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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04627-00

Fecha
11 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04627-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. NO ACCEDER a la solicitud de desvinculación de parte Celsia Colombia SA ESP, de acuerdo con lo dispuesto en esta providencia. SEGUNDO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela en lo que respecta a los argumentos formulados contra el auto del 11 de abril de 2025, por no cumplirse el requisito de subsidiariedad. TERCERO. NEGAR la acción de tutela en relación con los demás argumentos presentados conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia. 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-15-000-2025-04627-00 Accionante: Diana Ximena Patiño Cobo y otros CUARTO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04627-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

11 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Once (11) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04627-00
Demandante: Diana Ximena Patiño Cobo y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros

Temas: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Recurso
de apelación contra auto que declara falta de jurisdicción.
Decisión: Declara improcedente por falta del requisito de subsidiariedad y
niega.

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Diana
Ximena Patiño Cobo y otros en contra del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y otro.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 25 de julio de 2025, Diana Ximena Patiño Cobo, José Gregorio Valverde
Lugo, Jessira Valverde, Karol Dayana Valverde Patiño, Arcesio Patiño Rada, Ana
Cristina Cobo González, Johan Mauricio Hurtado Cobo, Efrén Heberto Valverde
Lugo, Carlos Ovidio Valverde Lugo, María Beatriz Valverde Lugo, Blanca Maritza
Valverde Lugo, Luis Lorenzo Valverde Lugo, July Tatiana Valverde Rivera, Christian
Fernando Valverde Casañas, Diego Fernando Valverde Peralta, Luz Adriana
Valverde Peralta, Yinne Cortes Valverde, Ivonne Vanessa Valverde Barrera,
Claudia Lorena Manrique Valverde y Carolina Manrique Valverde presentaron una
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado
2 Administrativo de Cali, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales
al debido proceso y acceso a la administración de justicia, con ocasión de (1) la
decisión del Juzgado 2 Administrativo de Cali de remitir el caso a la «Jurisdicción
Ordinaria Juez Civil Circuito – Reparto», y (2) el rechazó del recurso de apelación
contra esa providencia por parte del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
dentro del proceso No. 76001-33-33-002-2022-00207-00/011.

2. A título de amparo constitucional, solicitó que se ordene al Juzgado 2
Administrativo de Cali continuar con el trámite normal del proceso sin alegar falta de

1
Las decisiones fueron notificadas así: el 13 de febrero de 2025 fue notificada en estrados el auto del Juzgado 2 Administrativo
de Cali que ordenó remitir el proceso a la «Jurisdicción Ordinaria Juez Civil Circuito – Reparto», y el 22 de abril de 2025 se
notificó por estado el auto donde se rechazó el recurso de apelación frente a la decisión del Juzgado.

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jurisdicción o falta de competencia y/o se ordene al Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca estudiar de fondo el recurso de apelación interpuesto contra el auto
proferido por el Juzgado 2 Administrativo de Cali, por medio del cual declaró la falta
de jurisdicción.

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud, la parte actora indicó que el
28 de junio de 2021, Carlos Fernando Valverde Patiño falleció a causa de una
descarga eléctrica producida por una cuerda que transportaba energía en el
corregimiento de Guanabanal, municipio de Palmira, Valle del Cauca.

4. Indicó además que dicha cuerda no cumplía con los requisitos normativos
establecidos, ya que atravesaba lotes y viviendas del sector, manteniendo una
altura inadecuada respecto al suelo, lo que representaba un riesgo evidente para la
comunidad.

5. Debido a lo anterior, el 19 de diciembre de 2022, Diana Ximena Patiño
Cobo y otros demandantes3 presentaron medio de control de reparación directa en
2

contra de Celsia Colombia SA ESP y el municipio de Palmira – Valle del Cauca, con
el propósito de que se declarara su responsabilidad extracontractual por el
fallecimiento del señor Valverde Patiño.

6. La demanda fue asignada por reparto al Juzgado 2 Administrativo de Cali.
Despacho que la admitió mediante Auto del 17 de marzo de 2023.

7. Posteriormente, en el marco de la audiencia inicial celebrada el 13 de
febrero de 2025, el juzgado, a través del Auto No. 075, declaró la falta de jurisdicción
y ordenó remitir el proceso a la jurisdicción ordinaria civil. Lo anterior, con
fundamento en que la estructura y funcionamiento del sistema eléctrico
correspondía a Celsia SA ESP [EPSA], a quien se atribuía la omisión en la adopción
de medidas de seguridad.

8. El juzgado añadió que el municipio de Palmira fue vinculado únicamente
con el fin de llevar el asunto a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, siendo
en realidad la jurisdicción ordinaria especialidad civil la competente para conocer de
una eventual responsabilidad extracontractual.

