RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-04425-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04425-00

Fecha
11 de agosto de 2025
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04425-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Niégase la acción de tutela presentada por Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, por las razones expuestas en la parte motiva. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-04425-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

11 de agosto de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04425-00
Demandante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTÁ ESP
Demandado: SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN TERCERA DEL
CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SE NIEGA EL AMPARO

Síntesis del caso: la autoridad demandante cuestionó la sentencia proferida en segunda
instancia en un proceso de controversias contractuales, pues consideró que la autoridad judicial
incurrió en defectos que vulneraron sus derechos constitucionales fundamentales del debido
proceso y acceso a la administración de justicia. La Sala negará el amparo porque no encuentra
configurados los defectos alegados.

La Sala decide la acción de tutela presentada a través de apoderado judicial por la
sociedad Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP (en adelante empresa
de Acueducto) en contra de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado para obtener la protección de sus derechos fundamentales del debido proceso y
acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados con ocasión de la
providencia de 21 de febrero de 2025 proferida por la aludida autoridad judicial en el
proceso de controversias contractuales con radicación no. 25000-23-36-000-2019-
00270-01 (68.280).

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04425-00
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP
Acción de tutela

1) El 6 de noviembre de 2013, la empresa de Acueducto y la Caja de la Vivienda
Popular –CVP– (en adelante La Caja) suscribieron el Convenio Interadministrativo no.
530 de 2013, con el objeto de aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros
para desarrollar y adelantar el diseño y la construcción de redes externas de acueducto
y alcantarillado, así como obras anexas en proyectos de vivienda de interés prioritario
desarrollados por la Caja. El valor inicial fue de $1.500.000.000, posteriormente
adicionado a $2.499.757.642, y con un plazo de ejecución de tres (3) años contados a
partir de su firma.

2) El 25 de enero de 2014, la empresa de Acueducto realizó un primer desembolso de
MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/TE ($1.500.000.000) al fideicomiso
denominado “Fidubogotá S.A. Proyecto Construcción Vivienda Nueva”, cuyo
fideicomitente era la Caja, para ejecutar el objeto del convenio ya mencionado.

3) El 1 de diciembre de 2015, la empresa de Acueducto efectuó un segundo
desembolso por NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS
CIENCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/TE
($999.757.642), completando así el valor total del convenio. Dichos recursos también
fueron transferidos al fideicomiso administrado por Fidubogotá SA.

4) El 16 de octubre de 2015, las partes suscribieron el Otrosí no. 2 al convenio,
mediante el cual la Caja se obligó a consignar mensualmente, en una cuenta designada
por la empresa de Acueducto, los rendimientos financieros generados por los recursos
depositados en el fideicomiso matriz.

5) En ejecución del convenio, la Caja debía desarrollar seis (6) proyectos constructivos
de viviendas de interés prioritario (en adelante VIP), así: i) Candelaria La nueva -
Manzana 67, ubicado en la transversal 49 no. 59C-73 Sur – localidad de Ciudad Bolívar
(59 unidades de vivienda VIP); ii) Arborizadora Baja – Manzana 65, ubicado en la calle
59B Bis no. 37-85, localidad de Ciudad Bolívar (48 unidades de vivienda VIP); iii)
Arborizadora Baja – Manzana 55, ubicado en la calle 60A Sur no. 32-05, localidad de
Ciudad Bolívar (211 viviendas VIP); iv) Arborizadora Baja - Manzana 54, ubicada en la
Calle 60A Sur no. 44-11, localidad de Ciudad Bolívar (141 viviendas VIP); v) Bosques de
Arborizadora – Manzana 102, ubicado en la Diagonal 69G no 43B – 40, localidad de
Ciudad Bolívar (70 viviendas VIP), y vi) Reserva La María, ubicado en la Carrera 2 no. 8
-2D Sur, localidad de San Cristóbal (232 viviendas VIP).

3
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04425-00
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP
Acción de tutela

6) Los proyectos Manzana 102 y Reserva la María presentaron deficiencias en el
cumplimiento de requisitos legales que impidieron, al primero, obtener la licencia de
construcción y, al segundo, su ejecución. Por tal razón, la empresa de Acueducto
expidió cartas de compromiso únicamente para los primeros cuatro proyectos, requisito
indispensable, según el acuerdo de voluntades, indispensable, para trasladar recursos
a los patrimonios autónomos individuales de cada proyecto.

7) El 20 de diciembre de 2016, la empresa de Acueducto emitió la aprobación hidráulica
del proyecto Bosques de Arborizadora Alta - Manzana 102, requiriendo a la Caja para
que allegara el diseño estructural. Para estructurar la carta de compromisos, documento
que formaliza la aprobación de diseños entre la empresa de Acueducto y la Caja, se
requería la licencia de construcción vigente, la cual no fue aportada por la Caja.

8) En oficios del 9 de marzo y 15 de septiembre de 2017, la empresa de Acueducto
reiteró la solicitud para que se aportara la prórroga de la licencia de construcción y
demás información necesaria para expedir la carta de compromisos, sin que la Caja
allegara documento alguno.

