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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04561-01

Fecha
25 de noviembre de 2025
Consejero ponente
María Adriana Marín

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04561-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Revocar la sentencia del 21 de agosto de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. SEGUNDO. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de Claudia Patricia Quintero Moreno. TERCERO. Dejar sin efectos las sentencias del 10 de junio de 2022 y del 16 de julio de 2025, proferidas, respectivamente, por el Juzgado 33 Administrativo de Medellín y la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia. CUARTO. Ordenar al Juzgado 33 Administrativo de Medellín que finalice el recaudo de los medios de prueba documentales decretados en la audiencia incial. QUINTO. Ordenar al Juzgado 33 Administrativo de Medellín y a la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia que profieran nuevamente sus fallos. Al hacerlo, deberán: (i) aplicar el segundo inciso del literal i del numeral 2 del artículo 164 del CPACA; (ii) verificar si se emitió sentencia en los procesos penales adelantados contra los militares detenidos por el homicidio y la desaparición forzada de Luis Javier Moreno Cano, así como si los restos de este fueron identificados con certeza; y (iii) determinar si realmente no hubo circunstancias que impidieron la presentación oportuna de la demanda, de conformidad con lo que resulte probado. SEXTO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-04561-01

Consejero ponente: María Adriana Marín

25 de noviembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04561-01
Demandante: Claudia Patricia Quintero Moreno

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04561-01
Demandante: CLAUDIA PATRICIA QUINTERO MORENO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: CONFIGURACIÓN DE DEFECTO SUSTANTIVO Y DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE DEL CONSEJO DE ESTADO – Las autoridades judiciales accionadas no
verificaron si se profirieron sentencias en los procesos penales adelantados por la desaparición
forzada de la víctima, ni si los restos de esta fueron identificados con certeza, pese a que lo
expuesto en la demanda de reparación directa imponía hacerlo. De ese modo, inaplicaron
injustificadamente el segundo inciso del literal i del numeral 2 del artículo 164 del CPACA y
desconocieron el precedente de esta corporación sobre el carácter continuado de la desaparición
forzada – DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE DEL CONSEJO DE ESTADO Y DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL – Las autoridades judiciales demandadas descartaron la presencia
de condiciones que justificaran el ejercicio tardío del derecho de acción sin contar con medios de
prueba suficientes. En consecuencia, no verificaron adecuadamente la existencia de
circunstancias que hubieran impedido la presentación oportuna de la demanda y, con ello,
desconocieron lo establecido por esta corporación en la sentencia de unificación del 29 de enero
de 2020, así como por la Corte Constitucional en la sentencia T-044 de 2022 y en la sentencia
de unificación 167 de 2023.

La Sala1 resuelve la impugnación presentada por la demandante contra la sentencia del
21 de agosto de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, mediante la cual se negó la solicitud de amparo constitucional.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 23 de julio 20252, Claudia Patricia Quintero Moreno instauró demanda de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado 33 Administrativo de Medellín,
a fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia. En consecuencia, solicitó lo siguiente:

2. Primero, que se dejen sin efectos las siguientes sentencias: (i) la del 10 de junio de
2022, mediante la cual el Juzgado 11 Administrativo de Medellín declaró configurada la

1
Se advierte que, el 5 de noviembre de 2025, tras la derrota de la ponencia presentada por el consejero
José Roberto Sáchica Méndez, el expediente ingresó al despacho de actual magistrada ponente, para
elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 Samai, expediente de primera instancia, índice 2.

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caducidad en el proceso de reparación directa 05001-33-33-033-2016-00194-01; y (ii) la
del 16 de julio de 2025, a través de la cual la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia confirmó la decisión de dicho juzgado.

3. Segundo, que se ordene a las autoridades judiciales demandadas proferir nuevamente
sus sentencias, de conformidad con «los estándares internacionales relacionados con la
no caducidad de la acción en asuntos relacionados con violaciones graves [de] los
derechos humanos».

4. De la demanda de tutela y de los medios probatorios obrantes en el expediente, se
extraen los siguientes hechos y argumentos jurídicamente relevantes:

5. El 5 de febrero de 2016, la señora Quintero Moreno y otros3 presentaron demanda de
reparación directa contra el Ejército Nacional, con el propósito de que este fuera
declarado responsable de la desaparición y la muerte de Luis Javier Moreno Cano4, quien
era hermano de aquella.

6. Dicha demanda también fue presentada por el señor Fernando Alonso Ortiz Blandón,
a fin de que el Ejército Nacional fuera declarado responsable de la desaparición y la
muerte de su hermano, Juan Arley Ortiz Blandón5.

7. Para sustentar las anteriores pretensiones, se expuso lo siguiente:

8. El 31 de agosto de 2005, Luis Javier Moreno Cano y Juan Arley Ortiz Blandón, quienes
se desempeñaban como vendedores ambulantes en buses de servicio público, fueron
obligados a abordar un vehículo en Medellín, luego de que el segundo asistiera al
Hospital San Rafael de Itagüí, Antioquia, tras caer de un bus. Desde tal abordaje, ambos
desaparecieron.

9. El 28 de septiembre de 2006, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía
General de la Nación encontró tres cuerpos en Cañasgordas, Antioquia. Dos de ellos
pertenecían a Luis Javier Moreno Cano y a Juan Arley Ortiz Blandón.

10. Posteriormente6, el cuerpo de Juan Arley Ortiz Blandón fue entregado a su madre;
sin embargo, el de Luis Javier Moreno Cano fue dejado en una fosa común, en tanto no
se pudo localizar a sus familiares.

3 Martha Oliva Moreno Cano, Leidy Johana Cartagena Moreno, Jenifer Andrea Cartagena Moreno, Astrid

Mallely Cartagena Moreno y Gilberto Antonio Moreno Vargas.
4 Esa pretensión se formuló en los siguientes términos (transcripción con posibles errores incluidos):

«Solicito que mediante sentencia se haga en contra de la Nación Colombiana (Ministerio de Defensa
Nacional-Ejército) y a favor de mis representados las siguientes o parecidas condenas: 3.1. La Nación
Colombiana (Ministerio de Defensa Nacional-Ejército) es administrativamente responsable de los daños y
perjuicios (materiales e inmateriales) ocasionados a los demandantes con motivo de la desaparición y
muerte del joven Luis Javier Moreno Cano» (énfasis añadido).
5 Tal pretensión se formuló de la siguiente manera (transcripción con posibles errores incluidos):«Solicito

que mediante sentencia se haga en contra de la Nación Colombiana (Ministerio de Defensa Nacional-
Ejército) y a favor de mis representados las siguientes o parecidas condenas: 3.1. La Nación Colombiana
(Ministerio de Defensa Nacional-Ejército) es administrativamente responsable de los daños y perjuicios
(materiales e inmateriales) ocasionados a los demandantes con motivo de la desaparición y muerte del
joven Juan Arley Ortiz Blandón» (énfasis añadido).
6 En la demanda no se dice cuándo.

