Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2024-00177-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2024-00177-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 66001-23-33-000-2024-00177-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
20 de junio de 2024
Radicado: 66001-23-33-000-2024-00177-01
Demandante: Alejandro Allan Lozano
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 66001-23-33-000-2024-00177-01
Demandante: ALEJANDRO ALLAN LOZANO
Demandado: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE
RISARALDA
Temas: Debido proceso, tutela contra trámite de concurso de méritos.
Falta de cumplimiento de requisito de subsidiariedad
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia de 22 de mayo de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, que resolvió:
«1. DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por las razones
expuestas en la parte considerativa de la presente providencia.
2. Como consecuencia de la declaración que antecede, se ordena el levantamiento de la
medida cautelar decretada en este proceso, conforme lo señalado en la parte motiva de
este fallo.»
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 8 de mayo de 2024, el señor Alejandro Allan Lozano interpuso acción de tutela
contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, por estimar vulnerados
los derechos fundamentales de acceso a cargos públicos por el mérito, al trabajo,
a la igualdad, al debido proceso, de buena fe y confianza legítima. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«(…) SEGUNDA: ORDENAR al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE
RISARALDA, que de manera inmediata, siguiente a la notificación de la sentencia, realice
la revisión de TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS aportados por la
participante BIVIAN TERESA RIVERA SANTOS, para aspirar al cargo Asistente Jurídico
para los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad grado 19 del Distrito
Judicial de Risaralda, y realizar los ajustes que correspondan en caso de haberse
presentado algún error en la calificación del puntaje obtenido hasta ahora.
TERCERA: ORDENAR al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE RISARALDA,
que de encontrar modificaciones a los puntajes de la participante BIVIAN TERESA
RIVERA SANTOS, realice la modificación a los Actos Administrativos a que haya lugar.
CUARTA: ORDENAR al JUZGADO QUINTO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS
DE SEGURIDAD DE PEREIRA, abstenerse de realizar el nombramiento de la señora
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Demandante: Alejandro Allan Lozano
BIVIAN TERESA RIVERA SANTOS, hasta tanto el CONSEJO SECCIONAL DE LA
JUDICATURA DE RISARALDA realice los trámites pertinentes.
QUINTO: Prevenir al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE RISARALDA para
que a partir de la fecha garantice la transparencia en sus Concursos de Méritos mediante
la posibilidad de acceso y controversia de los documentos de los participantes del mismo».
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
De las actuaciones surtidas en la Convocatoria 4
Mediante Acuerdo No. CSJRIA17-723 del 6 de octubre de 2017, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Risaralda convocó a concurso de méritos para la
conformación de los registros seccionales de elegibles para cargos de empleados
de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios del Distrito Judicial de
Pereira Risaralda, conocido como Convocatoria No. 4.
El señor Alejandro Allan Lozano participó en dicha convocatoria para el cargo de
Asistente Jurídico Grado 19 ante los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Pereira.
El 24 de mayo de 2021, mediante Resolución CSJRIR21-221, la entidad
demandada publicó el Registro Seccional de Elegibles. Para ese momento, el
señor Allan Lozano ocupaba la quinta posición en el listado de elegibles al cargo
de Asistente Jurídico para los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad, grado 19 del Distrito Judicial de Risaralda.
El 17 de agosto de 2021, mediante la Resolución CSJRIR21-373 el Consejo
Seccional de la Judicatura de Risaralda decidió los recursos de reposición y
subsidiarios de apelación interpuestos por varios de los concursantes contra la
resolución que inicialmente determinó el registro de elegibles, entre ellos, el señor
Allan Lozano.
En los meses de enero y febrero de 2023, la concursante Bivian Teresa Rivera
Santos, quien había concursado para el cargo de Asistente Jurídico de Juzgado de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, presentó solicitud de reclasificación.
De igual forma, lo hizo el concursante Allan Lozano Alejandro.
El 30 de marzo de 2023, el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda
mediante Resolución CSJRIR23-194 resolvió las solicitudes de actualización del
registro de elegibles.
Contra esa decisión, varios de los concursantes presentaron recurso de reposición
y apelación, entre ellos, Alejandro Allan Lozano y Bivian Teresa Rivera Santos. El
señor Allan Lozano fundamentó su reclamo en que no había sido debidamente
calificado el factor capacitación y experiencia y, (ii) cuestionó el puntaje asignado
a la concursante Santos Rivera, porque se asignaron 30 puntos por certificar un
diplomado, cuando el reglamento de la convocatoria establecía que por ese tipo de
estudios solamente debían concederse 10 puntos. Por su parte, la concursante
Rivera Santos alegó que existía un error en el acto administrativo recurrido, porque
aportó documentación que acreditaba título de maestría y no de diplomado.
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Demandante: Alejandro Allan Lozano
El 26 de abril de 2023, el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda,
mediante Resolución CSJRIR23-0239, repuso la decisión inicialmente tomada
frente al caso del señor Allan Lozano y otros. En consecuencia, reclasificó el
puntaje del actor y le otorgó un puntaje de 795,97. No se pronunció en cuanto al
puntaje asignado a la concursante Rivera Santos.
Mediante la Resolución CSJRIR23-251 de abril 27 de 2023, dictada por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Risaralda, se resolvieron los recursos apelación
interpuestos por varios concursantes, entre ellos, el de la concursante Bivian
Teresa Rivera Santos. Respecto al caso de la señora Rivera Santos, repuso la
decisión inicial y, en consecuencia, le otorgó un puntaje de 796,92, con fundamento
en que aportó documentación que acreditaba haber cursado maestría.
