Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04461-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04461-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-04461-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
21 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-04461-00
Accionante: ÁLVARO DE JESÚS ORTEGA PORTO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN QUINTA
Tema: Se declara improcedente el mecanismo de amparo porque no
cumple con el requisito general de procedencia de legitimación en la causa
por activa.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por la parte accionante contra la
Sección Quinta del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Elseñor Álvaro de Jesús Ortega Porto solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales a elegir y ser elegido, a la información, a la igualdad y “[…] a la
ciudadanía […]”, cuya vulneración le atribuyó a la Sección Quinta del Consejo de
Estado, por la presunta mora judicial en la resolución del recurso de apelación
interpuesto dentro del medio de control de nulidad electoral con radicación núm.
23001-23-33-000-2024-00014-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestó que un grupo de ciudadanos interpusieron la demanda de nulidad
electoral núm. 23001-23-33-000-2024-00014-00/01, para que se declarara la
nulidad del acto de elección del señor Ramón Eduardo Calle Cadavid como
alcalde del municipio de Planeta Rica – Córdoba, para el periodo 2024-2027.
2.2. Indicó que el Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia de 29 de
enero de 2025, resolvió negar las pretensiones de la demanda.
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Accionante: Álvaro de Jesús Ortega Porto
2.3. Refirióque contra dicha decisión se interpuso recurso de apelación,
correspondiéndole su conocimiento a la Sección Quinta del Consejo de Estado,
autoridad judicial que a la fecha de la presentación de la presente acción de tutela
no ha resuelto el recurso.
2.4. Manifestóque “[…] Se debe tener en cuenta que las acciones legales
presentadas, no solo inmiscuyen a las partes procesales, sino también a la
ciudadanía que reclama respeto por parte de los dirigentes y de los representantes
de los partidos políticos, al igual que de aspirantes o candidatos, además de su
rechazo a los actos de corrupción por parte de quienes directa o indirectamente,
son actores activos de los procesos eleccionarios […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones
expuestas, respetuosamente solicito al señor Juez, se ordene al Copnsejo
(sic) de Estado y/o a quien haga sus veces, cumplir con la adopción y emisión
de fallo de segunda instancia en el proceso administrativo de la referencia y
con ello, se demuestre cumplimiento del debido proceso y se despejen las
dudas referentes al comportamiento transparente de los responsables de
aplicar justicia en este caso. De la misma forma, se etrradicaria (sic) la
tardanza para referir sentencia de segunda instancia para proceso de
apelación contra fallo de primera instancia en proceso de Nulidad Electoral
[…]”. [Mayúscula original del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 23 de julio de 2025, el Despacho sustanciador admitió la
presente acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de terceros con
interés directo en el resultado del proceso a la Registraduría Nacional del Estado
Civil, al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Administrativo de Córdoba y a los
señores Ana Karina Navarro García, Ramón Eduardo Calle Cadavid, Joaquín
Felipe Negrette Pérez, Karen Daianna Flórez Suárez, Domingo José Escobar
Causil y Francisco Alberto López Lozano.
V. INTERVENCIONES
5. Efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas, se
allegaron los siguientes informes:
5.1. La Sección Quinta del Consejo de Estado indicó que en el proceso núm.
23001-23-33-000-2024-00014-01 se admitió el recurso de apelación, se rechazó la
coadyuvancia solicitada, se decidió sobre las solicitudes de pruebas en segunda
instancia, se corrió traslado para alegatos de conclusión y el 21 de julio de 2025 el
expediente ingresó al Despacho para proferir sentencia.
5.2. Preciso que a 31 de julio de 2025, fecha en la cual se presentó el informe de tutela,
han transcurrido 8 días hábiles, adicionalmente el proyecto de sentencia se
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encuentra en elaboración, por lo tanto solicitó negar las pretensiones de la acción de
tutela.
5.3. ElConsejo Nacional Electoral solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, en razón a que no es la autoridad competente
para satisfacer las pretensiones del accionante.
5.4. La Registraduría Nacional del Estado Civil señaló que no ha incurrido en
actuación u omisión que afecte los derechos invocados por el accionante y solicitó
su desvinculación.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20245.
