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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04505-01

Fecha
9 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04505-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Confirmar la sentencia del 6 de octubre de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04505-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

9 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Bogotá D.C., nueve (09) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04505-01
Accionantes: Elkin Enrique Jiménez Pico y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de reparación
directa. Subtema 2: caducidad. Subtema 3: defecto fáctico y desconocimiento del
precedente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 6 de octubre de
2025, proferida por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, mediante
la cual se negó el amparo solicitado dentro de la acción de tutela de la referencia.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Elkin Enrique Jiménez Pico promovió acción de tutela en nombre propio y en
representación de su núcleo familiar, con la pretensión de amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que
consideró vulnerados con ocasión de los autos del 14 de marzo de 2022 y del 22 de
marzo de 2024, proferidos por el Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena y
el Tribunal Administrativo de Bolívar, respectivamente, dentro del proceso
de reparación directa con radicado 13001-33-33-003-2021-00160-00/01.

2. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. De conformidad con el escrito de tutela, sus anexos y las actuaciones surtidas
dentro del trámite constitucional, se encuentran acreditados los siguientes hechos
relevantes:

2. El señor Elkin Enrique Jiménez Pico y su núcleo familiar adquirieron un
apartamento ubicado en el edificio Portal de los Alpes, en la ciudad de Cartagena,
inmueble destinado a vivienda y en el cual establecieron su residencia junto con sus
hijos.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04505-01
Accionantes: Elkin Enrique Jiménez Pico y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de tutela

3. Tras el colapso de otros edificios construidos por los mismos responsables del
proyecto, las autoridades distritales iniciaron actuaciones de verificación sobre la
estabilidad estructural del edificio Portal de los Alpes.

4. En enero de 2018, los accionantes fueron notificados de los resultados de un
estudio técnico elaborado por la Universidad de Cartagena, en el cual se advirtió sobre
graves fallas estructurales y se recomendó el desalojo inmediato del inmueble,
mientras se adoptaban medidas de reforzamiento.

5. Como consecuencia de lo anterior, el Distrito de Cartagena declaró la calamidad
pública y ordenó la evacuación del edificio, lo que obligó a los accionantes a abandonar
su vivienda, con las afectaciones personales, familiares y económicas que ello implicó,
en especial respecto de los niños y niñas que integran el núcleo familiar.

6. Posteriormente, en el mes de junio de 2019, se socializó un nuevo estudio
técnico elaborado por la Universidad Nacional de Colombia, en el cual se concluyó que
la edificación no era habitable y se encontraba en alto riesgo de colapso,
recomendándose su demolición total.

7. El 2 de julio de 2021, los accionantes presentaron demanda de reparación
directa contra el Distrito de Cartagena y otras entidades, por la presunta omisión en el
ejercicio de las funciones de vigilancia y control urbanístico.

8. Mediante auto del 14 de marzo de 2022, el Juzgado Tercero Administrativo de
Cartagena rechazó la demanda por considerar que había operado la caducidad del
medio de control.

9. Contra dicha decisión se interpusieron los recursos de reposición y, en subsidio,
de apelación. La reposición fue resuelta desfavorablemente, y el recurso de apelación
fue conocido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el cual, mediante auto del 22 de
marzo de 2024, confirmó la declaratoria de caducidad.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

10. La parte actora solicitó en el escrito de tutela1 lo siguiente:

PRIMERO: AMPARAR mis derechos fundamentales al Debido Proceso y
Acceso a la Administración de Justicia, vulnerados por el Auto Interlocutorio
No. 111/2024 proferido por el H. Tribunal Administrativo de Bolívar.

SEGUNDO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO el Auto Interlocutorio
No. 111/2024 del H. Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante el cual se
resolvió el recurso de apelación y se confirmó la declaratoria de caducidad
en el proceso de Reparación Directa con radicado 13001-33-33-003-2021-
00160-01.

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04505-00, índice 2.

2

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Accionantes: Elkin Enrique Jiménez Pico y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de tutela

TERCERO: ORDENAR al H. Tribunal Administrativo de Bolívar que, en un
término prudencial, profiera una nueva decisión respecto del recurso de
apelación, en la cual, aplicando la jurisprudencia del H. Consejo de Estado
y la H. Corte Constitucional, y realizando una debida valoración probatoria,
determine el momento en que tuvimos conocimiento cierto y concreto del
daño, para efectos de computar el término de caducidad, garantizando así
el acceso a la administración de justicia y el debido proceso.

11. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que las
providencias judiciales proferidas por el Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena
y el Tribunal Administrativo de Bolívar vulneraron sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, al haber declarado la
caducidad del medio de control de reparación directa mediante un análisis rígido y
descontextualizado del término previsto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, sin
atender a las particularidades del caso concreto ni a la evolución fáctica del daño
alegado.

