Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04583-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-04583-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04583-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04583-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
4 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-04583-00
Demandante ANDREA NATALIA HENAO VALENCIA
Demandado CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Temas Acción de tutela contra acto administrativo. Requisito de
procedencia de la acción de tutela. La subsidiariedad. Concurso
de méritos. Nombramiento en propiedad de servidor que solicitó
traslado sobre integrante de la lista de elegibles.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia, la acción de tutela
instaurada por la señora Andrea Natalia Henao Valencia, de conformidad con lo
dispuesto por el Decreto 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 24 de julio de 20251, la señora Andrea Natalia Henao Valencia instauró acción de
tutela, en nombre propio, contra el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo, acceso a cargos
públicos, igualdad y debido proceso, y a los principios del mérito, transparencia y
confianza legítima.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(sic para toda la cita)
«1. Tutelar mis derechos fundamentales de acceso al trabajo, acceso a cargos públicos, el
ingreso a la carrera administrativa, el mérito, transparencia, confianza legitima, igualdad,
debido proceso, fines del estado, principios, valores y objetivos que inspiran la
Constitución y el Estado colombiano, principios de la función pública.
2. Dejar sin efectos las resoluciones 021 y 035 de 2025 expedidas por el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Armenia.
3. Ordenar al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia, que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas, nombre en propiedad a Andrea Natalia Henao Valencia con
c.c. (…) como escribiente nominado de Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia,
conforme al principio del mérito y de confianza legitima, al encontrarse en primer lugar de
la lista de elegibles y cumplir los requisitos objetivos para el cargo.
4. Las demás derechos fundamentales y legales que considere el Honorable Despacho para
proteger mis derechos.
PRETENSION SUBSIDIARÍA. De confirmar las resoluciones 021 y 035 de 2025, expedidas
por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia; solicito se ordene al Juzgado 35
Laboral del Circuito de Bogotá, nombrarme en el cargo de escribiente de circuito grado
nominado en propiedad en la vacante definitiva que deje el señor Alexander Ardila Pedraza».
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
1
Índice 2 en Samai.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04583-00
Demandante: Andrea Natalia Henao Valencia
2.1. Mediante acuerdo CSJQUA17-425 de 2017, el Consejo Seccional de la
Judicatura del Quindío convocó a concurso de méritos para la provisión de
cargos de empleados de carrera de tribunales, juzgados y centros de servicios
del distrito judicial de Armenia y administrativo de Quindío.
2.2. La señora Andrea Natalia Henao Valencia participó en el concurso de méritos,
como aspirante al cargo de escribiente nominado de juzgado categoría circuito
para el distrito judicial de Armenia.
2.3. Mediante resolución CSJQUR21-141 de 21 de mayo de 2021, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Quindío conformó el registro seccional de
elegibles para el cargo de escribiente de juzgado de circuito nominado. La
tutelante ocupó el sexto puesto con 665,49 puntos.
2.4. Mediante resolución CSJQUR25-113 de 27 de marzo de 2025, se actualizó la
inscripción de la señora Andrea Natalia Henao Valencia en el registro
seccional de elegibles por reclasificación. La accionante obtuvo 718,27 puntos.
2.5. El 14 de marzo de 2025, el Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío
publicó el listado de aspirantes por sede, a fin de ocupar las vacantes
disponibles. Mediante acuerdo CSJQUA25-16 de 19 de marzo de 2025, se
conformó la lista de elegibles para proveer exclusivamente el cargo de
escribiente nominado del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia, en
el cual la señora Andrea Natalia Henao Valencia ocupó el primer lugar.
2.6. Mediante resolución CSJQUR25-103 de 27 de marzo de 2025, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Quindío profirió concepto favorable de traslado
en favor del señor Germán López Mejía como servidor de carrera del Juzgado
Primero Penal del Circuito para Adolescentes de Armenia al Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Armenia.
2.7. En oficio CJO25-2623 del 20 de mayo de 2025, la Unidad de Administración
de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura emitió concepto
favorable de traslado en favor del señor Alexander Ardila Pedraza como
servidor de carrera del Juzgado Treinta y Cinco Laboral del Circuito de Bogotá
al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia.
