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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04674-01

Fecha
9 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04674-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 18 de septiembre de 2025, por medio de la cual la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela presentada por la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG- y Fiduprevisora SA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin10. TERCERO: Por secretaria General de esta Corporación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04674-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

9 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 9 de diciembre de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04674-01
Accionante: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG- y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Magdalena
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional - -
confirma| Subsidiariedad

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia de segunda instancia que modificó
la decisión de primer grado en la que se accedió a las pretensiones de un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, en el que se pretendía el reconocimiento y pago
de una sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a decidir la
impugnación presentada por la Nación – Ministerio de Educación – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG- y Fiduprevisora
SA contra la Sentencia de 18 de septiembre de 2025, por medio de la cual
la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud
de amparo2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 28 de julio de 2025, la Nación – Ministerio de Educación – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG- y Fiduprevisora
SA, a través de apoderado judicial, presentaron una acción de tutela contra
el Tribunal Administrativo del Magdalena, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción, con
ocasión de la Sentencia de 13 de noviembre de 2024, proferida en el marco
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 47001-33-33-011-
2024-00072-01.

1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015 y 1983 de 2017 y el

Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “RIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la

parte motiva de esta sentencia.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04674-01
Accionante: Nación – Ministerio de Educación –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -Fomag- y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):

“1. TUTELAR los derechos fundamentales derecho al debido proceso, derecho
a la defensa y contradicción, derecho a la igualdad y principio de legalidad
del gasto público responsabilidad fiscal de mi representada.

2. DECLARAR, que la Sentencia judicial demandada vulneró los derechos
fundamentales expuestos.

3. En consecuencia, DEJAR sin efectos la sentencia expedida por TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA DESPACHO 04 de Santa Marta D.T.C.H., de
fecha trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) en el trámite del
medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho interpuesto por
LEONOR ELENA GONZÁLEZ PALLARES contra NACIÓN – MINISTERIO DE
EDUCACION – FOMAG – FIDUPREVISORA S.A. – DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA, (expediente: 47001-3333-011-2024-00072-01), mediante la cual se
resolvió el recurso de apelación, revocando la sentencia de primera instancia
proferida por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Santa Marta de
fecha veintiocho (28) de junio de dos mil veinticuatro (2024). En su lugar, se
ordene a la autoridad a expedir una decisión de reemplazo que se ajuste al
ordenamiento jurídico vigente o mantener la decisión de primera instancia (…)”.

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:

4. 1) El 9 de noviembre de 2022, Leonor Elena González Pallares, en su
calidad de docente, solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías
parciales ante la Secretaría de Educación del Magdalena, a través de la
plataforma “Humano en Línea”.

5. 2) Mediante la Resolución No. MAGDAV2023000043 de 28 de febrero
de 2023, notificada el 3 de marzo de 2023, la Gobernación del Magdalena
tomó como fecha de radicación de la solicitud el 14 de febrero de 20233 y
reconoció y ordenó el pago de cesantías parciales, a favor de la señora
González Pallares, por valor de $15.226.0074.

6. 3) Las cesantías parciales reconocidas fueron puestas a disposición de
la accionante el 24 de marzo de 2023.

7. 4) El 1 de agosto de 2023, la parte actora solicitó, ante la Secretaría
de Educación del Magdalena, la Fiduprevisora S.A. y el FOMAG, el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria, prevista en la Ley 1071 de
2006, por la no consignación oportuna de las cesantías; petición que no fue
resuelta.

3 Bajo No. MAGDA20230214VN5049930614.

4 “ ARTÍCULO SEGUNDO: De la suma reconocida, descontar el valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES VEINTIUN MIL

VEINTICINCO ($45.021.025) PESOS M/Cte por concepto de cesantías ya pagadas conforme a la parte motiva de
la presente resolución, del saldo páguese el valor de QUINCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SIETE
($15.226.007) PESOS (…)”

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04674-01
Accionante: Nación – Ministerio de Educación –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -Fomag- y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________

8. 5) El 29 de febrero de 2024, la señora González Pallares presentó
demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
FOMAG5, orientada a obtener la nulidad de los actos administrativos
presuntos derivados de los silencios administrativos frente a las solicitudes
que presentó el 1 de agosto de 2023.

