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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04505-00

Fecha
6 de octubre de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04505-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo presentada por Elkin Enrique Jiménez Pico, Humberto Jiménez Pinto, Paulina Cecilia Pico Luna, PCPL, NVJB y VJB, por los motivos expuestos. SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación de Alcaldía Local 2 de Cartagena y la Alcaldía Distrital de Cartagena, por las razones expuestas. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 18. CUARTO: De no se impugnada esta providencia, por Secretaria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04505-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

6 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 6 de octubre de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04505-00
Demandantes: Elkin Enrique Jiménez Pico y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Defecto fáctico – Niega

Síntesis del caso: El accionante cuestionó la providencia que confirmó el rechazo de la
demanda de reparación directa y determinó que se presentó de manera extemporánea.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Elkin Enrique Jiménez
Pico y su núcleo familiar contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y el
Juzgado 3 Administrativo de Cartagena.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 21 de julio de 2025, Elkin Enrique Jiménez y su núcleo familiar2, en
nombre propio, presentaron una acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo de Bolívar y el Juzgado 3 Administrativo de Cartagena, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia, con ocasión de los Autos de 14 de
marzo de 2022 y 22 de marzo de 20243, proferidos en el proceso de
reparación directa Rad. 13001-33-33-003-2021-00160-00/01.

2. A título de amparo constitucional, la parte accionante solicitó (se
trascribe):

“PRIMERO: AMPARAR mis derechos fundamentales al Debido Proceso y Acceso
a la Administración de Justicia, vulnerados por el Auto Interlocutorio No.
111/2024 proferido por el H. Tribunal Administrativo de Bolívar.

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Sus hijos PCPL, NVJB y VJB (Se suprime los nombres de niños, niñas y adolescentes, en aras de salvaguardar sus

intereses superiores, entre ellos, su derecho a la intimidad), Humberto Jiménez Pinto y Paulina Cecilia Pico Luna.
3 El mensaje de datos de notificación se envió el 26 de febrero de 2025.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04505-00
Demandantes: Elkin Enrique Jiménez Pico y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
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SEGUNDO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO el Auto Interlocutorio No.
111/2024 del H. Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante el cual se resolvió
el recurso de apelación y se confirmó la declaratoria de caducidad en el
proceso de Reparación Directa con radicado 13001-33-33- 003-2021-00160-014.

TERCERO: ORDENAR al H. Tribunal Administrativo de Bolívar que, en un término
prudencial, profiera una nueva decisión respecto del recurso de apelación, en
la cual, aplicando la jurisprudencia del H. Consejo de Estado y la H. Corte
Constitucional, y realizando una debida valoración probatoria, determine el
momento en que tuvimos conocimiento cierto y concreto del daño, para
efectos de computar el término de caducidad, garantizando así el acceso a
la administración de justicia y el debido proceso”.

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
identificaron los siguientes:

4. 1) En 2013, los accionantes adquirieron un apartamento ubicado en
el edificio Portal de los Alpes (Cartagena), construido por la familia Quiroz.

5. 2) El 29 de abril de 2017, el edificio Portal de Blas de Lezo II (Cartagena)
se desplomó y causó la muerte de varios de sus moradores. Este inmueble
había sido construido por la misma empresa responsable del apartamento
de los accionantes. Por tal motivo, las autoridades locales iniciaron
investigaciones sobre todos los edificios levantados por dicha constructora
y sus socios comerciales. En particular, la Universidad de Cartagena elaboró
un estudio estructural sobre el Portal de los Alpes.

6. 3) El 30 de diciembre de 2017, la directora administrativa de control
urbano y la jefe de atención y desastres de la alcaldía distrital de Cartagena
notificaron a los residentes del Portal de los Alpes que el edificio no cumplía
con la norma NRS-10 de sismorresistencia y lo calificaron como de alto riesgo
en materia de vulnerabilidad estructural.

7. 4) En enero de 2018, los accionantes y demás moradores recibieron la
notificación de los resultados del estudio realizado por la Universidad de
Cartagena. En dicho informe “se les detalló a fondo, las falencias de la
construcción, que evidenciaban efectivamente las fallas estructurales de tal
magnitud que hacían inhabitable el edificio4”. Se expusieron, entre otros
aspectos, los sobreesfuerzos de las columnas, filtraciones de agua en los
cimientos y un relleno inadecuado del terreno, situación que ponía en alto
riesgo a los residentes. Por estas razones, el informe recomendó “el desalojo
inmediato de la edificación hasta que se coloquen en marcha las medidas
de reforzamiento pertinentes”.