2.8. Mediante la resolución 021 de 12 de junio de 2025, el Juzgado Tercero Laboral
del Circuito de Armenia nombró como escribiente en propiedad al señor
Alexander Ardila Pedraza por concepto de traslado favorable.
En tal acto administrativo, la nominadora señaló que no tendría en cuenta el
puntaje de reclasificación, porque no todos los aspirantes al cargo tuvieron
oportunidad de solicitar la reclasificación. Por lo tanto, aseguró que «no es
posible realizar un juicio de comparación en condiciones de igualdad si se confrontan el
registro de elegibles inicial con el reclasificado». Agregó que, en todo caso, en los
actos administrativos de reclasificación los puntajes obtenidos en las pruebas
de conocimiento y psicotécnica no varían.
Seguido, la juez sostuvo que entre los tres aspirantes el señor Alexander Ardila
Pedraza destacaba por su puntaje de la prueba psicotécnica; la formación
académica, en tanto que es acorde a la especialidad a la que aspira; y la
experiencia laboral, puntualmente aquella que acreditó tener en la
especialidad laboral y de la seguridad social en cargos iguales o superiores al
de escribiente nominado circuito.
2.9. La señora Andrea Natalia Henao Valencia presentó recurso de reposición
contra la resolución 021 de 12 de junio de 2025. A través de la resolución 035
de 23 de julio de 2025, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia
resolvió desfavorablemente el recurso interpuesto.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04583-00
Demandante: Andrea Natalia Henao Valencia
3. Fundamentos de la acción
La tutelante reprochó el nombramiento del señor Alexander Ardila Pedraza
efectuada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia, pues en su
criterio tal decisión desconoció su derecho de acceso e ingreso a cargos públicos y
el principio del mérito, ya que en comparación con las personas que solicitaron el
traslado es la aspirante con el puntaje más alto.
Especificó que su puntaje actualizado al momento de presentar la opción de sede
fue de 708,27, mientras que el del señor Alexander Ardila Pedraza fue de 678,96.
Indicó que los puntajes obtenidos en el concurso público tienen como propósito
garantizar que los mejores calificados sean quienes ocupen los cargos públicos en
igualdad de condiciones. De ahí que tales resultados constituyen la única variable
objetiva que debe analizar el nominador, más aún si se considera que los traslados
horizontales solicitados en el caso no eran por situaciones de salud o seguridad.
A su vez, sostuvo que la nominadora tuvo en cuenta los títulos de pregrado y
posgrado. Por ende, consideró que la juez inobservó la naturaleza del cargo de
escribiente que corresponde al nivel auxiliar. De conformidad con el artículo 6 del
acuerdo PCSJA17-10780 de septiembre 25 de 2017, este tipo de cargos tienen
asignadas funciones complementarias que sirven de soporte a los niveles
superiores en la realización de los planes, programas y proyectos que se les
encomienden. Asimismo, de acuerdo con la norma en mención, para el cargo de
escribiente de juzgado únicamente se requiere dos años de educación superior en
derecho u otras áreas.
Por lo tanto, afirmó que no era razonable ni proporcional tener como criterio de
idoneidad el título de abogado y mucho menos la especialización, ni el área de
conocimiento de esta última, puesto que tales estudios no son criterios a considerar
para la evaluación de mérito de los cargos auxiliares, conforme a las reglas del
concurso. Aseguró que tal criterio es relevante para cargos de naturaleza
sustanciadora, mas no para los cargos que se encuentran en la categoría de
auxiliares. Por ende, reprochó que la juez haya asignado un puntaje adicional a la
especialización del señor Alexander Ardila Pedraza inobservando que los estudios
de posgrado no son un criterio calificable para los cargos auxiliares.
También, mencionó su desacuerdo con que la juez haya valido una capacitación
adicional del señor Alexander Ardila Pedraza posterior al 27 de octubre de 2017, sin
tener fundamento o conocimiento sobre cuáles fueron los documentos tenidos en
cuenta. Sostuvo que «si la intención de la señora juez era calificar objetivamente la capacitación
debió realizarla desde cero, puntuando todos los certificados en igualdad de condiciones, o en su
defecto tener en cuenta los puntajes que ostentaba cada ciudadano al momento de ingresar a la
carrera judicial».
