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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 63001-23-33-000-2024-00004-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 63001-23-33-000-2024-00004-01

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 63001-23-33-000-2024-00004-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia. En su lugar: 2. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a cargos públicos y el principio del mérito del señor Carlos Andrés Ocampo. En consecuencia, se dispone: 12 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13 de diciembre de 2023, Exp. 1001-03-25- 000-2016-00753-00 (3443-2016), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. 17 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 63001-2333-000-2024-00004-01 Demandante: Carlos Andrés Ocampo Gómez 3. Dejar sin efectos las Resoluciones 035 y 036 del 9 de octubre de 2023 y 044 y 045 del 24 de noviembre de 2023, expedidas por el Juzgado Séptimo Administrativo de Armenia. 4. Ordenar al Juzgado Séptimo Administrativo de Armenia que, en el término de cinco días, contados a partir de la notificación de esta decisión, dicte nuevos actos administrativos, en los que tenga en cuenta las consideraciones aquí expuestas, en especial los criterios objetivos señalados en la Ley 270 de 1996, artículo 134, numeral 3; en la sentencia C-295 de 2002 de la Corte Constitucional y el artículo 22 del Acuerdo No. PCSJA17-10754 de 2017. 5. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 7. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 63001-23-33-000-2024-00004-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

18 de abril de 2024

Radicado: 63001-2333-000-2024-00004-01
Demandante: Carlos Andrés Ocampo Gómez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 63001-2333-000-2024-00004-01
Demandante: CARLOS ANDRÉS OCAMPO GÓMEZ
Demandado: JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DE ARMENIA

Temas: Contra actos de nombramiento. Elección entre solicitudes de
traslado y miembros de lista de elegibles. Ampara

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la sentencia
del 25 de enero de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo del Quindío, que declaró
improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 11 de enero de 20241, en ejercicio de la acción de tutela y a nombre propio, Carlos
Andrés Ocampo Gómez pidió la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, al trabajo, de acceso a cargos públicos y al mínimo vital, así
como los principios del mérito, la confianza legitima, la buena fe, la seguridad jurídica,
el Estado social de derecho, la prevalencia del interés general sobre el particular, y los
principios que orientan la función administrativa.

A juicio del actor, la vulneración se presenta con ocasión de los actos administrativos
que nombraron en el cargo de Profesional Universitario Grado 16 en el Juzgado
Séptimo Administrativo de Armenia a empleados que estaban en carrera judicial y
solicitaron traslado y no al demandante, que ocupaba el primer puesto en la lista de
elegibles.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso administrativo, la igualdad, el
acceso a cargos públicos, mínimo vital, al trabajo, y los principios constitucionales del mérito, la
confianza legitima, la buena fe, la seguridad jurídica, el Estado social de derecho, la prevalencia
del interés general sobre el particular, y los principios que orientan la función administrativa.
2. Dejar sin efectos o modificar los actos administrativos de nombramiento 035 y 036 del 09 de
octubre del 2023 emitidos por el Juzgado Séptimo Administrativo de Armenia.
3. Una vez dejado sin efectos o modificados los actos administrativos referidos en antecedencia,
se proceda a nombrarme en el cargo de profesional universitario grado 16 de juzgado
administrativo en el Juzgado Séptimo Administrativo del circuito de Armenia, por encontrarme en
el primer lugar de la lista de elegibles, cumpliendo con los requisitos de carácter objetivo para
posesionarme en el cargo.
4. Las demás que el despacho considere pertinentes para evitar que se continúen vulnerando
mis derechos fundamentales

1 Índice 1 de Samai.

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Demandante: Carlos Andrés Ocampo Gómez

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío, mediante Acuerdo No. CSJQUA17-
425 de 2017, abrió convocatoria para la provisión de los cargos de empleados de
carrera de tribunales, juzgados y centros de servicios del distrito judicial de Armenia y
del Quindío.

El señor Carlos Andrés Ocampo Gómez concursó para el empleo de Profesional
Universitario, Grado 16, de juzgados administrativos.

Mediante Resolución No. CSJQUR21-158 del 24 de mayo de 2021, el señor Ocampo
Gómez ocupó el sexto lugar de la lista de elegibles con 645.27 puntos.

Luego, mediante Resolución No. CSJQUR22-156 del 30 de marzo de 2022, el Consejo
Seccional de la Judicatura del Quindío actualizó el registro seccional de elegibles para
proveer el cargo de Profesional Universitario, Grado 16, de juzgados administrativos y
le asignó al señor Carlos Andrés Ocampo Gómez el nuevo puntaje de 742,38.

El 10 de febrero de 2023, el Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío publicó
listado de aspirantes a ocupar las vacantes disponibles. El señor Ocampo Gómez
ocupó el primer lugar para el empleo de Profesional Universitario, Grado 16, en el
Juzgado Séptimo Administrativo de Armenia en donde había 2 vacantes.

También se dejó constancia de que se encontraban en trámite solicitudes de traslado
para ese empleo de servidores de ese distrito judicial y de otros distritos judiciales.

El 25 de septiembre de 2023, el Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío envió
al Juzgado Séptimo Administrativo de Armenia el Acuerdo No. CSJQUA23- 10 por el
cual formulaba lista de elegibles y 7 conceptos favorables de traslado (entre ellos, Lina
María Díaz Duarte y Darío Ernesto Martínez Jurado) para que proveyera en propiedad
2 cargos de Profesional Universitario, Grado 16.

Por correo electrónico del 26 de septiembre de 2023, el Juzgado Séptimo Administrativo
de Armenia requirió a los empleados que habían solicitado traslados con concepto
favorable y a los aspirantes de la lista de elegibles para que, en el término de 2 días,
enviaran sus hojas de vida con los respectivos anexos y copia de los actos
administrativos donde constara el puntaje obtenido en la prueba de conocimientos
presentada por cada uno.

Mediante las Resoluciones No. 035 y 036 del 9 de octubre de 2023, el Juzgado Séptimo
Administrativo de Armenia acogió el concepto favorable de traslado emitido por el
Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío y nombró en propiedad a Lina María
Díaz Duarte y Darío Ernesto Martínez Jurado en el cargo de Profesional Universitario
Grado 16.

El señor Ocampo Gómez presentó recurso de reposición en contra de los actos
administrativos.

Mediante las Resoluciones No. 044 y 045 del 24 de noviembre de 2023, el Juzgado
Séptimo Administrativo de Armenia resolvió de manera negativa los recursos
interpuestos. Los actos administrativos fueron notificados en la misma fecha a través
de correo electrónico a los interesados.

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4. Fundamentos de la acción de tutela

Sobre la procedencia de la acción de tutela. El demandante manifestó que la
solicitud de amparo cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra actos administrativos, en especial, sobre subsidiariedad, señaló que si
bien, en principio, podía acudir a la nulidad y restablecimiento del derecho para
controvertir los actos cuestionados, era cierto que ese mecanismo no cumplía con los
requisitos de idoneidad y eficacia.

Que, en efecto, la Corte Constitucional, en sentencia T-059 de 2019, señaló que los
mecanismos existentes en la jurisdicción contencioso-administrativa no son eficaces,
por ejemplo, cuando la lista de elegibles pierda vigencia de manera pronta. Que, en su
caso, la lista de elegibles se encuentra vigente desde el 17 de junio de 2021 y hasta el
17 de junio de 2025.