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11. Más adelante, miembros del CTI informaron a la madre de Juan Arley Ortiz Blandón
que, según un informe militar, él y Luis Javier Moreno Cano murieron el 2 de septiembre
de 2005, en medio de un combate entre miembros de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo y del batallón de infantería 32,
«General Pedro Justo Berrío», del Ejército Nacional. En ese combate participaron el
teniente Raúl Armando Virgüez Buitrago y los soldados profesionales Víctor Daniel
Guisao Tabares, Pedro Pablo Ortiz y José Hurtado Asprilla.

12. El 20 de octubre de 2014, el fiscal 134 de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario expidió resolución de acusación contra el mencionado
teniente, por el homicidio de Luis Javier Moreno Cano y de Juan Arley Ortiz Blandón,
personas protegidas por el derecho internacional humanitario.

13. El 31 de diciembre de 2015, el mismo fiscal ordenó la detención preventiva de Félix
Gabriel Churio Marcucci, quien obró como comandante del batallón de infantería 32,
«General Pedro Justo Berrío», del Ejército Nacional, por la desaparición forzada y el
homicidio de Luis Javier Moreno Cano y Juan Arley Ortiz Blandón, personas protegidas
por el derecho internacional humanitario.

14. Mediante sentencia del 16 de enero de 2014, el Juzgado Sexto Administrativo de
Medellín declaró responsable al Ejército Nacional por la muerte de Juan Arley Ortiz
Blandón y, en consecuencia, lo condenó a indemnizar a la madre y a las hermanas de
este.

15. Al 5 de febrero de 2016, no se había entregado el cuerpo de Luis Javier Moreno Cano
ni se había expedido su registro civil de defunción, pese a que la Fiscalía General de la
Nación había «realizado avances en el proceso de identificación».

16. La demanda descrita dio origen al proceso 05001-33-33-033-2016-00194-01 y fue
inadmitida por el Juzgado 33 Administrativo de Medellín mediante auto del 17 de mayo
de 2016. La subsanación correspondiente se presentó el 27 de mayo siguiente, junto con
el registro civil de defunción de Luis Javier Moreno Cano. Como consecuencia, dicho
juzgado admitió la demanda por medio de auto del 12 de julio de 2016.

17. El 6 de octubre de 2021, luego de la celebración de la audiencia inicial y de la de
pruebas, pero antes de la finalización del recaudo de los medios probatorios
documentales decretados, el Juzgado 33 Administrativo de Medellín decidió proferir
sentencia anticipada, con fundamento en el numeral 3 del artículo 182A del CPACA y en
que encontró probada la caducidad. En consecuencia, corrió traslado del expediente a
las partes para que alegaran de conclusión.

18. En sus alegatos, los actores sostuvieron que no debía aplicarse la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020, en tanto fue proferida por la Sección Tercera de
esta corporación con posterioridad a la presentación de la demanda. Agregaron que, de
hacerlo, el juzgado desconocería la sentencia de tutela del 30 de abril de 2021, expedida
por la Subsección B de dicha sección.

19. Adicionalmente, sostuvieron que debía aplicarse la sentencia de tutela del 30 de julio
de 2020, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,

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en la que se reafirmó la antigua posición de esta corporación, según la cual el fenómeno
de caducidad no se configuraba en casos relacionados con delitos de lesa humanidad.

20. A través de sentencia del 10 de junio de 2022, el mencionado juzgado declaró
configurada la caducidad, con fundamento en la sentencia de unificación del 29 de enero
de 2020 y en lo siguiente:

21. En primer lugar, de acuerdo con la declaración rendida por Claudia Patricia Quintero
Moreno ante la Fiscalía 69 Especializada de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario, la defunción de Luis Javier Moreno Cano fue conocida por sus
familiares en abril de 2007. Sin embargo, según el registro civil correspondiente, solo fue
inscrita hasta el 21 de marzo de 2009, fecha a partir de la cual debía contabilizarse el
término de dos años para presentar la demanda de reparación directa, consagrado en el
literal i del numeral 2 del artículo 164 del CPACA. En consecuencia, esta debía
instaurarse, a más tardar, el 22 de marzo 2011; sin embargo, solo fue radicada hasta el
5 de febrero de 2016, de modo que operó la caducidad.

22. En segundo lugar, en el expediente del proceso dentro del cual el Juzgado Sexto
Administrativo de Medellín profirió la sentencia del 16 de enero de 2014, obraba un
escrito del 1° de diciembre de 2006, mediante el cual Fernando Alonso Ortiz Blandón
otorgó poder a un abogado para que presentara la demanda en la cual se originó ese
proceso. Empero, esta no fue insaturada en nombre de aquel, lo cual no impedía
considerar que, desde el otorgamiento de dicho poder, sabía de la posible participación
del Estado en los hechos que ocasionaron la muerte de su hermano, Juan Arley Ortiz
Blandón. De ese modo, podía acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo
hasta el 2 de diciembre de 2008, pero solo lo hizo hasta el 5 de febrero de 2016, motivo
por el cual operó la caducidad.

23. Luego de exponer lo anterior, el Juzgado 33 Administrativo de Medellín advirtió que
no se probó ninguna circunstancia que hubiera impedido que los demandantes acudieran
previamente a la administración de justicia, o que justificara la tardanza en hacerlo.

24. La anterior decisión fue apelada por los actores, con sustento en los mismos motivos
expuestos en sus alegatos de conclusión.

25. Mediante sentencia del 16 de julio de 2025, la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia confirmó la decisión del Juzgado 33 Administrativo de
Medellín, con sustento en las mismas razones expuestas por este.

26. Además, indicó que no cabía reproche alguno frente a la aplicación de la sentencia
de unificación del 29 de enero de 2020, puesto que esta constituía precedente.
Igualmente, advirtió que no se podían aplicar las causales establecidas por el Consejo
de Estado y la Corte Constitucional para inaplicar el artículo 164 del CPACA, en tanto
existía «claridad» sobre la fecha de conocimiento de los hechos en virtud de los cuales
fallecieron Luis Javier Moreno Cano y Juan Arley Ortiz Blandón, y por cuanto no se probó
que aquellos estuvieran en la imposibilidad material y objetiva de presentar la demanda
oportunamente.