8. 5) El 18 de enero de 2018, el Distrito de Cartagena, mediante el
Decreto 58, declaró la calamidad pública y ordenó la evacuación

4 Hecho décimo sexto de la demanda de reparación directa, página 3 del documento.

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Decisión: Niega
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obligatoria e inmediata del edificio, debido a su “inestabilidad estructural
(…), su inseguridad para la habitabilidad, y el incumplimiento de normas
técnicas de sismo-resistencia, entre otras irregularidades constructivas5”. El
30 de enero de 2018, los accionantes desalojaron el apartamento y fueron
trasladados a albergues provisionales. Posteriormente, la administración
distrital expidió el Auto 57 de 10 de abril de 2010, mediante el cual ordenó
de manera preventiva el bloqueo de todos los folios de matrícula
inmobiliaria del edificio.

9. 6) En junio de 2019, los accionantes asistieron a la socialización de un
nuevo estudio de vulnerabilidad sísmica y diseño de reforzamiento,
elaborado por la Universidad Nacional, el 23 de mayo de 2019. Dicho estudio
concluyó que el edificio era inviable como proyecto y que no podía ser
habitado por el alto riesgo de colapso6.

10. 7) Con base en lo anterior, el 2 de julio de 2021, los accionantes
presentaron demandada de reparación directa contra el Distrito de
Cartagena y las curadurías 1 y 2 porque incumplieron “deberes objetivos en
el ejercicio de la función pública territorial de la actividad urbanística en
cualquiera de sus fases de ordenación, planeación, ejecución, aplicación,
desarrollo, gestión, control y seguimiento sobre las construcciones de los
edificios para la vivienda en la ciudad de Cartagena, específicamente en
lo que respecta a la construcción del edificio denominado Portal de los
Alpes (…) daño que a la fecha no se ha consumado por cuanto no se ha
procedido a decidir sobre la demolición del inmueble muy a pesar de que
existen dos dictámenes realizados uno por la Universidad de Cartagena y
otro por la Universidad Nacional, este último no ha sido notificado
formalmente a las partes pero que fue conocido desde el día 23 de mayo
de 2019, en los cuales se recomienda al Distrito de Cartagena la demolición
de los edificios en cuestión7”.

11. Cuestionó que se hubiera permitido “la construcción de muchos
edificios en la ciudad sin el lleno de los requisitos legales”. Asimismo,
reprochó la pasividad de la administración al “no iniciar las acciones de
vigilancia y control en las construcciones que se realicen en la zona urbana
de la ciudad máxime cuando ciudadanos presentan las respectivas

5 Página 11 de la acción de tutela.
6 Estudio de la Universidad Nacional de 23 de mayo de 2019 “La edificación en estudio (Portal de los Alpes, Barrio

Los Alpes, Transversal 73 # 31 C- 60 y Referencia Catastral 010804140901901) no tuvo el control técnico previo
conforme lo establece la administración pública, NO cumple con la normatividad aplicable como el Decreto 0977
de 2001, Acuerdo 45 de 1989, Ley 400 de 1997 y sus decretos modificatorios y reglamentarios, No cumple el
Reglamento NSR-10, presenta baja calidad de los materiales, presenta patologías que afectan la estabilidad de
los materiales y los elementos estructurales, es calificada como NO HABITABLE y en ALTO RIESGO DE COLAPSO. Por
todo los hallazgos anteriormente citados, se llega a la conclusión inequívoca de recomendar a la Alcaldía de
Cartagena de Indias la demolición total de la edificación por los riesgos que entraña para los residentes,
colindantes y transeúntes debido a que se encuentra un riesgo sobreviniente que puede desencadenar una
situación catastrófica.”
7 Primera pretensión de la demanda de reparación directa.

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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
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denuncias para que se investiguen anomalías en una determinada
construcción. Como ocurrió en este caso cuando se le puso en
conocimiento a la Alcaldía Local No. 2, la cual no realizó lo que le
correspondía por obligación, pues si ello hubiere sido así, se habría evitado
que la construcción del edificio Portal de los Alpes hubiera terminado con
todas las falencias que se evidenciaron posteriormente, pues primero se
hubiera evidenciado la supuesta falsedad de la licencia de construcción, se
hubiere verificado el material y los estudios de estructuras que se estaban
realizando en el edificio y así hubieran evitado que las familias habitantes
del edificio invirtieran sus ahorros en dicha construcción, es decir, le fallaron
(…) la ciudadanía (...), por no haber realizado, por lo menos, una visita al
sitio de la construcción cuando les llegó la comunicación de las
irregularidades”.

