Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2018-00238-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2018-00238-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2018-00238-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
24 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veint idós (2022)
Radicación: 47001 23 33 000 2018 00238 01 (3400 -2020)
Demandante: ALFREDO ALFONSO ORTIZ ZARATE
Demandado: ADMINISTRA DORA COLOMBIANA DE P ENSIONES 1
Temas: Reliquidación pensión de vejez.
SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA/LEY 1437 DE 2011
ASUNTO
La Sala de Subsección A , Sección Segunda del Consejo de Estado,
decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 13 de noviembre de 2019 , proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdal ena , que negó las súplicas de
la demanda .
I. ANTECEDENTES
1. LA DEMANDA 2.
El señor Alfredo Alfonso Ortiz Zara te , en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimient o del derecho previsto en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, formuló en síntesis las
siguientes:
1.1. Pretensiones
Declarar l a nulida d de la s resoluciones GNR 242451 de 30 de
septiembre de 2013 , GNR 261570 de 17 de julio de 2014 y VPB
1
En adelante COLPENSIONES
2
Folios 1 a 11 y reforma de la demanda folios 116 a 120.
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Demandante: Alfredo Alfonso Ortiz Zarate
34377 de 17 de abril de 2015 , por medio de las cuales ,
COLPENSIONES reconoció una pensión de jubilación en aplicación
del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo
año, reliquidó la prestación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
71 de 1988 y confirm ó la decisión previamente adoptada .
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó q ue se ordene a la demandada : (a) reliquidar la
pensión de jubilación a partir del 30 de julio de 2008 , en aplicación
de lo dispuesto en los artículos 1 y 3 de la Ley 33 de 1985, por ser
beneficiario del régimen de transición, con el 75% del promedio
mensual de todos y cada uno de los factores salaria les devengados
durante el último año de servicio ; (b) pagar las diferencias ,
debidamente indexadas y con intereses moratorios y (c) cumplir la
sentencia favorable de acuerdo con lo establecido en los artículos
192 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 .
1.2. Fundamentos fácticos relevantes
El demandante expuso que (i) nació el 30 de julio de 1953 y es
beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993; (ii)
laboró en entidades estatales por más de 20 años; (iii) por medio
de la Resolución GNR 242451 de 30 de septiembre de 2013 ,
COLPENSIONES le reconoció una pensión de jubilació n conforme
al Decreto 758 de 11 de abril de 1990 y (iv) recurrió la decisión y
mediante la Resolución GNR 261570 de fecha 17 de julio de 2014 ,
la demandada optó por aplicar la L ey 71 de 1988 y declaró la
prescripción de las mesadas anteriores al 30 de octubre de 2009 .
Decisión confirmada a través de l a Resolución VPB 3 4377 de 17
de abril de 2015 .
1.3. Normas violadas y concepto de violación
El actor citó como normas violadas por la s resoluciones enjuiciada s
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los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 24, 48 y 53 de la Constitución Política;
1, 2 y 3 de la Ley 33 de 1985 y la Ley 100 de 1993.
Al desarrolla r el c oncepto de la violación , manifestó que por ser
beneficiario del ré gimen de transición también le es aplicable el
régimen establecido en la Ley 33 de 1985 , tal como lo solicitó –en
aplicación al principio de favorabilidad –, dado que le resulta más
beneficioso en comparación con lo dispuesto en el Decreto 758 de
1990, o lo señalado en la Ley 71 de 1988 , respecto de la edad
requerida y el monto.
A pesar de ello , COLPENSIONES se negó a re liquidar la pensión
con el argumento de que « no acreditó su condición de empleado
oficial», lo cual desconoce los soportes recaudados, los cuales dan
cuenta que siempre se desempeñó en tal condición en las distintas
entidades oficiales donde laboró .
2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 3
La ADMINISTRADORA COLOMBI ANA DE PENS IONES –
COLPENSIONES se opuso a las p retensiones de la demanda ,
porque:
«( …) obser vam os una cer t if icación de la Alcaldí a de Ciéna ga
( Magdal ena) donde dice que f ue nom br ado com o colect or de
hacienda q ue se hi cier on descuen t os de ley, que f ue no m br ado
ar chiver o de la Caj a de Pr evisi ón Soc i al del Magda lena, p er o no
dice en ning una par t e si se lo hizo com o em pleado públ ico o com o
t r abajador of icial, es decir que no está clar o que ( sic) calid ad
ost ent aba ( …). En ese m ism o or den de ideas se encuentr an las
dem ás cer t if icacione s, por que f uer on varias en las ent i dades donde
labor ó y de hecho exist e t iem po pr ivado de t ales cot izaciones com o
se obser va en la his t or ia labor al. »
Afirmó que la pensión fue liquidada con base en el régimen
3
Folios 155 a 161 y respecto a la reforma de la demanda a folios 171 a 177.
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prestacional correspondiente y , de acuerdo con el estudio realizado
en la Resolución VPB 34377 de 17 de abril de 2015 , se determinó
que si bien es cierto que e l demandante ostentó la calidad de
servidor público , t ambién lo es que no se puede establecer si
trataba de un empleado público o uno oficial, de ahí que resulta
imposible acceder a lo solicitado por este, en el sentido de que le
fuera aplicada la Ley 33 de 1985 en su integridad .