9. Los accionantes interpusieron recurso de apelación4 contra el referido auto;
sin embargo, este fue rechazado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
mediante Auto de 11 de abril de 2025, tras considerar que no era procedente
conforme a lo dispuesto en el artículo 243 del CPACA, modificado por el artículo 62
de la Ley 2080 de 2021. Actualmente el proceso cursa en el Juzgado 1 Civil de
Circuito de Cali.

2
Madre de Carlos Fernando Valverde Patiño.
3
José Gregorio Valverde Lugo(Padre), Jessira Valverde Patiño(Hermana), Karol Dayana Valverde Patiño(Hermana), Arcesio
Patiño Rada(Abuelo), Ana Cristina Cobo González(Abuela), Johan Mauricio Hurtado Cobo(Tío), Efrén Heberto Valverde
Lugo(Tío), Carlos Ovidio Valverde Lugo(Tío), María Beatriz Valverde Lugo(Tía), Blanca Maritza Valverde Lugo(Tía), Luis
Lorenzo Valverde Lugo(Tío), July Tatiana Valverde Rivera(Tía), Christian Fernando Valverde Casañas(Primo), Diego
Fernando Valverde Peralta(Primo), Luz Adriana Valverde Peralta(Prima), Yinne Cortes Valverde(Prima), Ivonne Vanessa
Valverde Barrera(Prima), Claudia Lorena Manrique Valverde(Prima), Carolina Manrique Valverde(Prima)
4
Su apelación fue coadyuvada por Celsia Colombia ESP y Seguros Generales Suramericana

2
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10. Como fundamento de la vulneración, la parte actora argumentó que las
autoridades judiciales desconocieron la garantía de la «perpetuatio iurisdictionis»,
el fuero de atracción, el derecho de acción y el principio de confianza legítima.
Además incurrieron en un error al no dar trámite al recurso de apelación interpuesto.

11. Esta vulneración se materializó al trasladar el proceso a la jurisdicción civil,
a pesar de que uno de los demandados era una entidad pública. No se tuvo en
cuenta que el juez que inicialmente conoció del caso conservaba su competencia,
ya que los accionantes tenían el derecho de acudir a la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo para que conociera del asunto.

12. Señaló que el Tribunal erró al no analizar de fondo el recurso de apelación
desconociendo con ello la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal. Esto
se evidenció al fundamentar su decisión en disposiciones del CPACA,
específicamente en la regla según la cual no procede apelación contra el auto que
resuelve una excepción, cuando en realidad ninguna de las partes propuso
excepciones dentro del proceso.

Intervenciones5

13. El Tribunal Administrativo del Valle realizó un recuento del proceso y
explicó que mediante Auto de 11 de abril de 2025 rechazó de plano el recurso de
apelación interpuesto contra la decisión del Juzgado 2 Administrativo de Cali,
argumentando que conforme al artículo 243 del CPACA no procedía recurso de
apelación contra este tipo de providencias. Por lo anterior, solicitó negar las
pretensiones de la acción, al considerar que no se configuró ninguna vulneración a
los derechos fundamentales de los accionantes.

14. El Juzgado 2 Administrativo de Cali señaló que Celsia Colombia SA ESP
no es una entidad pública y en su calidad de propietaria de la estructura de
conducción eléctrica, es quien debe responder por los daños derivados del ejercicio
de dicha actividad. En consecuencia, afirmó que el municipio de Palmira no tiene
responsabilidad en los hechos y solo fue vinculado al proceso para efectos de
determinar la competencia de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

15. Precisó que la legitimación en la causa no implica necesariamente la
titularidad del derecho sustancial, sino la condición de ser la persona que por activa
o por pasiva debe participar en el proceso. A su juicio, permitir que toda controversia
con participación estatal se ventile en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo
vaciaría de contenido las demás jurisdicciones, ya que el Estado podría ser
vinculado en cualquier proceso sin distinción.

16. Celsia Colombia SA ESP alegó falta de legitimación por pasiva,
argumentando que no tiene competencia para emitir decisiones de fondo respecto

5
Mediante Auto de 29 de Julio de 2025, el despacho admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y el Juzgado 2 Administrativo de Cali y vinculó al Municipio de Palmira – Valle del Cauca, Celsia Colombia E.S.P,
Seguros Generales Suramericana y el Juzgado 1 Civil del Circuito de Cali.

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a las solicitudes presentadas en la acción de tutela. Por ello, solicitó su
desvinculación del trámite, señalando que el municipio de Palmira no debió ser
excluido del proceso inicial sin que previamente se hubiera adelantado actividad
probatoria que permitiera establecer su posible responsabilidad.

