Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05043-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05043-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05043-00
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
22 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05043-00
Accionante: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)
Accionados: Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería y
Tribunal Administrativo de Córdoba
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala resuelve la acción de tutela presentada por la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) contra las
sentencias del 31 de marzo de 2025 y del 17 de abril de 2026, dictadas por el Juzgado
Quinto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería y el Tribunal Administrativo
de Córdoba, respectivamente, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
núm. 23001-33-33-005-2023-00282-00/01.
SÍNTESIS1
El Fomag cuestiona las decisiones que lo condenaron a pagar la sanción moratoria por
el pago tardío de las cesantías de Gilma Yolanda Banda Ruíz. Alega que la
responsabilidad corresponde a la Secretaría de Educación de Córdoba, a partir de las
Leyes 1955 de 2019 y 2294 de 2023. La Sala declarará improcedente la acción por falta
de relevancia constitucional porque el reproche reitera un debate legal y patrimonial
examinado en el proceso ordinario.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 30 de junio de 2026, la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), mediante apoderado, presentó acción
de tutela contra las sentencias del 31 de marzo de 2025 y del 17 de abril de 2026,
proferidas por el Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería y
el Tribunal Administrativo de Córdoba, respectivamente. Invocó la vulneración de sus
derechos al debido proceso, defensa, contradicción e igualdad y de los principios de
legalidad del gasto público y responsabilidad fiscal.
2. Formuló las siguientes pretensiones:
1 Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del derecho / Sanción
moratoria por cesantías / Fomag / Responsabilidad por la mora / Entidad territorial / Relevancia
constitucional / Improcedencia.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05043-00
Accionante: Ministerio de Educación Nacional – Fomag
Se declara la improcedencia
1. Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción,
igualdad, principio de legalidad del gasto público y responsabilidad fiscal de la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
FOMAG, que se consideran vulnerados por las providencias judiciales demandadas.
2. Que se deje sin efectos la Sentencia proferida el treinta y uno (31) de marzo de 2025 por el
JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA,
dentro del radicado 23001333300520230028200, mediante la cual se condenó únicamente al
FOMAG al pago de la sanción moratoria por cesantías.
3. Que se deje sin efectos la Sentencia proferida el diecisiete (17) de abril de 2026 por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA, que confirmó la condena y el pago únicamente
en contra del FOMAG por concepto de sanción moratoria en el mismo proceso.
4. Que, en consecuencia, se ordene dictar nueva providencia en la que se observe y aplique
de manera estricta lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, modificado por el
artículo 324 de la Ley 2294 de 2023, reconociendo que la responsabilidad por el pago de la
sanción moratoria corresponde exclusivamente a la entidad territorial que expide tardíamente
el acto administrativo de reconocimiento de cesantías, y no al FOMAG.
5. Que se exhorte a los despachos judiciales accionados para que, en futuros casos análogos,
armonicen sus decisiones con la normatividad vigente y la jurisprudencia de unificación del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional, evitando imponer al FOMAG obligaciones
prohibidas por la ley y carentes de apropiación presupuestal.
B. Hechos
3. Gilma Yolanda Banda Ruíz solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías el 8 de
octubre de 2018. La Secretaría de Educación de Córdoba reconoció la prestación
mediante Resolución núm. 3876 del 13 de diciembre del mismo año.
4. El Fomag manifestó que, debido a una inconsistencia en el nombre de la docente, la
orden de pago fue devuelta a la Secretaría de Educación para su aclaración y que
Fiduprevisora reclamó el acto aclaratorio el 25 de enero de 2024. Las cesantías fueron
pagadas el 2 de febrero de 2024.
5.La docente promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
núm. 23001-33-33-005-2023-00282-00, con el fin de obtener la sanción moratoria
derivada del pago extemporáneo de las cesantías.
6. Mediante sentencia del 31 de marzo de 2025, el Juzgado Quinto Administrativo Mixto
del Circuito Judicial de Montería declaró la nulidad del acto ficto demandado y condenó
al Fomag a reconocer y pagar a Gilma Yolanda Banda Ruíz la sanción moratoria prevista
en la Ley 1071 de 2006, equivalente a un día de salario por cada día de retardo, desde el
23 de enero de 2019 hasta el 1.º de febrero de 2024. Para ello, tuvo en cuenta que el
término legal para efectuar el pago venció el 22 de enero de 2019 y que las cesantías
fueron canceladas el 2 de febrero de 2024.