VI.2. Cuestión previa
7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de
desvinculación procesal presentadas por el Consejo Nacional Electoral y la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20066, señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso. […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
5
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
6
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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Accionante: Álvaro de Jesús Ortega Porto
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de
las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar
los principios de legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].
9. En el caso objeto de estudio, se observa que el Consejo Nacional Electoral y la
Registraduría Nacional del Estado Civil intervinieron dentro del medio de control
de nulidad electoral objeto de la presente acción de tutela, por lo que la Sala
considera que a dichas entidades sí les asiste el interés jurídico para ser
vinculadas a esta acción constitucional, razón por la cual se denegarán las
solicitudes de desvinculación elevadas, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de la presente providencia.
VI.3. Problemas jurídicos
10. De acuerdo con la situación fáctica planteada la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos de procedencia de la
acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá determinar:
b) Si la Sección Quinta del Consejo de Estado vulneró los derechos
fundamentales invocados por el accionante, al haber incurrido
presuntamente en mora judicial en la resolución del recurso de apelación
interpuesto dentro del proceso número 23001-23-33-000-2024-00014-
00/01.
VI.4. El caso concreto
11. El señor Álvaro de Jesús Ortega Porto, solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales a elegir y ser elegido, a la información, a la igualdad y “[…] a la
ciudadanía […]”, cuya vulneración le atribuyó a la Sección Quinta del Consejo de
Estado, por la presunta mora judicial en la resolución del recurso de apelación
interpuesto dentro del medio de control de nulidad electoral con radicación núm.
23001-23-33-000-2024-00014-00/01.
12. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, en especial, el requisito de
legitimación en la causa por activa.
VI.4.1. De la falta de legitimación en la causa por activa en el caso objeto de
estudio
13. Sobre el particular, sea lo primero en indicar que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, toda persona tiene a su
disposición la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales
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Accionante: Álvaro de Jesús Ortega Porto
amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública o por los particulares
encargados de la prestación de un servicio público.
14. Precisamente, el artículo 10° del Decreto Ley 2591 1991, que se refiere a la
legitimidad e interés para el ejercicio de la acción, prevé:
“[…] LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela podrá ser ejercida, en
todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno
de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de su
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […]”.
15. Bajo ese entendido, la Corte Constitucional ha señalado que el presupuesto de
legitimación en la causa se encuentra satisfecho en los siguientes eventos: i) cuando
la acción de tutela es promovida directamente por el afectado; ii) cuando es
promovida por el afectado a través de apoderado judicial; iii) si el mecanismo de
amparo es interpuesto por el representante legal del afectado; iv) cuando se actúa
en calidad de agente oficio del afectado, siempre que se acredite la imposibilidad del
agenciado de actuar por sí mismo, y v) cuando la acción de amparo es promovida
por el Defensor del Pueblo o los personeros municipales.
16. También ha precisado la Corte Constitucional el alcance del concepto de
legitimación en la causa por activa en los siguientes términos:
“[…] La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. Es una calidad
subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha
calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe
entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo.
La legitimación por activa es requisito de procedibilidad. Esta exigencia
significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea
un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona.
Adicionalmente, la legitimación en la causa como requisito de
procedibilidad exige la presencia de un nexo de causalidad entre la
vulneración de los derechos del demandante, y la acción u omisión de
la autoridad o el particular demandado, vínculo sin el cual la tutela se
torna improcedente […]”7. [Negrilla fuera del texto].
17. En el caso objeto de estudio se observa que el señor Álvaro de Jesús Ortega
Porto solicita la protección de sus derechos fundamentales a elegir y ser elegido,
a la información, a la igualdad y “[…] a la ciudadanía […]” por la presunta mora
judicial en la resolución del recurso de apelación interpuesto dentro del medio de
control de nulidad electoral núm. 23001-23-33-000-2024-00014-00/01.
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Corte Constitucional. Sentencia T – 568 de 2012. M.P.: Mauricio González Cuervo
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04461-00
Accionante: Álvaro de Jesús Ortega Porto
18. Revisado el expediente del medio de control cuestionado, se observa que los
sujetos procesales son (i) la señora Ana Karina Navarro García, Domingo José
Escobar Causil, Francisco Alberto López Lozano [demandantes], (ii) el señor
Ramón Eduardo Calle Cadavid [demandado] y, (iii) la Registraduría Nacional del
Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral [vinculados]; por lo que, en principio,
los legitimados para interponer esta acción serían los mencionados sujetos
procesales.