12. 8) En Auto de 14 de marzo de 2022, el Juzgado 3 Administrativo de
Cartagena rechazó la demanda por caducidad. Consideró que los
accionantes conocieron las falencias desde la comunicación de 30 de
diciembre de 2017, elaborada por la Gerencia de Control Urbano del Distrito
y la Oficina de Atención de Riesgos y Desastres, por lo que la acción se
presentó extemporáneamente.

13. 9) Contra esta decisión, los demandantes interpusieron recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación. Alegaron que la comunicación de
2017 no les otorgaba certeza sobre la inhabitabilidad del edificio, pues solo
se adoptaron medidas preventivas con base en recomendaciones de la
Universidad de Cartagena. A su juicio, la evacuación se ordenó para reducir
el riesgo y eventualmente realizar obras de reforzamiento, no para demoler.
Indicaron que fue necesario un segundo estudio de otra universidad, ya que
el primero no cumplía las reglas de construcción y presentaba errores.
Añadieron que el pago de subsidios de arriendo hasta diciembre de 2020
demostraba la extensión del daño.

14. 10) El 16 de febrero de 2023, el Juzgado 3 Administrativo de Cartagena
confirmó la decisión y concedió el recurso de apelación. Concluyó que el
daño alegado no tenía carácter continuado, porque los demandantes
conocieron las falencias desde el 30 de diciembre de 2017 y no desde el
estudio elaborado por la Universidad Nacional. Asimismo, precisó que ni la
emergencia sanitaria declarada el 16 de marzo de 2020 ni la solicitud de
conciliación presentada el 6 de abril de 2021 interrumpieron el término de
caducidad, pues este ya había vencido.

15. 11) El 22 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo de Bolívar
confirmó el rechazo de la demanda. Consideró que los demandantes
tuvieron conocimiento del hecho dañoso el 9 de enero de 2018, cuando la

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Decisión: Niega
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directora administrativa de Control Urbano socializó a los residentes los
resultados del estudio de la Universidad de Cartagena, fecha que fue
recogida en la Resolución 277 de 18 de enero de 2018, “por medio de la
cual se ordenan medidas para la protección de la vida y la integridad
personal de los habitantes de 16 edificaciones ubicadas en el Distrito de
Cartagena”. Aunque se tomó un punto de referencia distinto al señalado
por la primera instancia, ello no alteraba el resultado de rechazo de la
demanda.

16. El Tribunal concluyó que si bien la Resolución 277 de 2018 tenía un
efecto preventivo y fue adoptada por el peligro inminente que
representaba para los moradores, (…) ese carácter preventivo de ninguna
manera puede interpretarse en el sentido que lo explica el recurrente pues,
en todo caso con esa manifestación de la autoridad se dio el primer aviso
de advertencia de lo que ocurría con la edificación”, donde fue necesario
ordenar el desalojo para, posteriormente, hacer seguimiento.

17. En consecuencia, a partir de la socialización realizada en enero de
2018, los demandantes conocieron la “patología estructural del edificio”,
por lo que tenían plazo hasta el 10 de enero de 2020 para presentar la
demanda. Sin embargo, esta se radicó el 2 de julio de 2021, cuando ya
había caducado la acción.

18. El Tribunal también determinó que no se trataba de un daño
continuado, ya que los perjuicios derivados de un hecho dañoso no
impedían la caducidad ni le otorgaban ese carácter. Por lo tanto, los
accionantes podía presentar la demanda desde el día siguiente a la
socialización de los “estudios de patología estructural y vulnerabilidad
sísmica entregados por la Universidad de Cartagena a los habitantes del
edificio Portales de los Alpes”.

19. Como fundamento de la vulneración de sus derechos, la parte actora
argumentó que la providencia enjuiciada incurrió en los siguientes defectos:

20. Defecto fáctico, dada la indebida valoración probatoria. Sostuvo que
no tuvieron conocimiento cierto y concreto del daño, el 9 de enero de 2018,
con el informe de la Universidad de Cartagena, pues solo obtuvieron certeza
en junio de 2019 cuando la Universidad Nacional concluyó que la
edificación era inhabitable y debía demolerse. Reiteró que el primer informe
solo ordenó medidas de reforzamiento y que la autoridad distrital actuó con
base en criterios de precaución y autoprotección.