Que, aunque en el proceso ordinario podía solicitar medidas cautelares, eran limitadas
en comparación con las que un juez de tutela puede adoptar para garantizar la
protección inmediata de derechos fundamentales. Que, por ejemplo, las medidas
cautelares en el proceso ordinario no podrían impedir el vencimiento de la lista de
elegibles y que, por tanto, no se evitaría la configuración del perjuicio irremediable.

En cuanto al fondo del asunto. El actor sostuvo que los actos administrativos que
optaron por nombrar en propiedad en el cargo de Profesional Universitario, Grado 16,
a personas que habían solicitado traslado, y no a quien integraba la lista de elegibles
desconocieron los criterios objetivos para efectuar nombramientos y, por lo tanto,
violaron los derechos fundamentales al debido proceso, al mérito, de acceso a cargos
públicos y al mínimo vital.

Concretamente, el actor expuso como razones de la vulneración las siguientes:

(i) En los actos se descartó la ponderación de parámetros objetivos, porque no usó
como referente de comparación los puntajes obtenidos en el concurso público de
méritos bajo el argumento de tratarse de convocatorias diferentes. Que eso desconoce
que los concursos de méritos son un mecanismo de promoción de los principios de
igualdad e imparcialidad que garantiza la participación de los concursantes en igualdad
de condiciones y que los mejores calificados sean quienes ocupen los cargos públicos

(ii) Que su puntaje al momento de postularse al cargo era de 742,38 mientras que los
puntajes con los que Lina María Duarte y Darío Ernesto Martínez ingresaron a la carrera
judicial fueron de 651,48 y 734,13, respectivamente.

(iii) Que al apartarse del puntaje de la calificación del concurso y revisar la experiencia
de los postulados fue puesto en una condición de desventaja por su edad.

(iv) Que lo expuesto en las Resoluciones 035 y 036 de 2023 contradice lo establecido
por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PCSJA17-10754 del 18 de
septiembre de 20172 que en el artículo 22 señala que son deberes de los nominadores
tener en cuenta los factores objetivos como la evaluación de servicios y los resultados
obtenidos en los concursos públicos para el acceso a la Rama Judicial al momento de
valorar las solicitudes de traslados de los servidores de carrera. Que eso hizo que los
actos administrativos cuestionados fueran expedidos sin la motivación suficiente y en
contra vía de la normatividad aplicable.

(v) Que, al resolver los recursos de reposición, la nominadora señaló que la
comparación no podía hacerse con el resultado de la reclasificación del recurrente
porque eso ponía en desventaja a quienes por haber ocupado desde el inicio los

2 “Por el cual se compilan los reglamentos de traslados de los servidores judiciales y se dictan otras disposiciones

en la materia”
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Demandante: Carlos Andrés Ocampo Gómez

mejores puestos fueron nombrados antes de poder reclasificar. Que, sin embargo, ese
argumento desconocía la ley estatutaria de Administración de Justicia que autoriza que
los aspirantes actualicen su información para acreditar la más alta idoneidad para un
cargo al momento de postularse.

(vi) Que los actos también desconocieron que las personas que han solicitado traslado
tienen su mínimo vital asegurado, al ocupar en propiedad sus respectivos cargos
mientras que quienes se encuentran en lista de elegibles aun no acceden a la carrera
judicial.

Que Lina María Díaz Duarte y Darío Ernesto Martínez Jurado pese a ocupar el empleo
de Profesional Universitario, Grado 16, en carrera en los Juzgados Tercero
Administrativo de Armenia y Pereira, respectivamente, se encontraban (de manera
previa y posterior al traslado) ocupando empleos, en encargo, en el Tribunal
Administrativo del Quindío. Que, además, el señor Martínez Jurado se encuentra en el
curso de formación judicial para el cargo de Magistrado de Tribunal Administrativo.

Que eso pone en evidencia que no tienen vocación de permanencia y no aportarían sus
conocimientos y experiencia en el Juzgado Séptimo Administrativo de Armenia, pues
una vez posesionados en el Juzgado que aceptó su traslado, les fue concedida licencia
para que, nuevamente, ocuparan empleos de mayor jerarquía en Tribunal
Administrativo del Quindío, por lo que esos empleos quedan vacantes de forma
temporal y deben ser provistos en provisionalidad, quebrantando la finalidad del
concurso de méritos.

Finalmente, adujo que es padre de una menor de 4 meses y cabeza de hogar. Que
pese a desempeñarse como personero del municipio de Calarcá́ , el periodo culmina el
29 de febrero de 2024 y a partir de esa fecha quedará cesante porque no se encuentra
en la lista de elegibles para continuar en ese empleo y que tampoco cuenta con otra
expectativa laboral.

5. Intervenciones

La juez séptima administrativo de Armenia pidió que se declarara improcedente la
solicitud de amparo por no cumplir el requisito de subsidiariedad. Que el demandante
puede cuestionar los actos administrativos a través del medio de control
correspondiente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Que, en todo caso, para resolver la controversia también debían considerarse las
Resoluciones No. 044 y 045 de 2023 que resolvieron los recursos de reposición
presentados por el demandante en contra de las Resoluciones 035 y 036 de 2023,
respectivamente, porque los argumentos de la acción de tutela son similares a los ya
estudiados al desatar los recursos de reposición.

Que para determinar quiénes serían nombrados en las dos vacantes de Profesional
Universitario, Grado 16, existentes, ese despacho realizó un análisis objetivo de las
hojas de vida y concluyó que las personas con mayor aptitud para desempeñar los
cargos eran quienes contaban con mayor experiencia y formación relacionadas con el
cargo. Que ese análisis estaba ajustado a las sentencias T-962 de 2004, T-488 de 2004
y T-947 de 2012, que, según dice, señalan que la labor del nominador, cuando
concurren para un nombramiento la lista de elegibles y solicitudes de traslado, es hacer
un análisis objetivo teniendo como soporte las hojas de vida de los aspirantes.

Además, informó que concedió licencias no remuneradas a Lina María Díaz Duarte y
Darío Ernesto Martínez Jurado, a partir del 17 de enero de 2024, para desempeñar
otros cargos en la Rama Judicial, que, por lo tanto, esos cargos quedaron vacantes de
forma temporal y fueron provistos en provisionalidad con nombramientos de Paola
Andrea Osorio Rincón y Elisa María Gómez Rojas.
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Demandante: Carlos Andrés Ocampo Gómez

Mediante memorial del 16 de abril de 20243, la juez informó que Carlos Andrés Ocampo
Gómez y Karent Jackeline Cabrera Tamayo se encontraban registrados en el listado de
aspirantes por sede, optando para el Cargo de Profesional Universitario Grado 16 del
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Armenia y que esa situación
desvirtuaba la vulneración de derechos fundamentales de esas personas porque así se
impide el vencimiento de la lista de elegibles.

Insistió en que la actuación desplegada por esa autoridad para el nombramiento en
propiedad de los dos empleos de Profesional Universitario Grado 16 fue ajustada a la
Ley 270 de 1996 y que la legalidad de los actos administrativos debe ser debatida ante
el juez natural del asunto.

Que el demandante se encuentra adelantando la conciliación extrajudicial como
requisito de procedibilidad para promover la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho.

