables corresponde exclusivamente al Congreso de la República.
Ahora bien, para el caso bajo estudio es importante destacar que el artículo 10 ibidem
establece que un CDA que incumpla las obligaciones previstas en el artículo 9 ibidem
no puede operar mientras persista dicho incumplimiento. Ello quiere decir que la
restricción aplicaría únicamente mientras subsistiera la infracción, conforme se
desprende de la referida norma.
Lo anterior cobra relevancia en la medida en que la resolución que resolvió el recurso
de apelación de la actuación administrativa sancionatoria afirmó que, para la fecha de
su expedición, las fallas identificadas en que incurrió el CDA San Pedro ya habían sido
subsanadas.
En consecuencia, para ese momento no existía justificación alguna para insistir en la
cancelación de la habilitación.
Esta conclusión se refuerza considerando que las razones de la cancelación no
justifican una medida tan drástica, pues se basan en el suministro tardío de
información, inconsistencias en la póliza y dos incumplimientos técnicos, de los cuales
solo uno fue calificado como grave. Además, se insiste, dichos incumplimientos fueron
corregidos.
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En suma, se colige que el Tribunal acertó al declarar la nulidad.
8.5. De las controversias sobre el restablecimiento del derecho
8.5.1. De entrada, en relación con el presunto error aritmético contenido en la
sentencia impugnada en torno a la liquidación del lucro cesante, la Sala observa que
en el recurso de apelación la parte actora no expuso argumentos que sustenten la
mencionada inconformidad.
La sociedad demandante se limitó a solicitar la modificación de la suma reconocida
por el juez de primera instancia por el comentado concepto en “aplicación de los
parámetros jurisprudenciales para la liquidación del lucro cesante”. Insistió en que
“deberán tenerse en cuenta al momento de proferirse la sentencia de segunda
instancia las fórmulas matemáticas que antaño tiene establecida la jurisprudencia del
H. Consejo de Estado para la determinación del lucro cesante”.
Así, comoquiera que la recurrente no precisó las razones de su discrepancia o los
motivos puntuales por los cuales el Tribunal se equivocó al calcular el valor del
comentado perjuicio, no le es posible a la Sala pronunciarse sobre tal particular15.
Por ende, el cargo no tiene vocación de prosperidad.
8.5.2. Por otra parte, la Sala advierte que, con la alzada y el escrito de alegaciones de
conclusión en esta instancia, la sociedad demandante añadió la pretensión relacionada
con el daño emergente no consolidado, eventual o futuro.
En tal contexto, la Sala debe resolver si es procedente que, con el recurso de apelación
y el memorial por medio del cual se alega de conclusión en segunda instancia, se
solicite que se condene por concepto de daño emergente no consolidado, eventual o
futuro.
15 Sobre los fines de la apelación, se pueden consultar entre otros pronunciamientos la sentencia del 5
de mayo de 2022, Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López. Radicación núm.: 54001 23 31 000 2009
00292 01. Actor: Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P.
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Sea lo primero indicar que, como se vio en los antecedentes y se desprende de las
pretensiones de la demanda, la parte actora no formuló o precisó ninguna petición
relacionada, siquiera de manera subsidiaria, con que el juez de primera instancia
concediera a título de restablecimiento del derecho el perjuicio reclamado. Volvamos
sobre las pretensiones de la demanda que resultan pertinentes para este aspecto:
“DECLARACIONES Y CONDENAS
(…)
3. Condénese a LA NACIÓN - MINISTERIO DE TRANSPORTE, a favor de la
Sociedad PÉREZ REYES & CIA LTDA., identificada con NIT. 830512130-8, al
pago de las siguientes sumas de dinero, a título de reparación de los perjuicios
ocasionados con la ejecución de la Resolución 0000275 de fecha diez (10) de
febrero de 2014:
3.1. LUCRO CESANTE (Consolidado y futuro)
Una suma igual o superior a CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
MILLONES DE PESOS ($454.557.136), por concepto de ingresos dejados de
percibir con ocasión de la actividad comercial que realizaba el CDA SAN PEDRO,
relacionados con la mecánica y de gases, o por objeto comercial, desde el 14 de
abril de 2014 y hasta la fecha de presentación de esta demanda - posteriormente
liquidado hasta la fecha en que se profiera sentencia definitiva - a razón de DOS
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
SEIS PESOS ($2.738.296) diarios, de acuerdo con el promedio de ingresos
histórico, tomado en el período comprendido desde el año 2007 y hasta el año
2014, o el monto que se acredite durante el proceso.