El 14 de junio de 2023, Alejandro Allan Lozano, presentó recurso de reposición y
queja contra las Resoluciones CSJRIR23-194 del 30 de marzo de 2023 y
CSJRIR23-0239 del 26 de abril de 2023 del Consejo Seccional de la Judicatura de
Risaralda, por considerar que la respuesta ofrecida fue parcial, pues no se realizó
mención a los cuestionamientos del puntaje obtenido por la concursante Rivera
Santos.
El 27 de junio de 2023, el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda,
mediante la Resolución CSJRIR23-339 del 27 de junio de 2023, adicionó la
Resolución CSJRIR23-0239 de 2023, con el fin de resolver de forma completa
todos los argumentos expuestos en el recurso de reposición interpuesto por el
señor Allan Lozano. En dicho acto aclaró que se presentó un error mecanográfico
en el anexo de la Resolución No CSJRIR23-0194 de marzo 30 de 2023, que fue
posteriormente corregido, pues inicialmente se informó que la concursante Rivera
Santos acreditó «diplomado», mientras lo que debía decir era «maestría». De ahí
que no existía fundamento para modificar el puntaje de aquella concursante.
Finalmente, expresó que concedería recurso de apelación.
El 3 de agosto de 2023, la Unidad de Administración de Carrera Judicial profirió la
Resolución CJR23-0340 del 28 de agosto de 2023, en la que confirmó la decisión
proferida por la entidad demandada.
El 25 de enero de 2024, el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda formuló
ante el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira
la lista de elegibles para proveer el cargo de Asistente Jurídico Grado 19 en
propiedad. En dicha lista la concursante Bivian Teresa Riveros Santos ocupa el
primer lugar, con un puntaje de 796,92, y el señor Alejandro Allan Lozano el
segundo lugar, con un puntaje de 795,97.
El 25 de abril de 2024, el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda remitió
al Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira la
lista de elegibles al cargo de Asistente Jurídico Grado 19, en la que figura en primer
lugar la concursante Rivera Santos.
De la acción de tutela con radicado 2024-00094-00
El 26 de febrero de 2024, el señor Allan Lozano presentó petición ante el Consejo
Seccional de la Judicatura de Risaralda en el que solicitó: (i) la revisión de los
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documentos aportados por la participante Bivian Teresa Rivera Santos; (ii) la
justificación de cada uno de los puntajes obtenidos por aquella concursante y; (iii)
en caso de confirmarse el puntaje, la entrega de copia digital de los documentos
académicos aportados como soporte.
Mediante oficio CSJRIO24-0337 de 18 de marzo de 2024, el Consejo Seccional de
la Judicatura de Risaralda respondió la petición, en el sentido de explicar que: i)
revisó los documentos aportados por la concursante Rivera Santos «en diferentes
oportunidades»; ii) el señor Allan Lozano, en anteriores oportunidades, presentó
una acción de tutela y recursos contra los actos administrativos que contenían el
registro de elegibles con fundamento en los mismos argumentos invocados en el
escrito de petición, «por lo que conoce muy bien la justificación del puntaje
otorgado a la concursante (…)» y, (iii) no era posible acceder a la entrega de los
certificados académicos presentados por la concursante Rivera Santos, porque
gozaban de reserva legal.
El 20 de marzo de 2024, el señor Allan Lozano interpuso acción de tutela, que fue
asignada al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira con radicado 2024-
00094-00, en la que solicitó la protección del derecho fundamental de petición, con
fundamento en que el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda no
respondió de forma completa y fondo la petición de 26 de febrero de 2024.
El 8 de abril de 2024, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira profirió fallo
de tutela, declarando improcedente el amparo constitucional por carencia actual de
objeto por hecho superado, pues, la entidad demandada ya había resuelto de fondo
la petición del señor Allan Lozano. Esa decisión fue impugnada por el actor, con
fundamento en que no se efectuó un pronunciamiento de fondo de la petición.
Indicó que, hasta la fecha, el Tribunal Superior de Pereira – Sala Civil Familia, no
ha dictado sentencia de segunda instancia dentro de la acción de tutela con
radicado 2024-00094-00.
Del recurso de insistencia
El 8 de abril de 2024, el señor Alejandro Allan Lozano presentó recurso de
insistencia frente a la solicitud de copia de los documentos aportados por la
concursante Rivera Santos.
El 25 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo de Risaralda profirió providencia
en la que resolvió el recurso de insistencia, en el sentido de ordenar al Consejo
Seccional de la Judicatura de Risaralda que entregue la información requerida por
el peticionario.
El 7 de mayo de 2024, en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia dictada en
el marco del recurso de insistencia, el Consejo Seccional de la Judicatura de
Risaralda remitió al señor Allan Lozano los documentos aportados por la
concursante Rivera Santos.
3. Argumentos de la acción de tutela
El actor señala que el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda vulneró los
derechos fundamentales invocados al impedir la revisión y contradicción de los
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documentos presentados por la concursante Bivian Teresa Rivera Santos, a pesar
de las irregularidades evidenciadas en la asignación del puntaje.
Advirtió que, los actos que reglamentan el concurso no brindaron a los participantes
la posibilidad de acceder y/o controvertir los puntajes otorgados por los ítems de
“experiencia adicional y docencia” (hasta 100 puntos) y “capacitación adicional”
(hasta 100 puntos), pues el Acuerdo CSJRIA17-723 de 2017, solo estableció
recursos contra el puntaje de las pruebas de conocimientos y competencias,
aptitudes y/o habilidades.
Por ello, anotó que no se le permitió realizar reparos contra los puntajes iniciales y
reclasificación de la concursante Bivian Teresa Rivera Santos, caso en el que se
incurrió en error, por lo que ameritaba la revisión y ajuste, al tener incidencia en el
orden de elegibilidad.