Consideró que los actos administrativos relacionados con el nombramiento del
señor Alexander Ardila Pedraza desconocen los artículos 125 de la Constitución
Política y 156 de la Ley 270 de 1996, según los cuales el mérito es el fundamento
principal para el ingreso a la carrera administrativa; así como las sentencias de la
Corte Constitucional C-295 de 2002, T-488 de 2004 y T-962 de 2004, en las que se
ha sostenido que el puntaje superior prevalece al tener mayor mérito y la del 5 de
diciembre de 2018, radicado 25000-23-26-000-2017-00225-00 del Consejo de
Estado, Sección Tercera.
En suma, sostuvo que la nominadora evaluó los criterios de selección a
conveniencia, ignorando los parámetros establecidos por el Consejo Superior de la
Judicatura en la convocatoria pública y que al considerar factores distintos a los
resultados obtenidos en los concursos de méritos la juez incurrió en una violación
de sus derechos fundamentales.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04583-00
Demandante: Andrea Natalia Henao Valencia
Por otro lado, sostuvo que un factor a considerar es que los servidores que solicitan
un traslado ya disfrutan de la garantía a su derecho al trabajo al tener un empleo
asegurado y gozar de un mínimo vital. Ella, en cambio, tiene un futuro laboral
incierto, ya que se desempeña en un cargo en provisionalidad, lo cual implica que
a futuro se quedará cesante; situación que reviste gravedad si se considera que la
lista de elegibles pronto perderá vigencia y que ella es cabeza de hogar.
Finalmente, solicitó como medida provisional lo siguiente:
«Con la finalidad de evitar que se causen más daños como consecuencia de los hechos objeto
de estudio en el actual proceso, y para salvaguardar mis derechos fundamentales en discusión
y que se encuentran en amenaza de vulneración invoco el artículo 7° del decreto 2591 de
1991, al considerar urgente y necesario la suspensión de los efectos del acto administrativo
de nombramiento y posesión del señor Alexander Ardila Pedraza. Ya que la resolución de
nombramiento atenta gravemente contra el debido proceso administrativo, la igualdad, los
principios constitucionales del mérito - acceso a cargos públicos y demás derechos
referenciados en la presente acción tutelar.
De posesionarse el señor Alexander Ardila Pedraza, y salir avante esta tutela, generaría una
cadena de situaciones administrativas que afectarían a terceros de buena fe, que
posiblemente sean o ya estén nombrados en los cargos del Juzgado de origen y destino.
Además de ello podría generarse la publicación de la vacante que actualmente ocupa el señor
Ardila Pedraza sin resolver las pretensiones subsidiarias aquí propuestas generando en mí
una vulneración por hecho consumado».
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Mediante auto de 29 de julio de 2025, se admitió la acción de tutela interpuesta
por la señora Andrea Natalia Henao Valencia contra el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Quindío y el Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Armenia; se ordenó notificar como terceros con interés a las
personas que conformaron la lista de elegibles para el cargo de escribiente del
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia y a quienes conforman el
registro seccional de elegibles para el cargo de escribiente de juzgado de
circuito nominado; se negó la medida provisional solicitada; y se dispuso
efectuar las notificaciones correspondientes.
4.2. El Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío manifestó que adelantó
oportunamente todos los trámites para la provisión de la vacante del cargo de
escribiente del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia. Además,
señaló que, de conformidad con la Ley 270 de 1996, modificada por la Ley
2430 de 2024, artículos 131, 133, 134 y 167, corresponde a las autoridades
nominadoras decidir y efectuar el respectivo nombramiento. De manera que
en el caso la decisión sobre el nombramiento le corresponde a la jueza que
preside el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia.
Por lo tanto, solicitó se declare que de su parte no ha existido vulneración a
los derechos de la señora Andrea Natalia Henao.
4.3. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia solicitó la declaratoria
de improcedencia de la acción, porque la actora tiene a su alcance el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que incluso cuenta
con la posibilidad de solicitar medida cautelar de suspensión de los actos
administrativos.