9. 6) El 29 de abril de 2024, FOMAG, al contestar la demanda, presentó
las excepciones de “falta de legitimación en la causa por pasiva”, “cobro
de lo no debido de la sanción moratoria”, “inepta demanda/falta de
agotamiento de vía administrativa”, “buena fe”, “improcedencia de
costas” y “solicitud de declaración de oficio”.

10. Explicó que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 57 de la Ley 1955
de 25 de mayo de 2019, el pago de la sanción moratoria era una
responsabilidad exclusiva del departamento del Magdalena – Secretaría de
Educación, sobre la cual recaía dicha obligación en aquellos eventos en los
que el pago extemporáneo se generara como consecuencia del
incumplimiento de los términos previstos para expedir la resolución de
reconocimiento y pago, si había lugar a ello. Aunado a lo anterior, agregó
que, en la norma citada, se prohibió que los recursos del fondo se destinaran
al pago de otras obligaciones diferentes a las prestaciones sociales
independientes de los docentes vinculados al FOMAG.

11. 7) El 23 de mayo de 2024, la Fiduprevisora S.A. contestó la demanda.
En su escrito manifestó que había lugar a declarar las excepciones de “pago
de las cesantías reconocidas en la resolución No. MAGDAV2023000043 se
realizó de manera oportuna”, “falta de legitimación en la causa por pasiva”,
“cobro de lo no debido”, “enriquecimiento sin justa causa”, indebida
composición de la parte pasiva-Fiduprevisora S.A.”, “inexistencia en la
reclamación del derecho” y, “excepción innominada”.

12. Manifestó que, de acuerdo con el artículo 57 de la ley 1955 de 2019,
modificado por el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023, de acuerdo con la
estructura de organización del Estado, dicha entidad prestaba
exclusivamente servicios financieros, distinto al carácter de una entidad
territorial, sobre la cual recaía “de manera categórica” dicha
responsabilidad, en los términos del parágrafo del artículo 57 de la Ley 1955
de 2019. Por lo tanto, aclaró que la responsabilidad del pago de la sanción
moratoria se encontraba prevista en la ley y, a su juicio, no existía lugar a
discutir sobre la persona jurídica que debía cumplir con dicha obligación.

5 Admitida mediante Auto de 21 de enero de 2021, en el cual se vinculó como tercero con interés en el asunto al

Distrito de Medellín (se trascribe) “INTEGRAR DE OFICIO el contradictorio por pasiva con el MUNICIPIO DE MEDELLÍN,
de conformidad con el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019”.

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Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -Fomag- y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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13. 6) Mediante Sentencia de 28 de junio de 2024, el Juzgado 11
Administrativo de Santa Marta accedió a las pretensiones de la demanda.
Como fundamento de su decisión, expuso que, al haberse radicado la
solicitud de reconocimiento y pago de cesantías parciales el 21 de
noviembre de 2022 y conforme con los términos previstos en la Ley 942 de
2022, la entidad territorial contaba con 15 días para proferir y notificar el acto
administrativo de reconocimiento y pago, si hubiere lugar, término que
feneció el 13 de diciembre de 2022, sin embargo, dicha resolución se notificó
el 3 de marzo de 2023 es decir, extemporáneamente. En esa medida, expuso
que, el plazo para el pago de las cesantías fenecía el 1 de marzo de 2023 y,
solo fueron puestas a disposición de la demandante el 24 de marzo de 2023.

14. En consecuencia, declaró la nulidad del acto presunto y ordenó, al
departamento del Magdalena, pagar a favor de la señora González Pallares
“una sanción equivalente a un día de salario por cada día de retardo
causado durante el periodo comprendido entre el día 2 de marzo de 2023
hasta el 23 de marzo de 2023”.