21. Agregó que, para el 10 de enero de 2018, ellos tuvieron una
advertencia o “conocimiento inicial de problemas en la edificación”, pero

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eso no implicaba que en esa fecha “tuvieran la certeza y concreción sobre
la totalidad del daño, lo que desembocaría en la pérdida del inmueble, su
gravedad y las causas específicas imputables a la omisión estatal en el
control urbanístico, elementos necesarios para estructurar una demanda de
reparación directa”. Por lo tanto, solo conocieron “de las irregularidades
estructurales del inmueble cuando se socializó el estudio adelantado por la
Universidad Nacional”. A su juicio, el terminó debió empezar con
posterioridad a la socialización del segundo estudio, sin embargo, precisaron
que dicho término se vio interrumpido por la pandemia y la solicitud de
conciliación.

22. Decisión sin motivación, debido a que la “motivación resulta
insuficiente”, pues, a su juicio, la providencia no explicó por qué la
información de enero de 2018 era suficiente para establecer un
conocimiento cierto y concreto del daño y su imputabilidad estatal. Para
sustentar su argumento, señaló que en casos similares (como el de los
propietarios del edificio Brisas de Blas de Lezo) se admitieron las demandas
y se adelantó un estudio de fondo8.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados9

23. La Alcaldía Distrital de Cartagena10 solicitó su desvinculación por
carecer de legitimación pasiva en la causa, pues la supuesta vulneración
de derechos se derivaba de una decisión judicial. Sostuvo que no se
demostró que la Secretaría de Planeación Distrital, la Oficina de Control
Urbano ni la Alcaldía Local 2 hubieran afectado algún derecho de los
accionantes. Manifestó, además, que la Alcaldía Local 2 estaba excluida
desde 2016 de cualquier intervención en asuntos relacionados con licencias
de construcción, visitas técnicas, investigaciones o vigilancia de obras. En
todo caso, advirtió que la acción de reparación directa se encontraba
caducada.

24. La Alcaldía Local 2 de la Localidad de la Virgen y Turística de
Cartagena11 señaló que, a través del Decreto Distrital 1110 de 2016, se
eliminó la delegación otorgada a las alcaldías locales y se restituyó la
competencia de control urbanístico a la Oficina de Control Urbano del
Distrito. En consecuencia, afirmó que no podía atribuírsele responsabilidad,

8 Auto de 7 de febrero de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Radicado 13001-33-33-015-2020-

00096-01.
9 Mediante Auto de 23 de julio de 2025, el despacho ponente (1) admitió la acción de tutela, (2) tuvo como

demandado al Tribunal Administrativo de Bolívar y al Juzgado 3 Administrativo de Cartagena y (3) vinculó al Distrito
de Cartagena, la Secretaría de Planeación de Cartagena, la Oficina de Control Urbano de Cartagena, las
Curadurías Urbanas No. 1 y 2 de Cartagena y la Alcaldía Local No. 2 de Cartagena como terceros con interés en
el asunto.
10 Índice 14 de Samai.
11 Índice 11 de Samai.

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Decisión: Niega
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pues no tenía competencia ni había actuado en el trámite. Por ello solicitó
también su desvinculación.

25. El Juzgado 3 Administrativo de Cartagena12 remitió el expediente
ordinario.

26. El Tribunal Administrativo de Bolívar, la Secretaría de Planeación de
Cartagena, la Oficina de Control Urbano de Cartagena, las Curadurías
Urbanas 1 y 2 guardaron silencio, a pesar de haber sido debidamente
notificadas13.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Identificación de defectos y providencia objeto de estudio. 2.2. Solicitudes
de desvinculación. 2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4.
Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos fundamentales. 2.5.
Conclusiones.

2.1. Identificación de defectos y providencia objeto de estudio

27. Aunque la acción de tutela alude a una decisión sin motivación, al
señalar que la providencia cuestionada no justificó de manera suficiente las
razones por las cuales consideró que los accionantes tuvieron conocimiento
cierto y concreto de las fallas estructurales desde el informe de la
Universidad de Cartagena, la Sala advierte que dicho planteamiento es
compatible con el defecto fáctico alegado. Ambos cargos persiguen la
misma finalidad: determinar la certeza del daño y el momento en que los
accionantes conocieron de forma definitiva las fallas estructurales. Por lo
tanto, se estudiarán únicamente los requisitos generales y específicos en
relación con el defecto fáctico.