Se usa la expresión “una suma igual o superior a”, ya que el valor pedido no
constituye un límite a la pretensión, sino una mera aproximación, ya que el mismo
deberá acrecer a través del proceso, debido a su duración, y en virtud también de
la aplicación de los incrementos del IPC y la observancia de las fórmulas
matemáticas acogidas de tiempo atrás por el Consejo de Estado.
3.2. DAÑO EMERGENTE (Consolidado y futuro)
a) Daño emergente consolidado
Una suma igual o superior a DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS
($200.000.000), representada en los gastos y los egresos del CDA SAN PEDRO,
por todo concepto, que ha asumido su propietaria, la Sociedad PÉREZ REYES &
CIA LTDA., desde el 14 de abril de 2014 y hasta la fecha de presentación de esta
demanda, - posteriormente liquidado hasta la fecha en que se profiera sentencia
definitiva -.
Se usa la expresión “una suma igual o superior a”, ya que el valor pedido no
constituye un límite a la pretensión, sino una mera aproximación, ya que el mismo
deberá acrecer a través del proceso, debido a su duración, y en virtud también de
la aplicación de los incrementos del IPC y la observancia de las fórmulas
matemáticas acogidas de tiempo atrás por el Consejo de Estado.
3.3. DAÑO AL BUEN NOMBRE.”
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Como se logra evidenciar, solamente quedó expresado en el título “3.2. DAÑO
EMERGENTE (Consolidado y futuro)” la mención en relación con el perjuicio
reclamado, pero nada se precisó sobre este, a diferencia de lo que sí ocurrió con el
daño emergente consolidado.
Ahora, en el recurso de alzada y en el escrito de alegaciones de conclusión en esta
instancia, se incluyó la comentada solicitud.
Así, es claro que tal reparo es novedoso, dado que no se planteó oportunamente en el
escrito de demanda, lo que impide abordar su análisis de fondo en esta sede, so pena
de vulnerar las garantías al debido proceso del extremo pasivo de este trámite.
Al respecto, en sentencia del 11 de octubre de 2019, esta Sección señaló:
“En ese orden de ideas, la Sala considera que, en virtud de los principios de lealtad
procesal, debido proceso, contradicción y de defensa y en atención a la
congruencia que debe existir: por un lado, entre la demanda -la pretensión y los
argumentos que la fundamentan-, su contestación y la sentencia proferida, en
primera instancia; y, por el otro, entre estos y el recurso de apelación; se imponen
que al apelante le esté vedado exponer en el recurso de apelación hechos, cargos
y pretensiones nuevas que no hayan sido alegados en la demanda o en su
contestación. Si lo hiciere, el ad quem no puede abordar el estudio de estos nuevos
reproches, pues es su deber salvaguardar los derechos fundamentales al debido
proceso y de defensa de la contraparte en el proceso”16 (Subrayas de la Sala).
Por ende, el cargo no tiene vocación de prosperidad.
8.5.3. Ahora, en cuanto al reparo de la alzada relacionado con el reconocimiento de
los perjuicios derivados del daño al buen nombre, como bien lo consideró el a quo, la
Sala no encuentra pruebas en el expediente que permitan acreditar y, de contera,
indemnizar la alegada afectación.
De hecho, Pérez Reyes & CIA LTDA reconoce la ausencia de elementos probatorios
sobre tal cuestión. En esa medida, no se comparte el argumento de la apelación, según
el cual, era notable que el tiempo fuera de funcionamiento del negocio repercutía en
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 11 de
octubre de 2019. Proceso radicado número: 05001 23 33 000 2017 02599 01. Consejero Ponente:
Hernando Sánchez Sánchez.
