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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04425-01

Fecha
2 de octubre de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04425-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, con la que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, denegó el amparo pretendido por la EAAB ESP, conforme a la motivación. 13 Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Varas Silva. 14 Pues de ello da cuenta el acta de terminación de la obra adelantada por la empresa OINCO, los informes finales de interventoría y de la supervisora del convenio interadministrativo y el oficio 3010001-2019-0092 del 24 de enero de 2019, con el que la EAAB ESP le pidió a la Caja de Vivienda Popular liquidar el convenio. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 Radicado: 11001-03-15-000-2025-04425-01 Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-04425-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

2 de octubre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04425-01
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 2 de octubre de 2025

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04425-01
Demandante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
(EAAB ESP)
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Tema: Acción de tutela contra sentencia que decidió demanda de
controversias contractuales. Defectos sustantivo y fáctico

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la demandante contra la sentencia del 11
de agosto de 2025, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, resolvió:

1º) Niégase la acción de tutela presentada por [la] Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
ESP, por las razones expuestas en la parte motiva.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 17 de julio 20251, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado, la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB ESP) pidió la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
igualdad.

A juicio de la demandante, la vulneración de las mencionadas garantías superiores se
presenta con ocasión de la sentencia del 21 de febrero de 2025, mediante la cual el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A, decidió en segunda instancia el proceso de
controversias contractuales 25000-23-36-000-2019-00270-00/01.

2. Pretensiones

La tutelante formuló las siguientes pretensiones:

2.- Solicito comedidamente al señor Juez de Tutela, DEJAR SIN EFECTOS, la sentencia de fecha 21 de
febrero de 2025, proferida por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección
Tercera – Subsección “A”, proferida en el marco del proceso de controversias contractuales No.
250002336000201900270 01 (68.280).

1 Índice 1 de Samai, bajo el radicado 11001-03-15-000-2025-04425-00.

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Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

3.- En consecuencia, solicito al H. Consejo de Estado que imparta aquellas órdenes que considere
procedentes y tendientes a obtener el restablecimiento de los derechos fundamentales de la accionante.

4.- Solicito comedidamente al H. Consejo de Estado ordenar que se le dé cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 36 del decreto 2591 de 1991.

3. Hechos

Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, la Sala destaca los siguientes
hechos relevantes:

Actuación administrativa

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB ESP) y la Caja de Vivienda
Popular suscribieron el Convenio Interadministrativo 530 del 6 de noviembre de 2013, por
valor de $1.500.000.000 (adicionado a $2.499.757.642), con el objeto de «aunar esfuerzos
administrativos, técnicos y financieros para desarrollar y adelantar el diseño y construcción de redes
externas de acueducto y alcantarillado y obras anexas en proyectos de vivienda 3 de interés
prioritario desarrollados por la CVP».

Allí se estipuló que la EAAB ESP (i) aportaría los recursos necesarios para «los diseños y
ejecución de las obras de redes externas de acueducto u alcantarillado requeridas y aprobadas por
la EAB, para cada uno de los proyectos de vivienda de interés prioritario que adelante la CVP », y
(ii) debía revisar y aprobar los diseños de las redes de acueducto y alcantarillado en los
proyectos que ejecutara la Caja de Vivienda Militar y expedir las respectivas actas de
compromiso (entendidas como las autorizaciones para ejecutar la obra). También se pactó
que «el aporte de la Caja de Vivienda Popular ser[í]a en especie, representado en el recurso
humano para adelantar la contratación de los diseños y la construcción de las obras de redes
externas de Acueducto y Alcantarillado».

En el marco del aludido convenio interadministrativo la Caja de Vivienda Popular debía
desarrollar los proyectos: (i) Candelaria La Nueva, manzana 67, (ii) Arborizadora Baja,
manzana 65, (iii) Arborizadora Baja, manzana 55, (iv) Arborizadora Baja, manzana 54, (v)
Bosques de Arborizadora Alta, manzana 102 y (vi) Reserva La María. La EAAB ESP le giró
$1.500.000.000 al fideicomiso Fidubogotá SA Proyecto Construcción Vivienda Nueva el 25
de enero de 2014 y $999.757.642 el 1º de diciembre de 2015.

Mediante otrosí 2 del 16 de octubre de 2015, se dispuso que la Caja de Vivienda Popular
le consignaría mensualmente a la EAAB ESP los rendimientos financieros de los aportes
que hizo con antelación al aludido fideicomiso.

La EAAB ESP expidió las cartas de compromiso de los proyectos Candelaria La Nueva,
manzana 67 y Arborizadora Baja, manzanas 65, 55 y 54, en las que se estipularon valores
aproximados. No obstante, no dictó esa autorización en relación con el proyecto Bosques
de Arborizadora Alta, manzana 102, sin embargo, el 20 de diciembre de 2016 emitió «la
aprobación hidráulica»2 y pidió a la Caja de Vivienda Popular su diseño estructural.
Asimismo, el 9 de marzo y 15 de septiembre de 2017 la EAAB ESP le requirió la prórroga
de la licencia de construcción y los documentos necesarios para emitir la carta de
compromiso, pero tampoco fueron allegados.

2 Autorización para el manejo de aguas en construcciones.

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Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

De igual manera, la EAAB ESP no emitió la carta de compromisos frente al proyecto
Reserva La María, porque el comité del fideicomiso lo liquidó al estimar que como la licencia
de construcción se obtuvo en virtud del silencio administrativo positivo, lo cual era válido,
ello podría tener repercusiones negativas en la ejecución, máxime cuando una porción del
predio estaba invadida por 2 personas, ante lo cual la EAAB ESP aceptó excluir ese
proyecto del negocio jurídico3 y pidió a la Caja de Vivienda Popular la devolución de los
dineros destinados al diseño, interventoría y construcción de sus redes externas, ante lo
cual ese organismo le señaló que le giraría los recursos una vez culminara sus tareas en
los proyectos Arborizadora Baja, manzanas 54 y 55.