28. Por otra parte, la Sala advierte que, dentro del defecto por decisión
sin motivación, también se alegó el desconocimiento de una decisión
judicial proferida por la misma autoridad en un caso similar. Por lo tanto, tal
reparo será analizado bajo el defecto por desconocimiento del precedente
horizontal, de superarse los requisitos generales de procedibilidad.

29. El análisis de la presente acción de tutela se limitará exclusivamente al
Auto de 22 de marzo de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, que confirmó el rechazo de la demanda por caducidad. Esta
delimitación obedece a que, si bien la parte accionante también cuestionó
la providencia de primera instancia, fue la decisión del Tribunal la que
resolvió de manera definitiva la controversia. Además, en caso de un

12 Índice 10 de Samai.
13 Índice 8 y 9 de Samai.

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eventual fallo favorable, sería dicho Tribunal el competente para cumplir la
orden de tutela.

2.2. Solicitudes de desvinculación

30. En relación con las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Alcaldía Local 2 de Cartagena y la Alcaldía Distrital de Cartagena, la Sala
las resolverá de manera desfavorable, ya que, aunque no se alega una
presunta vulneración de derechos fundamentales respecto de dichas
entidades, las decisiones que eventualmente se adopten podrían resultarles
de interés, por haber estado involucrados en el proceso ordinario como
demandadas. Por esta razón, fueron vinculadas desde el auto admisorio de
la acción de tutela.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

31. La Sala encuentra que se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, porque no existe medio de defensa
judicial idóneo y eficaz que permitiera a la parte accionante alegar el
reparo planteo vía tutela y procurar la defensa de los derechos
presuntamente vulnerados. Hubo un plazo razonable entre la fecha de
notificación del Auto de 22 de marzo de 2024 (28/2/2025)14 y la interposición
de la presente acción de tutela (21/7/2025)15. No se enjuició un fallo de
tutela, pues la controversia se relacionó con un auto de segunda instancia
dictado en el marco de un proceso de reparación directa. Se identificaron
de manera clara, detallada y comprensible los hechos y la presunta
vulneración derivada de ellos.

32. Por último, la controversia tiene relevancia constitucional por tratarse
de la presunta afectación de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, con ocasión de una
providencia cuyo debate gira en torno al defecto fáctico por indebida
valoración de unas pruebas en segunda instancia, pues se cuestiona que el
Tribunal Administrativo de Bolívar hubiera tenido como fecha de inicio del
conteo de la caducidad, el 9 de enero de 2018. Dicho análisis fue diferente
al de la primera instancia y, por ende, no pudo ser objeto de debate en el
proceso ordinario. De manera que no se trata de una reiteración de
argumentos.

33. De igual forma, el desconocimiento del precedente horizontal se
predica exclusivamente de la decisión enjuiciada, motivo por el cual dicho

14 De acuerdo con la información que reposa en el expediente el envío de la comunicación se realizó el 26 de

febrero de 2025.
15 Según acta Individual de reparto.

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argumento no podía alegarse en ninguna etapa anterior del proceso
ordinario. Esta conclusión se refuerza si se considera que la providencia
invocada como precedente desconocido fue proferida el 7 de febrero de
2024, es decir, apenas un mes y quince días antes de la decisión objeto de
examen en este proceso.

2.4. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales

34. La Sala negará el amparo solicitado, al no encontrar acreditado el
defecto fáctico ni el desconocimiento del precedente horizontal respecto
del Auto de 22 de marzo de 2024, por las razones que se explican a
continuación:

35. En relación con el defecto fáctico, a diferencia de lo afirmado por los
accionantes, el Tribunal Administrativo de Bolívar sí realizó una valoración
integral del material probatorio y justificó de manera razonada el cómputo
de la caducidad.

