Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04627-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04627-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04627-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
11 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., diez (10) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04627-01 (10212)
Accionantes: Diana Ximena Patiño Cobo y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de reparación
directa. Subtema 2: subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por Diana Ximena Patiño Cobo y otros contra la
sentencia del 11 de septiembre de 2025, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A.
1. SÍNTESIS DEL CASO
Los señores Diana Ximena Patiño Cobo, José Gregorio Valverde Lugo y otros1
presentaron acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, y al acceso a la administración de justicia, que
consideraron vulnerados por el Juzgado Segundo Administrativo de Cali y el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con ocasión de las providencias del 13
de febrero de 2025 y el 11 de abril de 2025, proferidas por el Juzgado Segundo
Administrativo de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del
medio de control de reparación de directa identificado con el radicado núm. 76001-
33-33-002-00207-00/01.
1
Se aclara que la parte tutelante se conforma con las siguientes persona: Diana Ximena Patiño Cobo, José Gregorio Valverde
Lugo, Jessira Valverde, Karol Dayana Valverde Patiño, Arcesio Patiño Rada, Ana Cristina Cobo González, Johan Mauricio
Hurtado Cobo, Efrén Heberto Valverde Lugo, Carlos Ovidio Valverde Lugo, María Beatriz Valverde Lugo, Blanca Maritza
Valverde Lugo, Luis Lorenzo Valverde Lugo, July Tatiana Valverde Rivera, Christian Fernando Valverde Casañas, Diego
Fernando Valverde Peralta, Luz Adriana Valverde Peralta, Yinne Cortes Valverde, Ivonne Vanessa Valverde Barrera, Claudia
Lorena Manrique Valverde y Carolina Manrique Valverde.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04627-01
Accionantes: Diana Ximena Patiño Cobo y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
2. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
2. El 28 de junio de 2021, el señor Carlos Fernando Valverde Patiño falleció a
causa de una descarga eléctrica producida por una cuerda que transportaba energía
en el corregimiento de Guanabanal, municipio de Palmira (Valle del Cauca), que
atravesaba lotes y viviendas del sector a una altura inadecuada respecto al suelo.
3. El 19 de diciembre de 2022, Diana Ximena Patiño Cobo2, junto con su grupo
familiar3, presentaron demanda de reparación directa contra Celsia Colombia S.A.
ESP y el municipio de Palmira (Valle del Cauca), con el fin de que se declarara la
responsabilidad extracontractual de estas entidades y se ordenara el
reconocimiento y pago de los perjuicios causados por el fallecimiento del señor
Valverde Patiño.
4. La demanda fue asignada por reparto al Juzgado Segundo Administrativo de
Cali, que, mediante auto del 17 de marzo de 2023, la admitió.
5. Posteriormente, en el marco de la audiencia inicial celebrada el 13 de febrero
de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo de Cali, a través de auto núm. 075,
declaró la falta de jurisdicción y ordenó remitir el proceso a la jurisdicción ordinaria
civil, al considerar que la estructura y funcionamiento del sistema eléctrico
correspondía a Celsia S.A. ESP [EPSA], a quien se atribuía la omisión en la
adopción de medidas de seguridad. Si bien, se incluyó al municipio de Palmira, lo
cierto es que dicha entidad fue vinculada con el fin de llevar el asunto a la jurisdicción
de lo contencioso-administrativo; sin embargo, la jurisdicción ordinaria civil es la
competente para conocer el asunto.
6. Los accionantes interpusieron recurso de apelación4 en contra de la providencia
proferida por el referido juzgado.
7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto de 11 de abril de
2025, rechazó el recurso de apelación, al considerar que no era procedente
conforme a lo dispuesto en el artículo 243 del CPACA, modificado por el artículo 62
de la Ley 2080 de 2021.
2
Madres del señor Carlos Fernando Valverde Patiño.
