Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04459-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04459-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-04459-00
Consejero ponente: María Adriana Marín
1 de septiembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04459-00
Demandante: Andrés Francisco de la Hoz Racines
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., primero (1º) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04459-00
Demandante: ANDRÉS FRANCISCO DE LA HOZ RACINES
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A,
Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Improcedencia / FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA - No se cumple el presupuesto de legitimación en
la causa de la parte actora, puesto que el abogado carece de poder para solicitar la protección
de los derechos fundamentales de las personas que integraron la parte demandante en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, de sus herederos y/o de sus sucesores
procesales.
La Sala1 decide la acción de tutela instaurada por el abogado Andrés Francisco de la
Hoz Racines contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y el
Tribunal Administrativo del Magdalena.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela
1. El 18 de julio de la presente anualidad, el abogado Andrés Francisco de la Hoz Racines
interpuso acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado y el Tribunal Administrativo del Magdalena, por considerar vulnerado su derecho
fundamental de petición, al no haberse pronunciado frente a la solicitud de tasación de
costas y agencias en derecho que presentó, el 16 de julio de 2023, en el marco del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 47001-23-33-000-2018-00238-01.
Formuló las siguientes pretensiones (transcripción textual, con posibles errores
incluidos):
1º) Se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, o quien haga
sus veces, para que dentro de los términos que disponga esa agencia judicial,
resuelva de fondo y de manera completa, clara, efectiva, precisa, y congruente, lo
solicitado por el suscrito a través del escrito presentado ante el Consejo de Estado
en fecha 16 de julio de 2023;
2°) Se vincule al presente asunto, a los siguientes despachos judiciales:
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Se advierte que el 5 de agosto de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
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Demandante: Andrés Francisco de la Hoz Racines
a) Secretaría General- Secretaría Sección Segunda del Consejo de Estado,
Secretaría General y Despacho 002 del Tribunal Administrativo del Magdalena,
donde funge como titular el doctor Adonay Ferrari Padilla;
b) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda-Subsección A, Magistrado Ponente Dr. Gabriel Valbuena Hernández.
3°) En el evento que esa Corporación así lo considere procedente, se ordene al
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda-
Subsección A, Magistrado Ponente Dr. Gabriel Valbuena Hernández, resuelva de
fondo y de manera completa, clara, efectiva, precisa, y congruente, lo solicitado por
el suscrito a través del escrito presentado ante el Consejo de Estado en fecha 16 de
julio de 2023.
4°) Se ordene a la entidad que corresponda, me notifique la respectiva respuesta a
las peticiones formuladas por el suscrito a través del escrito presentado ante el
Consejo de Estado en fecha 16 de julio de 2023.
2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. En sentencia del 13 de noviembre de 2019, el Tribunal Administrativo del Magdalena
profirió sentencia de primera instancia, denegatoria de las pretensiones de la demanda
de nulidad y restablecimiento promovida por el señor Alfredo Alfonso Ortiz Zárate contra
la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), tendiente a obtener la
anulación de los actos administrativos que reconocieron y liquidaron su pensión de vejez
y, a título de restablecimiento del derecho, a que se reconociera que era beneficiario del
régimen de transición, previsto en los artículos 1° y 3 de la Ley 33 de 1995. Demanda
que se tramitó bajo el radicado 47001-23-33-000-2018-00238-00.
4. Inconforme con la decisión, el demandante interpuso recurso de apelación, que fue
resuelto por la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, mediante
sentencia del 24 de febrero de 2022. En la sentencia que definió la controversia, el ad
quem revocó la sentencia del 13 de noviembre de 2019 y, en su lugar, declaró la nulidad
de las resoluciones demandadas y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó a la
entidad demandada que reliquidara la pensión del demandante. Asimismo, condenó en
costas de segunda instancia a la parte vencida en el proceso.
5. La sentencia de segunda instancia fue notificada el 14 de marzo de 2022 y, el 30 del
mismo mes y año, la Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación devolvió el
expediente al Tribunal Administrativo del Magdalena, para lo de su competencia.