Lina María Díaz Duarte pidió que se declarara improcedente la acción de tutela por
incumplir el requisito de subsidiariedad, porque el demandante contaba con otro
mecanismo de defensa judicial y tampoco había acreditado la configuración de un
perjuicio irremediable.

Que el puntaje de 651,48 con el que ingresó a la carrera judicial corresponde a la prueba
de conocimientos, experiencia adicional, docencia, capacitaciones, publicaciones y una
entrevista, última que no fue practicada en la convocatoria en la que participó el señor
Ocampo Gómez a quien le fue practicada prueba psicotécnica.

Que, por lo anterior, el puntaje del registro de elegibles no es un criterio objetivo de
mérito para realizar la comparación, sumado a que las escalas de medición son
disímiles.

Que, si en gracia de discusión se aceptara comparar puntajes, esa comparación debía
hacerse respecto del puntaje obtenido en la prueba de conocimientos, caso en el cual
su resultado es de 490,39 puntos, mientras que el del demandante es de 455,10.

Que los puntajes comparables son los iniciales del demandante, que fue de 645,27
puntos, y el suyo fue de 651,58, que no puede usarse el puntaje obtenido de la
reclasificación del demandante porque quienes ya ingresaron a la carrera judicial no
tienen la posibilidad de que les sean sumados puntos por experiencia y capacitación
adicional.

Que los criterios objetivos mencionados en el Acuerdo PCSJA17-10754 del 28 de
septiembre de 2017 son meramente enunciativos.

El apoderado de Darío Ernesto Martínez Jurado solicitó que se declarara
improcedente la solicitud de amparo porque el señor Ocampo Gómez se encuentra
facultado para acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho máxime
cuando no estaba probado que ese mecanismo ordinario careciera de idoneidad y
eficacia ni se encuentra probada la inminencia de la configuración de un perjuicio
irremediable.

Que el nominador realizó los nombramientos con base en criterios objetivos y cotejando
las hojas de vida, situación que le permitió determinar quién era el postulante más
idóneo. Que ese actuar no fue arbitrario o irregular, sino propio de práctica habitual y
permitida.

3 Índice 9 de Samai en segunda instancia
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Demandante: Carlos Andrés Ocampo Gómez

Paola Andrea Osorio Rincón (tercera vinculada por haber sido nombrada en
provisionalidad en el cargo de profesional universitario grado 16) reclamó que se
declarara improcedente la acción de tutela o se denegaran las pretensiones. Explicó no
se cumplía el requisito de subsidiariedad porque el demandante podía debatir la
legalidad de los actos administrativos cuestionados a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho y tampoco se demostraba la inminencia en la
configuración de un perjuicio irremediable que habilitara la procedencia transitoria.

Que no existe norma que imponga el deber de proveer los cargos que se encuentran
en vacancia temporal con nombramientos de personas que se encuentren en la lista de
elegibles.

Elisa María Gómez Rojas (tercera vinculada por haber sido nombrada en
provisionalidad en el cargo de profesional universitario grado 16) dijo que la acción de
tutela era improcedente porque el demandante contaba con otros mecanismos de
defensa judicial que no habían sido utilizados y en los que podía solicitar el decreto de
medidas cautelares. Que tampoco se advertía la existencia de un perjuicio irremediable,
sumado a que el demandante podía optar por un cargo que se encontrara en vacancia
definitiva como el del Juzgado Tercero Administrativo de Armenia.

En cuanto a su nombramiento en provisionalidad, señaló que cumplía con los requisitos
para ocupar el cargo de Profesional Universitario, Grado 16, y que no existía disposición
legal que impusiera el deber de proveer cargos en vacancia temporal conforme a las
listas de elegibles vigentes.

Karen Jackeline Cabrera Tamayo (tercera vinculada por ocupar el segundo puesto en
la lista de elegibles para ocupar en el cargo de profesional universitario grado 16) pidió
ser reconocida como coadyuvante del demandante. Dijo que también había sido
vulnerado su derecho fundamental al debido proceso porque su hoja de vida no había
sido estudiada, a pesar de que contaba con 24 años de experiencia profesional.

6. Sentencia impugnada

El Tribunal Administrativo del Quindío, mediante sentencia del 25 de enero de 2024,
declaró improcedente la solicitud de amparo por no cumplir el requisito de
subsidiariedad.

Explicó que no se encontraba acreditada la falta de idoneidad y eficacia del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho. Que la Corte Constitucional ha fijado
una línea jurisprudencial pacífica y uniforme sobre la procedencia de la acción de tutela
en el marco del desarrollo del concurso de méritos consistente en que, por regla
general, la acción de tutela no es el mecanismo judicial de protección previsto para
controvertir los actos proferidos en el marco de un concurso de méritos, cuando estos
son susceptibles de ser demandados ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

Que, en el caso del demandante, el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho resultaba no sólo idóneo sino eficaz.

Sobre la idoneidad dijo que a través del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho el demandante podía pedir la revisión de constitucionalidad y de legalidad
de los actos administrativos mediante los cuales la titular del Juzgado Séptimo
Administrativo de Armenia no proveyó́ en propiedad el cargo vacante de Profesional
Universitario, Grado 16, de la lista de elegibles vigente, sino que lo hizo por traslado de
personas que ocupaban ese mismo cargo en carrera judicial, y que podía, incluso, pedir
como medida cautelar la suspensión provisional de los actos administrativos con
fundamento en los artículos 229 y 230 del CPACA.

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En cuanto a la eficacia del medio de control para resolver el asunto con celeridad,
señaló que el cargo al que aspira el actor no es de aquellos de periodo constitucional o
legal, sino que obedece a un cargo en carrera judicial de empleados judiciales en donde
la lista de elegibles se encuentra en firme y con vigencia hasta el 16 de junio de 2025,
de lo cual se infiere que no está́ próxima a vencerse.

Que, en todo caso, con el traslado de Lina María Díaz Duarte del Juzgado Tercero al
Séptimo Administrativo de este Circuito se abría la posibilidad de una nueva vacante
en el cargo de idéntica denominación para el cual el actor se encuentra de primero en
la lista de elegibles por sede.

Que tampoco advertía la posible configuración de un perjuicio irremediable que hiciera
procedente de manera transitoria la acción de tutela porque la terminación de su vínculo
como personero de Calarcá y ser padre de una menor de edad son situaciones que no
alcanzan a ubicarlo en una situación de vulnerabilidad manifiesta o de extrema
debilidad que advierta la configuración de los elementos del perjuicio que haga perder
idoneidad y eficacia al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
sobre todo porque el actor todavía se mantenía en el cargo de personero .

Que la terminación del periodo como personero el 29 de febrero de 2024, se trataba de
una situación a la que se exponen las personas cuando finalizan una relación laboral,
que la posibilidad de desempleo es un hecho futuro e incierto en cuanto a que podrá́ o
no emplearse rápidamente. Que, con todo, una vez efectuada la publicación, podía
optar por la vacante en el cargo de Profesional Universitario grado 16 que ocupaba Lina
María Díaz Duarte en el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia o
incluso podría ejercer la profesión liberal de abogacía y citó SU-691 de 2017.

7. Impugnación

La parte demandante y la coadyuvante impugnaron la sentencia de primera instancia.