Que en este caso se admitió la demanda sin estar probada la
calidad del actor p ara acceder a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo , ya que « al sum ar tiem pos de t r abajo en var ias
ent idades públ icas y pr ivadas es la pensión por apor t es la per t inent e
m uy a pesar de esta r t r at ando el t em a de la t r ansición, lo que adem ás
se hizo por que e l t r abajador no t odo el t iem po ost ent ó la cal idad
em pleado púb lico p ar a ser benef iciar io de la Ley 33 de 1 985, lo que
adem ás desvir t úa la com pet encia de est e despacho par a conocer la
dem andada incoa d a ».
Propuso las excepciones de: (i) caducidad ; (ii) prescripción ; (iii)
falta de claridad y precisión de las pretensiones y competencia ; (iv)
inexistencia de las obligaciones reclamadas; (v) cobro de lo no
debido; (vi) compensación; (vii) bu ena fe y (viii) genérica o
innominada.
Conflic to de competencia
En este punto, se advierte que el proceso fue conocido inicialmente
por el Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta , instancia
que, en audiencia inicial (f l. 186 a 188), declaró probada la
excepción de falta de jurisdicción y competencia para conocer del
asunto de la referencia.
El Juzgado Quinto Laboral del Circu ito de Santa Marta resolvió
generar un conflicto de competencia (fls. 193 a 194 vto), porque si
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bien es cierto que el demandante inició su vida laboral como
trabajador oficial con la Electrificadora del Magdalena, también lo
es que sus últimas cotizaciones se dieron a través de una relación
legal y reglamentaria que tuvo con el Departamento del Magdalena
y las Alcaldía s de Santa Marta y Ciénaga.
Por decisión de 8 de marzo de 2017 (cuaderno 1, fl. 5 a 14), la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
asignó este medio de control a la jurisdicción co ntencioso
administrativa , porque el actor laboró en entes públicos
territoriales, los cuales gozan de autonomía administrativa y
patrimonio propio . Además, por regla general , los servid ores de los
entes territoria les son empleados públicos , máxime cuando no
desarrollan labores de mantenim iento de obras públicas ni de
construcción .
Precisó que no se puede perder de vista que l a accionada también
es una entidad pública encargada de administrar la seguridad social
de un empleado estatal.
Establecido lo anterior , el Juzgado Tercero Administ rativo de Santa
Marta, en la audiencia inicial, concluyó que , en razón de la cuantía,
este caso era de conocimiento del Tribunal Administrativo del
Magdalena , de conformidad con lo dispuesto 157 del CPACA , y
ordenó su remisión inmediata .
3. AUDIENCI A INI CIAL 4
El 21 de noviembre de 2018 , se llevó a cabo la audiencia inicial por
parte del Tribunal Administrativo del Magdalena , el cual encontró
que (i) no existe n inguna irregularidad que deba subsanarse o que
genere nulidad ; (ii) declaró infundadas las excepciones de falta de
4
Folios 236 a 238 Vto.
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«claridad y precisión de las pretensiones » e «inepta demandada » y
aplazó la decisión de los restantes medios exceptivos propuestos
al fallo y (iii) delimitó el problema jurídico, en los siguientes
términos:
«¿Devi enen en nulo s los act os adm in ist r at ivos cont enidos e n las
r esolucio nes G NR 242451 de 30 de s ept iem br e de 2013 que
concedió la pens ión el dem andant e en aplic ación a lo d isp uest o
en el acuer do 0 49 d e 1990; G NR 26157 0 de 17 de j ul io de 2014
m ediant e la cua l se m odif icó el m ont o de la pensi ón a la
accionant e apl icand o lo dispuest o en la Ley 71 en 1988; VPB
34377 de 17 de abr il de 2015 a t r avés de la cual se desat ó el
r ecur so de apelación int er puest o cont r a la r esolución
ant er ior m ent e m encionad a pr of er ida por la Adm inist r ador a
Colom bi ana de Pens iones - CO LPEN SI O NES ?
¿Se encuent r a la ( sic) dem andant e inm er sa en el r égim en de
t r ansición pr evist o e n el ar t í culo 36 de la Ley 100 de 1993?
Com o consecuenc ia de lo ant er ior , ¿es pr ocedent e, a t í t ulo de
r est ablecim ient o del der echo, se or dene a CO LPENSI O NES a que
r econozca la r eliqu i dación pens iona l sol icit ada, el r eaj ust e legal
y el r et r oact ivo pensiona l? ».
4. SENTENCIA DE PRIMERA I NSTANCIA 5
En sentencia del 13 de noviembre de 2019 , el Tribunal
Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de la demanda
con sustento en las siguientes razones:
Precisó que como no es objeto de discusión que el demandante es
beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, se debe dar aplicación al criterio e stablecido
en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 proferida
por el Consejo de Estado . De allí que lo pretendido se encuentra en
abierta contravía respecto de los lineamientos establecidos en
relación con el período de liquidación y los factores a tener en
cuenta.
5
Folios 271 a 292 Vto.
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5. RECURSO DE APELACIÓN 6
El actor pidió que se revoque la decisión del a quo, en los
siguientes términos :
Insistió en que debe reconocerse la pensión de acuerdo con lo
establecido en la Ley 33 de 1985, también aplicable a su caso, toda
vez que prestó más de 20 años de servicio al Estado y se encuentr a
inmerso en el régimen de transición contenido en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 , por lo que se trata de un derecho adquirido.
Que se le están violando los derecho s al debido proceso , a la
igualdad, a la seguridad social y a la seguridad jurídica , ya que
existen otros caso s similares donde se aplicó la Ley 33 de 1985 en
su integridad .