6. El 1° de julio de 2022, el Tribunal Administrativo del Magdalena profirió auto de
obedézcase y cúmplase y, el 23 de agosto de 2023, la Secretaría General de la misma
Corporación liquidó las costas, de la siguiente manera:
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7. En auto del 29 de agosto de 2022, el magistrado sustanciador del proceso en primera
instancia, aprobó la liquidación de costas presentada por la Secretaría General.
8. El 16 de julio de 2023, el abogado de la parte demandante, el señor Andrés Francisco
de la Hoz Racines, presentó, ante la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, un memorial, mediante el cual solicitó que se tasaran las agencias en derecho
causadas y que se corrigiera la sentencia de segunda instancia, en el sentido de
condenar a la entidad demandada a pagar las costas y agencias en derecho.
9. En el escrito de amparo, el abogado accionante alegó que, teniendo en cuenta que en
el auto que aprobó la liquidación en costas, el Tribunal Administrativo del Magdalena no
incluyó el concepto de agencias en derecho, se vio obligado a radicar el memorial del 16
de julio de 2023, que según afirmó, debe entenderse presentado «el día siguiente hábil».
10. En respuesta a su solicitud, al día siguiente, esto es, el 17 de julio de 2023, la
Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación le informó al abogado de la Hoz
Racines, que, de conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso, las
costas y agencias en derecho deben ser liquidadas de manera concentrada por el juez
que haya conocido del proceso en primera o única instancia, por lo que remitiría su
memorial al Tribunal Administrativo del Magdalena.
11. Sin embargo, desde entonces y hasta la fecha en la que radicó la demanda de tutela,
no ha recibido respuesta de fondo, pese a que ya transcurrió el término otorgado por el
artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 a la autoridad judicial accionada para tal efecto.
12. Finalmente, alegó que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 21 de la misma
normativa, la Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación tenía la obligación
de remitir su petición a la autoridad competente para que esta la resolviera de fondo; sin
embargo, en el expediente no obra constancia de ello.
B. Trámite impartido e intervenciones
13. Mediante auto del 24 de julio de 20252, el despacho sustanciador del proceso admitió
la acción de tutela contra los magistrados que integran la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado; la secretaria de la Sección Segunda y la secretaria
general de esta corporación; y el magistrado titular del despacho 002 del Tribunal
Administrativo del Magdalena y al secretario general de dicho tribunal. Asimismo, ordenó
notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
14. El consejero de estado Luis Eduardo Mesa Nieves, integrante de la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado3, informó que, de la lectura de
«providencia» cuestionada, se advierte que la Secretaría de la Sección remitió la solicitud
del accionante al Tribunal Administrativo del Magdalena, luego de considerar que era el
competente para pronunciarse al respecto, de conformidad con el artículo 366 del Código
General del Proceso. Asimismo, adujo que la petición de amparo carece del requisito de
inmediatez, pues la petición que da lugar a la acción de tutela data de hace dos años.
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SAMAI, índice 4.
3 SAMAI, índice 8.
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15. Por su parte, el Tribunal Administrativo del Magdalena4, a través del magistrado
sustanciador del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en primera instancia,
alegó que, pese a que la Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación le
anunció al accionante que remitiría la solicitud que radicó, el 16 de julio de 2023, al
Tribunal, lo cierto es que la petición no fue allegada a dicha dependencia.
16. Por otro lado, argumentó que, revisado el expediente del proceso ordinario, advirtió
que, en el fondo, el demandante se encuentra inconforme con la decisión del 25 de
agosto de 2022, a través de la cual, se aprobó la liquidación de costas presentada por la
Secretaría General de la Corporación, contra la cual la parte demandante no interpuso
recurso alguno.
17. Entonces, a su juicio, la intención del abogado de la Hoz Racines, en realidad,
pretende reabrir una instancia procesal que ya concluyó.
18. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los demás vinculados no
intervinieron, pese a que fueron debidamente notificados del auto admisorio de la
demanda.