15. 7) La anterior decisión fue apelada por el departamento del
Magdalena. Argumentó que, si bien existía una mora en la consignación de
las cesantías parciales reconocidas, lo cierto era que no era la entidad
llamada a responder por dicha sanción, con ocasión del artículo 36 y 97 de
la Ley 91 de 1989, el cual, delegó en las entidades territoriales únicamente,
la función de reconocer las prestaciones sociales que debe pagar el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

16. Explicó que, era cierto que le correspondía la elaboración de la
resolución que reconoce las prestaciones sociales, sin embargo, aclaró que
ello no suponía que sobre esta debía recaer la obligación de pagar dicha
sanción, pues, la norma aplicable reiteraba que debía ser canceladas por
el FOMAG.

17. En esa medida indicó que (se trascribe) “De conformidad con las
disposiciones anteriores, es claro que el Departamento del Magdalena
carece de legitimación en la causa por pasiva dentro del asunto de la

6 “Artículo 3. Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como una cuenta especial de la

Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán
manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del
capital. Para tal efecto, el Gobierno Nacional suscribirá el correspondiente contrato de fiducia mercantil, que
contendrá las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento de la presente Ley y fijará la Comisión que,
en desarrollo del mismo, deberá cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable
determinada con base en los costos administrativos que se generen. La celebración del contrato podrá ser
delegada en el Ministro de Educación Nacional. El Fondo será dotado de mecanismos regionales que garanticen
la prestación descentralizada de los servicios en cada entidad territorial sin afectar el principio de unidad.”
7 “Artículo 9. Las Prestaciones Sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
serán reconocidas por la Nación a través del Ministerio de Educación Nacional, función que delegará de tal
manera que se realice en las entidades territoriales.”

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Accionante: Nación – Ministerio de Educación –
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Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
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referencia, pues, le correspondería a la Nación – Ministerio de Educación –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fiduprevisora S.A.
el pago de las prestaciones sociales del personal docente nacional y
nacionalizado que se causen a partir del momento de la promulgación de
la Ley 91 de 1989”.

18. 8) En Sentencia de 13 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo
de Magdalena modificó la decisión apelada, en el sentido de ordenar el
pago de la sanción moratoria reconocida al FOMAG. Para ello, precisó que,
el ente territorial solo prestaba, por autorización de la ley, una función
delegada de intermediario entre el docente y aquel Fondo, de suerte que
al último le asistía la obligación de demostrar que el incumplimiento del
plazo en radicar o entregar la solicitud de pago era del municipio o
departamento.

19. Explicó que, se expidió el Decreto 942 de 1 de junio de 2022 en el cual
se destacan aspectos en torno a las cesantías como (se trascribe) “gestión
a cargo de las secretarías de educación, de la sociedad fiduciaria para el
pago y del acto administrativo notificado y ejecutoriado que resuelve las
solicitudes de reconocimiento. En relación con la sanción moratoria por el
pago extemporánea del auxilio de cesantías parciales o definitivas se
señalaron hipótesis para determinar la competencia de asumir su pago, es
decir, si este es imputable a la entidad territorial, el Fomag o de forma
conjunta a las dos autoridades administrativas”.

20. Aunado a lo anterior, puso de presente que, el 19 de mayo de 2023,
se expidió la Ley 2294 de 2023, la cual, a través de su artículo 324 modificó
el parágrafo transitorio del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, al disponer
que, para efectos de financiar el pago de las sanciones por mora al cargo
del FOMAG causadas a diciembre de 2022, se facultaba al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público para emitir títulos de tesorería.

21. En esa medida, consideró que le asistía razón a la entidad territorial,
pues, si bien, para la fecha en la cual se presentó la solicitud de
reconocimiento y pago se encontraban vigentes la Ley 1955 de 25 de mayo
2019 y el Decreto 942 de junio de 2022, no obraba documento alguno que
lograra determinar la trazabilidad o recorrido de la solicitud, que permitiera
establecer que, una vez notificada la resolución de reconocimiento, el ente
territorial incumpliera la obligación de remitirlo inmediatamente a la
sociedad fiduciaria con el fin de que se siguiera con la consignación de
dicha prestación, carga probatoria que, de conformidad con el parágrafo
del artículo 57, le correspondía al FOMAG.