A su vez, consideró que en el caso se presenta la carencia actual de objeto,
en tanto que el señor Alexander Ardila Pedraza se posesionó en el cargo de
escribiente el 1 de agosto de 2025.
De otra parte, aseguró que la escogencia se fundamentó en criterios objetivos,
como los expuestos por la Corte Constitucional en las sentencias T-159 de
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04583-00
Demandante: Andrea Natalia Henao Valencia
2017, C-295 de 2002 y T-488 de 2004 y por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado en la sentencia de 18 de abril de 2024 expediente 63001-2333-000-
2024-00004-01.
Además, indicó que en el acto administrativo en el que se nombró al señor
Alexander Ardila Pedraza se realizó un análisis comparativo de los
peticionarios de traslado y de la aspirante en lista de elegibles que ocupó el
primer lugar, tomando en consideración los siguientes aspectos: (i) puntaje
prueba de conocimientos, (ii) puntaje prueba psicotécnica, (iii) formación
académica, (iv) experiencia total, especial en laboral y de la seguridad social y
específica en el cargo de escribiente en la especialidad laboral y de la
seguridad social o cargos superiores.
Explicó que el señor Alexander Ardila Pedraza obtuvo una calificación total de
678,96 y la accionante 655,49. Precisó que, si bien esta última obtuvo un
puntaje de 708,27 en la reclasificación ocurrida en el año 2025, no se tomó tal
puntaje, porque «resulta inequitativo no computarle a quien ya ingresó a carrera con el
registro inicial de elegibles, (…) pues aquél jamás tuvo opción de reclasificación como si lo
hizo la accionante».
Aun así, indicó que en el acto administrativo en que resolvió el recurso de
reposición optó por analizar nuevamente los criterios de experiencia y
formación académica, pero atendiendo los argumentos de la recurrente, es
decir eliminando la especialidad. Tal análisis arrojó un empate entre la
tutelante y el señor Alexander Ardila Pedraza. Dada esa situación, se optó por
«la cuantificación total de los ítems evaluados, conforme a la reglamentación de las
convocatorias». De ese análisis obtuvo un mayor puntaje el señor Alexander
Ardila Pedraza.
Afirmó que no tiene ningún interés personal, familiar, ni de ninguna otra índole
en la designación de uno u otro de los candidatos.
4.4. El señor Alexander Ardila Pedraza informó que la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas lo reconoció como víctima del conflicto
armado por múltiples hechos victimizantes que afectaron gravemente su vida
y la de su núcleo familiar, entre ellos: el asesinato de dos hermanos, amenazas
de muerte contra toda su familia y el consecuente desplazamiento forzado.
Explicó que, justamente, uno de los motivos principales que lo llevaron a
solicitar el traslado a la ciudad de Armenia fue la necesidad de avanzar en el
proceso de reparación integral como víctima de desplazamiento forzado, a fin
de restablecer su arraigo familiar, laboral, educativo y social, el cual le fue
arrebatado como consecuencia de los hechos violentos sufridos en el pasado.
Afirmó que el traslado no solo representa una medida laboral, sino un paso
importante en la reconstrucción de su proyecto de vida, conforme al enfoque
diferencial y de derechos que orienta la atención a las víctimas del conflicto.
Aseguró que de conformidad con la jurisprudencia constitucional,
puntualmente las sentencias SU-250 de 2018 y T-282 de 2014, cuando existe
un conflicto entre derechos fundamentales debe realizarse una ponderación
adecuada que privilegie los derechos de las víctimas, más aún si la actuación
cuestionada constituye parte del proceso de reparación. En consecuencia, una
eventual revocatoria del nombramiento sin dicha ponderación constituiría una
regresión inconstitucional en materia de derechos humanos. El acto
administrativo de nombramiento no puede ser revocado sin antes analizar el
contexto de vulnerabilidad y victimización en el que aquel se encuentra.