II. CONSIDERACIONES
C. Competencia
19. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991,
en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno
del Consejo de Estado).
D. Problema jurídico
20. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo satisface los
presupuestos procesales de procedencia de la acción de tutela, en particular, la
legitimación en la causa por activa. Solo en el evento de superar tal requisito, la Sala
descenderá al análisis de fondo que corresponde, a fin de establecer si el Tribunal
Administrativo del Magdalena vulneró o no el derecho fundamental de petición del señor
Andrés Francisco de la Hoz Racines.
E. Análisis de la Sala
Presupuestos procesales de procedibilidad de la acción de tutela
21. Legitimación en la causa. La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política5 fue reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, cuyo artículo
4 SAMAI, índice 10.
5 ARTÍCULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
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1° establece que «toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma
o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto».
22. Dicha regla impone de antemano que quien presenta la solicitud de amparo debe ser
una persona legitimada en la causa por activa, en la medida en que solo podrá ejercer
esta acción constitucional ante la vulneración de sus propios derechos fundamentales,
sin perjuicio de la agencia oficiosa de derechos ajenos, como lo dispone el artículo 10
del Decreto 2591 de 19916.
23. En este sentido, la Corte Constitucional ha reiterado que, a pesar del carácter
informal de la acción de tutela, no debe obviarse el cumplimiento de unas condiciones
mínimas de procedibilidad, requisitos entre los que se encuentra el de la legitimación en
la causa por activa. Así lo ha expuesto:
Este es el primer requisito de procedibilidad de la acción de tutela, que exige que
quien solicita el amparo constitucional se encuentre “legitimado en la causa” para
presentar la solicitud de protección de sus derechos fundamentales. Dicha
legitimación puede ser ‘por activa’ o ‘por pasiva’. Por la primera exige que el derecho
cuya protección se invoca sea un derecho fundamental propio y no, en principio, de
otra persona7. La segunda se entiende satisfecha con la correcta identificación de las
autoridades responsables de la amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales invocados 8 , destacando a la vez que su adecuada integración
persigue garantizar a los presuntos implicados el derecho a la defensa y, por esa vía,
permitirles establecer el grado de responsabilidad que les pueda asistir en los hechos
que son materia de la controversia constitucional.
Desde antaño, la Corte ha precisado que el interés subjetivo de quien demanda en
causa propia la protección de derechos fundamentales debe estar debidamente
acreditado, pues de lo contrario carece de legitimidad para instaurar la acción de
tutela (…) (se destaca)9.
24. Como se sabe, la acción de tutela busca la protección de derechos fundamentales,
es decir, aquellos contenidos en la Constitución, en algunos tratados internacionales o
que, sin estar en un cuerpo normativo específico, «se relacionen con la dignidad humana
La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se
abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez
competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]
6 Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por
sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de
promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
7 Cita del original: «Sentencia T–1191 de 2004 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra)».
8
Cita del original: «En el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 se dispone: Artículo 13. La acción se dirigirá
contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
fundamental (…)».
9 Corte Constitucional, sentencia T-382 del 19 de julio de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa.
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y sean traducibles a un derecho subjetivo» 10 . Así, debe decirse que un derecho es
subjetivo en la medida en que esté asignado a una persona y tenga un contenido que
sea exigible al Estado o a los demás, es decir, estos cuentan con un titular, un obligado
y una prestación o contenido11.
25. El carácter subjetivo del derecho es útil no solo para determinar su calidad de
fundamental, sino para derivar la legitimación por activa de quien persigue su protección.
26. Ahora bien, la Corte Constitucional ha explicado que la legitimación en la causa, «es,
entonces, una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. “Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha
calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces
simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo”12»13.
27. En definitiva, quien acude a la acción de tutela debe ser una persona –natural o
jurídica– titular del derecho afectado o amenazado, un tercero que cumpla las
condiciones para agenciar los derechos de otro o las autoridades expresamente
autorizadas para ello en el ordenamiento jurídico14. De no cumplirse, la tutela se torna
improcedente por la ausencia de un presupuesto para estudiar el fondo del asunto.