17. Seguros Generales Suramericana SA manifestó que los accionantes
actuaron correctamente al vincular al municipio de Palmira ya que esta entidad es
la responsable de otorgar licencias de construcción y de ejercer control urbanístico.
Sostuvo que cuando un particular infringe normas urbanas, el municipio tiene la
obligación de sancionar y tomar medidas para proteger tanto el espacio público
como la vida de los ciudadanos. Por lo tanto, consideró improcedente el traslado del
proceso a otra jurisdicción.

18. Indicó que dentro del proceso se había planteado como excepción el
«hecho de un tercero», atribuible tanto al constructor de la obra como al municipio
de Palmira, en razón a la vulneración de las distancias de seguridad durante la
construcción. En ese sentido, sostuvo que debió esperarse al fallo definitivo para
establecer las responsabilidades y no haber desvinculado al ente territorial en la
audiencia inicial sin haberse desarrollado el debate probatorio correspondiente.

19. Afirmó que la decisión del Juzgado 2 Administrativo de Cali no se ajustó a
la etapa procesal en la que se encontraba el proceso. En vista de que aún no se
había practicado prueba alguna, solicitó el amparo de los derechos fundamentales
de los accionantes.

20. El municipio de Palmira y el Juzgado 1 Civil de Circuito de Cali no se
pronunciaron, a pesar de haber sido debidamente notificado.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

21. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión previa

22. No se accederá a la solicitud de desvinculación presentada por Celsia
Colombia SA ESP, comoquiera que intervino dentro del proceso No. 76001-33-33-
002-2022-00207-00/01 como demandada.

23. Asimismo, es preciso señalar que se analizarán por separado las presuntas
vulneraciones de derechos fundamentales atribuidas a las autoridades accionadas.
Para ello, se examinarán, por un lado, los argumentos dirigidos contra el Auto de 11
de abril de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
mediante el cual se rechazó el recurso de apelación; y por otro, los

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cuestionamientos al Auto del 13 de febrero de 2025 del Juzgado 2 Administrativo
de Cali, que declaró la falta de jurisdicción.

24. Aunque los accionantes no alegaron expresamente alguna de las causales
específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, los
argumentos presentados serán examinados bajo defecto procedimental, por ser el
que mejor se acomoda a aquellos.

Problema jurídico

25. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, si el
Juzgado 2 Administrativo de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
incurrieron en defecto procedimental y con ello vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la parte
actora, con ocasión de la expedición de los Autos de 13 de febrero y 11 de abril de
2025, por medio de los cuales se declaró la falta de jurisdicción para conocer de
una demanda de reparación directa y se rechazó un recurso de apelación contra
esa decisión, respectivamente.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

26. La Sala declarará procedente la acción de tutela respecto del Auto del 13
de febrero de 2025 del Juzgado 2 Administrativo de Cali, dado que: (i) el asunto
tiene relevancia constitucional, ya que la discusión se centró en una posible
vulneración de los derechos al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, y se alegó una suerte de defecto procedimental; (ii) se encontró satisfecha
la legitimación en la causa, tanto activa como pasiva, puesto que los hoy
accionantes fueron quienes actuaron dentro del proceso ordinario como
demandantes y la decisión objeto de cuestionamiento fue emitida por el Juzgado 2
Administrativo de Cali; (iii) se cumplió con el requisito de subsidiariedad, ya que la
parte actora agotó todos los recursos judiciales disponibles para procurar la defensa
de sus derechos; (iv) la acción de tutela fue presentada el 25 de junio de 2025, es
decir, dentro del plazo de 6 meses contados a partir de la notificación de la
providencia enjuiciada6; (vi) se alegó la existencia de una irregularidad procesal,
explicando su relevancia y trascendencia dentro del proceso; (v) los hechos y
fundamentos en los que se basó la presunta vulneración de derechos fueron
identificados de manera razonable; y (vii) la tutela no fue interpuesta contra una
providencia de la misma naturaleza.

27. No ocurre lo mismo frente al Auto de 11 de abril de 2025 del tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, pues no se satisfizo del requisito de
subsidiariedad. Ello obedece a que si la parte demandante consideraba que el
tribunal debía estudiar y decidir de fondo el recurso de apelación interpuesto contra
el auto que declaró la falta de jurisdicción por parte del Juzgado 2 Administrativo de
Cali, tenía la carga procesal de interponer el recurso de súplica, conforme con lo

6
El auto fue notificado en estrados el 13 de febrero de 2025

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establecido en el numeral 3 del artículo 246 CPACA7. Lo anterior, bajo el entendido
que lo cuestionado por la parte actora no fue otra cosa que la procedencia del
recurso de apelación contra el auto del juzgado, fundado en la prevalencia del
derecho sustancia sobre el procesal.

