Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-04369-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-04369-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-04369-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
6 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-04369-01
Demandante PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
Demandada CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales
de procedibilidad de la acción. La relevancia constitucional. Medio
de control de nulidad electoral. Auto que resuelve solicitud de
nulidad contra del auto que rechazó recusaciones.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la
sentencia de 19 de agosto de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B que dispuso lo siguiente:
«(…) 2º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la parte actora por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional».
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 15 de julio de 20251, el Partido Liberal Colombiano interpuso acción de tutela, a
través de su director jurídico, contra la Sección Primera del Consejo de Estado, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, con ocasión de los autos del 5 de junio de 2025 y del 7 de
julio de 2025 proferidos en el medio de control de nulidad electoral 11001-03-28-
000-2023-00103-00.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«En ese orden de ideas, se solicita al Juez Constitucional, ordenar la suspensión provisional
de los efectos jurídicos de los Autos fechados 05 de junio de 2025 y 07 de julio de 2025,
expedidos por la Sección Primera del Consejo de Estado dentro del expediente
11001032800020230010300 mientras se resuelve de fondo la presente acción de tutela y en
consecuencia, se expida un fallo de tutela donde se ordene decretar la nulidad de lo actuado y
en efecto, se dé tramite a la recusación formulada por el Sr. Richard Nicolas Martínez Olivera
en los términos informados por la Sección Primera del Consejo de Estado en el resultado de
aviso de sala No. 20 y a la recusación formulada por el Gobernador del Departamento de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, radicada el día 05 de junio de 2025. Permitir que
aquellos Autos sean ejecutoriados, sin resolver el amparo reclamado en la presente acción,
genera un perjuicio irremediable por la vulneración de los derechos fundamentales al derecho
al debido proceso, defensa y contradicción (Artículo 29 Carta Política) y el acceso a la
administración de justicia y la tutela judicial efectiva (Artículo 229 Carta Política). Igualmente,
que se conmine a la Sección Primera y Quinta del Consejo de Estado, para que en el futuro
establezca al momento de determinar el ejercicio procesal de los derechos de las partes y los
terceros intervinientes, cuales actos de los terceros intervinientes obedecen a solicitudes cuya
finalidad y propósito es el cumplimiento de la misma Ley y cuales dan lugar a disposición del
derecho».
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Samai, índice 2.
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Demandante: Partido Liberal Colombiano
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor César Daniel Castro Muñoz interpuso demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad electoral tendiente a que se declarara la nulidad del acta
por medio de la cual se declaró al señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez como
gobernador del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Mediante sentencia de única instancia del 3 de abril de 2025, la Sección Quinta
del Consejo de Estado (expediente 11001-03-28-000-2023-00103-00) resolvió
declarar la nulidad de la elección de Nicolás Iván Gallardo Vásquez, como
gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por incurrir en doble
militancia.
2.2. En escrito radicado el 6 de mayo de 2025 el señor Nicolás Iván Gallardo
Vásquez formuló recusación contra los magistrados Omar Joaquín Barreto
Suárez, Gloria María Gómez Montoya y Pedro Pablo Vanegas Gil,
pertenecientes a la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con
el artículo 141 del Código General del Proceso, por considerar que aquellos
tenían un interés directo o indirecto en el proceso de conformidad al numeral
primero2 del citado artículo. A su vez, el señor Richard Nicolás Martínez
Olivera, en representación de la organización Misión Archipiélago de San
Andrés, formuló recusación por las mismas razones.
El trámite de las recusaciones interpuestas correspondió a la Sección Primera
del Consejo de Estado. El 27 de mayo de 2025 se registró proyecto de auto
para discusión en Sala sobre las recusaciones formuladas.
2.3. Por escrito enviado el 28 de mayo de 2025, el señor Richard Nicolás Martínez
Olivera, en representación de la organización Misión Archipiélago de San
Andrés, presentó «(…) SOLICITUD DE RECUSACI[Ó]N A LA SECCI[Ó]N PRIMERA DEL
CONSEJO DE ESTADO (…)».
2.4. El 29 de mayo de 2025 fue retirado el proyecto de auto. En el aviso de Sala
Nro. 20 se dejó la siguiente anotación «Retirado para remitir a la Sección Segunda del
Consejo de Estado».