F. Análisis de la legitimación en la causa en el caso en concreto
28. En el caso bajo estudio, el abogado Andrés Francisco de la Hoz Racines, quien fungió
como apoderado de la parte demandante en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, interpuso acción de tutela con el fin de que se amparara
su derecho fundamental de petición, vulnerado por las autoridades judiciales accionadas,
con ocasión de la falta de respuesta a la solicitud que radicó el 16 de julio de 2025,
mediante la cual pretendía que se «tasaran» las agencias en derecho y se corrigiera la
10 Así lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia T-227 de 2003, en la que se habló del carácter
autónomo de ciertos derechos, en virtud de su relación con la dignidad humana, aun cuando no estuvieran
expresamente definidos como fundamentales en la Constitución:
La Corte Constitucional no ha dado una respuesta inequívoca sobre el concepto de derechos
fundamentales. Su postura ha oscilado entre la idea de que se trata de derechos subjetivos de aplicación
inmediata10 y la esencialidad e inalienalibilidad del derecho para la persona 10. Entre estos dos extremos
se han presentado varias posturas teóricas:
…
A partir de dicho análisis es posible recoger la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el concepto
de derechos fundamentales, teniendo como eje central la dignidad humana, en tanto que valor central del
sistema y principio de principios.
…
En este orden de ideas, será fundamental todo derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido a
lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo. Es decir, en la medida en que resulte
necesario para lograr la libertad de elección de un plan de vida concreto y la posibilidad de funcionar en
sociedad y desarrollar un papel activo en ella. Tal necesidad no está determinada de manera apriorística,
sino que se define a partir de los consensos (dogmática del derecho constitucional) existentes sobre la
naturaleza funcionalmente necesaria de cierta prestación o abstención (traducibilidad en derecho
subjetivo), así como de las circunstancias particulares de cada caso (tópica).
11 Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
12 Cita original de la providencia. T-799 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-416 de 1997, M. P.
José Gregorio Hernández.
13 Corte Constitucional, sentencia T-411 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
14 De los artículos 46 a 51 del Decreto 2591 de 1991 se desprende que el Defensor del Pueblo y los
personeros municipales o distritales, por expresa delegación de aquel, están legitimados para interponer
la acción de tutela en nombre de cualquier persona que lo solicite o que esté en situación de desamparo
e indefensión.
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sentencia de segunda instancia, en el sentido de adicionar tal concepto a la condena
impuesta a la entidad demandada.
29. En el escrito de amparo, el abogado afirmó que, el 16 de julio de 2023, presentó, ante
la Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación, un memorial mediante el cual
solicitó que se tasaran las agencias en derecho causadas y se corrigiera la sentencia de
segunda instancia, en el sentido de condenar a la entidad demandada a pagar las costas
y agencias en derecho. No obstante, a la fecha de presentación de la demanda y, pese
a haber transcurrido el plazo previsto en la Ley 1755 de 2015 para dar respuesta
oportuna, las accionadas no han proferido respuesta de fondo a su «petición».
30. En este punto, la Sala realizará algunas consideraciones conceptuales, a fin de
determinar la naturaleza de la solicitud que dio origen a esta controversia, y resolver
sobre la legitimación en la causa por activa del abogado accionante.
31. Ciertamente, la Corte Constitucional en la sentencia T-482 de 2024 admitió que las
peticiones elevadas ante autoridades judiciales pueden ser administrativas o judiciales.
La diferencia, según afirmó el alto tribunal mencionado, radica en que, mientras las
primeras versan sobre asuntos administrativos relacionados con la función que le fue
encomendada a la autoridad a la que se dirige, las segundas están estrictamente
relacionadas con decisiones y/o actuaciones del proceso. Dicha distinción resulta
relevante en la medida en que, a partir de la identificación del tipo de solicitud, se
establece si el escrito elevado a la autoridad judicial se rige por las normas del derecho
de petición o por los postulados del debido proceso judicial.
