Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04456-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04456-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04456-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
19 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04456-00
Accionante: María Cristina Maturana Domínguez
Accionados: Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó
y otros
Tema: tutela por falta de vinculación en proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho Subtema 1: requisitos generales de procedencia. Subtema 2:
subsidiariedad, recurso extraordinario de revisión.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud interpuesta por la señora María Cristina Maturana Domínguez en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La señora María Cristina Maturana Domínguez presentó escrito de tutela con la
pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
información, los cuales consideró vulnerados por el Juzgado Primero Administrativo
Oral del Circuito de Quibdó y por la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Chocó con ocasión de las sentencias proferidas el 29 de
noviembre de 2023 y el 28 de agosto de 2024, respectivamente, dentro del
expediente identificado con el radicado núm. 27001-33-33-006-2023-00043-00/01.
Adicionalmente, la tutelante expuso que sus derechos resultaron afectados por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones parafiscales
de la Protección Social (UGPP), con la Resolución núm. 005977 del 18 de julio de
2025, expedida en cumplimiento de las anteriores decisiones judiciales.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04456-00
Accionante: María Cristina Maturana Domínguez
Accionados: Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Chocó y otros
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes al
trámite constitucional, la Sala destaca los siguientes hechos:
1.
Mediante Resolución núm. 1699 del 24 de junio de 1998, la extinta Cajanal (hoy
UGPP) reconoció la pensión gracia en favor del señor Ramón Antonio Moreno Mena,
quien falleció el 14 de agosto de 2021.
2.
Las señoras Evernis Tapias Ramírez y Andrea Palacios Lozano, en calidad de
compañeras permanentes del causante, solicitaron a la UGPP el reconocimiento y
pago de la pensión de sobrevivientes.
3.
En Resolución RDP 24915 del 23 de septiembre de 2022, la UGPP negó la
petición anterior. Esa decisión fue confirmada por Resolución RDP 031751 del 7 de
diciembre de 2022.
4.
A través de la Resolución RDP 018129 del 14 de julio de 2023, la UGPP reconoció
el pago de una pensión de sobrevivientes equivalente al 16.67 %, en favor de Hazly
Patricia Mena Maturana, en calidad de hija menor de edad del causante. Además,
dejó en suspenso el derecho de Andrés Ariel Mena Palacios y Víctor Antonio Mena
Palacios, en calidad de hijos mayores de edad con estudios, así como de María
Cristina Maturana Domínguez, en condición de compañera permanente.
5.
En virtud de la Resolución RDP 015463 del 16 de septiembre de 2024, la UGPP
ajustó la pensión de sobrevivientes. Otorgó a Hazly Patricia Mena Maturana un
50 %, con límite temporal hasta el 28 de mayo de 2029, día anterior al cumplimiento
de la mayoría de edad, y hasta el 28 de mayo de 2036, día anterior a alcanzar los
veinticinco años, siempre y cuando acreditara escolaridad conforme a las normas
vigentes.
6.
Las señoras Evernis Tapias Ramírez y Andrea Palacios Lozano presentaron
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la UGPP, con el fin de obtener la nulidad de las resoluciones núm.
RDP 04915 del 23 de septiembre de 2022 y RDP 031751 del 7 de diciembre de
2022. En consecuencia, pidieron el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del señor Ramón Antonio Mena
Moreno.
7.
El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado Primero Administrativo
Oral del Circuito de Quibdó, que, mediante sentencia del 29 de noviembre de 2023,
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Accionante: María Cristina Maturana Domínguez
Accionados: Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Chocó y otros
declaró la nulidad de los actos administrativos acusados y, a título de
restablecimiento del derecho, ordenó a la UGPP reconocer y pagar la sustitución
pensional reclamada por las demandantes, a partir del día siguiente del
fallecimiento del causante, en un valor correspondiente al 50 % de la pensión
gracia. Adicionalmente, la autoridad judicial condenó en costas a la parte
demandada.
8.