No obstante, en el otrosí 4 las partes acordaron que los recursos del proyecto Reserva La
María se emplearían en los otros, los cuales habían presentado sobrecostos por el valor
de los materiales.

El 26 de diciembre de 2018, la EAAB ESP le envió el acta de liquidación del convenio
interadministrativo, en la que se consignó como valor ejecutado la suma de $1.490.798.019
y un saldo a su favor de $1.008.959.623.

En el acta de terminación de la obra adelantada por la empresa OINCO en el proyecto
Bosques de Arborizadora Alta, manzana 102, que contrató la Caja de Vivienda Popular
para realizar las redes externas de acueducto y alcantarillado, se estipuló que el monto
ejecutado fue de $544.681.974, tal como también se consignó en el informe de
interventoría de ese negocio jurídico y en el informe final del convenio interadministrativo
530 elaborado por su supervisora, que fue presentado a la EAAB ESP.

Demanda de controversias contractuales

La EAAB ESP promovió demanda de controversias contractuales contra la Caja de
Vivienda Popular (a la que se le asignó en número de radicación 25000-23-36-000-2019-
00270-00/01), con el fin de que se declarara (i) que cumplió el convenio interadministrativo
530 del 6 de noviembre de 2013, (ii) que la entidad demandada incumplió ese negocio
jurídico y (iii) que ese organismo le resarciera los perjuicios que causó su incumplimiento.
La demandante pidió también que se condenara a la Caja de Vivienda Popular a devolverle
$1.008.959.623, debidamente indexados, por concepto de «saldo de obra no ejecutada más
los daños causados a [su] sistema de redes».

En la demanda la EAAB ESP señaló que la Caja de Vivienda Popular desatendió los
artículos 1494 y 1602 del Código Civil, porque el incumplimiento de sus obligaciones
conllevó que se construyeran las redes externas de acueducto y alcantarillado del proyecto
Bosques de Arborizadora Alta, manzana 102, sin su expedición previa de la carta de
compromisos y su aprobación de los diseños. Además, la demandada no reintegró los
valores girados del proyecto Reserva La María.

El proceso de controversias contractuales lo conoció el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que con sentencia del 30 de julio de 2020
(i) declaró que la Caja de Vivienda Popular incumplió el convenio interadministrativo 530
del 6 de noviembre de 2013, (ii) liquidó judicialmente ese negocio jurídico, (iii) dispuso que
ese organismo le adeudaba $1.100.597.436 a la EAAB ESP y (iv) fijó como agencias en
derecho la suma de $20.000.000.

3 Lo cual quedó consignado en el otrosí 4.

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Que se demostró que el proyecto de vivienda Reserva La María nunca se ejecutó porque
estaba invadido por 2 personas, por tanto, la Caja de Vivienda Popular debía devolverle a
la EAAB ESP lo que le giró por ese concepto, aspecto sobre el cual no se evidenciaba
algún incumplimiento contractual porque las partes acordaron desistir de esas
intervenciones.

Adujo que el proyecto Bosque de Arborizadora Alta, manzana 102, comportaba un
incumplimiento contractual de la Caja de Vivienda Popular, ya que ejecutó las obras sin la
autorización de la EAAB ESP, que debía aprobar los diseños y el presupuesto y emitir la
carta de compromiso, requisitos señalados en el convenio interadministrativo 530 del 6 de
noviembre de 2013, de ahí que procediera la liquidación judicial del negocio jurídico.

Que en la liquidación financiera del convenio interadministrativo realizada por su supervisor
(que no fue cuestionada por la Caja de Vivienda Popular) se estableció un saldo de
$1.008.959.6234 a favor de la EAAB ESP, que correspondían a los recursos de los
proyectos Reserva La María y Bosques de Arborizadora Alta, manzana 102.

Contra la anterior sentencia la Caja de Vivienda Popular interpuso recurso de apelación, al
estimar que no advirtió que se realizaron las obras del proyecto Bosques de Arborizadora
Alta, manzana 102, por tanto, no era dable reintegrarle a la EAAB ESP los dineros que le
giró por ese concepto porque ello involucraría un enriquecimiento sin justa causa. Que el
saldo a reintegrar era «$56’943.575 por concepto de aportes y $8’358.598 a título de rendimientos
financieros». Además, el a quo cuantificó la suma que ordenó reintegrar únicamente con
fundamento en la liquidación financiera presentada por la EAAB ESP, pese a que sí fue
controvertida y se le envió una liquidación en la que se consignó que el monto a reintegrar
era de $56.943.575.

Que, aunque el proyecto Reserva La María no se ejecutó, lo cierto es que en el otrosí 4 del
«contrato 047 de 2014» se acordó utilizar esos recursos para cubrir las «mayores cantidades
de obra» de los otros proyectos adelantados en el marco del convenio interadministrativo
530 del 6 de noviembre de 2013. Tampoco se advirtió que los diseños y las obras se
realizaron con los precios del 2015 (y no del 2014). Que en algunos casos la EAAB ESP
expidió las actas de compromiso de las obras luego de que se realizaban, como en los
proyectos Arborizadora baja, manzanas 65 y 67, (así lo dijo la supervisora de dicha
empresa el 18 de febrero de 2016 y también lo admitió el representante legal de la
interventoría), de manera que no involucraba irregularidad alguna que se haya ejecutado
sin ese requisito el proyecto Bosques de Arborizadora Alta, manzana 102, la cual se negó
a expedir la tutelante.