Afirmó que «no se entiende las razones por las cuales no se pueda explicar y
discriminar la forma en la que la participante obtuvo el puntaje», pues, existe una
inconsistencia significativa en los puntajes asignados, especialmente en lo relativo
al ítem de «capacitación adicional».
Sobre el particular, indicó que la participante obtuvo 90 puntos por estudios
adicionales, lo cual es «matemáticamente imposible», considerando que el puntaje
máximo por dicho ítem es de 80 puntos. Aunado a lo anterior, advirtió que, si bien,
la concursante Rivera Santos solicitó recalificación en el año 2023, el puntaje
obtenido no coincidía con los documentos presuntamente aportados por ella, pues
se sumaron 20 puntos adicionales al ítem de «capacitación adicional», los que
únicamente podían obedecer a un estudio adicional de pregrado, que no fue
evidenciado en los documentos de la participante.
Asimismo, cuestionó los 100 puntos que le fueron asignados a la concursante en el
ítem de «experiencia profesional», toda vez que la señora Rivera Santos fue auxiliar
administrativa hasta el año 2016 y dicha experiencia no parece estar directamente
relacionada con el cargo de Asistente Jurídico para los Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad.
Por lo anterior, afirmó que existían dudas sobre la validez de los puntajes obtenidos
por la concursante Rivera Santos y ponía en tela de juicio la integridad del proceso
de selección.
Advirtió sobre el riesgo inminente de nombramiento de la señora Rivera Santos, lo
que consolidaría una situación de perjuicio irremediable para él y otros participantes
del concurso, máxime, si se tenía en cuenta que el proceso ordinario sería ineficaz
para garantizar la protección de sus derechos, dado que la lista de elegibles tiene
una vigencia limitada y que los procedimientos administrativos eran insuficientes
para abordar las mencionadas irregularidades.
Finalmente, solicitó que: (i) se decretara medida cautelar en la que se ordenara la
suspensión de los efectos del Acuerdo No. CSJRIA24-9 del 25 de enero de 2024, -
por el cual se formuló la lista de elegibles para el cargo de Asistente Jurídico Grado 19 en
el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira-, para evitar
el nombramiento de la señora Rivera Santos, porque podría consolidar una
situación que vulneraría los derechos fundamentales del actor y otros participantes
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del concurso y, (ii) se ordene el cumplimiento de la sentencia del recurso de
insistencia, mediante la cual se solicitó la entrega de los documentos de la
participante Bivian Teresa Rivera Santos para su revisión.
4. Trámite Previo
El Tribunal Administrativo de Risaralda, en auto de 9 de mayo de 2024, admitió la
acción de tutela ordenó notificar al Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda
y al Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira.
Además, vinculó a la señora Bivian Teresa Rivera Santos, así como a las personas
que integran la lista de elegibles conformada mediante el Acuerdo CSJRIA24-0009
del 25 de enero de 2024, esto es, los señores Olma Marina González Chávez,
Javier David Orbes Bastidas, Adriana Yicet Cataño Gallego, Lina Marcela Londoño
Barrera y Sandra Viviana Romero Obando, en calidad de terceros.
Además, al analizar la solicitud de medida cautelar, encontró justificada la
necesidad de decretarla con base en la posibilidad de la materialización de un
perjuicio irremediable para el accionante y los demás integrantes de la lista de
elegibles contenida en el Acuerdo No. CSJRIA24-9. En consecuencia, decretó la
suspensión de los efectos del Acuerdo No. CSJRIA24-9 del 25 de enero de 2024,
hasta tanto adoptara una decisión de fondo y, en consecuencia, ordenó al Juzgado
Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira abstenerse de
realizar el nombramiento de la señora Bivian Teresa Rivera Santos en el cargo de
Asistente Jurídico para los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad Grado 19.
Aunado a lo anterior, negó la solicitud de medida cautelar tendiente a que se
ordenara el cumplimiento de la sentencia del recurso de insistencia, porque dicho
cumplimiento escapaba del objeto de la acción de tutela, pues debía solicitarse
mediante incidente de desacato ante el despacho correspondiente.
5. Oposición
El Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira
informó que el 7 de mayo de 2024 recibió la lista de elegibles para el cargo de
Asistente Jurídico Grado 19. Sin embargo, en observancia de la medida provisional
ordenada en el auto admisorio de tutela, se abstendría de realizar el nombramiento
de la señora Bivian Teresa Rivera Santos, hasta que se adoptara una decisión de
fondo.
El Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda solicitó que se niegue la
acción de tutela interpuesta por el señor Allan Lozano con fundamento en que no
vulneró los derechos fundamentales invocados.
Expuso de forma detallada el trámite surtido en el concurso de méritos cargo
Asistente Jurídico para los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad Grado 19.
Sobre el particular, resaltó que, mediante la Resolución CSJRIR23-194 del 30 de
marzo de 2023, actualizó el registro seccional de elegibles y que contra ese acto
Alejandro Allan Lozano y Bivian Teresa Rivera Santos presentaron recursos, los
cuales fueron resueltos mediante las Resoluciones CSJRIR23-0239 y CSJRIR23-
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251 de abril de 2023, respectivamente. De igual forma, dijo que corrigió un error en
la descripción del título de maestría de Bivian Teresa Rivera Santos, inicialmente
registrado como diplomado, mediante la Resolución CSJRIR23-339 del 27 de junio
de 2023.
Expuso que, como resultado de la reclasificación del año 2023, la concursante
Bivian Teresa Rivera Santos obtuvo un puntaje total de 796.92, mientras que
Alejandro Allan Lozano obtuvo 795.97, dichos puntajes se basan en las pruebas de
conocimiento, psicotécnica, experiencia y capacitación adicionales, conforme a las
normas establecidas.