Aclaró que la entidad demandada dio un sentido diferente a los
recursos que interpuso en sede administrativa , por cuanto «lo
pretendido es que se le reconozca al mismo la pensión mensual
vitalicia de j ubilación en aplicación del artículo 1 de la Ley 33 de
1985, más no una reliquidación en (sic) base a dicha norma .»
Por último, planteó argumentos que en nada hacen referencia al
contenido del fallo recurrido, razón por la cual no serán t enidos en
cuenta por no ataca r el sentido del mismo.
6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
6.1. El demandante 7 presentó escrito firmado por el abogado
Salvador Antonio María Ríos ; sin embargo, este profesional del
derecho no acreditó poder para actuar como apoderado sustituto ,
6
Folios 299 a 311.
7
Memorial allegado vía correo electrónico, adjuntado a SAMAI, índice 13 y 14.
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condición que asevera tener, por lo que no será tenido en cuenta
su escrito .
6.2. COLPENSIONES 8 ratificó los hechos y los f undamentos
expuestos en la contestación de la demanda y los alegatos de
primera instancia y, en ese orden, pidió ser absuelta .
El Min isterio Público y la Agencia Na cional de Defensa Jurídica del
Estado guardaron silencio según consta en el informe secretarial
obrante a folio 324.
II. CONSIDERACI ONES
1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 9, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto.
Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 10 del Código
General del Proceso, la competencia del juez de se gunda instancia
está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante.
8
Memorial allegado vía correo electrónico, adjuntado a SAMAI, índice 1 2.
9
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación,
así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de ap elación por parte de los
tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…] »
10
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deb erá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hub iere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el
recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación de l apelante único, salvo que, en razón
de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las
nulidades procesales deberán alegars e durante la audiencia.»
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2. Problema Jurídico
De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por el actor, le
corresponde a la Sala determinar:
➢ ¿si el señor Alfred o Alfonso Ortiz Zá rate, por ser beneficiario
del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, tiene derecho a que su pensión de
jubilación se reliquide con la inclusión de todos los factores
salariales devengados en el úl timo año de servicios?
Para resolver lo anterior, la Sala desarrolla rá el siguiente orden
metodológico: (i) precedente vinculante de la Sala Plena del
Consejo de Estado. Sentencia de unificación del 28 de agosto de
2018 y (ii) análisis del caso concreto.
3. Marco normativ o y jurisprudenci al
3.1. Precedente vinculante de la Sala Plena del Consejo de
Estado. Sentencia de unificación de l 28 de agosto de 2018 11.
Inicialmente, es oportuno recordar que esta Sección en sentencia
de unificación de 4 de agosto de 2010 consideró que no era taxativo
11
Esta decisión judicial cuenta con salvamento parcial de voto, con ponencia de quien se
ocupa de esta providencia, donde se analizaron temas tales como las competencias
constitucionales de las Cortes de cierre; los efectos de las sentencias que profiere la Corte
Constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad en abstracto y en revisión de las
sentencias de tutela; la fuerza vinculante de la interpretación de la Constitución por vía de
autoridad y como doctrina constit ucional integradora; la doctrina constitucional como criterio
auxiliar de la interpretación de la ley; el caso de las sentencias de unificación jurisprudencial;
la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional en sede de revisión de tutelas, así como
las sentencias SU-230 de 2015, C-258 de 2013, SU-427 de 2016, SU-395 de 2017 y SU-023
de 2018. Igualmente se analizaron los alcances y efectos de la sentencia C -258 de 2013 y
los efectos de la sentencia de unificación proferida el 4 de agosto de 2010 por la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la
inescindibilidad del régimen de transición pensional y los factores salariales que conforman
la base de liquidación pensional.
A partir de allí se concluyó que en ese cas o « el "régimen de transición" previsto en la Ley
100 de 1993 protegía la expectativa legítima de la demandante de pensionarse con sujeción
al régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985, esto es, una pensión de
jubilación liquidada conforme lo dispuso el artículo 10 de esa ley, esto es, ni más ni menos,
el "equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicio".»
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el listado de factores salaria les so bre los cuales se calcula el
ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación de que trata
la Ley 33 de 1985 modificada por la Ley 62 del mismo año, porque
además, se debían tener en cuenta aquellos factores que
constituían salario, independientemente de la denominación que
recibieran, es decir, todos los que se pagaran de manera habitual
como retribución directa del se rvicio y no solamente los descritos
en dicha normativa.
Luego, la Corte Constitucional en la s sentencias C -258 de 2013,
SU-230 de 2015, SU -395 de 2017, SU -023 de 2018, entre otras,
destacó la relación de correspondencia que existe entre los aportes
que hace el empleado a lo largo de su vida laboral ante el sistema
general de seguridad social y los p rincipios de solida ridad y de
sostenibilidad financiera del sistema pensional.
Posteriormente, en sentencia del 28 de agosto de 2018, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, unificó
su jurisprudencia en relación con el Ingreso Base de Liquidación -
IBL de las pensiones reconocidas con fundamento en el régimen de
transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 así:
«El I ngreso Base de Li qui daci ón del i nci so t ercero del
art í cul o 36 de l a Ley 100 de 199 3 hace part e del régi men de
t ransi ci ón para aquel l as personas be nef i ci ari as del mi smo
que se pensi onen con l os requi sit os de edad, ti empo y t asa
de reempl azo del régi men general de pensi ones previ st o en
l a Ley 33 de 1985 ».