En contra de la anterior decisión la UGPP presentó recurso de apelación y el
Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión, mediante sentencia
del 28 de agosto de 2024, revocó la condena en costas y, en lo demás, confirmó la
sentencia de primera instancia.
9.
Por medio de la Resolución RDP 005977 del 18 de junio de 2025, la UGPP dio
cumplimiento al fallo del 28 de agosto de 2024, proferido por el Tribunal
Administrativo del Chocó y, en consecuencia, reconoció la pensión de
sobrevivientes en un porcentaje del 25 % en favor de Evernis Tapias Ramírez y en
otro 25 % para Andrea Palacios Lozano, y mantuvo el 50 % restante para la menor
Hazly Patricia Mena Maturana.
10.
Esa decisión fue notificada a la señora María Cristina Maturana Domínguez, en
calidad de representante legal de la menor Hazly Patricia Mena Maturana, mediante
correo electrónico del 7 de julio de 2025.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
11.
La señora María Cristina Maturana Domínguez solicitó en el escrito de tutela lo
siguiente:
1: Se declare que el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
DE QUIBDÓ, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ. SALA PRIMERA DE
DECISIÓN, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP han
vulnerado el derecho fundamental de debido proceso.
2: Se tutele mi derecho fundamental del debido proceso.
3: que se declare que dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE QUIBDÓ, el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ SALA PRIMERA DE DECISIÓN,
27001333300620230004301 Y MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO RDP005977
DE 18 DE JUNIO DE 2025 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÒN SOCIAL – UGPP SE VULNERARON MIS DERECHOS.
4: Suspender provisionalmente el acto administrativo proferido por LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
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PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP hasta cuando se resuelva
la demanda de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO donde figuran
como DEMANDANTE las señoras EVERNIS TAPIAS RAMÍREZ Y ANDREA
PALACIOS LOZANO en el JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DE QUIBDÓ,
REFERENCIA 27001333300720240003800.
5: Advierta a la accionada que debe abstenerse de volver a incurrir en las acciones
u omisiones que dieron origen al presente trámite constitucional.
Como consecuencia, se ordene a que JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE QUIBDÓ, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ
SALA DE DECISIÓN, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL – UGPP, que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de
tutela, den respuesta de fondo conforme lo establecen la normatividad y
jurisprudencia colombianas1.
12.
Como fundamento de sus pretensiones, la actora expuso que debido a que no
fue notificada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que
promovieron las señoras Evernis Tapias Ramírez y Andrea Palacios Lozano, se le
impidió ejercer su derecho de defensa para acreditar que tenía «mejor derecho»
que ellas al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
13.
En ese sentido, afirmó que se le causó un perjuicio irremediable, siendo la acción
de tutela el único medio con el que cuenta para garantizar los derechos que le
fueron vulnerados.
14.
Finalmente, citó los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, relacionados con
los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes.
2.3. Trámite procesal
El despacho ponente, mediante auto del 24 de julio de 20252, admitió la acción
15.
de tutela; vinculó, como terceros con interés a las señoras Evernis Tapias Ramírez
y Andrea Palacios Lozano; requirió, en medio digital, el expediente de radicado
núm. 27001-33-33-006-2023-00043-00/01, y tuvo como pruebas los documentos
aportados con la solicitud de amparo.
1
Se transcribe incluso con errores de texto.
2
Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-04456-00, índice 4, certificado 08377731DFF185FB 43C6864FFAF3E90F
CD67B3ECBA139E36 4D6442051F894C1B.
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Accionante: María Cristina Maturana Domínguez
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2.4. Intervenciones
16.
Las señoras Evernis Tapias Ramírez y Andrea Palacios Lozano 3, por
conducto de apoderado judicial, solicitaron que se negara la acción de tutela, al
considerar que la señora María Cristina Maturana Domínguez no ha sido
reconocida judicialmente como compañera permanente del causante y, por el
contrario, el derecho a la sustitución pensional les fue reconocida a ellas.
17.