3
José Gregorio Valverde Lugo(Padre), Jessira Valverde Patiño(Hermana), Karol Dayana Valverde Patiño(Hermana), Arcesio
Patiño Rada(Abuelo), Ana Cristina Cobo González(Abuela), Johan Mauricio Hurtado Cobo(Tío), Efrén Heberto Valverde
Lugo(Tío), Carlos Ovidio Valverde Lugo(Tío), María Beatriz Valverde Lugo(Tía), Blanca Maritza Valverde Lugo(Tía), Luis
Lorenzo Valverde Lugo(Tío), July Tatiana Valverde Rivera(Tía), Christian Fernando Valverde Casañas(Primo), Diego
Fernando Valverde Peralta(Primo), Luz Adriana Valverde Peralta(Prima), Yinne Cortes Valverde(Prima), Ivonne Vanessa
Valverde Barrera(Prima), Claudia Lorena Manrique Valverde(Prima), Carolina Manrique Valverde(Prima).
4
La apelación fue coadyuvada por Celsia Colombia ESP y Seguros Generales Suramericana
2
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Accionantes: Diana Ximena Patiño Cobo y otros
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8.
Con ocasión de lo anterior, el expediente fue remitido a la jurisdicción ordinaria
y actualmente el proceso cursa en el Juzgado Primero Civil de Circuito de Cali.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
9. La parte actora en el escrito de tutela5 requirió lo siguiente:
PETICIÓN PRINCIPAL
1. SE AMPAREN NUESTROS DERECHOS FUNDAMENTALES Y SE ORDENE AL
JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO DE CALI, CONTINUE CON EL TRAMITE NORMAL
DEL PROCESO RADICADO 76001-33-33-002-2022-00207-00 SIN ALEGAR
FALTA DE JURISDICCIÓN O FALTA DE COMPETENCIA.
PETICIÓN SUBSIDIARIA
2. En caso de no ser de recibo la petición principal, se ordene AL TRUBUNAL
CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, estudiar de fondo y
resolver de fondo el recurso de apelación interpuesto contra el auto proferido por el
JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO DE CALI por medio del cual declara falta de
jurisdicción DEL EXPEDIENTE RADICADO 76001-33-33-002-2022-00207-016.
10. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que las
providencias del 13 de febrero de 2025 y el 11 de abril de 2025, proferidas por el
Juzgado Segundo Administrativo de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca incurrieron en defecto sustantivo al no dar aplicación a los artículos 155.6,
156.6 y 157 de la Ley 1437 del 2011 para continuar con el proceso de reparación
directa que promovieron en contra de Celsia S.A. ESP y otro.
11. Agregaron que las autoridades judiciales desconocieron la garantía de la
«perpetuatio jurisdictionis», el fuero de atracción, el derecho de acción y el principio
de confianza legítima, pues incurrieron en un error al no dar trámite al recurso de
apelación interpuesto.
12. Asimismo, indicaron que la vulneración se materializó al trasladar el proceso a
la jurisdicción ordinaria, a pesar de que uno de los demandados era una entidad
pública. De manera, que no se tuvo en cuenta que el juez que inicialmente conoció
del caso conservaba su competencia, ya que los accionantes tenían el derecho de
acudir a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo para que conociera del
asunto.
13. De igual manera, expresaron que el Tribunal omitió analizar de fondo los
argumentos expuestos en el recurso de apelación, por lo que desconoció el principio
de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal. Además, fundamentó su
decisión en disposiciones del CPACA, específicamente en la regla según la cual no
5
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D343F04659A05A78 41F8C7B873AF494A.
6
Se transcribe incluso con errores
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procede apelación contra el auto que resuelve una excepción, sin tener en cuenta
que ninguna de las partes propuso excepciones dentro del proceso.
2.3. Trámite procesal
14. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante auto del 29
de julio de 20257, admitió la solicitud de amparo y ordenó la notificación a las
autoridades accionadas, es decir, al Juzgado Segundo Administrativo de Cali y al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y puso en conocimiento el escrito de
tutela a la sociedad Celsia Colombia S.A. ESP, a Seguros Generales Suramericana
y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali, en calidad de terceros con interés.
15. Posteriormente, a través de auto del 21 de agosto de 20258 se dispuso la
vinculación del municipio de Palmira (Valle del Cauca).