De acuerdo con lo anterior, se adviert e que la Sala Plena unificó su
criterio sobre el IB L de las pensiones reconocidas bajo el régimen
de transición de la Ley 100 de 1993, específicamente, fijó dos
subreglas referentes (i) al per íodo que se debe tener en cuenta
para liquidar el IBL de las mismas y (ii) los factores salariales que
se deben observar para esos efectos así:
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a. La primera subregla dispuso que tratándose de personas
que al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993
les faltare más de 10 años para adquirir el derecho
prestacional, el IB L será el p romedio de los sala rios o
rentas sobre los cuales hubiere cotizado el afil iado durante
los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, de
lo contrario, esto es, si faltare menos de 10 años, el IBL
será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les
hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el
tiempo, el que fuere superior.
La segunda subregla precisó que los factores salariales a
considerar son ú nicamente aquellos sobre los que se hayan
efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones y que
se encuentren consagrados expresamente en la ley.
Sobre el tema la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
consideró que al tomar en cuenta solo los factores sobre los que
se han efectuado los aportes, no afecta las finanzas del sistema
ni pone en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la
pensión del resto de habitantes del territorio colombiano, cuya
asegurabilidad debe el Estado, en acatamiento de los principios
constitucionales de universalidad y eficiencia y por el contrario:
(i) se garantiza que la pensión de los beneficiario s de la
transición se liquid e conforme a los factores sobre los cuales se
ha cotizado; (ii) se respeta la debida correspondencia que en un
sistema de contribución bipartita debe existir entre lo a portado y
lo que el sistema retorna al afiliado y (iii) se asegura la viabilidad
financiera del siste ma.
4. Caso concreto
En el caso del se ñor Alfredo Alfonso Ortiz Zarate se encuentra
acreditado lo siguiente:
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a. Nació el 30 de julio de 1953 12 y cumplió 5 5 años de edad el 30
de julio de 2008.
b. De acuerdo con las certificaciones allegadas se establece lo
siguiente:
• Que trabajó en la ELECTRIFICA DORA DEL MAGDALENA S.A 13,
en el siguiente período :
«[ …] r evisado( sic) los ar chivos de la e m pr esa, apar ece que el
señor ALFREDO ALFO NSO O RTI Z ZARATE , [ …] , pr est ó sus
ser vicios a est a em pr esa desde el d iez ( 10) de m ar zo de m il
novecient os set ent a y seis ( 1976) hast a el diec iséis ( 16) de
ener o de m il novecient os novent a ( 1990) o sea t r ece ( 13) años,
diez ( 10) m eses, siet e ( 7) dí as equivale nt e a cuat r o m il
novecient os ochent a y siet e dí as ( 4. 987) . »
• También laboró en las siguientes entidades, así :
Documental ENTIDAD DESDE HASTA Total días
allegada CARGO laborados
Emitido por la ALCALDÍA 21-11-1990 02-12-1991 372
Alcaldía Distrital DISTRITAL
de Santa Marta.
Folio 16 Jefe de oficina
Emitido por la GOBERNACIÓN
Gobernación del DEL
Magdalena MAGDALENA
Folio 20 7-09-1992 8-01-1994 482
Colector de
Hacienda
17-02-1994 13-03-1995 390
Archivero
Emitido por la ALCALDÍA
Alcaldía Municipal MUNICIPAL DE
de Ciénaga CIÉNAGA –
Folio 27 MAGDALENA
Auditor de la 1-10-1995 31-12-1995 91
Contraloría
Municipal ante la
Caja de
Previsión
municipal
Auditor de la 15-5-1996 31-12-1998 947
Contraloría
Municipal ante la
12
Folio 14.
13
Folio 15.
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Radicado: 470012333000 2018 00238 01 (3400-2020)
Demandante: Alfredo Alfonso Ortiz Zarate
Secretaría de
Tránsito y
Transporte
Jefe de la Oficina 1-01-1999 31-12-1999 361
de rendición de
cuentas y
jurisdicción
coactiva
TOTAL DÍAS LABORADOS 1.399
c. De acuerdo con l os certificado s de salarios emanados de (i) la
Gobernación del Magdalena, correspondiente al per íodo
comprendido entre septiembre de 199 2 y diciembre de 1993 14 y
(ii) de la A lcaldía Municipal de Ciénaga respecto del int erregno
que va desde el mes de octubre de 1995 hasta diciembre de
1999 (fl. 28 y 29) , el demandante percibió únicamente la
asignación básica mensual .
d. El actor solicitó de Colpensiones 15 el reconocimiento de la
pensión de conformidad con el artículo 1 de la Ley 33 de 1985.
e. Mediante la Resolución GNR 242451 de 30 de septiembre de
2013 16, COLPENSIONES reconoció la pensión de jubilación al
demandante con fundamento en que:
• Es benef iciar io del r égim en de t r ansició n.
• Adquir ió el est at us pensiona l el 30 de julio de 2013 ( 60 años de
edad)
• Le es aplica ble e l r égim en est ablec ido e n el Acuer do 049 de 1990,
apr obado por el Decr et o 758 de 11 de abr il de 1990 , por
f avor abil idad .
• Los f act or es salar ial es t enidos en cuenta par a la liquidació n de la
pr est ación son los indicado en la Cir cul ar I nt er na 01 de 1 de oct ubr e
de 2012 .
• Apl icó una t asa de r em plazo del 75% sobr e el pr om edio de lo
devengado o cot izad o dur ant e los últ im os 10 años.