El señor Ocampo Gómez señaló que la acción de tutela era procedente y cumplía el
requisito de subsidiariedad. Para eso reiteró los argumentos sobre la falta de eficacia e
idoneidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y las medidas
cautelares en comparación con las facultades del juez de tutela.

Dijo que siguiendo las sentencias T-059 de 2019 y T-443 de 2022 la tutela era
procedente, porque estaba siendo obstaculizado el nombramiento en el cargo de quien
ocupaba el primer lugar en la lista de elegibles y que esa lista estaba próxima a
vencerse. Que el mínimo vital suyo y de su familia dependían del nombramiento en
propiedad en el cargo de Profesional Universitario, Grado 16.

Que se debía revisar si se había configurado una nulidad procesal por no vincular a los
consejos seccionales que solicitó en el escrito de tutela, pues esa situación implicaría
la pérdida de competencia del Tribunal de primera instancia para resolver la acción de
tutela.

Que, además, el Tribunal Administrativo del Quindío se debió declarar impedido para
fallar porque las personas nombradas por traslado trabajan actualmente en ese cuerpo
colegiado.

Que no es cierto que la vacante que deja Lina María Díaz Duarte en el Juzgado Tercero
Administrativo de Armenia le asegure el acceso a la carrera judicial porque se debe
postular sin que eso implique que lo vayan a nombrar.

Que por ser el primero en la lista de elegibles y contar con el mayor puntaje tiene
derechos adquiridos. Que se debe considerar que los actos administrativos
cuestionados favorecieron a personas que ya se encuentran en carrera judicial y, en
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consecuencia, tienen garantizado su mínimo vital, mientras que quienes se encuentran
en lista de elegibles aún no alcanzan esa garantía.

Que no existe razón para no considerar el puntaje obtenido al momento de ingresar a
la Rama Judicial y que no se deben excluir sin motivos fundamentados.

Además, hizo referencia a la sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta del 1º
de junio de 20174 que dice, resaltó la «necesidad de hacer prevalecer el derecho a acceder
a la carrera judicial de quien en el concurso de méritos respectivo obtuvo, a título de ejemplo,
un puntaje total de 600, frente al derecho al traslado de un servidor judicial que al momento de
ingresar a la carrera obtuvo, igualmente a título de ejemplo, un puntaje total de 300».

Por su parte, la coadyuvante dijo que el proceso ordinario no era un mecanismo idóneo
y eficaz porque mientras se resolvía la controversia, la lista de elegibles perdería
vigencia (15 de junio de 2025) y, en consecuencia, la posibilidad de acceder a la carrera
judicial por virtud del mérito desaparecería.

Señaló que el derecho fundamental al debido proceso también se veía afectado por los
actos administrativos cuestionados en sede de tutela, en especial porque su hoja de
vida no fue analizada por la nominadora. Que no es cierto que puedan optar por los
cargos que resultaron vacantes producto del traslado de quienes fueron nombrados
porque uno de ellos hace parte de un circuito judicial diferente.

Que la juez séptima administrativa de Armenia aceptó el traslado de dos personas que
no tienen vocación de continuidad en el despacho, porque ocupan cargos de mayor
jerarquía en el Tribunal Administrativo del Quindío.

En escritos del 5 y 6 de marzo de 2024, los impugnantes pidieron que se aplicara la
sentencia del 12 de diciembre de 20235, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, que, a su juicio, señala la prevalencia de los derechos de
quienes integran la lista de elegibles.

II. CONSIDERACIONES

1. Cuestiones previas

1.1. Sobre la nulidad planteada por la parte actora

El señor Carlos Andrés Ocampo Gómez alegó que se configuró una nulidad procesal
por no vincular a los consejos seccionales que otorgaron conceptos favorables de
traslados y que la intervención de esas autoridades implicaría la pérdida de
competencia del Tribunal Administrativo del Quindío para resolver la acción de tutela
en primera instancia.

Al respecto, la Sala precisa que la jurisprudencia de la Corte Constitucional 6 ha
señalado que el régimen general de nulidades previsto en el artículo 1337 del CGP

4 Consejo de Estado, Sección Quinto, sentencia del 1º de junio de 2017, Exp. 05001-23-33-000-2017-00849-01, C.P.

Carlos Enrique Moreno Rubio
5 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13 de diciembre de 2023, Exp. 1001-03-25-

000-2016-00753-00 (3443-2016), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
6 Auto 159 de 2018.

7 ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes
casos:
1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.
2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o
pretermite íntegramente la respectiva instancia.
3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o
si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.

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resulta aplicable a la acción de tutela, siempre que no resulte contrario a los principios
de celeridad y eficacia que la caracterizan.

Sin embargo, la Sala advierte que, en este caso, no existen razones para declarar la
nulidad por la falta de vinculación de los consejos seccionales que otorgaron conceptos
favorables de traslados, de un lado, porque no se enmarca en ninguna de las causales
de nulidad previstas en el artículo 133 del CGP y de otro, porque a esas autoridades no
les asiste interés alguno en las resultas del proceso, si se tiene en cuenta que las
pretensiones están encaminadas únicamente a que se dejen sin efectos los actos
administrativos expedidos por el Juzgado Séptimo Administrativo de Armenia, que
nombraron en el cargo de Profesional Universitario, Grado 16, en el Juzgado Séptimo
Administrativo de Armenia a empleados que estaban en carrera judicial y solicitaron
traslado, y no al demandante, que ocupaba el primer puesto en la lista de elegibles.

En consecuencia, se descarta la nulidad alegada.

1.2. Sobre la recusación propuesta por la parte actora

A juicio de la parte actora, el Tribunal Administrativo del Quindío se debió declarar
impedido para decidir la acción de tutela de la referencia, porque Lina María Díaz Duarte
y Darío Ernesto Martínez Jurado trabajan actualmente en ese cuerpo colegiado.

La Sala tampoco estudiará esa solicitud, porque se advierte que el demandante intenta
recusar a la autoridad judicial que dictó la decisión impugnada y conforme con lo
previsto en el artículo 398 del Decreto 2591 de 1991 la recusación no es procedente en
ningún caso. Además, no puede pasarse por alto que los magistrados del Tribunal
Administrativo del Quindío tampoco manifestaron encontrarse impedidos para conocer
del asunto.

1.3. Sobre la coadyuvancia

La Sala encuentra que Karen Jackeline Cabrera Tamayo actúa como coadyuvante del
demandante y pidió que fuera amparado el derecho fundamental al debido proceso, por
cuanto su hoja de vida no había sido estudiada, a pesar de que contaba con 24 años
de experiencia profesional.

Sobre el asunto, la Sala destaca que si bien el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991
señala que «quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en
él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere

4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial
carece íntegramente de poder.
5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de
una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.
6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.
7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación
del recurso de apelación.
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas,
o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de
aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en
debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio
de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será
nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida
en este código.
PARÁGRAFO. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente
por los mecanismos que este código establece.

8 ARTICULO 39. RECUSACION. En ningún caso será procedente la recusación. El juez deberá declararse impedido

cuando concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción
disciplinaria correspondiente. El juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá adoptar las medidas
procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario, si fuere el caso.

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hecho la solicitud» esa participación no le permite formular pretensiones propias de
amparo a sus derechos fundamentales9 y, por lo tanto, no se dictará decisión sobre las
pretensiones de la señora Cabrera Tamayo.

2. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Carlos
Andrés Ocampo Gómez para que se deje sin efectos los actos administrativos que
nombraron en el cargo de Profesional Universitario, Grado 16, en el Juzgado Séptimo
Administrativo de Armenia a empleados que estaban en carrera judicial y solicitaron
traslados y no al demandante, que ocupaba el primer puesto en la lista de elegibles.

La Sala anticipa que amparará los derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a cargos públicos y el principio al mérito de la parte actora, porque el Juzgado
Séptimo Administrativo de Armenia, al dictar los actos de nombramiento, desconoció
los criterios objetivos señalados en la Ley 270 de 1996, artículo 134, numeral 3, en la
sentencia C-295 de 2002 de la Corte Constitucional y el artículo 22 del Acuerdo No.
PCSJA17-10754 de 2017.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a: (i) verificación del cumplimiento del
requisito de subsidiariedad en el caso concreto, (ii) normas y jurisprudencia aplicable y,
finalmente, (iii) analizará el caso concreto.

3. Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso
concreto

La Sala comienza por precisar que, en principio, es improcedente la acción de tutela
contra actos administrativos definitivos dictados en el desarrollo de un concurso de
méritos, incluidos los actos de nombramiento, porque existen medios ordinarios de
defensa judicial para controvertir la decisión de la administración 10.

En efecto, tratándose de actos de nombramiento, los interesados cuentan con otro
medio de defensa judicial, como lo es la nulidad electoral, en los términos del artículo
139 de la Ley 1437 de 2011, que establece que «Cualquier persona podrá pedir la nulidad
de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de
nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden».

Ahora, cuando lo que se pretende es que, además de que se declare la ilegalidad del
acto de nombramiento, se restablezcan derechos subjetivos, lo procedente será que
acuda a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 138
de la Ley 1437 de 2011.

Sobre la posibilidad de acudir a estos dos mecanismos, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, en sentencia del 25 de junio de 2020, señaló que «cuando se
acusa un acto de nombramiento porque se considera ilegal con el único fin de que se resuelva
tal ilegalidad, el medio idóneo para acudir a la jurisdicción es la nulidad electoral; mientras que
si se pretende demandar un acto de nombramiento que se cree es ilegal y que además vulnera
un derecho subjetivo, con el propósito de que este se restablezca y el acto se retire del
ordenamiento jurídico, tendrá que demandarse a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho».

Esos medios de defensa, en principio, resultarían idóneos y eficaces, porque la parte
actora puede pedir la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto que
nombró a otra persona en el cargo para el que el demandante había optado.

9 Auto 401 de 2020.

10 Sentencia SU-062 de 2022
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Demandante: Carlos Andrés Ocampo Gómez

Sin embargo, en este caso, la Sala estima que, dadas las circunstancias expuestas por
el actor, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no resulta ser un
mecanismo idóneo y eficaz, por las siguientes razones:

4. Las medidas cautelares del proceso ordinario no permiten suspender la
vigencia de la lista de elegibles. Obra en el expediente copia de las Resoluciones No.
044 y 045 del 24 de noviembre de 2023, por medio de las cuales el Juzgado Séptimo
Administrativo de Armenia resolvió los recursos interpuestos contra las resoluciones
que acogieron los conceptos favorables de traslado y de la notificación realizada a
través de correo electrónico.

También existe prueba del correo electrónico del 22 de marzo de 2024 por medio del
cual el señor Ocampo Gómez, a través de apoderado, envió al Juzgado Séptimo
Administrativo de Armenia copia de la solicitud de conciliación extrajudicial a presentar
como requisito de procedibilidad para iniciar acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, situación que pone en evidencia que el actor está adelantando las gestiones
necesarias para agotar la acción ordinaria pertinente.

Sin embargo, la Sala no pasa por alto que si bien el demandante puede solicitar como
medida provisional que se suspendan los efectos del acto administrativo demandado,
lo cierto es que esa medida no tendría la virtualidad de suspender el vencimiento de la
lista de elegibles que actualmente integra el señor Ocampo Gómez, que, como se verá
enseguida, está próxima a vencerse.

5. Proximidad en el vencimiento de la lista de elegibles. La lista de elegibles en la
que se encuentra el actor tiene vigencia hasta el 16 de junio de 2025. De modo que,
aunque el demandante acuda a la acción ordinaria y eventualmente se declarara la
nulidad del acto demandado no habría lugar a restablecimiento del derecho por haber
operado la pérdida de vigencia de la lista de elegibles. Esa situación afectaría de
manera el derecho de acceso a cargos públicos y el principio de mérito.

La Sala tampoco comparte el argumento de que con el traslado de Lina María Díaz
Duarte del Juzgado Tercero al Séptimo Administrativo de este Circuito se abre la
posibilidad de una nueva vacante en el cargo de idéntica denominación para el cual el
actor se encuentra de primero en la lista de elegibles, por sede, pues en ese caso
también existen solicitudes de traslado, como lo comprueban los documentos que
aportó la Juez Séptima Administrativa de Armenia, es decir, que podría presentarse la
misma situación que se cuestiona.

En consecuencia, para la Sala, de manera excepcional, la acción de tutela resulta
procedente en este caso. En un caso de circunstancias similares, la Corte
Constitucional (sentencia T-488 de 2004) explicó lo siguiente sobre la procedencia de
la acción de tutela para asegurar el acceso oportuno al cargo de quien ocupó el primer
lugar en la lista de elegibles:

(…) las acciones contencioso administrativas no logran proveer el mismo grado de amparo
jurisdiccional a los derechos fundamentales amenazados o vulnerados que la acción de tutela, ya que
el agotamiento de las primeras no asegurara el acceso oportuno al cargo por el que el aspirante que
ocupa el primer lugar en el listado de elegibles, ha optado. Con la acción electoral y la de nulidad y
restablecimiento del derecho lo que se obtiene, en los eventos descritos, es una compensación
económica, la reelaboración de las listas de elegibles (cuando inconstitucionalmente se ha excluido a
un aspirante o se lo ha incluido en una posición menor a la que le correspondía) o la orden tardía de
nombrar a quien verdaderamente tenía derecho a ocupar determinada plaza, soluciones que no evitan
la prolongación injustificada de la vulneración de los derechos fundamentales del afectado

Y precisó que ese mismo razonamiento «debe aplicarse tratándose de conflictos entre
aspirantes inscritos en una lista de elegibles y aspirantes a ser trasladados a otro cargo de la
administración de justicia» y que «la imposibilidad de acceder a un cargo oportunamente
cuando se tiene derecho indiscutible a ello, o de decidir, frente a la opción de ocupar otras

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plazas, cuál se prefiere, son situaciones que son susceptibles de ser prevenidas a través del
empleo de la tutela».

Además, en sentencia T-947 de 2012 la Corte Constitucional señaló que: “en el caso de
la provisión de cargos públicos a través de concursos de méritos, se ha establecido que las
acciones ordinarias como es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, dilatan la
obtención de los fines que persiguen. Así mismo, estas acciones no poseen, por la forma como
están estructurados los procesos, la capacidad de brindar una solución integral para la violación
de los derechos del accionante, razón por la cual, la tutela es el mecanismo idóneo para dar
protección inmediata y definitiva a los derechos al debido proceso, al trabajo y a la igualdad del
concursante que no obstante, debido a sus méritos, ocupó el primer lugar en la lista de
elegibles, no fue nombrado en el cargo público .