Además, informó que en el Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Quibdó
actualmente se está tramitando una demanda contra el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) para obtener la sustitución de la
pensión de jubilación del causante, en el que interviene la aquí accionante. A su
juicio, resulta improcedente la pretensión dirigida a que se suspenda dicho proceso,
dado que las pensiones gracia y de jubilación son concedidas por autoridades
diferentes y tienen causa y objeto distintos.
18.
La UGPP4 solicitó la desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva, al considerar que no ha vulnerado derecho fundamental alguno de la parte
actora y que las pretensiones están dirigidas contra autoridades judiciales. Con
todo, pidió que se negara la acción de tutela, en atención a que: (i) existe un proceso
judicial finalizado en el que se ordenó el reconocimiento de la pensión: (ii) esa
entidad ha actuado conforme a derecho y ha velado por el cuidado de los recursos
públicos; (iii) la parte accionante no demostró la existencia de un perjuicio
irremediable, y (iv) se evidencia que con el mecanismo constitucional la actora
persigue un interés netamente económico.
El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó se limitó a
19.
remitir el expediente digital del proceso ordinario.
20.
El Tribunal Administrativo del Chocó guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
21.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer la
presente solicitud de amparo interpuesta en contra del Tribunal Administrativo del
Chocó, Sala Primera de Decisión.
3
Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-04456-00, índice 8, certificado D1CE0D44E6E7E4ED E342C9D5E4A90308
DCDC03E5F177384C 628349A63A55EE16.
4
Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-04456-00, índice 9, certificado 1A0C04C8443F02CA 8477E52EF437B7EE
4BB88D8451ACD4D7 A3B9B1802563DD47.
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3.2. Legitimación en la causa
22.
La legitimación en la causa por activa de la señora María Cristina Maturana
Domínguez se encuentra acreditada, por cuanto estimó vulnerados sus derechos
fundamentales por la falta de vinculación en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. radicado núm. 27001-33-33-006-
2023-00043-00/01.
Asimismo, está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
23.
Administrativo del Chocó y del Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, en
cuanto fueron las autoridades que dictaron las sentencias en el citado proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.
Ahora bien, la UGPP solicitó su desvinculación. Afirmó que no ha vulnerado los
24.
derechos fundamentales alegados por la accionante.
25.
Al respecto, la Sala aclara que la UGPP expidió Resolución RDP 005977 del 18
de junio de 2025, mediante la cual dio cumplimiento a las providencias objeto de
tutela. Justamente por esa razón, la accionante dirige las pretensiones en su contra.
Por lo tanto, no es posible declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva
y, en consecuencia, se negará su solicitud.
3.3. Cuestión preliminar
26.
La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a
cuestionar las providencias proferidas por el Tribunal Administrativo del Chocó y el
Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cierto es que los argumentos
que sustentan las pretensiones de la parte actora guardan unidad de materia y se
dirigen en similares términos frente a las dos decisiones cuestionadas.
27.
En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia
de segunda instancia expedida el 28 de agosto de 2024 por la Sala Primera de
Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó, toda vez que esta decisión fue la
que puso fin a la actuación judicial que promovieron las señoras Evernis Tapias
Ramírez y Andrea Palacios Lozano.
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
28.
La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado5 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina, Productos Alimenticios S.A.
6
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de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional6.
29.
En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un
derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los derechos
afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
30.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales7 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
31.
En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución8.
3.5. Problema jurídico
32.
La Sala debe decidir si la solicitud de amparo promovida por la señora María
Cristina Maturana Domínguez supera el requisito de subsidiariedad.
33.
En caso afirmativo, se deberá verificar el cumplimiento de los demás requisitos
generales y, si a ello hay lugar, a establecer si la Sala Primera de Decisión del
Tribunal Administrativo del Chocó vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso y la información de la señora María Cristina Maturana Domínguez.
6
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
7
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
8
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
7
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3.6. Análisis del requisito de subsidiariedad
34.
