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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04378-00

Fecha
25 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04378-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes esta providencia por el medio más expedito. CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. 11 Radicado: 11001-03-15-000-2025-04378-00 Accionante: Carlos Iván Cuello Vélez

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-04378-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

25 de septiembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04378-00
Accionante: Carlos Iván Cuello Vélez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco
(2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04378-00
Accionante: Carlos Iván Cuello Vélez
Accionado: Consejo de Estado - Sección Quinta

Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de
relevancia constitucional cuando el debate planteado por la
demandante pretende reabrir la controversia ya resuelta
por el juez natural.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la acción de tutela interpuesta por el señor Carlos
Iván Cuello Vélez en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD

El ciudadano Carlos Iván Cuello Vélez interpuso acción de tutela contra la
Sección Quinta del Consejo de Estado, con el fin de obtener la protección
de sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al
debido proceso y a la igualdad, así como de los principios de buena fe,
confianza legítima y seguridad jurídica, que considera vulnerados con la
sentencia del 8 de mayo de 2025, proferida por la autoridad judicial
accionada dentro de la acción de cumplimiento identificada con el número
único de radicación 20001-23-33- 000-2025-00077-01. En consecuencia,
pretende:

“(...) Primero PRETENDO CON ESTA ACCION DE TUTELA como
mecanismo excepcional y definitivo QUE LA SALA PLENA DEL CONSEJO
DE ESTADO DEJE SIN EFECTO Y SIN VALOR LA SENTENCIA DE ACCION
DE CUMPLIMIENTO , Y EN SUS LUGAR CONFIRMAR LA SENTENCIA
EXPEDIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR Y ASI
GARANTIZAR la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante de la sentencias C-1194-01,SU 386-23, C-638-00, C-157-98,
SU077-18,C-319-13,T-353-14,T-173-99, C-173-99,C-1511- 00,C1511-
00,C-893-99,C-651-03,C-010-01, C-193-98,C651-03 , T-461-21, QUE
HAN REITERADO la procedencia de la acción de cumplimiento ,por
violación al presente y por interpretación errónea de la norma como
causal de procedibilidad para que el juez constitucional tutela mis
derecho fundamental acceder a la administración de justicia, al debido
proceso , derecho a la igualdad , principio de la buena fe confianza
legitima , principio de seguridad jurídica y revoque la sentencia de acción
de cumplimiento en segunda instancia por medio de la cual el tribunal
administrativo del cesar concedió la acción de cumplimiento, por ser una

1

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04378-00
Accionante: Carlos Iván Cuello Vélez

clara via de hecho , desconocimiento del precedente judicial, falsa
motivación violación directa de la Constitución Defecto fáctico, Error
inducido, La obligación de las autoridades administrativas de aplicar la
Constitución y la ley y de tener en cuenta el precedente judicial para
todas sus actuaciones, deben acatar el precedente judicial, esto es,
están en la obligación de aplicar e interpretar las normas, en el sentido
dictado por la autoridad judicial, el deber de acatamiento del precedente
judicial que de conformidad con el articulo 10 de la ley 1437 del 2011 ,
es obligacion hacerla extensivas SU-380/21,
T022/19),SU354/17,SU113/18,C-539/11. T-441/18, C-621/15, C-
836/01, T-775/14, SU-611/17, SU-069/18, T-656/11, 309/15,
SU406/16,T-081/23,SU060/21,,SU048/22,SU068/18,C
634/11,SU072/18,SU-041/22,T-048/129,C099/22,SU-635/15

SEGUNDO QUE la sala plena del consejo de estado haga la diferencia
entre la ley 1755 del 2015 y la ley 393 de 1997

Tercero que la sala plena ordene al ministerio de transporte a darle
cumplimiento artículo 158ª de la ley 769 del 2002 y anule las sanciones
impuestas por el municipio de Valledupar atraves de la secretaria de
transito debido que no contaban con la autorización de la
superintendencia de transporte para operar dispositivo electrónico (...)”.
(sic en toda la cita).

El accionante expuso en su escrito de tutela que el Tribunal Administrativo
del Cesar1 mediante fallo de 12 de marzo de 2025 ordenó al municipio de
Valledupar - Secretaría de Tránsito y Transporte dar cumplimiento al inciso
1 del artículo 135 de la Ley 769 de 20022, decisión que fue apelada por el
municipio de Valledupar, quien reiteró los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda.

Sostuvo que, mediante sentencia del 8 de mayo de 2025, la Sección Quinta
del Consejo de Estado revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar,
resolvió:

“(...) PRIMERO: Revocar la sentencia del 12 de marzo de 2025,
dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar. En su lugar:

1. Rechazar la demanda respecto del Ministerio de Transporte y frente
a los artículos 5 del Decreto 2409 de 2018 y 4 de la Ley 1843 de 2017.