12. Indicó que el Tribunal Administrativo de Bolívar incurrió en un yerro al fijar como
punto de partida para el cómputo de la caducidad la fecha del 9 de enero de 2018,
correspondiente a una reunión de socialización con los propietarios del edificio Portal
de los Alpes, pues dicho evento constituyó únicamente un primer aviso preventivo y
no el momento en el cual los accionantes tuvieron conocimiento cierto, pleno y
definitivo del daño ni de los fundamentos fácticos y jurídicos para imputar
responsabilidad al Estado por la omisión en el ejercicio del control urbanístico.

13. Explicó que, para esa fecha, la información suministrada por la Universidad de
Cartagena y por las autoridades distritales se limitaba a recomendar el desalojo
transitorio del inmueble mientras se evaluaban posibles medidas de reforzamiento
estructural, lo que mantenía la expectativa legítima de retorno a la vivienda, de manera
que no existía certeza sobre la pérdida definitiva del bien ni sobre la necesidad de su
demolición, circunstancia que solo se concretó con posterioridad.

14. Sostuvo que fue únicamente hasta la socialización del estudio elaborado por la
Universidad Nacional de Colombia, en mayo de 2019, cuando se estableció de forma
clara que el edificio era no habitable, se encontraba en alto riesgo de colapso y debía
ser demolido, momento a partir del cual se estructuró de manera definitiva el daño y
se tuvo un conocimiento real y concreto de su dimensión, alcance e imputabilidad, lo
cual debía ser tenido en cuenta para efectos del cómputo de la caducidad.

15. Agregó que las autoridades judiciales accionadas omitieron valorar de manera
integral el acervo probatorio obrante en el proceso, particularmente los distintos actos
administrativos, estudios técnicos y decisiones adoptadas por la administración
distrital, limitándose a un ejercicio formal que desconoció la naturaleza progresiva del
daño sufrido y la incertidumbre existente durante un periodo considerable respecto de
la situación jurídica del inmueble.

16. Finalmente, sostuvo que la declaratoria de caducidad, adoptada en esas
condiciones, le impidió a su núcleo familiar —incluidos sus hijos— acceder a un
pronunciamiento de fondo sobre la responsabilidad del Estado por la omisión en las
labores de vigilancia y control urbanístico, configurándose así una vulneración grave y

3

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Accionantes: Elkin Enrique Jiménez Pico y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de tutela

desproporcionada de los derechos fundamentales invocados, que hacía procedente la
intervención del juez constitucional.

2.3. Trámite procesal

17. La acción de tutela fue admitida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, mediante auto del 27 de julio de 20252, ordenándose la notificación de
las autoridades judiciales accionadas y la vinculación de los terceros interesados.

18. Durante el trámite constitucional, algunas de las autoridades accionadas
intervinieron solicitando que la acción de tutela fuera desestimada, al considerar que
las providencias judiciales cuestionadas se ajustaron a derecho o que carecían de
legitimación en la causa por pasiva. Otras entidades, pese a haber sido debidamente
notificadas, no emitieron pronunciamiento alguno.

2.4. Intervenciones

19. La Alcaldía Distrital de Cartagena3 solicitó ser excluida del trámite al considerar
que carece de legitimación en la causa por pasiva, dado que la presunta vulneración
de derechos proviene de una decisión judicial. Indicó que no se acreditó que
la Secretaría de Planeación Distrital, la Oficina de Control Urbano o la Alcaldía Local
2 hubieran incidido en la afectación alegada por los accionantes. Agregó que, desde
2016, la Alcaldía Local 2 no participa en actuaciones relacionadas con licencias
urbanísticas, inspecciones, procesos investigativos o vigilancia de obras. Finalmente,
sostuvo que la acción de reparación directa habría caducado.

20. La Alcaldía Local 2 de la Localidad de la Virgen y Turística de Cartagena4
manifestó que el Decreto Distrital 1110 de 2016 suprimió la delegación que antes
recaía en las alcaldías locales y devolvió la competencia en materia de control
urbanístico a la Oficina de Control Urbano del Distrito. En consecuencia, afirmó no
tener responsabilidad alguna, ya que no intervino en el trámite, y por ello también pidió
su desvinculación.

21. El Juzgado 3 Administrativo de Cartagena envió el expediente correspondiente
al proceso ordinario5.

22. El Tribunal Administrativo de Bolívar, la Secretaría de Planeación de Cartagena,
la Oficina de Control Urbano de Cartagena y las Curadurías Urbanas 1 y 2 no
presentaron pronunciamiento alguno, pese a haber sido notificadas en debida forma6.

2.5. Sentencia de primera instancia

23. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, mediante sentencia del 6 de octubre de 2025, resolvió negar el amparo
constitucional solicitado por el señor Elkin Enrique Jiménez Pico y su núcleo familiar7.

2
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04505-00, índice 4.
3
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04505-00, índice 14.
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04505-00, índice 11.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04505-00, índice 10.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04505-00, índices 8 y 9.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04505-00, índice 19.