36. El Tribunal Administrativo de Bolívar concluyó que la caducidad debía
contarse desde el momento en que los accionantes conocieron por primera
vez la existencia de las fallas estructurales del edificio, esto es, el 9 de enero
de 2018, durante la socialización del estudio elaborado por la Universidad
de Cartagena sobre la edificación. Asimismo, reconoció que la Decreto 58
de 18 de enero de 2018, que declaró la situación de calamidad pública, fue
una medida preventiva para evitar el peligro inminente que enfrentaban los
moradores. Por ello, no podía acoger la interpretación de los accionantes
según la cual tuvieron conocimiento definitivo del daño con la socialización
del informe de la Universidad Nacional en junio de 2019. El Tribunal sostuvo
que, desde la primera socialización, los accionantes sabían que el inmueble
presentaba fallas estructurales y, en consecuencia, podían demandar por
la presunta omisión consistente en permitir la construcción de una
edificación sin el cumplimiento de normas urbanísticas.

37. La Sala considera que el razonamiento del Tribunal no es arbitrario,
injustificado ni descontextualizado frente al material probatorio. En efecto, si
los accionantes pretendían la reparación por la omisión del control
urbanístico, desde el momento en que conocieron por primera vez las fallas
estructurales ya estaban en capacidad de demandar, pues se les informó
que las normas de sismorresistencia habían sido incumplidas. De hecho, este
aspecto fue reconocido expresamente por los demandantes en la
demanda de reparación directa, en los hechos décimo sexto y décimo
séptimo (se trascribe):

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Decisión: Niega
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“DECIMO SEXTO: El día 4 de enero del año 2018, en las oficinas de control
urbano de Cartagena de indias, mis mandantes y demás afectados fueron
notificados de los resultados de los estudios realizados por la Universidad de
Cartagena, donde se les detalló a fondo, las falencias de la construcción, que
evidenciaban efectivamente las fallas estructurales de tal magnitud que
hacían inhabitable el edificio.

DECIMO SEPTIMO: En el informe muestran los sobresfuerzos a los que están
sometidas las columnas, y lo más grave las filtraciones de Agua que se
encontraron en los cimientos, el relleno con que se calzo el terreno no es el
adecuado, situación que ponía en alto riesgo a los habitantes del edificio. Todo
lo anterior esta detallado en el informe anexo a este libelo. Al respecto el
informe rendido señala: “[…] De acuerdo a la intervención realizada en el
Edificio Portal de los Alpes, cumpliendo con los criterios y requisitos mínimos
establecidos en la Norma Sismo Resistente Colombiana, para determinar las
condiciones de geometría de la estructura y sus elementos, propiedades
mecánicas de los materiales, cargas y reforzamiento se concluye que:

De acuerdo con los ensayos sobre los elementos estructurales, el concreto de
la estructura no cumple con la resistencia mínima especificada en la Norma
(17mPa), específicamente en las placas de entrepiso y en la cimentación; y si
se toma como referencia las resistencias efectivas, solo las columnas estarían
cumpliendo al límite con la resistencia mínima (…)”.

38. En consecuencia, la existencia de la falla estructural fue conocida
desde enero de 2018. Por ello, los argumentos sobre la magnitud de la falla,
sus efectos en la edificación y las medidas técnicas necesarias no tenían la
potencialidad de extender el término de caducidad, ya que el
conocimiento del incumplimiento de las normas urbanísticas se produjo
desde la primera socialización de las fallas estructurales.

39. La Sala tampoco encuentra irrazonable la conclusión del Tribunal en
el sentido de que la medida preventiva adoptada por la administración
para enfrentar el peligro no implicaba desconocer las fallas estructurales
que presentaba la edificación. Por el contrario, la adopción de medidas de
mitigación confirmaba la certeza del daño y la necesidad de enfrentar sus
impactos. En consecuencia, no podía sostenerse que el daño alegado se
conoció únicamente cuando se tomó la determinación de demoler la
edificación con base en el estudio de la Universidad Nacional. No se puede
desconocer que la progresión de los efectos del daño no constituye un daño
continuado, como erróneamente lo plantean los accionantes con el fin de
reinterpretar las pruebas y obtener un fallo favorable.

40. Por lo tanto, resulta razonable que el Tribunal considere que la
magnitud final de los impactos ocasionados por las fallas estructurales y sus
consecuencias no puede tomarse como punto de partida para contar la
caducidad. Lo anterior, porque la omisión alegada debía computarse
desde el momento en que los accionantes tuvieron conocimiento de que la
autoridad administrativa, pese a su deber de ejercer control urbanístico,
permitió la construcción del proyecto sin cumplir las normas técnicas. Este

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04505-00
Demandantes: Elkin Enrique Jiménez Pico y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
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hecho se configuró cuando los moradores conocieron el contenido del
primer informe rendido por la Universidad de Cartagena, en el cual se les
informó de la existencia de las fallas estructurales y de la incompatibilidad
de la edificación con las normas urbanísticas y técnicas.