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su relación con los clientes y las demás empresas dedicadas al mismo objeto
comercial, pues para que el menoscabo sea objetivamente apreciable o susceptible
de ser cuantificable en dinero debe soportarse en las pruebas recaudadas al interior
del proceso, y más cuando el origen de los reproches que se le formularon al
demandante por la administración lo fue por el incumplimiento de obligaciones que en
ningún momento desvirtuó.
Correlato de lo dicho, el cargo no prospera.
8.5.4. Finalmente, la Sala observa que la entidad demandada controvirtió las sumas
reconocidas como perjuicios por los conceptos de lucro cesante y daño emergente
argumentando que en el proceso no existía prueba idónea que demostrara dicha
indemnización.
En ese orden, la Sala deberá analizar el dictamen pericial que se decretó en el curso
del trámite de la referencia durante la primera instancia, rendido por el señor Julián
Díaz Moncada, con el objeto de determinar, por una parte, si lo efectuó un profesional
experto y, por la otra, si exhibe fundamentos para permitan de manera concluyente
precisar los comentados perjuicios.
8.5.4.1. De un lado, la Sala evidencia que en el proceso se encuentra acreditada
la condición del perito como contador público, con tarjeta profesional expedida por la
Junta Central de Contadores, inscrito como auxiliar de la justicia y facultado para
desempeñarse como tal. De igual modo, se comprueba que manifestó que no incurría
causal de incompatibilidad para el ejercicio de sus funciones y que prestó el respectivo
juramento para tomar posesión del cargo.
Ahora bien, el objeto del dictamen pericial era, con base en la información de los libros
de contabilidad y/o en los documentos soporte a la misma, resolver el siguiente
cuestionario:
“1. ¿Cuál es la suma promedio mensual histórico de ingresos generados por el
CDA SAN PEDRO, teniendo como referencia el periodo comprendido desde el
inicio de labores, y hasta el día 14 de abril de 2014, fecha esta última en que
suspendió actividades de manera indefinida?
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2. ¿Cuál es la suma total de gastos y/o egresos del CDA SAN PEDRO, por todo
concepto, detallando cada ítem, que debió asumir la sociedad PEREZ REYES &
CIA LTDA., desde el día 14 de abril de 2014, y hasta la fecha de presentación del
dictamen?
3. ¿Cuál es la suma promedio mensual de gastos y/o egresos fijos del CDA SAN
PEDRO, que ha seguido asumiendo la sociedad PEREZ REYES & CIA LTDA.,
desde el día 14 de abril de 2014, y hasta la fecha de presentación del dictamen?
Deberá detallar cada componente de esa suma total.
4. ¿Cuál es el monto total que ha asumido la Sociedad PEREZ REYES & CIA
LTDA., con posterioridad al día 14 de abril de 2014, por concepto de liquidación
y/o acuerdos compensatorios por desvinculación de empleados que trabajaban en
el CDA SAN PEDRO? Deberá detallar los componentes de esa suma total.
5. ¿Cuál es la suma total de pagos y/o egresos, que ha asumido la Sociedad
PEREZ REYES & CIA LTDA., por concepto de trámites o gestiones adelantadas,
con ocasión del procedimiento administrativo adelantado por el Ministerio de
Transporte, que culminó con la deshabilitación de la licencia de funcionamiento del
CDA SAN PEDRO? Deberá detallar los componentes de esa suma total.".
En esa medida, la Sala considera que la prueba cuestionada la rindió un profesional
con las calidades requeridas y la experticia necesaria para cumplir con el objeto de
esta, con el cumplimiento de los requisitos legales que le permitían intervenir en calidad
de perito en el proceso judicial de la referencia.