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27. Según la señora Quintero Moreno, aquí accionante, la Sala Séptima de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado 33 Administrativo de Medellín
incurrieron en un defecto procedimental absoluto y en una violación directa de la
Constitución, debido a lo siguiente:

28. Primero, aplicaron la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 a un litigio
fijado antes de su expedición, es decir, el 12 de octubre de 2017, fecha en la cual se
celebró la audiencia inicial, en la que se «declaró no probada la excepción de
caducidad».

29. Segundo, no permitieron que la parte demandante rebatiera la aplicación retroactiva
de dicha sentencia, con lo cual impidieron una tutela judicial efectiva y desconocieron el
debido proceso, el derecho de defensa y los principios de imparcialidad y de confianza
legítima.

30. Tercero, trasladaron la responsabilidad por mora judicial a la parte actora, pues
profirieron sus sentencias por fuera del término correspondiente y, mientras tanto, el
precedente cambió.

31. Cuarto, ignoraron que el cuerpo de Luis Javier Moreno Cano «continúa
desaparecido», motivo por el cual, de conformidad con las disposiciones procesales
aplicables, no podía declararse la caducidad.

32. Tras exponer lo anterior, la señora Quintero Moreno reiteró los argumentos
planteados en los alegatos de conclusión presentados ante el Juzgado 33 Administrativo
de Medellín, así como en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de este.

B. Trámite impartido e intervenciones

33. Mediante auto del 25 de julio de 20257, el despacho sustanciador en primera instancia
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar esa decisión a la parte demandada,
conformada por la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia y
el Juzgado 33 Administrativo de Medellín. Igualmente, dispuso notificarla a los terceros
con interés: los señores Martha Oliva Moreno Cano, Leidy Johana Cartagena Moreno,
Jenifer Andrea Cartagena Moreno, Astrid Mallely Cartagena Moreno, Gilberto Antonio
Moreno Vargas y Fernando Alonso Ortiz Blandón, así como la Nación, Ministerio de
Defensa, Ejército Nacional.

34. La magistrada Martha Nury Velásquez Bedoya, integrante del Tribunal
Administrativo de Antioquia 8, calificó la solicitud de amparo como improcedente, en
tanto los argumentos expuestos en la demanda de tutela coinciden con aquellos
formulados en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado 33
Administrativo de Medellín.

35. También sostuvo que, en todo caso, no se vulneró ningún derecho fundamental, pues
la resolución del caso y la valoración de pruebas correspondiente se efectuaron
debidamente, y se acató el precedente del Consejo de Estado. Además, señaló que lo

7 Samai, expediente de primera instancia, índice 4.
8 Samai, expediente de primera instancia, índice 12.

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alegado por la accionante no evidencia un defecto fáctico, sino una inconformidad con la
aplicación de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020.

36. La titular del Juzgado 33 Administrativo de Medellín 9 indicó que se atendrá a la
decisión que se adopte sobre el asunto.

37. El Ministerio de Defensa10 se opuso a la solicitud de amparo constitucional, con
sustento en que la accionante no identificó los defectos en los que supuestamente
incurrieron las autoridades judiciales demandadas, ni explicó por qué las decisiones de
estas vulneraron sus derechos fundamentales. Adicionalmente, afirmó que aquella
formuló una discusión probatoria ya resuelta en el proceso contencioso-administrativo.

38. Por otro lado, aseguró que quienes obraron como demandantes en dicho proceso
supieron de la muerte de las víctimas directas desde el día de su ocurrencia y otorgaron
poder a su abogado dos años antes de solicitar la celebración de audiencia de
conciliación ante el Ministerio Público, todo lo cual demostraba claramente que la
demanda de reparación directa se presentó extemporáneamente. Además, afirmó que la
inexistencia de una sentencia penal frente al hecho dañoso no los eximía de instaurar tal
demanda dentro del término correspondiente, máxime si no había ninguna justificación
para obviarlo.

39. Los demás terceros con interés guardaron silencio, pese a que se les notificó el
auto admisorio de la demanda11.

C. Fallo impugnado

40. Mediante sentencia del 21 de agosto de 2025 12 , la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado negó la solicitud de amparo constitucional, con
fundamento en que no se configuraron los defectos alegados por la accionante, debido
a lo siguiente:

41. Primero, si bien la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 se expidió con
posterioridad a la presentación de la demanda de reparación directa, la parte
demandante en el proceso respectivo contó con dos oportunidades para explicar por qué
no acudió oportunamente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo: la
presentación de alegatos de conclusión en primera instancia y la interposición del recurso
de apelación contra la sentencia expedida en esa instancia.

42. Segundo, aunque la accionante afirmó que no podía declararse la caducidad porque
el cuerpo de Luis Javier Moreno Cano no fue hallado, en el proceso de reparación directa
no se expuso ningún motivo en virtud del cual las autoridades judiciales demandadas
pudieran concluir que fue material y objetivamente imposible presentar oportunamente
la demanda, o que justificara la inaplicación del término de caducidad previsto en el literal
i del numeral 2 del artículo 164 del CPACA. Tampoco se alegó ni se probó que la

9 Samai, expediente de primera instancia, índice 13.
10 Samai, expediente de primera instancia, índice 10.
11 Samai, expediente de primera instancia, índices 9 y 11.
12 Samai, expediente de primera instancia, índice 16.

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defunción de aquel se hubiera conocido en una fecha posterior a la de su inscripción,
realizada el 21 de marzo de 2009.

D. Impugnación

43. La accionante solicitó que se revoque la anterior decisión13, con fundamento en los
mismos argumentos expuestos en la demanda de tutela.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

44. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en
el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del
Consejo de Estado).

F. Problema jurídico

45. La Sala determinará si confirma, modifica o revoca la sentencia del 21 de agosto de
2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

46. Para ello, establecerá si las sentencias de la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia y del Juzgado 33 Administrativo de Medellín implicaron la
configuración de algún defecto o casual específica de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial 14 y, por ende, causaron una vulneración de los derechos
fundamentales de la señora Quintero Moreno.

G. Análisis de la Sala

47. La accionante atribuyó un defecto procedimental absoluto y una violación directa de
la Constitución a las autoridades judiciales demandadas, alegando, entre otras
cuestiones, que estas ignoraron que el cuerpo de Luis Javier Moreno Cano «continúa
desaparecido», motivo por el cual, de conformidad con las disposiciones procesales
aplicables, no podía declararse la caducidad.