41. Respecto del desconocimiento del precedente horizontal16, la
providencia invocada no constituye precedente aplicable a la decisión
enjuiciada, ya que se basa en un supuesto de hecho distinto al caso bajo
estudio y aquella se profirió con una carga argumentativa razonable y
suficiente. En ese sentido, no resulta constitucionalmente admisible que se
pretenda la aplicación análoga de una decisión que presentan diferencias
fácticas respecto de la providencia objeto de reproche.

42. El Auto de 7 de febrero de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo
de Bolívar17 e invocado como precedente desconocido, fundamentó su
decisión en que no se encontraba probada la fecha en que los accionantes
conocieron el oficio mediante el cual se les comunicó el estudio sobre la
falla estructural del edificio, ni estaban convencidos de la certeza de dicho
estudio, pues se encontraban a la espera de un segundo informe definitivo.
Por esta razón, concluyó que, en esa etapa, no existía certeza sobre el
momento en que las accionantes tuvieron conocimiento del hecho daño, y
que nada impedía que el juez pudiera, posteriormente, declarar la
caducidad de la acción.

43. En contraste, en la decisión enjuiciada, la fecha en que los
accionantes conocieron el primer estudio no fue objeto de debate, pues
sobre ese punto existía certeza. Lo que realmente se discutió fue el momento
en que ellos adquirieron conocimiento de la magnitud definitiva de las fallas
estructurales del edificio, argumento que fue desestimado al considerarse
que los efectos del daño no determinaban el inicio del cómputo del término

16 La aplicación del precedente judicial en un caso determinado, encuentra su fundamento en el criterio
desarrollado por la Corte Constitucional (Sentencia T- 760A de 2011), según el cual, la actividad interpretativa que
se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del derecho a la
igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone necesariamente que, en casos análogos, los funcionarios
judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se
haya fijado por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez (precedente
horizontal).
17 Auto de 7 de febrero de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Radicado 13001-33-33-015-2020-

00096-01 “Teniendo en cuenta lo anterior, este despacho considera que el a quo de forma apresurada, determinó
que el 30 de diciembre de 2017, fecha del Oficio proferido por la Oficina de Atención de Riesgos y Desastres del
Distrito, debía computarse el término de caducidad de la acción de la referencia, que si bien dicho estudio
permite vislumbrar la afectación del inmueble Brisas de Blas de Lezo, en primer lugar, no existe certeza sobre la
fecha en que las aquí demandantes conocieron ese oficio y de otra parte este no otorga a las aquí demandantes
el convencimiento y la certeza necesaria para acudir ante la jurisdicción administrativa (…), en tanto según los
hechos de la demanda, esos resultados fueron objetados y estaban a la espera de los resultados definitivos por
parte de la Universidad Nacional. // En ese orden de ideas y teniendo en cuenta el material probatorio dentro del
plenario, para este despacho no resulta posible en esta primera etapa del proceso determinar una fecha exacta
que acredite que las señoras Zully Turizo Cano y Denis Cano de Turizo, tuvieran conocimiento del hecho dañoso
en la fecha aludida por el a quo, por lo que este despacho en esta etapa procesal no encuentra probada la
caducidad; sin embargo, esto no exime para que el Juez de primera instancia en cualquier momento del proceso
estudie de fondo y en el caso que resulte probada, esta pueda declararse”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04505-00
Demandantes: Elkin Enrique Jiménez Pico y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
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de caducidad. En esa medida, ambos casos presentan diferencias y, por
ende, la autoridad judicial accionada no estaba obligada a seguir el
razonamiento de una decisión que no constituía precedente judicial.

2.5. Conclusiones

44. Con fundamento en las razones expuestas, la Sala negará al amparo
solicitado porque no se acreditaron los defectos invocados.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo presentada por Elkin Enrique
Jiménez Pico, Humberto Jiménez Pinto, Paulina Cecilia Pico Luna, PCPL, NVJB
y VJB, por los motivos expuestos.

SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación de Alcaldía Local 2 de
Cartagena y la Alcaldía Distrital de Cartagena, por las razones expuestas.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 18.

CUARTO: De no se impugnada esta providencia, por Secretaria, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

18 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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