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22. Como fundamento de la vulneración, la parte accionante indicó que
la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo, pues, se
condenó al FOMAG al pago de la sanción moratoria sin la existencia de una
norma que indicara que las sanciones generadas desde el 1 de enero de
2023, en adelante, debían ser pagadas por dicha entidad. Agregó que, la
sanción impuesta afectó el principio de eficiencia y responsabilidad fiscal
(se trascribe) “la planeación y legalidad del gasto público”, pues, omitió
valorar la prohibición del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo 324
de la Ley 2294 de 2023, los cuales, a su juicio, establecían una prohibición
legal de condenar al FOMAG al pago de obligaciones diferentes a las
prestaciones sociales de los docentes. Puso de presente que el
departamento de Magdalena expidió, de manera extemporánea, el acto
administrativo de reconocimiento y pago de las cesantías.

23. Aclaró que, cualquier error en la resolución pudo y debía ser
controvertido mediante el recurso de reposición o solicitud de corrección
del acto administrativo, situación que no fue así (se trascribe) “Esta
inactividad denota falta de diligencia procesal, si el dato de la fecha de
radicación de la solicitud resultaba determinante, era su carga procesal
cuestionarlo en sede administrativa. Al no hacerlo, la resolución quedó en
firme, y cualquier consecuencia jurídica derivada debe ser imputable a la
propia omisión de la interesada”. En consecuencia, trazó la siguiente línea
temporal (se trascribe) “el acto administrativo fue expedido el 28 de febrero
de 2023 dentro del término de los 15 días hábiles de que disponía la
Secretaría de Educación para su expedición, el pago fue realizado el 23 de
marzo de 2023. Conforme al conteo de los términos, la fecha límite para que
se configurara mora era el 27 de mayo de 2023. Por ende, el pago se
efectuó antes del vencimiento del plazo legal”.

24. Explicó que, la fecha que la parte actora indica como fecha de
radicación de la solicitud -9 de noviembre de 2022- correspondía a una
solicitud de certificación para ingresar información y documentos, en
consecuencia, precisó que la solicitud solo se entendía efectivamente
presentada cuando hubiera sido aprobada por la entidad territorial
certificada.

1.2. Sentencia de primera instancia8 e impugnación

25. Mediante Sentencia de 18 de septiembre de 2025, la Sección Primera
del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por

8 Mediante Auto de 1 de agosto de 2025 la Sección Primera del Consejo de Estado decidió 1) admitir la acción de

tutela No. 2025-04674-00, 2) tener como accionado al Tribunal Administrativo de Magdalena y, 3) vincular a Leonor
Elena Gonzáles Pallares, al departamento del Magdalena-Secretaría de Educación- y, al Juzgado 11
Administrativo de Santa Marta, como terceros con interés en el asunto

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incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Para ello, sostuvo
que la parte accionante no cumplió con la carga argumentativa necesaria
para determinar por qué el asunto revestía de relevancia constitucional,
pues, a su juicio, lo que se lograba desprender del escrito de tutela era una
mera inconformidad de la decisión adoptada por la autoridad judicial
accionada.

26. Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte accionante
presentó escrito de impugnación en el que indicó que la condena impuesta
en la sentencia enjuiciada consistía en una regla inexistente, pues, no se
consideró lo previsto en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 ni en el artículo
324 de la Ley 2294 de 2023, los cuales establecen, de forma inequívoca, que
la responsabilidad por la mora generada por la entidad territorial es
exclusiva de esta, así como una “prohibición legal expresa” de condenar al
FOMAG al pago de obligaciones diferentes a las prestaciones sociales de
los docentes. Indicó que se vulneraron sus derechos fundamentales al
debido proceso y defensa, pues se demostró que quien debía expedir el
acto de reconocimiento era la entidad territorial, con lo cual, la
responsabilidad en el pago de la sanción moratoria era del departamento
del Magdalena. Por último, expresó que el asunto si revestía de relevancia
constitucional, pues, a su juicio, no se trataba de un asunto meramente
económico.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial 2.3. Conclusión.