Las anteriores razones son suficientes para analizar el asunto de fondo.

2. Normas y jurisprudencia aplicables

La ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, prevé en el artículo 30,
inciso 4, que son de carrera los cargos de Magistrado de los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial y de los Tribunales Contencioso Administrativos y de las Salas
Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura; de los Fiscales no previstos
en los incisos anteriores; de Juez de la República, y los demás cargos de empleados
de la Rama Judicial.

Por su parte, el artículo 134 de esa norma regló los traslados de la siguiente forma:

ARTÍCULO 134. TRASLADO. Se produce traslado cuando se provee un cargo con un funcionario
o empleado que ocupa en propiedad otro de funciones afines, de la misma categoría y para el cual
se exijan los mismos requisitos, aunque tengan distinta sede territorial. Nunca podrá haber
traslados entre las dos Salas de los Consejos Seccionales de la Judicatura.
Procede en los siguientes eventos:
1. Cuando el interesado lo solicite por razones de salud o seguridad debidamente comprobadas,
que le hagan imposible continuar en el cargo o por estas mismas razones se encuentre afectado
o afectada su cónyuge, compañera o compañero permanente, descendiente o ascendiente en
primer grado de consanguinidad o único civil, siempre que ello no implique condiciones menos
favorables para el funcionario y medie su consentimiento expreso.
2. Cuando lo soliciten por escrito en forma recíproca funcionarios o empleados de diferentes sedes
territoriales, en cuyo caso sólo procederá previa autorización de la Sala Administrativa de los
Consejos Superior o Seccional de la Judicatura.
Cuando el traslado deba hacerse entre cargos cuya nominación corresponda a distintas
autoridades, sólo podrá llevarse a cabo previo acuerdo entre éstas.
3. Cuando lo solicite un servidor público de carrera para un cargo que se encuentre vacante en
forma definitiva, evento en el cual deberá resolverse la petición antes de abrir la sede territorial
para la escogencia de los concursantes.
4. Cuando el interesado lo solicite y la petición esté soportada en un hecho que por razones del
servicio la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura califique como aceptable.

La Sala destaca que el Proyecto de Ley Estatutario No. 24/00 del Senado y No. 218 de
la Cámara de Representantes, «Por la cual se modifican el artículo 134 y el numeral 6 del
artículo 152 de la Ley 270 de 1996» fue objeto de control previo de constitucionalidad por
parte de la Corte Constitucional que, en sentencia C-295 de 2002, al estudiar el numeral
3º, adicionado al artículo 134 de la Ley 270 de 1996, concluyó:

Cabe precisar sin embargo que para no contrariar el principio de igualdad (art. 13 C.P.) y el
principio del mérito que orienta la carrera judicial (art 125 C.P.) debe ser este último principio el
que rija la aplicación de la norma que se introduce en la Ley Estatutaria y que en consecuencia
tanto la posibilidad de aceptar la solicitud del o los interesados, como, si es del caso, la selección
de la persona que pueda ser trasladada, deberá tomar en cuenta los méritos de cada uno tanto
en relación con sus condiciones de ingreso a la carrera judicial, como en el desempeño de su
función.

En este sentido no escapa a la Corte la necesidad de hacer prevalecer el derecho a acceder a la
carrera judicial de quien en el concurso de méritos respectivo obtuvo, a título de ejemplo, un

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puntaje total de 600, frente al derecho al traslado de un servidor judicial que al momento de
ingresar a la carrera obtuvo, igualmente a título de ejemplo, un puntaje total de 300.

Así mismo, ante varias solicitudes de traslado para una misma vacante la Corte concluye que
deberán existir elementos objetivos para la selección del servidor que podrá ser beneficiado con
el traslado, basados en las condiciones de ingreso a la carrera judicial y en los resultados de las
evaluaciones en el desempeño de la función de cada uno de los solicitantes, de acuerdo con los
mecanismos establecidos en la Ley Estatutaria.

Tomando en cuenta las anteriores consideraciones la Corte declarará la exequibilidad del numeral
3° estudiado pero condicionado a la existencia de factores objetivos que permitan la escogencia
del interesado con base en el mérito, que como se ha dicho reiteradamente es el elemento
preponderante a tomar en cuenta en materia de ingreso, estabilidad en el empleo, ascenso y retiro
del servicio, tal como lo dispone el artículo 125 de la Constitución.

El Consejo Superior de la Judicatura a través del Acuerdo No. PCSJA17-10754 del 18
de septiembre de 2017 compiló los reglamentos de traslados de los servidores y el
artículo 22 de esa norma señaló:

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. Deberes de las autoridades nominadoras. En todos los casos
las autoridades nominadoras deberán informar al Consejo Superior – Unidad de Administración de
la Carrera Judicial o Seccional de la Judicatura y a la Dirección Ejecutiva o Seccional según
corresponda, de manera inmediata según la normativa vigente, sobre la decisión del traslado o
listas de candidatos o elegibles según corresponda, para que se realicen las anotaciones
respectivas y se ejerza el adecuado control de movimiento de personal.

Con el informe, el nominador deberá allegar copia del acto administrativo mediante el cual se
resuelve la solicitud de traslado, e indicará la fecha de nombramiento y posesión de los servidores
judiciales sujetos del traslado, a efectos de actualizar el Registro Nacional de Escalafón.

El nominador deberá tener en cuenta los factores objetivos como la evaluación de servicios y los
resultados obtenidos en los concursos públicos para el acceso a la Rama Judicial, al momento de
valorar las solicitudes de traslados de los servidores de carrera.

Es decir, impuso a las autoridades nominadoras el deber de tener en cuenta los factores
objetivos como la evaluación de servicios y los resultados obtenidos en los concursos
públicos para el acceso a la Rama Judicial al momento de valorar las solicitudes de
traslado de los servidores de carrera.

Siendo así, de la jurisprudencia y las normas en cita se advierte que el nominador puede
encontrarse ante diferentes situaciones al momento de elegir a quien nombrar en un
cargo de carrera que se encuentre vacante de manera definitiva: (i) Que solo se hayan
postulado personas que integran la lista de elegibles, caso en el cual el nombramiento
debe obedecer al orden de la lista, (ii) que no haya lista de elegibles vigente y concurran
diferentes solicitudes de traslados de servidores de carrera, evento en el que, en los
términos del Acuerdo No. PCSJA17-10754 de 2017, debe tener en cuenta los factores
objetivos como la evaluación de servicios y los resultados obtenidos en los concursos
públicos para el acceso a la Rama Judicial y (iii) que concurran aspirantes de lista de
elegibles vigente y solicitudes de traslado de servidores de carrera, caso en el que, en
los términos de la sentencia C-295 de 2002, deberá tomar en cuenta los méritos de
cada uno tanto en relación con sus condiciones de ingreso a la carrera judicial, como
en el desempeño de su función.

3. Análisis del caso concreto

De la revisión de la solicitud de amparo, la Sala advierte que el señor Carlos Andrés
Ocampo Gómez cuestiona que el Juzgado Séptimo Administrativo de Armenia
nombrara en el cargo de Profesional Universitario, Grado 16, a empleados que estaban
en carrera judicial y solicitaron traslados y no al demandante, que ocupaba el primer
puesto en la lista de elegibles.