8) En consecuencia, la empresa de Acueducto no aprobó los diseños ni suscribió la
carta de compromisos, y sin estos documentos no autorizó la ejecución de las redes y
tampoco designó supervisor técnico, ni recibió redes del proyecto mencionado.

9) El 8 de enero de 2016, el comité fiduciario contratado por la Caja ordenó la
liquidación del proyecto Reserva La María por situaciones que impedían su ejecución,
tales como la existencia de invasiones en el predio y la obtención de la licencia de
construcción por parte de la Caja, mediante silencio administrativo positivo.

10) El 26 de diciembre de 2018, la empresa de Acueducto remitió a la Caja el acta de
liquidación final del convenio, en la cual indicó un valor ejecutado de $1.490.798.019 y
un saldo a su favor por $1.008.959.623.

11) El 5 de abril de 2019, la empresa de Acueducto interpuso demanda contra la Caja,
en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, en la cual solicitó, entre
otras pretensiones: que se declara el incumplimiento del Convenio Interadministrativo
no. 530 de 2013 por parte de la Caja, se declarara cumplido por la empresa de
Acueducto, se liquidara judicialmente y se condenara a la Caja al pago de perjuicios y a
la devolución de la suma de $1.008.959.623, más indexación e intereses respectivos.

4
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04425-00
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP
Acción de tutela

12) Para la fecha de presentación de esa demanda, la empresa de Acueducto no había
recibido las obras correspondientes a los proyectos Manzanas 67, 65, 55 y 54 por estar
pendiente el pago de daños causados a la infraestructura de redes. Tampoco recibió el
proyecto Manzana 102 por falta de aprobación de diseños, ni el de Reserva La María,
por encontrarse liquidado sin reintegro de recursos.

13) El 27 de junio de 2019, la Caja allegó al proceso el oficio CVP-10-FELD-103-2019,
con un recuento de las obras realizadas en ejecución del convenio no. 530,
concluyendo que fueron terminadas y estaban operativas.

14) El 30 de julio de 2020, el tribunal profirió sentencia de primera instancia en la cual
declaró el incumplimiento contractual de la Caja, ordenó la liquidación judicial del
Convenio no. 530 de 2013 y condenó a dicha entidad al pago de $1.100.597.439 a
favor de la empresa de Acueducto, fijando además agencias en derecho por
$20.000.000.

15) La Caja interpuso recurso de reposición y aclaración, resueltos el 10 de junio de
2021 y el 15 de febrero de 2022, respectivamente. También presentó apelación en la
cual solicitó que se revocara la sentencia y, en su lugar, se negaran las pretensiones de
la demanda alegando que las obras contratadas fueron ejecutadas.

16) El 21 de febrero de 2025, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado profirió sentencia de segunda instancia mediante la cual revocó la decisión del
tribunal y, en su lugar, liquidó judicialmente el Convenio no. 530 del 6 de noviembre de
2013, disponiendo que la Caja debía pagar a la empresa de Acueducto la suma
doscientos cuarenta y nueve millones setecientos sesenta y cinco mil seiscientos
diecinueve pesos con veintidós centavos ($249’765.619,22), más la diferencia entre los
rendimientos ya transferidos y los que certifique la Fiduciaria Bogotá SAS, respecto del
aporte realizado por la empresa al patrimonio autónomo matriz que la Caja constituyó
para administrar los recursos del Convenio Interadministrativo No. 530 de 2013, en
favor de la primera.

17) Lo anterior, por encontrar probado que las obras sobre redes externas se ejecutaron
conforme a los lineamientos técnicos exigidos por la empresa de Acueducto y que tales
obras no fueron refutadas ni desvirtuadas por la demandante en el proceso.
2. Los fundamentos de la vulneración

5
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04425-00
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP
Acción de tutela

La parte actora señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de
justicia por cuanto incurrió en los defectos sustantivo y fáctico, en atención a que la
decisión cuestionada se soporta en premisas fácticas y jurídicas erróneas, carentes de
respaldo probatorio suficiente y alejadas de la realidad del caso.

Afirmó que la providencia parte del supuesto de que la empresa de Acueducto estaría
obteniendo un beneficio actual por el uso de unas redes de acueducto y alcantarillado
ejecutadas por la Caja en el proyecto Arborizadora Alta Manzana 102, a pesar de que
dicho proyecto de vivienda nunca fue construido y, por ende, no existe conexión alguna
de usuarios al sistema, lo cual impide cualquier tipo de aprovechamiento efectivo por
parte de la entidad.

Indicó, además, que la sentencia adoptó sin mayor análisis crítico el contenido del
informe presentado por la contratista de la Caja, el cual se refiere a costos de ejecución
de obras posteriores que nunca fueron conocidas por la empresa de Acueducto durante
la ejecución del convenio interadministrativo no. 530 de 2013, y que enuncian una serie
de gastos imputados a los recursos aportados por la prestadora del servicio público
domiciliario.