2. Declarar la improcedencia de la demanda respecto de la
pretensión relacionada con la anulación de los comparendos que le
fueron impuestos por los agentes de tránsito del municipio de
Valledupar.

3. Declarar la cosa juzgada con respecto a las pretensiones de
cumplimiento de los artículos 18 de la Ley 2251 de 2022; 3 y 13 de la
Ley 1843 de 2017; 127, 129 y 135 al 137 de la Ley 769 de 2002, y los

1 En adelante el Tribunal.
2 Ley 769 de 2002. Art. 135. Procedimiento. “Ante la comisión de una contravención, la autoridad de

tránsito debe seguir el procedimiento siguiente para imponer el comparendo: || Ordenará detener la
marcha del vehículo y le extenderá al conductor la orden de comparendo en la que ordenará al
infractor presentarse ante la autoridad de tránsito competente dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes. Al conductor se le entregará copia de la orden de comparendo. […]”

2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04378-00
Accionante: Carlos Iván Cuello Vélez

literales a, d, g, i, m del artículo 3 y los artículos 5 al 8 de la Resolución
20203040011245 de 2020, por las razones expuestas en esta
providencia.

4. Negar las pretensiones de la demanda en relación con el artículo 4
del Decreto 2409 de 2018, 134 de la Ley 769 de 2002, 14 de la Ley
1843 de 2017 y los artículos 1, 2, 4 y 9 al 14 de la Resolución
20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte.
(...)”

Como fundamento de la presente acción constitucional la parte actora alegó
que la sentencia censurada incurrió en una vía de hecho al declarar cosa
juzgada, ya que, en su criterio, bajo ninguna circunstancia se configuró
dicho fenómeno.

Aseguró que la autoridad judicial también incurrió en desconocimiento del
precedente judicial establecido en las sentencias C-1194-01, SU 386-23, C-
638-00, C-157-98, SU077-18, C-319-13, T-353-14, T-173- 99, C-173-99,
C-1511-00, C-1511-00, C-893-99, C-651-03, C-010-01, C-193-98, C-651-
03, T-461-21, providencias que señalan que es procedente la acción de
cumplimiento para que el municipio de Valledupar le dé cumplimiento a los
artículos 1, 2, 3, 13 y 14 de la Ley 1843 de 2017; 109 del Decreto Ley 2106
de 2019; 127, 129, 134, 135, 136, 137 y 158ª de la Ley 769 de 2002; 14
y 158ª; 14 parágrafo 1; 18 de la Ley 2251 de 2022 y 6° de la Resolución
número 20203040011245 de 2020.

Afirmó que el fallo cuestionado incurrió en falta de motivación, al estimar
que no planteó adecuadamente el problema jurídico, pues según el Tribunal
Administrativo del Cesar avaló “la realización, de comparendo a través de
vehículos en movimiento, donde estos vehículos que son tres, tienen vidrios
oscuros, donde no se sabe, quien están dentro de estos vehículos tomando
fotos, si hay funcionarios de tránsito o son funcionario de la concepción de
tránsito debido que ellos […]”.

Así mismo, citó fragmentos de varias sentencias de la Corte Constitucional
que, en su criterio, fueron desconocidas por la autoridad judicial accionada
y agregó que incurrió en los defectos procedimental, sustantivo y fáctico,
además de la violación directa de la Constitución y error inducido.

II. TRÁMITE DE LA TUTELA

2.1. Mediante auto de 18 de julio de 2025, el Despacho sustanciador
admitió la acción de tutela, vinculó a la Superintendencia de Puertos y
Transporte, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a la Secretaría de
Tránsito y Transporte de Valledupar, al Ministerio de Transporte y al
Tribunal Administrativo del Cesar y ordenó notificar a las partes.

2.2. La Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV3 presentó informe
en el que solicita su desvinculación del proceso y que se declare la
improcedencia de la presente acción constitucional.

3
Ver índice SAMAI nro. 9 del expediente de la referencia.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04378-00
Accionante: Carlos Iván Cuello Vélez

Adujo que no ha incurrido en acciones u omisiones que vulneren o
amenacen los derechos invocados, pues, a su juicio, la acción carece de
sustento fáctico, probatorio y legal que permita acreditar alguna
vulneración atribuible a dicha autoridad.

2.3. La Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar4 presentó
informe en el que solicita: i) denegar por improcedente la presente acción
de tutela, ii) reconocer que el juez constitucional no puede fungir como una
instancia adicional para revisar criterios jurídicos razonables adoptados en
decisiones judiciales y, iii) mantener incólume la sentencia objeto de
amparo.