48. Para pronunciarse al respecto, la Sala debe indicar que, de acuerdo con el segundo
inciso del literal i del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, el término para formular la
pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada se cuenta
«a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del
fallo definitivo adoptado en el proceso penal».

13 Samai, expediente de primera instancia, índice 20.
14 El análisis de la Sala únicamente versará sobre la configuración de causales específicas de procedencia

de la acción de tutela contra providencia judicial, en tanto comparte las razones expuestas por el a quo
para considerar que, en el caso concreto, se cumplieron los requisitos generales de procedencia de ese
tipo de acción de tutela.

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49. Lo anterior constituye una reiteración de la regla consagrada en el segundo inciso
del numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo15 (CCA), la cual fue
calificada como razonable por la Subsección C de la Sección Tercera de esta corporación
en la sentencia del 6 de mayo de 201516, en virtud del carácter continuado de la
desaparición forzada. En efecto, dicha subsección expuso lo siguiente:

(…) [L]a razonabilidad de tal criterio jurídico se encuentra una vez se advierte la
naturaleza continua o permanente de violación de derechos que comporta
el acto de desaparición forzada de personas, pues conforme a los estándares
convencionales fijados en el ámbito universal y regional de protección de
[d]erechos [h]umanos, es claro que el efecto dañino de estas conductas se
prolonga durante todo el lapso en que subsiste la desaparición.

Así, la Convención [Interamericana] sobre [D]esaparición [F]orzada, signada el 9
de junio de 1994, establece en su artículo 3° el deber de los Estados firmantes de
adoptar en su derecho interno disposiciones dirigidas a reconocer la desaparición
forzada “como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o
paradero de la víctima”.

En esta misma línea se encuentra lo establecido, en el ámbito universal, en la
Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las
Desapariciones Forzadas, del 20 de diciembre de 2006, en la que el artículo 8°
establece que, a efectos de establecer el término de prescripción de la acción
penal por dicho delito “se cuente a partir del momento en que cesa la desaparición
forzada, habida cuenta del carácter continuo de este delito”.

(…) [E]s preciso destacar que este criterio había sido desarrollado por la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 29 de
julio de 1988[,] cuando el Tribunal dictó su sentencia de fondo en el caso
Velásquez Rodríguez c. Honduras, en donde, por vez primera, se estableció que
“[l]a desaparición forzada de seres humanos constituye una violación
múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención
y que los Estados Partes están obligados a respetar y garantizar”[,] tesis esta que
ha sido reiterada a lo largo del tiempo por la Corte y que, recientemente, ha sido
retomada en el fallo dictado en el caso Rodríguez Vera y Otros (desaparecidos
del Palacio de Justicia) c. Colombia, donde la Corte reafirmó:

Este Tribunal ha desarrollado en su jurisprudencia el carácter
pluriofensivo de la desaparición forzada, así como su
naturaleza permanente o continua, la cual implica que la
desaparición forzada permanece mientras no se conozca el
paradero de la persona desaparecida o se identifiquen con
certeza sus restos. Mientras perdure la desaparición[,] los Estados
tienen el deber correlativo de investigarla y, eventualmente,
sancionar a los responsables, conforme a las obligaciones derivadas
de la Convención Americana y, en particular, de la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada (…)17.

50. Tras exponer todo lo anterior, la Subsección C de la Sección Tercera de esta
corporación concluyó que la caducidad no había operado en el caso concreto, debido al
carácter continuado de la desaparición y a que se desconocía el paradero de la víctima.

15 De acuerdo con dicho inciso, «el término de caducidad de la acción de reparación directa derivada del

delito de desaparición forzada, (sic) se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su
defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción
pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición».
16 Proceso identificado con la radicación 54001-23-31-000-1995-09295-01 (31326).
17 Énfasis añadido.

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51. Lo expuesto en la sentencia del 6 de mayo de 2015 fue reiterado y ampliado por esta
Subsección en el fallo del 4 de junio de 202418, como se enseña a continuación:

Los artículos 7°, literal i[,] del Estatuto de Roma; 2° de la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (en adelante “CIDFP”),
2° de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra
las desapariciones forzadas (en adelante “CIPPDF”), y 165 de la Ley 599 del
2000, disponen que la desaparición forzada se estructura a partir de dos
elementos esenciales, a saber: i) la privación de la libertad de una persona en
contra de su voluntad y, ii) la negativa de reconocer la detención y de revelar la
suerte o el paradero de la persona interesada.

El artículo 1º de la CIDFP caracteriza la desaparición forzada como una conducta
de ejecución continuada o permanente, la cual es el fundamento de la regla
especial de caducidad de la acción y del medio de control de reparación
directa. Esto implica que el cómputo del término de caducidad solo inicia cuando
se conozca con certeza la suerte o el paradero de la persona desaparecida

La Sección Tercera del Consejo de Estado ha precisado que el daño por
homicidio o ejecución extrajudicial es diferente al daño por desaparición
forzada. En este sentido, ha señalado que la simple declaración o confesión
sobre el homicidio de la víctima no es un medio de prueba que acredite la
cesación de la desaparición forzada. Esto, porque aun si las víctimas indirectas
son informadas del fallecimiento de la persona desaparecida, el daño sigue
produciéndose hasta que no se hallen o identifiquen con certeza sus restos.

(…)

Ante la falta de certeza sobre la identificación de los cuerpos (…) y de la
entrega de sus restos a sus familiares, la Sala acude a los principios pro actione
y pro danmato que sugieren decantarse por la posición que procure el acceso a
la administración de justicia y que garantice la tutela judicial efectiva de quien
acude a la judicatura, sin afectar el derecho a la seguridad jurídica de quien es
demandado.

En virtud de los aludidos principios, la Subsección efectuará el cómputo de la
caducidad a la luz de las disposiciones establecidas para los daños derivados del
delito de desaparición forzada, dado que, se insiste, los menores fueron privados
en contra de su libertad, no se han hallado sus restos y no se tiene certeza de
que sus cuerpos hayan sido identificados, lo cual permite establecer que se
configuró el delito de desaparición forzada de personas (…).

(…)

Por consiguiente, no es posible iniciar el cómputo del término de caducidad
en el caso concreto, ante la incertidumbre del paradero de los restos
mortales de los menores (…) y la falta de existencia de una decisión en firme
adoptada en un proceso penal respecto del delito de desaparición forzada19.