A través de sentencia del 21 de febrero de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, desató el recurso de apelación interpuesto por la Caja de Vivienda Popular.
Revocó la decisión de primera instancia, para en su lugar liquidar judicialmente el convenio
interadministrativo 530 del 6 de noviembre de 2013, disponer que la apelante le adeudaba
$249.765.619 a la EAAB ESP, «más el monto que resulte de la diferencia entre los
rendimientos», y denegar las demás pretensiones de la demanda.

Que dada la naturaleza jurídica de los convenios interadministrativos no siempre la
«inejecución» de una obligación configura per se la responsabilidad contractual, ya que para
ello debía acreditarse que el incumplimiento no correspondió a un riesgo propio de las
actividades convenidas, pues cuando la inejecución comporta un aspecto inherente a las
tareas pactadas no se genera la obligación de indemnizar porque cada parte debía «asumir

4 Monto que indexado daba una suma de $1.100.597.439.

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las pérdidas que se le causen». Que, cuando hay lugar a reparar algún perjuicio por
afectación del patrimonio público, se hace a título de compensación por no generarle
utilidad a la otra parte.

Sostuvo que en el convenio interadministrativo 530 del 6 de noviembre de 2013 se
estipularon actividades relacionadas con el objeto de las partes, pues garantizaban que la
Caja de Vivienda Popular pudiera entregar sus proyectos de vivienda de interés prioritario
y que la EAAB ESP asegurara la debida prestación de los servicios públicos de acueducto
y alcantarillado. Que la mencionada Caja se apartó de lo convenido al construir las redes
externas del acueducto en el proyecto Bosques de Arborizadora Alta, manzana 102, sin la
autorización de la EAAB ESP, no obstante, no debía restituir los recursos correspondientes
porque las intervenciones se realizaron y podían ser utilizadas por la comunidad y la
demandante no acreditó un perjuicio patrimonial, ya que el predio era urbanizado, ni que
las intervenciones no atendieran las especificaciones técnicas pertinentes.

Que en relación con el proyecto Reserva La María se evidenciaba que no se ejecutó por
parte de la Caja de Vivienda Popular por decisión del «comité fiduciario del PAM», toda vez
que la licencia de construcción se había obtenido en virtud del silencio administrativo
positivo (lo que condicionaba las decisiones que se tomaran) y el predio estaba invadido
por 2 personas, pero el organismo acordó con la EAAB ESP invertir los recursos de ese
proyecto en el fortalecimiento de los otros, como da cuenta el otrosí 4 del contrato (en el
que el ajuste de las mayores cantidades de obra ascendieron a $2.172.924.073), por ende,
no era dable ordenar su reintegro.

Que no había lugar a reconocer suma alguna por la supuesta afectación de las redes de
acueducto y alcantarillado en la ejecución de los proyectos de vivienda, porque la EAAB
ESP recibió a satisfacción las obras y emitió el respectivo paz y salvo. Además, ese ente
giró a la Caja de Vivienda Popular $2.499.757.642 y esta ejecutó $2.335.592.7675, en
consecuencia, la diferencia entre esas 2 sumas ascendía a $164.164.875 (suma que
indexada equivalía a $249.765.619, más los rendimientos financieros, «que resultan de la
diferencia entre los que ya le fueron transferidos y los que certifique la Fiduciaria Bogotá S.A.S. que
se causaron en su totalidad respecto del aporte que realizó la EAAB al PAM»).

4. Fundamentos de la acción de tutela

La demandante expuso las razones por las que consideraba que la acción de tutela
cumplía los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial.

En cuanto al fondo del asunto, la accionante afirmó que la providencia cuestionada
adolecía de defecto sustantivo, comoquiera que desconoció el principio de legalidad
contractual, pues avaló construcciones sobre las cuales no se emitió el acta de compromiso
ni la autorización de los diseños, pese a que ello se estipuló como requisitos en el convenio
interadministrativo 530 del 6 de noviembre de 2013, lo que también contrariaba preceptos
de la contratación pública (eficacia, coordinación, economía, responsabilidad y control).

Que la providencia censurada también adolecía de defecto fáctico, por cuanto:

(i) carecían de respaldo probatorio las consideraciones en virtud de las cuales se redujo
el monto que la Caja de Vivienda Popular debía reintegrarle por el proyecto Bosques de

5 Como quedó consignado en el acta de terminación de la obra adelantada por la empresa OINCO en el proyecto

Bosques de Arborizadora Alta, manzana 102, que coincide con lo establecido en el informe de interventoría de ese negocio
jurídico y en el informe final del convenio interadministrativo 530 elaborado por su supervisora, que fue presentado a la
EAAB ESP y que no controvirtió en el proceso.

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Arborizadora Alta, manzana 102, pues no se advirtió que las pruebas que reposan en el
proceso de controversias contractuales 25000-23-36-000-2019-00270-00/01 no
acreditaban que se haya beneficiado de la construcción de las redes de alcantarillado
realizadas en el proyecto Arborizadora Alta, manzana 102, pues «no existe conexión
alguna de usuarios del sistema», máxime cuando no pudo corroborar que cumplieran las
condiciones técnicas pertinentes, y (ii) se emitió sin advertir que el «informe presentado
por la contratista de la CVP» no se le dio a conocer, como tampoco el informe final rendido
por la empresa OINCO (contratista de la Caja de Vivienda Popular), en los cuales no se
consignaron las especificaciones técnicas de las redes externas de acueducto
construidas por ese organismo en el proyecto Bosques de Arborizadora Alta, manzana
1026.