Asegura que la providencia cuestionada goza de plena legalidad, garantiza
el principio de seguridad jurídica y fue proferida con base en la autonomía
judicial y en los principios rectores del debido proceso. Sostuvo que no
puede calificarse como vía de hecho una sentencia motivada de manera
clara, suficiente y razonable, en la que se valoró integralmente el acervo
probatorio conforme a la Ley 1437 de 2011.

Agrega que el Consejo de Estado fundamentó su decisión en la existencia
de cosa juzgada y en la improcedencia de la acción de cumplimiento como
medio de control frente a los hechos analizados. Por tanto, no puede
hablarse de falsa motivación ni de vía de hecho, en la medida en que la
sentencia se sustentó en el precedente judicial aplicable.

2.4. El Ministerio de Transporte5 presentó informe en el cual solicita que
se declare la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que los
argumentos del accionante son insuficientes y desacertados, lo que impide
atribuirle responsabilidad alguna a dicha cartera ministerial.

Señala que el Ministerio no se encuentra legitimado en la causa por pasiva,
pues en la demanda se solicita que se adelanten acciones operativas y
administrativas para garantizar controles de inspección, vigilancia y control
sobre la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor
especial, funciones que corresponden a los organismos de tránsito y no a
dicha autoridad.

Reitera que no tiene responsabilidad en el asunto, dado que sus
competencias se circunscriben a la formulación de políticas, planes y
regulación normativa en materia de transporte, sin facultades de carácter
sancionatorio.

Aduce que dicha autoridad no es superior jerárquico de los organismos de
tránsito, alcaldes o gobernadores y, conforme al Decreto 087 de 2011,
carece de competencia para impartir órdenes a autoridades locales o anular
comparendos, por no ejercer funciones jurisdiccionales.

4
Ver índice SAMAI nro. 11 del expediente de la referencia.
5 Ver índice SAMAI nro. 13 del expediente de la referencia.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04378-00
Accionante: Carlos Iván Cuello Vélez

Manifiesta que los operativos de tránsito realizados por la Policía Nacional,
en coordinación con las secretarías de tránsito, tienen sustento legal y
buscan preservar el orden y la seguridad vial.

Finalmente, sostiene que el accionante no acreditó haber acudido ante la
Superintendencia de Transporte, entidad competente para ejercer
funciones de inspección, vigilancia y control, e imponer las sanciones
correspondientes en caso de incumplimiento de la normativa de transporte.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. Competencia

De conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,
en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del
Acuerdo nro. 80 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de las acciones de tutela entre las secciones, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.

3.2. Cuestión previa

Se observa que tanto la Agencia Nacional de Seguridad Vial como el
Ministerio de Transporte solicitaron su desvinculación en sus respectivos
informes.

Para resolver las anteriores solicitudes, es preciso indicar que el artículo 13
del Decreto 2591 de 1991 establece, respecto a la legitimación en la causa
por pasiva, lo siguiente:

“(...)Artículo 13. Personas Contra Quien se Dirige la Acción e
Intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el
representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el
derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento
de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su
autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos,
sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de
la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá
intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad
pública contra quien se hubiere hecho la solicitud. (...)”

De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20066, se refirió a la falta de legitimación en la causa por
pasiva en los siguientes términos:

“(…) En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación
en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo
siguiente:

6 Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04378-00
Accionante: Carlos Iván Cuello Vélez

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de
fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie
sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición
por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En
resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las
partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso.
(…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le
atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la
reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una
pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un
instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde
la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para
desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que, en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez
debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios
de legalidad y contradicción.

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas
esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se
deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los
derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna
circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por
pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o
cuando no es su conducta la que inflige el daño (…)”. (Destaca el Sala)

En atención a lo expuesto, la Sala considera que no procede acceder a las
solicitudes de desvinculación, por cuanto de la revisión de la demanda y del
acervo probatorio obrante en la acción de cumplimiento bajo radicado
20001-23-33-000-2025-00077-01, trámite judicial donde se profirió la
providencia censurada por el accionante, se advierte que el Ministerio de
Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial actúan como entidades
demandadas, por lo que su vinculación al presente trámite obedece a que
la decisión que aquí se adopte podría afectar sus intereses, por lo que se
mantiene con el fin de garantizar el debido proceso.