Señaló que todos los documentos y puntajes de los concursantes fueron revisados
en múltiples ocasiones y se confirmó la legalidad de estos.
Advirtió que el señor Allan Lozano ha presentado múltiples peticiones, recursos y
acciones de tutela reiterativas, en las que solicita la revisión de puntaje y cada uno
de los documentos aportados por la participante Bivian Teresa Rivera Santos,
situación que ha sido resuelta por medio de las diferentes respuestas brindadas y
recursos resueltos, tanto por esa Corporación como por la Unidad de
Administración de Carrera Judicial, además, por los jueces de tutela.
Al respecto, resaltó que el 14 de febrero de 2024, le fue notificada la acción de
tutela presentada por Alejandro Allan Lozano con radicado 2024-00561-00, para
que se protegieran los derechos fundamentales al debido proceso, al mérito y
acceso a la carrera judicial, que se vulneraron por la omisión de resolver el recurso
de apelación interpuesto contra la Resolución No CSJRIR23-194 del 30 de marzo
de 2023. Ese amparo constitucional fue resuelto de forma negativa en sentencia de
29 de febrero de 2024, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que
encontró que la Unidad de Carrera Judicial resolvió ese recurso mediante la
Resolución CJR23-0340 del 28 de agosto de 2023.
6. Intervención de los terceros con interés
La señora Bivian Teresa Rivera Santos solicitó que se nieguen las pretensiones
de la acción de tutela interpuesta por el señor Allan Lozano.
Sostuvo que los documentos que acreditan su experiencia profesional y
certificaciones académicas fueron remitidos oportunamente al Consejo Seccional
de la Judicatura de Risaralda y revisados adecuadamente. De modo que el puntaje
obtenido en dichos ítems era correcto y se encontraba debidamente soportado por
los documentos aportados.
Advirtió que el Consejo Seccional de la Judicatura cometió un error mecanográfico
en la descripción de su título de maestría, que inicialmente fue registrado como un
diplomado. No obstante, fue corregido y se le otorgó el puntaje correspondiente a
una maestría, tal como lo estableció la Resolución CSJRIR23-339 del 27 de junio
de 2023. Resaltó que ese acto fue notificado al actor, por lo que tenía conocimiento
de esa circunstancia.
Argumentó que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para cuestionar
los puntajes asignados en un concurso de méritos, puesto que no es función del
juez constitucional de tutela justificar cada uno de los puntajes obtenidos, máxime
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si se tenía en cuenta que estos fueron revisados y ratificados por la autoridad
administrativa. De igual forma, señaló que la acción de tutela es improcedente
debido a la existencia de otros medios de defensa judiciales, como la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, que es más idónea y eficaz para resolver
este tipo de controversias.
Alegó la existencia de cosa juzgada y temeridad por parte del accionante, pues que
los mismos hechos y pretensiones ya habían sido objeto de la acción de tutela con
radicado 2024-00561-00, la cual fue resuelta por la Sección Quinta del Consejo de
Estado mediante fallo del 29 de febrero de 2024, que negó las pretensiones del
actor. En dicho fallo, se analizó el trámite de todos y cada uno de los recursos
interpuestos por el accionante, concluyendo que a todos se les dio el trámite
correspondiente.
Detalló su experiencia profesional y formación académica, además, expresó que
certificaciones correspondientes que fueron aportadas dentro del término legal ante
el Consejo Seccional de la Judicatura su experiencia.
Respecto, a su experiencia profesional señaló que: (i) fue instructora en el Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA), donde se desempeñó durante 51 meses,
impartiendo materias de derecho laboral y seguridad social, así como ética y
legislación documental; (ii) fue docente catedrática en la Universidad Cooperativa
de Colombia durante 8 meses y 25 días, en el programa de Derecho. Aclaró que la
experiencia profesional cuenta desde la terminación y aprobación de materias del
pregrado y no desde el momento en que ocupó el cargo de auxiliar administrativo.
En cuanto a su formación académica, resaltó que, para la reclasificación del año
2023, presentó título de maestría en derecho penal, que le permitió obtener 30
puntos adicionales y un puntaje total de 796,92.
7. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Risaralda, en fallo del 22 de mayo de 2024, declaró
la improcedencia de la acción de tutela, con fundamento en los siguientes
argumentos:
Explicó que, según la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela que se
interpone en contra de los actos administrativos que se profieren en el marco de
concursos de méritos, por regla general, es improcedente, pues el ordenamiento
jurídico prevé el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para
controvertir esas decisiones. No obstante, el juez constitucional debe evaluar si los
medios de defensa son ineficaces, atendiendo a las particularidades del caso en
concreto.
Señaló que el Acuerdo PCSJA17-10643 de 14 de febrero de 2017, proferido por el
Consejo Superior de la Judicatura, y el Acuerdo No. CSJRIA17-723 de 6 de octubre
de 2017, expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda,
constituyen el marco reglamentario de la convocatoria.
Previó a abordar el fondo del asunto, resaltó que la presente acción de tutela no
guardaba relación con la solicitud de amparo radicada por el autor, que fue resuelta
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, pues en aquel caso el actor solicitó
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que la Unidad de Carrera Judicial resolviera el recurso de apelación interpuesto
contra la Resolución CSJRIR23-194 del 30 de marzo de 2023; mientras que la
presente acción tenía como propósito la revisión de la reclasificación de la aspirante
Bivian Teresa Rivera Santos, en cuanto a la puntuación asignada en su favor por
títulos académicos y experiencia. De modo que no se configuraba cosa juzgada o
temeridad por parte del actor.