En cuanto al defecto sustantivo, señaló que este se configuró por el desconocimiento
del principio de legalidad contractual y por avalar la ejecución de unas obras (redes
externas de acueducto y alcantarillado en el proyecto Manzana 102) realizadas
unilateralmente por la Caja, sin el consentimiento técnico ni contractual de la empresa
de Acueducto.

Explicó que la propia providencia reconoció expresamente que dichas obras se
ejecutaron sin carta de compromisos, sin supervisión de la empresa de Acueducto y sin
aprobación formal de diseños, lo cual constituye una actuación extracontractual
unilateral por parte de la Caja, con recursos públicos provenientes de una empresa
prestadora de servicios públicos domiciliarios. No obstante, en lugar de calificar esa
actuación como un incumplimiento sustancial (pretensión tercera de la demanda
ordinaria), la sentencia interpretó que la existencia de una legalización urbanística
previa del predio, mediante resoluciones administrativas, y la posibilidad de tramitar
licencias de construcción con base en el acto administrativo de legalización —que surte
los efectos de una licencia de urbanización—, suplía la falta de licencia de construcción.
La parte actora advirtió que la legalización urbanística no tiene efectos constitutivos de

6
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04425-00
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP
Acción de tutela

dominio, no sanea actos administrativos irregulares previos ni exonera de
responsabilidad legal a quienes hayan desarrollado asentamientos de forma informal.

Sobre el defecto fáctico, insistió en que no obra en el expediente prueba alguna que
acredite la existencia de un acto formal de recepción de las redes construidas sin el
consentimiento ni aprobación técnica de la empresa de Acueducto, requisito legal
indispensable para su incorporación al patrimonio público, conforme al Decreto 1077 de
2015. En este sentido, la sentencia careció del apoyo probatorio necesario para aplicar
el supuesto legal en que se sustentó.

Agregó que la providencia atribuyó valor probatorio determinante al informe final
rendido por el contratista de la Caja –OINCO- y al de la supervisora designada por esta
entidad, sin considerar que tales documentos: i) fueron elaborados unilateralmente por
la parte demandada y/o sus contratistas, ii) no fueron conocidos por la demandante al
momento de la ejecución del convenio ni antes de interponer la demanda, y iii) no
fueron objeto de contradicción real dentro del proceso, pues la demandante carecía de
elementos de juicio válidos para avalarlos o controvertirlos. Sostuvo que, debido a la
falta de legalización del proyecto, la empresa prestadora del servicio público domiciliario
no participó en el proceso constructivo avalado por la decisión judicial objeto del
presente amparo constitucional.

La autoridad judicial pasó por alto que la demandante nunca expidió la carta de
compromisos ni designó supervisor técnico para ese proyecto, precisamente porque no
se cumplían los requisitos habilitantes, razón por la cual no tuvo conocimiento técnico
directo de esas obras, además ignoró los informes técnicos y administrativos internos
de la demandante que obran en el expediente, los cuales acreditaban la ausencia de
las condiciones previas exigidas por el Reglamento de Urbanizadores (Resolución 755
de 2014), y que debían ser valorados para determinar la validez de la ejecución y
recepción de las obras.

Concluyó que esta omisión implica que la decisión no está sustentada en un análisis
riguroso de las normas aplicables ni de los hechos probados, lo cual equivaldría a un
fallo en conciencia o de equidad, prohibido por el ordenamiento jurídico.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:

7
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04425-00
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP
Acción de tutela

“1.- Solicito comedidamente al H. Consejo de Estado, tutelar y ordenar la
protección efectiva de los derechos fundamentales de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB ESP al debido
proceso, a la administración de justicia real y efectiva y a la igualdad, que
conduzcan a la obtención de decisiones justas en el marco del Estado Social
de Derecho.

2.- Solicito comedidamente al señor Juez de Tutela, DEJAR SIN EFECTOS, la
sentencia de fecha 21 de febrero de 2025, proferida por el Consejo de Estado
– Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección “A”,
proferida en el marco del proceso de controversias contractuales No.
250002336000201900270 01 (68.280).

3.- En consecuencia, solicito al H. Consejo de Estado que imparta aquellas
órdenes que considere procedentes y tendientes a obtener el restablecimiento
de los derechos fundamentales de la accionante.

4.- Solicito comedidamente al H. Consejo de Estado ordenar que se le dé
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.”.
(índice 2 de SAMAI – negrillas y mayúsculas fijas del original).

4. Actuación procesal

Mediante auto de 18 de julio de 2025 se admitió la acción de tutela, se notificó al
presidente y a los magistrados integrantes de la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, y se vinculó en calidad de terceros con interés al presidente y a
los magistrados integrantes de la Subsección A de la Subsección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y al director o quien haga sus veces de la Caja de la
Vivienda Popular, como autoridad demandada en el proceso de acción contractual en el
cual se profirió la providencia cuestionada en la presente acción de tutela,
entregándoles copia de la demanda y los anexos (índice 4 SAMAI).