4

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Accionantes: Elkin Enrique Jiménez Pico y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de tutela

24. Como fundamento de su decisión, el juez constitucional de primera instancia
consideró que la acción de tutela no demostraba la existencia de una vulneración de
los derechos fundamentales invocados, toda vez que las providencias judiciales
cuestionadas —esto es, el auto del 14 de marzo de 2022 proferido por el Juzgado
Tercero Administrativo de Cartagena y el auto del 22 de marzo de 2024 expedido por
el Tribunal Administrativo de Bolívar— no incurrieron en una actuación arbitraria,
caprichosa o carente de sustento jurídico, sino que correspondieron al ejercicio
razonado de la función judicial.

25. En particular, el fallo de primera instancia sostuvo que el Tribunal Administrativo
de Bolívar realizó un análisis razonable frente al cómputo del término de caducidad del
medio de control de reparación directa, al concluir que los accionantes tuvieron
conocimiento del daño desde enero de 2018, fecha en la cual fueron socializadas las
fallas estructurales del edificio Portal de los Alpes por parte de la Universidad de
Cartagena.

26. Indicó que, si bien con posterioridad se conocieron estudios adicionales que
profundizaron en la magnitud de las fallas estructurales y recomendaron la demolición
del inmueble, ello no tenía la potencialidad jurídica de extender el término de
caducidad, pues el conocimiento inicial de la incompatibilidad del edificio con las
normas urbanísticas y técnicas ya se había producido desde la primera socialización.

27. El juez constitucional estimó que la decisión del Tribunal Administrativo de
Bolívar no desconoció el precedente jurisprudencial sobre el cómputo de la caducidad,
al advertir que la progresión de los efectos del daño no equivale a un daño continuado,
ni habilita, por sí sola, una reconsideración del momento inicial para efectuar el conteo
del referido término legal.

28. Finalmente, sostuvo que las inconformidades planteadas por la parte actora se
dirigían a reabrir un debate de naturaleza legal y probatoria ya resuelto por los jueces
naturales, razón por la cual la acción de tutela no podía prosperar, en tanto no
constituye una instancia adicional ni un mecanismo para reemplazar al juez ordinario.

2.6. Impugnación

29. Inconforme con la sentencia del 6 de octubre de 2025, el señor Elkin Enrique
Jiménez Pico, actuando en nombre propio y en representación de su núcleo familiar y
de sus hijos, interpuso impugnación en su contra8.

30. En su escrito, la parte actora sostuvo que el fallo impugnado incurrió en un
análisis excesivamente rígido del término de caducidad del medio de control de
reparación directa, lo cual, a su juicio, desconoce los principios constitucionales de
acceso a la administración de justicia y seguridad jurídica.

31. Afirmó que el análisis efectuado por el juez de primera instancia trajo consigo
unos efectos negativos para los niños y niñas representados, sin realizar un examen
específico sobre su condición particular ni sobre la incidencia del interés superior del
niño en el cómputo de la caducidad, aspecto que —según indicó— debía ser analizado

8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04505-00, índice 25.

5

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Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de tutela

tanto por el juez constitucional como por las autoridades judiciales que decidieron el
proceso contencioso-administrativo.

32. Sostuvo que la decisión impugnada desconoció las reglas jurisprudenciales que
permiten flexibilizar el cómputo del término de caducidad en aquellos casos en los
que existen dudas razonables sobre el momento de estructuración del daño,
especialmente cuando este no se conoce de manera cierta e integral desde un primer
momento.

33. En ese sentido, reiteró que la fecha de enero de 2018 —correspondiente a la
socialización inicial de las fallas estructurales— no representó el conocimiento cierto y
concreto del daño, sino apenas una advertencia preliminar, pues en ese momento se
planteó la posibilidad de realizar obras de reforzamiento que permitirían el retorno al
inmueble, lo cual fue descartado únicamente con posterioridad.

34. Indicó que solo con el estudio elaborado por la Universidad Nacional y
socializado en el año 2019 se tuvo certeza plena sobre la inhabitabilidad definitiva del
edificio y el riesgo de colapso, circunstancia que, en su criterio, debía ser tenida en
cuenta para efectos del conteo del término de caducidad.

35. Asimismo, señaló que tanto el juez de tutela de primera instancia como las
autoridades judiciales accionadas efectuaron un análisis estrictamente formal y legal,
sin realizar un juicio constitucional suficiente sobre la afectación real de los derechos
fundamentales invocados, por lo que pidió que se revoque la sentencia impugnada y,
en su lugar, se conceda el amparo solicitado.