7. El Fomag apeló la sentencia, al considerar que la mora no le era imputable, porque la
Secretaría de Educación de Córdoba expidió tardíamente la Resolución núm. 3876 del
13 de diciembre de 2018 y el acto que la aclaró, mientras que Fiduprevisora efectuó el
pago una vez recibió la documentación necesaria. Añadió que, conforme al artículo 57 de
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05043-00
Accionante: Ministerio de Educación Nacional – Fomag
Se declara la improcedencia
la Ley 1955 de 20192, modificado por el artículo 324 de la Ley 2294 de 20233, la sanción
moratoria debía ser asumida por la entidad territorial cuando el retardo obedeciera al
incumplimiento de los términos a su cargo, por lo que solicitó que se revocara la condena
impuesta al Fondo.
8. El 17 de abril de 2026, el Tribunal Administrativo de Córdoba confirmó la condena.
Explicó que la solicitud de cesantías fue presentada antes de la vigencia de la Ley 1955
de 2019, por lo que no podía aplicarse ese régimen posterior para trasladar la obligación
a la entidad territorial. Aunque la parte resolutiva del fallo menciona por error al Juzgado
Noveno y una decisión denegatoria de pretensiones, de la identificación del proceso y la
motivación resulta claro que estudió la apelación contra la condena impuesta por el
Juzgado Quinto.
C. Fundamentos de la vulneración
9. La entidad atribuyó a las providencias un defecto sustantivo, en tanto que las sentencias
del juzgado y el tribunal desconocieron el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo
324 de la Ley 2294 de 2023, que, en su criterio, hacen responsable a la entidad territorial
de la sanción cuando la mora obedece al incumplimiento de sus obligaciones de trámite
y prohíben sufragarla con recursos del Fondo.
10. Añadió que la Secretaría de Educación de Córdoba expidió tardíamente la resolución
de reconocimiento y su aclaración, mientras que Fiduprevisora pagó tras recibir la
documentación necesaria. Insistió en que la condena compromete recursos públicos y
desconoce el debido proceso, la defensa, la contradicción y la igualdad, por lo que solicitó
una nueva interpretación de las normas aplicables.
D. Trámite procesal
11. Mediante auto del 2 de julio de 2026 se admitió la acción de tutela presentada contra
el Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería y el Tribunal
Administrativo de Córdoba. En la misma providencia se ordenó notificar a ambas
autoridades judiciales accionadas y se vinculó a Gilma Yolanda Banda Ruíz, en calidad
de tercera interesada, para que se pronunciaran sobre los hechos y las pretensiones de
la demanda.
E. Oposiciones e intervenciones
12. El Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería se opuso al
amparo. Indicó que su decisión fue motivada, se basó en las pruebas y normas aplicables
y que el planteamiento del Fondo expresa una discrepancia interpretativa ya sometida a
los jueces ordinarios. El informe fue remitido el 8 de julio de 2026.
13. Gilma Yolanda Banda Ruíz, por conducto de apoderado, solicitó desestimar la tutela.
Señaló que el Fomag reproduce el argumento de su apelación sobre la responsabilidad
por la mora y pretende convertir el trámite constitucional en una tercera instancia. Aclaró,
además, que la expresión equivocada de la parte resolutiva del fallo del Tribunal es un
error de redacción frente al sentido inequívoco de la motivación.
2 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad".
3 “Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2022- 2026 “Colombia potencia mundial de la vida”.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05043-00
Accionante: Ministerio de Educación Nacional – Fomag
Se declara la improcedencia
14. El Tribunal Administrativo de Córdoba no presentó informe ni contestación de fondo
dentro del trámite de tutela. No obstante, obra constancia de que fue notificado del auto
admisorio y requerido posteriormente, junto con el Juzgado Quinto Administrativo Mixto
del Circuito Judicial de Montería, para que remitiera las piezas del expediente ordinario
necesarias para resolver la solicitud de amparo.
II. CONSIDERACIONES
F. Competencia
15. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
conocer de la presente acción de tutela en primera instancia, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto Ley 2591 de 1991 y las reglas de reparto
del Acuerdo 080 de 2019.
G. Sentido de la decisión
16. La Sala centrará su estudio en la sentencia de segunda instancia, al ser la que definió
el tema debatido. En todo caso, declarará improcedente la solicitud de amparo por falta
de relevancia constitucional, porque la inconformidad del Fomag versa sobre la
interpretación temporal del régimen legal de sanción moratoria y la determinación de la
entidad obligada a pagarla, cuestiones sometidas a los jueces ordinarios y expresamente
examinadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
H. El requisito de relevancia constitucional
17. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales.4 En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la
decisión cuestionada5, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo constitucional
sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de
índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”.
18. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.6
19. En la sentencia SU-215 de 20227, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:
4 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
5 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P. Cristina
Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
6 Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P.
José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073
de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
7 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05043-00
Accionante: Ministerio de Educación Nacional – Fomag
Se declara la improcedencia
(i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe
ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la
Constitución Política o para la determinación del alcance de un derecho
fundamental;
(ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la
acción de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir
debates meramente legales y la solicitud debe trascender la mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales;
(iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces,
no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías superiores para
encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se debe justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un
derecho fundamental; y
(iv) el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales
I. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda
20. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela contra
providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se configure,
al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii) defecto
procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión
sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa de la
Constitución.
21. En el asunto sub iudice, la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) cuestiona las sentencias del
31 de marzo de 2025 y del 17 de abril de 2026, proferidas, respectivamente, por el
Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería y el Tribunal
Administrativo de Córdoba, porque considera que incurrieron en un defecto sustantivo.
En particular, sostiene que las autoridades judiciales le atribuyeron el pago de la sanción
moratoria causada por el reconocimiento y pago tardío de las cesantías de Gilma Yolanda
Banda Ruíz, pese a que, en su criterio, la mora era imputable a la Secretaría de Educación
de Córdoba y los artículos 57 de la Ley 1955 de 2019 y 324 de la Ley 2294 de 2023
impedían trasladar esa obligación al Fondo. A continuación, la Sala describirá las
características de la causal invocada, con el propósito de delimitar los reproches
formulados en la demanda.
22. El defecto sustantivo se presenta cuando la autoridad judicial aplica una norma
claramente inaplicable al caso, deja de aplicar la que evidentemente lo es o adopta una
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05043-00
Accionante: Ministerio de Educación Nacional – Fomag
Se declara la improcedencia
interpretación que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica. En el
presente asunto, el Fomag sostiene que las providencias cuestionadas desconocieron el
régimen legal que, según su interpretación, distribuye la responsabilidad por el pago de
la sanción moratoria entre el Fondo y las entidades territoriales.
23. El Fomag afirma que la Secretaría de Educación de Córdoba expidió tardíamente la
Resolución núm. 3876 del 13 de diciembre de 2018 y el acto que la aclaró, mientras que
Fiduprevisora efectuó el pago una vez recibió la documentación necesaria. En
consecuencia, considera que los jueces ordinarios debieron atribuir a la entidad territorial
la responsabilidad por la mora, en aplicación del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019,
modificado por el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023, y no imponer al Fomag el pago de
la sanción.
J. Caso concreto
24. El Fomag pretende dejar sin efectos las decisiones que lo condenaron a pagar la
sanción moratoria por el retardo en las cesantías de Gilma Yolanda Banda Ruíz. Atribuye
la demora a la Secretaría de Educación de Córdoba y propone aplicar el artículo 57 8 de
la Ley 1955 de 2019, modificado por el artículo 3249 de la Ley 2294 de 2023, para
trasladarle la obligación.
8 Artículo 57. Eficiencia en la administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio. Las cesantías definitivas y parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de 1989 serán reconocidas y
liquidadas por la Secretaría de Educación de la entidad territorial y pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.
Las pensiones que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado
Fondo, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual debe ser
elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre
vinculado el docente. El acto administrativo de reconocimiento de la pensión se hará mediante resolución que llevará
la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial.
Para el pago de las prestaciones económicas y los servicios de salud, el Fondo deberá aplicar el principio de unidad
de caja con el fin de lograr mayor eficiencia en la administración y pago de las obligaciones definidas por la ley, con
excepción de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET). En
todo caso, el Fondo debe priorizar el pago de los servicios de salud y de las mesadas pensionales de los maestros.
Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solo podrán destinarse para garantizar el
pago de las prestaciones económicas, sociales y asistenciales a sus afiliados docentes, pensionados y beneficiarios.
No podrá decretarse el pago de indemnizaciones económicas por vía judicial o administrativa con cargo a los recursos
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Parágrafo. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías en
aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos
previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaría de Educación
territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente del pago de las cesantías.