5. Actuación de las autoridades judiciales demandadas y vinculadas

El magistrado ponente de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
indicó que la pretensión de la parte actora es abrir una tercera instancia para debatir el
proceso, lo cual desnaturaliza la acción de tutela (índice 11 de SAMAI).

Respecto de los defectos alegados, señaló que, contrario a lo expuesto por la
demandante, no se avaló una ejecución irregular del convenio interadministrativo. En la
sentencia se identificaron y clarificaron los rasgos definitorios de esta clase de negocios
jurídicos.

Se concluyó que, si bien el proyecto de redes externas de acueducto y alcantarillado de
la Arborizadora Alta - Manzana 102 se ejecutó sin que mediara carta de compromisos ni

8
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04425-00
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP
Acción de tutela

designación de interventor por parte de la demandante, esta desatención -sin
desconocer que pudiera dar lugar a otro tipo de responsabilidades-, no generaba la
devolución de los recursos destinados a dicho proyecto. Ello, por cuanto los recursos sí
se ejecutaron e invirtieron en la obra, y no se acreditó que esa circunstancia hubiera
ocasionado un detrimento patrimonial a la demandante, al menos no en el valor de
ejecución de las obras cuya reversión solicitaba.

La empresa de Acueducto tuvo conocimiento de la ejecución de las obras
correspondientes a la manzana 102 –como se explica en el numeral 117 y en nota al
pie 56 de la providencia–; además, los diseños fueron aprobados, aunque el aval no se
formalizó debido a que no se expidió la carta de compromisos (según se detalla en los
numerales 121 a 124 de la sentencia).

En el fallo se precisó que, aunque no se construyeron las viviendas previstas en la
manzana 102 y, por ende, no se cumplió el objetivo común del convenio no. 530 de
2013 para ese desarrollo, ello no supuso automáticamente un detrimento patrimonial
que afectara el presupuesto de la demandante, comoquiera que las redes externas sí
se ejecutaron en un sector urbanizado de Bogotá y, por lo tanto, eran utilizables y
aprovechables por la empresa de Acueducto, dada la competencia que ésta tiene
asignada para la construcción de ese tipo de infraestructura y la forma en que se
vinculó al convenio.

El fallo destacó que, mediante la Resolución no. 773 del 9 de julio de 2014, el Distrito
modificó el artículo 4 de la Resolución no. 1126 de 1996, para indicar que el predio
manzana 102 cumplía con las obligaciones urbanísticas y “por tanto se consideran
urbanizadas y no objeto de desarrollo”, lo cual significa que, aunque para ese momento
no se concretó el proyecto VIP en el predio, las redes externas se construyeron en un
predio urbanizado y, por ende, en beneficio de la empresa demandante.

La sentencia se fundamentó en la realidad probatoria del expediente y en la conducta
desplegada por las partes tanto durante la ejecución del convenio como en el proceso
judicial. Según el magistrado ponente de la providencia cuestionada, la inconformidad
de la demandante obedece a su desacuerdo con las conclusiones y el sentido de la
decisión.

Por su parte, la Caja de Vivienda Popular manifestó que la acción de tutela tiene como
objeto cuestionar una providencia y, en tal virtud, el único sujeto procesal que podría
ostentar legitimación en la causa por pasiva es la autoridad judicial que profirió la

9
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04425-00
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP
Acción de tutela

decisión, en tanto es a quien se le imputa directamente la presunta vulneración de
derechos fundamentales por vía de defecto fáctico o sustantivo. Por ello, estimó que
carece de legitimación en la causa por pasiva.

Agregó que, al no configurarse ninguno de los defectos estructurales reconocidos por la
jurisprudencia constitucional, la acción de tutela es improcedente y en todo caso, la
sentencia cuestionada fue razonable, motivada y respetuosa de los derechos
fundamentales de las partes. (índice 13 SAMAI)

La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
guardó silencio pese a que fue debidamente notificada. Por su parte, la secretaria de
dicha corporación aportó copia digital del expediente ordinario.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. La finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para
desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.

2. El caso concreto

10
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04425-00
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP
Acción de tutela

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado con el fin de que se protejan sus derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de
justicia, supuestamente vulnerados con ocasión de la providencia de 21 de febrero de
2025 mediante la cual se revocó la sentencia proferida el 30 de julio de 2020 por la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en
su lugar, se dispuso la liquidación judicial del Convenio no. 530 del 6 de noviembre de
2013, en el sentido que la Caja debía pagar a la empresa de Acueducto la suma
doscientos cuarenta y nueve millones setecientos sesenta y cinco mil seiscientos
diecinueve pesos con veintidós centavos ($249’765.619,22), más el valor que resulte de
la diferencia entre los rendimientos ya transferidos y los que certifique la Fiduciaria
Bogotá SAS, correspondientes al aporte que realizó la empresa de Acueducto al
patrimonio autónomo matriz a cargo de la Caja y en favor de la primera.

La parte actora afirmó que la decisión se sustentó en premisas fácticas y jurídicas
erróneas, carentes de respaldo probatorio y alejadas de la realidad del caso, por lo cual
se configuraron los defectos sustantivo y fáctico.