5. Intervenciones

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por conducto del ponente de la
sentencia cuestionada, aseveró que la acción de tutela de la referencia la empleaba la
accionante como una instancia adicional al proceso de controversias contractuales 25000-
23-36-000-2019-00270-00/01.

Que la providencia censurada se emitió en atención a la valoración razonable de las
pruebas que allí obraban y a la naturaleza de los convenios interadministrativos, en los
cuales el simple incumplimiento de lo pactado no involucraba responsabilidad contractual
y la obligación de restituir dinero, pues debía verificarse si se cumplió del objeto común de
las entidades contratantes, lo cual aconteció en el negocio jurídico celebrado entre la Caja
de Vivienda Popular y la EAAB ESP concerniente al proyecto Bosques de Arborizadora
Alta, manzana 102, pues si bien las redes de acueducto se construyeron sin la carta de
compromiso de la tutelante, lo cierto es que sus planos si fueron aprobados por ella, las
obras le son «aprovechables» y el interventor del contrato que celebró la Caja de Vivienda
Popular para ejecutar esa obra dio cuenta de su debida ejecución.

La Caja de Vivienda Popular, por intermedio de apoderado, adujo que carecía de
legitimación en la causa por pasiva por cuanto la tutela fue promovida contra la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y no tuvo incidencia en el fallo cuestionado
por la demandante, ya que la potestad de emitir providencias era exclusiva de los jueces
de la República, condición que el organismo no tenía.

Que la accionante empleaba la tutela con la finalidad de obtener un nuevo pronunciamiento
sobre aspectos que ya fueron decididos en el proceso de controversias contractuales
25000-23-36-000-2019-00270-00/01, lo que contrariaba su naturaleza excepcional.
Además, los argumentos expuestos en la sentencia atacada obedecieron a criterios
jurídicos razonables y a una adecuada valoración probatoria, lo que impedía atribuirle
vulneración de derechos fundamentales.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, guardó
silencio, a pesar de que se le notificó el auto admisorio de la acción de tutela de la
referencia.

6 Cabe advertir que si bien la demandante invocó un defecto procedimental, porque, a su juicio, la decisión cuestionada

omitió realizar una apropiada valoración probatoria, ese argumento comporta un defecto fáctico.

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6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por medio de sentencia del 11 de
agosto de 2025, denegó el amparo pretendido por la demandante, al considerar que la
providencia cuestionada no incurría en defecto sustantivo, porque en ella la autoridad
accionada realizó una interpretación razonable del convenio interadministrativo 530 del 6
de noviembre de 2013 y de la naturaleza de esa clase de negocio jurídico, cuya finalidad
era la de obtener un beneficio mutuo, como aconteció en el proyecto Bosques de
Arborizadora Alta, manzana 102, pues aunque allí la Caja de Vivienda Popular construyó
la red externa de alcantarillado sin la autorización de la EAAB ESP (pese a que ello se
estipuló), lo cierto era que esa obra se realizó y la entidad no probó alguna afectación.
Que la sentencia atacada tampoco comportaba defecto fáctico, toda vez que las pruebas
que obraban en el proceso de controversias contractuales 25000-23-36-000-2019-00270-
00/01 se valoraron «con criterios de legalidad y razonabilidad», en especial, el informe final de
interventoría del contrato 47 de 2015 (celebrado entre la Caja de Vivienda Popular y la
empresa OINCO59), que daban cuenta de la ejecución de las obras y la aprobación de los
diseños de la EAAB ESP.

Concluyó que de las pruebas era dable inferir que se realizaron las intervenciones en el
proyecto Bosques de Arborizadora Alta, manzana 102, así no se hubiere contado con la
respectiva carta de compromiso, en consecuencia, no era factible ordenarle a la Caja de
Vivienda Popular que le reintegrara a la EAAB ESP los recursos que recibió, como lo
concluyó la autoridad accionada en el fallo reprochado, en virtud de la naturaleza de los
contratos interadministrativos, en los cuales la responsabilidad contractual no se configura
por la mera desatención de los procedimientos establecidos.

7. Impugnación

La demandante impugnó el fallo de primera instancia con fundamento en los mismos
cargos formulados en la solicitud de amparo contra la sentencia censurada, esto es:

(i) defecto sustantivo, por cuanto no advirtió que en el convenio interadministrativo 530
del 6 de noviembre de 2013 se pactó que la construcción por parte de la Caja de
Vivienda Popular de la red externa de acueducto y alcantarillado del proyecto Bosques
de Arborizadora Alta, manzana 102, estaba condicionada a la aprobación de los
diseños y la expedición de la carta de compromiso por parte de la EAAB ESP,
presupuestos que no se colmaron, en consecuencia, hubo incumplimiento contractual
que imponía reintegrar las sumas que le trasfirió; y

(ii) defecto fáctico, porque las pruebas del expediente 25000-23-36-000-2019-00270-
00/01 no demostraban que obtuviere un provecho de esa obra, pues no había algún
elemento de convicción de los que se infiera su utilidad, y se fundó en otros que no
pudo controvertir, como el informe de interventoría de la empresa ONICP, que contrató
la Caja de Vivienda Popular para realizar las obras en el mencionado proyecto.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia de
primera instancia, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que
denegó el amparo pretendido por la tutelante.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04425-01
Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

La Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado, comoquiera que la providencia
cuestionada no incurre en defectos sustantivo ni fáctico, sino que obedeció a
interpretaciones razonables tanto del convenio interadministrativo 530 del 6 de noviembre
de 2013 como de las pruebas obrantes en el proceso de controversias contractuales 25000-
23-36-000-2019-00270-00/01.

Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra determinaciones judiciales y,
finalmente, (iii) analizará el caso concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales7 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos8 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que de
demostrarse los defectos sustantivo y fáctico invocados por la accionante, se afectarían
las garantías superiores señaladas en el escrito de tutela, en especial, el debido proceso,
pues las indebidas interpretaciones normativas y probatorias quebrantan prerrogativas
de las partes del proceso, protegidas por el sistema normativo superior, lo que amerita
la intervención del juez constitucional.

Asimismo, se constata que la discusión planteada por los accionantes es constitucional
y no netamente legal o económica, comoquiera que concierne a la garantía superior de
acceder a un resarcimiento por el presunto incumplimiento de obligaciones contractuales
entre entidades del Estado, lo que en últimas involucra la posible afectación de los
preceptos superiores de legalidad y prevalencia del interés general.

Además, no se evidencia que la tutela se utilice como un instrumento para reiterar
argumentos, ya que la providencia cuestionada se emitió en segunda instancia, por tanto,
contra ella no procedía recurso alguno, conforme al artículo 243A 9 del CPACA y propone
cargos que cuestionan de manera directa las razones de la sentencia cuestionada.

7 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
8 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
9 «No son susceptibles de recursos ordinarios las siguientes providencias:

1. Las sentencias proferidas en el curso de la única o segunda instancia […]».

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Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

La demanda también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo con la
verificación del proceso de controversias contractuales 25000-23-36-000-2019-00270-
00/01, el correo electrónico con el que se comunicó la providencia cuestionada fue
enviado el 5 de marzo de 2025, por lo que se entiende notificada el 7 de marzo del año
en curso, de conformidad con el numeral 2 del artículo 205 10 del CPACA, y la tutela fue
presentada el 17 de julio de 2025 (4 meses y 10 días después), es decir, cuando no
habían transcurrido los 6 meses jurisprudencialmente reconocidos como el plazo
adecuado para formular la acción de tutela contra providencias judiciales.

Asimismo, la demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios,
dado que promovió la acción de controversias contractuales y las pretensiones solo
fueron denegadas en segunda instancia, por ende, contra la sentencia cuestionada no
procedía recurso ordinario alguno, como se señaló en precedencia.

También advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generaban la amenaza o vulneración de las garantías superiores, esto
es, expuso de manera clara que la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados proviene de la providencia censurada, la cual, a su juicio, adolecía de defectos
sustantivo y fáctico.

Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la tutelante ataca una
providencia emitida en un proceso de controversias contractuales.

4. Análisis del caso concreto

La demandante afirmó que la providencia cuestionada incurría en defecto sustantivo,
porque inobservó que el Convenio Interadministrativo 530 del 6 de noviembre de 2013
estipulada que la Caja de Vivienda Popular debía contar con su aprobación de los diseños
y la carta de compromiso para elaborar las redes externas de acueducto y alcantarillado
del proyecto Bosques de Arborizadora Alta, manzana 102, requisitos que no se
cumplieron, por ende, aconteció un incumplimiento contractual de aquel organismo.

Que la sentencia cuestionada también incurría en defecto fáctico, pues (i) las pruebas
obrantes en el proceso de controversias contractuales 25000-23-36-000-2019-00270-
00/01 no acreditaban que obtuviere un provecho de las mencionadas redes del proyecto
Bosques de Arborizadora Alta, manzana 102, pues no se logró identificar que cumplieran
las condiciones técnicas correspondientes, y (ii) se fundó en medios de convicción que no
tuvo la posibilidad de refutar, como el informe de interventoría de la empresa ONICP,
contratada por la Caja de Vivienda Popular para realizar esas obras.

De las pruebas allegadas a este trámite constitucional y al proceso contractual, se
evidencia que la EAAB ESP y la Caja de Vivienda Popular suscribieron el convenio
interadministrativo 530 del 6 de noviembre de 2013, con el objeto de «aunar esfuerzos
administrativos, técnicos y financieros para desarrollar y adelantar el diseño y construcción de
redes externas de acueducto y alcantarillado y obras anexas en proyectos de vivienda 3 de interés
prioritario desarrollados por la CVP». Allí se estipuló que la EAAB ESP aportaría el dinero
para la elaboración de redes externas de acueducto y alcantarillado de los proyectos de
viviendas que adelantara la mencionada Caja y esta se comprometía a realizarlas, para lo
cual debía contar con la autorización de los planos de aquella entidad y la respectiva carta
de compromiso.
10«La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al

envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación».

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Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

En atención al referido convenio interadministrativo la Caja de Vivienda Popular desarrolló
varios proyectos, dentro de los que se encontraba el de Bosques de Arborizadora Alta,
manzana 10211, en el que el 20 de diciembre de 2016 la EAAB ESP emitió «la aprobación
hidráulica» del proyecto y le pidió a aquel organismo allegar la licencia de construcción para
designar el supervisor técnico y expedir la carta de compromiso, requerimiento que no fue
atendido.

La EAAB ESP incoó la demanda de controversias contractuales 25000-23-36-000-2019-
00270-00/01 contra la Caja de Vivienda Popular, con el fin de que se declarara que
incumplió el convenio interadministrativo 530 del 6 de noviembre de 2013 y se le ordenara
reintegrarle diferentes dineros, entre ellos, lo que giró para la elaboración de las redes
externas del proyecto Bosques de Arborizadora Alta, manzana 102, comoquiera que las
ejecutó sin que previamente se haya emitido la carta de compromiso, lo que le impidió
designar a un supervisor.