2.1. Fijación de la controversia

27. La Sala deberá verificar si la presente acción de tutela cumplió con el
requisito de relevancia constitucional. En caso afirmativo, deberá
determinar, luego del cumplimiento de los demás requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, si la
Sentencia de 13 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Magdalena, como juez de segunda instancia del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, vulneró los derechos
fundamentales de la parte accionante, por modificar la decisión de primera
instancia y ordenar al FOMAG pagar la sanción moratoria en favor de
Leonor Elena González Pallares. En ese orden, se revocará, modificará o
confirmará la decisión de tutela de primer grado, según sea el caso.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

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Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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28. La Sala confirmará la decisión de primera instancia porque, al igual
que el juez de tutela de primera instancia, considera que no se satisfizo el
requisito de relevancia constitucional, así como tampoco el de
subsidiariedad de cara a los reparos dirigidos a demostrar que no hubo mora
en la consignación de las cesantías reconocidas en favor de Leonor Elena
González Pallares, por las siguientes razones:

29. Resulta pertinente traer a colación la jurisprudencia de la Corte
Constitucional sobre el alcance de la relevancia constitucional. Para dicha
corporación, este requisito encuentra su razón de ser en el carácter residual
de esta acción, la especialidad de las competencias tanto de los jueces de
tutela como de los jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que
este mecanismo se convierta en una instancia adicional para reabrir
debates de carácter legal. En ese orden, como finalidades de la relevancia
constitucional han sido identificadas las de preservar las competencias
judiciales, respetar la autonomía e independencia de los jueces, restringir la
acción de tutela a asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e
impedir que esta se convierta en una instancia adicional.

30. La Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo expresamente que el
requisito que se analiza requiere la conjunción de varios elementos: (1) una
carga argumentativa por parte del accionante que explique, con
suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez de tutela, esto es, la
necesidad de su intervención en el asunto ; (2) que la solicitud de amparo
no se presente con el objeto de obtener una instancia adicional al proceso
ordinario y (3) que se trate de una controversia sobre derechos
fundamentales y no asuntos de simple legalidad.

31. La Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 2023, estableció que
la relevancia constitucional se acredita a partir de tres criterios: (1) no
tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2) perseguir la
protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates concluidos.

32. Si bien la acción de tutela es un mecanismo informal y sumario, ello no
exime al accionante de sustentar de manera clara y suficiente las razones
por las que consideraba que el asunto tenía relevancia constitucional y no
era de mera legalidad, carga argumentativa que, en el caso concreto, no
se cumplió. Además, lo que evidencia la Sala es que la parte actora
pretende que la acción de tutela se convierta en una instancia adicional
para reabrir un debate de carácter legal que ya fue objeto de
pronunciamiento por parte del juez natural.

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Decisión: Confirma
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33. Lo anterior obedece a que las entidades accionantes insistieron en
que no eran las llamadas a pagar la sanción moratoria reconocida en favor
de la señora González Pallares, pues existía una presunta prohibición legal
en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo 324 de la Ley 2294 de
2023. Aunado a lo anterior, reiteraron el argumento de que la mora fue
generada por parte del departamento de Magdalena, ya que el acto
administrativo de reconocimiento de las cesantías fue expedido de manera
extemporánea y, en consecuencia, debía ser el ente territorial el llamada a
responder.

34. Lo anterior fue objeto de análisis en la providencia que ahora se
cuestiona, en la cual el Tribunal Administrativa de Magdalena determinó
que (se trascribe):