En los términos en que fue propuesta la controversia, la Sala negará el amparo por las
razones que procederán a exponerse:

La acción de tutela cumplió con los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados
por la jurisprudencia constitucional por cuanto: i) la cuestión que se discute resulta de
relevancia constitucional, en tanto se invocaron los defectos sustantivo y fáctico que no
pudieron ser planteados en el curso del proceso ordinario; máxime cuando la
providencia que se ataca revocó la decisión de primera instancia que accedió a las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, liquidó el Convenio por un valor inferior al
reclamado; ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial disponibles ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo; iii) no se trata de una irregularidad
procesal con incidencia determinante en la sentencia que se impugna y que afecte
derechos fundamentales; iv) la parte actora identificó de manera razonable tanto los
hechos que habrían generado la vulneración como los derechos presuntamente
transgredidos; v) no se ataca una sentencia de tutela y, vi) se cumplió con el requisito

11
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04425-00
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP
Acción de tutela

de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción fue promovida dentro de los 6
meses siguientes a la notificación de la providencia del 21 de febrero de 20251.

2.1 Caracterización del defecto sustantivo

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el defecto sustantivo se configura
cuando una providencia se sustenta en fundamentos jurídicos a todas luces no
subsumibles al caso objeto de la litis o con base en “una interpretación que contraríe los
postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”2.

La Corte Constitucional3 estableció que el defecto sustantivo abarca múltiples causas
que pueden generar un yerro en la aplicación o interpretación del derecho y que, por tal
razón, pueden llegar a afectar ostensiblemente el derecho fundamental del debido
proceso de las partes por la errónea elección de fuentes jurídicas o por la omisión de
normas aplicables, que pueden ser las subreglas jurisprudenciales que gobiernen una
determinada materia. Esa misma Corporación señaló que se genera cuando una
determinada autoridad judicial:

“(i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un
precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de
hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del
caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente -
interpretación contra legem- o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se
aparta del precedente judicial –horizontal o vertical- sin justificación suficiente; o
(v) se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación
manifiesta de la Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por
alguna de las partes en el proceso”4.

2.2 El análisis del defecto sustantivo en el caso concreto

Para la autoridad demandante, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado desconoció el principio de legalidad contractual porque no observó las reglas
pactadas en el convenio. Sin embargo, la Sala advierte que la autoridad judicial realizó
una interpretación razonable del acuerdo celebrado entre las partes y de su finalidad.

1
La sentencia fue notificada el 5 de marzo de 2025 (índice 46 Samai proceso ordinario) y la demanda de
acción de tutela se presentó el 17 de julio de 2025 (índice 01 Samai).
2
Corte Constitucional, sentencia T-073 de 2015.
3
Corte Constitucional, sentencia SU-298 de 2015.
4
Corte Constitucional, sentencia T-830 de 2012.

12
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04425-00
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP
Acción de tutela

1) La demandante reprochó que se hubiera avalado la ejecución de obras (redes
externas de acueducto y alcantarillado en el proyecto Manzana 102) realizadas
unilateralmente por la Caja, sin consentimiento técnico ni contractual de la empresa de
Acueducto y con inobservancia de las reglas del convenio.

2) No obstante, la autoridad judicial explicó que, ante la ausencia de una regulación
legal exhaustiva sobre los convenios interadministrativos, corresponde al juez
identificar y clarificar los rasgos definitorios de este tipo de negocios jurídicos, como
insumo determinante para resolver los conflictos que se deriven de ellos. Concluyó que
el alcance de las obligaciones de las entidades públicas y su cumplimiento deben
evaluarse a partir del ánimo de cooperación, coordinación o colaboración que motivó el
convenio, así como de las competencias administrativas de cada entidad, dado que, en
virtud del principio de legalidad, ninguna puede actuar por fuera del marco de sus
atribuciones.

3) En el convenio interadministrativo no. 43 de 2012, celebrado por la Caja con el
Distrito Capital –Secretaría de Hábitat–, Fonvivienda y Metrovivienda, para la entrega
gratuita de hasta 2664 viviendas de interés prioritario, la Caja asumió en 1921 de ellas,
la obligación de adelantar el proceso de viabilidad predial, los estudios y las obras
relacionadas con la reconversión de materiales o traslado de redes de acueducto y
alcantarillado que obstaculizaran el desarrollo de los proyectos.

4) La empresa de Acueducto, por su parte, tenía la función de garantizar el
funcionamiento hidráulico óptimo de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial de
Bogotá, mediante la rehabilitación o renovación de redes que cumplieron su vida útil o
que presentaran fallas estructurales e hidráulicas, así como la repotenciación de redes
externas, necesaria ante la densificación de nuevos desarrollos urbanísticos.

5) Las competencias de ambas entidades eran complementarias, por lo cual se
requería su concurrencia para ejecutar adecuadamente los proyectos VIP propuestos
por la Caja, ello incluía, entre otras actividades, la recepción a satisfacción de las obras
de reconstrucción de redes por parte de la empresa de Acueducto.