2.4. Intervenciones
16. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca9 realizó una descripción de las
actuaciones adelantadas al interior del proceso ordinario y precisó que mediante
auto de 11 de abril de 2025 rechazó de plano el recurso de apelación interpuesto
contra la decisión del Juzgado Segundo Administrativo de Cali, al considerar que la
providencia que declara la falta de jurisdicción no es apelable, según el artículo 243
del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021.
17. Por lo anterior, solicitó que se nieguen las pretensiones de la tutela, pues no se
advierte vulneración de derecho fundamental alguno.
18. El Juzgado Segundo Administrativo de Cali10 señaló que Celsia Colombia
S.A., ESP es una sociedad anónima constituida como una empresa de servicios
públicos domiciliarios privada, que tiene por objeto la distribución, y comercialización
de energía eléctrica, que se rige por las leyes 142 y 143 de 1994. Su composición
accionaria indica que el 54% corresponde al Grupo Argos, el 25% a Fondos de
Pensiones colombianos, el 6% a Fondos Extranjeros, el 9% a Personas Jurídicas y
el 6% a personas naturales.
19. Por lo anterior, afirmó que la mencionada sociedad no es una entidad pública y
en su calidad de propietaria de la estructura de conducción eléctrica, es quien debe
responder por los daños derivados del ejercicio de dicha actividad. Adicionalmente,
indicó que el municipio de Palmira no tiene responsabilidad directa en los hechos y
7
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8
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solo fue vinculado al proceso para efectos de determinar la competencia de la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo.
20. Precisó que la legitimación en la causa no implica necesariamente la titularidad
del derecho sustancial, sino la condición de ser la persona que por activa o por
pasiva debe participar en el proceso. De modo que permitir que toda controversia
con participación estatal se ventile en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo
vaciaría de contenido alas demás jurisdicciones, ya que el Estado podría ser
vinculado en cualquier proceso sin distinción.
21. El Juzgado Primero Civil del Circuito del Cali11 remitió, a esta corporación, el
expediente del proceso ordinario sin pronunciarse sobre los hechos y pretensiones
del escrito de tutela.
22. La sociedad Celsia Colombia S.A ESP12 manifestó que carece de legitimación
por pasiva porque la solicitud de amparo se dirige a cuestionar unas decisiones
judiciales, en cuya expedición y trámite no tiene competencia alguna. Por lo anterior,
solicitó su desvinculación del presente asunto.
23. La compañía Seguros Generales Suramericana S.A13 manifestó que los
accionantes actuaron correctamente al vincular al municipio de Palmira ya que esta
entidad es la responsable de otorgar licencias de construcción y de ejercer control
urbanístico.
24. Sostuvo que cuando un particular infringe normas urbanas, el municipio tiene la
obligación de sancionar y tomar medidas para proteger tanto el espacio público
como la vida de los ciudadanos. Por lo tanto, consideró improcedente el traslado del
proceso a otra jurisdicción.
25. Indicó que dentro del proceso se había planteado como excepción el «hecho de
un tercero», atribuible tanto al constructor de la obra como al municipio de Palmira,
en razón a la vulneración de las distancias de seguridad durante la construcción. En
ese sentido, sostuvo que debió esperarse al fallo definitivo para establecer las
responsabilidades y no haber desvinculado al ente territorial en la audiencia inicial
sin haberse desarrollado el debate probatorio correspondiente.
26. Afirmó que la decisión del Juzgado Segundo Administrativo de Cali no se ajustó
a la etapa procesal en la que se encontraba el proceso. En consecuencia, solicitó el
amparo de los derechos fundamentales de los accionantes.
27. El municipio de Palmira guardó silencio.
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2.5. Sentencia de primera instancia
28. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del
11 de septiembre de 202514 resolvió: i) negar la solicitud de desvinculación
promovida por la sociedad Celsia Colombia S.A. ESP, ii) declarar improcedente el
amparo de tutela al considerar que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad
respecto del auto del 11 de abril de 2025 y iii) negó la tutela con relación al auto del
13 de febrero de 2025.