3.2. Análisis de la Sala

Corresponde a la Sala determinar si, en el presente caso, la Sección Quinta
de esta Corporación vulneró los derechos fundamentales invocados por el
actor al proferir la sentencia del 8 de mayo de 2025, dentro de la acción de
cumplimiento radicada bajo el número 20001-23-33-000-2025-00077-01.
Para ello, se analizará de manera preliminar si se satisfacen los requisitos
de procedencia de la acción de tutela que permitan un estudio de fondo, en
particular el relativo a la relevancia constitucional.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04378-00
Accionante: Carlos Iván Cuello Vélez

3.2.1. Relevancia Constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, acogida también
por esta Corporación7, estableció que un asunto reviste relevancia
constitucional cuando “se plantea una confrontación de la situación
suscitada por la parte accionada con derechos de carácter constitucional
fundamental, por cuanto los debates de orden exclusivamente legal son
ajenos a esta acción pública”.

Posteriormente, en la sentencia SU-215 de 20228, la Corte reiteró “la
necesidad de que la acción de tutela contra providencias judiciales satisfaga
el requisito de relevancia constitucional, el cual encuentra su razón de ser
en el carácter subsidiario de dicha acción y en la especialidad tanto de los
jueces de tutela como de los jueces ordinarios”. En esa providencia se
precisó:

“[…] el simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para cumplir
con el requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar
de manera razonable una restricción desproporcionada a los derechos
mencionados. […]”.

Teniendo en cuenta lo anterior, corresponde a esta Sala examinar si el
asunto planteado supera el requisito de relevancia constitucional, a partir
de los criterios establecidos por la jurisprudencia constitucional.

3.2.2. Criterios jurisprudenciales sobre la relevancia constitucional

En la referida sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primer requisito general de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales es que el asunto que se discute resulte de evidente relevancia
constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede
entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir
a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con
toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver
es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes” 9.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional10.

7 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado,

Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth
García González).
8 M. P. Natalia Ángel Cabo.
9 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
10 En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los

fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia

7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04378-00
Accionante: Carlos Iván Cuello Vélez

A partir de la referida sentencia, el concepto de la relevancia constitucional
ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en
la sentencia SU–573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres
finalidades11:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional,
deben concurrir los tres elementos que integran el requisito de relevancia12.
En consecuencia, si no se acredita alguno de ellos, la acción de tutela
deviene improcedente por no superar dicho presupuesto de procedibilidad.

3.2.3. La tutela como instancia adicional

La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a este
elemento, la Corte Constitucional ha dicho13:

“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado
a discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia
constitucional, ‘la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios’, pues la
competencia del juez de tutela se restringe ‘a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales]
y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal’. En este orden de ideas,
la tutela en contra de una sentencia dictada, en particular, por una Alta
Corte, exige valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una
actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de
derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción
tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás
jurisdicciones’, en estricto respeto a la independencia de los jueces
ordinarios […]”.

la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta
cuestión y ninguna otra”.
11 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P. Carlos Bernal Pulido.

Este criterio ha sido reiterado, verbigracia, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
12 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia

del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente
nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
13 Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04378-00
Accionante: Carlos Iván Cuello Vélez

En desarrollo de esa finalidad, en la sentencia SU-215 de 2022, y reiterando
lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que “la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de
corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo de esa forma se
previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se evita que el amparo sea usado indebidamente como una
instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatoria o de
interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial.

Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo
dicho por la jurisprudencia que viene de citarse, cabe destacar que en el
fallo C-590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber pasado
por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que
permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones
de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del
derecho”. (Se destaca).

En ese sentido, resulta evidente que, al menos prima facie, cuando el
accionante utiliza la tutela para controvertir la valoración probatoria
efectuada por el juez natural, la interpretación de normas legales o el
alcance del precedente judicial, está empleando esta acción como una
instancia adicional, en contravía de su finalidad constitucional.

3.2.4. Caso concreto

Para determinar si en el presente caso se supera el requisito de relevancia
constitucional, la Sala centrará su análisis en el tercer criterio, relativo a
evitar que la acción de tutela se utilice como una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones adoptadas por el juez natural.

Se observa que, mediante sentencia de primera instancia de 12 de marzo
de 2025 dentro de la acción de cumplimiento 20001-23-33- 000-2025-
00077-00, el Tribunal ordenó al municipio de Valledupar - Secretaría de
Tránsito y Transporte dar cumplimiento a lo previsto en el inciso 1 del
artículo 135 del Código Nacional de tránsito, decisión frente a la cual dicha
autoridad administrativa interpuso recurso de apelación.