32. En la referida sentencia, la Corte fijó unos criterios que orientan al operador judicial
a establecer el tipo de solicitud del que se trata. En primer lugar, señaló que el juez
deberá determinar si la solicitud está relacionada con decisiones propias del proceso,
con una regulación procesal o va dirigida a salvaguardar el derecho de defensa, caso en
el que se tratará de una decisión jurisdiccional. En caso contrario, es decir, cuando
advierta que la misma fue interpuesta por un tercero sin interés procesal directo, y/o que
está dirigida a salvaguardar algún derecho extraprocesal, será una solicitud que se rige
bajo los postulados del derecho de petición.
33. Así las cosas, revisado el escrito de la solicitud elevada por el señor de la Hoz
Racines, la Sala observa que la misma fue radicada ante una autoridad judicial y tenía
como propósito que se modificara la tasación de agencias en derecho y, en concreto,
que dicho concepto se incluyera en la liquidación que fue aprobada por el Tribunal
Administrativo del Magdalena; aspecto que, a juicio de esta Subsección, se encuentra
directamente relacionado con una decisión judicial adoptada en el marco del litigio de
nulidad y restablecimiento del derecho que se adelantó bajo el radicado 47001-23-33-
000-2018-00238-00.
34. Entonces, la Sala concluye que, en el presente caso, no se estaría ante un posible
escenario de afectación del derecho fundamental de petición, sino ante una eventual
vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia o al debido proceso. Lo
anterior, porque el contenido de la solicitud radicada por el accionante ante la Secretaría
de la Sección Segunda de esta Corporación, da cuenta de su naturaleza netamente
judicial, inequívocamente vinculada a la decisión que aprobó la liquidación de costas. De
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ahí que, contrario a lo afirmado en la demanda, no le sean aplicables las disposiciones
del derecho de petición contenidas en la Ley 1755 de 2015, sino las reglas procesales
propias del trámite de nulidad y restablecimiento del derecho.
35. Entonces, lo que advierte la Sala es que, en principio, los derechos que pudieron
resultar vulnerados por la presunta omisión de las autoridades judiciales accionadas no
serían los del señor de la Hoz Racines, sino, más bien, los de la parte que este
representaba en el proceso ordinario. Sin embargo, el abogado acudió a la presente
acción de tutela, con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental de
petición, mismo que, se insiste, no pudo haberse afectado en modo alguno.
36. Al respecto, precisa la Sala que los apoderados de las partes de un proceso judicial
carecen de legitimación para promover acción de tutela contra las providencias y/
actuaciones realizadas en el marco de dicho trámite.
37. Tanto así que, el máximo tribunal constitucional ha sostenido que los abogados que
acuden a la acción de tutela para cuestionar actuaciones adelantadas o decisiones
proferidas en el marco de un proceso en el que fungieron como apoderados de alguna
de las partes deben aportar un nuevo mandato, «para el fin específico y determinado de
representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que
alega, contra cierta autoridad o persona y en relación con unos hechos concretos que
dan lugar a su pretensión»15.
38. Valga recordar que la acción de tutela persigue la protección de derechos subjetivos.
Ello significa que quien alega la afectación debe ser su titular o que otra persona los
defienda en su nombre, con las limitaciones establecidas en la ley y la jurisprudencia.
39. Ahora, aun si admitiera que lo que pretendía el abogado accionante era acudir en
procura de los derechos de la parte que representó en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo cierto es que para ello debió haber aportado el poder
que lo facultara para interponer la acción de tutela en su representación; no obstante, en
el expediente no obra prueba de que el demandante, sus herederos o sucesores
procesales le hubieran otorgado el referido mandato.
40. Todo lo anterior, conduce a la Sala a concluir que el abogado Andrés Francisco de
la Hoz Racines carece de legitimación en la causa para promover la presente acción de
tutela.
41. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor
Andrés Francisco de la Hoz Racines, de conformidad con lo razonado en la parte motiva.
15 Sentencia T-001 de 1997.
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SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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9
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