En cuanto al caso concreto, expresó que debía declararse la improcedencia de la
acción de tutela, porque las pretensiones estaban orientadas a cuestionar la
legalidad de la convocatoria del concurso de méritos y no a la protección inmediata
de derechos fundamentales vulnerados por la acción u omisión de una autoridad
pública, pues se alegó que la vulneración de los derechos se ocasionó porque «el
concurso no le brinda a los participantes la posibilidad de acceder y/o controvertir los
puntajes otorgados por Experiencia Adicional y Docencia (Hasta 100 Puntos) y
Capacitación Adicional (Hasta 100 Puntos), por cuanto el Acuerdo No. CSJRIA17-723, (…)
solo establece recurso en contra de las pruebas de conocimientos y competencias,
aptitudes y/o habilidades (…)».
En consecuencia, declaró la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por
Alejandro Allan Lozano debido a que existían otros mecanismos judiciales
adecuados para resolver la controversia y no se configuraban las condiciones
excepcionales que permitieran la procedencia de la tutela.
8. Impugnación
La parte actora impugnó la decisión de primera instancia y solicitó que se revoque
la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se ordene al Consejo Seccional de
la Judicatura de Risaralda ajustar el puntaje otorgado por capacitación adicional a
la concursante Bivian Teresa Rivera Santos.
Solicitó que continue o decrete una nueva medida cautelar, pues existe una
afectación de los derechos invocados, a causa de una valoración incorrecta de un
curso de secretariado general del SENA como un título de pregrado a nivel
profesional. Sobre el particular, trajo a colación la sentencia proferida por la Sección
Segunda, Subsección B dentro del expediente 2014-01787-01, en la que se señaló
la posibilidad de decretar medidas cautelares en segunda instancia. Al respecto,
indicó que se cumplen los requisitos previstos en la referida jurisprudencia, pues,
el artículo 133 de la Ley 270 de 1996 establece término de 8 días para que el
nominador realice el nombramiento del empleado de la lista de elegibles, lo que
podría generar una afectación de los derechos fundamentales.
Anotó que, el juez de primera instancia no tuvo en cuenta que la lista de elegibles
vence el 17 de agosto de 2025. De modo que los medios de control contencioso
administrativos no eran idóneos y, por el contrario, podrían resultar en la pérdida
de la vigencia de la lista de elegibles. Para soportar esa afirmación, citó la sentencia
SU-543 de 2019 dictada por la Corte Constitucional y la sentencia de 18 de abril de
2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en el asunto con
radicado 2024-00004-01.
Anotó que, contrario a lo expuesto por el a quo, la presente acción de tutela no
pretendía cuestionar las reglas del concurso o el método para determinar los
puntajes, sino la «incorrecta valoración las certificaciones aportadas por la señora Bivian
Teresa Rivera Santos, a quien conforme a la respuesta emitida por el Consejo Seccional
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de la Judicatura de Risaralda en el presente trámite, esta entidad le otorgó veinticinco (25)
puntos, por un Curso en Secretariado General del SENA, valorando éste como un pregrado
a nivel profesional, y calificándolo doblemente, pues a la certificación de terminación de
materias de dicho curso le otorgó también puntaje».
Advirtió que dicha circunstancia desconoce las reglas del concurso, pues dichos
estudios no podían otorgar 25 puntos y, en todo caso, cada título adicional de
estudio de pregrado a nivel profesional permitía obtener únicamente 20 puntos. De
lo anterior, concluyó que el Consejo Superior de la Judicatura calificó «doblemente
el mismo estudio, pues vemos que también le otorga 5 puntos como CURSO a su
Certificado de Terminación de Materias».
Además, aportó concepto proferido por la Alcaldía Mayor de Bogotá el 17 de
septiembre de 2019, según el cual los Certificados de Aptitud Profesional (CAP)
que otorga el SENA que hacen parte de la «Educación para el Trabajo y el Desarrollo
Humano», no son equivalentes al título de formación técnica profesional o
tecnológica que pertenecen a la educación formal. En consecuencia, afirmó que el
certificado aportado por la concursante Rivera Santos no debió ser evaluado.
9. Memorial de 14 de junio de 2024 presentado por el actor
El 14 de junio de 2024, el actor presentó memorial en el que solicitó que se
resolviera de forma urgente la solicitud de medida provisional presentada en la
impugnación, puesto que «ya se produjo el Acto de Nombramiento de la señora
BIVIAN TERESA RIVERA SANTOS y se encuentra ad portas de su posesión
durante el trámite de la presente impugnación».
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cuestión previa
Previo a analizar el fondo del asunto, se tiene que el actor solicita que en esta
instancia se dicte nuevamente o se extienda la medida provisional dictada en el
trámite de primera instancia, que, decretó la suspensión de los efectos del Acuerdo
CSJRIA24-9 del 25 de enero de 2024, hasta tanto, adoptara una decisión de fondo.
La Sala negará el decreto de la medida provisional solicitada, porque, a pesar de
que en algunos casos excepcionales procede dictar medidas cautelares en el
trámite de segunda instancia, en el caso objeto de estudio, el actor no acreditó
razones adicionales que justifiquen adoptar esa determinación en esta oportunidad,
sino que, reitera los argumentos propuestos desde el escrito inicial, por lo tanto,
deben ser resueltos en el fallo de segunda instancia.