8.5.4.2. Por otro lado, la Sala advierte que el dictamen contiene los siguientes
puntos relevantes:
(i) documentación analizada17;
(ii) procedimiento y metodología18 y
17 “Cámaras de comercio de los establecimientos. Contrato de arrendamiento de local comercial km 7
vía Bucaramanga – Piedecuesta. Declaración de Renta año 2014. Contratos individuales de trabajo a
término indefinido. Pagos de nómina del 16 al 30 de abril de 2014. Liquidaciones y/o compensaciones
de contratos laborales. Liquidaciones de Prestaciones Sociales a 10 de Julio de 2014. Cancelación de
nómina suscrita a través de la cooperativa de trabajo asociado. Facturas por el canon de arrendamiento.
Renovación de cámara de comercio. Pago de suscripciones como comerciantes FENALCO. Facturas
de proveedores de servicios. Facturas de servicios públicos. Pago de tasa de vigilancia. Facturas de
contrato de mantenimiento. Libros de Contabilidad.”. Ver en el expediente digitalizado que se encuentra
en el índice núm. 35 de Samai.
18 “Cotejo de las facturas de proveedores con los registros contables. Cotejo de liquidación de contratos
laborales, cancelación de prestaciones sociales y liquidación o compensaciones laborales, por la
terminación unilateral del contrato. Verificación de las cifras declaradas como ventas (ingresos) anuales
y mensuales. Cotejo de información contable, libro caja diario, libro de inventario. Información financiera:
estados de resultados. Cotejo de tasa de vigilancia. Verificación de la información contable: libro
mayores y balance, libro caja diarios, estado de resultados de ejercicio en forma mensual.”. Ibidem.
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(iii) conclusiones, que básicamente son las respuestas a las preguntas del
cuestionario, cada una acompañada de un cuadro que expone los valores
de los ingresos anuales históricos del CDA para los años 2007 a 2014, de
los ingresos de la tasa de vigilancia, para los años 2011 a 2013 y los
conceptos por egresos y pagos, entre otros. Veamos las conclusiones del
dictamen pericial:
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liquidación y/o acuerdos compensatorios por desvinculación de empleados
que trabajaban en el CDA SAN PEDRO. Asciende a la suma de SESENTA
La Sala destaca que el perito señaló:
“Como perito designado en este proceso, supongo de la buena fe de la
parte actora (CDA SAN PEDRO), he realizado, no obstante, las
comprobaciones necesarias para evaluar la fiabilidad de la información
puesta a su disposición, sobre cuya base apoyo las conclusiones.
Asimismo, como perito designado, hago constar que la parte actora (CDA
SAN PEDRO), ha manifestado que desconoce la existencia de hechos
que desvirtúan la información y documentación entregada acaecidos
con posterioridad a la entrega de la misma.”19.
19 Ibidem.
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(Énfasis fuera del texto original).
De la lectura de la prueba la Sala observa que el experto en la profesión contable se
identificó correctamente, definió de forma clara el objeto del dictamen, planteó la
metodología que emplearía para el análisis de los libros y documentos contables,
enunció la documentación que sería revisada y presentó sus conclusiones, a modo de
respuesta al cuestionario formulado, junto con los cuadros anexos. Sin embargo, se
extraña la exhibición de un análisis técnico detallado, demostrable y comprensible con
inclusión de los cálculos efectuados y las fórmulas empleadas para tal efecto. Dicho
de otro modo, en el dictamen pericial no se expusieron bases contables que respalden
las cifras de los cuadros anexos que se consignaron al final del concepto.
Además de ofrecer contestación a las preguntas que le trasladaron, correspondía al
experto identificar y cuantificar las pérdidas, demostrando su correspondencia directa
con los registros contables de la empresa. De igual forma, debía proyectar
razonablemente las utilidades dejadas de percibir, sustentándose en la actividad
ordinaria de la compañía, especialmente, de cara a la actividad comercial del CDA, su
historial financiero y las condiciones del mercado, mediante técnicas de proyección
financiera, tasas de crecimiento histórico y, de ser el caso, ajustes por variables
externas, garantizando que los resultados obtenidos se encuentren debidamente
fundamentados en criterios objetivos, verificables y aceptados en la práctica contable.