El 4 de junio de 2025 se registró nuevamente proyecto de auto para discusión
en Sala.
2.5. A través de memorial radicado el 5 de junio de 2025 el demandado, señor
Nicolás Iván Gallardo Vásquez, manifestó su apoyo a la recusación formulada
por el señor Richard Nicolás Martínez Olivera en contra de los magistrados de
la Sección Primera de la Corporación.
En auto de 5 de junio de 2025 (providencia controvertida) la Sección Primera
rechazó de plano la recusación planteada por el señor Richard Nicolás
Martínez Olivera contra los magistrados de dicha Sala, puesto que no son
recusables quienes resuelvan una recusación, en virtud del inciso 4 del artículo
142 del Código General del Proceso.
También rechazó la recusación formulada por el señor Martínez Olivera en
contra de los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado, pues
aquel actuó con posterioridad a los hechos que en su criterio configuran la
recusación. Además, no acreditó y ni siquiera indicó los hechos o razones de
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Código General del Proceso. Artículo 141: «Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes: 1. Tener el
juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o
segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso».
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orden personal que evidencien que el trámite o resultado del proceso implique
un presunto provecho o perjuicio cierto para los consejeros recusados.
Finalmente, declaró infundada la recusación formulada por el demandado en
contra de los magistrados de la Sección Quinta, ya que no se demostró la
configuración de la causal de recusación invocada.
2.6. Mediante escrito del 16 de junio de 2025, el Partido Liberal presentó solicitud
de nulidad del auto del 5 de junio de 2025, por configurarse la causal prevista
en el numeral 1 del artículo 1333 del Código General del Proceso. Indicó que el
aviso de Sala Nro. 20 publicado el 29 de mayo de 2025 dispuso que el proyecto
de auto registrado el 27 de mayo de 2025 había sido retirado «para remitir a la
Sección Segunda del Consejo De Estado». Por ese motivo consideró que debía
suspenderse la competencia de los magistrados de la Sección Primera y
remitir el asunto a la Sección Segunda del Consejo de Estado, para que
resolviera la recusación.
2.7. El 18 de junio de 2025 el señor Richard Nicolás Martínez Olivera presentó
solicitud de nulidad del auto del 5 de junio de 2025.
2.8. Mediante auto de 7 de julio de 2025 (providencia controvertida) la Sección
Primera del Consejo de Estado rechazó de plano las solicitudes de nulidad
presentadas por el Partido Liberal y por Richard Nicolás Martínez Olivera en
representación de la organización Misión Archipiélago de San Andrés. Indicó
que los terceros en el proceso de nulidad electoral tienen intervención limitada
a aquellas actuaciones permitidas a la parte que se adhiere. Por lo que es
improcedente que el tercero interviniente eleve peticiones que la parte a la que
coadyuva no ha formulado previamente.
También indicó que el aviso del 29 de mayo de 2025 no implicó ni una decisión
de la Sala ni esta denota la falta de competencia para decidir, alegada.
3. Fundamentos de la acción
La parte accionante consideró que el aviso de la Sala Nro. 20 comunicó a las partes
e intervinientes que ya se había tomado la decisión de remitir el expediente a la
Sección Segunda para que resolviera la recusación formulada contra la Sección
Primera. Sostuvo que dicho aviso no podía ser modificado, porque no está permitida
la revocatoria oficiosa. Por lo tanto, a partir de la publicación de ese aviso la Sección
Primera del Consejo de Estado no era competente para decidir la recusación
planteada en contra de los magistrados de la Sección Quinta.
Afirmó que con el auto del 5 de junio de 2025, que resolvió las recusaciones, la
Sección Primera del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva y los
principios de publicidad y confianza legítima. Aseguró que al adoptar una decisión
diferente a la comunicada en el aviso de Sala Nro. 20 del 29 de mayo de 2025 se
generó incertidumbre y desconfianza en la transparencia del proceso.
Consideró que no se dio trámite a la recusación formulada por el demandado, señor
Nicolás Iván Gallardo Vásquez, en contra de los magistrados de la Sección Primera
del Consejo de Estado.