“Pues bien, teniendo en cuenta que en el recurso de alzada no se discute la
ocurrencia de la sanción moratoria, ni su contabilización, advierte la Sala que
el estudio solo se circunscribirá a la responsabilidad del Fomag en el pago de la
condena impuesta. Sobre el particular, de conformidad con las normas que
gobiernan la materia, el Fomag es la entidad responsable del reconocimiento
y pago de las prestaciones sociales de los afiliados al fondo, normatividad a
partir de la cual la jurisprudencia del Consejo de Estado desarrolló, en el
entendido que también le asistía a la mencionada entidad el pago de la
sanción moratoria generada por el pago extemporáneo de las cesantías. Sin
embargo, con la expedición del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 se introdujo
importantes cambios en el reconocimiento de las cesantías parciales y definitiva
de los docentes, así como de la sanción moratoria generada de la misma,
permitiendo que, dependiendo de las pruebas aportadas al proceso, se pueda
concluir que la mora resultaba atribuible a la entidad territorial. Sobre este
punto, el mencionado artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 (…)

Apréciese del parágrafo transcrito que a la entidad territorial se le hará partícipe
del pago de la sanción moratoria, sí y solo sí se demuestra que el incumplimiento
de los plazos legales le es atribuible, pues no debe perderse de vista que el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales corresponden al Fomag,
mientras que, el ente territorial solo presta por autorización de la ley una función
delegada de intermediario entre el docente y aquel Fondo, de suerte que las
probanzas atañen al Fomag y por ende le asiste la obligación de demostrar que
el incumplimiento del plazo en radicar o entregar la solicitud de pago es del
municipio o departamento. Ahora bien, el parágrafo transitorio fue
reglamentado por el Decreto 2020 de 2019, que entró a regir el 6 de noviembre
de ese año, fecha en la cual fue publicado.

Posteriormente, se expidió el Decreto 942 del 1° de junio de 2022 en el cual se
destacan aspectos en torno a las cesantías como: gestión a cargo de las
secretarías de educación, de la sociedad fiduciaria para el pago y del acto
administrativo notificado y ejecutoriado que resuelve las solicitudes de
reconocimiento. En relación con la sanción moratoria por el pago
extemporánea del auxilio de cesantías parciales o definitivas se señalaron
hipótesis para determinar la competencia de asumir su pago, es decir, si este es
imputable a la entidad territorial, el Fomag o de forma conjunta a las dos
autoridades administrativas.

Finalmente, el 19 de mayo de 2023, se expidió la Ley 2294 de 202313 que en su
artículo 324 modificó el parágrafo transitorio del artículo 57 de la Ley 1955 de
2019, al disponer que para efectos de financiar el pago de las sanciones por

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04674-01
Accionante: Nación – Ministerio de Educación –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -Fomag- y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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mora al cargo del Fomag causadas a diciembre de 2022, se facultaba al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir títulos de tesorería. En ese
escenario, de cara a las premisas normativas citadas y lo acreditado en el
proceso, considera la Sala que le asiste razón a la entidad recurrente cuando
afirma que no es responsable de realizar el pago de la sanción moratoria, pues
si bien, para la fecha en la cual se elevó la petición de reconocimiento y pago
del auxilio de cesantías (noviembre de 2022) se encontraban vigentes la Ley
1955 de 25 de mayo 2019 y el Decreto 942 del 1° de junio de 2022, no hay un
documento que determine o precise la trazabilidad o recorrido de la solicitud
de pago de las cesantías, que permita por lo menos establecer que una vez
expedido, notificado y ejecutoriado el acto administrativo de reconocimiento
inicial, el ente territorial incumplió en remitirlo inmediatamente a la sociedad
fiduciaria con el fin de que se siguiera con el pago correspondiente, carga
probatoria que de conformidad con el parágrafo del artículo 57 corresponde
al Fomag.

En efecto, conforme se explicó, antes de la Ley 1955 de 2019 la sanción
moratoria causada por el retardo en el pago de las cesantías parciales o
definitivas estaba radicado en cabeza del Fomag, de esta manera, no era un
imperativo legal establecer o determinar dilaciones respecto de la entidad
territorial interviniente en el trámite administrativo para decidir sobre quien
recaía el pago de esta sanción; no obstante, se itera, con la entrada en
vigencia de la norma citada se torna necesario verificar si la entidad territorial
incumplió los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de
pago de cesantías al Fomag; evento en el cual el ente territorial se erige,
entonces, como responsable del pago de la sanción.
(…)
En todo caso y aun cuando en este asunto no se demostró la responsabilidad
de la Secretaría de Educación Departamental en el pago tardío del auxilio de
las cesantías a la demandante, se recuerda que el artículo 2.4.4.2.3.2.28 del
Decreto 1272 de 201815 permite al Fomag adelantar acciones en contra de las
entidades territoriales por el incumplimiento en los plazos o términos dispuestos
en la Ley 1071 de 2006, de tal suerte que aquel Fondo puede recuperar lo
pagado iniciando las acciones pertinentes contra quien haya dado lugar a la
negligencia o incumplimiento en el plazo.”