Posteriormente, la Sección Quinta de esta Corporación mediante sentencia
de 8 de mayo de 2025 revocó la sentencia de primera instancia y resolvió
lo siguiente:

“(…) 1. Rechazar la demanda respecto del Ministerio de Transporte y
frente a los artículos 5 del Decreto 2409 de 2018 y 4 de la Ley 1843 de
2017.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04378-00
Accionante: Carlos Iván Cuello Vélez

2. Declarar la improcedencia de la demanda respecto de la pretensión
relacionada con la anulación de los comparendos que le fueron
impuestos por los agentes de tránsito del municipio de Valledupar.

3. Declarar la cosa juzgada con respecto a las pretensiones de
cumplimiento de los artículos 18 de la Ley 2251 de 2022; 3 y 13 de la
Ley 1843 de 2017; 127, 129 y 135 al 137 de la Ley 769 de 2002, y los
literales a, d, g, i, m del artículo 3 y los artículos 5 al 8 de la Resolución
20203040011245 de 2020, por las razones expuestas en esta
providencia.

4. Negar las pretensiones de la demanda en relación con el artículo 4
del Decreto 2409 de 2018, 134 de la Ley 769 de 2002, 14 de la Ley
1843 de 2017 y los artículos 1, 2, 4 y 9 al 14 de la Resolución
20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte.
(…)”

Del análisis del escrito de tutela se advierte que las pretensiones del
accionante se orientan, de un lado, a dejar sin efectos la sentencia proferida
por la Sección Quinta de esta Corporación y, en su lugar, confirmar la
decisión del Tribunal; y, de otro, a ordenar al Ministerio de Transporte dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 158A de la Ley 769 de 2002, en el
sentido de anular las sanciones que la Secretaría de Tránsito y Transporte
de Valledupar ha impuesto por no contar con autorización de la
Superintendencia de Transporte para operar dispositivos electrónicos.

El accionante alega la configuración de diversos defectos en la providencia
cuestionada: decisión sin motivación, defectos procedimental, sustantivo y
fáctico, violación directa de la Constitución, error inducido y la existencia de
una “vía de hecho”. Así mismo, alega el desconocimiento del precedente
fijado en las sentencias C-1194 de 2001, SU-386 de 2023, C-638 de 2000,
C-157 de 1998, SU-077 de 2018, C-319 de 2013, T-353 de 2014, T-173 de
1999, C-173 de 1999, C-1511 de 2000, C-893 de 1999, C-651 de 2003, C-
010 de 2001, C-193 de 1998 y T-461 de 2021; sin embargo, más allá de
citar las providencias no indica de qué manera eran aplican al caso concreto.

En el anterior contexto, es claro que la presente acción pretende que el juez
constitucional reexamine un asunto ya decidido por el juez natural, con el
propósito de obtener una nueva decisión, pero esta vez, favorable a sus
intereses, pues lo que se busca es controvertir los argumentos de la
sentencia censurada para que se deje sin efectos y se confirme la decisión
primera instancia, además de que se declare la nulidad de las sanciones de
tránsito impuestas por la autoridad municipal, asuntos que ya fueron objeto
de estudio y análisis por parte del juez natural.

Cabe señalar que, aunque el accionante invoca diversas causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, lo cierto
es que se limita a expresar su desacuerdo con las conclusiones alcanzadas
por la Sección Quinta en el caso concreto. En realidad, no plantea un
problema de índole estrictamente constitucional, sino que, se insiste, lo que
pretende es que el juez de tutela vuelva a pronunciarse sobre los mismos
hechos y normas, en una suerte de instancia adicional.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04378-00
Accionante: Carlos Iván Cuello Vélez

Así las cosas, no corresponde al juez constitucional sustituir a la autoridad
judicial accionada en la valoración de pruebas ni en la aplicación de las
normas y precedentes, ni actuar como un superior funcional encargado de
revisar sus decisiones.

Aceptar el estudio de fondo de esta controversia en sede de tutela implicaría
que el juez constitucional intervenga sin competencia en la valoración
jurídica y fáctica efectuada dentro del trámite de la acción de cumplimiento,
lo que constituiría una intromisión indebida que podría vulnerar el debido
proceso y alterar una decisión adoptada en un procedimiento ordinario,
dentro de los términos legalmente establecidos y por una vía procesal
atípica.

Por lo anterior, la Sala concluye que en este caso no se acredita el requisito
de relevancia constitucional, razón por la cual la acción de tutela resulta
improcedente y no es posible emitir un pronunciamiento de fondo sobre el
asunto debatido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte, por las
razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por
las razones expuestas en esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes esta providencia por el medio más
expedito.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04378-00
Accionante: Carlos Iván Cuello Vélez

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA PABLO ANDRÉS CÓRDOBA
GARZÓN ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO
CIFUENTES
Consejero de Estado (E)

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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