36. Finalmente, sostuvo que la decisión impugnada desconoce que, por los mismos
hechos y dentro de la misma unidad inmobiliaria, el Juzgado Décimo Primero
Administrativo de Cartagena, en sentencia del 31 de marzo del año en curso,
declaró que no se configuraba la caducidad del medio de control de reparación directa
y accedió parcialmente a las pretensiones, reconociendo la responsabilidad estatal.
Aunque no constituye precedente vertical, a juicio del accionante, sí configura
un precedente horizontal persuasivo, especialmente relevante al tratarse de idéntico
supuesto fáctico y jurídico. La disparidad de criterios evidencia la existencia de
una duda razonable sobre el momento inicial del cómputo de caducidad. En
consecuencia, la Sala desconoció este referente obligatorio, afectando la seguridad
jurídica y el derecho al acceso efectivo a la justicia.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

37. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 6 de
octubre de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04505-01
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Referencia: Acción de tutela

3.2. Legitimación en la causa

38. La legitimación en la causa por activa se encuentra acreditada, por cuanto el
señor Elkin Enrique Jiménez Pico, junto con su núcleo familiar, fue demandante dentro
del medio de control de reparación directa Rad. 13001-33-33-003-2021-00160-00/01,
en el cual se profirieron las providencias que considera desconocen sus derechos
fundamentales, esto es, los autos del 14 de marzo de 2022 (Juzgado Tercero
Administrativo de Cartagena) y del 22 de marzo de 2024 (Tribunal Administrativo de
Bolívar).

39. En cuanto a la legitimación por pasiva, también se encuentra demostrada, toda
vez que el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado Tercero Administrativo de
Cartagena fueron las autoridades judiciales que, en ejercicio de su función
jurisdiccional, rechazaron y confirmaron el rechazo de la demanda de reparación
directa por caducidad, y son, por ende, los titulares de las decisiones judiciales que se
cuestiona ahora.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

40. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado9, y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de
manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en
procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional10.

41.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

42. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales11 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado

núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
11 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.

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decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.

43. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii)
procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a la
autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución12.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

44. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional13 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que
ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

45. Así pues, la Corte Constitucional14 ha fijado unos criterios que deben ser acatados
con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en
concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico»15 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental»16;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente
un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de
interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa
sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los
particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en
una afectación grave de derechos fundamentales.

46. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico que,
a su juicio, impidió que se expidiera una decisión ajustada a derecho.

47. En efecto, (i) la relevancia constitucional se configura porque la controversia gira
en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia, por cuenta de una decisión de segundo grado

12 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

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que confirmó el rechazo por caducidad de la demanda de reparación directa, sobre la
base de un supuesto defecto fáctico y un presunto desconocimiento del precedente.

48. El requisito de subsidiariedad se encuentra cumplido, en la medida en que los
accionantes agotaron los recursos ordinarios disponibles dentro del proceso de
reparación directa (reposición y apelación contra el auto que rechazó la demanda) y
no contaban con otro medio judicial idóneo y eficaz para cuestionar, en sede
contenciosa, la valoración probatoria y la aplicación de la jurisprudencia en materia de
caducidad; los recursos extraordinarios no resultan aptos para atacar directamente las
decisiones objeto de reproche.

49. El requisito de inmediatez también se satisface, pues entre la notificación del auto
del 22 de marzo de 202417 —que resolvió la apelación y confirmó el rechazo por
caducidad— y la presentación de la acción de tutela el 21 de julio de 2025, transcurrió
un lapso que la jurisprudencia ha considerado razonable para activar el mecanismo de
amparo, dadas las particularidades del caso y la naturaleza de la decisión cuestionada.

50. En cuanto a la identificación de los hechos y derechos vulnerados, la demanda de
tutela expone de manera clara y detallada la secuencia de actuaciones que, a juicio de
los accionantes, configuraron el defecto fáctico y el desconocimiento del precedente
—en especial, la fijación del 9 de enero de 2018 como fecha de inicio del cómputo de
la caducidad y la comparación con el auto del 22 de marzo de 2024 emitido por el
propio Tribunal Administrativo de Bolívar—, junto con los derechos fundamentales
presuntamente afectados.

51. Finalmente, no se trata de una sentencia de tutela, sino de un auto dictado en un
proceso de reparación directa, y la acción fue dirigida exclusivamente contra esa
providencia de segundo grado, que puso fin de manera definitiva a la posibilidad de
debatir el fondo de la responsabilidad estatal alegada.

52. De acuerdo con lo expuesto, la Sala considera superados los requisitos generales
de procedibilidad en relación con los cargos de defecto fáctico y desconocimiento del
precedente y, en consecuencia, procede a abordar el análisis de fondo.

3.4. Problema jurídico

53. Corresponde determinar si ¿el Tribunal Administrativo de Bolívar vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia
de los accionantes e incurrió en defecto fáctico y desconocimiento del precedente
horizontal, al proferir el auto del 22 de marzo de 2024 mediante el cual confirmó el
rechazo por caducidad de la demanda de reparación directa rad? 13001-33-33-003-
2021-00160-00/01?