52. Lo expuesto en las dos sentencias citadas, igualmente, fue reiterado y ampliado por
esta Subsección en el fallo del 13 se septiembre de 202420, en los siguientes términos:

(…) [T]anto en la desaparición forzada como en los casos de personas dadas por
desaparecidas, inclusive en los casos de desaparición involuntaria, la certeza
sobre la suerte o el paradero de la víctima o la plena identificación de sus
restos óseos es el criterio determinante para comprobar la cesación de esos

18 Proceso identificado con la radicación 85001-23-33-000-2018-00153-01 (66331).
19 Énfasis añadido.
20 Proceso identificado con la radicación 25000-23-36-000-2018-00254-01 (67165).

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actos que tienen las características de un daño continuado. Al respecto, la
Corte IDH explicó que esta conducta [es] de carácter permanente porque no
[cesa] “mientras no se conozca el paradero de la persona desaparecida o se
identifiquen con certeza sus restos”.

(…)

Cabe destacar que aún si las víctimas indirectas son informadas del
fallecimiento de la persona desaparecida, como ocurrió en el presente caso
(…), el daño sigue produciéndose hasta que no se hallen o identifiquen con
certeza sus restos.

(…)

Cabe destacar que la incertidumbre sobre la búsqueda, localización,
identificación y entrega digna de las personas desaparecidas constituye
una violación del derecho a no ser objeto de tratos crueles en cabeza de los
familiares de la persona desaparecida, la cual se prolonga en el tiempo
hasta que se conozca su paradero o hasta que se identifiquen con certeza
sus restos.

La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han reconocido que la
incertidumbre sobre el paradero de su ser querido o la falta de identificación
con certeza de sus restos óseos impide a sus familiares ejercer las garantías
judiciales necesarias para la protección de sus derechos y para el
esclarecimiento de la verdad y produce un profundo sufrimiento, inseguridad,
angustia e impotencia que constituye un trato cruel e inhumano que afecta su
integridad física y psíquica y, además, “obstaculiza la posibilidad de duelo”.

Dicho lo anterior, la Sala considera que en el presente caso no se configuró la
caducidad del medio de control de reparación directa, toda vez que es claro
que el carácter continuado del daño en el presente caso devino de varios actos
que comenzaron con la muerte de la víctima y siguieron con su errónea
identificación, la falta de entrega del cadáver a pesar de su reconocimiento y su
desaparición por más de 30 años, es decir que se trató de un daño que se
extendió en el tiempo y que sólo cesó con la entrega definitiva de los restos
óseos, en consideración a que el desconocimiento de su paradero y su falta de
identificación con certeza, por más de 30 años, impedía a sus familiares el
ejercicio de las garantías judiciales necesarias para la efectividad de sus derechos
a la verdad, justicia y reparación integral21.

53. En virtud de lo expuesto, es claro que esta corporación ha caracterizado la
desaparición forzada como un daño continuado, que solo cesa con el hallazgo de la
persona desaparecida o de sus restos, o con la identificación cierta de estos, de acuerdo
con lo cual ha estudiado la oportunidad de la presentación de las demandas relacionadas
con dicho daño.

54. Ahora, la aquí accionante presentó demanda de reparación directa 22 contra el
Ejército Nacional, a fin de que este fuera declarado responsable de la desaparición y la
muerte de su hermano, Luis Javier Moreno Cano 23 . Para sustentar esa pretensión,

21 Énfasis añadido.
22 Páginas 194 a 219 del archivo 01 del expediente de primera instancia del proceso de reparación directa,

almacenado en OneDrive (visualizable a través del enlace señalado en el archivo
«20RECIBEPRUEBAS(…)», ubicado en el índice 20 del expediente de primera instancia del proceso de
tutela, disponible en Samai).
23 Esa pretensión se formuló en los siguientes términos (transcripción con posibles errores incluidos):

«Solicito que mediante sentencia se haga en contra de la Nación Colombiana (Ministerio de Defensa

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expuso que este desapareció el 31 de agosto de 2005, tras ser obligado a abordar un
vehículo en Medellín, y que, el 28 de septiembre de 2006, el CTI encontró su cuerpo en
Cañasgordas. Agregó que, como no se pudo localizar a sus familiares, su cadáver fue
dejado en una fosa común y que, a la fecha de presentación de la demanda, no había
sido entregado, pese a los «avances en el proceso de identificación».

55. También afirmó que, según la Fiscalía General de la Nación, Luis Javier Moreno
Cano murió el 2 de septiembre de 2005, en medio de un combate entre miembros de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) y del
batallón de infantería 32, «General Pedro Justo Berrío», del Ejército Nacional. Además,
indicó que uno de los militares que participó en dicho combate y el entonces comandante
de este batallón fueron detenidos preventivamente por la desaparición forzada y el
homicidio del señor Moreno Cano, en calidad de persona protegida.

56. Mediante sentencia anticipada del 10 de junio de 2022 24 , el Juzgado 33
Administrativo de Medellín declaró la caducidad frente a dicha demanda, con
fundamento, entre otras razones, en las siguientes:

Con las pruebas documentales aportadas al expediente, se encuentra acreditado
que, si bien la muerte del señor Luis Javier [Moreno Cano] ocurrió el 2 de
septiembre de 2005, sus familiares tan solo conocieron sobre este hecho en el
mes de abril de 2007. Así se desprende de la declaración rendida el 23 de abril
de 2014 por la señora Claudia Patricia Quintero Moreno —hermana de la víctima
y demandante en este medio de control— ante la Fiscalía 69 Especializada de la
Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en la que
sostuvo:

PREGUNTADO: Conoció usted las circunstancias de tiempo, modo
y lugar en que murió su hermano. CONTESTO: Conocí de la
muerte de mi hermano, por la información del día en que me dieron
la noticia, de que él estaba como NN, en la Fiscalía de Guayabal…
la última vez que lo vi más o menos para el mes de agosto de 2005,
porque fue en los días en que yo cumplía años… Ese día salió tipo
siete de la noche y desde esa época nunca más lo volví a ver.
Hasta el 2007, pasado una semana después de la semana santa,
en que se me informa que mi hermano se encontraba como NN,
enterrado en el Municipio de Cañasgordas, como consecuencia de
que había sido abatido en un combate…

De acuerdo con los apartes de la declaración transcrita, podría decirse en
principio que, el fallecimiento del señor Luis Javier Moreno Cano, así como las
circunstancias que rodearon dicho suceso, fueron conocidas por los demandantes
en el mes de abril de 2007. Sin embargo, en atención a que la muerte de la víctima
tan solo fue registrada hasta el 21 de marzo de 2009, tal como se desprende del
registro civil de defunción visible en el folio 227 del archivo 01 del expediente
electrónico, será esta última fecha la que el Juzgado tendrá en cuenta para
efectos de realizar el conteo de los términos de caducidad.

