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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04904-00

Fecha
1 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04904-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en la solicitud de tutela presentada por el señor Daniel Eduardo Méndez Díaz, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DESVINCULAR del presente trámite al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. 10 Ibidem. 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C., (Colombia) www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-04904-00 Accionante: Daniel Eduardo Méndez Díaz Accionado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04904-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

1 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., primero (1) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04904-00
Accionante: Daniel Eduardo Méndez Díaz
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional
de Abogados

Tema: tutela por falta de respuesta a derecho de petición. Subtema 1: carencia
actual de objeto por hecho superado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud interpuesta por el señor Daniel Eduardo Méndez Díaz en ejercicio de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Daniel Eduardo Méndez Díaz presentó escrito de tutela con la pretensión
de amparo de sus derechos fundamentales de petición, del debido proceso, del
trabajo, de la dignidad humana, de la igualdad y del buen nombre, que consideró
vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional
de Abogados (URNA), al no dar respuesta a la petición que radicó el 27 de mayo de
2025, relacionada con la solicitud de información sobre el estado de vigencia de su
tarjeta profesional de abogado.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (60-1) 350-6700 Bogotá D.C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04904-00
Accionante: Daniel Eduardo Méndez Díaz
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados

1.
El señor Daniel Eduardo Méndez Díaz, ciudadano venezolano, quien ingresó a
Colombia de manera regular y actualmente cuenta con la visa de residente
permanente, se graduó como abogado en la Universidad Libre de Colombia, sede
Cúcuta, en el año 2019.

2.
En el año 2020, el señor Méndez Díaz obtuvo su tarjeta profesional que lo
acredita como abogado titulado inscrito.

3.
En mayo de 2025, el actor se percató de que en el registro de vigencia de su
tarjeta profesional aparecía como «no vigente».

4.
Mediante correo electrónico del 27 de mayo de 2025, el señor Daniel Eduardo
Méndez Díaz solicitó al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro
Nacional de Abogados, información relacionada con la vigencia de la tarjeta
profesional y puso en conocimiento los perjuicios derivados de que en el registro
figurara como no vigente.

5.
El 17 de junio de 2025, el aplicativo de la Unidad de Registro Nacional de
Abogados dio acuse de recibo de su petición.

6.
El demandante expuso que es hijo único y constituye el principal sustento
económico de sus padres, quienes también son de nacionalidad venezolana y
residen en Colombia.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

7.
El señor Daniel Eduardo Méndez Díaz solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso administrativo,
derecho de petición, derecho al trabajo, derecho a la información, dignidad humana,
igualdad, buen nombre, salud, vida digna y vivienda digna, los cuales han sido
vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura y demás entidades accionadas,
al no responder en tiempo razonable y de fondo los derechos de petición presentados
y al mantener injustificadamente la calificación de “no vigente” de la tarjeta profesional
de abogado sin acto administrativo, resolución motivada ni notificación.

SEGUNDO: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura, como medida
inmediata y eficaz para restablecer los derechos fundamentales vulnerados, que en
un término no superior a cuarenta y ocho (48) horas emita respuesta de fondo, clara,
congruente y motivada a los derechos de petición previamente radicados por el
suscrito accionante. Así mismo, que informe de manera oficial y escrita las razones
jurídicas, fácticas y procedimentales por las cuales mi tarjeta profesional fue
calificada como “no vigente”, indicando si existe acto administrativo que sustente tal
decisión.

2

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04904-00
Accionante: Daniel Eduardo Méndez Díaz
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados

TERCERO: ORDENAR, como medida provisional o definitiva, según corresponda y
previa revisión de legalidad, la reactivación inmediata del estado “vigente” de mi
tarjeta profesional de abogado, en caso de no existir fundamento jurídico válido ni
resolución motivada que respalde la calificación de “no vigente”.

CONSECUENCIALES

PRIMERO: Se oficie a las entidades demandadas para que, en caso de no existir
causa legal para mantener la tarjeta profesional en estado “no vigente”, se abstenga
de volver a incurrir en esta conducta administrativa omisiva o arbitraria sin mediar el
debido proceso legal.

SEGUNDO: Se ordene al Consejo Superior de la Judicatura expedir al accionante
certificación actualizada del estado vigente de su tarjeta profesional, para efectos de
su acreditación ante entidades públicas, privadas y judiciales, como garantía del
derecho al trabajo y a la rehabilitación de su buen nombre profesional.