• Fij ó la m esada pensional en $ 1. 148. 657 , con un I BL equivale nt e a
$1. 531. 542 y con una ef ect iv idad a par t i r de 30 de j ulio de 2013.
• Pr ecisó que son dis posici ones apl icab le s la Ley 100 de 1993 y el
CCA.
14
Folio 23.
15
Folios 30 a 36.
16
Folios 39 a 42 Vto.
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f. . A través de la Resolución GNR 26 1570 de fecha 17 de julio
de 2014 17, COLPENSIONES , en sede de recurso de reposición,
modificó el anterior acto administrativo, en consideración a que
el actor:
• Es benef iciar io del r égim en de t r ansició n.
• Adquir ió el e st at us pensiona l el 30 de j ul io de 2013.
• Le es aplicabl e el r égim en est ablecido e n la L ey 71 de 1988, t oda
vez que no se encon t r ó acr edit ada su calidad de em plea do p úblic o.
• Solo se le pu ede con sider ar los f act or es salar ia les est ab lecid os en
el Decr et o 1158 de 3 de j unio de 1994 .
• Solo le es a pl icabl e la t asa de r eem pl az o del 75% y e l per í o do de
liqu idac ión de 10 añ os.
• Tiene der echo a una m esada pensional e n cuant í a de $1. 163.474 ,
con un I BL de $ 1. 551. 298 , ef ect iva a part ir del 30 de j ulio de 2013.
• Teniend o en cuent a que su sol icit ud f ue pr esent ada el 30 de
oct ubr e de 2013, t iene pr escr it as las m esada s pens iona les
ant er ior es al 30 de oct ubr e de 2009, en aplicac ión de la pr escr ipción
est ablecid a en el ar t í culo 50 del Decr et o 758 de 1990 que est ablece
«La pr escr ipción par a el r econocim ient o de una m esada pensiona l
pr escr ibe en cuat r o ( 4) años; la acción par a el r econocim ient o de
las dem ás pr est aciones y el der echo a cobr ar cualquier subs idio,
pr est ación o m esada ya r econocida, pr escr ibe en un ( 1) año ».
g. Por medio de la Resolución VPB 34377 de 17 de abril de
2015 18, COLPENSIONES confi rmó la anterior decisión .
4.2 Análisis sustancial
4.2.1 ¿El señor Alfredo Alfons o Ortiz Zára te, por ser
beneficiario del ré gimen de transición consagrado en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, tiene derecho a que su pensión de
jubilación se reliquide con la inclusión de todos l os factores
salariales devengados en el último año de servicios?
Se encuentra demostrado y no es objeto de controversia en esta
instancia que el demandante es beneficiario del régimen de
17
Folios 51 a 54.
18
Folios 122 a 125.
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transición establecido en el artículo 3 6 de la Ley 100 de 1993 y, en
tal medida, tiene derecho a la aplicación de las condiciones de
edad, tiempo de servicios y monto de la pensión dispuesto en la Ley
33 de 1985 que consagraba el régimen pensional de los servidores
públicos anterior a la Ley 100 de 1993, por haber cumplido con los
requisitos allí señ alados para el efecto, pues prestó sus servicios
como empleado público durante más de 20 años y cumplió 55 años
de edad el 30 de junio de 2008, fecha en la fue alcanzado el estatus
pensional.
En el asunto sub judice , COLPENSIONES, a través de la Resolución
GNR 242451 de 30 de septiembre de 20 13, reconoció la pensión
con aplicación del Decreto 758 de 1990 y, luego, mediante
Resolución GNR 2 61570 de fecha 17 de julio de 2014 , ajustó la
prestación conforme a las previsiones de la Ley 71 de 1988 , en vista
de que no encontró probado que el actor hubiera ost entado la
condición de empleado público .
De cara al material probatorio allegado , la Sala procede a analizar
los tiempos de servicio prestados , así como la naturaleza del
servicio así:
a. ELECTRIFICADO RA DEL MAGDALENA S.A. , se advierte que
el demandante aportó la cert ificación referida a su vinculación
(fl. 149), en la que se constata que prestó sus servicios en el
período comprendido entre el 10 de marzo de 1976 y el 16 de
enero de 1990 .
Adjuntó también la Escritura Pública correspondiente a los
Estatutos de la ELECTRIFICA DORA DEL MAGDALENA S.A.
(fls. 133 a 148), de la cual se extrae lo siguiente:
«( …)
ARTÍ CULO PRI M ERO . NATURALE ZA JURÍ DI CA Y
DENO MI NA CI Ó N : La ELECTRI FI C ADO RA DEL MAG D ALE NA
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S. A. , es una sociedad Anónim a, clasif ic ada com o una ent idad
descent r alizad a in dir ect a, de nacionali dad colom bian a,
per t enecient e al or den naciona l, vincul ada al sect or
adm inist r at ivo de l M inist er io d e Mi nas y Ener gí a, sociedad en
la que por r azón de la par t icipaci ón del capit a l est at al se
som et e a l r égim en jur í dico pr evist o par a las em pr esas
indust r ia les y com er ciales de l Est ado. La Cor por ación E léct r i ca
de la Cost a At l ánt ica CO REL CA, ejer cer á la t ut ela
guber nam ent al, con la cual se co nt r olar á n las act ivi dades de la
sociedad y se coor dinar án est as con l a polí t ica gener al d el
gobier no.