Por otro lado, contrario a lo indicado en el auto del 7 de julio de 2025 que resolvió las
solicitudes de nulidad, argumentó que los terceros intervinientes sí pueden formular
solicitudes en favor de la parte que se apoya, siempre que estas no vayan en
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Código General del Proceso. Artículo 133. Causales de nulidad. «El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los
siguientes casos: 1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia».
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contravía del interés de esta última. En consecuencia, aseguró que las
manifestaciones de los terceros respecto del trámite procesal orientan el actuar del
juez, para que a partir de ese ejercicio de veeduría procesal se contribuya a la
correcta y adecuada administración de justicia. En todo caso, afirmó que las
solicitudes de recusación y de nulidad presentadas por el Partido Liberal
Colombiano obedecen a un derecho de intervención otorgado por la ley que busca
respaldar los planteamientos del demandado.
4. Trámite e intervenciones
4.1. Mediante auto del 18 de julio de 2025, se admitió la acción de tutela interpuesta
por el señor Daniel Mauricio Pinzón Chavarro en su condición de director
jurídico del Partido Liberal Colombiano, contra el Consejo de Estado, Sección
Primera. Se vincularon como terceros con interés, al presidente y magistrados
integrantes de las Secciones Quinta y Segunda del Consejo de Estado, al
señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez (demandado del medio de control), al
partido Cambio Radical, al señor Richard Martínez Olivera, al señor Cesar
Daniel Castro Muñoz (demandante del medio de control) y a los demás
terceros intervinientes del medio de control de nulidad electoral; y se dispuso
efectuar las notificaciones correspondientes.
4.2. El Consejo Nacional Electoral manifestó que su vinculación no está llamada
a prosperar, puesto que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la
parte accionante. Por lo que solicitó su desvinculación indicando que no es la
autoridad competente para satisfacer las pretensiones del accionante.
4.3. La Sección Segunda del Consejo de Estado señaló que no ha realizado
ninguna actuación en el proceso de nulidad electoral con radicado 11001-03-
28-000-2023-00103-00. En consecuencia, consideró que no tiene interés
jurídico en el trámite, ni competencia para atender a las peticiones expuestas
en la acción de tutela. Por lo tanto, solicitó su desvinculación del proceso 4.
4.4. La Sección Quinta del Consejo de Estado indicó que la discusión planteada
a través de este mecanismo constitucional ya había sido propuesta, en el
medio de control electoral, puntualmente en el trámite de las recusaciones,
escenario natural del debate.
En específico consideró que en el auto del 7 de julio de 2025 se determinó
rechazar la petición de nulidad formulada por el hoy accionante, fundada en los
mismos supuestos planteados en la acción de tutela. En el auto se indicó que,
en su calidad de tercero, el ahora tutelante no podía elevar peticiones de
manera autónoma, si la parte que coadyuva no las ha realizado. Además,
indicó que el trámite dado a sus peticiones de recusación observó las normas
que regulan la materia y que «la anotación del aviso en manera alguna implicó una
decisión de la Sala de declarar una falta de competencia para decidir».
También sostuvo que el accionante no está legitimado para cuestionar
providencias que decidieron sobre las solicitudes elevadas por otros sujetos
procesales al interior del proceso de nulidad electoral.
Por lo anterior, concluyó que la acción de tutela no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, puesto que el actor presenta inconformidades que ya
fueron expuestas y analizadas por el juez competente. A su juicio, lo que busca
el peticionario es convertir la tutela en una instancia adicional con el propósito
de que se adopte una decisión diferente que sea favorable a sus intereses.
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Se advierte que el magistrado Juan Enrique Bedoya, en calidad de presidente de la Sección Segunda, contestó la acción de
tutela en memorial radicado el 24 de julio de 2025 (samai, índice 11). En el mismo sentido se pronunció el magistrado
Jorge Edison Portocarrero Banguera en memorial radicado el 28 de julio de 2025 (samai, índice 18).
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Finalmente, solicitó declarar improcedente la acción de tutela y en caso de
estudiarse de fondo, negar el amparo invocado.
4.5. La Sección Primera del Consejo de Estado estimó que la tutela se está
utilizando como una instancia adicional para reabrir el debate procesal resuelto
en las providencias censuradas. Indicó que el accionante presentó solicitud de
nulidad en contra del auto del 5 de junio de 2025, argumentando que en dicha
providencia se configuró la causal del numeral 1 del artículo 133 del Código
General del Proceso.