29. Con relación a la subsidiaridad de la acción de tutela, el fallo impugnado indicó
que los tutelantes no hicieron uso del recurso de súplica de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 3 del artículo 246 del CPACA15, en contra del auto del 11 de
abril de 2025, en el entendido que los tutelantes cuestionaron la decisión del
Tribunal accionado, que rechazó el recurso de apelación interpuesto contra la
providencia del Juzgado Segundo Administrativo de Cali.
30. En cuanto al auto del 13 de febrero de 2025, afirmó que el Juzgado Segundo
Administrativo de Cali determinó que no tenía jurisdicción para decidir el asunto
objeto de litigio y ordenó remitir el expediente a la jurisdicción ordinaria, con el fin
de encauzar el trámite judicial y garantizar el acceso efectivo a la administración de
justicia de los demandantes.
31. Asimismo, explicó que la decisión del juzgado estuvo soportada en un análisis
razonable de la naturaleza jurídica de Celsia Colombia S.A. ESP y el funcionamiento
del servicio de energía a cargo de la referida sociedad, lo que le permitió inferir que
las controversias ocurridas con dicha empresa debían dirimirse ante las autoridades
de la jurisdicción ordinaria. Además, el despacho judicial accionado consideró que
la inclusión del municipio de Palmira en la demanda respondía únicamente a un
intento de llevar el proceso a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, sin que
se pudiera advertir una acción u omisión concreta de la cual se pudiera derivar una
responsabilidad de la entidad territorial.
32. Con base en lo expuesto, explicó que la remisión a la jurisdicción ordinaria no
implica una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso ni al
acceso a la administración de justicia. Por el contrario, garantiza que el proceso sea
conocido por el juez que tiene competencia conforme a la ley. De manera que esta
decisión, lejos de constituir una denegación de justicia, refuerza el principio de
especialidad y asegura que el caso sea tramitado y decidido por un juez específico
sobre la materia del litigio.
14
Samai, exp, 11001-03-15-000-2025-04627-00, índice 24, certificado 3A78C339E58ED959 7162A2EEE538B692
94E20D3E33B9E69E 05D9A9BF795A1BCA.
15
Artículo 246. Súplica. El recurso de súplica procede contra los siguientes autos dictados por el magistrado ponente:
[…]
3. Los que durante el trámite de la apelación o de los recursos extraordinarios, los rechace o declare desiertos.
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2.6. Impugnación
33. Los accionantes presentaron impugnación16 en contra la sentencia del 11 de
septiembre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, con el argumento de que «no se estudiaron todos los reparos
que se invocaron» en el escrito de tutela, que se dirigían a cuestionar la actuación
de ordenó la remisión del expediente del proceso ordinario y justificaban la
competencia del juzgado administrativo para conocer y decidir la demanda de
reparación directa.
34. Lo anterior, por cuanto estaba demostrado que el asunto fue admitido y se surtió
el tramite procesal respectivo en el despacho judicial accionado, por lo que no es
aceptable que después de tres años se remita el asunto a otra jurisdicción, lo cual
implica una negación de su derecho a la administración de justicia.
35.Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revoque la providencia
impugnada y, en su lugar, se amparen los derechos fundamentales invocados.
3. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
36. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 11 de
septiembre de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A.
3.2. Legitimación en la causa
37. La legitimación en la causa por activa de Diana Ximena Patiño Cobo y otros
se encuentra acreditada, por cuanto fueron las personas que promovieron el
proceso de reparación directa en la cual se expidieron las decisiones que acusaron
de desconocer sus derechos fundamentales.
38. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Segundo Administrativo de Cali y del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
en la medida en que fueron las autoridades que profirieron las providencias que, a
juicio de la parte tutelante, vulneraron sus garantías constitucionales.
39. Por otro lado, se advierte que la sociedad Celsia Colombia S.A ESP solicitó
su desvinculación, al considerar que no estaba llamada a responder por la
vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.
16 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04627-00, índice 28, certificado A8A0F8E6AD5BD3DA 36ABAFBE649B9F61
EAF1F5990E3D3549 4C5178D543EB3710.
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Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
40.
Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de tercero, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda vez
que dicha entidad participó como sujeto demandado dentro del proceso ordinario en
el que fue emitida la providencia objeto de reparos y, en consecuencia, la decisión
que resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por los motivos expuestos, se
negará su solicitud.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
41. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 17, y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional18.
42.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
43. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales19 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
44. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
18
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
19
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
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Accionantes: Diana Ximena Patiño Cobo y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución20.
3.4. Problema jurídico
45. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación,
corresponde a la Sala determinar si las providencias proferidas el 13 de febrero de
2025 y el 11 de abril de 2025, por el Juzgado Segundo Administrativo de Cali y el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrieron en defecto sustantivo y, en
consecuencia, ¿vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia de los tutelantes, al remitir el expediente de
reparación directa a los despachos de la jurisdicción ordinaria?.
46. En particular y de forma previa, se deberá establecer si la acción de tutela
interpuesta por los accionantes, en contra de las referidas autoridades judiciales
supera el requisito de subsidiariedad. En caso afirmativo, continuará con el estudio
de los demás requisitos de procedibilidad y, si a ello hay lugar, a emitir una decisión
de fondo.
47. Para el efecto, se estudiará: i) las generalidades de procedibilidad de la acción
de tutela; y ii) el caso concreto.
3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
3.4.1.1. Requisito de subsidiariedad
48. Los señores Diana Ximena Patiño Cobo, José Gregorio Valverde Lugo y otros
presentaron acción de tutela con la pretensión principal de que se dejen sin efectos
las providencias del 13 de febrero de 2025 y del 11 de abril de 2025, proferidas por
el Juzgado Segundo Administrativo de Cali y por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y, en consecuencia, se le ordene al juzgado accionado continuar con el
trámite del proceso de reparación directa que promovieron en contra de Celsia
Colombia S.A. ESP y otro, con el fin de que se emitida decisión definitiva.
49. En ese contexto, es preciso tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad
presupone, en los términos del artículo 86 de la Constitución y del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, que el juez constitucional, por un lado, verifique que la
accionante no cuente con otros mecanismos judiciales de protección de sus
derechos fundamentales y, por otro lado, que valore si dichos mecanismos resultan
idóneos y eficaces para garantizar de forma oportuna el amparo solicitado, de
acuerdo con las particularidades de cada caso21.
20
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
21
Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.
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50.
Así pues, en el evento en que existan otros medios de defensa judicial, pero
que estos no sean idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de
protección de derechos fundamentales, así como en los eventos en que se configure
un perjuicio irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y cuyas medidas de
protección sean impostergables22.
51.
Cuando se trata de una tutela interpuesta en contra de providencia judicial, la
Corte Constitucional ha indicado que los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios constituyen vías legítimas de defensa y reconocimiento de los
derechos fundamentales23. De manera específica, el alto tribunal expresó lo
siguiente:
La acción de tutela no fue diseñada para desplazar a los jueces del ejercicio de sus
competencias naturales, motivo por el cual, en principio, no es procedente acudir
ante un juez para impugnar las decisiones judiciales si previamente no se han
empleado los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. El agotamiento
de estas herramientas constituye, entonces, un requisito indispensable para que el
juez de tutela pueda entrar a estudiar la vulneración invocada por el accionante.
52.
A partir de lo anterior, es preciso indicar que, de acuerdo con el artículo 246 24
de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), el recurso de súplica procede contra los siguientes
autos dictados por el magistrado ponente: «[…] 3. Los que durante el trámite de la
apelación o de los recursos extraordinarios; los rechace o declare desiertos. […]».
53. En efecto, como bien lo indicó el fallo de primera instancia, el recurso de súplica
procedía en contra del auto del 11 de abril de 2025, dada la naturaleza de la decisión
cuestionada, pues en dicha providencia se rechazó por improcedente la apelación
interpuesta por la parte demandante frente a la providencia del 13 de febrero de
2025, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Cali, que declaró la falta
de jurisdicción y ordenó remitir el expediente a la jurisdicción ordinaria.
54. No obstante, es pertinente aclarar que el recurso de súplica no resulta ser un
instrumento judicial suficientemente idóneo y eficaz para efectuar un análisis de
fondo frente al interés perseguido por la parte demandante.