( …)
ARTÍ CULO SEG UN DO : CLASI FI CACI Ó N: de acuer do con la
nat ur aleza y el caráct er de la sociedad com o em pr esa del
Est ado per t enecien t e al or den naci onal, las r elac ion es
jur í dicas de t r abajo ent r e la sociedad y las per s onas nat ur ales
a su ser vici o se r egir án por las dis posici ones l egal es y
r eglam ent ar ias que r egulan la vinc ulac i ón de los em pleado s
of icia les a l a adm inist r ació n púb lica naciona l. Todas l as
per sonas que pr est en sus ser vicios a l a ELECT RI FI CADO RA
DEL MAG DALE NA S. A. son t r abajador es of iciales y por lo
t ant o, est án som etidos al r égim en le gal vigent e par a l os
m ism os. No obst ant e lo ant er ior , son e mpl eados públ i cos l os
si gui ent es : el G er ent e, los Subger ent es, los Jef es de Divisió n,
Secr et ar io G ener al, Asesor Jur í dico, Jef e de Relacion es
I ndust r iales, Aud it or I nt er no, Jef es de Depar t am ent o ,
Admi ni st radores de Agenci as , Jef es de Seccio nes, Caj er os,
Adm inist r ador es de Subagenc ias y Super visor es. » ( Subr aya y
r esalt ado f uer a de text o) .
Obra también el oficio SG-014-90 de 16 de enero de 1990 (fl.
126), mediante el cual, el Secretario General de la
ELECTRIFICADO RA DEL MAGDAL ENA S.A. , notificó al
demandante de que «la Junta Directiva en su reunión del día
19 de diciembre de 1989, declaró la insubsistencia del
nombramiento del cargo de Administrador de la Agenci a Zona
Bananera .» (negrita con subrayas fuera del texto)
Así mismo, mediante Acuerdo 003 de 16 de enero de 1990 (fl.
127), se declaró la insubsistencia del nombramiento del señor
ALFREDO ALFONSO ORTIZ ZARATE, del cargo de
Administrador de la Agencia Zona Bananera a partir del 17 de
enero de 1990.
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De la lectura de los estatutos , en concordancia con los
restantes documentos relacionados se concluye que, sin lugar
a dudas, el demandante, quien se desempeñó como
Administrador de Agencia Zona Bananera era empleado
público.
b. Respecto de la s Alcaldía s Dist rital de Santa Marta y Cié nega,
y de la Gobernación del Magdalena , no se puede soslayar que
son entes territoriales públicos que desarrollan su fina lidad a
través de empleados públicos y, de manera excepcional,
mediante trabajadores oficiales , los cuales tienen a cargo
actividades de mantenimiento de obras públicas y de la
construcción .
Lo último, no aplica para el caso bajo estudio ya que las labores
que ejecutó el señor Ortiz Zarate se catalogan como de nivel
profesional (jefe de oficina, colector de hacienda y auditor) , por
lo que no hay lugar a dudas respecto de su calidad de empleado
público.
Así las cosas, la Sala concluye que, para el 5 de mayo de 1999 ,
el demandante cumplió 20 años exclusivos en el sector
público, fecha para la cual se encontraba vinculado a la Alcaldía
Municipal de Ciénaga , desempeñándose en el cargo de Jefe de la
Oficina de Rendición de cuentas y jurisdicción coactiva . De ahí
que su situación pensional se encuentra gobernada por el régimen
consagrado en la Ley 33 de 1985 . El artículo 1º de la m encionada
norma establece:
«ARTÍ CU LO 1º . - El em pleado of ic ia l que sir va o haya s er vido veint e
( 20) años cont inuos o discont inuos y lleg ue a la edad de cincuent a
y cinco ( 55) t endr á der echo a que por la r espect iva Caja d e
Pr evisió n se le pag ue una pensión m ensual vit al ic ia de ju bilac ión
equiva lent e al set en t a y cinco por cie nt o ( 75%) del salar io pr om edio
que sir vió de bas e par a los apor t es dur ant e el últ im o a ño de
ser vicio ».
De acuerdo con lo anterior, resulta procedente e n esta instancia dar
aplicación a la regla jurisp rudencial establecida en la se ntencia de
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unificación de 28 de agosto de 2018 19, referida en párrafos
precedentes.
En relación con la primera de las subreglas fijadas en la sentencia
de unificación, si al empleado le faltaban menos de 10 años para
adquirir el derech o a la pensión cuando entró en vigencia la Ley
100, el IBL pensional será el promedio de lo devengado en el tiempo
que le hiciere falta o e l cotizado en todo el tiempo, el que fuere
superior, mientras que, si le faltab an más de 10 años, será el
promedio de los salarios sobre los cuales se hubiesen efectuado
cotizaciones cotizado en los 10 años anteriores al reconocimiento.
Teniendo en cuent a que le faltaban más de 10 años para tener
derecho a la pensión, debió liquida rse con el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante
los 10 años anteriores al reco nocimiento de la pensión,
actualizados anualmente con base en la variación del índice de
precios al consumidor, según certificación que expida el DANE ,
incluyendo los fact ores salariales que se encuentran enlistados en
el Decreto 1158 de 1994 :
En relación con la segunda subregla fijada en la sentencia de
unificación de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
relacionada con los factores salariales que se deben incluir en el
IBL en el régimen de transición, d eterminó que este no es un
aspecto sometido al régimen de transición .
En el proceso obra prueba del único factor salarial deve ngado por
el demandante entre los años 1992 y 1999 : la asignación básica y
se desconoce n los factores devengados en otros tiempos.