Por la misma razón, no se advierte la urgencia y la inminencia en adoptar la medida
solicitada, máxime si se tiene en cuenta que se ha surtido la segunda instancia de
la presente acción de tutela de manera célere y eficaz, al punto que, el fallo se
profiere incluso antes del vencimiento del término previsto en la ley para proveer
decisión de segunda instancia.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
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persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Procedencia de la acción de tutela para cuestionar las decisiones que se
profieren en desarrollo de un concurso de méritos
Según el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no
procede cuando existen otros medios de defensa judicial, salvo que se interponga
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Y ese mecanismo
de defensa judicial, según reiterada jurisprudencia constitucional, debe ser eficaz,
pues de no serlo, la tutela procede como medio judicial de protección de los
derechos fundamentales.
Ahora, las decisiones que se dictan en el desarrollo de un concurso de méritos para
la provisión de empleos generalmente corresponden a actos de trámite, contra los
cuales no proceden los recursos de la vía gubernativa ni las acc iones contencioso
administrativas. Sin embargo, ha sido un criterio reiterado de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado 1 y de esta Sección 2, que en
aquellos eventos en que, en el desarrollo de un concurso, se presente la flagr ante
violación de un derecho fundamental, la acción de tutela resulta procedente, ante
la carencia de medios de defensa judiciales para lograr la continuidad en el
concurso del aspirante afectado con la decisión.
En los concursos de méritos también se expiden actos administrativos definitivos,
como ocurre en los casos en los que han culminado las etapas del concurso y existe
un acto que establece la lista de elegibles para proveer los cargos ofertados. En
ese caso, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho sí se erige como el
mecanismo judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos de las
personas que se someten a un concurso de méritos 3, pues se trata de un acto
administrativo definitivo que fija el número de plazas a ocupar y el orden de
elegibilidad, según el puntaje.
Por lo tanto, en ese evento, la tutela es improcedente, habida cuenta de que existe
otro medio para la protección de los derechos fundamentales violados o en
situación de amenaza, a menos que se configure un perjuicio irremediable.
Sobre este último punto, la Corte Constitucional, en sentencia SU- 263 de 2015,
previó que, bajo ciertas circunstancias, el carácter subsidiario y residual de la acción
de tutela puede llegar a tener algunas excepciones, específicamente en los
siguientes eventos:
1
Sentencia AC-00698 (2007) del 28 de agosto de 2007, M. P. Martha Sofía Sanz Tobón.
2
Sentencia AC-00068 del 28 de mayo de 2008, reiterada a su vez en las sentencias AC-00009 del 3 de abril de 2008, AC-
00044 y AC-00046 del 10 de abril de 2008 y AC-00043 del 8 de mayo de 2008, todas con Ponencia de Ligia López Díaz.
3
Al respecto, ver, entre otras, las sentencias del 10 de junio de 2010. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Expedientes 2010-00475-01, 2010-00496-01 y 2010-00583-01.
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“(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente idóneos y
eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados;
(ii) Aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela
como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio irremediable a los
derechos fundamentales.
(iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas de
la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población
desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de particular
consideración por parte del juez de tutela".
Finalmente, es del caso mencionar que los concursos públicos abiertos son el
mecanismo idóneo para que el Estado dentro de los criterios de imparcialidad y
objetividad, pueda valorar las calidades y aptitudes de los aspirantes a los distintos
cargos con el fin de escoger a la persona que resulte idónea para desempeñarlos
y dentro de ese marco, definir las reglas que deben ser aplicadas de acuerdo con
la naturaleza del empleo y los objetivos que se persigan por la entidad que cuenta
con las vacantes a proveer.
Problema jurídico
Mediante en el ejercicio de la presente acción el actor pretende que se ordene al
Consejo Superior de la Judicatura de Risaralda realizar una nueva valoración de
los documentos soporte de las calificaciones otorgadas para aspirar al cargo
Asistente Jurídico para los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad grado 19 del Distrito Judicial de Risaralda de la concursante Rivera
Santos, en el marco del cual, el 25 de abril de 2024, el Consejo Seccional de la
Judicatura de Risaralda remitió al Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Pereira la lista de elegibles, en la que figura en primer
lugar la referida concursante.
En ese sentido, le corresponde a la Sala determinar si la presente solicitud de
amparo cumple el requisito de subsidiariedad o si procede la acción de tutela como
mecanismo transitorio, caso en el cual, procederá a revisar si existe vulneración de
los derechos fundamentales invocados por el actor por parte del Consejo Seccional
de la Judicatura de Risaralda.
Del requisito general de subsidiariedad
Como se anticipó, de manera previa a cualquier consideración respecto del fondo
del asunto, la Sala estima necesario verificar si la presente acción de tutela cumple
el requisito de subsidiariedad.
La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de
los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la
Constitución y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente
eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos
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invocados. De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han
agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto
para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido,
la Corte Constitucional manifestó4:
«La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o
amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene
previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la
protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por
cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del
interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la
concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción
dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni
menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede
afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la
Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin de llenar los vacíos que
pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus
derechos esenciales (…)».
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por
lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de
lo contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos
se cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.
Del requisito general de subsidiariedad en el caso concreto
Mediante el ejercicio de la presente acción el señor Allan Lozano interpuso acción
de tutela contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda por estimar
vulnerados los derechos fundamentales de acceso a cargos públicos por el mérito,
trabajo, igualdad, debido proceso, y los principios de buena fe y confianza legítima.
Para resolver el presente asunto, es necesario resaltar los siguientes hechos:
• Mediante Acuerdo CSJRIA17- 723 de 6 de octubre de 2017, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Risaralda adelantó la convocatoria número 4, para
la conformación del registro de elegibles para la provisión de empleados de la
Rama Judicial.
• Mediante Resoluciones CSJRIR21-221 del 24 de mayo y CSJRIR21-373 de 17
de agosto de 2021, el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda integró
los registros seccionales de elegibles para el cargo de asistente jurídico de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad Grado 19.