Sostuvo que en auto de 7 de julio de 2025 el despacho ponente rechazó la
solicitud formulada por el hoy accionante informándole que su petición era
improcedente porque aquel tenía la calidad de tercero impugnador. No
obstante, también se pronunció de fondo respecto de los fundamentos de la
solicitud de nulidad y aclaró que lo que hizo la Sala fue dar el trámite que
legalmente le correspondía tanto a las recusaciones formuladas contra la
Sección Primera, como contra la Sección Quinta.
Aseguró que en el auto del 7 de julio de 2025 se resolvió el argumento
expuesto por el accionante respecto de la presunta falta de competencia de la
Sección Primera para resolver las recusaciones planteadas. El auto
expresamente señala que no son recusables ni podrán declararse impedidos
los magistrados o jueces a quienes corresponde conocer de la recusación,
conforme al inciso 4 del artículo 142 del Código General del Proceso.
Manifestó que el aviso de resultados de la Sala del 29 de mayo de 2025 no
constituye una declaración formal de falta de competencia, ni tiene la aptitud
para considerarse una providencia que limite la competencia de la Sala en el
caso o la obligue a actuar en contradicción con lo que establece el
ordenamiento jurídico. Agregó que la consideración inicial de la Sala para
retirar el proyecto de auto registrado en tal aviso correspondió únicamente a un
comentario preliminar frente al trámite interno de tal proyecto, cuyos efectos no
trascienden más allá de la acción de su simple retiro.
En consecuencia, afirmó que la presente tutela se está utilizando como una
instancia adicional para discutir nuevamente los argumentos de censura
esgrimidos en el escrito de nulidad planteado, y lo decidido al respecto por el
juez natural en las aludidas decisiones. A lo cual añadió que en el escrito de
tutela no se argumentó cómo se habían configurado las causales específicas
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Por consiguiente, solicitó declarar improcedente la acción de tutela por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional o, en su defecto, negar las
pretensiones puesto que no ha vulnerado los derechos fundamentales del
accionante.
4.6. El partido Cambio Radical manifestó su apoyo a los argumentos del
accionante por las siguientes razones. Sostuvo que la Sección Primera del
Consejo de Estado vulneró principios fundamentales del debido proceso, la
publicidad judicial y la confianza legítima, al incurrir en una incoherencia
procesal entre el aviso de Sala Nro. 20 y el aviso de Sala Nro. 21. Lo anterior
obedece a que en el primero afirmó que suspendía el conocimiento del asunto
y lo remitiría a la Sección Segunda, mientras que en el segundo profirió auto
del 5 de junio de 2025 resolviendo las recusaciones.
Por otro lado, afirmó que la decisión de rechazar de plano la solicitud de
nulidad presentada por el director jurídico del Partido Liberal, bajo el
argumento de que los terceros intervinientes no pueden ejercer peticiones,
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desconoce la función constitucional y jurisprudencial que se le reconoce a los
terceros coadyuvantes dentro de los procesos judiciales. A su juicio, estos
últimos sí están facultados para exigir el cumplimiento de las reglas procesales
y el respeto por las garantías fundamentales.
Finalmente, solicitó que se amparen los derechos fundamentales invocados
por el accionante.
4.7. El señor Richard Martínez Olivera, en su condición de director de Misión
Archipiélago de San Andrés, indicó que la Sección Primera del Consejo de
Estado está inmersa en denuncias penales por hechos que tienen que ver con
la acción de tutela con radicación 11001-03-15-000-2022-05519-00. Indicó que
por interponer denuncias en contra de la Sección Primera del Consejo de
Estado, se encuentra en mala relación, enemistad u odio con los magistrados
de esa Sala.
Consideró que al no «aceptar la recusación», se viola la Constitución y la ley, e
indicó que coadyuvaba las pretensiones de la acción de tutela.
4.8. El señor Cesar Daniel Castro Muñoz (demandante del medio de control)
solicitó declarar improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional en tanto se pretende utilizar la acción
como una instancia adicional al proceso ordinario.