Con sentencia del 30 de julio de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, declaró que la Caja de Vivienda Popular incumplió el convenio
interadministrativo 530 del 6 de noviembre de 2013, (ii) liquidó judicialmente ese negocio
jurídico, (iii) declaró que el organismo demandado le adeudaba $1.100.597.436 y (iv) fijó
como agencias en derecho la suma de $20.000.000. Señaló que la demandada ejecutó las
obras del proyecto Bosques de Arborizadora Alta, manzana 102, sin la autorización de la
EAAB ESP, de ahí que procediera la liquidación judicial del negocio jurídico y se le ordenara
a aquel reintegrar el dinero que recibió por ese concepto.

La anterior decisión fue apelada por la Caja de Vivienda Popular, con el argumento de que
las intervenciones relacionadas con el mencionado proyecto fueron acabadas, estaban al
servicio de la comunidad y la EAAB ESP previamente había aprobado los respectivos
diseños, en consecuencia, si devolvía todo el dinero a la allí demandante se enriquecería
sin justa causa. Adujo que solo debía devolverle «$56’943.575 por concepto de aportes y
$8’358.598 a título de rendimientos financieros», como quedó consignado en la
correspondiente liquidación.

Con sentencia del 21 de febrero de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, desató la alzada en el sentido de revocar el fallo de primera instancia, para
en su lugar liquidar judicialmente el convenio interadministrativo 530 del 6 de noviembre de
2013 y disponer que el mencionado órgano le adeudaba a la EAAB ESP $249.765.619,
«más el monto que resulte de la diferencia entre los rendimientos ».

Que los convenios interadministrativos tenían como finalidad que las entidades públicas
unieran esfuerzos para facilitar el cumplimiento de sus tareas de manera mancomunada y
así salvaguardar el interés general, finalidad por la que cualquier incumplimiento no
derivaba en responsabilidad contractual y en la obligación de compensar, pues para ello
debía acreditarse un daño patrimonial. Que, si bien la Caja de Vivienda Popular construyó
las redes externas de acueducto y alcantarillado del proyecto Bosques de Arborizadora
Alta, manzana 102, sin la carta de compromiso de la EAAB ESP, no era dable ordenar el
reintegro de los dineros porque se encontraba disponible para el uso de la comunidad y no
se probó un detrimento patrimonial ni inobservancia de las especificaciones técnicas
correspondientes.

11 La Sala no referirá a los demás proyectos, toda vez que la inconformidad planteada en la tutela solo concierne al de

Bosques de Arborizadora Alta, manzana 102.

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Demandante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Concluyó que el monto adecuado se calculó en atención (i) al acta de terminación de la
obra adelantada por la empresa OINCO, (ii) al informe final de interventoría del 19 de
marzo de 2019 del contrato suscrito con esa empresa, (iii) al informe final elaborado por
la supervisora del convenio interadministrativo y (iv) a oficio 3010001-2019-0092 del 24
de enero de 2019, con el que la EAAB ESP le pidió a la Caja de Vivienda Popular liquidar
el convenio.

4.1 Defecto sustantivo

La demandante señala que la providencia cuestionada incurre en defecto sustantivo,
porque desatendió lo previsto en el convenio interadministrativo 530 del 6 de noviembre
de 2013 al concluir que no había lugar a ordenar el reintegro de lo que giró a la Caja de
Vivienda Popular por el proyecto Bosques de Arborizadora Alta, manzana 102, pues en
ese negocio jurídico se pactó que las obras de las redes externas de acueducto y
alcantarillado estaban condicionadas a su aprobación de los planos y la carta de
compromiso que debía emitir, y como esas exigencias no se acataron, hubo
incumplimiento contractual, por tanto, era procedente ordenar la devolución de las sumas
que canceló por ese concepto.

Al estudiar la sentencia censurada, la Sala advierte que se indicó sobre la naturaleza de
los convenios interadministrativos lo siguiente:

La ausencia de una regulación legal completa en torno a los convenios interadministrativos impone a
esta jurisdicción realizar un esfuerzo por identificar y clarificar los rasgos definitorios de esta clase de
negocios jurídicos, en la medida en que se trata de un insumo determinante para resolver los conflictos
que surgen con ocasión de ellos, propósito al que se enfrentará la Sala en esta oportunidad como paso
necesario para avanzar en una conceptualización que permita abordar el estudio de estos litigios de
una manera más precisa y adecuada en función de sus particulares características […].

Las entidades públicas que se vinculan a través de convenios administrativos lo hacen en […]
cumplimiento de los deberes positivos de conducta derivados de ellos, en la medida que la conjunción
de esfuerzos que se materializa mediante estos acuerdos se explica y encuentra justificación en el
beneficio que reporta asociarse entre sí en aras de la consecución o el logro de finalidades públicas
que les son comunes, dado que les permite servirse recíprocamente del desarrollo de las competencias
que a cada una de ellas corresponde, que articuladas de una manera armónica permiten o facilitan el
cumplimiento de los fines del Estado.

[…] un aporte económico no puede entenderse ni aplicarse a la relación negocial como una retribución
por contraprestación de la otra parte, o por el desempeño de las funciones administrativas o técnicas
que otro contrayente, en el ámbito de sus competencias, se obliga a ejecutar, pues de ser ello así, se
desnaturalizaría la principal y más esencial característica de este tipo de negocios, la cual está dada
por la conjunción de esfuerzos para el logro de una finalidad común a todos los intervinientes.

[…] no siempre la inejecución de una obligación a cargo de una de las contrayentes conducirá a concluir
en su responsabilidad contractual, pues para ello tendrán que concurrir los elementos que la configuran,
esto es, un incumplimiento culpable de sus obligaciones y la consecuente generación de un daño.