• El 30 de marzo de 2023, el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda,
mediante Resolución CSJRIR23-194, resolvió las solicitudes de actualización del
registro de elegibles.
• Mediante Resoluciones CSJRIR23-0239 de 26 de abril y CSJRIR23-251 de abril
27 de 2023, el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda resolvió los
recursos de reposición interpuestos contra el acto que resolvió las solicitudes de
actualización del registro de elegibles.
4
Sentencia C-543 de 1992. Magistrado ponente: José Gregorio Hernández Galindo.
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• El 27 de junio de 2023, mediante Resolución CSJRIR23-339, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Risaralda adicionó la Resolución CSJRIR23-0239
de 26 de abril, con el fin de resolver todos los argumentos expuestos en el
recurso de reposición y subsidio apelación interpuesto por el señor Allan Lozano.
• El 3 de agosto de 2023, la Unidad de Administración de Carrera Judicial profirió
la Resolución CJR23-0340 del 28 de agosto de 2023, en la que confirmó la
decisión proferida por la entidad demandada.
• El 25 de abril de 2024, el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda remitió
al Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira la
lista de elegibles al cargo de Asistente Jurídico Grado 19.
De conformidad con lo alegado en la impugnación, el actor afirma que la vulneración
de los derechos fundamentales proviene de la presunta valoración errónea por
parte del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda de los documentos
aportados por la concursante Bivian Teresa Rivera Santos para certificar el ítem de
«capacitación adicional». Específicamente, cuestiona que la accionada otorgara
puntaje por un Curso en Secretariado General del SENA y que le otorgara doble
calificación por ese certificado.
Al respecto, la Sala anticipa que en el presente caso no se cumple con el requisito
general de subsidiariedad, lo cual hace improcedente el estudio de fondo del
defecto invocado en la acción de tutela, como se pasa a explicar.
En el caso concreto, lo que la parte demandante pretende, en esencia, es
cuestionar la calificación por el ítem de «capacitación adicional» que el Consejo
Seccional de la Judicatura de Risaralda le otorgó a la concursante Rivera Santos.
En otras palabras, busca controvertir los actos administrativos que contienen el
registro de elegibles para el cargo de asistente jurídico de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad Grado 19.
Por lo anterior, de entrada, la Sala evidencia que la presente solicitud de amparo
no cumple con el requisito de subsidiariedad, dado que el actor cuenta con otro
medio de defensa judicial 5, en tanto, el debate propuesto recae sobre la legalidad
de decisiones de carácter definitivo que produjeron efectos jurídicos particulares,
5
En relación con la existencia de otro medio de defensa judicial, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, establece: «Artículo
6o. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios
de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante. Se entiende por irremediable el perjuicio que solo pueda ser reparado en su integridad mediante una
indemnización.» (Negrilla fuera de texto)
Así mismo, la Corte Constitucional, en la Sentencia T- 972 de 2005 consideró: «Se encuentra ya muy decantada la
jurisprudencia de la Corte acerca de la naturaleza residual de la acción de tutela y sus condiciones de procedencia cuando
existe un mecanismo ordinario de defensa. Así ha destacado en múltiples oportunidades que los medios y recursos judiciales
ordinarios son el escenario preferente para invocar la protección de los derechos constitucionales fundamentales que se
consideren vulnerados en una situación específica, y a ellos deben acudir, en principio, los afectados, a fin de hacer
prevalecer la supremacía de estos derechos y el carácter inalienable que les confiere la Carta.
En consecuencia, la acción de tutela adquiere la condición de medio subsidiario, cuyo propósito no es el de desplazar a los
otros mecanismos, sino el de fungir como último recurso orientado a suplir los vacíos de defensa que en determinadas
circunstancias presenta el orden jurídico, en materia de protección de derechos fundamentales.
Así, la protección de derechos fundamentales es un asunto que el orden jurídico reserva a la acción de tutela en la medida
que el mismo no ofrezca al afectado otros medios de defensa judicial, de igual o similar eficacia. Sin embargo, de la sola
existencia de un medio alternativo de defensa judicial, no deviene automáticamente la improcedencia de la acción de tutela.
En aquellos eventos en que se establezca que el ordenamiento jurídico tiene previsto un medio ordinario de defensa judicial,
corresponde al juez constitucional resolver dos cuestiones: la primera, consiste en determinar si el medio judicial alterno
presenta la idoneidad y eficacia necesarias para la defensa de los derechos fundamentales. Si la respuesta a esa primera
cuestión es positiva, debe abordarse la cuestión subsiguiente consistente en determinar si concurren los elementos del
perjuicio irremediable, que conforme a la jurisprudencia legitiman el amparo transitorio».
14
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como lo son las Resoluciones CSJRIR21-221 del 24 de mayo, CSJRIR21-373 de
17 de agosto de 2021 y CJR23-0340 del 28 de agosto de 2023.
De este modo, al estar en presencia de un acto administrativo que puede demandar
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
conforme lo establecido en el artículo 138 del CPACA, el cual resulta eficaz para
resolver el debate que propone y en todo caso en dicha oportunidad cuenta con la
posibilidad de solicitar medidas cautelares que considere pertinentes de
conformidad al artículo 229 del CPACA y siguientes. Este es el mecanismo idóneo
para conseguir el amparo de los derechos invocados. Máxime, si se considera que
lo que pretende es que se recalcule el puntaje obtenido por la concursante Santos
Rivera.