55.
Lo anterior, por cuanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional25 ha indicado
que «[…] contra el auto que decide la falta de jurisdicción no procede recurso de
apelación». Al respecto, el alto tribunal expuso lo siguiente:
«[…] 19. Con base en lo expuesto, concluye esta Sala que la determinación de la
jurisdicción es un elemento esencial en el marco del derecho fundamental al debido
proceso, que implica la garantía de ser juzgado por el funcionario judicial a quien el
22
Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
23
Corte Constitucional, sentencia T-373 de 2021.
24
ARTÍCULO 246. SÚPLICA. El recurso de súplica procede contra los siguientes autos dictados por el magistrado ponente:
[…]
3. Los que durante el trámite de la apelación o de los recursos extraordinarios; los rechace o declare desiertos.
[…]».
25
Corte Constitucional, sentencia T-685 de 2013.
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ordenamiento jurídico previamente le ha atribuido dicha competencia. Su importancia
es tal, que la previsión contenida en el artículo 29 de la Norma Superior, está
desarrollada en el ordenamiento procesal con figuras que buscan la declaratoria de
falta de jurisdicción (rechazo de la demanda, excepciones previas, nulidades
insanables) y que imponen el deber de remitir el proceso a quien se cree es el
competente.
20. Ahora bien, contra el auto que decide la falta de jurisdicción no es procedente
recurso judicial alguno. En primer lugar, porque así lo mandan las normas que
regulan el conflicto de competencia por falta de competencia, aplicables
analógicamente a este supuesto y, en segundo lugar, porque se estaría atribuyendo
a un juez de segunda instancia una competencia que no tiene, cual es, la de
definir la jurisdicción competente para el conocimiento de un determinado
asunto.
[…]
En concordancia con lo anterior, se concluye que contra el auto que decide la falta
de jurisdicción no procede recurso de apelación, por cuanto lo anterior implicaría
que fuera el superior jerárquico de la autoridad judicial declarada incompetente
el que resulte definiendo la jurisdicción que deba resolver el caso, cuando el
ordenamiento superior, le atribuye dicha competencia al Consejo Superior de la
Judicatura. […]». (Negrilla fuera de texto)
56. En similar sentido a lo expuesto por la Corte Constitucional, la Sección Primera
del Consejo de Estado, en auto del 17 de septiembre de 202426, precisó lo que
sigue:
Es importante señalar que la norma del Código de Procedimiento Civil analizada por la
Corte Constitucional en la anterior providencia es análoga y tiene similitud con lo
dispuesto en el artículo 168 del CPACA, por lo que dicha tesis resulta aplicable al
presente asunto.
En concordancia con lo anterior, el Despacho considera que la decisión de declarar la
falta de jurisdicción no es susceptible del recurso de apelación, en tanto que, conforme
a la citada jurisprudencia, su procedencia le otorgaría facultades al superior jerárquico
de quien declara la misma para resolver un asunto del cual carece de atribuciones
legales para emitir pronunciamiento alguno, como lo seria resolver un conflicto de
competencias entre jurisdicciones. Aunado a lo anterior, se debe tener presente el
hecho consistente en que el juez que recibe el expediente remitido, de considerar
igualmente que carece de jurisdicción para conocer del asunto, puede proponer el
respectivo conflicto ante la Corte Constitucional, corporación que sí sería la competente
para dirimirlo, tal y como acontece en el presente caso.
57. Bajo este escenario, sería el caso examinar los argumentos planteados por la
parte accionante y verificar si se configura el defecto sustantivo y demás
irregularidades alegadas en el escrito de tutela en contra del auto del 11 de abril y
la providencia del 13 de febrero de 2025, proferidas por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca y el Juzgado Segundo Administrativo de Cali, respectivamente.
26
Consejo de Estado, Sección Primera, auto del 17 de septiembre de 2024, radicado núm.
25000-2341-000-2016-02462-02.
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58.