[…] antes de la ejecución de las obras era requisito necesario que se contara con la carta de
compromisos –para lo cual se requería la aprobación previa de los diseños y debían estar vigentes las
licencias respectivas– y que se hubiere designado interventor por parte de la EAAB. No hay discusión
en cuanto a que las redes externas de acueducto y alcantarillado del proyecto Bosques de Arborizadora
Alta Manzana 102 se ejecutaron sin el cumplimiento de estos dos requisitos, lo que denota un
apartamiento de las reglas del convenio y, de manera concomitante, del reglamento de urbanizadores
de la Empresa al que, en lo pertinente, se remitió el negocio jurídico.

No obstante, y sin perjuicio de que esta desatención pudiera desembocar en otro tipo de
responsabilidades, no es posible concluir que en este caso la referida inobservancia conduzca a que la
CVP deba restituir a la EAAB los recursos correspondientes a este proyecto y que, por tanto, se incluya
en la liquidación este monto como un débito en contra de la demandada y a favor de la demandante.

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Este aserto se funda en dos razones: (i) los recursos sí se ejecutaron y se invirtieron en este proyecto;
(ii) no se encuentra acreditado que esa circunstancia le hubiere generado un detrimento patrimonial a
la demandante, al menos no representado en el valor de ejecución de las obras de este proyecto, cuyo
monto es el que pretende la Empresa que se le revierta […].

[…] si bien está acreditado que respecto del proyecto manzana 102: (i) las obras de redes externas se
ejecutaron sin carta de compromisos; (ii) no se tenía licencia de construcción y, por ello; (iii) la EAAB
no designó supervisor técnico para recibirlas, lo cierto es que, en este caso, las inobservancias
encontradas no conducen a que la CVP deba restituir a la demandante los recursos correspondientes
a ese proyecto por inejecución –porque sí se invirtieron en las redes externas de acueducto y
alcantarillado– ni a título de perjuicios, porque no se acreditó que se hubieren causado, al menos no
los que reclamó la demandante, representados en el valor invertido para el desarrollo de estas obras.

En virtud de lo expuesto, la Sala advierte que en la sentencia cuestionada se expusieron
una serie consideraciones relacionadas con la naturaleza de los convenios
interadministrativos, como las consistentes (i) en que la falta de regulación legal imponía
la necesidad de que las controversias se decidieran en atención a su naturaleza jurídica
y a su finalidad, que consistía en que entidades públicas aunaran esfuerzos para
beneficiarse mutuamente del cumplimiento de sus deberes y así garantizar el interés
general, y (ii) en que el incumplimiento de lo allí pactado no generaba per se una
responsabilidad contractual, sino que para ello debía verificarse que el incumplimiento
de lo acordado produjera un daño patrimonial.

Con base en lo anterior, la autoridad accionada concluyó si bien la Caja de Vivienda
Popular construyó las redes externas de acueducto y alcantarillado del proyecto Bosques
de Arborizadora Alta, manzana 102, en desatención de lo pactado en el convenio
interadministrativo 530 del 6 de noviembre de 2013, pues no contó para ello con la carta
de compromiso de la EAAB ESP, lo cierto era que las obras se terminaron y no se acreditó
un perjuicio, de ahí que no fuera procedente ordenar el reintegro de las sumas pretendidas.

Así las cosas, la Sala evidencia que las anteriores inferencias de la autoridad accionada
no comportan defecto sustantivo, contrario a lo aseverado por la demandante, sino
consideraciones razonables sobre la naturaleza de los convenios interadministrativos, la
cual impedía declarar la responsabilidad contractual por el mero incumplimiento de lo allí
acordado, ya que para ello era necesario acreditar un daño patrimonial, lo cual no hizo la
tutelante por cuanto no demostró que la construcción de la redes de acueducto y
alcantarillado del proyecto Bosques de Arborizadora Alta, manzana 102, le provocara
algún detrimento, pues quedaron habilitadas para el uso de la comunidad.

Es de anotar que al juez de tutela no le es permitido inmiscuirse en las interpretaciones
que haga el juez natural sobre aspectos jurídicos relacionados con una controversia
cuando son razonables, premisa en virtud de la cual no es dable que la Sala reproche el
criterio jurídico con fundamento en el cual la autoridad accionada desestimó la pretensión
de la EAAB ESP de ordenarle a la Caja de Vivienda Popular reintegrar el dinero que le giró
del proyecto Bosques de Arborizadora Alta, manzana 102, comoquiera que, se insiste, esa
petición fue desestimada de acuerdo con criterios plausibles sobre la naturaleza de los
convenios interadministrativos. Sobre el particular, la Corte Constitucional12 precisó:

[…] la interpretación de la ley es un campo en el que se manifiestan con especial intensidad los principios
de independencia y autonomía judicial. En efecto, en la tarea de aplicación de las normas, el juez se
enfrenta a diversas posibilidades hermenéuticas que derivan de la interpretación de las disposiciones
normativas, y no corresponde al juez constitucional señalar cuál es la “correcta”, o la más conveniente
para la resolución de un caso específico, porque con fundamento en el artículo 230 de la Constitución
Política, el funcionario judicial al administrar justicia goza de una libertad interpretativa, producto del

12 Sentencia T-192 de 2015, M. P. María Victoria Calle Correa.

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respeto de la independencia y la autonomía judicial, que lo ponen a salvo de injerencias indebidas que
afecten su imparcialidad y la sujeción al orden jurídico, y que únicamente encuentran límite en la
desviación caprichosa y arbitraria de la ley […].