35. De lo anterior se evidencia que el tribunal se pronunció,
expresamente, sobre las normas que debían ser aplicables a al caso
concreto respecto de que entidad debía asumir la responsabilidad del
pago de la sanción moratoria. En ese sentido, la inconformidad del actor
refleja una mera discrepancia con la decisión adoptada por la autoridad
judicial accionada.

36. La Sala recuerda que las diferencias interpretativas que existieren
entre la demandante y el juez natural de la causa no constituyen, por sí
mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones del
juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las discrepancias
entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión vía
tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué el asunto es
constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela contra
providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional de amparo
de derechos fundamentales de carácter excepcional.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04674-01
Accionante: Nación – Ministerio de Educación –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -Fomag- y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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37. Ahora bien, es preciso señalar que respecto de los reparos
encaminados a demostrar que no hubo mora en la consignación de las
cesantías reconocidas en favor de Leonor Elena González Pallares, no
superaron el requisito de subsidiariedad9 por lo siguiente:

38. En el presente caso, no se cumplió con el mencionado requisito
porque la parte actora no cuestionó en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho lo que ahora puso de presente por medio de
la acción de tutela y no acreditó un perjuicio irremediable.

39. Al respecto, la Sala considera que, si a juicio de las entidades
accionantes, debía someterse a debate la fecha en la que se radicó la
solicitud de reconocimiento y pago de las cesantía parciales para efectos
del conteo de términos de la sanción moratoria, debió poner de presente
dicho aspecto ante las autoridades judiciales que conocieron del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, a través de la
contestación de la demanda e, incluso, el recurso de apelación, ya que, el
juez de dicho asunto era la autoridad competente para estudiar dicho
reparo, y no el juez constitucional a través de un mecanismo excepcional
como lo es la acción de tutela, el cual no puede instrumentalizarse como si
se tratara de un recurso ordinario adicional.

40. En consecuencia, era necesario que la parte actora pusiera de
presente ese aspecto en el proceso ordinario; sin embargo, el accionante
omitió hacerlo. En esa medida, no es posible tener por agotado el
mecanismo principal con el que contaba la parte demandante para que
se estudiaran los reparos que ahora expone a través de este mecanismo
constitucional. Aunado a lo anterior, la Sala advierte que, lo que se
evidencia es la intención de la parte actora de utilizar la acción de tutela
para suplir falencias argumentativas que debió exponer ante el juez natural.

41. Además, el accionante no demostró, ni siquiera de manera precaria,
que la decisión cuestionada le hubiera causado un perjuicio irremediable
que justificara la intervención del juez constitucional.

2.3. Conclusión

42. Por las consideraciones expuestas, la Sala modificará la decisión
impugnada y declarará improcedente la presente solicitud de amparo por
no cumplir con los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad.

9 Resulta preciso recordar que el artículo 6.1 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló el artículo 86 constitucional,

señaló que la tutela resulta improcedente cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La Corte Constitucional
(Sentencia C-590 de 2005) ha sostenido que es un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos, pues de no ser así, se correría el riesgo
de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04674-01
Accionante: Nación – Ministerio de Educación –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -Fomag- y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 18 de septiembre de 2025, por
medio de la cual la Sección Primera del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela presentada por la Nación – Ministerio de
Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -
FOMAG- y Fiduprevisora SA, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin10.

TERCERO: Por secretaria General de esta Corporación, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

10 secgeneral@consejodeestado.gov.co

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