Así las cosas, se advierte que, en el presente caso operó la caducidad del medio
de control de reparación directa, como quiera que la oportunidad para acudir a la

Nacional-Ejército) y a favor de mis representados las siguientes o parecidas condenas: 3.1. La Nación
Colombiana (Ministerio de Defensa Nacional-Ejército) es administrativamente responsable de los daños y
perjuicios (materiales e inmateriales) ocasionados a los demandantes con motivo de la desaparición y
muerte del joven Luis Javier Moreno Cano» (énfasis añadido).
24 Archivo 27 del expediente de primera instancia del proceso de reparación directa, almacenado en

OneDrive.

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jurisdicción se extendió hasta el 22 de marzo de 2011. Sin embargo, la demanda
se presentó el 5 de febrero de 2016, cuando el término para intentar el medio de
control se encontraba vencido.

Tampoco se advierte en el expediente alguna circunstancia especial que
obstaculizara el acceso a la administración de justicia de los demandantes
o que debiera considerarse para justificar la tardanza en la presentación de
la demanda25.

57. Lo anterior demuestra que, para concluir que operó la caducidad, el Juzgado 33
Administrativo de Medellín limitó su análisis a la imputación de responsabilidad al Estado
por la muerte del señor Moreno Cano, excluyendo toda consideración frente a su
desaparición.

58. Ese proceder, a su vez, evidencia un desconocimiento de las pretensiones y de los
hechos planteados en la demanda de reparación directa, en la cual: (i) se reclamó
expresamente la declaración de responsabilidad estatal por la desaparición del señor
Moreno Cano; (ii) se narró que este fue obligado a abordar un vehículo en Medellín,
momento a partir del cual desapareció, y posteriormente murió en un supuesto combate
entre miembros de las FARC-EP y del Ejército; (iii) se expuso que dos militares fueron
detenidos preventivamente, no solo por el homicidio de aquel, sino por su desaparición
forzada; y (iv) se indicó que su cuerpo fue dejado en una fosa común y que no había sido
entregado, pese a los «avances en el proceso de identificación».

59. Lo reclamado y expuesto en la demanda de reparación directa, precisamente,
imponía evaluar la oportunidad de la presentación de la demanda de conformidad con lo
establecido en el segundo inciso del literal i del numeral 2 del artículo 164 del CPACA,
así como con el precedente de esta corporación sobre el carácter continuado de la
desaparición forzada. En otras palabras, para contabilizar el término de caducidad
correspondiente, el Juzgado 33 Administrativo de Medellín debía verificar si se profirió
sentencia en los procesos penales adelantados contra los militares detenidos por el
homicidio y la desaparición forzada del señor Moreno Cano, y si los restos de este fueron
identificados con certeza. Sin embargo, no lo hizo, motivo por el cual incurrió en un
defecto sustantivo por inaplicación de una disposición pertinente26, es decir, el segundo
inciso del literal i del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, así como en un
desconocimiento del precedente de esta corporación, específicamente, de aquel
contenido en la sentencia del 6 de mayo de 2015.

60. Sobre el particular, cabe señalar que, en la sentencia de unificación 380 de 2021, la
Corte Constitucional explicó que el precedente judicial corresponde a «una sentencia
previa relevante para la solución de un nuevo caso bajo examen judicial, debido a que
contiene un pronunciamiento sobre un problema jurídico basado en hechos similares,
desde un punto de vista jurídicamente relevante, al que debe resolver el juez». En la
sentencia del 6 de mayo de 2015, precisamente, se resolvió un problema jurídico análogo
a aquel sobre el cual debía pronunciarse el mencionado juzgado: el relativo a la

25 Énfasis añadido.
26 En la sentencia de unificación 380 de 2021, la Corte Constitucional explicó que el defecto sustantivo «se

presenta cuando la autoridad judicial emplea una norma inaplicable al caso concreto, deja de aplicar la
norma adecuada o interpreta de forma contraria a la razonabilidad jurídica» (énfasis añadido).

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oportunidad de la presentación de una demanda motivada en una desaparición. En
consecuencia, dicha sentencia constituía precedente.

61. Ahora, la decisión del Juzgado 33 Administrativo de Medellín fue confirmada por la
Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia
del 16 de julio de 202527, con sustento, entre otros motivos, en los siguientes:

Para el caso del grupo familiar del joven LUIS JAVIER MORENO CANO, es
claro[,] como lo argumentó el [j]uez de [p]rimera [i]nstancia[,] que, de las pruebas
allegadas al proceso, se tiene que la muerte del mismo ocurrió el 2 de septiembre
de 2005; sin embargo de dicho material probatorio, también se tiene que los hoy
demandantes, es decir, su madre, hermanas y abuelos, únicamente tuvieron
conocimiento de las circunstancias que envolvieron la muerte del Joven Moreno
Cano, en el mes de abril de 2007, tal y como se desprende de la declaración
rendida por la señora Claudia Patricia Quintero Moreno, hermana del fallecido y
demandante en el presente caso ante la Fiscalía 69 Especializada de la Unidad
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (…).

A folio 227 del archivo No. 01 denominado “Cuaderno Principal Digitalizado”, obra
el Registro Civil de Defunción del joven LUIS JAVIER MORENO CANO, en el cual
consta como fecha de su muerte el 2 de septiembre de 2005, y la inscripción de
dicho fallecimiento, el 21 de marzo de 2009; razón por la cual la Sala considera
que el conteo de la caducidad debe realizarse desde el 21 de marzo de 2009,
teniendo entonces la parte actora para demandar hasta el 22 de marzo de 2011,
presentándose la demanda el 5 de febrero de 2016 (fl. 221 del Archivo No. 01 del
expediente digital), es decir, cuando ya había transcurrido más de 4 años desde
la fecha en que operó el fenómeno de la caducidad.

(…)

(…) [E]s claro que no se allegaron elementos probatorios que justificaran la
no presentación de la demanda dentro del término de caducidad establecido
de manera general para el medio de control de reparación directa, no encontrando
la Sala que se puedan aplicar algunas de las excepciones que predica el Consejo
de Estado y la Corte Constitucional para inaplicar el artículo 164 del CPACA, en
tanto hay claridad sobre la fecha de conocimientos (sic) de los hechos donde
fallecieron los familiares de los actores y contrario a ello no hay prueba de la
imposibilidad material y objetiva de presentar la acción (…)28.