6) En el Convenio no. 530, las partes acordaron que la empresa de Acueducto
aportaría los recursos para el diseño y ejecución de las redes externas requeridas y
aprobadas por ella para cada proyecto VIP, mientras que la Caja se encargaría de la
contratación de diseños y construcción de esas obras.

13
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04425-00
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP
Acción de tutela

7) Para la Sala, es evidente que la autoridad judicial sí tuvo en cuenta la naturaleza del
convenio y la exigencia de que, antes de ejecutar las obras, debía existir carta de
compromisos (previa aprobación de diseños y vigencia de licencias) y designación de
interventor por parte de la empresa de Acueducto, requisitos que, como se reconoce en
la sentencia, no se cumplieron, configurándose un apartamiento de las reglas del
convenio y del reglamento de urbanizadores de la Empresa.

8) No obstante, la autoridad judicial consideró que, si bien ese incumplimiento podría
generar otro tipo de responsabilidades, no era procedente ordenar la restitución de los
recursos invertidos en el proyecto, por cuanto: i) los fondos sí se ejecutaron y se
invirtieron en la obra, y ii) no se acreditó que ello hubiera ocasionado un detrimento
patrimonial a la empresa de Acueducto.

9) Para la Sala, la conclusión de la autoridad judicial no es arbitraria ni caprichosa,
pues se sustentó en una interpretación sistemática del convenio y de la finalidad
asociativa de las partes, y resultó acorde con los hechos probados en el proceso; por lo
tanto, no se configuró el defecto sustantivo alegado.

10) Además, contrario a lo alegado por la parte demandante, la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado no revocó el fallo apelado con base en
premisas erróneas, sino que determinó que, dada la naturaleza de este tipo negocios,
la ejecución de las obras y su potencial aprovechamiento por la empresa de Acueducto
excluían la procedencia de la restitución de los recursos, toda vez que fueron invertidos
en la ejecución de la obra contratada.

2.3 El análisis del defecto fáctico

a. Caracterización del defecto fáctico

1) El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las
pruebas que tienen una incidencia directa en la decisión. Sobre dicho requisito
específico de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional
ha reconocido que esta tipología tiene dos dimensiones: una negativa y una positiva.

2) La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como, por ejemplo, i)
ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el
desenlace del proceso; ii) decidir sin el apoyo probatorio que permita la aplicación del

14
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04425-00
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP
Acción de tutela

supuesto legal en el que se sustenta la decisión; o iii) no decretar pruebas de oficio en
los procedimientos en que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo.

3) Por su parte, la dimensión positiva tiene lugar cuando el juez efectúa una valoración
por completo equivocada o fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello, ya
sea i) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si estas resultan
determinantes en el sentido de la decisión; o ii) por decidir con medios de prueba que,
por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en que se basa la
providencia.

b. El análisis del defecto fáctico en el caso concreto

La parte demandante alegó que se configuró un defecto fáctico, por cuanto: i) se
avalaron obras sin que existiera acto formal de recepción de las redes construidas ni
aprobación técnica de la empresa de Acueducto, y ii) se atribuyó valor probatorio al
informe final rendido por el contratista de la Caja –OINCO- y a la supervisora designada
por esta entidad, sin considerar que tales documentos: a) fueron elaborados
unilateralmente por la parte demandada o sus contratistas, b) no fueron conocidos por
la demandante durante la ejecución del convenio ni antes de interponer la demanda, y
c) no fueron objeto de contradicción real en el proceso, dado que la actora no contaba
con elementos de juicio válidos para avalarlos o controvertirlos.

No obstante, la Sala advierte que la autoridad judicial valoró dichas pruebas con
criterios de legalidad y razonabilidad, sin que se evidencien vicios en su incorporación
ni en la posibilidad de contradicción por parte de la demandante.

1) En primer término, la sentencia emitida por la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado contiene un análisis íntegro y completo de todas las pruebas
aportadas y decretadas en el proceso ordinario, incluidas las cuestionadas por la
actora, las cuales fueron puestas a disposición de las partes en las etapas procesales
pertinentes.

2) En la providencia se destacó que la empresa de Acueducto conocía de las obras y
de su ejecución; que los documentos fueron presentados ante ella y allegados al
proceso, sin que la demandante los refutara. Al respecto, la sentencia señaló:

“En relación con lo primero, cabe destacar que la EAAB no niega que las obras de
las redes externas de acueducto y alcantarillado del proyecto manzana 102 se

15
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04425-00
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP
Acción de tutela

hubieren ejecutado, de lo cual el expediente muestra que tenía pleno conocimiento.
Lo que alega es que no las recibió ante la imposibilidad de expedir la carta de
compromisos que, según se desprende de la Resolución 964 de 2010, era requisito
necesario para designar el supervisor técnico que verificara que cumplían con los
requerimientos técnicos exigidos.