En concordancia con lo expuesto, las reglas de la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018 se aplican de la siguiente
manera:
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de
agosto de 2018. Consejero ponente: César Palomino Cortés. Expediente 2012 -00143-01.
Demandante: Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro.
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REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN
«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE Edad: nació el 30 de julio de Goza del régimen
TRANSICIÓN. […] 1953, es decir que para el 30 de de transición por
La edad para acceder a la pensión de junio de 1995 (en tanto para ese tener más de 40
vejez, el tiempo de servicio o el momento era empleado del años de edad a la
número de semanas cotizadas, y el orden territorial) tenía más de entrada en vigencia
monto de la pensión de vejez de las 41 años. de la Ley 100 de
personas que al momento de entrar 1993, para
en vigencia el Sistema tengan treinta empleados del
y cinco (35) o más años de edad si orden territorial.
son mujeres o cuarenta (40) o más
años de edad si son hombres, o
quince (15) o más años de servicios
cotizados, será la establecida en el
régimen anterior al cual se
encuentren afiliados.» (Subraya la
sala).
REQUISITOS PENSIÓN DE JUBILACIÓN LEY 33
«ARTÍCULO 1. ° El empleado oficial Acreditó los
que sirva o haya servido veinte (20) Tiempo de servicios: Acreditó requisitos de pensión
años continuos o discontinuos y más de 20 años de servicios de jubilación Ley 33
llegue a la edad de cincuenta y cinco públicos, el 5 de mayo de 1999. de 1985, esto es,
(55) tendrá derecho a que por la Edad: Cumplió 55 años de edad más de 20 años de
respectiva Caja de Previsión se le el 30 de julio de 2008. servicio público y 55
pague una pensión mensual vitalicia años de edad.
de jubilación equivalente al setenta y
cinco por ciento (75%) del salario
promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de
servicio.» (Subraya fuera del texto)
PERIODO PARA LIQUIDAR LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
«[…] 94. La primera subregla es que Consolidación del status La pensión de
para los servidores públicos que se pensional: El 30 de julio de jubilación se debe
pensionen conforme a las condiciones 2008, por cumplimiento de la liquidar
de la Ley 33 de 1985, el periodo para edad. con el promedio de
liquidar la pensión es: Tiempo que faltaba para lo cotizado durante
• Si faltare menos de diez (10) consolidarlo a la entrada en los últimos 10 años
años para adquirir el derecho a la vigencia de la Ley 100: 12 años de servicios.
pensión, el ingreso base de y 11 meses. (30 de junio de 1995
liquidación será (i) el promedio de lo al 30 de julio de 2008).
devengado en el tiempo que les
hiciere falta para ello, o (ii) el
cotizado durante todo el tiempo, el
que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la
variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que
expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10)
años, el ingreso base de liquidación
será el promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales ha cotizado
el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la
pensión, actualizados anualmente
con base en la variación del índice
de precios al consumidor, según
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certificación que expida el
DANE. cotizados […]»
FACTORES SALARIALES PARA INCLUIR EN LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
«[…] 96. La segunda subregla es que los
factores salariales que se deben incluir en el Factores devengados años 1998 y Los factores para
IBL para la pensión de vejez de los 1999 (fl. 29) computar son:
servidores públicos beneficiarios de la
transición son únicamente aquellos sobre - Asignación básica - Asignación básica
los que se hayan efectuado los aportes o
cotizaciones al Sistema de
Pensiones. […]»
Factores Decreto 1158 de 1994:
a) asignación básica mensual, b) gastos de
representación, c) prima técnica, cuando
sea factor de salario, d) primas de
antigüedad, ascensional y de capacitación
cuando sean factor de
salario, e) remuneración por trabajo
dominical o festivo, f) remuneración por
trabajo suplementario o de horas extras, o
realizado en jornada
nocturna, g) bonificación por servicios
Respecto de la fecha a partir de la cual debió reconocerse la
prestación se advierte que cumplió 20 años de servicios el 5 de
mayo de 1999 , y alcanzó los 55 años de edad el 30 de julio de
2008, por lo que a partir de esa fecha s e originó a su favor el
derecho a disfr utar de su pensión.
No obstante lo anterior, se advierte que hasta el 16 de mayo de
2013 el demandante presentó la solicitud de reco nocimiento
pensional ante COLPENSIONES, por lo que interrumpió la
prescripción con la mencionada reclamación y la demanda fue
presentada el 10 de marzo de 2015 (fl. 100A).
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Bajo ese entendido, entre el 30 de junio de 2008 (fecha en que
alcanzó el estatus pensional) y el 16 de mayo de 2013 (fecha de la
reclamación), tran scurrió un per íodo superior a 3 años, razón por
la cual, solo se deberán reconocer las mesadas causadas a partir
del 16 de mayo de 2010 , esto es, dentro de los tres años anteriores
a la presentación de la solicitud en sede administrativa.
En esa línea argumentativa , se concluye que, teniendo en cuenta
el contenido de las resoluciones GNR 242451 de 30 de septiembre
de 2013, GNR 61570 de 17 de julio de 2014 y la VPB 34377 de 17
de abril de 2015 , se extrae que al actor le fue reconocido un
derecho pensional de manera equivocada (en aplicación del
Decreto 758 de 1990 y la Ley 71 de 1988) , con una edad mayor (60
años) a la que le correspondía (55 años), lo cual repercutía
negativamente en la fecha de consolidación del estatus pensional
(30 de julio de 2013 ).