TERCERO: Se advierta a las entidades demandadas sobre la posibilidad de incurrir
en sanciones por desacato, conforme al Decreto 2591 de 1991, en caso de incumplir
las órdenes impartidas por el juez constitucional.

CUARTO: Se ordene la publicación o rectificación en los registros y bases de datos
públicos donde se indique el estado “no vigente” de la tarjeta profesional, si no existe
soporte legal para tal estado, con el fin de evitar mayores perjuicios al mi buen
nombre, dignidad y ejercicio profesional1.

8.
Como fundamento de sus pretensiones manifestó que la parte accionada
vulneró los derechos fundamentales invocados como consecuencia de no dar
respuesta a la petición de información que radicó el 27 de mayo de 2025. Agregó
que el registro de su tarjeta profesional como «no vigente» le ha causado un
perjuicio irremediable, en la medida en que no puede acceder al mercado laboral.

2.3. Trámite procesal

9.
El despacho ponente, mediante auto del 13 de agosto de 20252, admitió la acción
de tutela; vinculó, como terceros con interés al Ministerio de Relaciones Exteriores
y a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

2.4. Intervenciones
10.
El Ministerio de Relaciones Exteriores3 solicitó la desvinculación del presente
trámite de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva, por no tener

1 Se transcribe incluso con errores de texto.
2
Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-04456-00, índice 4, certificado 08377731DFF185FB 43C6864FFAF3E90F
CD67B3ECBA139E36 4D6442051F894C1B.
3
Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-004909-00, índice 9, certificado AD87FAB8E89EC470 D2FD9187B6FD8E0E
2D66DC200DD0FECD F0A57643D3787F2E.

3

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Accionante: Daniel Eduardo Méndez Díaz
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Registro Nacional de Abogados

competencia para pronunciarse sobre la vigencia, suspensión o cancelación de la
tarjeta profesional de abogado, asunto que, afirmó, era propio del Consejo Superior
de la Judicatura y la Unidad de Registro Nacional de Abogados. Por lo anterior,
solicitó que se negaran las pretensiones formuladas contra esa entidad.

11.
La Unidad de Registro Nacional de Abogados 4 pidió que se declarara la
carencia actual de objeto por hecho superado. Para el efecto, informó que,
verificada la trazabilidad del registro, se constató que la actualización del estado de
vigencia obedeció a un cruce automático de información con la Registraduría
Nacional del Estado Civil, dentro de la cual el número de documento de
identificación del actor fue reportado como «no vigente por fallecimiento». Explicó
que esa situación se produjo por la coincidencia entre el número de cédula de
extranjería del actor y una cédula de ciudadanía.

12.
Indicó que, advertida la anterior inconsistencia, fue corregida por el área técnica
y se restableció el estado de vigencia de la tarjeta profesional, circunstancia que
fue comunicada al accionante el 22 de agosto de 2025.

13.
La Registraduría Nacional del Estado Civil 5 solicitó la desvinculación del
presente trámite, con fundamento en que el accionante se identificaba con cédula
de extranjería, la cual es expedida por la Unidad Administrativa Especial de
Migración Colombia, que identifica a los extranjeros en el territorio colombiano.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia
14.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer la
presente solicitud de amparo interpuesta en contra del Consejo Superior de la
Judicatura y la Unidad Nacional de Registro Nacional de Abogados.

3.2. Legitimación en la causa

15.
La legitimación en la causa por activa del señor Daniel Eduardo Méndez Díaz se
encuentra acreditada, por cuanto estima vulnerados sus derechos fundamentales
a la información, al derecho de petición, al debido proceso, al trabajo, a la dignidad
humana, a la igualdad y al buen nombre.

4
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4BB88D8451ACD4D7 A3B9B1802563DD47.
5
Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-04904-00, índice 10, certificado E2B97FBDF9CC5D67 A75597224A64FF17
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4

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Registro Nacional de Abogados

Asimismo, está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo
16.

Superior de la Judicatura, Unidad Nacional de Registro de Abogados, teniendo en
cuenta que la petición del 27 de mayo de 2025 fue dirigida por el actor a esa entidad.

Ahora bien, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Registraduría Nacional
17.

del Estado Civil solicitaron que se declarara la falta de legitimación en la causa por
pasiva, al estimar que no están llamados a responder por la vulneración de los
derechos fundamentales alegada por la parte accionante.