54. Para el efecto, la Sala estudiará: (i) las generalidades de los defectos invocados;
y (ii) analizará de forma detallada el caso concreto y los reparos planteados en la
impugnación.

17 Se notificó por estado del 26 de febrero de 2025, según se ve en el índice 5 de Sistema de Gestión Judicial,

Samai, exp. 13001-33-33-003-2021-00160-01.

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Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
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3.4.1. El defecto fáctico

55. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»18. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa
en la decisión19» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones:
una positiva y otra negativa.

56. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”»20. Por su parte, la dimensión negativa se
presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los
medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del
caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que
sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos
casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»21.

57. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso22.

58. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial23, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta,
las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este
«no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia»24.

59. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión

18 Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
19 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
22
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
23 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
24 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.

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judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas en
cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]25.

3.4.2. El desconocimiento del precedente judicial

60. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la República
tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales vinculantes y
relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la efectividad de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima, y la unificación
de la interpretación de las normas jurídicas26.

61. Al respecto, la Corte Constitucional27 ha considerado que el precedente se define
como aquella sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con anterioridad a un
caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados y en los problemas
jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por las autoridades
judiciales al momento de emitir un fallo posterior. Frente a la obligatoriedad del
precedente, la Corte ha dicho:

90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de
la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio
de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar,
pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley. Particularmente, el
concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte desde un sentido
amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el legislador, sino además
comprende todas las fuentes del derecho incluidas las sentencias que interpretan la
Constitución como norma de normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia
de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

25 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

26 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el
ordenamiento constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la
vigencia de un orden justo, lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en
estos principios, una autoridad judicial tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma
manera, y los casos diferentes de manera distinta”. El juez cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un
asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y, en caso de que lo sea, de apartarse de la ratio
decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo contrario desconoce el precedente
horizontal».
27 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.

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91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo principal
garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios de
seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento
constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un principio
relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la aplicación de
la ley y por otras prescripciones constitucionales28.

62. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo funcionario;
y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior jerárquico o la
autoridad encargada de unificar la jurisprudencia 29.

63. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en relación
con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por autoridades judiciales
funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de la jurisprudencia»30.

64. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de manera
razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del principio de
autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente, pues la
interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en caso de
que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una violación a
los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y
al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de tutela31.

65. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de la
función judicial, pues se trata de una sola corporación32.

66. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial,
le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora de este
derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de criterio» de
manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las exigencias de la
autonomía judicial.

28 Se transcribe incluso con errores.
29 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
30 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
31 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente
horizontal o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero
exige que el juez enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca
expresamente el precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su
existencia”. El segundo requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los
supuestos fácticos del nuevo caso que justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica
demostrar que el precedente no es válido, correcto o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial.
Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades
como la autonomía e independencia de los operadores judiciales.»
32 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.

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3.5. Caso concreto

3.5.1. Reparos concretos de la impugnación

67. En la impugnación, la parte actora sostuvo, en primer lugar, que la sentencia de
primera instancia reprodujo un entendimiento «rígido e inflexible» del término de
caducidad del medio de control de reparación directa, al avalar que el cómputo se
iniciara desde enero de 2018 —fecha de socialización del primer estudio estructural
de la Universidad de Cartagena— sin considerar la incertidumbre que existía entonces
sobre la naturaleza y la concreción del daño.

68. Alega que solo con el estudio de la Universidad Nacional de Colombia, socializado
en 2019, se tuvo certeza plena sobre la condición de no habitabilidad y el alto riesgo
de colapso del edificio Portal de los Alpes, de modo que ese debería ser el hito
relevante para el cómputo de la caducidad, conforme a los criterios de flexibilización
desarrollados por la Corte Constitucional (entre otros, la Sentencia SU-659 de 2015) y
el principio pro damnato o favor victimae.

69. En segundo lugar, afirma que el fallo impugnado trasladó las consecuencias
negativas de ese análisis rígido de la caducidad a niños y niñas P.C.P.L., N.V.J.B. y
V.J.B.33, sin efectuar un examen específico sobre su condición de sujetos de especial
protección constitucional ni sobre el impacto del interés superior del niño en la
determinación del término para ejercer la acción, pese a que —según sostiene— el
propio Consejo de Estado ha admitido la necesidad de valorar, en estos casos, no solo
la fecha del hecho generador del daño sino también las circunstancias que rodean la
posibilidad real de los niños y niñas para acceder a la justicia.

70. Añade que también se desconoció el precedente horizontal derivado de la
sentencia del 31 de marzo de 2025, proferida por el Juzgado Décimo Primero
Administrativo de Cartagena en un caso similar de edificaciones con fallas
estructurales en Cartagena, en el que se habría hecho una interpretación más flexible
del cómputo de la caducidad.