118. Con todo, consta en el proceso que el 9 de septiembre de 2015, el fideicomiso
matriz “FIDUBOGOTÁ S.A. – PROYECTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA”
(PAM)58 celebró con OINCO59 el contrato de obra CPS-PCVN-3-1-30589-047-
2015 (en adelante No. 47 de 2015) cuyo objeto consistió en “contratar por el
sistema de PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, las
actividades necesarias para la contratación del diseño y construcción de redes
externas hidráulicas, sanitarias y pluviales de los proyectos de VIVIENDA DE
INTERÉS PRIORITARIO – VIP, en la ciudad de Bogotá D.C.”60. Dentro del objeto
de este contrato se incluyeron las obras de redes externas de acueducto y
alcantarillado del proyecto Bosques de Arborizadora Alta Manzana 102. Estas obras
se ejecutaron por un valor total de $544’681.974. De esto dan cuenta, entre otras
pruebas, el informe final de interventoría de ese contrato fechado el 19 de marzo de
2019, en el que se indica que las obras se ejecutaron y se entregaron a la CVP61,
así como el informe final elaborado por la supervisora del convenio No. 530
designada por la Caja que ratifica esa información, documento que fue presentado
ante la EAAB y que obra en este proceso sin que ésta lo refutara o desacreditara en
ese punto.

119. En lo que concierne a lo segundo, es pertinente aclarar dos aspectos, uno
relacionado con la aprobación de los diseños, y el otro en punto a la vigencia de la
licencia de construcción, ambos presupuestos necesarios para expedir la carta de
compromisos.

120. En algunos apartes de la demanda se afirmó que los diseños se aprobaron y
en otros se indicó que no fue así. Al revisar las pruebas que obran en el expediente
lo que se deduce es que los diseños sí fueron aprobados por la mesa técnica que
debía conformar la EAAB, que, en los términos del numeral 3.2.2.1.5 del
convenio62, era el espacio para que se revisaran y aprobaran, lo que ocurrió fue
que como no se expidió la carta de compromisos, dicho aval no se formalizó.
Recuérdese que, en los términos de la Resolución 964 de 2010, uno de los
documentos que debía anexar el solicitante para la expedición de la carta de
compromisos eran los planos de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial
“aprobados”.

121. Las “ayudas de memoria” –denominación que se les dio a las actas de reunión
de la mesa técnica– dan cuenta de que para el 2 de marzo de 2016 los diseños de
este proyecto ya se habían radicado para su revisión y aprobación63; sin embargo,
fueron objeto de observaciones64. De conformidad con el informe del primer
trimestre del año 2017, rendido por la supervisora del convenio designada por la
EAAB, el 20 de diciembre del año 2016 se dio la aprobación hidráulica y se
solicitaron diseños estructurales65. Aunque en el expediente no obra constancia del
momento en el que fueron aprobados los diseños estructurales, la información del
plenario sí permite establecer que ello ocurrió y que, por esto, la única razón en la
que se sustentó la negativa de la Empresa de no expedir la carta de compromisos
consistió en la imposibilidad de renovar la licencia de construcción del proyecto de
vivienda de este sector.

122. En efecto, en memorando interno del 15 de septiembre de 2017, dirigido por la
supervisora del convenio designada por la EAAB al director de contabilidad de esa
entidad, le puso de presente que el proyecto de la Manzana 102 no contaba con
carta de compromisos por falta de licencia de construcción. No mencionó que
también hiciera falta la aprobación de diseños. Señaló: “una vez la CVP envíe la
licencia de construcción vigente y resuelva las dificultades de carácter contractual
que menciona en su comunicación, se procederá a la suscripción del documento
Carta de Compromisos, se iniciará la supervisión de las obras por parte de la Zona

16
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04425-00
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP
Acción de tutela

4 y posteriormente el proceso de aprobación de planos récord y recibo de las
cantidades ejecutadas en el marco del convenio” (énfasis agregado).” (archivo
disponible en medio magnético en el índice 2 del aplicativo SAMAI)

3) Respecto de la ausencia de valoración de informes técnicos y administrativos
internos de la demandante, que, según esta, acreditaban la falta de condiciones previas
exigidas por el Reglamento de Urbanizadores (Resolución 755 de 2014), la autoridad
judicial consideró que la actora no presentó argumentos suficientes para desestimar la
validez técnica de las obras. Sobre este punto, en la sentencia se consideró lo
siguiente:

“En línea con lo anterior, a través de oficio 2019EE6677 del 26 de abril de
2019, la CVP rindió informe final del convenio ante la EAAB en el que, frente a
la manzana 102, señaló que el proyecto se ejecutó por un valor de
$544’681.674 y que se entregaron planos récord90. Se indicó que, si bien el
proyecto no contaba con carta de compromisos para formalizar los trámites de
entrega y recibo de las obras ante la Empresa, tenía aprobación hidráulica
desde 2016 y:

“En la actualidad a pesar de que el proyecto no se ejecutó [el proyecto de
viviendas VIP de Construnova], son redes que tienen plena funcionalidad y
operatividad al servicio de la comunidad beneficiaria del servicio público de
acueducto y alcantarillado, tal y como lo certifica la empresa FELD
INGENIERÍA S.A.S.”