María Cristina Maturana Domínguez pretende que se deje sin efectos la
sentencia del 28 de agosto de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo del
Chocó: (i) declaró la nulidad de los actos administrativos que negaron la pensión
de sobrevivientes a las señoras Evernis Tapias Ramírez y Andrea Palacios Lozano
y (ii) ordenó a la UGPP que les reconociera dicha prestación.
35.
La accionante, como fundamento de su pretensión de amparo, señaló que no
fue vinculada al proceso ordinario, lo que le impidió ejercer sus derechos de
defensa y contradicción para demostrar que tenía un «mejor derecho» a la pensión
de sobrevivientes. Además, indicó que solo tuvo conocimiento del proceso cuando
fue notificada del acto administrativo mediante el cual la UGPP dio cumplimiento a
las sentencias proferidas por las autoridades judiciales demandadas.
36.
En ese contexto, es preciso tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad
presupone, en los términos del artículo 86 constitucional y 6° del Decreto 2591 de
19919, que el juez constitucional, por un lado, verifique que el accionante no cuente
con otros mecanismos judiciales de protección de sus derechos fundamentales; y,
por otro lado, que valore si dichos mecanismos resultan idóneos y eficaces para
garantizar de forma oportuna el amparo solicitado, de acuerdo con las
particularidades de cada caso10.
37.
Así pues, en el evento de que existan otros medios de defensa judicial pero que
estos no sean idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de protección
de derechos fundamentales, así como, en los eventos en que se configura un
perjuicio irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de
protección impostergables11.
38.
Cuando se trata de una tutela interpuesta en contra de providencia judicial, la
Corte Constitucional ha indicado que los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios constituyen vías legítimas de defensa y reconocimiento de los
derechos fundamentales12. De manera específica, el alto tribunal expresó lo
siguiente:
La acción de tutela no fue diseñada para desplazar a los jueces del ejercicio de sus
competencias naturales, motivo por el cual, en principio, no es procedente acudir ante
un juez para impugnar las decisiones judiciales si previamente no se han empleado
9 ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA
«La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
[…]».
10
Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.
11Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
12 Corte Constitucional, sentencia T-373 de 2021.
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los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. El agotamiento de estas
herramientas constituye, entonces, un requisito indispensable para que el juez de
tutela pueda entrar a estudiar la vulneración invocada por el accionante.
39.
A partir de lo anterior, es preciso indicar que, de acuerdo con el artículo 24813
de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), el recurso extraordinario de revisión procede en
contra de los fallos dictados, entre otras autoridades, por los tribunales
administrativos; y que el artículo 250 14 ibidem prevé como causal del recurso, en
su numeral 6, «aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona,
otra con mejor derecho para reclamar», la cual puede ser invocada dentro del año
siguiente a la ejecutoria de la providencia controvertida15.
40.
En relación con la mencionada causal, esta corporación16 ha señalado que para
que se configure basta, como se desprende de la simple lectura de la norma: (i)
que se haya proferido una sentencia a favor de determinada persona y (ii) que una
vez ocurrido esto, se acredite que existe otra persona con mejor derecho para
reclamar.
41.
Conforme con lo expuesto, la Corte Constitucional ha referido que el recurso
extraordinario de revisión en materia contencioso-administrativa es un medio de
defensa idóneo y eficaz cuando la vulneración del derecho al debido proceso tiene
origen en un fallo judicial que se encuentra ejecutoriado17.
42.
Adicionalmente, la Corte refirió que la acción de tutela podrá desplazar este
mecanismo judicial siempre que (i) el derecho fundamental cuya protección se
solicita no sea susceptible de ser protegido de manera integral dentro del trámite
del recurso; y (ii) las causales de revisión no se encuadren dentro de los hechos
denunciados por el accionante. Al respecto, la Corte expuso lo siguiente:
«El recurso de revisión constituye un mecanismo idóneo y eficaz de defensa judicial
dependiendo de la naturaleza de los derechos invocados por el peticionario, y la
cobertura brindada por las causales aplicables al proceso específico. Así, el recurso
será eficaz cuando a) la única violación alegada sea el derecho al debido proceso y,
13 ARTÍCULO 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos.
14 ARTÍCULO 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
son causales de revisión:
[…]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
15 Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia.