Por consiguiente, afirmó que la eventual revocatoria del cargo sin considerar
debidamente su condición de víctima y el carácter reparador del traslado
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04583-00
Demandante: Andrea Natalia Henao Valencia
vulneraría los principios de buena fe, confianza legítima y especialmente el
derecho fundamental a la reparación integral consagrado en el artículo 90 de
la Constitución y desarrollado por la Ley de Víctimas.
Adicionalmente, sostuvo que es padre cabeza de hogar, responsable
económicamente de su hija menor de edad, su esposa y su madre, quienes
dependen exclusivamente del ingreso que percibe como escribiente de la
Rama Judicial. También manifestó que su trayectoria dentro de la Rama
Judicial siempre ha sido ejemplar y que reiteradamente ha sido valorado de
manera favorable mediante calificaciones de excelencia.
De otra parte, afirmó que la acción de tutela es improcedente, porque la
tutelante cuenta con un medio de defensa idóneo, como lo es el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho. Además, sostuvo que no se
demostró que el perjuicio alegado sea irremediable, ni se han acreditado
circunstancias que permitan considerar la tutela como mecanismo transitorio.
El hecho de que otro aspirante tenga mayor experiencia específica y formación
especializada es una razón objetiva, proporcional y motivada para el
nombramiento, conforme lo ha reconocido la Corte Constitucional en múltiples
decisiones.
Por otro lado, manifestó que el artículo 69 de la Ley 2430 de 2024 permite el
traslado cuando se cumplan los requisitos del cargo y exista concepto
favorable y que la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional reconoce que el traslado es un mecanismo legítimo para la
provisión de vacantes, sujeto a la evaluación objetiva de requisitos.
También indicó que el nominador judicial tiene facultad para elegir entre los
candidatos inscritos en la lista de elegibles, conforme a criterios objetivos, sin
que ello implique una vulneración al principio de mérito. Por ende, aquel puede
apartarse del primer lugar de la lista, siempre y cuando fundamente
objetivamente su decisión con base en experiencia específica, formación
profesional o desempeño.
Por ende, afirmó que el concurso de méritos no suprime la posibilidad de
valorar integralmente las calidades del aspirante ni obliga a nombrar al primer
candidato de la lista, si existen criterios válidos que soporten la decisión. De
hecho, indicó que el artículo 1 numeral 3 de la Ley 771 de 2002 permite que
se dé preferencia a solicitudes de traslado con concepto favorable. Agregó que
la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido reiterativa al señalar que los
traslados entre funcionarios judiciales con nombramiento en propiedad
prevalecen sobre listas de elegibles, siempre que se cumplan los requisitos
legales, como ocurrió en el caso.
A su vez, indicó que la existencia de un registro seccional de elegibles no
otorga un derecho subjetivo inmediato al nombramiento, sino una expectativa.
Y manifestó que en el caso la decisión estuvo debidamente motivada y que las
solicitudes de traslado fueron analizadas junto a la lista de elegibles en
igualdad de condiciones.
Por las razones expuestas, solicitó negar por improcedente la acción de tutela
interpuesta, al no existir vulneración de derechos fundamentales atribuible al
despacho judicial demandado, ni cumplirse los requisitos de subsidiariedad ni
de perjuicio irremediable.
4.5. El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de la
Carrera Judicial sostuvo que carece de legitimación en la causa por pasiva,
debido a que el nombramiento es decisión exclusiva del nominador, es decir
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04583-00
Demandante: Andrea Natalia Henao Valencia
de la juez tercera laboral del circuito de Armenia, conforme lo establece el
numeral 8° del artículo 131 de la Ley 270 de 1996. De ahí que no puede
intervenir ni tiene la competencia para decidir sobre el traslado a cargos
específicos dentro de los juzgados, ya que dicha decisión depende de la
autoridad nominadora.
En consecuencia, solicitó su desvinculación o la negativa el amparo solicitado
porque no afectó, desconoció ni vulneró ningún derecho fundamental.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales.
Sin embargo, la acción es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando
se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
Con base en los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala establecer si se
cumple con el requisito de subsidiariedad, en consideración a que la tutela persigue
dejar sin efectos los actos administrativos relacionados con el nombramiento del
señor Alexander Ardila Pedraza expedidos por el Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Armenia.
3. Requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela
3.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de
subsidiariedad. Esa norma dispone que la tutela «solo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable». A su turno, el artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 establece que la acción de tutela es improcedente cuando
existen otros medios de defensa judicial, a menos que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Según esas normas, la subsidiariedad hace referencia a que la acción de tutela
solo procede cuando no existen otros medios de defensa idóneos para
amparar los derechos fundamentales invocados; o siempre que ello sea
necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual
procederá como mecanismo transitorio de protección. De esta forma, se busca
que los mecanismos ordinarios de defensa para la protección de los derechos
no sean desplazados o suplantados por la acción de tutela.
Así las cosas, la tesis de la Sección consiste en que, por regla general, cuando
existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es procedente la acción
de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se
definen en función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las
que se encuentra el solicitante. También debe analizarse la existencia o no de
un perjuicio irremediable, en los términos del numeral 1º del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
En ese sentido, el juez de tutela tiene la potestad de valorar las circunstancias
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04583-00
Demandante: Andrea Natalia Henao Valencia
particulares de cada caso y determinar si la acción es procedente; o si, por el
contrario, existen otros medios que permiten satisfacer los derechos
fundamentales del actor.
Sobre el requisito de subsidiariedad, la Corte Constitucional ha manifestado:
«La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones
de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro
mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección
del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un
mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar
el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción
de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción
de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para
alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del
actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin
de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una
plena protección de sus derechos esenciales (…)» 2.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe
probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente.
3.2. Ahora bien, con fundamento en el requisito de la subsidiariedad, la
jurisprudencia de las altas cortes ha concluido que, por regla general, esta
acción es improcedente cuando se pretende controvertir actos administrativos,
puesto que el interesado puede o pudo discutir su contenido a través de los
distintos medios de control consagrados en el ordenamiento jurídico,
dependiendo de la naturaleza del acto, sea general o particular.
4. Análisis del caso
4.1. Explicado lo anterior, la Sala considera que no se cumple con el requisito de
subsidiariedad, porque en el caso existen mecanismos de defensa para
controvertir los actos administrativos relacionados con el nombramiento del
señor Alexander Ardila Pedraza. Por una parte, el medio de control de nulidad
electoral consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, según el cual
«Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o por
cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y
autoridades públicas de todo orden»; y por la otra, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho regulado en el artículo 138 de la Ley 1437 de
2011 así: «Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una
norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso
o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño».
Recientemente, en sentencia de 29 de mayo de 20253, esta Sección resolvió
una acción de tutela en la que también se controvertía el acto administrativo
de nombramiento de un servidor judicial que solicitó su traslado y el que aceptó
el traslado. En esa oportunidad, la Sala consideró que no se cumplía con el
requisito de subsidiariedad, puesto que la tutelante podía acudir a los
mecanismos de defensa judiciales dispuestos en el ordenamiento jurídico,
como el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y el de
nulidad electoral, para controvertir tales actos administrativos.
Asimismo, en sentencia T-156 de 2024 la Corte Constitucional consideró que
el acto administrativo de nombramiento dictado en el marco de un concurso
2
Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992.
3
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 29 de mayo de 2025. Radicado: 11001-03-15-000-2025-02448-00.
Demandante: Sonia Maritza Rojas Valero.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04583-00
Demandante: Andrea Natalia Henao Valencia
de méritos puede ser controvertido a través de los medios de control
establecidos en la Ley 1437 de 2011:
«la accionante reprocha los diferentes actos administrativos que dieron lugar al nombramiento
de la señora (…) -específicamente, se trata de la Resolución 13 del 11 de diciembre 2018 y el
acta de posesión del 31 de enero de 2019, ambas del Tribunal Superior de Medellín-. (…)
Estos actos son susceptibles de control mediante los medios de control de nulidad y
restablecimiento del derecho (…). En concreto, la accionante considera que estos se
profirieron con diferentes irregularidades, causal que se enmarca dentro de los supuestos de
nulidad del artículo 137 del CPACA, según el cual la nulidad “procederá cuando hayan sido
expedidos (…) en forma irregular”.