62. Lo anterior demuestra que, para confirmar la decisión de declarar la caducidad, la
Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia reprodujo los
argumentos del Juzgado 33 Administrativo de Medellín y, como este, excluyó toda
consideración frente a la desaparición del señor Moreno Cano, de modo que no evaluó
si se profirió sentencia en los procesos penales adelantados contra los militares
detenidos por el homicidio y la desaparición forzada de aquel, ni si sus restos fueron
identificados con certeza. Así, al igual que dicho juzgado, incurrió en un defecto
sustantivo por inaplicación de una disposición pertinente, es decir, el segundo inciso del
literal i del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, así como en un desconocimiento del
precedente de esta corporación, concretamente, de aquel contenido en las sentencias
del 6 de mayo de 2015, del 4 de junio de 2024 y del 13 de septiembre del mismo año.

27 Samai, expediente de segunda instancia del proceso de reparación directa (05001-33-33-033-2016-

00194-01), índice 10.
28 Énfasis añadido.

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63. Al respecto, se advierte que en estas dos últimas sentencias, al igual que en la del 6
de mayo de 2015, se resolvió un problema jurídico análogo a aquel sobre el cual debía
pronunciarse la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia: el
referente a la oportunidad de la presentación de una demanda motivada en una
desaparición.

64. Ahora, es importante recordar que el Juzgado 33 Administrativo de Medellín profirió
sentencia anticipada antes de terminar de recaudar las pruebas documentales
decretadas en la audiencia inicial29, lo cual permite concluir que dicho juzgado y la Sala
Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo no solo omitieron analizar la
desaparición del señor Moreno Cano, sino que carecían de elementos de juicio
suficientes para hacerlo.

65. Igualmente, carecían de elementos de juicio suficientes para concluir, como lo
hicieron, que no se probó ninguna circunstancia que hubiera impedido a los
demandantes acudir a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo oportunamente.

66. En este punto, la Sala debe indicar que, en casos relacionados con delitos de lesa
humanidad o con crímenes de guerra, el juez administrativo tiene el deber de verificar la
existencia de circunstancias que hayan impedido la presentación oportuna de la
demanda, en virtud de las reglas fijadas en la sentencia de unificación del 29 de enero
de 2020, proferida por la Sección Tercera de esta corporación, así como de lo establecido
por la Corte Constitucional con posterioridad a la expedición de dicha sentencia.

67. Las mencionadas reglas son las siguientes: primero, el término para demandar
establecido por el legislador resulta exigible, incluso, cuando se pretenda la declaración
de responsabilidad del Estado con ocasión de delitos de lesa humanidad o de crímenes
de guerra; segundo, salvo en casos de desaparición forzada, regulados expresamente
en la ley, dicho término debe computarse desde el momento en que los afectados
conocieron o debieron conocer la participación del Estado y advirtieron la posibilidad de
imputarle responsabilidad; y tercero, el término en cuestión no se aplica «cuando se
observ[e]n situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del
derecho de acción30» y, una vez estas sean superadas, aquel empezará a correr.

68. Ahora, en la sentencia T-044 de 2022, la Corte Constitucional se pronunció sobre
una demanda de tutela similar a la del presente caso31 y explicó que, si bien la Sección
Tercera de esta corporación guardó silencio frente a los efectos de la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020, debía entenderse que estos fueron retrospectivos,

29 Se advierte que, en virtud de lo dispuesto en la audiencia inicial, se exhortó a la Procuraduría General

de la Nación para que aportara la copia del expediente de la investigación disciplinaria iniciada contra
varios militares adscritos al batallón de infantería 32, «General Pedro Justo Berrío», del Ejército Nacional.
Sin embargo, en el expediente del proceso de reparación directa solo obra un escrito presentado el 14 de
mayo de 2021, mediante el cual dicho organismo de control informó que aportaría la copia del expediente
008-165316/2007.
30 Énfasis añadido.
31 En dicha demanda, se reclamó la protección de los derechos fundamentales de acceso a la

administración de justicia, a la igualdad, al debido proceso, a la integridad personal y a la reparación
integral. Estos se consideraron vulnerados a causa de la declaración de caducidad de las pretensiones de
reparación directa por la tortura y ejecución extrajudicial de varias personas en Hato de Corozal, Casanare,
con fundamento en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, dentro de un proceso iniciado en
2014.

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entre otras razones32, porque en la jurisprudencia constitucional se ha establecido que,
por regla general, «los cambios en el precedente judicial tienen efectos generales e
inmediatos».

69. Frente a esto último, la Corte agregó que, según la sentencia de unificación 406 de
2016, los cambios de precedente deben aplicarse de forma inmediata, es decir,
retrospectivamente, lo cual impone a los jueces el deber de valorar las circunstancias
particulares de cada caso en el que pretendan aplicar la modificación
jurisprudencial, «sobre todo cuando esta suponga imponer nuevas cargas
procesales, argumentativas o probatorias».

70. Por otro lado, en la sentencia de unificación 167 de 2023, la Corte Constitucional
estableció lo siguiente:

(i) [E]l plazo razonable de dos años para acudir a la jurisdicción no se cuenta
necesariamente desde el momento en que se produce el daño que origina el
perjuicio, sino desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la
participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de
imputarle responsabilidad patrimonial; (ii) la caducidad de la demanda de
reparación directa o la existencia de barreras en el acceso a la justicia debe
ser analizada por el juez contencioso administrativo competente,
atendiendo a las particularidades de cada asunto en concreto; y (iii) la
aplicación del fallo de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado
debe realizarse teniendo en cuenta la necesidad de readecuar el trámite para
brindar oportunidad a las partes de ajustarse a las nuevas cargas y posibilidades
procesales que este contiene33.

71. En virtud de lo expuesto, es claro que el precedente de esta corporación y de la Corte
Constitucional han coincidido en que, en casos relacionados con delitos de lesa
humanidad o con crímenes de guerra, el juez administrativo tiene el deber de verificar la
existencia de circunstancias que hayan impedido la presentación oportuna de la
demanda. Para esto, lógicamente, es necesario contar con medios probatorios
suficientes, lo cual se impidió en el presente caso, debido a la expedición de sentencia
anticipada, antes de la finalización del recaudo de las pruebas documentales decretadas
en la audiencia inicial.