De allí que se declarará la nulidad de l os aludidos actos
administrativos, para ordenar a COLPENSIONES reconocer la
pensión de jubilación del señor Alfredo Alfonso Ortiz Zarate , en
aplicación de la Ley 33 de 1985, esto es, con el 7 5% con el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales h a c otizado
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la
prestación , actualizados anualmente con base en la variación del
índice de precios al consumidor, según certificación qu e expida el
DANE con inclusión de los factores salariales sobre lo s que se
hayan efectuado aportes o cotizaciones al sistema pensional y que
se encuentren consagrados expresamente en el Decreto 1158 de
1994, valores que deberán actualizarse anualmente con base en la
variación del índice de precios del consumidor, según certificación
que expida el DANE, con efectos fiscales a partir del 1 6 de mayo
de 2010, por la configuración del fenómeno prescriptivo explicad o
ut supra .
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Conforme ya se ha indicado, las sumas que resulten a favor del
demandante deberán actualizarse por razones de equidad, tal como
lo ha sostenido esta Corporación, en los términos del a rtículo 187
del CPACA, en aplicación de la siguiente fórmula:
R = Rh x Índice Final
Índice Inicial
En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor
histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por la parte demandante
desde la fecha en que se reti ró del servicio, hasta la fecha de
ejecutoria de esta providencia, por el número que resulta de dividir
el índice final de precios al consumidor, certificado por el DANE,
vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por el índice
inicial, vigente pa ra la fecha en que debió hacerse el pago, según
se dispuso en la parte motiva de este proveído.
La entidad demandada, en acto motivado, dará cumplimiento al
presente fallo en el término de treinta (30) días contados desde la
fecha de su comunicación (artículo 192 CPACA). De no hacerse
así, las sumas reconocidas en favor del demandante devengarán
intereses moratorios, los que serán reconocidos en la forma
señalada en el inciso 3.º del artículo 192 en mención y el numeral
4.º del artículo 195 del CPACA.
5. Conclusión
En consecuencia, se revocará la sentencia de 13 de noviembre de
2019 proferida por el Tribunal Administrativo de l Magdalena que
negó las pretensiones de la demanda para, en su lugar, accederá a
ellas.
6. Condena en costas
El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos
los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa
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naturaleza y comprende los denominados gastos del proceso, que
incluye los honorarios de abogado o agencias del derecho, los
llamados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo gastos ordinarios del proceso y otros
como son los necesarios para traslado de testigos y para la práctica
de la prueba pericial, los honorario s de auxiliares de l a justicia
como peritos y de secuestres, transporte de expediente al superio r
en caso de apelación.
Atendiendo esa orientación, en el presente hay lugar a imponer
condena en costas en esta instancia, al tenor del artícu lo 365 del
CGP, toda vez que la enti dad demandada resultó vencida en el
proceso.
6. Otras órdenes.
Mediante memorial allegado a SAMAI, visible a índice 1 2, la parte
demandada allegó memorial suscrito por la apoderada MARGARITA
MARIA FERREIRA HENRIQUEZ, a quien le será reconocida
personería para actuar dentro del presente proceso.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autorida d de la Ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 13 de noviembre de 2019 ,
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena . En su lugar,
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad d e la Resolución G NR 242451
de 30 de septiembre de 2013 , que reconoció una pensión de vejez
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Radicado: 470012333000 2018 00238 01 (3400-2020)
Demandante: Alfredo Alfonso Ortiz Zarate
del demandante; de la Resolución GNR 261570 de 17 de julio de
2014 que resolvió el recurso de reposición y modificó el acto
recurrido y, de la Resolución VPB 34377 de 17 de abril d e 2015 que
resolvió el recu rso de apelación , de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la
Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES – a
reliquidar la pensió n al señor ALFREDO ALFONSO ORTI Z ZARATE ,
en cuantía del 75% teniendo en cuenta el promedio de los últimos
10 años anteriores al reconocimiento pensional , con inclusión de
los factores sa laria les sobre los que se hayan efectuado aportes o
cotizaciones al sist ema pensional y que se encuentren consagrados
expresamente en el Decreto 1158 de 1994 , con efectos a partir del
16 de mayo de 2010, valores que deberán actualizarse anualmente
con base en la va riación del índice de precios del consumidor,
según certificación que expida el DANE, conforme con el artículo
21 de la Ley 100 de 1993, aplicable por remisión del artículo 36
ibidem.
Las sumas resultantes a favor del demandante se ajustarán en su
valor, dando aplicación a la siguiente fórmula:
R = RH índice Fina l
Índice final
CUARTO: RECONOCER PERSONERÍA a la abogada MARGARITA
MARÍA FERREIRA HENRÍQUEZ, portadora de la tarjeta profesional
221.816 del Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con
poder general allegado vía correo electrónico a SAMAI, visible a
índice 12.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 24
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 470012333000 2018 00238 01 (3400-2020)
Demandante: Alfredo Alfonso Ortiz Zarate
QUINTO: CONDE NAR en costas de s egunda instancia a la parte
demandada, de acuerdo con las consideraciones expresadas en
este fallo.
SEXTO: Dar cumplimiento a la sentencia en los términ os de los
artículos 176 y 178 del Código Contencioso Administrativo.
SÉPTIMO: Ejecutoriada esta decisió n, devolver el exp ediente al
Tribunal de origen, previas las an otaciones pertinentes en el
programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada en la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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