4.9. El señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez (demandado del medio de
control) solicitó que se amparen tanto los derechos fundamentales de la parte
accionante de la tutela, como los suyos, los cuales consideró vulnerados por la
Sección Primera y la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Consideró limitada la decisión de no resolver de fondo las intervenciones de
los terceros, pues debe prevalecer el derecho sustancial sobre las exigencias
procesales. Indicó que no cuenta con apoderado judicial por lo que adjuntó los
memoriales que radicó ante la Sección Primera con el objetivo de demostrar la
vulneración al debido proceso. Finalmente, solicitó que se tramite la
recusación formulada por el señor Richard Martínez Olivera.
4.10. El Partido Liberal Colombiano advirtió que el poder presuntamente otorgado
por el señor Cesar Daniel Castro Muñoz (demandante del medio de control)
resulta falso en la medida que (i) la cédula consignada tiene 9 dígitos, lo cual
no corresponde a los cupos numéricos asignados por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, (ii) no se cumple con el requisito exigido en el artículo
74 del Código General del Proceso, (iii) no se cumple con lo exigido en el
artículo 5 de la Ley 2213 de 2022 y, (iv) la actuación del abogado Alfaro
Fonseca no se ajusta a lo preceptuado en el Decreto 2591 de 1991. Por lo
tanto, invocó una indebida representación que da origen a la causal de nulidad
contenida en el numeral 4 del artículo 133 del Código General del Proceso.
5. Providencia impugnada
Mediante sentencia del 19 de agosto de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B declaró la improcedencia de la acción, por considerar que no
se cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues se está empleando la
tutela para revivir el debate definido por el juez natural, a fin de que se acoja la tesis
defendida por la parte actora.
Explicó que en el escrito de tutela la parte demandante pretende darle connotación
de vicio o defecto a los argumentos que fueron planteados en la solicitud de nulidad
y que fueron resueltos en la providencia del 7 de julio de 2025. Más aún si se tiene
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en cuenta que la decisión atacada fue expedida por una alta corte, por lo que el
análisis de procedibilidad debe ser mucho más riguroso.
Por otro lado, aceptó la coadyuvancia presentada por los señores Luis Mario
Hernández Vargas en calidad de director jurídico del partido Cambio Radical y
Richard Martínez Oliveira. Accedió a la solicitud de desvinculación presentada por la
Sección Segunda del Consejo de Estado y negó la solicitud de desvinculación
elevada por el Consejo Nacional Electoral.
6. Impugnación
La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia con base en los
siguientes argumentos.
Indicó que el aviso de la sala del 29 de mayo de 2025 no puede ser considerado un
trámite interno, pues se trata de un acto de comunicación procesal, mediante el cual
el Consejo de Estado informó que la recusación sería remitida a la Sección
Segunda.
Sostuvo que el juez de primera instancia utilizó una interpretación restrictiva de la
coadyuvancia, que resulta inconstitucional. La Corte Constitucional ha indicado que
en procesos de nulidad electoral dicha figura cumple un papel esencial que no
puede ser reducido a un acompañamiento retórico.
Indicó que la Sección Primera vulneró la confianza legítima de los intervinientes,
quienes organizaron su estrategia procesal sobre la base de lo informado
oficialmente. Esta quiebra de confianza, impacta directamente el derecho al debido
proceso y a la seguridad jurídica.
Señaló que también se omitió valorar que el caso no versa sobre criterios
procesales, sino sobre la imparcialidad de los jueces y la confianza legítima de los
ciudadanos a la administración de justicia. Que se configuró un defecto
procedimental absoluto por la contradicción entre el aviso de la sala y la posterior
decisión adoptada en sentido contrario, sin motivación suficiente.
Finalmente, afirmó que la imparcialidad de los jueces hace parte del núcleo esencial
del derecho fundamental al debido proceso. Que además se ha dado un trámite
contradictorio a las recusaciones al desconocer el valor del aviso de la sala y
rechazar de plano las solicitudes, que pone en duda la neutralidad de la Sección
Primera.
Por tanto, consideró que la acción de tutela sí tiene relevancia constitucional, pues
no se trata de reabrir un debate legal, sino de cuestionar un proceder judicial que
mina la confianza ciudadana en la justicia y afecta garantías esenciales del proceso
electoral.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 5, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
5
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
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es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas cortes
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y
así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales
y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes.
Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte
Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de
amparo es más restrictiva debido a que estas corporaciones son las encargadas de
unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que los principios
de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es así como, la
Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional para admitir la
procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un
error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la
Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.
Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar
el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales especiales
de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y sea
incompatible con la jurisprudencia constitucional.
3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala establecer
si le asistió razón al juez de primera instancia al declarar la improcedencia de la
tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
Solo en caso de superar dicho análisis, se determinará si al proferir los autos del 5
de junio de 2025 y del 7 de julio de 2025, en el medio de control de nulidad electoral
11001-03-28-000-2023-00103-00 la autoridad judicial accionada incurrió en los
yerros alegados por la parte actora.
4. Alcance del requisito de la relevancia constitucional de la tutela contra
providencia judicial
4.1. La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias
judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie
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de requisitos generales6 y especiales7 que deben cumplirse de forma estricta,
para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno
de los defectos o requisitos especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 8 ha indicado
que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el
examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con
especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e
independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como
elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por tanto, la procedencia
de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la
fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela
y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
4.2. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta
premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está
condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.
Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este
requisito, esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del
Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la
Corte Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos criterios
orientadores:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales»9. Es necesario que el interesado exponga
de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
6
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique
los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales
ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la
acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
7
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto orgánico,
(ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error inducido, (vi) defecto
por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
8
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-02201-
01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
9
Ibidem.
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(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con argumentos suficientes contra las decisiones de los jueces, que
se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con
una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de
los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario.
Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
Con base en el último criterio expuesto, hay lugar a afirmar que la relevancia
constitucional supone que la tutela no se emplee para insistir en las
inconformidades ya resueltas en el proceso ordinario. Es deber del juez de
tutela, entonces, verificar que la acción no se esté utilizando como una
instancia adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada.
Para tal propósito, se estudia si los cargos expuestos en el proceso en que se
profirieron las providencias cuestionadas y los desarrollados en el escrito de
tutela son iguales. En caso de que se trate de los mismos argumentos es
factible que el juez de tutela concluya que el mecanismo constitucional se está
empleando como una instancia adicional.
En ese supuesto, se evidencia que lo perseguido por el tutelante es insistir en
los argumentos planteados ante el juez natural, con la esperanza de que el
juez de tutela, a diferencia del primero, sí acceda a sus pretensiones.
5. Análisis del caso
5.1. Como se desprende de lo expuesto previamente, el cumplimiento del requisito
de relevancia constitucional, tratándose de tutela contra providencia judicial,
implica un conjunto de elementos que deben reunirse. En ese sentido, son
varios los aspectos que se estudian a fin de definir si un asunto es de
relevancia constitucional, cuando la tutela se está empleando para controvertir
una decisión judicial.
Cuando la tutela se está utilizando para atacar sentencias judiciales, se
requiere que la acción constitucional no se esté empleando como una tercera
instancia para reabrir el mismo debate ya surtido ante el juez natural, que se
cumpla con una carga argumentativa suficiente, entre otras condiciones.
Así las cosas, en el presente asunto no se cumple con el requisito de
relevancia constitucional, pues la acción de tutela analizada se está
empleando como una instancia adicional. Esto obedece a que los argumentos
expuestos para sustentar la presunta vulneración al debido proceso, acceso a
la administración de justicia y, a los principios de publicidad y confianza
legítima fueron expuestos en el memorial que solicitó la nulidad del auto del 5
de junio de 2025.
Los reparos allí planteados son una reproducción casi exacta de los
argumentos desarrollados en el escrito de tutela.