72. Cabe resaltar que, de hecho, la necesidad de contar con medios probatorios
suficientes para evaluar la presentación oportuna de la demanda fue tomada en
consideración por esta Subsección, a efectos de ordenar la devolución del expediente al
juez de primera instancia en un caso relacionado con la violación de derechos humanos
y en el que se dictó sentencia anticipada34.

32 Las razones completas fueron las siguientes: «Primero, porque darle efectos retroactivos a las
sentencias de unificación es una práctica que está prima facie proscrita; segundo, porque, de acuerdo con
la jurisprudencia constitucional, la regla general es que los cambios en el precedente judicial tienen efectos
generales e inmediatos; tercero, debido a que, según la práctica jurisprudencial del Consejo de Estado,
los efectos prospectivos del cambio en el precedente judicial deben ser declarados explícitamente en la
respectiva providencia judicial; y, cuarto, porque, esa fue la intención de la mayoría de los miembros de la
Sala Plena de la Sección Tercera».
33 Énfasis añadido.
34 Se resalta que, mediante sentencia del 7 de marzo de 2025 (expediente 70943), esta Subsección

también dispuso la devolución del expediente por la falta de recaudo de medios probatorios suficientes, a
causa de la expedición de sentencia anticipada en una controversia contractual.

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73. En efecto, dicha orden se profirió mediante sentencia del 1° de septiembre de 202535,
con sustento en lo siguiente:

(…) [P]or tratarse de daños causados en un contexto de vulneraciones a los
derechos humanos, particularmente, en los que se alega haber sido víctimas de
desplazamiento forzado, lo que les impidió acudir dentro de término legal a
reclamar la reparación de los daños que sufrieron, se estima necesario contar
con la totalidad de las pruebas que fueron pedidas en la demanda y su
reforma, pero que no fueron practicadas por el juez de primera instancia.

(…)

(…) [D]ado que la Sala define en la presente causa que se debe recaudar todo
el material de prueba aducido, debido a que en el caso es necesario para
determinar la caducidad de la demanda de reparación directa y, que, por
tanto, no había lugar a dictar el fallo anticipado, deben agotarse todas las
etapas de la primera instancia, so pena de la configuración de una nulidad
procesal36.

74. Dicho lo anterior, la Sala concluye que, al haber descartado la presencia de
condiciones que justificaran el ejercicio tardío del derecho de acción sin finalizar el
recaudo de las pruebas documentales decretadas en la audiencia inicial, es decir, sin
contar con elementos de juicio suficientes, el Juzgado 33 Administrativo de Medellín no
verificó adecuadamente la existencia de circunstancias que hayan impedido la
presentación oportuna de la demanda —o, en otras palabras, que hayan significado una
barrera de acceso a la administración de justicia—. De ese modo, desconoció el
precedente contenido en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, proferida
por la Sección Tercera de esta corporación, así como en la sentencia T-044 de 2022 de
la Corte Constitucional37.

75. Dicha verificación inadecuada de circunstancias que hayan impedido la presentación
oportuna de la demanda fue mantenida y reproducida por la Sala Séptima de Oralidad
del Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual, en consecuencia, no solo desconoció
el precedente contenido en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 y en la
sentencia T-044 de 2022, sino en la sentencia de unificación 167 de 2023, proferida por
la Corte Constitucional.

76. Finalmente, cabe señalar que, si bien la demandante invocó un defecto
procedimental absoluto y una violación directa de la Constitución, las sentencias
cuestionadas evidenciaron la configuración de un defecto sustantivo y de un
desconocimiento del precedente de esta corporación y de la Corte Constitucional, por las
razones ya expuestas.

77. Con fundamento en todo lo explicado, se concluye que las autoridades judiciales
demandadas vulneraron los derechos fundamentales de la señora Quintero Moreno,

35 Proceso identificado con la radicación 05001-23-33-000-2019-02501-02 (68253).
36 Énfasis añadido.
37 Cabe indicar que, en la sentencia de unificación 380 de 2021, la Corte Constitucional explicó lo siguiente:

«el desconocimiento del precedente constitucional puede originarse en razón de la inaplicación de las
decisiones emitidas por [esa] Corporación en el marco del control abstracto de constitucionalidad o
concreto de revisión de tutelas. Dichos fallos hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza vinculante (…)
en su parte resolutiva (…) y, en ambos casos, las consideraciones de la ratio decidendi son obligatorias
para todas las autoridades públicas».

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motivo por el cual se revocará la decisión de primera instancia y, en su lugar, se
concederá el amparo constitucional solicitado por aquella. Como consecuencia, (i) se
dejarán sin efectos las sentencias proferidas por el Juzgado 33 Administrativo de
Medellín y por la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia en el
proceso, (ii) se ordenará a dicho juzgado finalizar el recaudo de las pruebas decretadas
en la audiencia inicial y (iii) se ordenará a ambas autoridades que profieran nuevamente
sus fallos. Al hacerlo, deberán: (a) aplicar el segundo inciso del literal i del numeral 2 del
artículo 164 del CPACA; (b) verificar si se emitió sentencia en los procesos penales
adelantados contra los militares detenidos por el homicidio y la desaparición forzada de
Luis Javier Moreno Cano, así como si los restos de este fueron identificados con certeza;
y (c) determinar si realmente no hubo circunstancias que impidieron la presentación
oportuna de la demanda, de conformidad con lo que resulte probado.

78. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Revocar la sentencia del 21 de agosto de 2025, proferida por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

SEGUNDO. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de Claudia Patricia Quintero Moreno.

TERCERO. Dejar sin efectos las sentencias del 10 de junio de 2022 y del 16 de julio de
2025, proferidas, respectivamente, por el Juzgado 33 Administrativo de Medellín y la Sala
Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia.

CUARTO. Ordenar al Juzgado 33 Administrativo de Medellín que finalice el recaudo de
los medios de prueba documentales decretados en la audiencia incial.

QUINTO. Ordenar al Juzgado 33 Administrativo de Medellín y a la Sala Séptima de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia que profieran nuevamente sus fallos.
Al hacerlo, deberán: (i) aplicar el segundo inciso del literal i del numeral 2 del artículo 164
del CPACA; (ii) verificar si se emitió sentencia en los procesos penales adelantados
contra los militares detenidos por el homicidio y la desaparición forzada de Luis Javier
Moreno Cano, así como si los restos de este fueron identificados con certeza; y (iii)
determinar si realmente no hubo circunstancias que impidieron la presentación oportuna
de la demanda, de conformidad con lo que resulte probado.

SEXTO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y eficaz.

SÉPTIMO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04561-01
Demandante: Claudia Patricia Quintero Moreno

autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de voto
VF

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