3.5.2. Análisis y resolución de los cargos

a) Sobre el alegado defecto fáctico en el cómputo de la caducidad

71. La Sala advierte, al igual que el juez constitucional de primera instancia, que el
Tribunal Administrativo de Bolívar sí realizó una valoración integral y razonada del
acervo probatorio para fijar el inicio del cómputo de la caducidad. En particular, tuvo
en cuenta: (i) la socialización del estudio de la Universidad de Cartagena del 9 de
enero de 2018; (ii) el Decreto 58 del 18 de enero de 2018, por medio del cual el distrito
declaró la situación de calamidad pública y ordenó la evacuación del edificio por su
inestabilidad estructural y vulnerabilidad sísmica; y (iii) el desalojo efectivo del
inmueble el 30 de enero de 2018, todo lo cual permitió concluir que desde entonces

33 Se suprime los nombres de los niños y niñas, en aras de salvaguardar sus intereses superiores, entre ellos, su

derecho a la intimidad.

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los accionantes conocían la existencia de graves fallas estructurales, la
incompatibilidad del proyecto con la normatividad urbanística y técnica, y la necesidad
de abandonar de manera indefinida su vivienda.

72. Si bien es cierto que en 2019 se socializó un nuevo dictamen de la Universidad
Nacional que profundizó en la magnitud de las fallas y recomendó la demolición
total del edificio, ello no significa que solo a partir de dicho estudio se hubiera
configurado el daño o que antes no existiera conocimiento suficiente para estructurar
el presupuesto fáctico de la pretensión resarcitoria. Como lo explicó la sentencia de
primera instancia, el conocimiento posterior de la dimensión definitiva del daño no
tiene la virtualidad de desplazar el momento en que se conoció su existencia misma y
su imputación al Estado, pues la progresión de sus efectos no transforma el daño en
uno de carácter continuado ni permite reabrir de manera indefinida el término legal de
dos años fijado en el artículo 164, numeral segundo, literal (i) del CPACA.

73. En este contexto, no se advierte que el tribunal hubiera incurrido en una lectura
sesgada o fragmentada de las pruebas o que hubiera ignorado elementos decisivos
del expediente. Por el contrario, la decisión de fijar el 9 de enero de 2018 como la fecha
de inicio del cómputo de la caducidad se apoya en actos formales de la administración
y en el propio relato de los demandantes, quienes reconocen que, desde esa época,
dejaron de habitar el inmueble por mandato de las autoridades y empezaron a recibir
subsidios de arriendo precisamente como consecuencia del riesgo estructural del
edificio.

74. En armonía con lo anterior, la Sala observa que el análisis efectuado por el Tribunal
Administrativo de Bolívar no solo se apoyó en los hitos probatorios más relevantes
para determinar el conocimiento del daño, sino que integró adecuadamente la
secuencia fáctica obrante en el expediente. La socialización del primer estudio el 9 de
enero de 2018, el Decreto 58 del 18 de enero de 2018 y la evacuación del 30 de enero
de 2018 constituyeron manifestaciones claras y suficientes de la existencia de una
afectación estructural del inmueble. Así, el tribunal no desarticuló la prueba ni la
examinó de manera aislada, sino que la valoró de forma conjunta para concluir que los
actores estaban en capacidad, desde ese momento, de conocer el hecho dañoso y la
eventual responsabilidad estatal que pretendían hacer valer.

75. Tampoco se advierte que la autoridad judicial hubiese incurrido en un
entendimiento arbitrario o irrazonable del material probatorio, dado que la identificación
del daño indemnizable no depende de la precisión técnica definitiva sobre su magnitud,
sino del conocimiento suficiente de su existencia y de su imputación al Estado. En
efecto, la elaboración de estudios posteriores o diagnósticos más profundos no
convierte en nuevo un daño ya advertido por los afectados y la administración, en
especial cuando —como ocurrió en enero de 2018— se ordenan medidas de
evacuación obligatoria, se califica el riesgo como alto y se adoptan actuaciones que
impiden la habitabilidad del inmueble. En ese sentido, el estudio de 2019 no tiene la
capacidad jurídica de desplazar el momento en que los accionantes conocieron la
afectación material del inmueble y su relación con las actuaciones administrativas que
ahora cuestionan.

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76. Finalmente, la Sala destaca que el tribunal no ignoró el estudio de la Universidad
Nacional de 2019 ni minimizó su contenido técnico; simplemente concluyó, conforme
a una lectura sistemática del expediente, que dicho documento no modificaba el hito
temporal relevante para el cómputo de la caducidad. La autoridad judicial ponderó
debidamente los actos administrativos expedidos en enero de 2018, las
comunicaciones dirigidas a los residentes y las propias manifestaciones de los
accionantes sobre el desalojo y la recepción de subsidios de arriendo. En esa medida,
no es posible afirmar que el tribunal incurrió en un defecto fáctico por omisión o
valoración de las pruebas, pues su razonamiento se encuentra motivado y se ajusta a
los estándares de razonabilidad exigibles en sede judicial.