Veamos lo dicho en el mencionado memorial:
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« (…) De manera que, los Consejeros de la Sección Primera, Dres. NUBIA MARGOTH PEÑA
GARZÓN, OSWALDO GIRALDO LÓPEZ y GEMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES en el
proceso de la referencia, luego de retirar un proyecto de Auto el día 29 de mayo de 2025 e
informar a los sujetos procesales y terceros intervinientes que darían traslado a la Sección
Segunda para resolver la recusación formulada por el señor RICHARD NICOLAS MARTINEZ
OLIVERA, en representación de Misión Archipiélago de San Andrés -MASA-, en contra de los
Consejeros de la Sección Primera, a los dos días hábiles siguientes convocaron el negocio
jurídico de nuevo para tomar decisión en Sala, donde pese a tener suspendida la competencia
por cuenta de lo anterior, resolvieron de fondo la recusación formulada en su contra, así como
también las recusaciones en contra de la Sección Quinta, incluso, sin tener en cuenta que
previo a la reunión de la sala convocada a las 16:00 horas del día 05 de junio de 2025, fueron
oportunamente informados y notificados a través del aplicativo SAMAI y correo electrónico de
la Sección Primera de una recusación formulada por el mismo demandado, Dr. NICOLAS
IVÁN GALLARDO VÁSQUEZ, que en cualquier caso, igualmente les suspendía la
competencia. Por lo anterior, la actuación procesal se encuentra contemplada dentro de las
causales previstas en la Ley para que sea decretada su nulidad por cuanto los Consejeros de
la Sección Primera actuaron, teniendo su competencia suspendida (…)» (sic para toda la cita).
Como se desprende de la transcripción, tanto en la solicitud de nulidad como
en el escrito de tutela el accionante alegó lo siguiente:
(i) Que en el aviso de Sala Nro. 20 del 29 de mayo de 2025 se informó a los sujetos
procesales que el asunto se remitiría a la Sección Segunda para resolver la recusación
formulada por el señor Richard Nicolas Martínez Olivera.
(ii) Que al proferir el auto del 5 de junio de 2025 se violó el debido proceso, puesto que la
Sección Primera tenía suspendida su competencia por cuenta del aviso del 29 de mayo
de 2025.
El accionante en el escrito de tutela además argumentó que los terceros
intervinientes sí pueden formular solicitudes tendientes al cumplimiento de la
ley en favor de la parte, contrario a lo indicado en el auto del 7 de julio de 2025.
Dichos cargos ya fueron objeto de debate en el medio de control, tal como se
desprende del auto del 7 de julio de 2025:
«La Sala estima que la solicitud de nulidad formulada en este caso debe rechazarse de plano,
por las siguientes razones:
(i) Como lo ha dicho la Sección Quinta de esta Corporación, aunque es posible la intervención
de terceros en el proceso de nulidad electoral, en atención a lo previsto por el artículo 228 del
CPACA, en consonancia con lo señalado por el artículo 296 del mismo ordenamiento, dicha
intervención está limitada solo para aquellas actuaciones permitidas a la parte que adhiere.
(…)
Por consiguiente, es improcedente que el tercero interviniente en el proceso de nulidad
electoral eleve peticiones que la parte que coadyuva no ha formulado previamente.
En el caso concreto, se observa que la presente petición la formuló directamente el tercero
impugnador, razón suficiente para rechazarla de plano por improcedente.
A lo dicho cabe agregar que, aunque, para la sesión de Sala de la Sección Primera realizada el
29 de mayo de 2025 se registró un proyecto de auto que decidía las recusaciones formuladas
por el demandado y el señor Richard Nicolás Martínez Olivera en contra de los Consejeros de
la Sección Quinta; sin embargo, dado que, previo a la sesión se recusó a la Sección Primera,
fue que en el aviso de resultados de dicha Sala se dejó la anotación de que se retiraba «(…)
para remitir a la Sección Segunda del Consejo de Estado, toda vez [que] después de las 5:00
PM del 28/05/2025, presentaron una recusación contra los magistrados de la sección primera
(…)»
No obstante, se advierte que, por auto de Sala del 5 de junio de 2025 se rechazó por
improcedente la recusación interpuesta contra la Sección Primera, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 142 del Código General del Proceso, que dispone que “(…) no serán
recusables ni podrán declararse impedidos los magistrados o jueces a quienes corresponde
conocer de la recusación (…)” y, adicionalmente, se decidieron las recusaciones planteadas
contra los Consejeros de la Sección Quinta, conforme a lo establecido por el numeral 4 del
artículo 132 del CPACA.
En consecuencia, lo que hizo la Sala fue dar el trámite que legalmente le correspondía tanto a
las recusaciones formuladas contra la Sección Primera, como contra la Sección Quinta; de tal
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forma que, la anotación del aviso en manera alguna implicó una decisión de la Sala de declarar
una falta de competencia para decidir.