19. Esta Sección ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que, en principio, sólo
los sujetos procesales se encuentran legitimados para controvertir, a través de la
acción de tutela, las decisiones o actuaciones que se realizan en el curso de un
proceso judicial8.
“[…] En el caso bajo examen, la actora pretende que se amparen sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, los cuales considera vulnerados por el TRIBUNAL al haber incurrido
en una presunta mora judicial injustificada dentro del medio de control de los
derechos e intereses colectivos identificado con el número único de radicación
25000-23-41-000-2019-00303-00, promovido por la señora VERUSKA
NIETO BORJA contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y
otros, para la protección de los derechos colectivos afectados como
consecuencia de la deforestación, contaminación de aguas, extinción de flora
y fauna, entre otros hechos, en el Departamento del Amazonas.
[…]
La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa por
activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en
que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial
que se discute en el proceso de tutela, de modo que el derecho cuya
protección se persigue debe ser propio del demandante y no de otra persona9.
Precisado lo anterior, se tiene que, -de acuerdo con el informe rendido por el
TRIBUNAL y las actuaciones visibles en el aplicativo de consulta SAMAI10-,
en el medio de control que dio origen a la presente acción constitucional
figuran como sujetos procesales la señora VERUSKA TATIANA IVONNE
JOHANA NIETO BORJA, como demandante […], entre los que no se
encuentra la señora JULIA MARGARITA ACOSTA.
Sobre el particular, esta Sala ha sostenido el criterio consistente en que quien
promueva una acción de tutela con el propósito de buscar la protección del
derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado con
ocasión de las providencias o actuaciones que se surtan en el trámite de un
proceso judicial, debe acreditar que es o fue parte dentro del mismo11.
De acuerdo con lo anterior, resulta evidente que la señora JULIA
MARGARITA ACOSTA no ostenta ninguna de esas calidades ni se hizo parte
en el respectivo medio de control de los derechos e intereses colectivos
8
Consejo de Estado. Sección Primera. Rad. 110010315000-2023-04321-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; 7 de
septiembre de 2023. Consejo de Estado. Sección Primera. Rad. 110010315000-2023-05226-00, C.P. Nubia Margoth Peña
Garzón; 2 de noviembre de 2023
9
Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Caljub.
10
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=250002341000201900303002500023
11
Es ese sentido se ha pronunciado esta Sala en las sentencias de 7 de septiembre de 2023, identificada con el número
único de radicación 110010315000-2023-04321-00, C.P.(E) Nubia Margoth Peña Garzón y 2 de noviembre de 2023,
identificada con el número único de radicación 110010315000-2023-05226-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04461-00
Accionante: Álvaro de Jesús Ortega Porto
identificado con el número único de radicación 25000-23-41-000-2019-00303-
00, del cual alega una presunta mora judicial vía tutela, en tanto no es titular
de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia cuya vulneración depreca, máxime cuando la misma
actora aseguró en el escrito de tutela que solicitó la coadyuvancia dentro del
proceso, la cual le fue denegada, situación que confirma que carece de
legitimación en la causa por activa para promover la solicitud de amparo de la
referencia.
Ante dicha circunstancia, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo por no cumplir con el requisito previsto en el artículo 10° del Decreto
2591 de 1991, pues no se acreditó el presupuesto de la legitimación en la
causa por activa de la actora, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia […]”. [Negrilla original del texto].
20. De lo anterior, se puede concluir que el accionante al no tener la calidad de
parte dentro del medio de control de nulidad electoral núm. 23001-23-33-000-
2024-00014-00/01, no es titular de los derechos fundamentales supuestamente
afectados por la presunta mora judicial en el citado proceso.
21. Tampoco se cumplen los requisitos para reconocer al accionante como agente
oficioso porque en el escrito de tutela no manifestó expresamente que actuaba en
dicha calidad y no demostró la imposibilidad de los agenciados para interponer la
acción de tutela por sí mismos.
22. En consecuencia, la Sala declarará improcedente esta acción de tutela por falta
de legitimación en la causa por activa.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Consejo
Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04461-00
Accionante: Álvaro de Jesús Ortega Porto
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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