77. Así las cosas, la Sala comparte la conclusión de la sentencia de primera instancia
en el sentido de que no se configura el defecto fáctico alegado.

b) De la flexibilización de la caducidad en casos donde se ven involucrados los
intereses de los niños y niñas

78. En cuanto al reproche relativo a la falta de análisis específico sobre los niños y
niñas P.C.P.L., N.V.J.B. y V.J.B., la Sala reconoce que los niños y niñas son sujetos
de especial protección constitucional y que, en ciertos supuestos, la jurisprudencia ha
admitido la posibilidad de flexibilizar el cómputo de la caducidad en aras del interés
superior del menor. Sin embargo, tal flexibilización no opera de manera automática ni
conduce, por sí sola, a la inaplicación del término previsto en la ley; exige demostrar
que la condición del menor generó una imposibilidad real y concreta de ejercer
oportunamente el medio de control, o que las circunstancias del caso impidieron
conocer razonablemente el daño o su imputación en el plazo ordinario.

79. Adicionalmente, es preciso recordar que tanto la madre como el padre —en virtud
de la patria potestad— tienen el deber de garantizar y promover los derechos de sus
hijos. Esto implica que, en su calidad de representantes legales, están facultados y
obligados a acudir ante las autoridades judiciales para reclamar, en nombre del hijo no
emancipado, la protección de los derechos que le asisten. En esta línea, la Corte
Constitucional —en la sentencia C-997 de 2004— enfatizó que la representación de
los niños y niñas no es solo una facultad, sino una responsabilidad derivada
directamente de la patria potestad, así:

[…] La patria potestad, mejor denominada potestad parental, tiene la función
especialísima de garantizar el cumplimiento de los deberes de los padres
mediante el ejercicio de determinados derechos sobre la persona de sus hijos
(permiso para salir del país, representación del menor, etc.) y sobre sus bienes
(usufructo legal y administración del patrimonio). El ejercicio de la potestad
parental tiene como finalidad el bienestar emocional y material de los
menores no emancipados. En consecuencia, el incumplimiento de los deberes
de los padres puede conducir a su pérdida o suspensión.”

[…]

En el mismo sentido, la doctrina ha definido la patria potestad como "el
conjunto de derechos y facultades que la ley concede al padre y a la madre

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sobre la persona y bienes de sus hijos menores, para permitirles el
cumplimiento de sus obligaciones como tales.

Los citados autores explican que "estos derechos y facultades, únicamente se
conceden a los padres, como consecuencia de las graves obligaciones que tienen
que cumplir; solo existe la patria potestad porque hay obligaciones numerosas a
cargo del padre y de la madre, las cuales se resumen en una sola frase: la
educación del hijo."

Como se advierte, la patria potestad tiene como fundamento las relaciones
jurídicas de autoridad de los padres frente a los hijos no emancipados que
permiten a aquéllos el cumplimiento de los deberes que la Constitución y la
ley les impone, dentro de dichos poderes vale resaltar el de representarlos
en todos los actos jurídicos y, con algunas limitaciones el de administrar y
gozar del usufructo de los bienes que éstos posean […]. (Negrillas fuera de
texto).

80. En atención a lo expuesto, resulta indispensable reiterar que la Constitución
Política reconoce un trato preferente a favor de los niños y niñas, quienes son
considerados sujetos de especial protección constitucional. Esta protección reforzada
implica que sus derechos gozan de una condición de prevalencia en el ordenamiento
jurídico (art. 44 C.P.). No obstante, el ejercicio de esa garantía se articula con el deber
que la constitución impone a la madre y al padre, quienes, como titulares de la patria
potestad, tienen la obligación de velar por la protección, el cuidado, la formación y la
representación judicial y extrajudicial de sus hijos no emancipados. De allí que su rol
no se limite a acompañar el proceso vital del menor, sino que incorpora un deber
jurídico específico de agenciar sus derechos en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes.

81. En consecuencia, para esta Sala, los representantes legales de los niños y
niñas que habitaban el Edificio Portal de los Alpes estaban llamados a actuar con la
diligencia que exige la protección reforzada de sus derechos, especialmente frente a
un riesgo estructural que desde enero de 2018 condujo al desalojo obligatorio de sus
viviendas y a la afectación directa de su entorno familiar. Así, la sola circunstancia de
que los hijos no hayan alcanzado la mayoría de edad no permite desconocer la regla
general del cómputo de la caducidad, en tanto sus representantes —quienes tenían
pleno conocimiento de los hechos desde las comunicaciones oficiales de 2018 y las
medidas administrativas adoptadas por el distrito— estaban en la obligación
constitucional y legal de ejercer dentro del término las acciones necesarias para
procurar la reparación de los perjuicios derivados de la inhabitabilidad del inmueble y
del desplazamiento que ello implicó para el núcleo familiar.