Por último, vale agregar que, contrario a lo afirmado por el señor Pinzón Chavarro en su
solicitud, el aquí demandado no presentó una nueva recusación contra los Consejeros de la
Sección Primera, sino que coadyuvó la formulada por el señor Martínez Olivera» (sic para toda
la cita).
Así entonces, el cotejo del escrito de tutela y de la solicitud de nulidad da
cuenta de que los argumentos expuestos en el escrito de tutela sobre la
vulneración al debido proceso por la presunta falta de competencia de la
Sección Primera, ausencia de transparencia y el alcance sobre la intervención
de terceros ya fueron resueltos y desestimados por el juez natural.
Por consiguiente, dado que en el caso se corrobora la identidad de los cargos
expuestos, la Sala considera que la tutela se está utilizando como si fuera un
recurso más propio del debate ante el juez de la causa, pese a que los mismos
cargos ya fueron objeto de debate en el medio de control. De ahí que la acción
carece de la relevancia constitucional necesaria cuando la tutela se interpone
frente a una providencia judicial, pues se está empleando como si la tutela
fuera una instancia adicional a la discusión judicial.
5.2. De otra parte, en la impugnación la parte accionante planteó que el caso sí
tiene relevancia constitucional puesto que la imparcialidad de los jueces hace
parte del derecho fundamental al debido proceso. Además, consideró que el
núcleo esencial de este último sí ha sido vulnerado, pues se ha dado un trámite
contradictorio a las recusaciones al desconocer el valor del aviso de Sala y
rechazar de plano las solicitudes interpuestas, lo que pone en duda la
neutralidad de la Sección Primera. Además, afirmó que lo anterior se puede
clasificar como un defecto procedimental absoluto.
Se advierte que estos argumentos reiteran lo señalado en el escrito de tutela y
en el memorial con solicitud de nulidad del medio de control. El actor buscó
encausar los mismos reproches respecto del auto del 5 de junio de 2025 para
argumentar la relevancia constitucional del caso. Sin embargo, tales cargos
fueron resueltos por el juez natural en el auto del 7 de julio de 2025, por lo que
no se acredita la relevancia constitucional del caso propuesto.
5.3. Precisado lo anterior, se recuerda que la jurisprudencia constitucional ha dicho
que la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un
análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y la
interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su
naturaleza y propósito. De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye
en sí misma una vulneración de derechos fundamentales.
Justamente, lo advertido en el caso es que la parte actora presentó tutela por
no estar de acuerdo con las decisiones adoptadas por la autoridad accionada.
Sin embargo, tal discrepancia de criterios no implica una vulneración real a su
derecho al debido proceso. Y es que de manera reiterada, se ha sostenido que
cuando se controvierten decisiones judiciales, la procedencia del amparo está
sujeta a que el asunto sea de tal relevancia en materia constitucional, que se
logre apreciar sin mayor esfuerzo una vulneración grosera o de bulto; lo que no
ocurre en este caso.
Además, no debe olvidarse que tratándose de providencias judiciales
proferidas por altas cortes (quienes cumplen la función de unificar la
jurisprudencia y actuar como órganos de cierre en sus respectivas
jurisdicciones), se exige la configuración de un error en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política
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y que sea incompatible con la jurisprudencia constitucional. Lo cual no
acontece en el caso.
Finalmente, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida
por un juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los
principios de cosa juzgada, independencia, autonomía funcional y juez natural.
Por consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar
una decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados jurisprudencialmente,
incluyendo la relevancia constitucional.
En consecuencia, si los requisitos generales de procedibilidad no se cumplen,
no hay lugar a estudiar el asunto de fondo. Es condición imprescindible para
analizar los defectos propuestos por la parte actora que todos los presupuestos
generales se cumplan a cabalidad. Solo así será procedente, proseguir al
segundo estadio de análisis consistente en determinar si las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en los defectos planteados por el tutelante.
6. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia,
mediante la cual se declaró la improcedencia de la acción de tutela, por no cumplir a
cabalidad los requisitos generales de procedibilidad de este mecanismo contra
providencias judiciales, concretamente el de la relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia de 19 de agosto de 2025, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, dadas las razones expuestas en la
parte considerativa de esta providencia.
2. Modificar en Samai la parte actora de la presente acción de tutela, de manera
que aparezca únicamente Partido Liberal Colombiano.
3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
5. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la
siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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