La Sala no pasa por alto que el informe mencione la presunción sobre la buena fe de
la parte que aportó los documentos que sirvieron de insumo para la elaboración de la
prueba, pues la aplicación de ese principio no eximía al perito de realizar una
valoración crítica. Y aunque comentó que evaluó la fiabilidad del contenido de los libros
contables y sus respectivos soportes, nada amplió sobre ese particular. Lo mismo
ocurrió con la constancia de que la sociedad manifestó el desconocimiento de hechos
posteriores relevantes que alteraran los datos financieros, toda vez que ello no
sustituía ni reforzaba automáticamente la solidez técnica de las conclusiones
periciales.
Si bien ese tipo de afirmaciones pueden llegar a considerarse admisibles en la parte
introductoria o de aclaraciones metodológicas del dictamen, lo cierto es que no pueden
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constituir la base del análisis ni de las conclusiones. El perito debe demostrar en su
dictamen que ha efectuado los procedimientos técnicos pertinentes para verificar la
información (cruces contables, análisis de consistencia, etc.). El dictamen no puede
reposar únicamente sobre la presunción de buena fe y la constancia de la declaración
de parte, sin respaldo técnico riguroso, pues ello conlleva la pérdida de fuerza
probatoria.
Correlato de lo dicho, el cargo del recurso de apelación de la entidad demandada
prospera.
En consecuencia, la Sala revocará parcialmente el restablecimiento del derecho
comoquiera que el dictamen pericial en que el juez de primera instancia fundó el
reconocimiento de los perjuicios reclamados en la demanda por concepto de lucro
cesante y daño emergente no contiene el detalle y la precisión de los elementos que
expone, de manera que sea viable sustentar tal condena. Solo se confirmará la orden
relacionada con la habilitación al CDA y la garantía de la adopción de las medidas
necesarias para que se comunique tal decisión al concesionario RUNT.
Costas
Es importante tener en cuenta que el Consejo de Estado ha señalado que el criterio
objetivo valorativo de la condena en costas implica20: i) objetivo porque no se deriva
de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino
que es resultado de su derrota en el proceso o recurso interpuesto21, y ii) valorativo
porque se requiere en el expediente que el juez revise si las mismas se causaron y en
la medida de su comprobación, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso
y con la actividad que el abogado efectivamente realice dentro del proceso22.
20 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sección Primera. Providencia del 13 de septiembre de 2018,
C.P. Oswaldo Giraldo López, número de radicación 11001-03-24-000-2016-00162-01; ii) Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, Consejero Ponente William
Hernández Gómez, Expediente número 15001-23-33-000-2012-00509-00; iii) Consejo de Estado,
Sección Cuarta, sentencia del 12 de diciembre de 2018, Magistrado Ponente Milton Chaves García,
número de radiación 25000-23-37-0000-2014-01115-01.
21 Corte Constitucional. Sentencia C-157 del 21 de marzo de 2013.
22 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección “A”. Sentencia del 7 de abril de 2016. Consejero
Ponente William Hernández Gómez. Número del expediente 15001-23-33-000-2012-00162-01.
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En ese orden, vistos los artículos 188 del CPACA23 y 365 del CGP24, en especial su
numeral 8 y a lo expuesto sobre el punto por esta Corporación, la Sala considera que
no hay lugar a imponer condena en costas por concepto de agencias en derecho en
contra de la entidad demandada comoquiera que no existe prueba que demuestre que
se ocasionaron. Ahora, en lo que hace a los gastos y expensas, no se procederá a
condenar por ese concepto, toda vez que no se acreditó probatoriamente su
causación.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR los numerales primero y segundo de la sentencia del 11 de
febrero de 2016, corregida mediante auto del 19 de abril de 2016, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en precedencia.
23 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil.”.
24
“Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en
que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente
el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en
los casos especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la
formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de
lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará
al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas
o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en
proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por
partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les
reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán
renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción”.
24 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
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SEGUNDO: REVOCAR los numerales tercero, cuarto y sexto de la sentencia del 11
de febrero de 2016, corregida mediante auto del 19 de abril de 2016, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en precedencia.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 8
de mayo de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
Salva voto
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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