82. De otra parte, tampoco se acreditó que la presencia de niños y niñas en el
núcleo familiar hubiera impedido a los representantes legales promover la demanda
de reparación directa dentro de los dos años siguientes al conocimiento del hecho
dañoso. Por el contrario, la propia actuación procesal de los actores demuestra que
tuvieron la capacidad de acudir a la jurisdicción contenciosa, solo que lo
hicieron después de vencido el término legal.

83. Si bien es cierto que en la sentencia impugnada no se observa un análisis
puntual frente a la circunstancia de que en este caso concurren como accionantes

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niños y niñas, ello por sí solo no constituye un motivo suficiente para revocar la
decisión. Lo anterior, entre otras razones, porque la sola participación de estos en la
actuación no exime, en principio, a sus representantes legales del deber de acudir
oportunamente a la jurisdicción, salvo que se demuestre que dicho deber no podía ser
cumplido por circunstancias objetivas que justificaran la inactividad procesal, situación
que no se acredita en el presente asunto.

84. En consecuencia, el argumento relativo a la situación particular de los niños y
niñas—planteado por la parte accionante— no está llamado a prosperar, pues no
configura un desconocimiento de sus garantías ni constituye razón suficiente para
reconsiderar el cómputo del término de caducidad ya fenecido, de conformidad con las
consideraciones expuestas en líneas anteriores.

c) Sobre el desconocimiento del precedente horizontal

85. En cuanto al cargo por desconocimiento del precedente, la impugnación hace
referencia a una sentencia del 31 de marzo de 2025, proferida por el Juzgado Décimo
Primero Administrativo de Cartagena, dentro de otro proceso de reparación directa
relacionado con edificaciones con fallas estructurales en esa ciudad, en el cual —
según afirma la parte accionante— se habrían acogido parcialmente las pretensiones.
No obstante, revisada la actuación, no obra en el expediente copia de dicha
providencia que permita verificar lo aseverado ni efectuar el contraste necesario para
predicar la existencia de un precedente horizontal aplicable al caso.

86. Distinto ocurre frente al auto del 7 de febrero de 2024 proferido por el tribunal
accionado, invocado en el escrito de tutela y respecto del cual sí obra copia en el
expediente. Sin embargo, tal como se explicó de manera detallada en la sentencia de
primera instancia, dicha providencia no constituye un precedente aplicable al caso bajo
examen, en la medida en que se sustentó en un supuesto fáctico diferente: en ese
asunto no existía certeza sobre la fecha en que las accionantes conocieron el estudio
técnico ni sobre la firmeza de sus conclusiones, mientras que en el proceso promovido
por el señor Jiménez Pico y su núcleo familiar nunca estuvo en discusión el momento
de socialización del primer informe ni la realidad del riesgo estructural del edificio.

87. En el asunto que ahora ocupa a la Sala, el debate no se refiere a la fecha del
conocimiento del primer dictamen técnico, sino a la tesis de los actores según la cual
el término de caducidad debía contarse desde el momento en que conocieron
la magnitud definitiva del daño y la recomendación de demolición, contenidas en el
estudio de la Universidad Nacional. El tribunal rechazó esa postura con argumentos
explícitos y razonables, apoyados en la distinción entre el conocimiento del daño y la
progresión de sus efectos, de modo que no puede predicarse un apartamiento
arbitrario del precedente, sino una diferenciación fundada en las particularidades
fácticas del caso.

88. Por lo anterior, la Sala concluye, al igual que el juez de primera instancia, que no
se configura el defecto por desconocimiento del precedente horizontal, pues la
providencia invocada como patrón de comparación no es plenamente análoga y, en
todo caso, la decisión enjuiciada expone razones suficientes para justificar el criterio
adoptado en materia de caducidad.

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89. En consecuencia, ningún reparo de los planteados en la impugnación logra
desvirtuar las conclusiones alcanzadas en la sentencia de primera instancia, razón por
la cual se impondrá confirmar la decisión que negó el amparo solicitado.

4. Síntesis de la decisión

Por lo expuesto, la Sala concluye que la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar no vulneró los derechos fundamentales al debido proceso ni
al acceso a la administración de justicia del señor Elkin Enrique Jiménez Pico, su núcleo
familiar ni los niños y niñas representados, por cuanto no se observa en su contenido
un análisis arbitrario, infundado o caprichoso, ajeno a los preceptos constitucionales y
legales aplicables, ni se configura defecto fáctico ni desconocimiento del precedente
horizontal que amerite la intervención del juez de tutela, razón por la cual se confirmará
la sentencia de primera instancia que negó el amparo solicitado.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Confirmar la sentencia del 6 de octubre de 2025, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

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Accionantes: Elkin Enrique Jiménez Pico y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de tutela

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En consecuencia,
conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, a
través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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