Para resolver el problema jurídico la Sala realizará un recuento de las actuaciones
administrativas que resultan relevantes y de lo probado.
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a. De la elegibilidad del demandante para ocupar el cargo de
Profesional Universitario, Grado 16

El señor Carlos Andrés Ocampo Gómez aspiró a ocupar el empleo de Profesional
Universitario Grado 16 en el concurso de méritos para la conformación del registro
seccional de elegibles para la provisión de los cargos de empleados de carrera de
tribunales, juzgados y centros de servicios del distrito judicial de Armenia y del Quindío,
y ocupó el sexto lugar de la lista de elegibles con 645.27 puntos.

Mediante Resolución No. CSJQUR22-156 del 30 de marzo de 2022, el Consejo
Seccional de la Judicatura del Quindío actualizó el registro seccional de elegibles para
proveer el cargo de Profesional Universitario Grado 16 de juzgados administrativos y le
asignó al señor Carlos Andrés Ocampo Gómez el nuevo puntaje de 742,38.

b. De la actuación administrativa para proveer los dos cargos de
Profesional Universitario del Juzgado Séptimo Administrativo de
Armenia

El 10 de febrero de 2023, el Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío publicó
listado de aspirantes para ocupar las vacantes disponibles en el Juzgado Séptimo
Administrativo de Armenia en el que el señor Ocampo Gómez ocupó el primer lugar y
dejó constancia de que se encontraban en trámite solicitudes de traslado para ese
empleo de servidores de ese distrito judicial y de otros distritos judiciales.

El 25 de septiembre de 2023, el Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío envió
al Juzgado Séptimo Administrativo de Armenia el Acuerdo No. CSJQUA23- 10 por el
cual formulaba lista de elegibles y 7 conceptos de traslado (entre ellos, Lina María Díaz
Duarte y Darío Ernesto Martínez Jurado) para que proveyera en propiedad 2 cargos de
Profesional Universitario, Grado 16.

Por correo electrónico del 26 de septiembre de 2023, el Juzgado Séptimo Administrativo
de Armenia requirió a los empleados que habían solicitado traslados con concepto
favorable y a los aspirantes de la lista de elegibles para que, en el término de 2 días,
enviaran sus hojas de vida con los respectivos anexos y copia de los actos
administrativos donde constara el puntaje obtenido en la prueba de conocimientos
presentada por cada uno.

Mediante la Resolución No. 035 del 9 de octubre de 2023, el Juzgado Séptimo
Administrativo de Armenia acogió el concepto favorable de traslado del Consejo
Seccional de la Judicatura y nombró en propiedad a Lina María Díaz Duarte.

Señaló que no haría uso del puntaje otorgado a cada uno de los participantes en el
examen presentado para acceder al cargo como criterio de comparación porque no
resultaba ser un factor objetivo, pues los resultados fueron obtenidos de pruebas
aplicadas en diferentes convocatorias.

Que haría una ponderación incluyendo el análisis de diversos factores como la
formación académica, experiencia laboral relacionada en las hojas de vida y los anexos
allegados por los aspirantes que contaban con concepto favorable de traslado y del
señor Carlos Andrés Ocampos Gómez, quien ocupaba el primer lugar en la lista de
elegibles y que solo en caso de resultar nombrado el primero de la lista de elegibles se
realizará el análisis en acto administrativo separado de la hoja de vida de la señora
Karen Jackeline Cabrera Tamayo junto con los demás solicitantes de traslado.

Concluyó que Lina María Díaz Duarte contaba con el mejor perfil porque tenía más de
19 años de experiencia de los cuales 18 años, 7 meses, 14 días, que fueron adquiridos
en la práctica del derecho administrativo, que contaba con especialización en derecho
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administrativo y Maestría en derecho con énfasis en gobierno municipal, estudios que
están directamente relacionados con las funciones del cargo, además de haber asistido
al Curso virtual sobre Ley 2080 de 2021, norma vigente para el trámite de los procesos
la jurisdicción contencioso administrativa.

Mediante la Resolución No. 036 del 9 de octubre de 2023, el Juzgado Séptimo
Administrativo de Armenia acogió el concepto favorable de traslado del Consejo
Seccional de la Judicatura y nombró en propiedad a Darío Ernesto Martínez Jurado en
el cargo de Profesional Universitario Grado 16.

Realizó las mismas consideraciones de la Resolución 035 del 9 de octubre de 2023 y
concluyó que el señor Martínez Jurado era la persona que contaba con mayor
experiencia (15 años 5 meses 3 días), toda adquirida como empleado y/o funcionario
de la Rama Judicial, 14 años, 2 meses adquiridos en la práctica del derecho
contencioso administrativo. Que contaba con 5 especializaciones, de las cuales 3 son
aplicación directa al cargo (derecho administrativo, constitucional y procesal) y era el
único aspirante con Maestría en derecho administrativo, estudios que son directamente
relacionados con las funciones del cargo de profesional universitario 16 de los juzgados
administrativos.

El señor Ocampo Gómez presentó, en escritos separados, recurso de reposición en
contra de las Resoluciones No. 035 y 036 del 9 de octubre de 2023. Cuestionó que la
nominadora no valorara el puntaje con el que los aspirantes ingresaron a la carrera
judicial como garantía del mérito bajo el argumento de tratarse de convocatorias
diferentes y que acudiera a revisar la experiencia de los postulados porque eso lo ponía
en una condición de desventaja por su edad.

Que su puntaje al momento de postularse al cargo era de 742,38 mientras que los
puntajes con los que Lina María Duarte y Darío Ernesto Martínez ingresaron a la carrera
judicial fueron de 651,48 y 734,13, respectivamente.

Que es padre de una menor de 4 meses de edad y cabeza de hogar. Que pese a
desempeñarse como personero del municipio de Calarcá́ , su periodo culmina el 29 de
febrero de 2024 y partir de esa fecha quedará cesante porque no se encuentra en la
lista de elegibles para continuar en ese empleo. ni cuenta con otra expectativa laboral.
Mientras que Lina María Díaz Duarte y Darío Ernesto Martínez Jurado ya habían
alcanzado su derecho al mérito y habían accedido a la carrera judicial, que, incluso, se
encontraban en encargos en el Tribunal Administrativo del Quindío, situación que dice,
pone en evidencia que no tienen vocación de permanencia y no aportarían sus
conocimientos y experiencia en el Juzgado.

Que la nominadora había realizado los traslados sin verificar que Lina María Díaz
Duarte y Darío Ernesto Martínez Jurado tuvieran una calificación de servicios igual o
superior a 80 puntos.

Mediante las Resoluciones No. 044 y 045 del 24 de noviembre de 2023 el Juzgado
Séptimo Administrativo de Armenia resolvió de manera negativa los recursos de
reposición presentados en contra de las Resoluciones No. 035 y 036 del 9 de octubre
de 2023, respectivamente.

Explicó que, por disposición del Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017, debía realizar la
evaluación bajo los factores objetivos: ciertos, medibles y verificables como la
evaluación de servicios o los resultados obtenidos en el concurso. Que, sin embargo,
estos factores no eran taxativos, y permitían el análisis de las hojas de vida para revisar
la experiencia y la formación profesional relacionada con el cargo.