Sin embargo, la Sala considera pertinente aclarar que la Secretaría del Juzgado
Segundo Administrativo de Cali, en cumplimiento de lo dispuesto en el auto del 13
de febrero de 2025, remitió el expediente de reparación directa a los despachos de
la jurisdicción ordinaria. Dicho asunto fue repartido al Juzgado Primero Civil del
Circuito de Cali, bajo la denominación de proceso verbal de responsabilidad civil
extracontractual.
59. Así pues, al revisar el las actuaciones surtidas por el referido despacho judicial
en la página web de la Rama Judicial en el enlace de consulta de procesos, se
observa que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali, mediante auto del 5 de
agosto de 2025, declaró la falta de jurisdicción para conocer la demanda remitida
por el Juzgado Segundo Administrativo de Cali y suscitó el conflicto negativo de
jurisdicción, por lo que ordenó enviar el expediente a la Corte Constitucional para
dirimir el asunto, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 241
de la Constitución. Sobre el particular consta la siguiente anotación:
60. Asimismo, en el respectivo registro de actuaciones del expediente de la
referencia, también consta que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali envió el
plenario, el 10 de septiembre de 2025 a la Corte Constitucional.
61. Conforme con lo anterior, es claro que, actualmente no se tiene certeza sobre
la autoridad competente para gestionar y proferir sentencia en la demanda
promovida por la señora Diana Ximena Patiño Cobo y otros, toda vez que se suscitó
un conflicto negativo de jurisdicciones entre el Juzgado Segundo Administrativo de
Cali y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali, cuyo asunto se encuentra en
trámite ante la Corte Constitucional, que es la autoridad competente para dirimir la
controversia.
62. Lo anterior permite inferir que, a través del mecanismo judicial previsto en el
numeral 11 del artículo 241 de la Constitución, se podrá resolver la inconformidad
planteada por la parte tutelante en el presente asunto, en la medida en que la Corte
Constitucional tiene la facultad de definir si la demanda promovida por los señores
Diana Ximena Patiño Cobo, José Gregorio Valverde Lugo y otros debe ser tramitada
y decidida por el despacho de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo o por
aquel que pertenece a la jurisdicción ordinaria civil.
63. De esta manera, la Sala advierte que la solicitud de amparo interpuesta por la
señora Diana Ximena Patiño Cobo y otros no tiene vocación de prosperidad, en
tanto se observa que en este momento existe un trámite vigente, que constituye un
instrumento idóneo, eficaz y efectivo para establecer la jurisdicción y competencia
del despacho judicial que debe estudiar y definir la demanda interpuesta por los
tutelantes. En consecuencia, no resulta procedente analizar las razones propuestas
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por la parte actora en su escrito de tutela, relacionadas con la garantía de la
«perpetuatio jurisdictionis» y el fuero de atracción podrán valorarse dentro del
escenario judicial del conflicto negativo de jurisdicciones y no dentro de esta acción
constitucional.
64. En este punto de la providencia, conviene destacar que el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela exige que los conflictos jurídicos relacionados
con los derechos fundamentales deben resolverse por las vías jurisdiccionales
correspondientes, y solo ante la ausencia de dichos mecanismos o cuando estos no
sean idóneos para evitar un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir al
amparo constitucional.
65. Por lo anterior, la Sala considera que la acción objeto de estudio es
improcedente en el entendido de que el agotamiento efectivo de los medios de
defensa judicial no solo es un acto de diligencia exigible a los ciudadanos frente a
sus propios asuntos procesales, sino un requisito necesario para la procedencia de
la acción de tutela como instrumento de defensa.
4. CONCLUSIÓN
66. En este orden de ideas, la solicitud de tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad. En consecuencia, se modificará la sentencia del 11 de septiembre
de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado y, en su lugar, se declarará improcedente la solicitud de amparo invocada
por los accionantes, por las razones expuestas en esta decisión.
5. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 11 de septiembre de 2025, proferida por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por los motivos
contenidos en esta providencia. En su lugar, quedará así:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Celsia
Colombia S.A. ESP, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por los señores Diana Ximena Patiño Cobo, José Gregorio Valverde Lugo y
otros, en contra del Juzgado Segundo Administrativo de Cali y del Tribunal
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Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Administrativo del Valle del Cauca, por las razones consignadas en esta
sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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