28. En consecuencia, al no haber hecho uso de los mecanismos judiciales
previstos por el ordenamiento jurídico, el accionante dejó de activar las herramientas
procesales que tenía a su disposición para controvertir la decisión. De este modo,
perdió la oportunidad de defender su posición dentro del proceso ordinario. En otras
palabras, contaba con medios judiciales idóneos y eficaces que no fueron
debidamente agotados.

29. La acción de tutela no está concebida para reabrir debates que debieron ser
resueltos en las instancias ordinarias del proceso, ni para subsanar errores u
omisiones atribuibles a las partes. Por su carácter excepcional y su finalidad
específica, su procedencia exige el cumplimiento estricto de ciertos requisitos, entre
ellos el principio de subsidiariedad, consagrado en el artículo 86 de la Constitución
Política y en el artículo 6.1 del Decreto 2591 de 1991.

Análisis de vulneración alegada

30. La Sala negará el amparo solicitado frente al Auto del 13 de febrero de 2025
del Juzgado 2 Administrativo de Cali, por las razones que se exponen a
continuación:

31. La jurisdicción por factores subjetivo o funcional es de carácter
improrrogable, lo cual significa que no puede ser modificada ni por voluntad de las
partes ni por el juez. En consecuencia, si en cualquier momento del proceso se
advierte que el juez carece de jurisdicción para conocer del asunto, está en la
obligación de declararlo mediante auto motivado y ordenar la remisión del
expediente a la autoridad competente8. Esta medida no solo garantiza la legalidad
del trámite, sino que evita decisiones nulas por falta de competencia, preservando
el debido proceso y el principio de legalidad.

32. En otras palabras, la corrección oportuna de la falta de jurisdicción reviste
especial importancia, pues permite evitar nulidades procesales futuras que podrían
afectar la validez de lo actuado. Lo anterior no significa que los demandantes estén
absolutamente limitados por la jurisdicción ante la cual presentan su demanda, pues
corresponde al juez analizar las pretensiones, adecuarlas al marco legal y de ser
necesario encauzar el trámite ante la jurisdicción competente.

33. Este deber judicial no convierte la escogencia de la jurisdicción por parte del
demandante en una camisa de fuerza ni en una causal de sanción procesal
automática. Si bien es cierto que las partes deben dirigir sus pretensiones al juez
que consideran competente, también lo es que el legislador ha depositado en el juez

7
Artículo 246. Súplica. El recurso de súplica procede contra los siguientes autos dictados por el magistrado ponente: //3. Los
que durante el trámite de la apelación o de los recursos extraordinarios, los rechace o declare desiertos.
8
Artículo 16 del CGP

6
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la responsabilidad de verificar la competencia y adecuar el trámite del proceso
conforme al ordenamiento jurídico, lo que implica verificar la competencia material,
funcional y territorial.

34. Esto responde al principio de dirección judicial del proceso, que le impone
al juez la tarea de no solo ser un árbitro neutral, sino también un garante de la
legalidad procesal. Así, cuando se presente una demanda ante una jurisdicción que
no es competente, corresponde al juez encauzar el trámite, subsanando el error y
garantizando el acceso efectivo a la administración de justicia.

35. Ahora bien, debe tenerse presente que la mención de un sujeto en los
hechos o en las pretensiones de la demanda no implica su vinculación automática
al litigio, es necesario brindar argumentos sólidos que permitan justificar su
vinculación para determinar o no la competencia de un juez para conocer del caso
en determinada jurisdicción.

36. En el caso que nos ocupa, el Juzgado 2 Administrativo de Cali determinó
que no tenía jurisdicción para decidir el asunto objeto de litigio, basando su decisión
en la «teoría del guardián». Según el análisis del despacho, la estructura y
funcionamiento del servicio de energía eléctrica involucrado en los hechos
pertenece a CELSIA SA ESP [EPSA], empresa a la que los demandantes
atribuyeron una omisión en la aplicación de los protocolos de seguridad. Además,
el juzgado consideró que la inclusión del municipio de Palmira en la demanda
respondía únicamente a un intento de llevar el proceso a la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo.

37. Esta remisión a la jurisdicción ordinaria no implica una vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso ni al acceso a la administración de
justicia. Por el contrario, garantiza que el proceso sea conocido por el juez que tiene
competencia conforme a la ley. Lejos de constituir una denegación de justicia, esta
actuación refuerza el principio de especialidad, asegurando que el caso sea
tramitado y decidido por un juez jurisdiccional específico sobre la materia del litigio.

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. NO ACCEDER a la solicitud de desvinculación de parte Celsia
Colombia SA ESP, de acuerdo con lo dispuesto en esta providencia.

SEGUNDO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela en lo que respecta
a los argumentos formulados contra el auto del 11 de abril de 2025, por no cumplirse
el requisito de subsidiariedad.

TERCERO. NEGAR la acción de tutela en relación con los demás argumentos
presentados conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia.

7
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CUARTO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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