Además, debe resaltarse que el capítulo XI del CPACA establece las medidas
cautelares en las acciones contenciosas administrativas como un mecanismo de
defensa provisional, idóneo y eficaz si lo que se pretende es evitar un perjuicio
irremediable. Según el artículo 230 del CPACA, las medidas cautelares, podrán ser:
i) preventivas, cuando se ordene la adopción de una decisión administrativa con el
fin de evitar un perjuicio irremediable o la agravación de los efectos; ii)
conservativas, cuando el juez ordena mantener la situación o que se restablezca al
estado en que se encontraba antes de la conducta vulneradora o amenazadora; iii)
anticipativas, cuando se ordene la adopción de una decisión administrativa; iv)
suspensivas, cuando se ordene suspender provisionalmente los efectos de un acto
administrativo.
El artículo 231 de la misma norma contempla los requisitos que deben acreditarse
para decretar las medidas cautelares, ya sea que se trate de suspensión provisional
o de otras medidas. Cuando se pretenda la suspensión provisional de los efectos
del acto administrativo demandado, ésta procederá por violación de las
disposiciones invocadas en la demanda o en solicitud separada, que surja del
análisis y confrontación del acto con las normas superiores invocadas como
vulneradas o del estudio de las pruebas del expediente. Así mismo, cuando se
pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios, deberá
acreditarse la existencia de aquellos.
De conformidad con el artículo 234 del CPACA, las medidas cautelares de urgencia
pueden ser adoptadas por el juez o magistrado desde la presentación de la solicitud
sin previa notificación a la otra parte, siempre y cuando se evidencie que por la
urgencia no es posible agotar el trámite previsto en el artículo 233 de la Ley 1437
de 2011.
En ese orden de ideas, en principio, la acción de tutela resulta improcedente para
controvertir las resoluciones que contienen el registro de elegibles, toda vez que
como quedó expuesto el actor puede interponer el medio de control pertinente para
que se determine la legalidad de esas decisiones administrativas.
En tal sentido, el actor cuenta con otros mecanismos, los cuales a la fecha no han
sido interpuestos y, en esa medida, la presente solicitud de amparo es
improcedente. Es más, la Sala ya se ha pronunciado en el mismo sentido en casos
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con similitud fáctica al caso objeto de estudio, en los que se cuestiona el registro
de elegibles 6.
Aunado a lo anterior, es necesario destacar que la resuelto en la sentencia de 18
de abril de 2024 7, respecto a la flexibilización del requisito de subsidiariedad, no
resulta aplicable al presente caso, pues no comparte los mismos supuestos
fácticos, en el entendido que en esa oportunidad se discutía la ponderación de
derechos de la persona que ocupó el primer lugar de la lista de elegibles versus el
de una personas con derechos de carrera administrativa, que, solicitaron el traslado
para la misma plaza.
En aquel asunto, la acción de tutela se dirigió contra un acto de nombramiento y la
protección de los derechos fundamentales se sustentó en que el Juzgado Séptimo
Administrativo de Armenia nombró en el cargo de Profesional Universitario Grado
16 a dos empleados que estaban en carrera judicial, solicitaron traslado y contaban
con concepto favorable y no al demandante, que, ocupaba el primer puesto en la
lista de elegibles. Con fundamento en dichos supuestos, se tuvo en cuenta la
jurisprudencia constitucional aplicable, en la que la Corte Constitucional señaló que
es procedente la acción de tutela para dirimir conflictos entre «aspirantes inscritos
en una lista de elegibles y aspirantes a ser trasladados a otro cargo de la
administración de justicia».
Adicionalmente, debe indicarse que el señor Alejandro Allan Lozano interpuso
todos los recursos administrativos y constitucionales previstos en las normas del
concurso y en ley –recurso contra las decisiones contenidas en los actos administrativos
proferidos en el marco del concurso de méritos, tutelas y recurso de insistencia– para
impugnar la calificación otorgada a la aspirante Bivian Teresa Rivera Santos , los
cuales fueron resueltos por las autoridades administrativas y judiciales
competentes, lo cual demuestra que su inconformidad ha sido atendida en todas
las oportunidades que ha tenido a su alcance previo a que se profiriera el registro
de elegibles, sin embargo, como este ya fue expedido, está en presencia de un acto
administrativo de carácter definitivo.
Lo cual permite reiterar que, ante la expedición de ese acto de carácter definitivo,
al actor le corresponde cuestionar la legalidad del registro de elegibles en sede de
nulidad y restablecimiento del derecho, para que sea el juez natural de
conocimiento el que determine si se encuentra ajustado a derecho, labor que no
puede ser desplazada por el juez constitucional.
Por lo anterior, se advierte que no se está ante la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, pues no se observan circunstancias particulares que ameriten la
intervención del juez de tutela ante la existencia de una situación grave, urgente,
inminente e impostergable que afecte los derechos fundamentales de la
demandante, pues, en caso de la prosperidad de las pretensiones de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho, será el juez de conocimiento quien
adoptará las medidas pertinentes y conducentes para el restablecimiento del
derecho.
De lo anterior, la Sala concluye que en el presente caso no se cumple con uno de
6
Sentencia de 20 de noviembre de 2019, expediente 11001-03-15-000-2019-04466-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto.
7
Sentencia de 18 de abril de 2024, expediente 63001-2333-000-2024-00004-01, C.P. Wilson Ramos Girón.
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Demandante: Alejandro Allan Lozano
los requisitos de procedencia de la tutela, esto es, que se agoten en debida forma
el medio de defensa para que se le protegieran los derechos fundamentales que
considera le fueron vulnerados. Luego, la Sala confirmará la decisión de primera
instancia que declaró improcedente la solicitud de amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la decisión de primera instancia de 22 de mayo de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo de Risaralda, objeto de impugnación.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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