En cuanto a la decisión de no tener en cuenta la calificación obtenida por los aspirantes
en los diferentes concursos dijo que lo hizo en atención a que eran resultado de
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diferentes convocatorias desarrolladas en distintos tiempos, que, aunque arrojaban
resultados objetivos podían tornarse inequitativos porque los procesos de selección
fueron diferentes.

Que, si en gracia de discusión, hubiera tenido como factor de valoración el resultado de
los diferentes concursos al momento de la expedición de las lista de elegibles, la
decisión no hubiera sido distinta, porque el resultado inicial obtenido en cada una de
las listas elegibles para el caso del doctor Carlos Andrés Ocampo Gómez fue de 645,27,
el de Lina María Díaz Duarte de 651,48 y el de Darío Ernesto Martínez de 734,13. Que
para esa valoración no podía considerar el resultado de la posterior reclasificación del
recurrente, pues sería un actuar no ajustado a los criterios de justicia y equidad que
pondría en desventaja a quienes por haber ocupado desde el inicio los mejores puestos
fueron nombrados antes de poder reclasificar.

Que las calificaciones integrales de servicios sirvieron como soporte para el
otorgamiento de los conceptos favorables de traslado que fueron remitidos por el
Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío y que, si bien fueron verificadas por la
nominadora, no fueron factor de desempate por colocar en situación de desventaja a
los integrantes de la lista de elegibles quienes por no estar ocupando en la actualidad
cargo de carrera en la Rama Judicial no han sido calificados. Que en aras de la
transparencia.

c. De los resultados del concurso de méritos de los aspirantes al
empleo involucrados en la controversia al momento de ingreso a la
carrera judicial

Además, de las hojas de vida envidas por los aspirantes a ocupar las 2 vacantes de
profesional Universitario Grado 16 del Juzgado Séptimo Administrativo de Armenia se
advierte que:

Lina María Díaz ingresó a la carrera judicial con nombramiento realizado por el juez
tercero administrativo de Armenia a través de la Resolución No. 13 del 6 de mayo de
2010 tras obtener un puntaje total en el concurso de méritos de 651,48.

Darío Ernesto Martínez Jurado ingresó a la carrera judicial con nombramiento realizado
por el juez tercero administrativo de Pereira a través de la Resolución No. 034 del 29
de noviembre de 2016, tras obtener un puntaje total en el concurso de méritos de
734,13.

d. El Juzgado Séptimo Administrativo de Armenia, al dictar los actos
de nombramiento, desconoció los criterios objetivos señalados en
la Ley 270 de 1996, artículo 134, numeral 3, en la sentencia C-295 de
2002 de la Corte Constitucional y el artículo 22 del Acuerdo No.
PCSJA17-10754 de 2017

Como se vio, la Ley 270 de 1996, la sentencia C-295 de 2002 de la Corte Constitucional
y el Acuerdo No. PCSJA17-10754 de 2017 son concordantes al señalar que el mérito
es el criterio que debe regir el ingreso, permanencia y ascenso en la carrera judicial y
esa situación implica que el nominador «califique el mérito y las calidades profesionales,
tanto de quien pretende ingresar a la carrera como de quien ya pertenece a ella, para que con
base en esos criterios objetivos elija al mejor candidato»11.

A partir de lo anterior, la Sala estima que la juez séptima administrativa de Armenia en
las Resoluciones 035 y 036 del 9 de octubre de 2023 y 044 y 045 del 24 de noviembre
de 2023, desconoció los criterios objetivos señalados en la Ley 270 de 1996, artículo
134, numeral 3, en la sentencia C-295 de 2002 de la Corte Constitucional y el artículo
22 del Acuerdo No. PCSJA17-10754 de 2017 sobre los traslados solicitados por

11 Ver sentencias T-1032 de 2005 y T-947 de 2012.
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Radicado: 63001-2333-000-2024-00004-01
Demandante: Carlos Andrés Ocampo Gómez

servidores públicos de carrera para un cargo que se encuentre vacante en forma
definitiva.

Como se vio, esas normas señalan que cuando las situaciones y sujetos interesados
no son comparables (porque unos ya desempeñan un cargo en la rama judicial y se
encuentran inscritos en carrera, mientras que los otros se encuentran concursando y
solo tienen una expectativa de acceder a la carrera) para no contrariar los principios de
igualdad y mérito que orientan la carrera judicial, el mérito es el que debe regir la
elección y, para el efecto, se debe «tomar en cuenta los méritos de cada uno tanto en
relación con sus condiciones de ingreso a la carrera judicial, como en el desempeño de su
función».

El Juzgado Séptimo Administrativo de Armenia al expedir los actos administrativos
cuestionados omitió regir la actuación por el principio del mérito, porque no tomó en
cuenta el puntaje obtenido por cada uno de los aspirantes al momento de ingreso a la
carrera judicial.

De hecho, la autoridad demandada ignoró el puntaje de reclasificación obtenido por el
actor para postularse al empleo en esa plaza, en contradicción con lo establecido por
la Corte Constitucional, que ha señalado que el criterio del mérito debe basarse en el
puntaje existente al momento de ingreso a la carrera judicial, y no puede ser alterado o
desestimado arbitrariamente en etapas posteriores del proceso de selección.

Esta falta de consideración del mérito en la actuación administrativa evidencia una
vulneración de los derechos fundamentales del señor Carlos Andrés Ocampo Gómez.
En primer lugar, se vulnera el derecho al debido proceso, ya que no se respetaron los
criterios establecidos para la evaluación de los aspirantes. Además, se afecta el
derecho al acceso a cargos públicos, pues se impide que los candidatos sean
evaluados de manera justa y objetiva según sus méritos y capacidades. Por último, se
viola el principio del mérito, que busca garantizar la idoneidad y la igualdad de
oportunidades en el ingreso a la función pública.

Por lo anterior, la Sala dejará sin efectos las Resoluciones 035 y 036 del 9 de octubre
de 2023 y 044 y 045 del 24 de noviembre de 2023 y amparará los derechos
fundamentales del demandante.

La Sala no se pronunciará respecto de la solicitud de aplicación de la sentencia del 12
de diciembre de 202312, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, porque corresponderá al Juzgado Séptimo Administrativo de Armenia
en el nuevo análisis que realice, determinar si resulta aplicable o no.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

1. Revocar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.
En su lugar:

2. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a cargos
públicos y el principio del mérito del señor Carlos Andrés Ocampo. En consecuencia,
se dispone:

12 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13 de diciembre de 2023, Exp. 1001-03-25-

000-2016-00753-00 (3443-2016), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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3. Dejar sin efectos las Resoluciones 035 y 036 del 9 de octubre de 2023 y 044 y 045
del 24 de noviembre de 2023, expedidas por el Juzgado Séptimo Administrativo de
Armenia.

4. Ordenar al Juzgado Séptimo Administrativo de Armenia que, en el término de cinco
días, contados a partir de la notificación de esta decisión, dicte nuevos actos
administrativos, en los que tenga en cuenta las consideraciones aquí expuestas, en
especial los criterios objetivos señalados en la Ley 270 de 1996, artículo 134,
numeral 3; en la sentencia C-295 de 2002 de la Corte Constitucional y el artículo 22
del Acuerdo No. PCSJA17-10754 de 2017.

5. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

7. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta Con salvamento de voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

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