Parágrafo transitorio. <Parágrafo modificado modificado por el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023. El nuevo texto es
el siguiente:> Para efectos de financiar el pago de las sanciones por mora a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio causados a diciembre de 2022, facúltese al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir
Títulos de Tesorería que serán administrados por una o varias sociedades fiduciarias públicas, así mismo, el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público definirá la operación, las reglas de negociación y pago de los mismos. El Consejo
Directivo de Fomag efectuará la adición presupuestal de los recursos de los que trata el presente parágrafo.
La emisión de bonos o títulos no implica operación presupuestal alguna y solo debe presupuestarse para efectos de su
redención.
9 Artículo 324. Modifíquese el parágrafo transitorio del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, el cual quedará así:
ARTÍCULO 57. EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.
(...)
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para efectos de financiar el pago de las sanciones por mora a cargo del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio causadas a diciembre de 2022, facúltese al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público para emitir Títulos de Tesorería que serán administrados por una o varias sociedades fiduciarias públicas; así
mismo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público definirá la operación, las reglas de negociación y pago de los
mismos. El Consejo Directivo del FOMAG efectuará la adición presupuestal de los recursos de los que trata el presente
parágrafo.
La emisión de bonos o títulos no implica operación presupuestal alguna y solo debe presupuestarse para efectos de su
redención.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05043-00
Accionante: Ministerio de Educación Nacional – Fomag
Se declara la improcedencia
25. El mismo reparo fue presentado en la apelación del proceso ordinario. El Tribunal
Administrativo de Córdoba delimitó expresamente la discusión a la atribución de la mora
y a la vigencia temporal de la Ley 1955 de 2019. Sobre este punto, señaló:
“Dicho ello, no le asiste razón a la entidad nacional cuando pretende eximirse de la
responsabilidad moratoria basándose a la aplicación de la Ley 1955 de 2019. En el presente,
se observa que, al momento de presentar la solicitud de cesantías de la docente demandante
aún no regía lo dispuesto en la Ley 1955 de 2019, de hecho, entró en vigor el 25 de mayo de
2019”.
26. Asimismo, al concluir su análisis, el Tribunal sostuvo:
“En suma, dado que el trámite de cesantías se realizó antes de que se establecieran las nuevas
disposiciones contenidas en la Ley 1955 de 2019, la responsabilidad de asumir el pago de la
sanción moratoria recae exclusivamente en la Nación-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio”.
27. La controversia tampoco fue ajena a la primera instancia. El Juzgado examinó la fecha
de radicación de la solicitud, el reconocimiento de la prestación mediante la Resolución
núm. 3876 de 2018 y el pago del 2 de febrero de 2024; con ese soporte reconoció la mora
y atribuyó al Fondo el pago de la sanción.
28. Así, la solicitud de amparo no identifica un argumento relevante que hubiera sido
omitido por la autoridad judicial, sino que pretende sustituir la interpretación adoptada por
el juez natural acerca de la aplicación temporal del régimen normativo. En ese contexto,
la sola invocación del debido proceso y de los principios de legalidad del gasto público y
responsabilidad fiscal no confiere relevancia constitucional a una controversia que, en
esencia, versa sobre la atribución de una obligación pecuniaria, máxime cuando no se
explica de qué manera las decisiones cuestionadas produjeron una afectación autónoma,
grave y directa de garantías fundamentales.
29. En un asunto similar, esta Subsección, mediante sentencia del 9 de diciembre de 2025,
radicado 11001-03-15-000-2025-04674-01, examinó el desacuerdo del Fomag sobre la
entidad responsable de la sanción moratoria y el alcance del artículo 57 de la Ley 1955
de 2019. Allí se explicó que la reiteración de discrepancias con el análisis efectuado por
el juez natural no acredita, por sí sola, el requisito de relevancia constitucional. Aunque
las circunstancias temporales de ambos asuntos son diferentes, esa consideración
resulta pertinente para el reproche formulado en este caso10.
30. En consecuencia, como la solicitud de amparo pretende reabrir una controversia legal
y económica ya debatida y resuelta en el proceso ordinario y no acredita una cuestión
constitucional autónoma, la Sala declarará improcedente la acción de tutela.
10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 9 de diciembre de 2025, rad. 11001-03-15-000-
2025-04674-01, M. P. Alberto Montaña Plata.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05043-00
Accionante: Ministerio de Educación Nacional – Fomag
Se declara la improcedencia
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (Fomag), por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional,
conforme a la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes e intervinientes por el medio más
expedito, conforme al artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Si la sentencia no fuere impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, en los términos del artículo 31 del Decreto Ley
2591 de 1991.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
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