16
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Providencia del 22 de noviembre de 2017, dictada en
el proceso de radicación núm. 11001-33-31-000-2007-00088-01(46558). M.P. Jaime Orlando Santofimio
Gamboa.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021.
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Accionante: María Cristina Maturana Domínguez
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eventualmente, la de otros derechos que no tienen carácter fundamental, o b) cuando
el derecho fundamental cuya protección se solicita sea susceptible de ser protegido
de manera integral dentro del trámite del recurso, porque concurren en él (i) causales
de revisión evidentemente dirigidas a salvaguardar dicho derecho, y (ii) en caso de
prosperar el recurso, decisiones que restauran de forma suficiente y oportuna el
derecho»”18.
43.
En el caso bajo estudio, se observa que la situación planteada por la parte
actora en el escrito de tutela corresponde a aquellos asuntos que pueden ser
decididos a través del recurso extraordinario de revisión. Ello, porque a su juicio la
sentencia cuestionada vulneró sus derechos al debido proceso y a la información,
al no haber sido vinculada al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
pese a considerar que tenía un mejor derecho al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes que las demandantes en ese trámite.
44.
Así, la accionante debió discutir ese asunto por conducto del recurso
extraordinario de revisión, con fundamento en la causal descrita en el numeral 6 del
artículo 250 del CPACA, como ya se explicó en párrafos precedentes.
45.
De esta manera, la Sala advierte que la señora María Cristina Maturana
Domínguez disponía de otro instrumento idóneo, eficaz y efectivo, para solicitar la
protección de sus derechos fundamentales, sin embargo, no hizo uso de este, por
lo que no resulta procedente analizar las razones propuestas en su escrito de tutela.
Insiste la Sala que el mejor derecho que aduce como sustento de la solicitud de
tutela, es una causal autónoma que habilita el recurso extraordinario de revisión y
que obliga a quien lo ostenta, a acudir de manera oportuna a dicho mecanismo para
hacerlo valer.
46.
En el presente caso, tal como se advierte de la revisión del expediente, la
sentencia del 28 de agosto de 2024 fue notificada el 3 de septiembre del mismo
año, quedando ejecutoriada el 6 de septiembre siguiente. En consecuencia, el plazo
con el que cuenta la actora para interponer el recurso extraordinario de revisión
vence el 7 de septiembre de 2025. Por lo tanto, ante la existencia de un mecanismo
idóneo para la protección de sus derechos, no resulta procedente acudir a la acción
de tutela con el mismo propósito.
47.
Además de lo anterior, es importante destacar que, aunque la parte actora
alegó la existencia de un perjuicio irremediable, no demostró en forma alguna que
el procedimiento ordinario resulte ineficaz, ni explicó cómo se le estaría generando
una afectación grave e inminente que justifique la intervención excepcional del juez
constitucional.
18 Corte Constitucional, Sentencia T-649 de 2011. Dicho criterio ha sido reiterado en las sentencias T-553 de
2012, T-553 de 2012; T-713 de 2013, SU-263 de 2015, SU-210 de 2017 y recientemente en la SU-026 de 2021.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04456-00
Accionante: María Cristina Maturana Domínguez
Accionados: Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Chocó y otros
48.
Así las cosas, dado que la acción de tutela no puede ser utilizada como un
mecanismo supletivo de los recursos ordinarios, y al no advertirse por parte de esta
Sala la necesidad de una intervención urgente y transitoria del juez constitucional,
se debe declarar la improcedencia de la presente acción.
IV. CONCLUSIONES
49.
En los anteriores términos, en el presente asunto, la tutela no cumple el requisito
de subsidiariedad, toda vez que la actora cuenta con el recurso extraordinario de
revisión para proponer los reparos que expone a través de la acción constitucional.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por la señora
María Cristina Maturana Domínguez, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP), conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04456-00
Accionante: María Cristina Maturana Domínguez
Accionados: Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Chocó y otros
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
EPG/SEJV
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