18.
Al respecto, la Sala encuentra que el derecho de petición radicado por el actor
se dirigió expresamente al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro
Nacional de Abogados, motivo por el cual no se advierte injerencia alguna en el
presente trámite por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Registraduría
Nacional del Estado Civil. En consecuencia, se accederá a la solicitud de
desvinculación.

3.3. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

19.
En el presente asunto, el presupuesto de subsidiariedad se encuentra
satisfecho, dado que la parte actora no cuenta con otro mecanismo de defensa
judicial para discutir la vulneración del derecho fundamental de petición por falta de
respuesta de la respectiva entidad responsable.

20.
Además, la Sala tendrá por cumplido el requisito de inmediatez, en la medida
en que la parte accionante argumentó que la solicitud que presentó no ha sido
resuelta, circunstancia que, en principio, es continua en el tiempo6.

4. Problema jurídico

21.
La Sala debe decidir si el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados vulneraron los derechos fundamentales a la
información, de petición, al debido proceso, al trabajo, a la dignidad humana, a la
igualdad y al buen nombre. En particular, al tener en cuenta los argumentos de la
tutela, le corresponde establecer si dicha autoridad dio respuesta al escrito
formulado por el accionante el 27 de mayo de 2025.

22.
Para el efecto, se estudiarán generalidades del derecho de petición y el caso
concreto.

6 Corte Constitucional, sentencia T-332 de 2015:

La Corte Constitucional ha señalado que en aquellos casos en los que se demuestre que la vulneración del
derecho es permanente en el tiempo y el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, pero la situación es continua y actual, el principio de inmediatez en la interposición
de la tutela no es exigible de manera estricta.

5

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04904-00
Accionante: Daniel Eduardo Méndez Díaz
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados

4.1. Generalidades del derecho de petición

23.
El artículo 23 constitucional prevé que toda persona tiene el derecho a formular
peticiones ante las autoridades, de manera respetuosa, ya sea por razones de
interés general o particular, y a obtener una respuesta pronta por parte de estas.
Por otro lado, el artículo 13 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 de
2015, especificó que la resolución a la solicitud debe ser «completa y de fondo». La
Corte Constitucional7, respecto del mencionado derecho, indicó lo siguiente:

Esta garantía permite asegurar la efectividad de otros derechos de rango legal o
constitucional, por lo que ha sido considerada por la jurisprudencia como un derecho
de tipo instrumental, en tanto que es uno de los principales mecanismos con los que
cuenta la ciudadanía para exigir de las autoridades el cumplimiento de sus deberes.
El núcleo de este derecho se encuentra en tres elementos: (i) la posibilidad de
formular la petición, (ii) la respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro del término
legal respectivo.

24.
Visto lo anterior, los criterios que permiten identificar cuándo una respuesta ha
atendido de fondo la petición, pueden agruparse de la siguiente manera: (i) claridad,
esto es, que contenga argumentos que sean fácilmente comprensibles; (ii)
precisión, que comporta la necesidad de que esta verse directamente sobre lo
pedido sin acudir a evasiones; (iii) congruencia, al abarcar el objeto de la solicitud;
y (iv) consecuencia, aspecto que lleva intrínseco que la contestación suministrada
guarde concordancia con el trámite impartido, por ejemplo, en los escenarios en
que la petición surge en el marco de un procedimiento administrativo.

25.
En cuanto a los aspectos de trámite y sustanciales del derecho de petición, son
asuntos que están reglados en el Título II de la Primera Parte de la Ley 1437 de
2011 (CPACA). En particular, el artículo 21 de esta codificación dispone que, si la
autoridad a la que se dirige la solicitud no es la competente, deberá remitirla a quien
sí lo es dentro del plazo de 5 días siguientes a su radicación y de tal actuación
informará al peticionario.

26.
Además, el artículo 14 de esa codificación prevé que las peticiones deberán ser
respondidas, por regla general, en el término de 15 días hábiles siguientes a su
recepción; las de documentos e información, en 10 días; y aquellas de consultas a
autoridades en relación con las materias a su cargo, en 30 días.

4.2. Caso concreto

27.
En el asunto bajo estudio, el señor Daniel Eduardo Méndez Díaz presentó
escrito ante el Consejo Superior de la Judicatura, el 27 de mayo de 2025, en el que
solicitó información sobre el motivo por el cual su tarjeta profesional de abogado

7 Conte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.

6

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figuraba con la anotación de estado «no vigente», siendo que no estaba incurso en
ninguna inhabilidad o incapacidad jurídica que le impidiera ejercer la profesión.