Cabe anotar que no se acompasa con la naturaleza jurídica de los convenios
interadministrativos la postura de la demandante, consistente en que como hubo un
incumplimiento por parte de la Caja de Vivienda Popular se le debía ordenar el reintegro
de los correspondientes recursos, puesto que la finalidad de esos negocios jurídicos es
garantizar la consecución del interés general, lo cual se presume aconteció con la
construcción de las redes externas de acueducto y alcantarillado en el proyecto Bosques
de Arborizadora Alta, manzana 102, pues no se probó que hayan resultado defectuosas.

En ese orden de ideas, como fueron razonables las inferencias en virtud de las cuales la
autoridad accionada se abstuvo de ordenarle a la Caja de Vivienda Popular que reintegrara
todo el dinero que le giró la EAAB ESP para la construcción de las redes externas de
acueducto y alcantarillado del proyecto Bosques de Arborizadora Alta, manzana 102, se
concluye que la sentencia cuestionada no incurre en defecto sustantivo.

4.2 Defecto fáctico

En el escrito de tutela la demandante afirmó que la providencia censurada adolecía de
defecto fáctico porque (i) las pruebas del expediente 25000-23-36-000-2019-00270-00/01
no demostraban que haya obtenido un provecho por la construcción de las redes externas
de acueducto y alcantarillado en el proyecto Bosques de Arborizadora Alta, manzana 102,
y (ii) se fundamentó en elementos de convicción que no pudo refutar, como en los que se
señalaron el monto de las intervenciones.

Analizados los anteriores argumentos, la Sala evidencia que mediante ellos la demandante
pretende invertir la carga de la prueba, pues era a ella a la que le correspondía demostrar
que las mencionadas obras le causaron un perjuicio, bien sea porque no se ajustaron a
las especificaciones técnicas o no eran de utilidad por otros motivos, pero ello no aconteció
dentro del proceso de controversias contractuales 25000-23-36-000-2019-00270-00/01,
de ahí que en la providencia cuestionada se advirtiera que no se acreditó un daño
patrimonial, lo que impedía ordenarle a la Caja de Vivienda Popular la devolución de la
totalidad de los dineros concernientes al proyecto Bosques de Arborizadora Alta, manzana
102.

Ahora bien, en la sentencia atacada la autoridad accionada señaló que la Caja de Vivienda
Popular le debía reintegrar a la EAAB ESP la suma de $249.765.619, porque era la
diferencia reportada entre los recursos recibidos y los ejecutados, monto que estaba
consignado (i) en el acta de terminación de la obra adelantada por la empresa OINCO,
(ii) en el informe final de interventoría del 19 de marzo de 2019 del contrato suscrito con
esa empresa, (iii) en el informe final elaborado por la supervisora del convenio
interadministrativo y (iv) en el oficio 3010001-2019-0092 del 24 de enero de 2019, con el
que la EAAB ESP le pidió a la Caja de Vivienda Popular liquidar el convenio.

La tutelante señala que al tener en cuenta esas pruebas, la providencia cuestionada
incurrió en defecto fáctico porque no tuvo la posibilidad de controvertirlas, aseveración que
no es de recibo para la Sala puesto que, como obraban en el proceso de controversias
contractuales 25000-23-36-000-2019-00270-00/01, podía refutarlas, y el hecho de que no
haya expuesto argumentos en su contra, no le restan validez, pues se allegaron al
expediente en debida forma.

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Además, de esos elementos de convicción era posible establecer que la diferencia entre
lo ejecutado y lo girado era de $249.765.619, pues ese monto fue señalado de manera
expresa, de ahí que esa conclusión no revista una valoración probatoria arbitraria o
caprichosa, situación que le impide a la Sala cuestionarla.

Es de anotar que el hecho de que la autoridad judicial demandada no haya valorado los
medios de convicción que reposaban en el expediente 25000-23-36-000-2019-00270-
00/01 como lo pretendía la demandante, no se traduce en la configuración del defecto
fáctico, dado que el juez natural tenía la autonomía de brindarle el grado de certeza que
considerara adecuado, siempre que atendiera los criterios de la sana crítica.

Además, las conclusiones probatorias del juez natural sobre el monto a reintegrar en el
proceso de controversias contractuales se fundamentaron en una valoración razonable de
los precitados documentos, lo que imposibilita al juez de tutela cuestionarlas, conforme a
la jurisprudencia de la Corte Constitucional13, que sobre el particular indica:

Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden considerarse
ni calificarse como errores fácticos.

Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a los
criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al
caso concreto.

El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo, sino que sus actuaciones están
amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en
principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por aquél
es razonable y legítima.

Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error en el juicio valorativo de la prueba
debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad
de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto” […].

Así las cosas, como la conclusión de la autoridad accionada de que la Caja de Vivienda
Popular le debía reintegrar a la EAAB ESP la suma de $249.765.619 obedece a una
inferencia probatoria razonable14, se colige que la providencia cuestionada no incurre en
defecto fáctico.

En virtud de lo anterior, la Sala confirmará la sentencia impugnada, que denegó el
amparo pretendido, habida cuenta de que la providencia cuestionada no incurre en
defectos sustantivo y fáctico.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, con la que el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, denegó el amparo pretendido por la EAAB ESP, conforme a
la motivación.

13 Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Varas Silva.
14 Pues de ello da cuenta el acta de terminación de la obra adelantada por la empresa OINCO, los informes finales de

interventoría y de la supervisora del convenio interadministrativo y el oficio 3010001-2019-0092 del 24 de enero de
2019, con el que la EAAB ESP le pidió a la Caja de Vivienda Popular liquidar el convenio.

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2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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