“Las obras ejecutadas en Manzana 102, las cuales se encuentran finalizadas y
en funcionamiento cuentan con planos récord aprobados por interventoría y la
Caja de Vivienda, más no con el recibo por parte de la EAAB-ESP”

139. Lo anterior resulta concordante con el hecho de que las redes externas
de acueducto y alcantarillado se ejecutaron en un predio urbanizado, como ya
se explicó. En todo caso, la EAAB no alegó ni demostró que las obras no
fueran funcionales y aprovechables en el momento que se terminaron ni en un
futuro y, se itera, tampoco demostró que, pese a lo certificado por la
interventoría y la CVP, no cumplieran con las especificaciones técnicas
exigidas.

140. En consecuencia, si bien está acreditado que respecto del proyecto
manzana 102: (i) las obras de redes externas se ejecutaron sin carta de
compromisos; (ii) no se tenía licencia de construcción y, por ello; (iii) la EAAB
no designó supervisor técnico para recibirlas, lo cierto es que, en este caso,
las inobservancias encontradas no conducen a que la CVP deba restituir a la
demandante los recursos correspondientes a ese proyecto por inejecución –
porque sí se invirtieron en las redes externas de acueducto y alcantarillado– ni
a título de perjuicios, porque no se acreditó que se hubieren causado, al
menos no los que reclamó la demandante, representados en el valor invertido
para el desarrollo de estas obras. (…)” (archivo disponible en medio magnético
en el índice 2 del aplicativo SAMAI)

4) Como viene de leerse, la autoridad judicial realizó una valoración racional y
razonada de las pruebas y concluyó que, aunque estaba acreditado que: i) las obras de
redes externas se ejecutaron sin carta de compromisos; ii) no se contaba con licencia
de construcción, y iii) la empresa de Acueducto no designó supervisor técnico para su

17
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04425-00
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP
Acción de tutela

recepción, tales inobservancias no conllevaban a ordenar la restitución de los recursos
invertidos, por cuanto se comprobó que las redes externas de acueducto y
alcantarillado de la Manzana 102 se ejecutaron efectivamente, se encontraban
finalizadas y en funcionamiento, contaban con planos récord aprobados por la
interventoría y la Caja de Vivienda Popular, y eran plenamente funcionales y
aprovechables en beneficio de la comunidad, sin que la demandante hubiera
demostrado lo contrario.

5) En este sentido, el fallo fue enfático en que, aun cuando el objetivo común del
convenio interadministrativo no. 530 de 2013 —en lo que respecta a la construcción de
viviendas VIP en el predio de la Manzana 102— no se cumplió, ello no desconocía que
los recursos sí se invirtieron en obras útiles para la entidad demandante.

6) La autoridad judicial resaltó que las redes fueron construidas en un predio
urbanizado, por lo que podían ser operadas y aprovechadas por la empresa de
Acueducto dentro de sus competencias específicas. De igual forma, se advirtió que la
falta de carta de compromisos y de licencia de construcción podía eventualmente
derivar en otro tipo de responsabilidades, pero no justificaba la devolución de los
dineros, al no haberse acreditado un detrimento patrimonial real en los términos
reclamados por la demandante, esto es, equivalente al valor de las obras ejecutadas.

7) La demandada realizó dicho análisis, ponderó la totalidad del acervo probatorio y
concluyó que la ausencia de algunos requisitos formales no desvirtuaba la realidad
material de la ejecución de las obras ni su utilidad pública, de ahí que a juicio de esta
Sala la valoración de las pruebas resultó razonada y fundada, lo cual de contera
excluye la configuración de un defecto fáctico.

8) Aunado a lo anterior, es preciso señalar que la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado goza de una facultad de discreción en la apreciación de los
medios de prueba; en este sentido, para esta Sala no resulta admisible que en sede de
tutela se imponga un criterio diferente al del juez natural de la causa, pues este
mecanismo constitucional no fue instituido como una herramienta para perseguir la
modificación de los supuestos fácticos del proceso judicial por un simple desacuerdo en
la valoración probatoria.

9) De conformidad con lo expuesto, es evidente que la autoridad judicial demandada no
omitió analizar ninguna prueba que tuviera la virtualidad de cambiar el sentido del fallo
y que expuso los supuestos fácticos que habilitan la aplicación del supuesto legal que

18
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04425-00
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP
Acción de tutela

sustentó la decisión con base en las pruebas legalmente aportadas, luego es forzoso
concluir que no se configuró un defecto fáctico en la providencia atacada.

3. Conclusión

Para la Sala resulta claro que la sentencia proferida el 21 de febrero de 2025 por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado no vulnera los derechos
constitucionales fundamentales de la demandante, debido a que no se encuentra
configurado el defecto sustantivo ni el defecto fáctico; por consiguiente, se negarán las
pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Niégase la acción de tutela presentada por Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogotá ESP, por las razones expuestas en la parte motiva.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado (E) Magistrado

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.