28.
Frente a dicha solicitud, la Sala advierte que, con posterioridad a que la
presente tutela fuera admitida en auto del 13 de agosto de 2025, la Unidad de
Registro Nacional de Abogados, mediante correo electrónico del 22 de agosto de
2025 dirigido a la dirección electrónica del accionante, informó lo siguiente:

En relación con su solicitud, nos permitimos informar que, una vez verificada la traza
de la actualización de datos realizada sobre su registro de Inscrito como abogado con
Tarjeta Profesional, se constató que la actualización de su estado de vigencia se debió
a un cruce que se realiza periódicamente con la Registraduría Nacional del Estado
Civil, donde el número de documento 494211 fue reportado como no vigente por
fallecimiento.

Sin embargo, por un error en el proceso al coincidir el número de documento se
actualizo la información de su cédula de extranjería la cual fue confundida con una
cedula de ciudadanía y por tal razón se realizó dicha actualización de datos de manera
automática, de manera atenta se informa que a la fecha ya fue corregido el
inconveniente presentado y modificado el estado de vigencia de su registro, de lo cual
se adjunta certificado de vigencia generado desde la página web del Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia8.

29.
Asimismo, obra certificado núm. 1127160 expedido el 22 de agosto de 2025
por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia en
el que dejó constancia de que el señor Daniel Eduardo Méndez Díaz,
identificado con cédula de extranjería 494211, se registra como abogado
inscrito desde el 4 de febrero de 2020, con estado: «vigente».

30.
En consecuencia, esta Subsección encuentra que, mediante el correo
electrónico del 22 de agosto de 2025, se dio una respuesta clara, precisa y de fondo
a la petición formulada por el señor Daniel Eduardo Méndez Díaz, pues la entidad
accionada atendió la inquietud del interesado respecto del motivo por el cual su
inscripción como abogado se reportaba como «no vigente» y, además, se corrigió
la inconsistencia identificada.

31.
En este punto, es preciso indicar que la Corte Constitucional ha manifestado en
su jurisprudencia que puede ocurrir que en el transcurso del trámite de la tutela y
antes de que el juez profiera sentencia, el objeto jurídico de la acción desaparezca,
«ya sea porque se obtuvo lo pedido [hecho superado], se consumó la afectación
que pretendía evitarse [daño consumado], o porque ocurrieron hechos a partir de
los cuales se pierde interés en la prosperidad del amparo [situación
sobreviniente]»9.

8 Se transcribe aún con errores de texto.
9 Corte Constitucional, sentencia T-215 de 2023.

7

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32.
En particular, el hecho superado exige la acreditación de tres requisitos, a
saber: «(i) que ocurra una variación en los hechos que originaron la acción; (ii) que
dicha variación implique una satisfacción íntegra de las pretensiones de la
demanda; y (iii) que ello se deba a una conducta asumida por la parte demandada,
de tal forma que pueda afirmarse que la vulneración cesó, por un hecho imputable
a su voluntad»10.

33.
Pues bien, de lo expuesto, la Sala encuentra que, con posterioridad a la
interposición de la acción de tutela y antes de proferirse el fallo de primera instancia,
la Unidad de Registro Nacional de Abogados contestó de manera clara, precisa y
de fondo la petición del 27 de mayo de 2025, lo cual era el objeto de la solicitud de
amparo.

34.
En consecuencia, ante la desaparición de las circunstancias que
fundamentaron la solicitud presentada por el señor Daniel Eduardo Méndez Díaz
perdió su razón de ser como mecanismo extraordinario de protección de derechos
fundamentales, lo que conduce a que cualquier orden que profiera el juez
constitucional resulte inane. Por las razones expuestas, esta Sala declarará la
carencia actual de objeto por hecho superado.

IV. CONCLUSIONES

35.
En los anteriores términos, la Sala concluye que, en el presente asunto se
configura la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que la conducta
omisiva que se reprochaba a la autoridad demandada fue corregida y desapareció
el motivo que obligó al actor a hacer uso de este mecanismo constitucional.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en la
solicitud de tutela presentada por el señor Daniel Eduardo Méndez Díaz, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DESVINCULAR del presente trámite al Ministerio de Relaciones
Exteriores y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta sentencia.

10 Ibidem.

8

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Accionante: Daniel Eduardo Méndez Díaz
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

EPG/SEJV

9

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