(…) es posible indicar que la pretensión subsidiaria de la acción de tutela, relativa al
nombramiento en un cargo equivalente, también puede ser adelantada ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo. Esta discusión se relaciona con un debate sobre la legalidad del
acto administrativo y las condiciones en las que este debía emitirse, debate que es propio del
juez de la jurisdicción de lo contencioso administrativo».
4.2. Con todo, es preciso observar que se pueden presentar casos excepcionales
en los que a pesar de la existencia de otro medio de defensa judicial es posible
que la tutela proceda como mecanismo transitorio. Y esto obedece a que la
existencia de un medio judicial ordinario no necesariamente significa la
improcedencia de la acción de tutela.
Sin embargo, en el caso no se configuran tales eventos excepcionales, debido
a que los medios de control de nulidad electoral y de nulidad y restablecimiento
del derecho son idóneos y eficaces para resolver las inconformidades
mencionadas por la tutelante. Para la Sala, estos resultan eficaces para la
defensa del derecho invocado en el escrito de tutela, porque el legislador,
justamente, creó esas vías procesales para cuestionar la legalidad de esa
clase de actos administrativos; y porque en este la parte actora cuenta con las
garantías y herramientas que le provee el debido proceso que caracteriza el
proceso judicial.
Estos medios de control, además, posibilitan el empleo de medidas cautelares,
como la suspensión provisional del acto. Gracias a los cambios introducidos
en la Ley 1437 de 2011, tales medidas garantizan celeridad y mayor campo
de valoración para el juez contencioso administrativo. De manera que en el
supuesto de que existiera un perjuicio de vasta magnitud las medidas
cautelares garantizan la idoneidad y celeridad del medio de control referido.
Sobre el tema, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado sostuvo lo siguiente:
«i) lo que ahora se discute a través de la acción de tutela se podrá discutir promoviendo el
proceso de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que: ii) que
la suspensión provisional del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia protectora que
la acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al iniciar el proceso, b) procede
para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción que se exige para
suspender el acto administrativo ya no tiene el rigor y la exigencia del pasado: que sea
ostensible; de hecho se puede hacer un estudio complejo para concluirlo» 4.
Además de tratarse de mecanismos eficaces e idóneos, en los cuales se
puede solicitar medidas cautelares, en el caso no existe un perjuicio
irremediable en los términos dispuestos por la jurisprudencia constitucional, es
decir una afectación grave, inminente y que requiera medidas impostergables.
Esto obedece a que la accionante continúa en el registro de elegibles y, por lo
tanto, su nombramiento se puede hacer efectivo en cualquier momento, una
vez se produzca una vacante en algún juzgado.
4
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de marzo de 2014. Radicado 25000-
23-42-000-2013-06871-01. Demandante: Gustavo Francisco Petro Urrego. Demandado: Procuraduría General de la
Nación.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04583-00
Demandante: Andrea Natalia Henao Valencia
Por lo tanto, se considera que en el caso no se configuran las condiciones
necesarias para que la tutela proceda como mecanismo transitorio. Ni existe
un perjuicio que cumpla con las características dispuestas por la jurisprudencia
constitucional para ser considerado como irremediable ni se advierte la falta
de idoneidad o ineficacia de los medios de control mencionados. A causa de
lo anterior, se debe concluir que no existe razón válida que permita la
procedencia excepcional de la tutela en el caso.
4.3. Finalmente, es importante recordar que es imperativo que se cumplan con
rigor cada uno de los requisitos de procedencia de la acción de tutela,
incluyendo el de subsidiariedad. Si estos no se cumplen no hay lugar a estudiar
el asunto de fondo, escenario último en el que se determinaría si las
autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales alegados por
la parte actora.
5. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala concluye que no se satisface el requisito de
subsidiariedad de la acción de tutela, dada la existencia de otros mecanismos
judiciales de defensa para cuestionar los actos administrativos de que trata la
presente acción, a lo que se suma que no se configuran las condiciones necesarias
para que la tutela proceda como mecanismo transitorio.
En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por la señora
Andrea Natalia Henao Valencia, dadas las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente decisión, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.